Empresas transnacionales e integración en América Latina y el Caribe: principales problemas y perspectivas (página 2)

Otra desventaja que la CEPAL encontraba para este
proceso, era
la deficiencia tecnológica de las industrias
latinoamericanas y el alto costo de
mantenerse actualizado y de tener acceso a ella. A partir de este
análisis plantea que es preciso contar con
la participación de las empresas
transnacionales, como medio imprescindible para el acceso de la
industria
nacional al desarrollo
tecnológico. No obstante el Estado
debía orientar, controlar y regular las actividades de
estas empresas, de manera que sus actividades se orientaran a
determinados sectores de la economía.
Probablemente este factor de transferencia tecnológica, es
el más importante dentro del modelo de
desarrollo.

Como complemento, la propuesta contemplaba la integración del mercado
latinoamericano, ya que esta ofrecería a las nuevas
industrias un mercado ampliado y, a su vez, a través de la
coordinación de políticas
entre los países integrados, se protegería las
economías de la región de la IED.

Los acuerdos de cooperación e integración
que se crearon tenían una gran amplitud temática,
los que iban desde los aspectos comerciales, hasta los aspectos
financieros, fiscales y de inversión
extranjera; también incluían trato preferencial
a países de menor desarrollo, entre otros aspectos. La
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
ALALC dio grandes aportes en este último aspecto, al
estructurarse un sistema de trato
diferenciado para los países de la región que
pertenecían al acuerdo.

El Pacto Andino en
ese momento, creó un novedoso y amplio sistema
institucional que incluía órganos supranacionales,
a través de las cuales fue posible la adopción
de un grupo de
decisiones importantes: la Decisión 24 que
estableció un "Régimen común para el
capital
extranjero", la Decisión 49, acerca de "Políticas
de Armonización Industrial", la Decisión 46, sobre
"Políticas del Tratamiento del Capital Subregional" y la
Decisión 47, sobre "Las Corporaciones Multinacionales
Andinas".

Sin embargo este modelo de industrialización
encontró su principal opositor en Estados Unidos,
ya que este no estaba interesado en el desarrollo de América
Latina, y el tipo de integración que deseaba para esta
región era el que le garantizara la apertura a su comercio y a
sus inversiones.
Consideró que el control y
regulación que realizaría el Estado sobre
las empresas transnacionales y la IED, obstaculizaban su camino
y, por lo tanto, negó a América
Latina los recursos
económicos que esta requería según las
necesidades del propio modelo, y a su vez mantuvo las condiciones
favorables que requerían sus grandes empresas para la
inversión en la región.

Para la década de los 60 este modelo en
América Latina había dado algunos resultados en el
sector industrial y se había convertido en el motor de la
economía de los países más grandes y
crecía en importancia en el resto de la región. Sin
embargo las importaciones de
bienes de
capital habían aumentado considerablemente, lo que
afectó la balanza de pagos.
Paralelamente a estos sucesos, en esta década aparece la
"teoría
de la dependencia", cuyos adeptos afirmaban que el subdesarrollo
de la región no se debía al modelo de desarrollo,
sino que era una consecuencia del desarrollo del sistema
capitalista en su conjunto. La Revolución
Cubana es partidaria de esta teoría y además
aporta una nueva forma de analizar y buscar soluciones a
los problemas de
América Latina y el Caribe.

A su vez Estados Unidos, con el objetivo de
disminuir el ejemplo cubano para Latinoamérica ante el temor de su gran
influencia en la región, lanza en 1961 el programa conocido
como "La Alianza para el progreso", el cual se basaba en que
supuestamente a través del desarrollo del llamado Tercer
Mundo, se podría enfrentar la amenaza que representaba
Cuba para sus
intereses. Este programa estaba de acuerdo con el modelo de
industrialización, con respecto a la necesidad de
inversión extranjera directa y entonces destina para la
región 20.000 millones de dólares en un plazo de 10
años. Sin embargo a mediados de la década, debido a
la complicada situación política interna de
Estados Unidos, los malos resultados en Vietnam y la
inestabilidad del Tercer Mundo, la ayuda económica
estadounidense se alejó del desarrollo
económico de América Latina y se
concentró en la guerra.

Con este panorama se hace un rediseño del modelo
de industrialización por sustitución de
importaciones, en donde se detectan varios aspectos que afectaban
el proceso: era necesario reorientar la industrialización
hacia los sectores de las manufacturas y los bienes de capital
para equilibrar la balanza de pagos, ya que el problema no estaba
solo en el aumento de las importaciones sino también en la
falta de dinamismo de las exportaciones,
unido a un deterioro de los precios de
intercambio comercial. Por lo tanto se determinó que se
debían diversificar los mercados
destinos, para aumentar las exportaciones de manufacturas y
defender las relaciones de precios de intercambio.

América Latina no contaba con otra alternativa
para acceder a la tecnología que
requería para aplicar el modelo de desarrollo, que acceder
a las empresas transnacionales, como "núcleos de
irradiación tecnológica"; pero "el control
monopólico que ejercen estas empresas sobre este factor y
su "transferencia" al Tercer Mundo, refuerzan la dependencia que
han sufrido nuestros países de los centros capitalistas de
poder".

Con la premisa de la estimulación y el fomento a
las exportaciones, se consideró que estas empresas
transnacionales podrían contribuir a esta tarea junto al
proceso de integración. Se planteaba que un proceso
integracionista regional fomentaría aún más
la industrialización nacional, gracias a la
especialización y los mercados ampliados y a su vez, esta
podría hacer frente a la industria extranjera
combinándose con ella. El proceso integracionista
debía entonces fomentar también la investigación que condujera a un desarrollo
tecnológico adecuado y eficiente.

Sin embargo las empresas transnacionales utilizaron los
procesos de
integración en la misma medida en que contribuían a
sus intereses. La implantación de este tipo de empresas en
Latinoamérica y el Caribe operó con bastante
rapidez: la tasa de expansión de las ventas de las
subsidiarias fue muy superior a la tasa de expansión del
producto
nacional.

Junto a la expansión acelerada de las empresas
transnacionales y una nueva etapa en la sustitución de
importaciones en Latinoamérica, comienza una fase de
desnacionalización y sucursalización de la
industria latinoamericana. "El mundo se encontraba en una nueva
modalidad del modelo centro-periferia, en donde ocurría un
redimensionamiento de la división internacional del
trabajo, en el
que los oligopolios manufactureros transnacionales se
convertían en sus agentes principales". Esto
traería consecuencias considerables, ya que
promovía y perpetuaba el carácter monoexportador que se
quería detener. Las empresas transnacionales
aumentarían el problema de la deuda externa y
la integración; tal como estaba diseñada,
podía eliminar la empresa
privada nacional al favorecer la industria extralatinoamericana,
y desaparecer la protección con la que debía
contar.

Es así como en está década la IED
en América Latina aumentó considerablemente; nuevas
empresas transnacionales se incorporaron a la región para
ocupar las principales posiciones en la producción de bienes manufacturados e
intermedios. Sin embargo fue una desilusión, ya que con
frecuencia el capital se reunía a nivel local; muchas
inversiones representaban la adquisición de una firma ya
existente y no habían garantías de que el vendedor
fuera a reinvertir el producto de la compra en el mercado local;
además las inversiones más importantes en el sector
de las manufacturas, se realizaron en los países
desarrollados, y en los países subdesarrollados se
dirigió fundamentalmente a la industria extractiva,
principalmente el
petróleo.

El periodo de la década de los años 70 se
caracterizó por ser un periodo de inestabilidad
financiera, de bajo crecimiento de los países
industrializados y aumento de la inflación, además
de la crisis del
petróleo de 1973, que puso fin a la "edad
dorada" y favoreció el aumento considerable de la deuda
externa de los países latinoamericanos. Estados Unidos era
principalmente en esta época un inversor en el extranjero
más que un exportador de manufacturas; las empresas
transnacionales radicadas en este país realizaron la mitad
de estas inversiones y los principales receptores de estas
inversiones eran los países subdesarrollados más
grandes considerados menos pobres, dentro de los cuales se
encontraban Brasil, México y
Argentina. El valor de las
inversiones extranjeras directas en 1971 en el mundo
subdesarrollado era de 40.000 millones de dólares,
mientras que las inversiones en los países desarrollados
llegaban a 95.000 millones de dólares.

En esta época la participación de los
países subdesarrollados en las exportaciones mundiales de
manufacturas había aumentado de manera sensible, lo que
coincidía con el plan de
industrialización y desarrollo de la región
latinoamericana para superar el subdesarrollo y acceder a
nuevas
tecnologías. Sin embargo la relación que
existía entre este proceso de industrialización y
las empresas transnacionales, comprueba que se les impone a los
países de la región una nueva forma de dependencia
para convertirlos en exportadores de manufacturas simples, en
medio de un sistema de transnacionales de producción y
comercialización, en tanto continúan
importando bienes de capital.

En la década de los 70 la penetración de
las empresas transnacionales en la industria manufacturera
latinoamericana era muy marcada, ya que correspondía entre
el 30% y 40% de la producción total en los países
más grandes.

En cuanto a los productos
básicos, el grado de control ejercido por las empresas
transnacionales sobre la comercialización es
impresionante. De hecho, todo el comercio
internacional de productos primarios exportados por los
países subdesarrollados, era dominado por las
trasnacionales en este periodo.

La orientación hacia el mercado local fue
más acentuada en los países de mercado interno
más amplio, como fueron los casos de Argentina, Brasil y
México, que realizaban las tres cuartas partes de la
producción industrial de la región y en donde las
ventas locales llegaron a constituir entre el 80% y 95% de las
ventas totales de las firmas transnacionales radicadas en esos
países.

A pesar de la preferencia por los mercados internos de
los países miembros de la ALALC, el valor de las
exportaciones de las empresas transnacionales fue superior al de
las exportaciones de las empresas latinoamericanas, es decir las
empresas transnacionales desde el principio, aprovecharon en toda
la amplitud de la palabra los acuerdos de integración
latinoamericana, se beneficiaron de las ventajas que le daban a
la industria local, instalándose en cada uno de los
países de la región y realizando un comercio
intrafirma, dándole la apariencia de comercio
intraregional entre países soberanos.

El dinamismo de la inversión extranjera directa
aumentó en la década de los 80, los flujos de la
IED se duplicaron, principalmente entre los países
desarrollados. Estados Unidos se consolidó como el mayor
receptor y emisor de capitales del mundo en los años 80.
En estos años, el 66% de las entradas de inversión
extranjera directa se concentró en 10 países,
mientras que 100 países recibieron tan solo el
1%.

En la década de los ochenta, con la crisis de la
deuda de los países subdesarrollados, el fomento de las
inversiones extranjeras directas era más factible que los
créditos proporcionados por los bancos y por
tanto cambia la percepción
de las inversiones y con ello las políticas de los
países latinoamericanos, que terminaron por orientarse
definitivamente hacia la liberalización de las
economías y promoción de los flujos de inversiones,
dejando cada vez más a un lado las regulaciones y
controles a que eran sujetas como parte de la política de
desarrollo de la región. En el periodo 1980-1985,
según la UNCTAD, las inversiones extranjeras directas
fueron de 50.000 millones de dólares como promedio anual y
entre 1986-1990 aumentaron en 115.4 mil millones de
dólares.

En contraste con el avance del neoliberalismo
y el auge de la inversión extranjera directa que era parte
importante del nuevo modelo, en la década de los ochenta
la integración presenta un estancamiento. En general el
proceso de integración latinoamericano basado en la
sustitución de importaciones resultó ser un
fracaso, pues no logró los objetivos
propuestos en términos de desarrollo industrial y
complementación económica y comercial. Es entonces
cuando La CEPAL hace una mezcla entre el modelo de "desarrollo
hacia adentro" y la política neoliberal del FMI, para
satisfacer los deseos norteamericanos y desarrolla el llamado
"regionalismo abierto", que se muestra
absolutamente dominado por las fuerzas de la política
neoliberal, las empresas transnacionales y las privatizaciones masivas.

En la década de los noventa América Latina
se convirtió en un centro de atracción para la
inversión extranjera, debido a la apertura de mercados
comerciales y financieros, los programas de
privatización, así como la
liberalización de las regulaciones y controles aplicados a
las inversiones privadas; todo esto por supuesto, dentro del
marco de las políticas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para garantizar el pago de la deuda
externa y, por supuesto, el gran auge del proceso integracionista
en la región, caracterizado tanto por los nuevos acuerdos
firmados, como por las reformas de los ya existentes como es el
caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el
Grupo de los 3 (G-3) para la primera categoría y la nueva
Comunidad
Andina de Naciones (CAN) para la segunda.

Estos nuevos acuerdos de integración y las
reformas a los ya existentes, estuvieron dentro del marco de las
exigencias del neoliberalismo, que se caracterizaba
principalmente por el reforzamiento del estrecho carácter
comercial, ya presente desde los inicios del proceso
integracionista; la irrupción de acuerdos comerciales
bilaterales y, finalmente, el nacimiento de acuerdos entre
países con niveles de desarrollo muy
desiguales.

Los países, además de modificar sus
leyes para dar
garantías al capital extranjero, realizan acuerdos
internacionales sobre inversiones, multiplicándose en
particular los tratados
bilaterales. Un resumen del número de países que en
el mundo realizan cambios en materia de IED
desde el año de 1991 hasta el año 2002 se presenta
en el siguiente cuadro.

Cuadro 1

La gran mayoría de los cambios son favorables a
la IED. Los acuerdos entre países que se presentan como
acuerdos comerciales, tienen un amplio capítulo en materia
de inversiones, como en el caso del TLCAN,
Comunidad
Andina, MERCOSUR y el proyecto del
ALCA. En el
año 1997, 76 países establecieron tratados
bilaterales sobre inversiones (TBI), muchos de ellos con
países de su propia región, cantidad que
disminuyó en los inicios de la década del
2000.

En el marco de los acuerdos y negociaciones entre la UE
y países o grupos de
países de América Latina (UE-México,
UE-Chile y UE-MERCOSUR), los aspectos relacionados a las
inversiones, ofrecen cada vez más derechos a las empresas
transnacionales. Las cláusulas que liberalizan
completamente la repatriación de las ganancias a las casas
matrices,
así como la prohibición de todo tipo de preferencia
a los inversionistas nacionales, privan a los gobiernos de
herramientas
de regulación y de política industrial. De igual
manera se prohíbe todo tipo de requerimientos de comportamiento
que pueden condicionar la inversión, por ejemplo de parte
de las autoridades locales o municipales para asegurarse que una
inversión no afecte al medio
ambiente.

Las Empresas transnacionales pueden obtener reparaciones
financieras por cualquier medida política que traiga
consecuencias negativas sobre sus actividades. Concretamente, hay
una superioridad de los derechos de las ET a obtener sus
ganancias sobre el derecho de las comunidades a proteger el medio
ambiente, la
salud
pública o las condiciones laborales.

Los mecanismos de control, que generalmente han sido
utilizados por los países receptores de la
inversión de las empresas trasnacionales, son cuotas de
exportaciones de bienes y servicios,
obligatoriedad de cierto contendido nacional en los productos,
establecimiento de preferencias nacionales en cuanto a compras a
realizar dentro del territorio nacional donde se realiza la
inversión, relacionar volúmenes de m con x,
transferir tecnología y procesos de conocimiento a
personas del territorio, entre otras; sin embargo los
países que reciben la inversión se encuentran cada
vez más imposibilitados para poner en práctica
estos controles, debido a las diferentes exigencias que hacen las
empresas trasnacionales. Un claro ejemplo son las ET en
México que operan en el sector maquilador, en donde el 88%
de los insumos que utilizan son importados, sin producir
ningún beneficio al sector productivo mexicano y
beneficiándose de la mano de obra barata de ese
país.

A pesar del aumento de la IED en Latinoamérica en
este periodo y lo que esto pudiera significar para la
región en materia de desarrollo industrial y
tecnológico, de diversificación de mercados y
aumento de las exportaciones, es en esta década cuando se
producen profundas crisis como la llamada ´"Efecto Tequila"
en México, precisamente en gran parte debido al papel
jugado por las empresas transnacionales, las cuales aplicaron
acciones
estratégicas para mejorar su participación en el
mercado a nivel de bloques
económicos, aprovechando las condiciones
proporcionadas y de donde podemos decir que las formas y destinos
de inversión extranjera son determinantes y que su aumento
no necesariamente trae consigo beneficios.

Cabe preguntarnos ¿por qué si ya se
contaba para estos años con la inversión extranjera
directa y la integración regional como medios
planteados por América Latina y el Caribe para garantizar
su objetivo de desarrollo, este no ha podido ser alcanzado al
nivel que requieren sus economías? La respuesta
pudiéramos encontrarla en la naturaleza
misma de la IED y la integración, que hasta este momento
se ha dado en Latinoamérica; estos se han debido
precisamente a las estrategias y
políticas impuestas por las grandes potencias y por lo
tanto están diseñadas para beneficiarlas y no son
fruto de un proceso lógico y contundente con origen en el
principal interesado en el desarrollo regional.

La inversión extranjera directa tiene beneficios
potenciales si es manejada y controlada a través de
políticas adecuadas que garanticen el desarrollo de la
industria y el aumento de las exportaciones; es decir puede
proporcionar acceso a nuevos recursos financieros,
tecnologías y mercados. Sin embargo, América Latina
se ha caracterizado por ser una región en donde la IED y
las empresas transnacionales, pueden tener altos niveles de
repatriación de beneficios, lo que disminuye las
transferencias financieras reales, una región en donde el
coste de los incentivos para
atraer a los inversores es elevado y donde existe una gran
evasión de impuestos. Por
cada dólar de inversión extranjera, unos 30
centavos son repatriados mediante la transferencia de
beneficios.

Como sabemos los economistas, no toda inversión
es buena. En términos de desarrollo, una inversión
de calidad
transfiere formación y tecnología, y crea
vínculos dinámicos con empresas locales. Buena
parte de la IED no entra en esta categoría. En
América Latina el aumento de la IED, ha ido
acompañado por una reducción relativa de la
capacidad de investigación y desarrollo, y por una
creciente dependencia de la importación de tecnología. Por otra
parte, la inversión de las empresas transnacionales genera
un ingreso de divisas por
concepto de
exportaciones, pero genera mayores egresos por vía de
ganancias remitidas, insumos importados, pago por
tecnología e intereses. Los países subdesarrollados
pagan 4 veces por el capital que reciben: primero por el pago de
las importaciones cuando el capital entra en forma de maquinaria,
equipos, etc; segundo por concepto de las ganancias remitidas al
país de origen de las transnacionales; tercero por pago
del precio de
tecnologías, y cuarto por pago de la amortización y el servicio de la
deuda.

Otras modalidades de gran relevancia de la
inversión extranjera directa en América Latina en
la década de los 90 y a las que se debe principalmente su
gran aumento, son en primer lugar la adquisición de
empresas ya existentes, ya fueran estatales o privadas; proyectos de
reestructuración y modernización de las empresas
extranjeras ya existentes en la región y nuevas
inversiones relacionadas con modernización de las empresas
estatales privatizadas. Como vemos son inversiones que no
favorecen el desarrollo económico e industrial de la
región.

En este periodo, la mayoría de los gobiernos de
los grandes países de la región latinoamericana,
entre ellos el de Carlos Menem de
Argentina, Fernando Collor de Melo de Brasil y Ernesto Cedillo de
México, pusieron en venta, a precio
de remate, el patrimonio de
sus países a través de las famosas
privatizaciones.

Las empresas transnacionales encontraron en el MERCOSUR
uno de los mercados más importantes, teniendo en cuenta
que es un mercado amplio, y aprovechando la apertura y la
desregulación en el sector de los servicios en Brasil y
Argentina, ambos países miembros de este bloque;
así como en Chile aumentaron significativamente la IED.
Sobre todo se pudo observar este fenómeno a través
de las fusiones y
adquisiciones en forma de privatizaciones y concesiones en
telecomunicaciones, generación y distribución de electricidad,
operación de aeropuertos y compras de empresas privadas
nacionales en los servicios financieros y el comercio
minorista.

En el Mercado Común Centroamericano (MCCA), las
políticas gubernamentales de algunos países como es
el caso de Costa Rica, han
estado enfocadas a atraer IED de empresas que buscan expandir sus
sistemas
internacionales de producción integrada, especialmente en
actividades de tecnologías sofisticadas. Las recientes
firmas de tratados de libre comercio de Estados Unidos con
países de esa subregión, favorecen también
una mayor penetración del gran capital de ese país,
lo que en la práctica resulta un atentado a los procesos
integracionistas de la región.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es la
región preferida por las empresas transnacionales que
buscan acceso a los recursos
naturales, principalmente el gas natural, el
petróleo y
la minería.
Bolivia
trató de atraer IED a través de su estrategia de
desarrollo conocida como "Plan para todos", contentiva de un
sistema de privatizaciones como el "Plan de
capitalización" y un conjunto de regulaciones que
paradójicamente se llamó "Ley Corazón",
que buscaba canalizar la IED y establecer una especie de zona
franca y exportar energía. Esta estrategia encajaba
perfectamente bien con los intereses de las empresas
transnacionales, de buscar recursos naturales y de apoderarse de
las economías latinoamericanas.

México es uno de los países más
atractivos para la inversión extranjera directa; pudiera
decirse que principalmente por dos razones fundamentales: en
primer lugar por su participación en el Tratado de Libre
Comercio TLC con
Estados Unidos y Canadá, que garantiza el acceso de las
empresas norteamericanas a su mercado, y en segundo lugar por su
mano de obra abundante, eficiente y barata. Una muestra de ello
son las corporaciones estadounidenses Ford y General Motors, las
que instalaron plantas de
ensamble de automóviles en México, con el objetivo
de competir con los autos de
producción asiática.

En el cuadro se presentan datos sobre el
ingreso de IED a América Latina y el Caribe, excluidos los
centros financieros, en el periodo 1991-2000. Se observan algunas
tendencias. En primer lugar, la entrada de IED aumentó de
un promedio anual de 20.200 millones de dólares en el
período 1991-1995 a 70.600 millones en 1996-2000.
América del Sur siempre ha recibido más IED que
México y la Cuenca del Caribe, pero se incrementó
de 8.400 a 17.500 millones de dólares.

Cuadro 2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
INGRESO NETO DE IED POR SUBREGIÓN, 1991-2000
a

(En millones de
dólares)

Fuente: La Inversión extranjera en
América Latina y el Caribe. 2005

a No se incluyen los centros
financieros.

b Promedio anual.

Gráfico 1

Fuente: Informe sobre la
Inversión extranjera directa en América Latina y el
Caribe 1998. CEPAL

De acuerdo al país de origen de la IED, casi la
totalidad de estas inversiones en América Latina y el
Caribe para esta década, procedían de Europa y Estados
Unidos. Si se consideran en particular los países de
proveniencia de las inversiones, se advierte una predominancia de
Estados Unidos. Sin embargo, existió un sostenido aumento
de las inversiones europeas, que en 1997 llegaron al nivel de las
estadounidenses; dentro de los países europeos sobresale
España,
seguida por el Reino Unido (véase el cuadro
siguiente).

Cuadro 3

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

(Excluyendo los centros
offshore). Salidas netas, en millones de
dólares

Fuente: Inversión Extranjera Directa en
América Latina y el Caribe 2000. SELA

Los flujos de inversiones europeas crecieron
significativamente durante el decenio de 1990. Desde 1994 los
mayores flujos son los de España y el Reino Unido. En
1999, el flujo de España aumentó sustancialmente
por la compra de la principal empresa petrolera
argentina (YPF) por la suma de 14.855 millones de
dólares.

Para algunos países europeos, América
Latina y el Caribe representan el principal destino de las
inversiones fuera de la OCDE, en especial para Alemania,
(60%), Países Bajos (55%) y Reino Unido (44%). Dentro de
esos flujos, en 1995 y 1996, la industria manufacturera
recibió el 82% de las inversiones británicas, el
81% de las holandesas, el 72% de las italianas y el 67% de las
alemanas. Asimismo, con motivo de las privatizaciones, el sector
de servicios ha recibido importantes  inversiones
españolas y francesas. Por la aplicación de los
acuerdos suscriptos por la Unión
Europea con el MERCOSUR (diciembre de 1995), con Chile (junio
de 1996) y con México (diciembre de 1997) las inversiones
se intensificaron.

En el año 2000, una época en que los
flujos de inversión extranjera directa mundial aumentaron
un 21%, el grupo de países subdesarrollados recibió
solo un 20% de los recursos totales, y de estos el 95% se
concentró en Asia,
América Latina y el Caribe; y los principales
países destino en esta región fueron Argentina,
Brasil y México. También en este año se
observó una reducción de un 20% en la llegada de
inversiones extranjeras directas a la región en
comparación con el año anterior 1999, según
el informe de la CEPAL del 2001. A lo largo de este año,
Brasil y México recibieron un 60% de las entradas de
capital de América Latina y el Caribe.

Sin embargo los países desarrollados en el 2001,
recibieron el 71% de las entradas mundiales y el 82% de las
salidas, concentradas en Estados Unidos, La Unión Europea
y Japón.
A esto se suma que el 90% de las 100 empresas transnacionales
tenían su sede en estos tres centros de poder.
Además en el año 2003 entre 500 y 600
transnacionales monopolizaban cerca del 80% de la
producción y el comercio mundial.

El descenso continuó en el año 2002, el
volumen de
entradas de inversión extranjera directa alcanzó
aproximadamente 534.000 millones de dólares que contrastan
con los 735.000 millones de dólares del año 2001.
Un factor importante que influyó en la disminución
de los flujos de inversiones fue la desaceleración de la
economía
mundial, la disminución de la IED se debió en
gran parte a la reducción del número de fusiones,
adquisiciones y privatizaciones.

Cuadro 4

INDICADORES SELECTOS DEL CRECIMIENTO
DE LA IED

Fuente: Expansión de las empresas
transnacionales y profundización del subdesarrollo, p. 3
Gregorio Vidal

Con respecto a la disminución de las
privatizaciones, esta no se debió a la buena voluntad de
las transnacionales, sino a que la cantidad de empresas que
podían ser compradas ya no eran tantas, por un lado, y por
el otro a los diferentes cambios de gobierno y
políticas en países de la región, que se
habían caracterizado por ser grandes receptores de
inversión extranjera directa por la vía de las
privatizaciones, como es el caso de Brasil y el gobierno de Luiz
Inacio Lula Da Silva, Argentina con Kishner y Venezuela con
Hugo
Chávez, que frenaron la venta del patrimonio nacional
de estos países, lo que repercutió en el total de
Inversiones en América Latina y el Caribe.

A pesar de este comportamiento en los inicios del nuevo
milenio, las corrientes de IED hacia América Latina y el
Caribe sumaron en el 2005, 68.046 millones de dólares, una
cifra mayor en un 11% que la del año anterior, sin embargo
este aumento fue de menor dinamismo que en otras regiones
subdesarrolladas.

En el 2005 Estados Unidos se consolida como principal
país inversionista en América Latina y el Caribe,
al que corresponden cerca del 40% de las inversiones, en segundo
lugar se encuentran los países bajos a los que les
corresponde un 12% y en tercer lugar España, que ha sido
rezagada por lo dos anteriores con una participación del
6%

En cuanto al destino sectorial de las entradas de
inversión extranjera directa, aunque podemos ver un
aumento de las inversiones en el sector de las manufacturas con
una participación del 38% entre 2000 y 2005, el sector de
los servicios sigue siendo de la preferencia de la IED con una
participación en el total de las inversiones de un poco
más del 50%. El sector de los recursos naturales cuenta
con el 10% de la IED.

Con respecto al destino de las IED en el 2005, los
países que resultaron más atractivos fueron
México y Brasil. Colombia ha
aumentado sus ingresos de
inversión extranjera directa y Venezuela y Perú en
menor proporción, también lo han hecho. Sin embargo
de acuerdo al comportamiento de las corrientes de inversiones,
América Latina continúa recibiendo cada vez una
proporción menor; en lo que va de esta década ha
recibido tan solo un 8% de la IED mundial, frente a un 10% en los
años 90.

Gráfico 2

Gráfico 3

La Comunidad Andina de Naciones, excluida Bolivia, tuvo
un incremento de la IED en el año 2005 de un 120% respecto
al año anterior, lo que se puede explicar por los
llamativos ingresos que tuvo Colombia, en gran parte debido a la
venta de la cervecera Bavaria a Sab Miller. En el MERCOSUR este
tipo de inversión durante este año, fue de 20.398
millones de dólares, un 10.3% menos que en
2004.

Las exportaciones de las mayores empresas
transnacionales ubicadas en América Latina y el Caribe,
representaron el 58% de las exportaciones totales de la
región en el 2004. Sin embargo durante eL periodo
2000-2004 se presentó una disminución generalizada
de la participación de las empresas transnacionales en las
ventas y exportaciones en todos los sectores frente a la
década anterior.

Gráfico 4

Fuente: La IED en América
Latina y el Caribe 2005. CEPAL

Alrededor de un 85% de las ventas de las empresas
transnacionales en América Latina y el Caribe se realizan
en México, Brasil y Argentina, y por esto mismo, los
resultados de estas empresas tienen una relación directa
con la situación de estos países, lo que explicamos
anteriormente.

Las exportaciones de América Latina y el Caribe
aumentaron en 2004 en un 21% con respecto al año anterior.
Los sectores en los que operan las 200 mejores empresas ubicadas
en América Latina reflejan el patrón exportador de
la región, es decir los recursos naturales, especialmente
el petróleo, el gas y los
productos mineros, a los que corresponde la mitad de las
exportaciones de este grupo de empresas. Una menor
proporción le corresponde a los productos
agroindustriales, seguidos de automóviles. En lo que
respecta a la propiedad de
de estas compañías, las empresas estatales
controlan la mayoría de las exportaciones del sector
primario, aunque existen importantes empresas privadas. Las
trasnacionales también están presentes sobre todo
en el sector de las manufacturas de Brasil y México. Las
mayores empresas exportadoras de la región, además
de las petroleras estatales, son las filiales en México de
las estadounidenses General Motors, Delphi,
HewlettPackard, Lear y General Electric, y de las alemanas
DaimlerChrysler y Volkswagen, así como las filiales en
Brasil de Cargill y Bunge (Estados Unidos).

Cuadro 5

Fuente: LA IED en América Latina y el Caribe
2005. CEPAL

Las ventas consolidadas en América Latina y el
Caribe de las 50 mayores empresas transnacionales no financieras,
ascendieron a 259.000 millones de dólares en 2004, lo que
supone un alza de un 12% respecto al año
anterior.

Gráfico 5

Fuente: LA IED en América Latina y el Caribe
2005. CEPAL

La situación de América Latina y el Caribe
ilustra el hecho de que, aunque la IED de las empresas
transnacionales ha incrementado la productividad y
las exportaciones (UNCTAD, 2002), no ha contribuido al desarrollo
del sector interno, que es el responsable del crecimiento
económico a largo plazo. La liberalización
económica ha permitido a las empresas transnacionales
explotar las capacidades y ventajas existentes en los
países de la región con más libertad y sin
ningún control, y por sí misma no han proporcionado
oportunidades de crecimiento y mucho menos de desarrollo, ya que
no existe un sector interno con la necesaria capacidad de
absorción —determinada por el nivel de educación de la
población, la formación de la mano
de obra, la presencia de instituciones
sólidas, una infraestructura física,
científica y tecnológica adecuadas y un gobierno
que proteja su industria nacional. Es decir "la burguesía
industrializante no cumplió con su tarea de hacer cambios
estructurales imprescindibles, ni defendió el mercado
nacional ni regional de la penetración y dominio de las
empresas transnacionales". Todos estos factores hicieron que
América Latina y el Caribe no se beneficiara de la
actividad de las empresas transnacionales. Los países de
América Latina y el Caribe requieren de mejores
políticas de IED, en el contexto de estrategias de
desarrollo más coherentes, para obtener beneficios a largo
plazo de la inversión de las empresas
transnacionales.

La integración de América Latina y del
Caribe, como instrumento del modelo de desarrollo para la
región, ha venido fracasando en la medida en que ha
permitido el dominio de las empresas transnacionales en sus
procesos productivos y sus mercados, al abrirles las puertas
eliminando todo tipo de restricción a la IED a
través de los llamados "incentivos"; esto no es de
extrañar si se tiene en cuenta la influencia que
también han tenido las transnacionales y los respectivos
centros de poder económico, en la concepción y
diseño
de la integración latinoamericana. Esto a su vez, ha hecho
que el proceso de integración latinoamericano haya tenido
varias características que no le han permitido que se den
los resultados que necesita la región para su desarrollo
económico y social:

• En primera instancia los países no han podido
  realizar los cambios estructurales necesarios para la
  implementación de los acuerdos de integración que
  permitan un avance real para las economías de la
  región; por ejemplo las reformas agrarias que se han
  dado en algunos países, han sido demasiado blandas y han
  permitido la "administración de tierras" como parte de
  la política neoliberal, y en otros ni siquiera ha habido
  una reforma.
• En segundo lugar la integración
  latinoamericana desde sus inicios, ha sido concebida meramente
  desde el aspecto comercial y, por lo tanto, sus avances han
  sido medidos por el crecimiento del comercio intraregional, lo
  que a la larga suele ser engañoso si tomamos en cuenta
  los análisis realizados, en los que pudimos encontrar
  que ese aumento del comercio intraregional se ha caracterizado
  principalmente por las ventas entre filiales de las empresas
  transnacionales, ubicadas en los diferentes países de
  las región y que se hace para evadir impuestos, pero que
  se reportan como exportaciones soberanas y aparecen como
  comercio internacional. "Las empresas transnacionales, haciendo
  uso de los acuerdos de integración, organizan sus
  procesos productivos de acuerdo a sus necesidades; producen
  espacios de competencia y
  permiten la exportación de manufacturas, aumentando
  ficticiamente las exportaciones".
• En tercer lugar la liberalización comercial y
  económica que se ha aplicado en los países
  miembros de los distintos acuerdos de integración, no ha
  tenido en cuenta suficientemente las diferencias entre ellos.
  Es decir no ha habido un trato diferenciado o preferencial
  sostenido y coherente, en consideración de los niveles
  de desarrollo de los países que hacen parte de un
  acuerdo. Por ejemplo, no se puede aplicar el mismo trato a
  Brasil que a Uruguay si
  hablamos del MERCOSUR. Ha habido una alta concentración
  de los beneficios de la integración en los países
  más fuertes, como consecuencia de la ausencia del trato
  preferencial. El diseño de integración del modelo
  neoliberal no contempla trato preferencial y propone las mismas
  políticas de compras gubernamentales, de
  inversión extranjera y de apertura comercial a
  países muy diferentes entre si.
• En cuarto lugar, los países de América
  Latina y el Caribe han fijado como destino de sus exportaciones
  el mercado Estadounidense, y todas sus estrategias comerciales
  se centran en lograr este objetivo, dejando de lado
  relativamente el mercado nacional y regional, lo que al final
  lleva a la marginalización de la región. Esto es
  fácil de corroborar cuando observamos la tendencia a la
  firma de TLC con el país norteño.
• Finalmente, la oleada de privatizaciones que ha
  sufrido toda la región como resultado de la
  aplicación del modelo neoliberal, ha afectado
  negativamente el proceso de integración, al despojar a
  los Estados de hacer política
  económica y de regular el funcionamiento de la
  economía en bien del propio Estado-nación.

Observando este panorama, queda preguntarnos
¿qué alternativas tiene América Latina y el
Caribe para enfrentar a las empresas transnacionales, piezas
clave del modelo neoliberal en la contemporaneidad, las que
progresivamente se han ido apoderando de sus recursos naturales y
humanos y que obtienen cuantiosas utilidades a costa de la
desaparición de la industria doméstica que no puede
competir con ellas; empresas que dominan el mercado y que no han
cumplido básicamente su función de
aportar al desarrollo de la región, a través de la
inversión y la transferencia de
tecnología?

Las empresas transnacionales latino
caribeñas integradas

Es importante señalar que la integración
de América Latina y el Caribe debe fomentar y contribuir
al desarrollo económico-social de la región, y este
"desarrollo debe ser liderado por la industria regional de
propiedad latinoamericana, donde el Estado tenga una
función más protagónica y dinámica".

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados
anteriormente, Latinoamérica y El Caribe requiere de una
integración que genere un verdadero desarrollo
económico, social y político en la región;
una integración diferente a la que hasta hoy a tenido, que
tenga en cuenta cada una de sus necesidades y
características para lograrlo, que no se reduzca solo al
comercio, que no sea dirigida por Estados Unidos y sus empresas
transnacionales y por lo tanto, que sea autónoma y
soberana. Una integración que proteja su industria
nacional y regional del capital transnacional, sin desconocer la
importancia de la inversión extranjera directa regulada y
controlada. Así que consideramos necesario crear una
alternativa a las empresas transnacionales capitalistas, dentro
del marco de una integración renovada, que tenga en cuenta
las diferencias en los niveles de desarrollo de los países
de la región y exista un trato especial y preferencial en
dependencia de estas, que respete los principios de
igualdad y de
soberanía de los Estados, de no injerencia
en los asuntos internos, la libre determinación y el
derecho de cada Nación
a decidir su sistema económico, político y social y
que por supuesto genere desarrollo verdadero en América
Latina y el Caribe.

La creación de Empresas Transnacionales
Latino-caribeñas Integradas dentro del ALBA enfocadas
a la integración renovada, como alternativa a las empresas
transnacionales capitalistas de los países que son
potencia,
puede ser uno de los medios para generar el desarrollo
socio-económico que requiere la región.

Las Translatinas: copia de las empresas
transnacionales capitalistas

En América Latina y el Caribe surgieron las
llamadas Empresas Transnacionales Latinoamericanas, conocidas
como translatinas, las cuales pudieran entenderse como una
alternativa originaria de la región a las grandes
transnacionales de los centros de poder; sin embargo, al igual
que ha sucedido con el proceso de integración, estas
translatinas han estado basadas en los principios
capitalistas y no han servido más que para beneficiar los
intereses de las elites de las burguesías nacionales y de
las grandes empresas de los centros económicos muy
vinculadas a las primeras. Estas empresas provienen
principalmente de cuatro países de la región: en
primer lugar encontramos a Brasil y Argentina y luego a
México y Chile.

Argentina, que ha sido pionera en este tipo de empresa,
actualmente solo posee tres que han sobrevivido a las
traumáticas experiencias de los años noventa. La
inversión extranjera directa en Argentina se ha
caracterizado por ser un fenómeno concentrado en un
reducido número de industrias. En 1997, por ejemplo,
durante el auge de estos flujos de capital, casi dos tercios de
las inversiones directas en el extranjero de Argentina,
correspondían a tres compañías: Pérez
Companc, YPF y Techint (Kosacoff, 1999). En segundo lugar, muchas
de estas compañías ya no existen en su
condición de translatinas. De las mayores, dos de
la industria de hidrocarburos,
fueron posteriormente adquiridas por compañías
extranjeras. La desnacionalización de las principales
translatinas, así como la venta de participaciones
importantes de capital o activos a otras
compañías (Quinsa, Macri y Mastellone), es uno de
los aspectos que definen la experiencia de Argentina.

Las principales translatinas brasileñas se
especializan en recursos naturales o en manufacturas basadas en
recursos naturales. Entre las diez principales
translatinas brasileñas, seis eran previamente
estatales (o aun con alguna participación gubernamental),
lo que señala la influencia de las políticas
públicas en su creación y desarrollo. Las
translatinas brasileñas han evidenciado muchos de
los problemas que han experimentado otros países de
América Latina. En los últimos años, muchas
empresas que se internacionalizaron (piezas de
automóviles) fueron adquiridas por empresas extranjeras.
La cervecera AmBev, que fue absorbida por una empresa
transnacional, es el caso más reciente y
significativo.

Las inversiones de las translatinas chilenas
están concentradas —aparte de la energía
eléctrica y los fondos de pensiones— en un
pequeño número de actividades ligadas a los
recursos naturales, los servicios y las manufacturas basadas en
recursos naturales. Muchas han sido adquiridas por empresas
trasnacionales cuando se extendieron demasiado o construyeron
redes regionales
que las hicieron muy atractivas (Enersis, Gener, Masisa, fondos
de pensiones). Con todo, no hay empresas chilenas entre las
principales empresas transnacionales de países en
desarrollo.

El ALBA y
la necesidad y posibilidad de nuevos tipos de
empresas latino-caribeñas integradas

El ALBA como una propuesta de integración
diferente, apunta a relaciones
internacionales bajo principios de solidaridad,
reciprocidad, complementariedad, cooperación y
sustentabilidad; es decir hacia un mayor equilibrio y
equidad
internacionales. El ALBA se diferencia de los otros pactos
regionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), porque pretende ir
más allá del intercambio comercial y asentarse
sobre nuevos valores y
principios de relaciones entre las naciones. Hasta el momento, la
CAN, el MERCOSUR y los acuerdos promovidos por Estados Unidos
soslayan esos principios, para concentrarse en criterios
estrictamente mercantilistas, como la competencia extrema y el
ánimo de ganancia a cualquier costo.

El ALBA se fundamenta en la creación de
mecanismos para crear ventajas cooperativas
entre las naciones, que permitan compensar las asimetrías
existentes entre los países del hemisferio y considera que
la integración basada en la cooperación, la
solidaridad y la voluntad común de avanzar hacia niveles
más altos de desarrollo, es el único mecanismo para
satisfacer las necesidades de los pueblos latinoamericanos y
caribeños, en medio de la creciente formación de
grandes bloques regionales que ocupan posiciones predominantes en
la economía mundial. Teniendo en cuenta estos aspectos, el
ALBA ha iniciado el proceso de creación de órganos
e instituciones -que bien pueden ser el antecedente de las
Empresas Transnacionales Latino-caribeñas
Integradas– que tienen por objeto contribuir a la
transformación de las sociedades de
la región, haciéndolas más justas, cultas,
participativas y solidarias, y por ello se trata de un proceso
integral que promueve la eliminación de las desigualdades
sociales y fomenta el desarrollo, la calidad de
vida y una participación efectiva de los pueblos en la
conformación de su propio destino.

En estado incipiente, estos órganos se ubican en
sectores de la economía regional de gran importancia y
sensibilidad que requieren de la completa atención de los gobiernos para fomentar el
desarrollo Latinoamericano. A la vanguardia se
encuentra PETROCARIBE, creado como órgano habilitador de
políticas y planes energéticos, dirigido a la
integración de los pueblos caribeños, mediante el
uso soberano de los recursos naturales energéticos, en
beneficio directo de la región. En tal sentido,
PETROCARIBE se encarga de coordinar y gestionar lo relativo a las
relaciones energéticas en los países signatarios
del Acuerdo. Con el fin de garantizar el logro de los objetivos y
dado el dinamismo y la complejidad de la materia
energética, este organismo nace como una organización capaz de asegurar la
coordinación y articulación de las políticas
de energía, incluyendo petróleo y sus derivados;
cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura
energética, así como el aprovechamiento de fuentes
alternas, tales como la energía eólica, solar y
otras.

Otro buen ejemplo de este tipo de organismos es
también la recientemente creada TRANSALBA, órgano
del sector del transporte
marítimo y aéreo para facilitar las operaciones del
comercio exterior
que se genere entre los países que pertenecen al
Acuerdo.

Consideramos que la creación de estos
órganos, es la base fundamental para la formación
de Empresas Transnacionales Latino-Caribeñas
Integradas, que representen una verdadera alternativa para el
desarrollo de la región. Estas empresas deben corresponder
a las necesidades de Latinoamérica y estar fundadas en los
principios de colaboración y reciprocidad, para ayudar a
los países más débiles a superar sus
desventajas; deben garantizar la más beneficiosa
complementación productiva sobre bases de racionalidad,
aprovechamiento de ventajas existentes en los países de la
región, ahorro de
recursos, ampliación del empleo
útil; todo dentro del marco de una integración que
garantice el acceso a mercados sustentado en una verdadera
solidaridad que potencie la fuerza
regional y que proteja su industria de la acción
dominante de las empresas transnacionales capitalistas

Estas empresas deben enfocarse a las áreas de
mayor relevancia en las economías latinoamericanas,
concentrándose en aquellos sectores de mayor competencia a
escala
internacional, de manera tal que les permita no solo competir con
sus homólogas transnacionales de los centros capitalistas,
sino además operar con éxito
en el marco de las reglas impuestas por los organismos
económicos y financieros internacionales, dominados por el
gran capital transnacional.

Existen tres sectores que pueden considerarse esenciales
para la construcción de empresas transnacionales
latinoamericanas tipo ALBA, para contribuir al desarrollo
económico y social integracionista de la
región:

En primer lugar encontramos el sector
energético. Uno de los proyectos más
importantes en Estados Unidos es el que llama "Integración
energética del hemisferio", para lo que el gobierno de ese
país ha hecho énfasis en la creación de una
asociación energética sólida e
interdependiente en las Américas, que en la
práctica considera la preocupante situación global
con los energéticos de origen natural. Sin embargo este
proyecto, bajo el enfoque que promueve el gobierno de ese
país para éste continente, busca, ante todo,
asegurar al Norte industrializado un acceso seguro a la
energía requerida para el mantenimiento
de los irracionales patrones de consumo
energético que prevalecen en esa área. EE.UU.
muestra un consumo per cápita de energía comercial
que supera las 8 toneladas de petróleo equivalente (TPE)
al año; mientras que América Latina y el Caribe,
siendo una región exportadora neta de energía,
sólo registra un consumo per cápita de
energía comercial de 1.2 TPE anuales, según datos
de Naciones Unidas
para 1997.

Entre los atractivos energéticos de
América Latina y el Caribe, cabe señalar que la
región en su conjunto es exportadora neta de
hidrocarburos. En esta zona se localiza el 11% de las reservas
mundiales de petróleo y se produce cerca del 15% del crudo
que se extrae a nivel internacional. Además,
América Latina cuenta con cerca del 6% de las reservas
internacionales de gas natural, grandes reservas de carbón
mineral -suficientes para unos 288 años de
explotación- y abundantes recursos renovables, como la
hidroenergía de la que cuenta con casi 23% del potencial
mundial.

En los últimos 30 años la región ha
sido considerada, con más fuerza que nunca, como un
área estratégica sobre todo para
Norteamérica, debido a la cercanía
geográfica y a la mayor estabilidad política en
comparación con otras regiones exportadoras del
área subdesarrollada, dígase por ejemplo el Medio
Oriente. Además, se calcula que Latinoamérica
cuenta con reservas suficientes para más de 33
años, mientras las reservas petroleras de EE.UU. apenas
alcanzarían para unos 10 años, de mantenerse el
nivel de extracción de los últimos
años.

En medio de la compleja situación
económica mundial y teniendo en cuenta el errático
curso de los precios internacionales del petróleo en las
últimas décadas, el desarrollo de la
cooperación energética regional continúa
siendo una alternativa para enfrentar los efectos de la crisis
socioeconómica. Pero esta cooperación
energética no es la diseñada por Estado Unidos cuyo
único interés es
saquear los recursos de Latinoamérica y el Caribe, sino
aquella que esté dentro del marco de la integración
regional basada en los principios de solidaridad y
reciprocidad.

En el sector energético, podemos observar un
avance con los proyectos de PETROCARIBE, PETROSUR, PETROANDINA.
La integración latinoamericana y la creación de
Empresas Latino-caribeñas integradas tipo ALBA en este
sector, deben partir de las necesidades de la región y de
sus pueblos, para poder contribuir al fortalecimiento de la
soberanía y seguridad
energética de Latinoamérica y el Caribe. La
creación de estos órganos es una muestra del inicio
del camino.

Este sector se ha caracterizado por el consumo desmedido
de energía por parte de las naciones industrializadas,
como parte del modelo de desarrollo históricamente seguido
por ese grupo de países, conduciendo progresivamente a una
abusiva y descarada explotación de las fuentes de
energía de los países subdesarrollados, abocando al
mundo a una crisis energética global. En esto han jugado
un papel primordial las empresas transnacionales, que han contado
con la ayuda de los acuerdos de integración, muchos de
ellos des-reguladores de las inversiones extranjeras directas,
permitiendo la explotación indiscriminada de los
recursos.

No es casualidad que el gobierno de los Estados Unidos,
uno de los que más se beneficia, esté controlado
por intereses corporativos. De hecho, en el gabinete actual de
la
administración prima la presencia de ex directores de
grandes transnacionales en las posiciones claves. El
vicepresidente Dick Cheney, fue director de Halliburton, empresa
de servicios petroleros más grande a nivel mundial, que
mantiene grandes intereses y es conocedora de muchísima
información sobre yacimientos de
hidrocarburos, por ejemplo en Colombia; Condoleeza Rice,
Secretaria de Estado, fue parte del directorio de Chevron Texaco,
empresa que juega un papel clave en el control de
yacimientos.

Las empresas latino-caribeñas de este sector,
deben estar sometidas al estricto control de los gobiernos de los
países latinoamericanos, quienes deben decidir sobre las
políticas y procesos relacionados con los recursos
energéticos, desde su extracción hasta su
distribución, incluyendo la política de precios; es
decir deben constituirse en empresas soberanas, lo que
permitirá la redistribución justa y equitativa de
energía y de recursos económicos en la
región, bajo el principio de la complementariedad
solidadria. Debe recordarse que el potencial energético de
la región se encuentra muy desigualmente distribuido.
Consecuentemente, las exportaciones latinoamericanas se
concentran preferentemente en apenas cinco países
(Venezuela, México, Ecuador,
Trinidad-Tobago y Colombia) y dos de estas naciones
(México y Venezuela) concentran alrededor del 86% de las
reservas petroleras probadas de la región. La
mayoría de los países latinoamericanos dependen
básicamente de las importaciones de petróleo para
el funcionamiento de sus economías y es por eso que es de
vital importancia esa redistribución justa de la que
hablamos.

En segundo lugar vemos el sector
farmacéutico. Las grandes empresas transnacionales que
trabajan con biotecnología en farmacéutica y
agricultura, y
que son las principales interesadas y destinatarias comerciales
de los recursos biológicos de los países
Latinoamericanos, utilizan la "biopirateria" como medio para la
apropiación y privatización de recursos
genéticos y conocimientos indígenas y de
comunidades locales, incrementando sus utilidades.
"Biopiratería" es la utilización o reproducción sin autorización de sus
innovaciones patentadas.

Los biopiratas utilizan diferentes mecanismos de
propiedad
intelectual para reclamar para sí, el uso de recursos
tangibles e intangibles de pueblos localizados primariamente en
el Sur. Básicamente la biopiratería privatiza los
recursos que siempre han sido públicos, comunitarios y
para el bien de la humanidad, para el beneficio y lucro de un
puñado de empresas transnacionales. Aunque una empresa o
institución haya firmado un contrato que
alegue seguir la legalidad
vigente nacional o internacional, aunque incluya cierto grado de
consulta o participación de comunidades y/o estados y
alguna forma de "reparto de beneficios", sigue siendo
biopiratería, porque la protección y
primacía de los derechos indígenas y campesinos, de
las comunidades locales, que son los principales actores del
proceso de la biodiversidad
y sus componentes, no sólo es totalmente insuficiente,
sino que en muchos casos niega estos derechos fundamentales,
legitima el saqueo y mina las bases mismas sobre las que fue
construido históricamente el acervo de recursos de la
diversidad biológica y cultural.

Las medicinas tradicionales y el
conocimiento indígena y local han adquirido un alto
valor comercial. Aproximadamente tres cuartas partes de los
medicamentos de receta, derivados de plantas en el mundo, fueron
utilizados primero por indígenas, lo que permitió
su "descubrimiento" posterior por empresas y laboratorios de
países industrializados. Se calcula, según cifras
de 1996, que la industria farmacéutica global tiene
ganancias de más de 32.000 millones de dólares
estadounidenses anuales, gracias al uso de remedios tradicionales
que incorporó a medicamentos de receta. Entre 1950 y 1980,
las medicinas derivadas de
plantas utilizadas en la industria farmacéutica
significaban más del 25% de los fármacos de receta
vendidos en los Estados Unidos. Se estima que el valor
económico total anual de las drogas
derivadas de plantas es más de 68.000 millones de
dólares anuales, solamente en Estados Unidos.

Según las investigaciones
del Grupo ETC, para el año 2001 las 10 mayores
compañías farmacéuticas controlaban
aproximadamente el 48% del valor del mercado mundial, calculado
en $317 mil millones de dólares y las 10 mayores
compañías farmacéuticas veterinarias el 60%
del valor de ese mercado, que es de USD $13,6 mil
millones.

En la actualidad se estima que más de 200
compañías de investigación en todo el mundo,
están evaluando compuestos de origen animal y vegetal en
busca de propiedades medicinales. Este aumento del
interés, se debe en parte a nuevas tecnologías que
han revolucionado las posibilidades de análisis y eventual
aplicación posterior en fármacos u otros productos
comerciales, y a la expansión de los sistemas de propiedad
intelectual a ámbitos donde nunca habían llegado,
particularmente a los seres vivos y a los procesos
biológicos. Sin embargo esa investigación
farmacéutica no se orienta hacia la salud de la población
mundial, si no a la satisfacción de las necesidades de los
sectores más ricos. Según el Informe sobre Desarrollo
Humano de la ONU en el
año 2001, de 1223 nuevas medicinas lanzadas al mercado
entre 1975 y 1996, sólo 13 se diseñaron para atacar
enfermedades de
los pueblos pobres.

La industria biotecnológica ha buscado una
fórmula que resulta muy eficaz para adueñarse de la
materia prima
que utiliza y asegurarse el monopolio de
su utilización futura: las patentes
biotecnológicas. El sistema de patentes es una norma para
la protección de la propiedad intelectual, que concede
derechos exclusivos sobre una invención al autor de la
misma. En una época que pregona el liberalismo
económico, las patentes se han convertido en una
fórmula extraordinariamente provechosa de proteccionismo
legal, a la que las grandes compañías recurren para
afianzar su primacía y asegurarse el monopolio de
determinados sectores de la producción. No por casualidad
el proyecto del ALCA era portador de un capítulo dedicado
al asunto.

El reparto de los títulos de patente, sin
embargo, es enormemente desigual: el mundo industrializado, donde
se lleva a cabo un 84% del I+D mundial, detenta nada menos que el
97% de todas las patentes, la mayor parte de las cuales
están en manos de grandes empresas. Los diez países
más ricos acaparan igualmente un 90% de los pagos
trans-fronterizos de royalties y tasas por licencias de patente,
realizándose un significativo 70% de los mismos desde las
filiales de transnacionales en el extranjero a la casa matriz.

En 1998 el gasto global en investigación para la
salud fue de 70 mil millones de dólares, pero menos del 1%
de ese dinero se
utilizó en encontrar vacunas para
el SIDA o para
aliviar una enfermedad como la malaria. Según un reciente
informe de Oxfam, once millones de personas morirán de
enfermedades infecciosas este año por falta de acceso a
medicamentos adecuados. Mientras tanto Glaxo/Smithkline Beecham,
una de las cuatro transnacionales que dominan la industria
farmacéutica mundial, obtuvo unos beneficios récord
de 5.320 millones de libras esterlinas en el año 2000:
nada menos que 14 millones de libras esterlinas en ganancias
diarias

Es importante resaltar que los Tratados de Libre
Comercio que Estados Unidos "impone" a los países
latinoamericanos -y que está utilizando como alternativa
ante la negativa de la gran mayoría de naciones del Sur a
firmar el ALCA-, tienen un importante contenido sobre este
aspecto y por medio de los llamados Derechos de Propiedad
Intelectual, otorgan las patentes a empresas transnacionales y
despojan a los pueblos de sus conocimientos ancestrales,
además de prohibir la producción de medicamentos
genéricos que tienen un menor costo y que son mas
accesibles a la población.

Por lo tanto es imprescindible que la integración
latinoamericana tenga en cuenta las serias afectaciones que los
pueblos latinoamericanos y del Caribe tienen con el saqueo de sus
recursos naturales y sus conocimientos ancestrales sobre la
utilización de los mismos. Se impone la necesidad de dar
mayor relevancia a la investigación y el desarrollo en el
campo de la biotecnología, sector que Cuba ha desarrollado
ampliamente, siendo este comparable con muchos países
avanzados, lo mismo sucede con Brasil y Argentina, por solo
mencionar a los más destacados en el área. Los
avances biotecnológicos en estos países y en otros
de la región, deben ser coordinados y dirigidos
complementariamente hacia formas institucionales
trans-fronterizas, que permitan enfrentar con éxito la
competencia y el saqueo de las empresas transnacionales
extra-regionales y favorezcan el aprovechamiento de los
desarrollos en la biotecnología y la industria
farmacéutica, en bien de nuestros pueblos.

En tercer lugar encontramos el sector del
transporte: la
globalización capitalista ha incrementado los
fenómenos de intercambio a escala mundial, lo que ha
fomentado el control del mercado internacional por parte de los
países desarrollados y ha acentuado las diferencias con
los países menos desarrollados

A pesar de la promulgación del "libre cambio", el
sector del transporte goza de gran protección de la
industria nacional en los países desarrollados. El sector
del transporte aéreo es un caso típico de oligopolio,
cuyas empresas líderes operan estrategias globales de
competencia, basadas en el uso intensivo de recursos de la
frontera
tecnológica, siendo al mismo tiempo,
fuertemente protegidas en sus respectivos mercados
domésticos. En Estados Unidos el mercado local es
reservado a las empresas nacionales, que sólo pueden
emplear a extranjeros en sus líneas internacionales.
Además, el "Fly America Act" les asegura la reserva
adicional del transporte de cargas y de pasajeros, costeado con
recursos públicos. En base a esos privilegios y al
diversificado conjunto de acuerdos bilaterales firmados por
Estados Unidos, las empresas aéreas con sede en ese
país controlan actualmente cerca del 50% del mercado
internacional de pasajeros y el 43% de los fletes
internacionales.

En el transporte marítimo, los patrones de
protección son aun más restrictivos. Tal como en
diversos países, este sector funciona como un
cártel legalmente establecido en los Estados Unidos,
exento de la legislación anti-trust, bajo el mando de la
Federal Maritime Commission (FMC), cuyas atribuciones incluyen la
fijación de precios a través de las llamadas
"conferencias de fletes", distribución de fracciones de
mercados y fiscalización de la conducta de los
miembros del cártel en el país y en el
exterior.

En el sector de cabotaje, que genera empleo para cerca
de 124 mil personas, está vedada cualquier especie de
competencia externa: el transporte de carga entre dos puertos
americanos, aun cuando incluya escalas en puertos extranjeros,
sólo puede hacerse mediante navíos construidos en
los Estados Unidos, cuyos propietarios y operadores sean empresas
con por lo menos el 75% de capitales nacionales, y cuya
tripulación esté integrada exclusivamente por
ciudadanos norteamericanos. Con excepción del origen del
navío, estas reglas también se aplican a la flota
con bandera americana usada en el transporte internacional. Como
esta norma implica costos elevados
para los armadores, la mayor parte del comercio internacional de
los Estados Unidos es transportada por navíos con bandera
extranjera, aunque los propietarios sean empresas americanas. De
hecho, la flota con bandera nacional sólo sobrevive debido
a la política de reserva de mercado que le asegura el 50%
de la demanda
gubernamental y el 100% de las cargas militares y operaciones
financiadas por el Export-Import Bank.

Finalmente y a manera de conclusión por
así decirlo, es imprescindible que los pueblos
Latinoamericanos se integren en un nuevo proceso de
cooperación y solidaridad para enfrentar las negativas
consecuencias que hasta hoy han dejado en la región las
actividades de las empresas transnacionales y la inversión
extranjera directa. Es necesario que ese nuevo proceso
integracionista emane de los propios países de
América Latina y El Caribe, es decir una
integración que sea autónoma y soberana cuyo
principal objetivo sea elevar el nivel de desarrollo social
y económico regional, una integración que cree
nuevas Empresas Transnacionales Latino-Caribeñas que
enfrenten las ET capitalistas y que regule y controle la
inversión extranjera directa que también es
necesaria.

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• Mas Mok, Susana. Transnacionalización de la
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  No. 9 Febrero de 2006; encontrado en el sitio
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• Muñoz González, Roberto.
  Economía Política de la integración en
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  marxista. Intranet
  Facultad Ciencias
  Empresariales Universidad
  Central de Las Villas, Cuba 2005
• Pish Madruga, Ramón. Motivaciones e implicaciones de
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• Posso, Fausto. La cooperación internacional
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• Puerta Rodríguez, Hilda y Sarah
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  Versión electrónica CIEI; La Habana,
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• Riveiro, Silvia. La privatización de los
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• SELA. Informe de las Inversiones Extranjeras
  Directas en América Latina 1999.
• Vidal, Gregorio. Expansión de las empresas
  transnacionales y profundización del subdesarrollo:
  ¿cómo construir una alternativa al
  desarrollo?: Encontrado en el sitio de internet de la
  Universidad Autónoma Metropolitana de
  Iztapalapa.

Zulma Donelly Ramírez Cruz
Bogotá – Colombia

Estudios realizados:
– Profesional en Relaciones Económicas Internacionales de
la Universidad Autónoma de Colombia
– Tecnóloga en comercio exterior de la Universidad
Autónoma de Colombia
– Diplomado en Integración y Desarrollo en la
región Latino-Caribeña. Universidad Central "Marta
Abreu" de Las Villas. Santa Clara-Cuba
Experiencia profesional:
Colombia:
– Auxiliar de Comercio Exterior y Mercadeo en
INVESTIGAR LTDA Año 1998-1999 Bogotá.
– Coordinadora de Comercio Exterior en TROMEC LTDA Año
2000. Bogotá.
– Auxiliar de Comercio Exterior en Flexo Spring S.A: año
2001-2004 Bogotá.
Cuba:
– Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en Santa Clara,
en las carreras de Economía y Contabilidad y
Finanzas desde
2005 hasta la actualidad. Asignaturas impartidas: Economía
internacional, macroeconomía, economía
política.
– Perfil investigativo: Integración y desarrollo
económico latinoamericano.
Eventos y
publicaciones:
– Evento Municipal de la Asociación Nacional de
Economistas de Cuba ANEC Mayo 2007 Santa Clara-Cuba. Ponencia:
"Empresas Transnacionales e Integración en América
Latina y el Caribe: principales problemas y perspectivas" Obtuvo
Mención.
– Encuentro Internacional sobre Globalización y problemas del desarrollo.
Febrero 2007, La Habana-Cuba
– V Conferencia
Internacional de Ciencias Empresariales. Oct 30-Nov 1 de 2006
Santa Clara- Cuba. Publicación CD Room.
"Empresas Transnacionales e Integración en América
Latina y el Caribe: principales problemas y perspectivas"
Pais, ciudad y fecha en donde se realizó el trabajo:
Santa Clara- Cuba Septiembre 2006