- La consolidación de la
democracia - El
consenso de Washington - La
constitución estatal en tiempo y
espacio
LA
CONSOLIDACIÒN DE LA DEMOCRACIA
El modelo de
Estado
Neoliberal prevaleciente en América
Latina a partir de la década de los ochenta,
provocó que se fuera abandonando el Estado
enfocadas más al bienestar social. Salvo Chile, los
Estados latinoamericanos en está época se vieron
enfrascados en una gran crisis
económica lo que puso cuestionamiento de la colectividad
la naciente democracia. A
la democracia se le culpaba por la creciente inequidad en la
repartición y distribución de la riqueza. Pero lo que la
mayoría de la sociedad del
continente latinoamericano ignoraba era que el Banco Mundial
y el Fondo Monetario
Internacional, precursores de la política neoliberal,
impusieron, bajo un mismo método y
modelo a nuestras sociedades fue
un programa de
ajuste estructural neoliberal.
El programa de ajuste estructural incrementó la
desigualdad
social de estas naciones, y a la vez, esto produjo un aumento
una serie de movimientos insurgentes por parte de aquellos
grupos
sociales que estaban siendo perjudicados o excluidos por la
política neoliberal, así como mayores grados de
ingobernabilidad.
La democracia del Estado moderno latinoamericano, aunque
desigual en la distribución de los ingresos
económicos, con una normativa que no responde fielmente al
beneficio de la heterogeneidad colectiva, así como una
débil política parlamentaria, la cual por lo
general representa, en su mayor parte, élites del gran
capital
externo e interno. Cuando élites especificas, por medio
del uso del poder y la
autoridad
socio-económico y política concedida o adquirida no
interiorizan los valores en
pro del bienestar social, entonces, las reglas del juego de la
democracia queda en entredicho.
La democracia de América
Latina se consolidará cuando exista una cultura
política democrática totalmente arraigada en la
colectividad, y para ello se requiera que los ciudadanos se
manifiesten por medio de la participación
electoral.
El voto emitido libre y voluntariamente en la
elección de los gobernantes o manifestado por medio del
plebiscito fortalece la democracia, aunque no represente del todo
el bienestar de los diversos grupos existentes
e interactuantes de la sociedad. Por plebiscito entenderemos:
Consulta que los poderes públicos someten al voto popular
directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta
sobre soberanía, ciudadanía, poderes
excepcionales.
El mecanismos de elección, aunque responde a un
mecanismo de libertad
individual de manifestación del voto, lo cual engrandece
la democracia, la verdad es que es mismo es influenciable y
manipulable por diversas estrategias
políticas y económicas, tales como
la regadías, las promesas de campaña, la
tradición, y por mecanismos de mercado como la
promoción y la publicidad en los
diferentes medios de
comunicación. En América Latina como en
Europa
Occidental y los Estados Unidos es
detectable una debilidad democrática: los ciudadanos no se
identifican con los partidos
políticos, en otras palabras, existe una
desidentificación con el sistema
partidista por parte de la mayoría de los ciudadanos. Esta
desafección política ocasiona que en las nuevas
democracias -así como en las consolidadas- se tengan
gobiernos con muy poco apoyo electoral, lo cual los hace
inestables y también acrecienta la ingobernabilidad. Esa
actitud
ocasiona que los gobernantes dirijan la gestión
pública con un parlamento bastante fragmentado, en nuestro
caso una Asamblea Legislativa bastante dividida. Esa
posición ciudadana de poca participación y
manifestación, en parte, se vuelve en contra de los mismos
ciudadanos, pues, éstos al no interesarse en la
participación, pierden representatividad y, ahí que
desconozca las reformas políticas y económicas que
le afectan directamente.
La desindentificación política por parte
de los ciudadanos desestabiliza a los gobiernos, además de
que acrecienta la desconfianza sobre la continuidad de las
reformas y, por tanto, reduce la posibilidad de acción
y toma de decisión de las propias instituciones
democráticas, pues estas se ven limitadas en sus poder y
representatividad; la acumulación social centrada en el
Estado había hecho a los actores sociales, patronal y
sindicatos
dependientes del poder centralizado del Estado. Los ciudadanos no
se identifican con las instituciones políticas porque las
perciben débiles pese a que se han fortalecido. El sujeto
social percibe dentro de las instituciones políticas
caudillismos populistas, cambio en las
estrategias trazadas, clientelismo político,
oligarquías que los caracterizan, poca o nula identidad con
colectividad social, y como consecuencia de lo anterior, el
enriquecimiento ilícito y el manejo del sufragio en
provecho propio y no en función
del bienestar de la colectividad. En otras palabras, los
ciudadanos sienten que los partidos políticos, pese a ser
favorecidos por ellos con el sufragio, ya no los representan bien
y, por el contrario, ellos se encuentran divorciados de la
realidad mundial que la estructura del
partidista les ofrecía.
En América Latina el disgusto ciudadano por la
poca representatividad que encuentran en las instituciones
políticas se acrecienta en la época de los ochenta
por la hegemonía del modelo neoliberal nacido en Estados
Unidos y Gran Bretaña y el cual se difundió y se
implantó en nuestros Estados latinoamericanos. El moderno
Estado neoliberal en América Latina ataca el gasto
público estatal, las pérdidas de sus
instituciones públicas y, por el contrario, afirman que la
eficiencia y
el crecimiento
económico solo se alcanzará si la
participación privada se acrecienta y se reduce el gasto
público. Es así como se introducen planes de ajuste
estructural de alto costo social, en
un principio con respaldo electoral pero sin
representación equitativa de los diferentes grupos de la
colectividad heterogénea que conforma las sociedades
latinoamericanas. El modelo neoliberal sustituye lo alcanzado y
logrado por el modelo de sustitución de importaciones y,
aunque consigue frenar la inflación, la verdad es que,
acrecienta el desempleo,
disminuye el nivel de vida de los sujetos, limita la inversión pública en infraestructura
y en educación, disminuye la
cualificación de la fuerza de
trabajo y hace
a nuestros Estados perder competitividad
en el campo tecnológico, y lo más importante,
limita el poder y la actuación del Estado y del mismo modo
sobresalta al sector privado como el gestor de una nueva
económica competitiva, aunque las desigualdades e
inequidades socio-económicas se
acrecienten.
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