I.
Introducción
2. Delaciones de la "Familia"
y "Caravana de la
Muerte".
3.
La Matanza de Corpus Christi: homicidios
calificados
4. El caso Tucapel: el Teniente General Gordon
Rubio y la C.N.I.
5. La Academia de Guerra Aérea: otro
Miembro de la Junta de
Pinochet.
6. El
proceso
7. Los
actores
8. El
texto
9. Reflexiones
fundamentales
10. Contenidos principales de un
compromiso para ser asumido por el pais
entero
11. Consideraciones
Finales
12. La ley micro-ondas (Ley del
Secreto Profesional)
13. Proyecto de ley:
14.
In nula ress: desafuero del
dictador
15.
Conclusiones
Análisis de la coyuntura político militar
que llevó al desafuero del ex Dictador chileno Augusto
Pinochet y sus perspectivas. Cómo se genera el
"cículo virtuoso contra la impunidad" en Chile.
Señalamos en nuestra primera entrega que los
actores político- militares en estos primeros meses se
moverían en tres escenarios distintos, pero
inextricablemente ligados: la "Mesa de Diálogo",
mecanismo político para poner de acuerdo en lo posible
al Ejército y a los Abogados de Familiares de Detenidos
Desaparecidos; el Poder Judicial,
en el cual ocupaba un lugar medular y decisivo el pre-juicio de
desafuero del Senador Vitalicio y ex Dictador, General ®
Augusto Pinochet; y el Parlamento, donde se
transformarían en iniciativas legales los probables
acuerdos de la "Mesa" y se tratarían las Reformas
Constitucionales para liberar a la dictadura
inconclusa chilena de la tutela militar sobre el poder civil
elegido soberanamente por el pueblo, la que está
consagrada en la Carta Magna.
En el corto tiempo que nos
separa de la asunción a la Presidencia de la
República de Ricardo Lagos Escobar, la Mesa de
Diálogo llegó a un acuerdo, el Parlamento
aprobó una ley propuesta
por ella para encontrar los cuerpos de los desaparecidos, y el
otrora intocable Capitán General, ha sido desaforado
(esto es, le han quitado su inmunidad) como parlamentario, y
ahora deberá seguir enfrentando a la justicia.
El legalismo histórico de la sociedad chilena
lo graficaba Gabriel García
Márquez señalando a un grupo de
chilenos en el exilio que nuestro país era el único
en el mundo donde se vendían y compraban las leyes en las
calles. La arraigada costumbre cotidiana de hacer uso del
entramado jurídico – o de crearlo, en el caso de las
dictaduras- resulta, en efecto, un realismo
mágico conosureño para los analistas que no conocen
el país. Hasta las atrocidades cometidas por el
régimen de Pinochet, con muy escasas operaciones
encubiertas de inteligencia
pura, tuvieron Decretos o Leyes de los órganos de facto
encargados de la tarea legislativa. Junto a diarios, revistas y
golosinas, efectivamente se venden, en gruesos volúmenes
ordenados por numeración, fechas y temas, la
imaginación de los abogados pinochetistas para dar marcos
propios de un Poder
Legislativo inexistente a la Dictadura del
General.
Preámbulo necesario para entender el
círculo virtuoso contra la impunidad que se ha afianzado
en la coyuntura, y que marcará las relaciones
político-militares en ésta y otras etapas.
Explicación ineludible para nuestros largos y aburridos
párrafos y anexos legales, que en otras latitudes
resultarían un estorbo a la claridad
interpretativa.
Los puntos del círculo están, a nuestro
juicio, formados por la interacción de los siguientes
hechos y pronunciamientos:
- El Presidente de la República – poder
inconmensurablemente mayor que en los regímenes
presidenciales anglosajones de todo tipo- declara. a pocas
horas de asumir la Primera Magistratura, que será
voluntad inquebrantable de su Gobierno
respetar la autonomía del Poder Judicial. Tanto al grito
popular (¡Juicio a Pinochet!) como al lloriqueo de los
militares en retiro por los "vejámenes al Héroe
nacional, salvador de la Patria de las garras del marxismo–
leninismo", su respuesta fue inequívoca y reiterada:
dejar actuar a los jueces. Algunos lo interpretaron como un
"techo" de la acción de Lagos, cometiendo un error
. - Las Fuerzas Armadas están con sus planes de
modernización pendientes (Nuevo Avión de Combate
para la Fuerza
Aérea, Plan "Tridente"
y otros para la Marina, Plan Alcázar para el
Ejército, con fuerte gasto en sistemas de
armas de
tecnología avanzada). Su viabilidad
depende por entero del entendimiento que logren con el
gobierno, toda vez que tienen claro que no hay fuerzas para
salidas extraconstitucionales . Los empresarios se insertan en
el proyecto
laguista y la derecha política mira ya a
la elección de uno de los suyos el 2.006. Y cuando
pretendieron hacer el mínimo gesto de desobediencia
saltándose su papel de
subordinación al Jefe de Estado, el
Presidente Lagos sí les puso un techo. No ha lugar,
excúsense, sólo el debido canal, nada
públicamente, ninguna presión a otros
poderes. - El Poder Judicial ha cambiado en diez años de
Gobierno concertacionista. La inevitable ancianidad y las
jubilaciones ofrecidas, disminuyeron drásticamente la
presencia en los altos tribunales (las Cortes de Apelaciones y
la Corte Suprema) de los jueces comprometidos por acción
u omisión con el golpe militar de 1973 y el gobierno de
Pinochet. Esta burocracia
estatal de alta estimación pública en el pasado
busca corporativamente modernizarse y recuperar credibilidad
ante la ciudadanía. Sin presiones del poder armado, del
Ejecutivo y del Congreso, las correrías de la derecha
"dura" contra uno que otro Juez aparecen irrelevantes, y no
hacen más que alentar las voluntades de hacer justicia.
El supuesto "techo", pasa a ser un "piso", desde el cual se
abren, en interminable abanico, los juicios contra los
uniformados en retiro y en activo, incluido el desafuero a
Pinochet.
Esta es nuestra hipótesis principal. Veamos, pues,
cómo se comporta en la coyuntura.
1. La construccion
del circulo virtuoso contra la impunidad
Secuestro permanente
El primer tramo del cerco lo construye el Juez Juan
Guzmán Tapia, nombrado "Ministro Instructor" en las causas
que implican como autor intelectual a Pinochet. El Juez establece
la jurisprudencia
de que en los casos de detenidos desaparecidos lo que ha
ocurrido, en tanto no aparezcan los cuerpos, es un "secuestro
permanente", por lo que no cabe aplicar la Ley de Amnistía
de 1978 y, aunque se conozca a los culpables del
desaparecimiento, no es posible amnistiarlos y por lo tanto deben
seguir abierto los sumarios y continuar las indagaciones. El 12
de mayo del 2.000, la Sala Penal de la Corte Suprema, en el caso
del desaparecimiento del militante socialista Félix Vargas
Fernández, acoge el "recurso de Casación" ( esto
es, de nulidad) sobre el fallo de la Corte Marcial que
había cerrado el caso por considerarlo amnistiable. La
más alta magistratura del Poder Judicial reiteraba tres
pronunciamientos jurídicos fundamentales:
- Si no aparecen los cuerpos, lo que existe es una
"detención ilegal arbitraria ambulatoria" que no cabe
amnistar, que en derecho implicaba reconocer el "secuestro
permanente " esgrimido por Guzmán; y - La ley de Amnistía sólo puede aplicarse
a personas, y no a hechos, por lo que es necesario seguir
indagando "hasta agotar completa y exhaustivamente la investigación, con el objeto de
determinar con exactitud el destino y paradero de Félix
Vargas y la identidad de
los responsables de los ilícitos" (El Mercurio y La
Tercera, 13 de marzo de 2.000), que era lo que postulaba
también el Ministro Instructor. - El fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema del
20 de julio iba más lejos aún, pues ordenaba
investigar al Juez Guzmán en el caso de un desaparecido
cuyo cuerpo había sido encontrado en una fosa
común en Cauquenes, y que había sido ejecutado
los días posteriores al Golpe Militar (se trataba de
Claudio Arturo Lavín, primo-hermano del candidato de la
derecha a Presidente, Joaquín Lavín Infante).
Dicho de otra manera, el encuentro de los cuerpos, según
el poder judicial, no agota la investigación ni implica
la aplicación de la amnistía, hasta que se sepa
quiénes fueron los autores y en qué
circunstancias. (Qué Pasa, 24 de julio)
2. Delaciones de la
"Familia" y
"Caravana de la
Muerte".
El segundo cercado que empieza a construirse, es la
aparición de reiteradas acusaciones de militares en retiro
contra sus ex colegas, principalmente como manera de defenderse
de los delitos que se
les imputan. El caso más significativo en la coyuntura es
el llamado de la "Caravana de la Muerte", (pues
por él se tramitaba el desafuero a Pinochet) en el que se
acusa al General ® Sergio Arellano Stark y su comitiva de
haber cumplido instrucciones directas del Dictador para
ajusticiar a los detenidos en diversas localidades del
país (Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y
Calama), a las que se trasladaba en un helicóptero del
Ejército Tipo "Puma", después del 11 de septiembre
de 1973, lo que concluyó con la muerte comprobada de 72
personas. Algunas de las declaraciones más comprometedoras
son las siguientes:
-.el ex Comandante de la IV División del
Ejército y ex Jefe Militar de la provincia de Valdivia,
después del 11 de septiembre, General ® Héctor
Bravo Muñoz, declara que Arellano firmó en su
presencia la sentencia de muerte de trece militantes del Movimiento
Revolucionario de Izquierda (MIR) y que en el caso de tres de
ellos – que fueron fusilados- se hizo un simulacro de asalto a un
Retén (pequeña unidad) de Carabineros de Castro,
que nunca existió (La Tercera,10 de mayo de
2.000)
-.El General ® Joaquín Lagos, respondiendo a
una larga entrevista de
Arellano que lo inculpa de algunas de las muertes de la
"Caravana", declara que éste "pretende influir a la
justicia y convencer a la opinión pública de su
inocencia de los crímenes cometidos a lo largo de Chile
por personal a su
mando".. "no debe olvidar que 72 vidas son demasiado" (La
Tercera). El General Lagos, que fuera Comandante en Jefe de la I
División del Ejército con sede en Antofagasta,
agregó que el oficial "firmó sentencias de muerte
desde que ingresó a la zona juridiccional" de esa unidad
estratégica.( La Tercera, 10 de mayo de 2.000)
-.El Juez instructor realiza "careos" ( interrogatorios
cruzados) entre Arellano, los Coroneles ® Sergio Arredondo y
Marcelo Morén Brito y otros oficiales de menor
graduación, donde se habrían producido acusaciones
mutuas ( La Tercera, 17 y 20 de mayo de 2.000)
3. La Matanza de Corpus
Christi: homicidios calificados
El 15 y 16 de junio de 1987, en cinco puntos distintos
de la capital de
Chile, se produjeron 12 muertes con armas de fuego de dirigentes
desarmados supuestamente vinculados al Frente Patriótico
"Manuel Rodríguez" (FPMR). Durante todos estos años
el caso se mantuvo a cargo de la Justicia Militar, y lo
más que se había logrado era que estuviera a cargo
de un Juez civil. Pero el 1° de junio la Corte Suprema dirime
una contienda de competencia y
pasa el caso completamente al Sexto Juzgado del Crimen (civil),
al cambiar el delito tipificado
anteriormente como "violencia
innecesaria con resultado de muerte", por "homicidio
calificado". En el caso estaban implicados:
– Mayor ® Alvaro Corbalán Castilla
– Teniente Coronel ® de Carabineros Iván
Quiroz Ruiz
– Teniente Coronel ® de Ejército Krauz Bauer
Donoso
– Mayor ® de Ejército Rodrigo Pérez
Martínez
– Teniente ® de Ejército Jorge Vargas
Bories
– Oficial ® Ejército Iván Leopoldo
Cifuentes Martínez
A todos ellos se les acusó de ser los autores
materiales
(directos) de los crímenes, y se encausó como
cómplices a otros oficiales, suboficiales y detectives de
Investigaciones (Policía civil), por el
Ministro en Visita, Juez Milton Juica, quien establece
además que todos ellos pertenecían a la Unidad
Antiterrorista de la Central Nacional de Informaciones
(CNI).
4. El caso Tucapel: el
Teniente General Gordon Rubio y la C.N.I.
El 25 de febrero del presente año, la Corte de
Apelaciones de Santiago confirma la sentencia de primera
instancia de cadena perpetua del ex Jefe Operativo de la CNI y ex
Jefe del "Cuartel Borgoño", sitio de torturas y
desapariciones, por el asesinato del carpintero Juan
Alegría Mundaca. El crimen -propio de de los más
atroces de la historia negra de las
policías políticas–
se ejecutó para inculpar al modesto obrero de ser el
asesino de Tucapel Jiménez, para lo cual, el
parapsicólogo Osvaldo Pincetti Gac, alias "El Doctor
Tormenta", lo habría puesto en trance hipnótico
antes que Corvalán lo ultimara, y le habría
ordenado escribir una carta
póstuma donde se inculpaba del delito. Luego, el oficial
procedió a asesinarlo por estrangulamiento, simulando que
se había suicidado en una horca rudimentaria.
Corvalán estaba vinculado ya a los asesinatos de la
"Matanza de Corpus Christi" y a la de militantes del MIR
(Operación "Vega Monumental", junto al "Bocaccio", Mayor
de Ejército Carlos Herrera Jiménez), en la ciudad
sureña de Concepción. En este delito estuvo ayudado
por el Suboficial (r) de Carabineros, Armando Cabrera Aguilar,
quien ya estaba condenado por el asesinato con torturas del
transportista demócratacristiano Mario Fernández
López, en 1984.
A comienzos de mayo, trasciede en varios medios
informativos que el Ministro en Visita por el caso del
sindicalista asesinado en 1982, por buscar la unidad de los
trabajadores para defenderse de las políticas
económicas de Pinochet, había encauzado como
"encubridor" al Teniente General (r) Humberto Gordon Rubio, ex
Director de la Central Nacional de Informaciones (CNI, sucesora
de la DINA del General Manuel Contreras, preso en la
Cárcel Militar de Puntapeuco por el asesinato de Letelier
en Washington), y nada menos que ex miembro de la Junta de
Gobierno , el "poder legislativo" de la Dictadura.( El Mercurio y
La Tercera, 2 y 3 de mayo de 2.000)
El 4 de abril se empieza a abrir una caja de Pandora de
graves repercusiones en el Ejército.
El Ministro en Visita, Sergio Muñoz Gajardo,
somete a proceso al ex
Director de Inteligencia del Ejército (DINE), General (r)
Hernán Ramírez
Rurange, en calidad – ni
más, ni menos- de encubridor del asesinato del líder
Tucapel Jiménez. Se supo que el alto oficial estaba
detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones y que era la cuarta vez que se
le interrogaba. Estando a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional del
Ejército (DINE) en 1991, había proporcionado
personalmente pasajes para huir a Argentina al
Mayor (r) de esa arma, Carlos Herrera Jiménez, inculpado
de autor material del delito. Y cuando en 1993 se
desempeñaba como Comandante de la II División y
fungía de Juez Militar, había demorado el exhorto
por el que la justicia chilena pedía a Argentina la
extradición del mismo oficial oficial.(El Mercurio, La
Tercera y La Segunda, 3 y 4 de abril de 2.000)
El 16 de junio el Ministro Muñoz somete a proceso
al Mayor de Ejército Juan Silva Magnere, en servicio
activo en la institución, por "obstrucción a la
justicia". Se trataba de detener las constantes salidas de los
reos en el proceso confinados en unidades militares, dejando
claramente establecida su condición de reclusos. (La
Segunda, 17 de junio de 2.000) Al día siguiente agrega a
la lista de acusados de autores materiales el nombre del Mayor
(r) Juan Carlos Arriagada, ex agente de la DINE (El Mercurio, 18
de junio de 2.000).
Poco después, el detenido General (r) Humberto
Gordon Rubio, ex Director de la Central Nacional de Informaciones
(C.N.I) y ex miembro de la Junta de Gobierno que suplantaba al
Congreso, era careado con Corbalán por la Jueza Dobra
Luksic, instructora de la investigación de otros
dirigentes asesinados ese día. Trascendió que eran
ya 12 los agentes de la CNI declarados reos por estar
involucrados en estos crímenes, estableciendo la jueza que
el grupo antiterrorista operó "con plena libertad para
desplazarse en horas de toque de queda en varios
vehículos, con armamento de alto poder de fuego" y con
"nula reacción por parte de los entes competententes". El
sucesor de Gordon Rubio en la CNI, General (r) Hugo Salas Wenzel,
también se encontraba detenido como "encubridor de
ilegítima privación de libertad seguida de
homicidio " (El Mercurio, 11 de mayo de 2.000 y La Segunda, 4 de
mayo de 2.000). El 17 de mayo, en una declaración ante el
Juez Muñoz, deslindó toda responsabilidad frente al crimen ocurrido el 25 de
febrero de 1982, e inculpó a la Dirección de
Inteligencia del Ejército del hecho, señalando que
uno de los autores materiales era el ex agente de la DINE,
Suboficial (r)Manuel Contreras Donaire. Los demás eran el
Suboficial (r) Miguel Letelier Verdugo, el Mayor (r) Carlos
Herrera Jiménez y el Teniente (r) Raúl Descalsi. El
Juez Milton Juica, Ministro en Visita, buscó y
encontró documentos que
acreditaban que la Unidad Antiterrorista dependía
directamente de Pinochet (El Mercurio y La Nación, 16 de
junio de 2.000). El 15 de junio fallece el General Gordon. A sus
exequias asiste Pinochet. El 20 de junio, el abogado Fernando
Uribe-Etxeverría, a cargo de la defensa del fallecido
Gordon, entregó al Ministro en Visita Sergio Muñoz,
los documentos que, a su juicio, excluyen la participación
de la CNI e inculpan a la DINE, por expresa voluntad de su
defendido antes de morir ( La Segunda, 20 de junio y El Mercurio,
21 de junio de 2.000).
El 10 de julio trasciende a la prensa la
resolución del Magistrado del caso, en la que establece
quiénes fueron los autores intelectuales, qué
comando asesinó al sindicalista y cómo se
intentaron encubrir los hechos posteriores. El párrafo,
que inculpa a Inteligencia del Ejército y por lo tanto a
su Comandante en Jefe, es el siguiente: "las personas
indicadas… procedieron a enviar de hecho a un oficial de
Ejército que se encontraba con destinación
extrainstitucional a la CNI (pero que pertenecía) a la
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE),
específicamente a su organización ejecutiva, el Cuerpo de
Inteligencia del Ejército (CIE), actual Batallón de
Inteligencia, lo que cumplió, a lo menos los meses de
diciembre de 1981 y febrero de 1982, conformando con algunas
personas que laboraban en dicha estructura un
grupo especial, que con la información recopilada (…) como con
aquella que obtuvieron y actualizaron por sus propios medios, se
concertaron para privar en forma ilegítima de la libertad
a Jiménez Alfaro y posteriormente darle muerte (…) En
ese lugar (camino rural cerca de Santiago), obrando sobre
seguro y
premeditadamente, procedió a dispararle a Tucapel
Jiménez en cinco oportunidades en la cabeza…" (La
Segunda, 10 de julio de 2.000)
5. La Academia de
Guerra
Aérea: otro Miembro de la Junta de Pinochet.
La Jueza Raquel Lennanda, a cargo de la investigación
de la desaparición y muerte de personas presas en la
Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile (AGA),
declara reos como autores al Comandante ® de Aviación
Ramón Cáceres Jorquera ( apodado el "Comandante
Matamala") y al ex Jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza
Aérea (SIFA), Coronel ® Edgardo Ceballos Jones. La
Jueza establece en su relación que ambos eran las cabezas
de un "Comando Conjunto" de las cuatro instituciones
implicadas en el Golpe Militar, que operaba como organismo
paralelo a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),
para desarticular al Partido Comunista y al Movimiento de
Izquierda Revolucionario. La jueza investigaba inicialmente una
desaparición y muerte, la del militante comunista Luis
Baeza Cruces. El problema mayor lo constituía para la FACh
que el Director de la AGA era, a la sazón de los hechos,
el General Fernando Matthei, quien fuera posteriormente
Comandante en Jefe de la institución y miembro –
también – de la Junta de Gobierno.
La Mesa De Dialogo
¡Oh,incompetencia!
Nunca mis sueños saben engendrar
la apetecida fiera.
Aparece el tigre, eso sí, pero disecado
o endeble,
o con impuras variaciones de forma,
o de un tamaño inadmisible,
o harto fugaz,
o tirando a perro o a pájaro.
Jorge Luis Borges
(El Hacedor. 1960)
El Contexto
La situación política chilena y las fuerzas
internacionales que en ella actúan, se vieron fuertemente
remecidas por la inesperada detención del Senador
Vitalicio General (r) Augusto Pinochet Ugarte, ex Comandante del
Ejército y Presidente de facto de la República de
Chile, en la capital de Gran Bretaña, el 16 de octubre de
1998. Confinado primero en la London Clinic, pasando por una
breve estadía en un Hospital Psiquiátrico y luego
en una casa del barrio londinense de Virginia Waters, quien fuera
el articulador del bloque hegemónico que gobernó el
país durante el período dictatorial, formado por
las transnacionales. el gran empresariado nacional antiguo y
nuevo, los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y los
políticos de la derecha militarista , desaparece
abruptamente del escenario. Las primeras reacciones frente a la
orden emanada del Ministerio del Interior del Gobierno laborista
de Tony Blair, fueron automáticas. Sin medir lo que
venía, aquellos que durante más de dos
décadas se alinearon bajo la batuta del Capitán
General, expresaron unánimemente su repudio a la
acción legal desencadenada por el Juez español
Baltazar Garzón y rasgaron vestiduras con estruendo, por
el desacato al "Héroe Nacional" y por la "soberanía pisoteada". Pero luego de los
frecuentes charters a Londres y de las manifestaciones de un
pequeño grupo de señoras frente a las embajadas de
España
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los
grupos
económicos y sus mass media, las instituciones de la
Defensa y los partidos de la Derecha tuvieron que convencerse que
el patriarca estaría ausente un largo tiempo y
había que hacer política sin la unanimidad que
él generaba entre ellos y sin el temor que su influencia
irradiaba hacia la sociedad, el Gobierno y la Concertación
de Partidos por la Democracia, y
los demás grandes y pequeños actores de la
política nacional. Los gobiernos de Europa se
apresuraron a apoyar la acción contra el General – ya
condenado entre sus pueblos por sus crímenes de lesa
humanidad como un nuevo "Hitler",
más allá del dictador de las populares novelas
latinoamericanas- y a aprestar sus propias acciones
legales para impedir su retorno a Chile, considerado terreno
seguro para la impunidad, con un Poder Judicial que fue
obsecuente y venal con la tiranía y lo seguía
siendo con el Tirano. Lo mismo hicieron las fuerzas
políticas y sociales progresistas del mundo entero. El
Gobierno norteamericano, paralogizado al comienzo por las
crisis del
Presidente William Clinton, no pudo permanecer impasible mucho
tiempo. Ya nada fue igual que antes. Sana ironía del
destino: el Dictador que tan curiosamente para ojo externo
había perdido parte de su poder por un Plebiscito llamado
por él mismo para perpetuarse, el que construyó
casamatas legales y políticas inexpugnables para seguir
dirigiendo el país desde la Comandancia en Jefe del
Ejército y luego desde el protegido fuero del Senado de la
República, por un error inexcusable, cambiaba el curso
probable de la historia de la transición chilena. El azar,
esa "diosa veleidosa" de la Guerra y de la Historia – en el decir
de Karl von Clausewitz- obligaba a reconstruir colectivamente el
libreto de la dictadura inconclusa. El Gran Escribano no estaba,
y era un dato de todas las causas.
La razón principal de que tantas fuerzas
disímiles hayan concluído apoyando el 21 de agosto
de 1999 un "mecanismo" o "artefacto" político denominado
la Mesa de Diálogo, es la detención en Inglaterra del
"Paciente Inglés"
y el juicio de extradición que por meses lo retuvo en ese
país.
Las instituciones de la Defensa Nacional y el Orden
Público, sin abandonar sus presiones para que el Gobierno
lograra el regreso de su anciano líder, siguieron su
propia dinámica. Los procesos de
modernización continuaban su marcha, con tiempos y
alcances distintos en el Ejército, la Marina y la Fuerza
Aérea. Carabineros de Chile también quería
aggiornarse para responder a la demanda
ampliamente mayoritaria de "seguridad
ciudadana". El entendimiento con el Gobierno era un requisito
sine qua non. Se aprecia un Alto Mando de las fuerzas navales con
gran autonomía para presentar sus propuestas
estratégicas, sus proyectos de
renovación tecnológica y de la Armada y con cada
vez más figuración política del Almirante
Jorge Patricio Arancibia, transformado en los hechos en vocero
del sector castrense.
El Gobierno del Presidente Frei Ruiz- Tagle, afrontaba la
crisis Pinochet en medio de una recesión económica
de proporciones. Desde el punto de vista del ciudadano
común, con la caída del alza de salarios, el
encarecimiento del crédito, el incremento de la tasa de
cesantía y la disminución de las exportaciones,
con una fuerte contracción de la demanda, el país
se veía mal y no se auguraba una salida pronta. Las tantas
veces voceadas cifras eran decidoras. El PIB
caía del 7.6 % en 1997, a 3.4 en 1998, para ser negativo
(- 1.1%) en 1999. La Tasa de Inversión Anual como porcentaje del PIB
disminuía de 11.5 a -1.4 y -3.5 % (1997,1998 y
1999,respectivamente).El desempleo, que se
había mantenido en rangos aceptables en 1987 y 1998 (6.2 y
6.1 %), sube hasta superar el 12 % en 1999. Todavía pesaba
en las mentes de los conductores oficialistas , las elecciones
parlamentarias de diciembre de 1997, que habían sido un
duro revés para el sistema
político y para la coalición gobernante , la
Concertación. Los resultados permitían constatar
una creciente desafiliación de los chilenos a la
política . Según datos del
Servicio Electoral, un millón 500 mil ciudadanos con
derecho a hacerlo, no estaban inscritos en los registros
electorales, de los cuales 960 mil eran jóvenes. De los 8
millones de inscritos, se abstuvieron en ellas más de un
millón 100 mil y votaron en blanco 300 mil. Los votos
nulos ( que en su gran mayoría eran anulados con leyendas
antipolíticos), bordearon el millón de ciudadanos,
10 puntos porcentuales más que hacía 6 años.
Si se sumaban los no inscritos, los que se abstuvieron y los que
votaron en blanco o anularon su voto, se llegaba a la suma de 3
millones 890 mil personas, que correspondían al 40.45% del
universo
electoral posible. Esta situación perjudicaba a todos los
partidos, con la excepción de los comunistas, que
subían apenas 40 mil votos y la UDI, con unos 4 mil votos
más. La Concertación perdía 5 puntos
porcentuales. La más perjudicada era la Democracia
Cristiana, pues no sólo bajaba sobre 4 puntos, sino que
era superada por el "eje progresista" PPD-PS. En la derecha, la
UDI triunfaba ampliamente sobre Renovación Nacional,
especialmente sobre el sector "liberal". Este partido
subía 2.32% de los votos válidos, aumentando de 14
a 17 sus diputados y de 3 a 15 sus senadores.
La Concertación arrastraba una deuda pendiente – por
vetos en el Senado- respecto a las violaciones a los Derechos Humanos
durante la Dictadura, puestas al debate
público desde la detención del General. Siguiendo
con los avances e intentos fallidos de Aylwin, el Gobierno de
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desde la campaña electoral de
1993, se había comprometido con "la verdad y la justicia"
en materias de Derechos Humanos. En su
primer mensaje al Congreso Pleno, el Presidente dijo
textualmente, el 21 de mayo de 1994:
" La verdad y la justicia son condiciones centrales de la
convivencia democrática. El Decreto Ley de Amnistía
de 1978 ha sido un obstáculo para el esclarecimiento de
los crímenes contra los Derechos Humanos. Reiteramos
nuestra decisión de buscar un amplio consenso y
convencimiento nacional que nos permita avanzar hacia el
cumplimiento de los objetivos de
verdad y justicia".
La justicia "en la medida de lo posible", que planteara el ex
Presidente Aylwin, debía ser sobrepasada, y nadie dudaba –
en el gobierno, en las FFAA y en las oposiciones de derecha y de
izquierda- que el tema central y emblemático era el caso
de los "detenidos desaparecidos". Luego de intentar unas reformas
constitucionales y legales que incluían avances
procedimentales para establecer el paradero de las cuerpos de los
desaparecidos (los acuerdos Otero-Figueroa), de nuevo el Senado-
con los votos de los "duros" de Renovación Nacional que
desobedecieron las órdenes del Consejo General del
Partido- fracasaron estrepitosa (y anunciadamente) en 1996. Sin
medios de
comunicación de masas atacado desde la derecha por
prensa, radio y televisión
por el "desastre" económico, acosado con denuncias
cotidianas en temas de alta sensibilidad en la gente común
como la salud, la
delincuencia y
las drogas, el
gobierno veía fracasar su política de acercamiento
hacia las Fuerzas Armadas por la prolongación de la
prisión de Pinochet en Londres. Los que querían
estar vigentes en 2.006 para un nuevo período, no
sólo no lo lograrían, sino que parecían
exponer a una derrota al candidato de la Concertación.
En el Poder Judicial, la renovación que
señalamos al comienzo, traía cambios insospechados.
Las decenas de querellas presentadas por los familiares de los
desaparecidos, los ejecutados, los muertos en torturas, los
ajusticiados, no sólo dejaban de ser enterrados en la
Justicia Militar, sino que avanzaban con inusitada fuerza. Los
Ministros civiles Instructores, en Visita, de Fuero y otras
calidades investigativas, configuraban delito tras delito y
empezaban a interrogar a los sospechosos de ser autores
intelectuales y materiales, y a sus encubridores. ""Secuestro
permanente" en vez de desaparición: "homicidio calificado"
en vez de uso abusivo de la fuerza; no amnistiar "hechos" sino
"personas condenadas", fueron algunas de las figuras
jurídicas de preámbulo de lo que se llamara
eufemísticamente el "desfile militar" por los Juzgados.
Generales, Comandantes, y otros Oficiales, en su mayor parte del
Ejército, iban y venían por los pasillos de las
cortes, y algunos de ellos eran declarados reos . La burocracia
judicial del Estado, otrora pilar del sentido común
legalista del Chile ,quería recuperar su sitial, borrando
su imagen de
testaferro dictatorial.
En la derecha política, la popularidad en crecimiento
del Alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, alentaba
cada vez más la posibilidad de lograr la Presidencia de la
República para uno de los suyos. Sabido es que el en el
régimen presidencialista chileno ello implicaba la
rearticulación del bloque dictatorial, pero legitimado por
el voto popular. Las encuestas –
tan caras a este sector político- señalaban una
creciente apatía por la "causa" del Dictador y una
reducción del pinochetismo a cerca del diez por ciento de
las adhesiones. La "moneda de cambio" con el
empresariado volvía a ser la histórica, esto es, el
logro del premio mayor de la Rama Ejecutiva del Estado.
Los grupos económicos y las organizaciones
empresariales (especialmente la Confederación de la
Producción y el Comercio– CPC-
y la Sociedad de Fomento Fabril-SOFOFA) reclamaban no tanto por
la recesión, como por la imagen de inestabilidad que
arrojaba el país para inversionistas y compradores
externos. Su problema era la ingobernabilidad del modelo,
más patente con la ausencia del Gran Gobernante y la falta
de conducción gubernamental ante la crisis
El Gobierno de EEUU, empeñado en una campaña de
dignificación de la Presidencia gravemente dañada
por los juegos
sexuales de William Clinton en la Oficina Oval de
la Casa Blanca, difundidos profusamente y sin censura por largas
semanas por Televisión, Radio y Prensa escrita, hace
trascender la posibilidad de reactivar el juicio por el asesinato
del ex Canciller de Allende, Orlando Letelier, en Washington,
tipificado ahora como "el único acto de terrorismo en
tierra
norteamericana no llevado hasta el final". A los especialistas en
América
Latina del Departamento de Estado les empieza a preocupar que
la crisis desatada por Pinochet se escape del dominio
gubernamental. Y también que la imagen de impunidad que
proyecta Chile no eternice al ex aliado en Europa, complicando de
nuevo con un issue chileno la campaña de Gore y Bush por
la Presidencia de los EE.UU. La CIA y voceros de la "comunidad de
Inteligencia" dan a conocer lo que denominan la primera parte del
comprometimiento norteamericano en Chile (durante los gobiernos
de Frei Montalva y Allende), que seguirían con los
documentos de la colaboración norteamericana en la
represión en Chile, incluido al menos los casos de dos
norteamericanos presos desaparecidos después del
Golpe.
Todos ellos confluían en un punto: hay que romper la
imagen de una oposición inflexible y divergente entre los
partidarios de la justicia y las Fuerzas Armadas, como manera de
hacer posible el retorno del Dictador y moligerar el
comprometimiento del Gobierno, que pasa de defender "principios" a
defender a la "persona" de
Pinochet.
Por último, las Agrupaciones de Familiares y los
Abogados de Derechos Humanos, acompañados decididamente
por el Partido Comunista y desde lejos por la Iglesia
Católica – que prefirió actuar desde el silencio
público- siguieron con mayor audiencia nacional su
incansable lucha por encontrar los cuerpos de sus deudos y por
reclamar verdad y justicia. El "tema", otrora molesto para el
Gobierno de Frei y para los medios, se transformó en un
problema de debate cotidiano.
SURGIMIENTO DE LA MESA DE DIALOGO
Entrevista al ex Ministro de Defensa y ex Embajador de Chile
en Argentina, Edmundo Pérez Yoma
-¿Cómo surgió la idea de la mesa de
diálogo?
"- En el intertanto que estuve como embajador en Buenos Aires
tuve tiempo para pensar y vi que uno de nuestros problemas
más dramáticos era que mientras no se hiciera un
intento serio por encontrar los cuerpos de los detenidos
desaparecidos, la reconciliación en Chile iba a ser
difícil. Mil detenidos desaparecidos son muchos y son
más que los desaparecidos que hay en la guerra del IRA o
la ETA. Se trata de una cantidad muy importante, grande e
injustificable.
Y lo que gatilla en mí la posibilidad de que una mesa
podía funcionar fue cuando, a la salida de la
Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Almirante
Arancibia dijo que el país tenía que entender que
las Fuerzas Armadas no tenían información al
respecto, pero que quizás ellos estaban en las mejores
condiciones de poder reconstituir la historia. Sus palabras
dieron una luz de
esperanza potente.
–Luego el Almirante dijo que sería bueno elaborar
una comisión de hombres buenos y notables…
"- Y dijo que esa instancia podía recibir
información.. Entidad en la que, según
precisó, los Comandantes en Jefe estarían
representados. Ahí vi que había ambiente.
Haciendo memoria de los
acontecimientos que dieron vida a la Mesa, Pérez Yoma
que " anteriormente, cuando ya había sido nombrado de
nuevo Ministro de Defensa, pero estaba yendo y volviendo de
Buenos Aires a buscar mis cosas, en uno de esos viajes me
acompañó Luciano Fouilloux. Con él
elaboramos una larga lista de cosas que teníamos que
hacer y empezó a tomar cuerpo la idea de formar una mesa
de trabajo". Y agrega: "Luciano es una persona muy importante
en esto; en la conformación de la Mesa, en obtener
apoyo, en los contactos iniciales, con las fuerzas morales, con
la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la
comunidad judía".
– En esta etapa, ¿el mayor nivel de relaciones la
tuvo con Arancibia?
"- No; hubo varias conversaciones con los Comandantes en
Jefe, individualmente y en conjunto."
El verano chileno de 1999 (enero y febrero) parece haber sido
productivo en preocupaciones sobre las violaciones a los Derechos
Humanos. Según trascendidos posteriores (Qué Pasa,
29 de mayo y 19 de junio de 199 y El Mercurio del 12 de junio de
2.000), por razones diversas se buscaban en lugares distantes en
el escenario político, algunos avances sobre una
situación que tenía entrampado al gobierno, a la
oposición y a las Fuerzas Armadas .De un lado, el
Presidente de la UDI convocaba a un grupo de expertos de su
partido para prepararle una iniciativa legal que superara los
problemas no resueltos, especialmente el de los detenidos
desaparecidos, que fuera aprobado tanto por los "duros" del
parlamento, representados por el PS, como por los militares
más renuentes por su defensa del régimen militar,
representados por el Ejército. Por parte del candidato del
eje PS-PDD, Ricardo Lagos, existía también a lo
menos un dirigente encargado de mantener relaciones sobre el
tema, el actual Ministro Alvaro García (El Mercurio, 12 de
junio de 2.000), mientras por el Gobierno llevaba el delicado
asunto el Ministro del Interior, Raúl Troncoso y por la
Iglesia Católica, el Arzobispo de Santiago , Cardenal
Francisco Javier Errázuriz.
El 18 de marzo, el Presidente de la UDI reconoce la existencia
de contactos informales entre la Iglesia, la Derecha y sectores
oficialistas: " Todos hemos tenido conversaciones públicas
y privadas con la Iglesia Católica" " Y ante la pregunta
si ve posible un acuerdo en Derechos Humanos, responde: "Yo lo
siento mucho más cercano, porque creo que se van creando
climas y momentos para las cosas. Además, percibo que
pueden darse momentos muy importantes" (La Tercera, 18 de marzo
de 1999, pág. 2). No extraña entonces que el 21 de
marzo el candidato de la oposición de derecha,
Joaquín Lavín, declare que ha aceptado "acoger el
planteamiento de Renovación Nacional" en materia de
Derechos Humanos pero- según el diputado Alberto Cardemil-
"pidió que se estudie la oportunidad y forma en que se van
a realizar, para impedir una nueva fustración como ha
ocurrido hasta ahora" .(El Mercurio, 21 de marzo de 1999, p.
C-2)
Trascienden conversaciones informales entre representantes de
la Marina y el Gobierno, por un lado, y entre el Ministro del
Interior y la UDI, por otro, para hablar sobre el tema. Se
escribe a la vez sobre el "acuerdo secreto entre Lagos y
Lavín" para superar el problema antes de la recta final
eleccionaria presidencial (Qué Pasa, 6 de marzo de
1999)
El 1 de marzo el presidente de la Corte Suprema, Juez Roberto
Dávila, había declarado, en su discurso
inaugural del Año Judicial" "Espero que la Cámara
de los Lords, constituída en tribunal, va a resolver
positivamente la situación jurídico-procesal que en
ese país afecta al ex Presidente de la República y
actual Senador Vitalicio, don Augusto Pinochet Ugarte" (La
Tercera, 2 de marzo de 1999, pág. 2) . Las esperanzas de
Dávila, compartidas por el Alto Mando del Ejército,
se basaban en gestiones privadas del Vaticano ante Gran
Bretaña (La Tercera, 18 de febrero de 1999) y una serie de
cartas
enviadas al gobierno inglés por influyentes
políticos nortamericanos (Henry Kissinger, Jessie James,
Presidente del Foreing Commitee del Senado, George Bush padre y
otros.) (El Mercurio, 7 de marzo de 1999), que pudieran revertir
el dictamen del Ministro del Interior del Gobierno de Blair, Jack
Straw, que el nueve de diciembre del año anterior
había resuelto dar curso nuevamente al proceso de
extradición a España del General retenido en
Virginia Waters. Pero el 24 de marzo de 1999, la comisión
de Lords de la Ley, a través de su Presidente Lord
Nicholas Browne-Williamson, dio a conocer su fallo que no
reconocía la inmunidad diplomática de Pinochet y
que estableció que el proceso de extradición debe
seguir su curso, pero sobre delitos contemplados en la
Convención Internacional contra la Tortura, firmada por
Pinochet el 30 de septiembre de 1988, y sólo a partir de
esa fecha. En los hechos, implicaba que el General
seguiría en Londres un largo tiempo, salvo que en varios
meses más (algunos juristas señalaron que
podían ser dos años) el Ministro Straw se desdijera
de las razones legales que esgrimió para dar curso al
proceso, o aplicara razones "de clemencia" (humanitarias) ( El
País, 2 de marzo de 1999; El Mercurio, La Tercera, 2 y 3
de marzo de 1999). Los acontecimientos se precipitaron
posteriormente. La reunión del Consejo de Seguridad
Nacional (COSENA) demostró la irritación militar
(El Mercurio, 26 y 27 de marzo de 1999); la comparecencia del
Canciller Insulza a una reunión de Jefes de Bancadas
citada por el Presidente de la Cámara, diputado Carlos
Montes, no logró acuerdo alguno con los partidos (La
Tercera, 25 de marzo de 1999). Y si bien la muerte del Cardenal
Raúl Silva Henríquez (9 de abril), con las
manifestaciones de dolor popular por la pérdida del
principal defensor de los Derechos Humanos durante el
régimen militar, trajo unos días de calma , ya el
29 de abril el Ejército inicia un Seminario para la
oficialidad y sub-oficialidad joven sobre "El rol del
Ejército en el Gobierno Militar. Más de 1.200
uniformados escuchan decir al Coronel (Justicia) Hernán
Novoa que "no hubo una política sistemática de
violación a los Derechos Humanos" y que las FF.AA. " no
pueden pedir perdón por comportamientos individuales" (La
Tercera, 20 de abril de 1999).
Las primeras señales de una nueva disposición de
los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas, la conoció la
opinión pública luego de la comparecencia a la
Comisión de Derechos Humanos del Senado de los Auditores
Generales de las tres instituciones de la Defensa y de
Carabineros de Chile, el 9 de junio de 1999. El Contralmirante
Armando Sánchez (Marina) y el General Pablo Canals (Fuerza
Aérea), señalaron su disposición a cooperar
en la búsqueda de información sobre los detenidos
desaparecidos, acompañados en forma algo menos
explícita por el General Juan Romero (Ejército) (
El Mercurio y La Tercera, 10 de junio de 1999). Según la
revista
Qué Pasa ( 19 de junio de 1999), el antecedente remoto
estaba en los planteamientos del Almirante Jorge Arancibia,
Comandante en Jefe de la Marina, quien, diagnosticando
certeramente el ambiente de acercamiento civil-militar provocado
por el acuerdo del Senador Vitalicio General ® Augusto
Pinochet con el Presidente del Senado, Andrés
Zaldívar , que suprimía el feriado legal del 11 de
septiembre, así como un período de calma social y
política en el país, había propuesto en
privado a sus pares de las instituciones armadas, a personeros
del Gobierno y de la Iglesia, la idea de crear una
comisión de "hombres notables y buenos" que recibiera los
datos sobre el desaparecimiento de opositores al régimen
militar, sin miedo a posteriores acciones judiciales. El
Almirante hace público esa idea en la misma
comisión de la Cámara Alta el 16 de junio), y se
reúne con los otros tres Comandantes en Jefe ese mismo
día (El Mercurio, La Nación, La Tercera, 17 y 18 de
junio).Por su parte, el Presidente de la Cámara de
Diputados, Carlos Montes, reunía a un grupo de expertos
sobre Derechos Humanos, también en forma privada, para
conocer .- según las fuentes por
encargo del Comando de Lagos- los límites aceptables a una
propuesta de solución como las que circulaban
confidencialmente en los círculos nombrados. (Qué
Pasa del 19 de junio de 1999).
El lunes 21 de junio se produce el cambio de Gabinete
realizado por el Presidente Frei Ruiz-Tagle. Asume como Ministro
de Defensa el ex Ministro de esa misma cartera y ex Embajador en
Argentina, Edmundo Pérez Yoma , el Canciller José
Miguel Insulza asume la Secretaría General de la
Presidencia y es reemplazado en la conducción de la
Política Exterior por Juan Gabriel Valdés Soublette
(El Mercurio, 22 de junio de 1999). Se señala que el
traspaso de la Cancillería facilita un mayor
comprometimiento del Gobierno para lograr el regreso de Pinochet
y abre una nueva etapa de diálogo con las Fuerzas Armadas,
toda vez que Pérez Yoma mantiene excelentes relaciones con
sus mandos y les da la confianza de una adecuada
representación del pensamiento
institucional ante el Presidente. Además, la gestión
como Embajador anota acuerdos comerciales, políticos y
militares con Argentina, del todo trascendentes para las Fuerzas
Armadas (El Mercurio, 27 de junio de 1999, La Nación, 24
de junio de 1999 y Qué Pasa,26 de junio de 1999).A los
pocos días, se da cuenta de que ha sido llamado como
Asesor del nuevo Ministro el ex Subsecretario de Guerra, Mario
Fernández (El Mercurio, 27 de junio), quien había
jugado un importante papel en los dos gobiernos de la
Concertación actuando como nexo con las Fuerzas
Armadas
El 13 de julio el Ministro de Defensa anuncia a sus asesores
que el Presidente ha nombrado como Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea al General Patricio Ríos Ponce,
noticia que trasciende a la prensa al día siguiente (El
Mercurio, 14 de julio de 1999 y Que Pasa, 17 de julio de
1999)
El sábado 20 de julio la Segunda Sala de la Corte de
Apelaciones rechazó los recursos de
amparo
presentados por los cinco oficiales en retiro procesados por el
caso conocido como "Caravana de la Muerte". La decisión
significaba en derecho una aprobación de la
interpretación de la Ley de Amnistía de 1978
propiciada por el Ministro de Fuero que acumula los casos contra
Pinochet, Juez Juan Guzmán Tapia, que consideraba a los
detenidos desaparecidos como "secuestros permanentes" mientras no
aparezcan los cuerpos. (El Mercurio ,22 de julio de 1999). Esta
situación habría sido el punto tratado en reuniones
de los Comandantes en Jefe con el Ministro de Defensa, toda vez
que en las últimas semanas habían pasado por los
Tribunales catorce generales (la mayoría en retiro) y que
habían cerca de 300 causas en estado de sumario
(investigándose) (Qué Pasa, 31 de julio de
1999)
El 31 de julio, la revista Qué Pasa, hace trascender la
realización de tres reuniones del Almirante Arancibia con
el Ministro Pérez Yoma, para tratar su propuesta de
comisión de "hombres buenos" . El medio, habitual vocero
de los intereses del Ejército, agrega que " fuentes
castrenses señalaron que la Armada no puede asumir esta
posición en circunstancias que fue tan protagonista del
golpe de
Estado y de los "hechos posteriores" como el resto de las
ramas de las Fuerzas Armadas. Los militares, además,
observaron que el rol de mediador no correspondía a
personalidades castrenses, lo que motivó el rápido
desmentido de la Marina" (Qué Pasa, 31 de julio de 1999,p.
6)
El l5 de agosto el Ministro Pérez Yoma se reúne
con los abogados vinculados a la Fundación de Ayuda Social
de las Iglesias Cristianas (FASIC) – como Nelson Caucoto,
Héctor Salazar y Pamela Pereira- donde se habrían
logrado avances sustantivos en torno a una
fórmula sobre los detenidos desaparecidos. (Que Pasa, 7 de
agosto de 1999 y El Mercurio 6 de agosto de 1999). Un día
antes se habían conocido las declaraciones del Comandante
en Jefe del Ejército, que al ser requerido sobre "por
qué no una mesa de diálogo sólo con las
Fuerzas Armadas y los militares", había respondido: "Por
la simple razón de que esa no es una mesa de
diálogo. Porque existen personas que están buscando
a sus familiares desaparecidos, que necesitan saber lo que
pasó, y es muy loable que quieran saberlo. Pero qué
puedo decirles yo a esas personas si el Ejército no posee
información. Eso es algo que he repetido incansablemente."
Y requerido respecto a si" no le gusta hablar de 'mesa de
diálogo", señaló: " No es que no me guste ni
que esté en contra, pero por forma de ser, por
carácter, los militares tendemos a solucionar los
problemas y no a medias. . Y creo que si realmente tenemos todos
la voluntad de hacerlo, esto puede resultar" (Qué Pasa, 14
de agosto de 1999, pág. 21). Por esos días, tanto
el Partido Comunista como la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, a través de sus voceras
máximas Gladys Marín y Viviana Díaz,
respectivamente, habían desechado su participación
en una instancia con representantes de las Fuerzas Armadas. (El
Mercurio, 18 de agosto de 1999) Según diversos
trascendidos, los Abogados de los Familiares exigían sacar
al "mundo político" para quitarle el sesgo de "negociación", y los militares
exigían que estuvieran "todos los estamentos",
incluídos los partidos de la ex Unidad Popular. (
Qué Pasa, 21 de agosto de 1999)
El sábado 21 de agosto, el Ministro Pérez Yoma
instalaba la Mesa de Diálogo.
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