Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones 1969-2000 (página 2)

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Capítulo
5

JAIME LUSINCHI

2/2/1984 – 2/2/1989

El gobierno del
Doctor Jaime Lusinchi corresponde al período
constitucional 1984-1989; es el sexto gobierno del
sistema
democrático iniciado en 1958. Jaime Lusinchi (JL) fue el
candidato de AD en los comicios que se realizaron el 4/12/1983.
Triunfó con 3775341 votos (56,5%), mientras que el
candidato de COPEI, Rafael Caldera obtuvo 2298176 votos (30,6%).
El triunfo de AD en las tarjetas
pequeñas también fue holgado, obteniendo 113
diputados y 28 senadores, lo que le otorgó al gobierno una
mayoría sólida en ambas cámaras.

Seis meses después, el 27 de mayo de 1984, se
realizaron las elecciones municipales, las cuales arrojaron como
resultados un 66% de los votos para el partido AD y 23,7% para
COPEI. Puede decirse que el electorado colocó en manos del
partido AD todo el poder
necesario para que este pusiera en práctica su respuesta a
la crisis que
padecía la sociedad
años atrás y que se agravó en el
último año de gobierno de Luis Herrera
Campins.

Los primeros pasos del gobierno (1984-1985):

Pese a la abrumadora victoria, JL inició su gestión
de gobierno, el 2 de febrero de 1984, con palabras que reflejaban
modestia y conciliación. Le tocaban tiempos
difíciles, pues hacía un año que la moneda
había sido devaluada, primer símbolo del
estremecimiento de la economía sustentada
en la renta petrolera. Los signos monetarios, fiscales y
económicos eran negativos y existían
contradicciones radicales entre las autoridades monetarias y las
fiscales sobre los métodos
para resolver la crisis, lo que
contaminaba el ambiente
ahondando la incertidumbre. Las fallas en los servicios
públicos y la corrupción
administrativa hecha pública contribuían a
oscurecer el panorama. A todo esto se agregaba el problema de la
deuda interna y externa que daba un relieve
dramático a la coyuntura, al reducir las posibilidades de
implementar soluciones.

El día de la toma de posesión Lusinchi
reafirmó su promesa electoral de ser el presidente que
siempre hablaría con la verdad. Al referirse al problema
de la deuda externa
afirmó que "Venezuela
pagará todo lo que debe, hasta el último centavo";
insistió en lo apremiante de una reforma integral del
Estado para
"redimensionarlo y restituir su jerarquía" y
reiteró la necesidad del "pacto social", ofrecido durante
su campaña electoral, para sanar las heridas y alcanzar
una distribución más equitativa de la
riqueza. En ese discurso
inaugural desarrolló su percepción
del problema de la corrupción, a la cual caracterizó
como una cultura de
gran arraigo derivada de la renta petrolera, asegurando que su
gobierno daría ejemplo de honestidad. Sobre
política
exterior prometió la solidaridad como
una obligación hacia América
Latina. El discurso tuvo
una acogida favorable en la opinión pública, a tono
con las expectativas del momento, y concordante con la imagen que de
Lusinchi tuvo la población durante la campaña
electoral.

El discurso de toma de posesión fue complementado el 24
de febrero con el anuncio del conjunto de medidas
económicas que guiarían su acción de
gobierno. Se establecieron 4 tipos diferenciales de cambio: el Bs.
4,30 por dólar, fijado por LHC un año antes, se
mantuvo dándole como fecha máxima de vigencia el
mes de diciembre de 1985; se otorgó sólo para el
pago de las cuotas de capital de las
deudas externas, para los estudiantes en el exterior y ciertos
alimentos
esenciales y medicinas determinados por una resolución
previa del Ministerio de Hacienda. El dólar a Bs. 6 se
concedió para la compra y venta de divisas
de los sectores petroleros y del hierro, el de
Bs. 7,50 para las transacciones comerciales y financieras de los
sectores público y privado, así como para el
servicio de la
deuda. Para las actividades restantes, el dólar
fluctuaría de acuerdo con la demanda.

En cuanto política de precios, se
mantuvo el sistema
administrado de precios que
venía de la gestión
anterior. En materia
petrolera, se anuncio la voluntad de devolverle autonomía
financiera a la industria para
asegurarle sus inversiones y
futuro desarrollo, y
se anunciaron próximos aumentos del precio de la
gasolina y otros derivados del petróleo.
Poco después el precio de la
gasolina se fijó en Bs. 1,20 la alta y Bs. 0,80 la
baja.

En el campo financiero, se anunció una baja
drástica de las tasas de interés y
el pago en breve de las deudas del Estado, sobre
todo aquellas contraídas con los agricultores y
pequeños y medianos empresarios. En la búsqueda de
un equilibrio
social, se anuncio, entre otros, un bono compensatorio de
transporte de
Bs. 100 mensuales para los asalariados de menos de Bs. 3000
mensuales durante un período de 2 años; el
establecimiento de comedores industriales y la promesa de
incrementar en un 10% la nómina
de las empresas para el
próximo semestre. Por otra parte, se ordenó a los
ministros revisar sus programas para
reducir los gastos de
funcionamiento.

Se anunciaron algunas medidas tendientes a estimular el
desarrollo
agropecuario entre ellas elevar el aporte de la banca privada a
la agricultura a
un 22,5% de sus carteras crediticias. El presidente
recalcó la onerosa cifra de la deuda, que ubicó en
los Bs. 175.000 millones, un endeudamiento, dijo, muchas veces
contraído al margen de la ley, y
reiteró que se estableciera la verdad sobre el mismo.

En septiembre de 1984 el presidente anunció desde New
York, donde se encontraba para pronunciar un discurso ante la
Asamblea General de la ONU, un acuerdo
con la banca
internacional mediante el cual se establecían las bases
para un convenio de financiamiento
de la deuda externa y a
fines de noviembre, Cordiplan presentó al Congreso los
"Lineamientos generales del VII Plan de la
Nación". La presentación del VII Plan
desató fuertes críticas y polémicas, en
especial por parte del sector empresarial, viéndose
prontamente troncada su realización, lo que
conllevó a la renuncia del ministro Luis Raúl Matos
Azócar al iniciarse 1985.

Este Plan traía algunas novedades, entre ellas, la
aplicación de la planificación
estratégica, la cual trataba de superar los
límites de la planificación tradicional, llamada
normativa, al incluir las consideraciones de los actores capaces
de generar las decisiones necesarias para la acción
planificadora.

Pese a lo efímero del VII Plan vale la pena destacar
algunos de sus elementos. Diagnosticó la situación
del momento como de agotamiento del modelo
venezolano de crecimiento y afirmó la necesidad de
avanzar, desde la sociedad
rentista, hacia otra donde el crecimiento y el desarrollo
resultaren del trabajo productivo de los venezolanos. Se hizo un
listado de los problemas del
país, empezando con la consabida excesiva dependencia de
la explotación petrolera y se expuso como estrategia
general un conjunto de ‘proyectos de
acción’ destinados a reiniciar el crecimiento
económico, acelerar el desarrollo social
y crear una sociedad más libre.

La estrategia
descansaba para su viabilidad en dos bases: la
conformación de un proyecto
político consensual llamado "El Pacto Social y la
reestructuración del Estado"; como eje de la estrategia
económica se promovían la agricultura,
la industria y el
turismo,
buscándose al mismo tiempo una
transformación y modernización del sector
público para redefinir su papel en la
actividad económica. Se señaló la necesidad
de privatizar o transferir al sector privado un conjunto de
actividades y servicios.
Dentro de la estrategia social se habló de establecer
incentivos
especiales para las empresas que
adoptasen tecnologías intensivas en mano de obra. Se
afirmó que se facilitaría para el sector informal
acceso al crédito
y la tecnología, mediante fondos de
garantía y apoyo a las empresas familiares de
abastecimiento de alimentos,
construcción, confección y
artesanía.

Se señaló la necesidad de una política
tributaria centrada en la renta personal y el
consumo
suntuario. Se asentó igualmente, que se
diseñaría un "Sistema Integrado de Transferencia
Sociales" que incluía entre otros, la cesta familiar,
becas a los escolares, programas de
atención nutricional en el preescolar,
atención prioritaria en salud, vivienda y educación.

En cuanto a la estrategia política, el VII Plan
planteó la profundización de la democracia
mediante la conquista de la ‘democracia
social’, la cual exigía democratizar al Estado, las
relaciones entre sociedad civil y
el Estado e
incluso la base de sustentación de la sociedad civil
mediante un tercer sistema de propiedad, que
se llamó el "Sistema de Cooperación
Económica". El objetivo de
alcanzar con este sistema era el de extender el acceso a la
propiedad
empresarial a sectores de menores recursos,
equilibrando con ellos las relaciones de propiedad.

El proyecto de
acción que se correspondía con esta estrategia,
implicaba la privatización de varias empresas estatales
para conformar las bases sobre las cuales crear y desarrollar
dicho sistema. La temprana salida del ministro Matos
Azócar ilustró las dificultades que
confrontó el Ejecutivo para implementar su pacto social y
anunció el distanciamiento de uno de los sectores de AD
que lo habían llevado al poder: el
sindical. Por otra parte el VII Plan de la Nación
prácticamente no pudo aplicarse por las fuertes resistencias a
muchas de sus proposiciones, en especial al "Sistema de
Cooperación Económica". En su lugar, durante este
quinquenio la acción gubernamental en materia
económica se orientaría por lo que se llamó
el "Plan Trienal de Inversiones".

La reforma del Estado:

El 17 de diciembre de 1984 el presidente decretó la
creación de la Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado (COPRE). El propósito de dicha
comisión estuvo en consonancia con el VII Plan, pues se
trataba de establecer un "Estado moderno, esencialmente
democrático y eficiente, en el cual los postulados de la
Constitución adquieran plena vigencia y la
participación ciudadana constituye un elemento efectivo en
la toma de
decisiones de los poderes públicos".

Las actividades de la COPRE se iniciaron en los primeros meses
de 1985 presididas por Ramón J.
Velásquez y como secretario ejecutivo Carlos Blanco,
siendo su mandato el de adelantar una reforma consensual; se
crearon un conjunto de subcomisiones y equipos de
técnicos, con la finalidad de diagnosticar y jerarquizar
los problemas;
simultáneamente se desarrollo un amplio proceso de
consulta a la sociedad política y civil. Esto
permitió recoger del seno de la sociedad las principales
quejas y recomendaciones en torno al tema de
la reforma, al mismo tiempo que
mantenía informado y ampliaba los sectores comprometidos
con la misma; esta forma de trabajar le produjo resultados
positivos, al crearle un sólido piso de
sustentación sociopolítica que le permitió
presionar al gobierno cuando a este le faltó voluntad
política para instrumentar las reformas.

Hacia finales de 1985 comenzaron a cristalizar en propuestas
específicas algunas de las ideas que se debatieron a lo
largo del proceso de
consulta; pero las que captaron la atención de la sociedad
y recibieron mayor resistencia por
parte de los actores hegemónicos, fueron aquellas de
contenido político las cuales eran consideradas
fundamentales por la COPRE en la búsqueda de la reforma
integral.

Los documentos
más importantes fueron cuatro que aparecieron entre 1986 y
1987: Propuestas para políticas
inmediatas (1986); Lineamientos generales para una
política de descentralización territorial en Venezuela
(1987); Propuesta para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela (1987) y
Reformas inmediatas del Poder Judicial
(1986). Además de estos documentos
aprobados unánimemente en el seno de la comisión,
fueron elaborados también algunos documentos sobre
reformas económicas, entre ellos los "Lineamientos
generales para una nueva estrategia económica para
Venezuela" (1987). Pero ningún documento sobre esta
materia logró aprobarse en las plenarias de la
comisión, lo cual fue clara expresión de las
dificultades que existían entre las fuerzas políticas
para diseñar alternativas consensuales para el cambio en las
relaciones entre el Estado y la
economía.

El documento Propuestas para reformas políticas
inmediatas fue el primero de contenido netamente político
y apuntó directamente al lugar donde se alojaban algunas
de las imperfecciones más graves que venían
degradando la democracia venezolana; las reformas que se
proponían en el documento abarcaban los siguientes
aspectos:

• Profundización de la democracia de los
  partidos;
• Reformas a la Ley
  Orgánica del Sufragio;
• Elección popular, directa y secreta de los
  gobernadores de las entidades federales;
• Reformas a la Ley Orgánica de Régimen
  Municipal conteniendo entre ellas la creación de la
  figura del alcalde y su elección del mismo modo que los
  gobernadores;
• Financiamiento de los partidos
  políticos.

Además de la polémica originada con este
documento surgieron nuevos debates a propósito de las
reformas de descentralización; los documentos sobre
descentralización incluyeron un diagnóstico fiel de la excesiva
concentración de la administración
pública, así como de la centralización
del poder político, y ampliaron el radio de las
reformas ya expuestas en el documento anterior.

Entre las nuevas propuestas, además de insistir en la
elección de gobernadores y alcaldes, se sugería la
eliminación de las formas supraestatales de organización territorial que venían
desarrollándose en la planificación nacional bajo el esquema de
"regiones económicas". La propuesta consistía en
volver a la
organización territorial establecida en la Constitución, conformada por los municipios
como unidades primarias y las entidades federales como unidades
regionales.

Entre 1988 y 1989 el Congreso discutió y aprobó
la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de
Estado, la Ley sobre el Período de los Poderes
Públicos de los Estados, la Ley Orgánica de
Régimen Municipal y la Ley Orgánica del Consejo de
la Judicatura. Con estas leyes se abrieron
oportunamente espacios para cambios en el funcionamiento del
Estado y del sistema político.

El refinanciamiento de la deuda y la
situación económica:

Otra de las importantes promesas electorales
hechas por Lusinchi fue la de obtener en un plazo breve la
reestructuración de la deuda pública externa. Las
medidas económicas anunciadas en febrero de 1984 fueron el
primer paso en esa dirección, toda vez que se ajustaban a las
condiciones que venía sugiriendo el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para darle
créditos a los países necesitados de ello. Si bien
el gobierno se había negado a negociar con esa agencia
internacional, había asumido voluntariamente las
condiciones que esta exigía como formula para entenderse
con la banca acreedora.

Después de innumerables tensiones externas e
internas, el gobierno logró firmar un acuerdo de
refinanciamiento en febrero de 1986; este primer acuerdo fue
suscrito en medio de la tendencia a una baja de los precios del
petróleo
en los mercados
internacionales, que a lo largo de 1986 se agudizaría.
Esto obligó al gobierno venezolano a solicitar poco
después de firmar el convenio, el postergamiento de los
pagos de amortización de la deuda, correspondientes a 1985
y 1986, así como a plantear la reapertura del proceso de
negociación para lograr plazos más
largos e intereses más largos.

El año de 1986 fue crítico para Venezuela
en materia económica; el precio del petróleo
venezolano que en enero era de 24 US$ por barril, cayó en
marzo a 13,42 US$ por barril y en junio llegó a ubicarse
en 12,99 US$, con lo cual, los ingresos fiscales
se contrajeron casi a la mitad. Eso compelió al presidente
a anunciar un ‘golpe de timón’ en el terreno
económico en diciembre de 1986. Es de señalar que
desde finales de 1985 el gobierno venía aplicando una
política expansiva del gasto público con el objeto
de reiniciar el crecimiento
económico, tal como lo había prometido al
comenzar la gestión. Esta política continuó
en 1986 pese al descalabro de los precios petroleros,
confiándose en diversas formas de endeudamiento y echando
mano al ahorro de los
años anteriores.

Aún cuando el discurso del presidente en 1986
buscaba transmitir el mensaje de un reacomodo a las nuevas
circunstancias, lo cierto fue que en los años siguientes
se continuó en la misma línea de la
expansión del gasto fiscal como
expediente para impulsar el crecimiento económico. Las
nuevas medidas cambiarias anunciadas en ese discurso aumentaron
las utilidades del Estado, permitiendo subsanar parcial y
artificialmente la brecha fiscal, y
seguir consumiendo dentro de una situación ficticia de
recursos, por su
parte los precios del petróleo siguieron bajos durante
1987 y 1988, aun cuando no se llegó a los niveles
dramáticos de 1986.

El nuevo acuerdo de refinanciamiento que se firmó
en enero de 1987, junto con las faltas de iniciativas para crear
nuevas fuentes de
ingresos
desembocó en la contracción masiva de las reservas
internacionales al final del período de gobierno. Este
nuevo acuerdo, pese a proporcionarse como ‘el mejor
refinanciamiento del mundo’ reflejó la
posición débil y poco agresiva de Venezuela en la
mesa de negociaciones. El país no obtuvo período de
gracia, mientras México,
que había firmado cuatro meses antes había logrado
un período de siete años; se estableció un
plazo de catorce años para pagar, mientras que a México se
le otorgaron veinte, y la tasa de interés a
pagar por Venezuela también fue ligeramente superior a la
obtenida por el otro país.

Entre 1983 y 1987 Venezuela pagaría cerca de
30.075 millones de dólares por concepto de la
deuda externa, habiendo recibido en ese mismo período como
retorno sólo unos 12.812 millones de dólares. El 2
de enero de 1989 el presidente Lusinchi anunció la
suspensión del pago de la deuda a partir del
próximo 17 de enero, pasándole a su sucesor el
problema, como en su momento también le fue pasado a
él por el gobierno de LHC.

Otros hechos:

En enero de 1986 el Papa Juan Pablo II visitó
Venezuela, fue la primera vez que el máximo prelado de la
Iglesia
Católica ponía pie en suelo venezolano.
Aparte de la fiesta o alegría de este acontecimiento,
muchos televidentes pudieron percatarse de que el presidente
Lusinchi recibía al Papa en el Aeropuerto de
Maiquetía, acompañado de su esposa y primera dama,
Doctora Gladys de Lusinchi, y luego mientras lo esperaba en el
Palacio de Gobierno estaba acompañado de su secretaria
privada, Blanca Ibáñez. Este hecho reveló el
inmenso poder que ejercía la secretaria en el país,
ya que comenzaron denuncias acerca del tráfico de
influencia para el otorgamiento de los dólares
preferenciales; así como otros aspectos de
gobierno.

Posteriormente los hechos de corrupción se fueron
incrementando, llegando incluso a tocar al propio presidente en
el caso de malversación de fondos de la partida secreta
para la compra de unos vehículos rústicos para la
campaña electoral de su partido AD. Esto trajo como
consecuencia el posterior enjuiciamiento del mandatario, junto a
varios de sus ministros.

Relaciones Exteriores:

La crisis económica originada en 1983 como
consecuencia de la caída súbita de los precios del
petróleo, unida a una fuerte devaluación de nuestro
signo monetario que dificultaba el pago de intereses de la deuda
externa pública, condujo al gobierno de Jaime Lusinchi a
tratar el tema de las relaciones exteriores de manera coyuntural
antes que estructural.

Aun cuando se preservaron los principios
básicos de la diplomacia desarrollada en la década
de los setenta, reivindicados por la cancillería de Luis
Herrera Campins en la segunda mitad de su administración, la política exterior
no mantuvo la misma profundidad, debido a las dificultades
económicas antes esgrimidas.

Se intensificaron los viajes de las
misiones económicas que buscaban un acuerdo de
refinanciamiento con la banca acreedora internacional. Se
establecieron misiones diplomáticas con Saint
Kitts-Nevis-Anguilla; Malasia, Sri Lanka, Nepal, Singapur y
Zimbabwe.

Las relaciones con Uruguay se
reanudaron el 13 de enero de 1985. La convivencia con Colombia
alcanzó un punto crítico, incluso al borde de un
conflicto
bélico, cuando en agosto de 1987, a raíz del
incidente causado por la corbeta OARC Caldas al penetrar en aguas
del Golfo de Venezuela; la situación fue bien manejada,
obligando a la corbeta colombiana a retirarse a aguas
internacionales.

Capítulo
6

VENEZUELA EN LA DÉCADA
PÉRDIDA

La Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de los países signatarios del Pacto Subregional
Andino con ocasión del X Aniversario del Acuerdo de
Cartagena, fue el marco adecuado para que los países
bolivarianos dieran el paso audaz y necesario para proyectar su
acción más allá de la simple
concertación de políticas orientadas a la
complementación e integración de sus economías; en
este foro, se
acordó la acción internacional multilateral de los
países andinos como modus operandi, el sistema de
consultas permanentes entre los Ministros de Relaciones
Exteriores de Venezuela, Colombia,
Ecuador,
Perú y Bolivia.
Nació de esta manera el Grupo Andino
que destacada participación tendría en el agitado
proceso de 1979. De ella se obtuvo: la suscripción del
Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia, el
28 de mayo de 1979, que luego entrara en vigencia el 19 de mayo
de 1983; la creación del Parlamento Andino, el 25 de
octubre de 1979; y la creación del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, el 12 de noviembre de 1979; y
también hizo su primera declaración multilateral en
relación con la situación de Centroamérica
(La Declaración de Nicaragua).

Acá podemos darnos cuenta del cómo las
acciones
políticas hacia el exterior de un presidente, deben
legitimarse con el discurso hacia dentro del país y
viceversa. Como se explicó en el capítulo 4, en el
aparte de Relaciones Exteriores; Venezuela se había
trazado tres metas básicas y concretas, entre ellas la
búsqueda de un nuevo orden económico internacional.
Al Venezuela patrocinar los cambios en la estructura de
la CAN, estaba legitimando su discurso, por un lado, y por el
otro siendo coherente en su actuación internacional. De
igual manera al participar en la Declaración de Nicaragua,
Venezuela daba otro paso en la consecución de esas metas,
como lo es la institucionalización de la libertad y la
autodeterminación de los derechos de los
pueblos.

La característica dominante de la
década de los ochenta fue la crisis económica por
la que atravesaron los países andinos, y el consiguiente
estancamiento y hasta cierto punto retroceso que experimentaron
éstos en su camino hacia el desarrollo. Esto puede
evidenciarse en los distintos gráficos que fueron
presentados en los 2 capítulos anteriores.

Al igual que los demás países de América
Latina, los países del Grupo Andino y
es especial Venezuela, tuvieron déficit acentuados en sus
balanzas de pagos, que los obligó a imponer restricciones
a las importaciones,
afectando por igual a países socios y a los demás.
A esto se sumó el problema de la deuda como resultado del
endeudamiento exorbitante en que había incurrido Venezuela
desde mediados de la década anterior, aprovechando la
irrupción de la gigantesca liquidez internacional, lo que
obligó a aplicar medidas recesivas en virtud de las
recomendaciones del FMI.

En este gráfico podemos apreciar cómo
Venezuela mantuvo sus exportaciones e
importaciones en
relación con la CAN; durante 1979 se puede observar que
hubo una balanza de pagos
desfavorable; la cual posteriormente se torno positiva
para el resto del período. Nótese que hasta 1987
hay una tendencia estable por debajo de los 4000 millones de
bolívares, e incluso se aprecia las bajas en las exportaciones del
país en los años 82, 83 y 85. Mientras que las
importaciones del país caen abruptamente en 1983 y se
mantienen en niveles bajos hasta 1987.

En lo que respecta a las Importaciones y Exportaciones
entre Venezuela y Bolivia,
podemos evidenciar una balanza de pagos
desfavorable a Venezuela hasta 1984, la cual se repite en el
período 88-89. El comercio
bilateral es pequeño entre las dos naciones.

En esta gráfica se expresa el comercio entre
Venezuela y Colombia, se puede evidenciar en primer lugar, que el
comercio de Venezuela con este país es el mayor de todos
los países miembros de la Comunidad
Andina; por otra parte la balanza
comercial favorece a Venezuela, salvo en 1988.

En la gráfica anterior tenemos que hasta 1982, se
importaban más de Ecuador que lo
que se exportaba; por otra parte se puede evidenciar el aumento
de las exportaciones hacia esta nación a partir de
1987.

En esta gráfica podemos ver en primer lugar, que
existía una balanza
comercial favorable a Perú hasta el año 1985;
luego a partir de 1986, esta se torna favorable a Venezuela. De
igual manera se puede ver el aumento de los indicadores a
partir de 1986.

En los 4 gráficos anteriores en importante notar
el descenso de los índices durante los años 82-86
principalmente; por otra parte se puede ver que el principal
socio comercial de Venezuela dentro del Acuerdo de Cartagena es
Colombia, con quien se tiene un elevado intercambio
económico; mientras que Perú se mantiene como
segundo socio más importante. Bolivia y Ecuador ocupan
posiciones marginales en esta comparación (sin dejar de
tener importancia) económica. Por otra parte es obvio que
durante esta época Venezuela disminuyera su comercio
internacional, ya que por las causas por todos conocidas, el
país no se encontraba en condiciones de manejar
adecuadamente el comercio
internacional, debido en primer lugar al problema cambiario,
producto del
viernes negro; de igual manera otro factor que afectó fue
el de la deuda externa de la nación; otra de las razones
fue el aletargamiento del aparato productivo de la nación
venezolana.

A esta situación contribuyeron también
factores externos como la drástica disminución de
los precios del petróleo, el incremento del proteccionismo
de los países desarrollados, el cierre de las fuentes de
financiamiento exterior, la transferencia neta de los
recursos hacia los países industrializados y el deterioro
de la relación de los términos de intercambio, como
resultado de la crisis de la economía mundial. La crisis
mundial, transmitida por los países industrializados a
América
Latina en su afán de contrarrestarla, puso de
manifiesto la extrema vulnerabilidad externa de América
Latina y de los países andinos.

Los años ochenta fueron para la integración andina los años del
estancamiento y del retroceso. Por eso, hay quienes afirman que
"la década perdida del desarrollo latinoamericano, fue
también la década perdida de la integración
andina".

Las manifestaciones de la crisis de la
integración fueron, entre otras, las
siguientes:

• Incumplimiento de los compromisos derivados del
  Programa de
  Liberación.
• Se dejaron de aplicar los programas de desarrollo
  industrial conjunto como resultado del abandono de la
  planificación.
• Los países comenzaron a modificar en forma
  unilateral algunas políticas comunitarias como la de
  inversión.
• Se flexibilizó la aplicación del
  Arancel Externo Mínimo Común y no se
  cumplió con la adopción
  del Arancel Externo Común en el plazo
  previsto.

Uno tras otro, los países fueron adoptando
medidas de restricción del comercio, destinadas a generar
excedentes de divisas necesarios para el pago de sus compromisos
financieros. Dichas medidas restrictivas en lugar de disminuir
fueron en incremento. Las formas que adoptaron fueron las de
licencias previas, de registros de
importación, de autorizaciones de importación,
etc.

Los países recurrieron muy poco a las
cláusulas de salvaguardia, mecanismo previsto en el
Acuerdo para eventuales problemas derivados de la
aplicación del Programa de
Liberación. En efecto, de los 5787 ítem sujetos a
restricciones derivadas de
disposiciones nacionales, tan sólo 45 correspondían
a las cláusulas de salvaguardia.

El impacto de las restricciones sobre el comercio fue
decisivo. Para finales de 1986 el comercio recíproco
había caído a los niveles de 1976, al registrar
poco más de 600 millones, y el alcance del Programa de
Liberación se redujo a un porcentaje mínimo de
intercambios. Luego de la tendencia expansiva del comercio
intrasubregional en la década de los setenta y de que en
1981 alcanzara su nivel máximo de 1239 millones de
dólares, el comercio intrasubregional tuvo una tendencia
de carácter recesivo, al registrarse, entre 1981 y 1986,
un deterioro a un ritmo de menos 11,4% como promedio
anual.

En este período, todos los Países
Miembros, excepto Bolivia, contrajeron sus importaciones andinas.
Colombia, Ecuador y Perú lo hicieron a tasas promedio
anuales que fluctuaban alrededor del 8 por ciento, mientras para
Venezuela fue superior al 20 por ciento.

La abrupta contracción de las compras por parte
de Venezuela en este período gravitó de modo
particular en la evolución del comercio, no sólo por
el modo acelerado en que ocurrió, sino porque el
país se había constituido dentro del mercado andino
como el de mayor importancia comercial (excluyendo combustibles)
al significar un promedio del 45 por ciento de la demanda
subregional.

Desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 1987, los
Países Miembros suscribieron ocho convenios bilaterales al
margen de la normatividad andina en la búsqueda de
alternativas viables que les permitiera reactivar su comercio. Al
amparo de esos
convenios, que incorporaban un total de 809 ítem,
distribuidos por países, se efectuó el 40 por
ciento de las exportaciones intrasubregionales. Sin considerar
combustibles y derivados esa relación llegó a
significar algo más del 43 por ciento.

Los incumplimientos de los compromisos asumidos por los
países del Grupo Andino fueron mínimos a comienzos
de los ochenta, pero poco a poco se fueron generalizando a tal
punto de que se hizo difícil llevar un registro. De
acuerdo al informe
presentado por la Junta en 1984, uno de los principales
incumplimientos de Venezuela estaba en relación directa
con los plazos fijados por el Acuerdo de Cartagena para la
formación del mercado ampliado,
de la unión aduanera y de la programación industrial conjunta,
etc.

En lo que se refiere al Arancel Externo Común, el
Acuerdo de Cartagena señalaba el 31 de diciembre de 1983
como fecha de su perfeccionamiento o su plena aplicación.
De igual modo, de conformidad con los Artículos 62 y 104,
la Comisión debió aprobar el AEC a más
tardar el 31 de diciembre de 1979 a fin de que los países
mayores y menores inicien el proceso de aproximación el 31
de diciembre de 1983 y el 31 de diciembre de 1990,
respectivamente.

El problema del vencimiento de los plazos se
presentó no obstante que éstos ya habían
sido objeto de ampliaciones con ocasión de la
adhesión de Venezuela (1973), del Protocolo de Lima
(1976) y del Protocolo de
Arequipa (1978). Fueron también objeto de una nueva
revisión con ocasión del Protocolo de Quito. Otro
grupo de incumplimientos consignados en el informe
presentado por la Junta en 1984 está integrado por
Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no
incorporadas al Derecho Interno de los Países
Miembros.

En 1982 ya se daba cuenta de catorce Decisiones de la
Comisión que los Países Miembros no habían
cumplido con incorporar a su ordenamiento jurídico
interno. De esas 14, cinco correspondían al campo de la
armonización, cuatro a la programación industrial, dos al
funcionamiento del mercado ampliado y tres a la
integración física. Se
incluía también en este tipo de incumplimientos la
falta de expedición de disposiciones administrativas para
la aplicación concreta de los mecanismos. Esos
incumplimientos, cuya relación está contenida en el
decimoctavo Informe de la Junta sobre cumplimiento, abarcaban las
áreas de la programación industrial, el arancel
externo común, el arancel externo mínimo
común y el programa de liberación.

La situación de crisis del proceso trajo consigo
la necesidad de avanzar en una reorientación del mismo. En
septiembre de 1982, la Junta presentó a
consideración de los Países Miembros el documento
"Evaluación
del Programa de Reactivación y Examen de la
Situación Actual y Perspectivas del Proceso de
Integración Subregional", a través del que advierte
respecto al inquietante cuadro de problemas que configuran una
situación crítica.

Luego, en la ceremonia de instalación del XXXV
Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión,
realizado en enero de 1983 en Santa Cruz de la Sierra, la Junta
planteó la necesidad de ejecutar un plan de acción
en el cual deberían considerarse estrategias
sectoriales en las diferentes áreas prioritarias de la
integración andina.

Sobre la base del documento presentado por la Junta, la
Comisión inició las deliberaciones que condujeron
finalmente a la adopción
del Plan de Reorientación del Proceso Andino de
Integración y de las Estrategias
Sectoriales. Dicho Plan, cuyos principales lineamientos fueron
recogidos por los Presidentes Andinos en la Declaración
"Nuestra Patria es América", fue adoptado por la
Comisión en su XXXV Período de Sesiones
Extraordinarias, entre el 6 y 8 de julio de 1983, en
Lima.

Dicho Plan señalaba un conjunto de acciones
prioritarias que se constituyeron en un derrotero de lo que
posteriormente fue la definición del nuevo estilo o
modelo de
integración andino, caracterizado por un mejor equilibrio
entre los sectores, por una participación más
activa de los grupos
sociales, por un mayor pragmatismo y
flexibilidad en el uso de los mecanismos y por el ejercicio
sistemático de la capacidad de acción externa
conjunta.

Para la aplicación práctica de dicho Plan,
la Junta planteó a la Comisión del Acuerdo de
Cartagena ocho estrategias sectoriales en las siguientes
áreas prioritarias: 1) Relaciones Externas, 2)
Agropecuaria, 3) Comercial, 4) Industrial, 5) Financiera y de
Pagos, 6) Ciencia y
Tecnología, 7) Integración Física, Fronteriza y
Turismo, y 8)
Régimen especial para Bolivia y Ecuador.

Sin embargo, dicho plan no se llegó a
instrumentar debido entre otras razones a la difícil
situación económica de los países de la
Subregión y al incumplimiento generalizado de los
mecanismos del Acuerdo.

Con el fin de actualizar el Ordenamiento
Jurídico, la Junta presentó el 16 de marzo de 1984
un documento titulado "Problemas y opciones actuales del proceso
de integración subregional".

Luego, en el XXXIII Período de Sesiones
Ordinarias realizado en 1983, la Comisión examinó
el documento y encargó a la Junta preparar un anteproyecto de
Protocolo, el que fue entregado a los países el 31 de mayo
de 1984 con el título "Anteproyecto de
Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena".

Los Cancilleres del Grupo Andino, reunidos en 1985 en
Cartagena de Indias, dieron entre otras instrucciones las
siguientes: actualizar y flexibilizar los plazos confiriendo
facultades a la Comisión para ajustarlos; actualizar el
Programa de Liberación, preservando los avances logrados y
propendiendo a una participación equitativa de los
países; utilizar las cláusulas de salvaguardia como
único mecanismo de excepción; establecer nuevas
modalidades para el desarrollo industrial conjunto; fortalecer el
desarrollo agropecuario subregional; y acordar tratamientos
más favorables a Bolivia.

Con base en todo esto, se elaboró un Protocolo
Modificatorio del Acuerdo de Cartagena que luego de intenso
proceso de negociaciones fue aprobado y suscrito en Quito el 12
de mayo de 1987 y entró en vigencia el 25 de mayo de 1988.
El Protocolo constituyó un enfoque realista de
cuánto podría hacerse en ese momento para dar
continuidad al proceso de integración andino. Ese realismo se
tradujo en la flexibilización de las nuevas disposiciones
y en la ampliación del espectro de opciones de
integración y cooperación.

En lo referente a los mecanismos orientados a la
conformación del mercado ampliado, si bien se mantiene el
objetivo de
estructurar una unión aduanera, no se definen plazos para
su culminación. En cuanto al Programa de
Liberación, se amplían los plazos para la apertura
del mercado de los productos
reservados para las modalidades de desarrollo industrial y para
la incorporación de una parte importante de los productos
exceptuados de su cumplimiento. Se establecen plazos para el
cumplimiento del Programa de Liberación por parte de
Bolivia y Ecuador para su primera etapa.

Asimismo, se introducen dos nuevos mecanismos de
excepción del Programa de Liberación: el
Régimen Transitorio de Administración de Comercio, que permite la
aplicación de cupos de importación para un grupo de
productos afectados por situaciones especiales, y una nueva
Cláusula de Salvaguardia, que posibilita la
aplicación de medidas correctivas a importaciones que
causen perturbaciones en la producción nacional de productos
específicos.

En cuanto al Arancel Externo, se previó la
posibilidad de la aplicación por parte de Bolivia y
Ecuador del Arancel Externo Mínimo Común y se
dejó sin plazo la adopción del AEC por parte de los
Países Miembros, quedando sujeta su posterior
adopción a los avances del proceso. En lo que respecta a
la antigua Programación Industrial, cuyo avance era
limitado debido a su alto grado de complejidad, el Protocolo de
Quito dispuso que, en lugar de los Programas Sectoriales de
Desarrollo Industrial, se establezcan tres nuevas modalidades:
Programas de Integración Industrial, Convenios de
Complementación y Proyectos de
Integración Industrial.

El Protocolo de Quito introdujo otras modificaciones. En
los aspectos institucionales, incorpora al Tribunal Andino de
Justicia y al
Parlamento Andino como órganos principales del Acuerdo,
por un lado; y de otro, como órganos auxiliares, a los
Consejos Consultivos Empresarial y Laboral.

Simultáneamente a la aprobación del
Protocolo de Quito, se aprobó un Programa de
Transición (Decisión 225) para asegurar la marcha
del proceso hasta el día de entrada en vigencia del
Protocolo y para contar con criterios y acciones concertadas que
permitieran a los Países Miembros superar la crisis del
proceso.

Las Resoluciones durante este período en las que
Venezuela exigió la suspensión del Arancel Externo
Mínimo Común para la importación de los
siguientes productos fueron:

Aquí podemos apreciar que por ejemplo durante la
crisis generada en 1982, en la cual, el gobierno nacional
prohibió la importación de ropa de caballeros, por
el otro lado solicitó que la CAN suspendiera el Arancel
Externo Mínimo Común para el Algodón de
fibra media; esto con el fin de disminuir el Arancel con el que
el país pechaba a este producto para
así favorecer a la industria textilera nacional. De la
misma forma lo hizo de nuevo durante 1983 al solicitar la misma
medida para el algodón.

Existe en particular una Resolución (280), de
fecha 25 de mayo de 1988, en la cual aplica la cláusula de
Salvaguarda del Art. 79 del Acuerdo de Cartagena a favor de
Venezuela; esta resolución esta relacionada a la
Aplicación de Licencias de Importación para algunos
productos.

Es de especial mención, que durante el
Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón
Bolívar, se llevó a cabo en Caracas, el
Trigésimo sexto período de sesiones extraordinarias
de la Comisión; durante estas reuniones se aprobaron dos
decisiones importantes: la primera fue la Decisión 182, en
la cual se crea el Sistema Andino "José Celestino
Mutis" sobre agricultura, seguridad
alimentaria y conservación del ambiente; la otra fue
la Decisión 183 en la cual se crea el Programa de
Caracas para la Cooperación en Investigación y Formación
Científica y Tecnológica de los Países
Miembros. Acá podemos evidenciar otro punto de
conexión entre la política interna y la
actuación de Venezuela en la CAN. En primer lugar,
recordaremos que 2 de las prioridades del gobierno de LHC,
estaban relacionadas con 2 áreas prioritarias, como lo
son, la educación y la
agricultura. Al Venezuela suscribir un Acuerdo en el que se crea
el Sistema Andino "José Celestino Mutis", le da coherencia
a su política interna de reactivación
económica, sufrida por la caída de los precios del
crudo; por otra parte, el presidente Herrera consideraba a la
educación como punto crucial de su programa de gobierno,
de la misma manera debía apoyar todos los programas que
tuvieran tendencia a lograr este objetivo.

Otra decisión importante fue la Decisión
226, del 11 de mayo de 1987, la cual reglamenta el inciso tercero
del Artículo 79 del Acuerdo de Cartagena, que busca
implementar medidas de emergencia para reactivar el comercio
intra-andino, en vista de la situación que se estaba
atravesando en relación con el estancamiento del
mismo.

Es de especial atención que durante los
años 1984-1989, la actividad de la Comunidad Andina
disminuye, esto es explicable, ya que durante la gestión
de Jaime Lusinchi, todos los esfuerzos estuvieron encaminados a
solventar la crisis de la deuda, razón por la cual se
descuidó totalmente la participación de Venezuela
en el Acuerdo de Cartagena.

Parte III

La Década del Resurgimiento

1989-2000

Capítulo
7

CARLOS ANDRÉS
PÉREZ

2/2/1989 – 20/5/1993

La segunda presidencia de Carlos Andrés
Pérez (CAP) corresponde al 7° período
democrático iniciado en 1958. CAP ganó las
elecciones nacionales el 4/12/1988 con 3879024 votos, lo que
representó el 52,91 % de la preferencia electoral; el
contendor más cercano, Eduardo Fernández, de COPEI
obtuvo 2963015 votos, el 43,26%. Esta segunda gestión de
CAP estuvo marcada por el intento de salir de la profunda crisis
económica y fiscal que venía desarrollándose
desde años anteriores, a través de un conjunto de
políticas de liberación de la economía.
Otros rasgos destacados fueron la agudización de la crisis
social cuya manifestación más dramática
ocurrió en febrero de 1989 y el desarrollo de una crisis
política que produjo, en 1993, la suspensión en el
ejercicio de su cargo del presidente de la República y su
sustitución por uno nombrado por el Congreso Nacional al
culminar el período. Fue también durante esta
segunda presidencia que comenzó el proceso de
descentralización político-administrativa del
país, gracias a la aprobación, en los
últimos meses del gobierno de del presidente Lusinchi, de
las primeras reformas del Estado por parte del Congreso
Nacional.

El programa de ajuste económico y el
estallido social del 27 de febrero de 1989 y los días
siguientes:

En su discurso inaugural el 2/2/1989, CAP
señaló algunas líneas orientadoras de su
nuevo gobierno, dándole una importancia especial a las
relaciones interamericanas e internacionales como parte de la
estrategia para la construcción de una salida de la crisis
económica y fiscal que se padecía. Pérez
definió el año 1989 como el idóneo para
ampliar el proceso de reformas políticas que con
anterioridad se venía desarrollando; así mismo,
aseguró que su fórmula política para
resolver de manera permanente el problema de la deuda, se
apoyaría en la solidaridad entre
países deudores y enfatizó que se buscaría
estimular decisivamente la ciencia y
la tecnología en el país como, como
áreas estratégicas para retomar el crecimiento
económico.

El 16 de febrero, en medio de una gran expectativa, CAP
presentó su programa de ajuste económico, conocido
de allí en adelante como ‘el paquete’, cuyas
disposiciones de libre economía, en muchos aspectos
contrariaban el discurso de toma de posesión y las
promesas electorales. El programa contemplaba medidas de
aplicación inmediata y otras de aplicación gradual
pero en plazos relativamente cortos. Las principales
fueron:

1. Acudir al Fondo Monetario
   Internacional (FMI) y someterse a su programa de ajustes,
   con el fin de obtener un financiamiento de 4500 millones de
   dólares en los siguientes 3 años;
2. Liberar las tasas de interés activas y pasivas
   hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%;
3. Unificar la tasa cambiaria con la eliminación
   de la tasa preferencial de divisas y realizar todas las
   transacciones a la nueva tasa flotante; esto significaba la
   eliminación de la Oficina de
   Régimen Cambiario Diferencial (RECADI);
4. Liberar los precios de todos los productos a
   excepción de 18 renglones de la ‘cesta
   básica’;
5. Aumentar las tarifas de los servicios públicos
   como agua,
   luz y
   teléfono;
6. Aumentar anualmente durante 3 años los
   derivados del petróleo en el mercado nacional con un
   aumento de 100% en el precio de la gasolina y un 30% en los
   precios del transporte;
7. Aumentar los sueldos de la administración pública entre el 5%
   y el 30%, el salario
   mínimo a 4000 Bs. en la ciudad y 2500 Bs. en el
   campo;
8. Racionalizar y eliminar progresivamente los aranceles de
   importación;

9. Reducir el déficit fiscal a un máximo
   de 4% y congelar los cargos de la administración
   pública.

Como compensación para la población más afectada por estas
medidas, además del aumento de los sueldos, se anunciaron
las siguientes medidas:

1. política de subsidios directos a los
   componentes de la ‘cesta
   básica’;
2. programa de becas alimentarias;
3. constitución de 42000 hogares de cuidado
   diario;
4. reforzamiento de programas de control del
   lactante y del preescolar y
   combate de las enfermedades diarreicas,
   respiratorias y las que son prevenibles por vacunas;
5. plan de consolidación de barrios;
6. política de apoyo a microempresas;
7. programa masivo de transferencias alimentarias
   dirigido a los niños hasta los 14 años, a las
   madres embarazadas y a los lactantes;
8. amplia acción dedicada a consolidar los
   ambulatorios de salud;
9. programa destinado a la
   organización y estructuración de un sistema
   de seguridad
   social;
10. creación de la Comisión Presidencial
    para la Lucha contra la
    Pobreza.

Al día siguiente el Banco Central de
Venezuela (BCV) liberó las tasas de interés,
fijó las modalidades con que se financiarían las
cartas de
crédito
del sector privado y anunció que en 2 o 3 meses
comenzarían a recibirse los fondos de un crédito
stand by por unos 1500 millones de dólares otorgados por
el FMI. Por su parte, el Ministro de Energía y Minas,
anunció los primeros aumentos de la gasolina para el 26 de
febrero: Bs. 2,75 la alta y Bs. 2,55 la media. El 19 de febrero
se informó la visita de representantes del Banco Mundial
(BM) y del FMI a Caracas, así como de la estadía de
Edgar leal, nuevo negociador de la deuda en
Washington.

Para una población que había venido
sufriendo desde años anteriores un creciente deterioro de
sus condiciones de vida, así como de una prolongada
angustia por la escasez de productos básicos, en buena
parte provocada por el acaparamiento de algunos comerciantes
inescrupulosos, este mensaje significó el debilitamiento
de las ilusiones sobre lo que podía esperarse del nuevo
gobierno y del futuro en general. También contribuyeron a
eso las denuncias de corrupción durante la gestión
del presidente Lusinchi.

Como consecuencia, el 27/2 y los días siguientes,
tuvo lugar una explosión social de históricas
proporciones en Caracas y varias ciudades del país. Con
ella comenzaron las dificultades políticas del nuevo
gobierno. El día 27 de febrero desde la mañana se
produjeron acciones de violencia
colectiva en Guarenas, motivadas por un aumento desproporcionado
del pasaje del transporte; reacciones similares se dieron poco
después en áreas populares como Caricuao, en
encrucijadas para el transporte de la ciudad como el terminal de
Nuevo Circo y Cacaito; y en otras zonas suburbanas como La
Guaira.

En la medida en que transcurrió el día y
los hechos comenzaron a ser difundidos por los Medios de
Comunicación Social (MCS), las acciones comenzaron a
extenderse a otras ciudades como Barquisimeto, Maracay, Valencia,
Puerto Ordaz, Mérida. En la tarde muchedumbres de
habitantes de las barriadas citadinas salieron a las avenidas y
zonas comerciales, tomando por asalto y saqueando los
establecimientos para hacerse de productos de todo tipo.
Igualmente, algunas vías centrales de la ciudad fueron
tomadas por turbas que quemaron unidades de transporte colectivo,
carros particulares, cauchos y de esta manera protestar por el
aumento de los costos del
transporte. El día 28 los sucesos habían desbordado
a los cuerpos policiales, incluso en vista de que no
podían hacer nada, algunos efectivos comenzaron a
organizar los saqueos (darle un orden al caos).

En la tarde, bajo las órdenes del presidente y
del Ministro de la Defensa , los militares entraron a controlar
la situación en los barrios, produciéndose toda
clase de excesos. Una semana después, las cifras oficiales
de muertos pasaban de 300, aunque extraoficialmente se ha
conocido que hubo más de 5000 muertos. El mismo 28/2, el
Ejecutivo Nacional procedió a suspender algunas
garantías constitucionales en todo el país, las
cuales serían reestablecidas parcialmente 10 días
después; de igual manera se implantó un toque de
queda.

A partir de entonces el gobierno no pudo recuperarse de
su repentina impopularidad, no obstante la magnitud de la
protesta y del desacertado desempeño del gobierno,
éste logró sostenerse gracias a la lealtad de las
Fuerzas Armadas al mando del Ministro de la Defensa. CAP mantuvo
inalterable el programa económico y el gabinete ejecutivo.
El 7 de marzo en cumplimiento del cronograma de medidas, se
decretó la libración de precios. Hasta 1992 el
gobierno siguió la misma política
económica y el pueblo continuó dando
señales de repudio, abonando el terreno para el desarrollo
de una crisis política.

El desarrollo de la economía entre 1989 y
1992 y algunos indicadores
sociales:

Las radicales medidas que el gobierno de CAP
aplicó a los males de la sociedad venezolana,
producirían a lo largo de los primeros 3 años de
gestión, resultados macroeconómicos satisfactorios,
pero a un costo social y
político exorbitante.

En diciembre de 1989 las cifras del gobierno revelaban
una contracción económica general del orden del
8,1%, la mayor registrada para un gobierno hasta ese momento; en
el sector de la construcción llegó al 30% y en el
de la manufactura al
12,4%. La tasa de inflación, según datos de Agroplan
C.A. alcanzó la cifra histórica de 84,5%. En
términos sociales la inflación reflejaba que una
familia
promedio a mediados de 1989 podía con su ingreso adquirir
solamente el 40% de lo que hubiese podido adquirir en
1968.

La pobreza abarcaba
al 62% de la población; 30% de la cual se encontraba en
pobreza
absoluta. En contraste, las reservas internacionales aumentaron
para ubicarse en 7411 millones de dólares; el
déficit en la balanza de pagos fue menor a los años
anteriores y el déficit público se redujo de 9,9% a
1,7% del Producto Territorial Bruto (PTB). Esta última era
una cifra muy por debajo de la estimación que se
había hecho a principios de
año. Una mayor recepción de ingresos corrientes, a
consecuencia de la modificación del tipo de cambio
y un mayor valor de las
exportaciones petroleras permitieron llegar a este
nivel.

Igualmente se logró concertar con el FMI un
programa que contemplaba el otorgamiento de 5000 millones de
dólares en 3 años. Con el BM se acordaron
créditos por un total de 4000 millones de dólares y
con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) se consiguieron 400 millones
por año.

En el año 1990, la economía, según
el BCV, creció en un 5,3%, revirtiéndose la
depresión del sector manufacturero y de la
construcción. El sector de la banca y los seguros
sobrepasaron el 23% en su crecimiento, mientras la agricultura
cayó en 1,3%. La tasa de desempleo se
colocó en 10%, superior a la del año anterior,
cuando estuvo en 9,6%. Así mismo, la inflación
sobrepasó los cálculos iniciales, situándose
en 40,7% y la pobreza
aumentó alcanzando el 66,9% de la población, 33% de
los cuales eran pobres absolutos.

La balanza global de pagos registró un
superávit aumentando las reservas a 11700 millones de
dólares. Este año se firmó un acuerdo con la
banca internacional, lográndose una reducción de la
deuda en alrededor del 20% y una reducción del 50% en el
pago de los intereses de la misma. El ministro de CORDIPLAN,
Miguel Rodríguez, declaraba que con el canje de la deuda
vieja por nuevos instrumentos, realizada el 18 de diciembre, se
ponía punto final al problema de la deuda pública
externa.

La economía en 1991, según análisis hechos por los economistas
asociados Purroy y Espinaza, experimentó un vigoroso
crecimiento del 9,2% que aunado al de 1990 de 5,3%,
compensó la contracción de 1989. el sector
petrolero tuvo alta incidencia en el total de ese crecimiento. La
gestión fiscal. Por su parte, cerró con un
importante superávit de 75000 millones de
bolívares, fruto de las privatizaciones de CANTV y de
VIASA, las cuales significaron una entrada de capital en el
orden de los 122000 millones de bolívares.

Purroy y Espinaza señalaron que en los 3 primeros
años de gobierno la reducción del déficit
fiscal se logró por factores no recurrentes y hasta
fortuitos: en 1989 fue por la fuerte devaluación y la
violenta contracción del gasto; en 1990 el impacto de la
guerra del
Golfo Pérsico en la comercialización del petróleo y en
1991 el factor fue la privatización. En 1991 el precio del
petróleo bajó de 20$ por barril a 16,60$. El
ingreso fiscal se vio compensado sin embargo, por el aumento de
los volúmenes exportado.

Se produjo una reducción de exportaciones no
petroleras, tanto de volúmenes como de precios. La balanza
de pagos fue superavitaria gracias a una combinación de
factores: tasas de interés positivas, lo que junto a una
tasa de cambio revaluada estimuló el ahorro.
También concurrieron los préstamos del BID y del BM
y la inversión extranjera directa (CANTV y
VIASA).

En relación a la traducción de estas
cifras macroeconómicas en implicaciones sociales, los
economistas antes mencionados pensaban a inicios de 1992, que
algunos indicadores mostraban cierta mejoría en la
condiciones de vida de la población: la tasa de desempleo abierto
había descendido de 10% a 8,8%. La tasa de
población empleada en el sector informal de 42,4% a 40,5%;
hubo una mejoría en los salarios, el
consumo de
alimentos repuntó en cerca el 20%.

Sin embargo, en relación a la pobreza,
ésta continuo creciendo, según datos de Agroplan
C.A. abarcaba un 67,2% de la población, 34,1% en pobreza
absoluta. Por ello, pese a lo positivo de las cifras
económicas, la población no percibía la
mejoría, pues las cargas estaban repartidas
inequitativamente. Tampoco lograba conjurarse la extrema
dependencia de la actividad económica, y en particular la
gestión fiscal, al petróleo, pues seguía
paralizada, o con modificaciones contraproducentes, la reforma
tributaria, limitando seriamente la expansión del gasto
interno neto.

Año 1992: el 4 de febrero y el 27 de
noviembre:

En enero de 1992, mientras el gobierno mostraba con
satisfacción los logros macroeconómicos expresados
en las cifras anteriores, en el país algunos sectores
mostraban intranquilidad. En realidad, desde 1989 las
manifestaciones, huelgas y brotes de saqueos no habían
cesado, debe mencionarse el paro nacional de trabajadores
convocado por la CTV en mayo de ese año para expresar el
repudio al ‘paquete económico’, o ‘la
marcha de los pendejos’ realizada poco después para
expresar el rechazo a los actos de corrupción.

En 1990, ante la ola de disturbios que se generaron y el
temor del gobierno a desembocar en un nuevo
‘sacudón’, hubo de posponerse hasta agosto el
aumento de la gasolina previsto en la Carta de
Intención con el FMI. En 1991, ante los anuncios de la
modificación del sistema de prestaciones
sociales se acentuaron los disturbios y el gobierno se avino a
congelar el proyecto de ley. Por otra parte se produjeron varias
huelgas significativas, entre ellas las de los trabajadores de
CANTV y VIASA. en el segundo semestre del año, las clases
de educación básica y diversificada fueron
suspendidas durante varias semanas por el exacerbamiento de los
disturbios estudiantiles, que ocasionó la muerte de
varios estudiantes.

Sin embargo, ninguna de las docenas de manifestaciones y
actos de protesta lograron hacer mella en la férrea
voluntad del gobierno de cumplir las medidas de ajuste que se
había propuesto. A fines del año 1991, CAP
informó que se habían cumplido las metas del
‘paquete’ y correspondería, de allí en
adelante, el crecimiento económico y la puesta en
acción de un vigoroso programa social. Anunció un
nuevo y ambicioso proyecto, conocido como ‘El Megaproyecto
Social’, consistente en la inversión de millones de
dólares concedidos en préstamos por los organismos
internacionales, para profundizar programas de ayuda y
atención a la infancia, a
las madres y a los jóvenes; repotenciación de los
sectores sociales más vulnerables a la crisis. No
obstante, el programa social llegaba un poco tarde.

El mes de enero de 1992 se inicio con una huelga de
maestros, informaciones relativas a la pronta aprobación
del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), el cual
era percibido como una amenaza por diversos sectores sociales, y
la aprobación del decreto 1911, sobre registro como
venezolanos de niños de padres extranjeros, que
despertó un desagrado general.

Con este panorama, el presidente Pérez
viajó a la ciudad de Davos, Suiza, a inicios de febrero.
El objetivo era continuar con su política de promocionar
directamente las inversiones extranjeras, concurriendo para ello
a esta reunión anual. En la noche entre el 3 y el 4 de
febrero, regresando el presidente de este viaje, se produjo un
levantamiento militar encabezado por un grupo de oficiales de
mediano y bajo rango, conocidos como el grupo
‘comacate’ y dirigidos por los tenientes coroneles
Francisco Arias Cárdenas y Hugo Chávez, entre
otros, y ejecutado con tropas de los cuarteles de Maracay,
Maracaibo y Valencia. Los rebeldes se presentaron en La Casona,
residencia oficial, donde intentaron apresarlo, pero CAP ya
había sido alertado por el Ministro de la Defensa, y
había salido de allí hacia Miraflores. Por
consiguiente las acciones se concentraron posteriormente
allí.

El presidente, junto al Jefe de la Casa Militar lograron
escapar y dirigirse a Venevisión, desde donde se
dirigió a la nación a las 2:00 a.m. Informó
al país lo que sucedía, solicitó el apoyo
popular y dio ordenes a las fuerzas leales para que actuaran y
controlaran la situación. La imagen del
presidente Pérez, las maniobras, tanto militares como
persuasivas realizadas por el ministro de la Defensa, y la
equivocación del comandante Hugo Chávez, de no
moverse de su centro de comando en el Museo Militar de La
Planicie, para personalmente lograr la captura del presidente en
Miraflores, han sido esgrimidos como los factores que obraron a
favor de Pérez.

En la mañana del 4, Caracas se encontraba de
manera mayoritaria controlada por fuerzas leales al gobierno; los
rebeldes siguieron resistiendo unas horas más, pero a
principios de la tarde, el comandante Hugo Chávez se
dirigió por los MCS llamando a sus compañeros a
deponer las armas y
anunciando su rendición. Pese a fracasar, el golpe del 4f
desencadenó un acelerado proceso de debilitamiento del
piso político y pérdida de gobernabilidad del
gobierno, así como el surgimiento de nuevos actores y
acciones que impulsarían cambios drásticos en el
devenir político venezolano.

CAP, ante la precariedad con que se encontró por
el respaldo popular que obtuvieron los rebeldes y las precisiones
que se hicieron desde el Congreso contra el gobierno,
decidió rectificar la política de ajuste. Desde
entonces también se vio obligado a negociar con los
partidos
políticos y las FAN con el objeto de mantener el
respaldo necesario para seguir gobernando. Y aunque obtuvo poco
éxito, algunas de las acciones que se dieron entonces
resultarían claves para lograr encauzar la crisis
política de 1992 por canales institucionales.

En este orden de ideas destacó la
conformación de un Consejo Consultivo con el fin de
hacerle al Ejecutivo recomendaciones ante la situación
crítica. Dicho Consejo fue presidido por Ramón J.
Velásquez y conformado por Pedro P. Aguilar, Ruth de
Krivoy, Domingo Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro A.
Palma, Pedro Rincón Gutiérrez y Julio Sosa
Rodríguez, la mayoría de ellos independientes que
habían discrepado de algunas de las políticas del
gobierno. A inicios de marzo esta Comisión presentó
un documento donde confirmaban que la crisis en Venezuela era
global, pero tenía especiales connotaciones en lo
económico, social y ético.

El Consejo se pronunció por una reforma
constitucional que llenase las expectativas de la
población, hizo énfasis en la necesidad de extremar
las medidas contra la corrupción, se pronunció por
el saneamiento del Poder Judicial y
la continuidad del proceso de descentralización. Hizo
además un conjunto de consideraciones puntuales, entre las
cuales destacaban importantes modificaciones al programa
económico; entre ellas: la suspensión de los
aumentos de la gasolina hasta tanto no se estableciera un
criterio racional que tomara en consideración la
condición de país energético que tiene
Venezuela; la estabilización de los precios de la
‘cesta básica’ y de las medicinas, así
como las tarifas de servicios públicos y la
detención de la apertura comercial compulsiva para el
sector agropecuario hasta que fuese revisada por los productores
y adecuada a las circunstancias y especificidades del
país.

La debilidad del gobierno también obligó a
Pérez a hacer maniobras con la composición de su
gabinete; tres veces se dieron cambios en el mismo, aunque de
poca trascendencia, para expresar una voluntad real del gobierno
de rectificar su política de ajustes. Así las
cosas, el 27 de noviembre se produjo la segunda asonada, esta vez
con oficiales de alto rango de todas las fuerzas excepto la
GN.

La conspiración tuvo su epicentro en las bases
áreas de Aragua, de donde salieron temprano en la
mañana varios aviones Bronco con destino a Caracas.
Allí bombardearon Miraflores, el Capitolio, la DISIP. Al
mismo tiempo, grupos civiles
tomaron una estación de televisión, así como el centro que
permitía la transmisión a 3 de los 4 principales
canales de TV. Se pasó varias veces una alocución
del comandante Chávez, llamando el pueblo a la
subversión. Los rebeldes fueron rechazados por las fuerzas
leales al gobierno, quienes a media mañana, manejando los
F-16, salieron en persecución de los Bronco.

Sometidas las fuerzas sublevadas, algunos se entregaron
y otros huyeron al Perú. Además hubo saqueos
aislados en algunas zonas de la capital, disturbios, así
como una masacre en el Retén de Catia, donde murieron
más de 60 presos. Como dirigentes de la
insurrección estaban el general Francisco Visconti, jefe
de logística del Estado Mayor Conjunto, el
contralmirante Hernán Grüber Odremán y el
contralmirante Luis Cabrera Aguirre.

Año 1993: el 20 de mayo:

Uno de los logros derivados de la sostenida
presión para cambios en el ordenamiento político
por parte de algunos grupos de la
sociedad fue la recomposición de la Corte Suprema de
Justicia en 1992. entre los promotores de esta iniciativa se
encontraban personalidades reunidas en el llamado ‘Grupo de
los Notables’; pero también contó con el
apoyo y la movilización de otras personalidades. Con una
Corte recompuesta gracias al pase a retiro de algunos magistrados
y la sustitución por otros magistrados independientes de
los partidos, en marzo de 1993, el fiscal general de la
república, Ramón Escovar Salom, solicitó un
antejuicio de mérito a CAP por malversación de
fondos públicos por el orden de los 250 millones de
bolívares de la partida secreta.

También consideró el fiscal que
existía responsabilidad penal para los ex ministros
Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo. El Tribunal de
Sustanciación de la CSJ, admitió la petición
y reabrió el caso, que había sido declarado
improcedente en febrero de ese año, cuando La Causa R
demandó. La ponencia fue encomendada al presidente de la
CSJ, Gonzalo Rodríguez Corro. El 5 de mayo algunos diarios
recogían el rumor de que la ponencia sería
desfavorable a CAP y que este renunciaría. Es de destacar
que por esos días, una comisión del Congreso estaba
terminando su informe donde también encontraba
responsabilidades de Pérez, junto con otros altos
funcionarios de sus gobierno, por un fraude a la
Nación por el orden de los 10 millones de
dólares.

Planteada la posibilidad de que el presidente pudiese
ser sometido a juicio, la zozobra del país adquirió
ribetes dramáticos. El 20 de mayo, buena parte del
país paralizó sus actividades con el fin de
escuchar la sentencia de la CSJ. A tempranas horas de la tarde,
actuando como vocero de la misma, Rodríguez Corro
declaró con lugar la solicitud de antejuicio intentada el
pasado 11 de marzo por el fiscal contra el presidente y sus ex
ministros. El senado se reunió al día siguiente y
por unanimidad autorizó el juicio, asumiendo a
continuación la presidencia del país, de manera
provisional el presidente del Congreso, Octavio Lepage. Poco
después resultó electo para culminar el mandato
Ramón J. Velásquez, quien tomó
posesión el 5 de junio.

Otros aspectos significativos: el proceso de
descentralización:

En los últimos meses del gobierno de Jaime
Lusinchi y los primeros de este gobierno fue aprobado un conjunto
de reformas políticas que iniciaron el proceso de
descentralización política-administrativa del
país. En diciembre de 1989 y en diciembre de 1992 tuvieron
lugar los 2 primeros procesos
electorales para la escogencia de gobernadores de estado y
alcaldes. La difícil situación social y
política de estos años afectó los resultados
de ambos comicios, sobre todo a nivel regional,
constituyéndose esas elecciones como forma de expresar el
repudio al gobierno de CAP.

En 1989, Acción Democrática perdió
9 de las 20 gobernaciones que controlaba; en 1992 perdió
14 de las 22 en disputa. También las primeras elecciones
de gobernadores y alcaldes comenzaron a expresar los nuevos
desarrollos políticos regionales y locales: la emergencia
de un nuevo tipo de liderazgo de
arraigo regional o local, el surgimiento de organizaciones
políticas alternativas a las tradicionales AD y COPEI, y
el ejercicio del poder en manos distintas a las que venían
gobernando el país desde 1958.

Relaciones Exteriores:

CAP reorientó las relaciones exteriores de
acuerdo con el nuevo orden político mundial establecido
tras el cese de la confrontación Este-Oeste. Casi desde el
inicio de su gestión, Pérez emprendió una
serie de visitas oficiales a Estados Unidos,
Tobago, Hungría, Bolivia, Argentina,
Uruguay,
Surinam, Costa Rica,
Colombia, Chile,
Brasil,
Ecuador, Nicaragua, Honduras, Italia, España,
Perú, Haití, Guyana, Jamaica, Belice, El Salvador,
Guatemala,
Bélgica, Reino de los Países Bajos, Francia,
República Federal de Alemania,
Saint Kitts-Nevis, México y Dominica.

Pese a este esfuerzo diplomático, la
cancillería de Pérez verá truncadas las
posibilidades de llevar adelante los lineamientos de su
política exterior, traducida al papel en nuevo
enfoque de la integración latinoamericana, el
fortalecimiento de la diplomacia comercial, la cooperación
Sur-Sur, y el diálogo Norte-Sur.

Capítulo
8

RAMÓN JOSÉ
VELÁSQUEZ

5/6/1993 – 2/2/1994

Gobierno formado con el propósito de completar el
período constitucional 1989-1994, luego que el 20 de mayo
de 1993 el Congreso de la República, a solicitud de la
Corte Suprema de Justicia, suspendiera a Carlos Andrés
Pérez de su cargo de Presidente de la República. La
juramentación del nuevo presidente tuvo lugar el 5 de
junio y con ese acto se completó un proceso absolutamente
desconocido en la historia republicana de
Venezuela: el de la interrupción del mandato de un
gobernante electo por votación universal, directa y
secreta para ser sometido a un proceso judicial y su
sustitución por un nuevo jefe de Estado resultante de una
elección parlamentaria.

El gobierno de Ramón J. Velásquez se
desenvolvió en circunstancias de grave crisis general del
país, cubriendo los 8 meses finales de un quinquenio en
cuyo curso se produjo un acentuado deterioro de la
economía nacional y de las condiciones de vida de los
ciudadanos, un incremento notable de la inseguridad
personal por
el auge de la delincuencia,
un aumento igualmente notable de la corrupción y 3 hechos
resultantes de esa situación: el estallido social iniciado
el 27 de febrero de 1989 y los alzamientos militares del 4 de
febrero y del 27 de noviembre de 1992.

Dentro de ese cuadro crítico, la
suspensión de Pérez y la asunción a la
presidencia de Velásquez, fueron apreciadas en general
como un logro del país ante quienes hacían un
manejo incorrecto de la función pública, dando
lugar a la atenuación de las tensiones sociales y
generando expectativas de cambio en diversos sectores de la
población. En relación con este último
aspecto, Velásquez fue enfático al señalar
en el acto de su juramentación (y en muchas oportunidades
posteriores) que el lapso de su mandato era muy breve y, por
tanto no cabía pensar en acciones de fondo para atacar los
serios problemas del país, y que se planteaba como
propósitos esenciales, por una parte, llevar a Venezuela a
la cabal realización de las elecciones convocadas para el
5 de diciembre de 1993 con el objeto de escoger al presidente de
la República y los senadores y diputados, y por otra,
trabajar por la concertación de un gran acuerdo nacional
que sentara las bases para la solución de la crisis a
partir del nuevo período constitucional
1994-1999.

El primero de dichos propósitos fue logrado no
obstante las dificultades que se mencionarán más
adelante, el 5/12/1993 fue electo Rafael Caldera como presidente
de la República, de igual manera la conformación
del Congreso varió considerablemente con respecto a los
períodos que precedieron a esta elección. En cuanto
al gran acuerdo nacional, este propósito no puedo ser
concretado. Se trataba de coordinar planes y establecer normas para una
acción coherente frente a la crisis económica entre
gobierno, empresarios, trabajadores y la sociedad civil. Entre el
15 de junio y el 30 de noviembre se celebraron en el Palacio de
Miraflores numerosas reuniones con diversos sectores de la
economía nacional, grupos representativos de la Iglesia,
universidades, etc., mostrando todos receptividad y apoyo a la
consecución del acuerdo, pero este proyecto fracasó
frente a la reticencia de figuras y organizaciones
políticas cuya adhesión era
indispensable.

En rigor, junto a la brevedad del lapso de
gestión que correspondió a este gobierno, otros
factores contribuyeron a limitar su capacidad de acción y
aun a crearle trabas. Uno de esos factores fue precisamente la
carencia de respaldo político sólido, ya que los
partidos más importantes durante aquel lapso, luego de
promover la designación de Velásquez por el
Congreso, no aceptaron formar parte de su equipo de gobierno y,
por ende, no asumieron responsabilidad respecto a la actuación de
éste, el cual quedó integrado por personalidades
políticamente independientes.

Otro factor, vinculado al anterior, fue el de la
dualidad de poderes que de hecho existió hasta el 15 de
agosto de 1993, fecha en la cual la CSJ determinó
definitivamente que sí había méritos
suficientes para someter a CAP a juicio, ya que éste
continuo influyendo en el gobierno, no obstante encontrarse
suspendido, y con el visto bueno de importantes grupos de su
partido. Un tercer factor fue la brevedad del período de
gobierno, ya que después del 5 de diciembre, una vez
electo presidente Rafael Caldera y faltando apenas 2 meses para
que este tomará posesión, al gobierno sólo
le quedó la alternativa de preparar la transmisión
de mando con las comisiones de enlace del nuevo
mandatario.

A pesar de los factores señalados, el gobierno de
Velásquez realizó diversas acciones y
alcanzó varios logros fundamentales. Uno de los más
significativos se produjo en el área de la
descentralización política y administrativa. En
efecto, por considerar que dicha descentralización es
fundamental para asegurar el armónico desarrollo de las
regiones, y tomando en cuenta que después de la
promulgación de las leyes para la
elección directa de los gobernadores de los estados y
referente a la transferencia de atribuciones del poder nacional
al de los estados, no se había legislado sobre la materia;
el 7 de junio el presidente Velásquez decretó la
creación del Ministerio de Estado para la
Descentralización. Una de las atribuciones principales del
nuevo despacho fue poner en ejecución las dos leyes
citadas y reglamentarlas con el objeto de convertir el proceso
descentralizador en una política respecto a cuya
ejecución el gobierno nacional y la Administración
Pública estuvieran permanentemente
comprometidos.

El ministerio creó los mecanismos necesarios para
la realización de esos propósitos, y en tal
sentido, fundó el Consejo Territorial de Gobierno que
integraron el presidente de la República, los ministros y
gobernadores, convirtiéndolo además en un organismo
permanente en busca de soluciones
comunes de gobierno; estableció el Consejo Nacional de
Alcaldes y también el Consejo de Alcaldes de los
Municipios del Área Metropolitana y realizó los
primeros convenios de transferencia de competencia
concurrentes con los estados Bolívar, Aragua, Carabobo y
Anzoátegui.

En ejecución de la Ley Habilitante que le
había sido otorgada por el Congreso Nacional el 23 de
agosto, en la cual se autorizaba al presidente a dictar
Decretos-Ley en materias fiscal y económica para paliar
los efectos de la crisis que atravesaba Venezuela desde 1989;
estos decretos-ley vendrían a legislar materias que
estaban engavetadas en el Congreso desde 1989. Una de los
Decretos-Ley dictados por el gobierno fue el Decreto-Ley No. 3265
del 25 de noviembre de 1993, que estableció los mecanismos
de participación de los estados y municipios en el
impuesto al
valor agregado
(IVA) y
creó el Fondo Intergubernamental para la
Descentralización (FIDES) que es el organismo receptor de
esos recursos del Tesoro Nacional para luego destinarlos a
estados y municipios a fin de financiar las transferencias
efectivas de competencias.

Los Decretos –Ley dictados fueron los
siguientes:

1. Establecimiento del Impuesto al
   Valor Agregado (IVA) y un impuesto a los
   activos
   empresariales como medio de diversificar y fortalecer el
   sistema tributario;
2. la reforma de Ley de Timbre Fiscal;
3. la Ley de Arancel Judicial;
4. la reforma a la Ley de Impuesto sobre
   la Renta (ISLR) para crear una estructura
   tributaria dirigida a las empresas petroleras establecidas en
   el país mediante convenios de
   asociación;
5. la Ley General de Bancos y otros
   institutos financieros;
6. las reformas a las leyes del Sistema Nacional de
   Ahorro y Préstamo, la Ley de Política
   Habitacional y la Ley de Deudor Hipotecario.

En materia Internacional, el gobierno mantuvo una
intensa actividad en el campo de la Integración
Latinoamericana y se hizo presente en las reuniones del Pacto Andino, del
Grupo de los tres (G-3) y en el acuerdo celebrado entre las
Naciones del Caribe (CARICOM) y G-3. Junto a los problemas
políticos que afrontó y logros diversos que obtuvo,
el gobierno debió actuar frente a una situación muy
especial que agravó notoriamente el cuadro general del
país: el colapso del sistema
financiero venezolano, básicamente generado por el
manejo irregular por parte de algunos banqueros dieron a los
fondos depositados en las instituciones
que dirigían. Como hecho más relevante dentro de la
situación mencionada, en enero de 1994 el gobierno
intervino el Banco Latino, institución acusada de incurrir
en delito en
detrimento de sus depositantes y en otras violaciones a las
leyes.

Tuvo lugar de igual manera otro hecho que
conmocionó a la opinión pública, lo cual fue
la ola de atentados con bombas en
distintos sitios públicos de Caracas, los cuales fueron
cometidos por personas que buscaban beneficios económicos
y no políticos. Otro hecho singular fue el Narcoindulto
concedido por Velásquez, el cual fue firmado por su
secretaria privada, lo que trajo respectivas investigaciones
judiciales a otro presidente, sin llegar a mayores
consecuencias.

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