Monografias.com > Derecho
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

El narcotráfico contra el PBI (Perú)



Partes: 1, 2

    1. Síntesis
    2. Aspectos
      del narcotráfico y del PBI
    3. Perú: en las
      ligas mayores del narcotráfico
      mundial
    4. Reptando
      un mismo pozo
    5. El brazo
      del narcotráfico
    6. Los
      rastros de sangre y muerte
    7. Confirman nexos con
      la droga
    8. Reflexión
      final
    9. Bibliografía

    "Sólo hay una guerra que
    puede permitirse el ser humano: la guerra contra su
    extinción."

    1. Corriendo el velo de la retórica oficial
      internacional, una documentada y rigurosa investigación nos muestra la
      preocupante evolución experimentada por el narcotráfico en el Perú,
      precisando su actual capacidad para amenazar la seguridad
      nacional y gobernabilidad del país, además de
      contaminar el tejido socio-económico y el medio
      ambiente; igualmente, se podrá conocer la
      situación real del grupo
      terrorista Sendero Luminoso (SL), revelando sus nuevos
      cabecillas, modus operandi y áreas de influencia,
      junto a las alianzas estratégicas que ha establecido
      con las mafias del narcotráfico peruano, construyendo
      así, un escenario propicio para fortalecer su letal
      capacidad operativa y volver a desestabilizar al Estado
      peruano en el contexto de un siniestro fenómeno: el
      narcoterrorismo.

      El narcotráfico en el Perú se
      expandió en el año 2006 tras un crecimiento de
      7% en los cultivos de hoja de coca y de 8% en la producción de droga
      respecto al año 2005, alcanzando unas 280 toneladas de
      cocaína. Según el Sistema
      Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU, el
      incremento de los cultivos a 51.400 hectáreas de hoja
      de coca -la más alta cantidad desde 1998- y de la
      producción a 114.100 toneladas de hoja de coca,
      volvieron a ubicar al Perú como el segundo abastecedor
      mundial de cocaína detrás de Colombia.

      En paralelo, la producción peruana durante el
      2006 representó el 28% de la oferta
      mundial de cocaína, un punto porcentual más que
      el resultado del año anterior, como se desprende de
      los estimados hechos por el reporte "Monitoreo de cultivos de
      coca en el Perú" de la ONU, en el 2006. Situando en
      una perspectiva apropiada estos hechos, es necesario conocer
      que las cifras varían respecto a los cultivos de hoja
      de coca: para el Departamento de Estado de Estados
      Unidos (E.U.), el Perú tiene 38 mil
      hectáreas de hoja de coca, Colombia contaría
      con 144 mil y en Bolivia
      habrían 26.500 hectáreas; por el contrario,
      para la Oficina de
      las Naciones Unidas para las Drogas
      y el Delito
      (Onudd), Colombia tendría 78 mil hectáreas,
      Perú 51.400 y Bolivia 27.700.

      Un dato importante: para el gobierno
      peruano existen dos fuentes
      primordiales de información sobre el cultivo de hoja de
      coca: el Crime and Narcotics Center, del Departamento de
      Estado de E.U. y el Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por
      la ONU. A pesar de las diferencias en sus mediciones, ambas
      confirman una tendencia incremental de los cultivos de coca
      en el Perú, entre el año 2001 y el 2006; siendo
      el Valle del Alto Huallaga y el Valle del Río
      Apurímac y Ene, las regiones con mayor cantidad de
      coca sembrada.

       Al respecto y en función de los datos de la
      "Encuesta
      nacional de hogares sobre consumo
      tradicional de hoja de coca" (Inei-Devida, 2003), se puede
      inferir que para el 2006, el 8% (8.800 toneladas) de la
      producción de hoja de coca estaba destinada al uso
      tradicional, mientras que menos del 1% es empleada para la
      producción de bolsitas filtrantes (mate de coca),
      elaboración de saborizantes y bebidas gaseosas,
      además de la industria
      médica y químico-farmacéutica. Por lo
      que se estaría destinando un 9% de la
      producción total de hoja de coca a usos legales y el
      91% de la producción restante serviría como
      insumo para las mafias del narcotráfico.

       Esto ocurre cuando en el Perú no existe
      un actualizado y confiable catastro rural que determine la
      cantidad de los cultivos de hoja de coca legales e ilegales;
      peor todavía, tampoco se ha realizado un
      empadronamiento reciente, sistemático y veraz que
      identifique a los cultivadores de hoja de coca, con el objeto
      de focalizar más eficazmente nuevos programas de
      cultivos alternativos. En esa misma línea, se debe
      remarcar que el crecimiento del narcotráfico en el
      Perú durante el 2006, se produjo pese a que la
      erradicación de cultivos de almácigos
      aumentó en 4% (12.688 hectáreas), en
      relación al 2005.

       Habiéndose establecido la actual
      distribución de los cultivos de hoja de
      coca, de la siguiente manera: Valle del Alto Huallaga
      (Región Huánuco) y Valle del Monzón
      (Región San Martín): 17.165 hectáreas;
      Valle de los ríos Apurímac y Ene (Región
      Junín y Región Ayacucho): 15.712; Valle de La
      Convención -Lares (Región Cusco): 12.747; Valle
      de San Gabán (Región Puno): 446; Valle de
      Iñambari-Tambopata (Región Puno): 2.366; Valle
      de Aguaytía (Región Ucayali): 1.570; Valle del
      Marañón (Región Amazonas): 443; zona del
      Putumayo: 150 y zona del Amazonas-Caballococha (Región
      Loreto): 375; Valles del Palcazú, Pachitea y Pichis
      (Región Pasco): 426 hectáreas de hoja de
      coca.

       En relación a estas cifras se debe
      resaltar un suceso perturbador: en los últimos ocho
      años, las hectáreas de coca en el Valle del
      Río Apurímac y Ene, han sido duplicadas y en
      dicha región ya no sólo se procesa pasta
      básica de cocaína sino también
      clorhidrato de cocaína.

       Al mismo tiempo,
      una evaluación de la estatal
      Comisión Nacional para el Desarrollo
      y Vida sin Drogas
      (Devida), admitió que la incautación de
      cocaína por parte de las fuerzas del orden y unidades
      antinarcóticos, cayó 17% en el 2006: es decir,
      14.749 kilos, tres mil menos que en el 2005. Aunque con una
      visión más optimista, el Ministro del Interior
      del Perú, Luis Alva Castro, expresó en junio
      del 2007, que la "Estrategia
      Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011", puede exhibir
      un primer avance: haber elevado a casi el doble el decomiso
      de insumos químicos dirigidos a la elaboración
      de drogas, de 203 toneladas en el 2006 a 390 toneladas, hasta
      el primer semestre del 2007.

       También el Ministro del Interior
      destacó algo muy cierto: por primera vez se
      reúnen en una misma mesa de trabajo,
      las entidades estatales responsables de combatir el lavado de
      activos en
      el Perú: Superintendencia de Banca y
      Seguros,
      Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia
      Nacional de Administración Tributaria,
      Superintendencia Nacional de los Registros
      Públicos, Dirección Antidrogas, Ministerio del
      Interior, Ministerio Público y Devida.

       Todo ello, en un panorama internacional que se
      continúa eclipsando, debido a la creciente
      incorporación de China en
      el mercado
      mundial de la cocaína y la heroína, como una
      secuela perniciosa de su sostenida prosperidad
      económica; lo que podría incentivar la
      producción de drogas en el Perú, aún
      más, toda vez que el mercado asiático es uno de
      los que más pagan por el kilo de cocaína: la
      Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, sostiene que
      el precio de
      venta de
      esta droga en Asia puede
      llegar hasta los 150 mil dólares, mientras que en
      E.U., se paga unos 30 mil y en Europa
      unos 50 mil dólares. Empero, E.U. sigue como el mayor
      demandante de drogas del mundo, ya que el 5% de su población (unas 16 millones de
      personas), consume diversas drogas
      ilícitas.

      Es oportuno referir, que de acuerdo a fuentes
      confiables del gobierno peruano, desde hace dos años
      el conjunto de países de la Unión
      Europea (UE), se convirtió en el principal destino
      para el 60% de la cocaína elaborada en el Perú,
      teniendo a MadridEspaña
      y Ámsterdam o Rótterdam-Holanda, como "puertas
      de entrada", y como rutas intermedias a Sao Paulo-Brasil y
      Buenos
      Aires-Argentina; al tiempo que E.U. pasó al
      segundo lugar de estas exportaciones ilícitas. Entre otros
      motivos, por que los precios de
      la cocaína son más altos en la UE que en E.U.,
      país que tiene como principal abastecedor de esta
      sustancia a Colombia y como máximos comercializadores
      de drogas a los cárteles mexicanos.

       En tal sentido, durante abril del 2006,
      la
      Administración de Drogas y Narcóticos
      estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), detalló los resultados
      de un estudio de más de mil diferentes muestras de
      cocaína incautada en los E.U., concluyendo que el 88%
      de las muestras provenían de la coca cultivada en el
      Putumayo-Caquetá y Meta-Guaviare en Colombia; el 9% de
      los valles del Alto Huallaga, el Valle del río
      Apurímac-Ene y la Convención en el Perú;
      el 1% del Chapare-Cochabamba en Bolivia; y, el 2% fueron de
      origen no determinado.

      La criminalidad está restando mucho
      crecimiento y bienestar a la vez que impide el desarrollo
      social de América
      Latina. Ello se debe a que los gobiernos deben dedicar
      una parte importante del gasto público a actividades
      policiales, justicia
      penal y, en general, a combatir la criminalidad. Por su parte
      las empresas
      dedican, cada vez más recursos
      en la prevención de la violencia
      y a proteger a sus empleados y propiedades. Recursos
      público y privados que, por tanto, no se destinan al
      gasto social ni a fabricar bienes y
      servicios.
      La evidencia empírica demuestra que los aumentos en la
      delincuencia y criminalidad, especialmente los
      homicidios, generan un elevado lastre al
      crecimiento
      económico. El coste económico de la
      criminalidad es equivalente al 14 por ciento del Producto
      Interior Bruto de la región, según un informe
      del Banco
      Interamericano de Desarrollo que constituye el estudio
      más reciente sobre la criminalidad y delincuencia en
      la región.

      La delincuencia también afecta negativamente
      al crecimiento, debido a que reduce la productividad
      y la participación laboral y
      aumenta el fracaso escolar y el desempleo de
      jóvenes. Además la criminalidad aleja las
      inversiones, tanto internas como las
      provenientes del exterior. En varios países, la
      delincuencia ocasiona mayor dificultad en el acceso a la
      financiación y un descenso en la productividad laboral
      (además de un aumento en el gasto en medidas de
      seguridad ya comentado).

      El principal factor que explica los índices
      tan altos de agresiones y homicidios en la región es
      el tráfico de drogas. El narcotráfico obliga a
      desviar recursos de otras actividades hacia la justicia
      penal, provoca delitos
      contra la propiedad
      relacionados con la adicción, contribuye a la amplia
      circulación de armas de
      fuego y corrompe las instituciones sociales. Para combatir la
      delincuencia se ha utilizado sobre todo la justicia penal,
      descuidando enfoques complementarios que podrían ser
      efectivos a la hora de reducir cierto tipo de delitos. Por
      ejemplo, programas que mejoren el entorno de los barrios o un
      enfoque de salud
      pública centrada en los factores de riesgo del
      comportamiento agresivo.

      Latinoamérica está entre las regiones
      más violentas del mundo, con más de 22
      homicidios por 100.000 habitantes. Los expertos consideran
      que la razón es la gran disponibilidad de armas de
      fuego en manos de la población civil. Aunque la
      tenencia de armas suele estar regulada por ley, la gran
      mayoría de la población civil se abastece en el
      mercado negro. En resumen la violencia reinante en la
      región socava el crecimiento e impide el desarrollo
      social. Los altos índices de delitos y violencia
      afectan a los negocios y
      constituyen un obstáculo para las inversiones, lo que
      repercute en un menor desarrollo. Según
      cálculos incluidos en un informe que acaba de publicar
      el Banco
      Mundial si América latina redujera en una tercera
      parte el índice de homicidios, algunos países
      podrían duplicar su tasa de crecimiento
      económico

    2. SÍNTESIS:

    Partes: 1, 2

    Página siguiente 

    Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

    Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

    Categorias
    Newsletter