- Síntesis
- Aspectos
del narcotráfico y del PBI - Perú: en las
ligas mayores del narcotráfico
mundial - Reptando
un mismo pozo - El brazo
del narcotráfico - Los
rastros de sangre y muerte - Confirman nexos con
la droga - Reflexión
final - Bibliografía
"Sólo hay una guerra que
puede permitirse el ser humano: la guerra contra su
extinción."
Corriendo el velo de la retórica oficial
internacional, una documentada y rigurosa investigación nos muestra la
preocupante evolución experimentada por el narcotráfico en el Perú,
precisando su actual capacidad para amenazar la seguridad
nacional y gobernabilidad del país, además de
contaminar el tejido socio-económico y el medio
ambiente; igualmente, se podrá conocer la
situación real del grupo
terrorista Sendero Luminoso (SL), revelando sus nuevos
cabecillas, modus operandi y áreas de influencia,
junto a las alianzas estratégicas que ha establecido
con las mafias del narcotráfico peruano, construyendo
así, un escenario propicio para fortalecer su letal
capacidad operativa y volver a desestabilizar al Estado
peruano en el contexto de un siniestro fenómeno: el
narcoterrorismo.El narcotráfico en el Perú se
expandió en el año 2006 tras un crecimiento de
7% en los cultivos de hoja de coca y de 8% en la producción de droga
respecto al año 2005, alcanzando unas 280 toneladas de
cocaína. Según el Sistema
Nacional de Monitoreo apoyado por la ONU, el
incremento de los cultivos a 51.400 hectáreas de hoja
de coca -la más alta cantidad desde 1998- y de la
producción a 114.100 toneladas de hoja de coca,
volvieron a ubicar al Perú como el segundo abastecedor
mundial de cocaína detrás de Colombia.En paralelo, la producción peruana durante el
2006 representó el 28% de la oferta
mundial de cocaína, un punto porcentual más que
el resultado del año anterior, como se desprende de
los estimados hechos por el reporte "Monitoreo de cultivos de
coca en el Perú" de la ONU, en el 2006. Situando en
una perspectiva apropiada estos hechos, es necesario conocer
que las cifras varían respecto a los cultivos de hoja
de coca: para el Departamento de Estado de Estados
Unidos (E.U.), el Perú tiene 38 mil
hectáreas de hoja de coca, Colombia contaría
con 144 mil y en Bolivia
habrían 26.500 hectáreas; por el contrario,
para la Oficina de
las Naciones Unidas para las Drogas
y el Delito
(Onudd), Colombia tendría 78 mil hectáreas,
Perú 51.400 y Bolivia 27.700.Un dato importante: para el gobierno
peruano existen dos fuentes
primordiales de información sobre el cultivo de hoja de
coca: el Crime and Narcotics Center, del Departamento de
Estado de E.U. y el Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por
la ONU. A pesar de las diferencias en sus mediciones, ambas
confirman una tendencia incremental de los cultivos de coca
en el Perú, entre el año 2001 y el 2006; siendo
el Valle del Alto Huallaga y el Valle del Río
Apurímac y Ene, las regiones con mayor cantidad de
coca sembrada.Al respecto y en función de los datos de la
"Encuesta
nacional de hogares sobre consumo
tradicional de hoja de coca" (Inei-Devida, 2003), se puede
inferir que para el 2006, el 8% (8.800 toneladas) de la
producción de hoja de coca estaba destinada al uso
tradicional, mientras que menos del 1% es empleada para la
producción de bolsitas filtrantes (mate de coca),
elaboración de saborizantes y bebidas gaseosas,
además de la industria
médica y químico-farmacéutica. Por lo
que se estaría destinando un 9% de la
producción total de hoja de coca a usos legales y el
91% de la producción restante serviría como
insumo para las mafias del narcotráfico.Esto ocurre cuando en el Perú no existe
un actualizado y confiable catastro rural que determine la
cantidad de los cultivos de hoja de coca legales e ilegales;
peor todavía, tampoco se ha realizado un
empadronamiento reciente, sistemático y veraz que
identifique a los cultivadores de hoja de coca, con el objeto
de focalizar más eficazmente nuevos programas de
cultivos alternativos. En esa misma línea, se debe
remarcar que el crecimiento del narcotráfico en el
Perú durante el 2006, se produjo pese a que la
erradicación de cultivos de almácigos
aumentó en 4% (12.688 hectáreas), en
relación al 2005.Habiéndose establecido la actual
distribución de los cultivos de hoja de
coca, de la siguiente manera: Valle del Alto Huallaga
(Región Huánuco) y Valle del Monzón
(Región San Martín): 17.165 hectáreas;
Valle de los ríos Apurímac y Ene (Región
Junín y Región Ayacucho): 15.712; Valle de La
Convención -Lares (Región Cusco): 12.747; Valle
de San Gabán (Región Puno): 446; Valle de
Iñambari-Tambopata (Región Puno): 2.366; Valle
de Aguaytía (Región Ucayali): 1.570; Valle del
Marañón (Región Amazonas): 443; zona del
Putumayo: 150 y zona del Amazonas-Caballococha (Región
Loreto): 375; Valles del Palcazú, Pachitea y Pichis
(Región Pasco): 426 hectáreas de hoja de
coca.En relación a estas cifras se debe
resaltar un suceso perturbador: en los últimos ocho
años, las hectáreas de coca en el Valle del
Río Apurímac y Ene, han sido duplicadas y en
dicha región ya no sólo se procesa pasta
básica de cocaína sino también
clorhidrato de cocaína.Al mismo tiempo,
una evaluación de la estatal
Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas
(Devida), admitió que la incautación de
cocaína por parte de las fuerzas del orden y unidades
antinarcóticos, cayó 17% en el 2006: es decir,
14.749 kilos, tres mil menos que en el 2005. Aunque con una
visión más optimista, el Ministro del Interior
del Perú, Luis Alva Castro, expresó en junio
del 2007, que la "Estrategia
Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011", puede exhibir
un primer avance: haber elevado a casi el doble el decomiso
de insumos químicos dirigidos a la elaboración
de drogas, de 203 toneladas en el 2006 a 390 toneladas, hasta
el primer semestre del 2007.También el Ministro del Interior
destacó algo muy cierto: por primera vez se
reúnen en una misma mesa de trabajo,
las entidades estatales responsables de combatir el lavado de
activos en
el Perú: Superintendencia de Banca y
Seguros,
Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria,
Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, Dirección Antidrogas, Ministerio del
Interior, Ministerio Público y Devida.Todo ello, en un panorama internacional que se
continúa eclipsando, debido a la creciente
incorporación de China en
el mercado
mundial de la cocaína y la heroína, como una
secuela perniciosa de su sostenida prosperidad
económica; lo que podría incentivar la
producción de drogas en el Perú, aún
más, toda vez que el mercado asiático es uno de
los que más pagan por el kilo de cocaína: la
Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, sostiene que
el precio de
venta de
esta droga en Asia puede
llegar hasta los 150 mil dólares, mientras que en
E.U., se paga unos 30 mil y en Europa
unos 50 mil dólares. Empero, E.U. sigue como el mayor
demandante de drogas del mundo, ya que el 5% de su población (unas 16 millones de
personas), consume diversas drogas
ilícitas.Es oportuno referir, que de acuerdo a fuentes
confiables del gobierno peruano, desde hace dos años
el conjunto de países de la Unión
Europea (UE), se convirtió en el principal destino
para el 60% de la cocaína elaborada en el Perú,
teniendo a Madrid–España
y Ámsterdam o Rótterdam-Holanda, como "puertas
de entrada", y como rutas intermedias a Sao Paulo-Brasil y
Buenos
Aires-Argentina; al tiempo que E.U. pasó al
segundo lugar de estas exportaciones ilícitas. Entre otros
motivos, por que los precios de
la cocaína son más altos en la UE que en E.U.,
país que tiene como principal abastecedor de esta
sustancia a Colombia y como máximos comercializadores
de drogas a los cárteles mexicanos.En tal sentido, durante abril del 2006,
la
Administración de Drogas y Narcóticos
estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), detalló los resultados
de un estudio de más de mil diferentes muestras de
cocaína incautada en los E.U., concluyendo que el 88%
de las muestras provenían de la coca cultivada en el
Putumayo-Caquetá y Meta-Guaviare en Colombia; el 9% de
los valles del Alto Huallaga, el Valle del río
Apurímac-Ene y la Convención en el Perú;
el 1% del Chapare-Cochabamba en Bolivia; y, el 2% fueron de
origen no determinado.La criminalidad está restando mucho
crecimiento y bienestar a la vez que impide el desarrollo
social de América
Latina. Ello se debe a que los gobiernos deben dedicar
una parte importante del gasto público a actividades
policiales, justicia
penal y, en general, a combatir la criminalidad. Por su parte
las empresas
dedican, cada vez más recursos
en la prevención de la violencia
y a proteger a sus empleados y propiedades. Recursos
público y privados que, por tanto, no se destinan al
gasto social ni a fabricar bienes y
servicios.
La evidencia empírica demuestra que los aumentos en la
delincuencia y criminalidad, especialmente los
homicidios, generan un elevado lastre al
crecimiento
económico. El coste económico de la
criminalidad es equivalente al 14 por ciento del Producto
Interior Bruto de la región, según un informe
del Banco
Interamericano de Desarrollo que constituye el estudio
más reciente sobre la criminalidad y delincuencia en
la región.La delincuencia también afecta negativamente
al crecimiento, debido a que reduce la productividad
y la participación laboral y
aumenta el fracaso escolar y el desempleo de
jóvenes. Además la criminalidad aleja las
inversiones, tanto internas como las
provenientes del exterior. En varios países, la
delincuencia ocasiona mayor dificultad en el acceso a la
financiación y un descenso en la productividad laboral
(además de un aumento en el gasto en medidas de
seguridad ya comentado).El principal factor que explica los índices
tan altos de agresiones y homicidios en la región es
el tráfico de drogas. El narcotráfico obliga a
desviar recursos de otras actividades hacia la justicia
penal, provoca delitos
contra la propiedad
relacionados con la adicción, contribuye a la amplia
circulación de armas de
fuego y corrompe las instituciones sociales. Para combatir la
delincuencia se ha utilizado sobre todo la justicia penal,
descuidando enfoques complementarios que podrían ser
efectivos a la hora de reducir cierto tipo de delitos. Por
ejemplo, programas que mejoren el entorno de los barrios o un
enfoque de salud
pública centrada en los factores de riesgo del
comportamiento agresivo.Latinoamérica está entre las regiones
más violentas del mundo, con más de 22
homicidios por 100.000 habitantes. Los expertos consideran
que la razón es la gran disponibilidad de armas de
fuego en manos de la población civil. Aunque la
tenencia de armas suele estar regulada por ley, la gran
mayoría de la población civil se abastece en el
mercado negro. En resumen la violencia reinante en la
región socava el crecimiento e impide el desarrollo
social. Los altos índices de delitos y violencia
afectan a los negocios y
constituyen un obstáculo para las inversiones, lo que
repercute en un menor desarrollo. Según
cálculos incluidos en un informe que acaba de publicar
el Banco
Mundial si América latina redujera en una tercera
parte el índice de homicidios, algunos países
podrían duplicar su tasa de crecimiento
económicoSÍNTESIS:
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