La situación de la mujer salvadoreña en el marco de la Teoría de Género (página 4)

1. Para algunos éstos constituyen derechos
   sociales al igual que el derecho al trabajo,
   así como derechos
   humanos y así se encuentran contemplados en la
   Sección Cuarta de nuestra Constitución, especialmente en el
   Art. 65 se enuncia "La salud de los habitantes de la
   República constituye un bien público.
   El
   Estado y las personas están obligados a velar
   por su conservación y restablecimiento. El Estado
   determinará la política nacional de salud y
   controlará y supervisará su
   aplicación".

   Sigue el Art. 66 Cn. "El Estado dará
   asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, y a los habitantes en general,
   cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para
   prevenir la diseminación de una enfermedad
   transmisible. En este caso, toda persona
   está obligada a someterse a dicho
   tratamiento"

   En este mismo orden el Código de Salud, tiene como objeto
   "desarrollar los principios
   constitucionales relacionados con la salud
   pública y asistencia social de los habitantes de
   la República y las normas
   para la
   organización, funcionamiento y facultades del
   Consejo Superior de Salud Pública y Asistencia
   Social y demás organismos del Estado, servicios de salud privados y las relaciones
   de éstos entre sí en el ejercicio de las
   profesiones relativas a la salud del pueblo.

   No obstante con el proceso
   de privatización que se ha venido
   implementando en El Salvador y sobre todo la baja cobertura
   de los hospitales y unidades de salud públicos, sin
   dejar de mencionar la baja calidad,
   la salud si bien sigue siendo un bien y el Estado
   está obligado a velar por su conservación y
   restablecimiento, también lo deben hacer las
   personas, significando esto que el Estado solamente
   brindará servicios de salud pública y
   asistencia social para las personas de escasos recursos
   (Art. 66 Cn.) o en situación de desempleo o
   que son parte del sector informal. Si se observa esta
   situación y dada la
   pobreza de un gran sector de la población, ésta se ve
   vulnerada en sus derechos de salud. Por igual los que
   poseen medios
   económicos tienen mayor acceso a la salud sin
   discriminación de género, significando entonces que la
   discriminación en el acceso a salud o
   vulneración a este derecho es mayor por pobreza
   que por sexo.

   Lo anterior hace reflexionar respecto a que si la
   situación de pobreza es la principal causa por no
   poder
   acceder a salud (tomando en cuenta que el número de
   hospitales y unidades de salud públicos no son
   suficientes para dar cobertura a la población pobre
   y desempleada); significa que no se cumple con este derecho
   y que además la mujere por su marginación
   histórica como sujeto es la más afectada por
   la pobreza, son ellas a las que se les vulnera el derecho a
   la salud en mayor medida. Lo anterior se demuestra por las
   estadísticas de pobreza en la mujer
   con un 70.3% con relación al 29.7% en los
   hombres.

   Por sus propias condiciones reproductivas las
   mujeres requieren de atención especializada, para lo que
   estos servicios los brindan hospitales nacionales y
   unidades de salud pública, el Instituto
   Salvadoreño del Seguro
   Social (ISSS) y además de un sin número
   de hospitales y clínicas privadas. Sin embargo en
   los hospitales y unidades de salud públicos el
   acceso al servicio
   médico especializado es burocrático y
   tardado, debido a múltiples causas, no todas las
   mujeres acceden a él.

   Al ISSS solamente acceden las mujeres trabajadoras
   aseguradas y beneficiarias (existen muchas que aunque
   trabajen no las asegura el patrono o la patrona, significa
   entonces que existe un alto porcentaje que tienen
   limitantes para poder optar a servicios especializados,
   esto sin contar que las que tienen derecho al ISSS; en
   muchas ocasiones no acceden por muchas causas, dentro de
   las que se pueden mencionar negativa de permiso del
   empleador o por falta de tiempo;
   citas demasiado distantes, entre otros. Otra
   situación que se da es la falta de prevención
   de enfermedades graves, en la mayoría de
   casos por falta de medicamentos o exámenes de
   laboratorio.

   Tanto hombres como mujeres también tienen
   derecho a recibir educación sobre planificación familiar e información que contribuya a su salud
   y a la de su familia. En
   este sentido las mujeres y hombres pueden disponer de
   común acuerdo el momento de procrear. Las leyes no
   restringen este derecho y más bien es un problema
   cultural, porque tanto hombres como mujeres muestran
   irresponsabilidad, en el sentido que no poseen condiciones
   económicas, espirituales y psicológicas para
   la procreación o conformar una familia. Se
   exceptúan las mujeres que han sido violadas
   sexualmente y quedaron embarazadas y hasta los embarazos
   adolescentes, porque debido a su temprana
   edad, las jóvenes son en alguna medida
   víctimas de la falta de orientación y
   educación sexual.

   No obstante la costumbre es y ha sido que el
   hombre quiere embarazar a la mujer
   sin preguntarle si ella lo desea; pero aunque poco, ya se
   observan como algunos hombres desean la sexualidad, pero se cuidan de no engendrar
   hijas o hijos, y por otra parte las mujeres también
   se protegen, aunque en menor medida, porque todavía
   persiste la costumbre de quedar embarazadas para que el
   hombre
   se quede con ellas. Según investigación realizada por Las
   Dignas en 27 entrevistas a jóvenes madres o
   embarazadas (estudiantes y no estudiantes, indistintamente)
   y 538 alumnos y alumnas encuestadas (en proporción
   del 50%) de 144 centros educativos de bachillerato
   públicos y privados en el departamento de San
   Salvador, por cada 1,000 jóvenes, 116 están
   embarazadas; entre el 20 y 25% de los nacimientos en El
   Salvador ocurren en adolescentes y una madre adolescente
   tiene 7 veces menos oportunidad de continuar sus
   estudios.

   Respecto al derecho de disponer de servicios de
   salud apropiados y nutrición
   adecuada durante el embarazo
   y la lactancia, la Constitución en su Art.
   34 inciso segundo reza "la ley
   determinará los deberes del Estado y creará
   las instituciones jurídicas para la
   protección de la maternidad y de la infancia". Una de las instituciones es la
   "salud", y ésta a su vez requiere de las entidades
   pertinentes para ejecutar.

   En este orden el Art. 35 inciso primero Cn.
   establece "El Estado protegerá la salud física, mental y moral de
   los menores y garantizará el derecho de éstos
   a la asistencia." Se observa como el principio del interés superior del menor debe
   prevalecer; esta asistencia puede ser en salud, pues lo que
   se busca es que se tengan condiciones adecuadas.

   Derecho a la
   alimentación.

   Este derecho puede enfocarse desde dos aspectos,
   uno el que tiene la población a obtener una
   alimentación sana, en lo cual no hay responsabilidad del Estado según lo
   observado, es decir que son las personas, la
   familia y los encargados de velar por ellos mismos, por
   su alimentación; no obstante el Código de
   Familia regula el Derecho Alimentario, el cual se encuentra
   en los siguientes artículos:

   La Pensión Alimenticia Especial está
   regulada en el Art. 107 CF. El cual reza "Cuando proceda
   decretarse el divorcio
   y el cónyuge que no haya participado en los hechos
   que lo originaron adolesciere de discapacitación o
   minusvalía que le impida trabajar, o hubiere sido
   declarado incapaz y no tuviere medios de subsistencia
   suficientes, el divorcio se decretará estableciendo
   el pago de una pensión alimenticia, que se
   fijará de acuerdo con las posibilidades
   económicas del obligado y con las necesidades
   especiales del alimentario; aplicándose en los
   demás las reglas prescritas para los alimentos."
   Cualquiera de los cónyuges sea hombre o mujer se
   verían beneficiados por la anterior
   disposición, por lo que no se observa
   discriminación de género.

   Además el Código de Familia
   establece del Art. 247 al 271, las garantías legales
   para que se cumpla el derecho alimentario, incluyendo el
   Art. 253-A y el 42 Ley Procesal de Familia, recientemente
   reformados. No obstante a manera de ejemplo se describen
   solamente algunos de ellos.

   El Art. 247, reconoce que "son alimentos las
   prestaciones que permiten satisfacer las
   necesidades de sustento, habitación,
   conservación de la salud y educación del
   alimentario".

   Asimismo los sujetos de la obligación
   alimenticia están expresados en el Art. 248. "Se
   deben recíprocamente alimentos: 1º) Los
   cónyuges, 2º. Los ascendientes y descendientes;
   hasta el segundo grado de consanguinidad; y 3º) Los
   hermanos" Tampoco se observa discriminación de
   género.

   Finalmente el Art. 249, que regula el derecho a
   alimentos a la mujer embarazada, que expresa: "Quien
   reúna varios títulos para pedir alimentos,
   sólo podrá hacer uso de uno de ellos,
   debiendo exigirlos en primer lugar al cónyuge y en
   su defecto, al alimentante que esté con el
   alimentario en más cercano grado de
   parentesco.

2. Derecho a la salud y
   alimentación.

   Derecho a la salud.

   El reconocimiento del Derecho a la
   educación es esencial para vivir como seres humanos
   que somos, es decir, de una manera digna. Este
   reconocimiento debe protegerse y sobre todo debe existir un
   cuerpo de leyes que garantice su cumplimiento. De
   ahí que se asegure que educación es el factor
   más importante para promover la equidad
   y la movilidad social y el crecimiento
   económico.

   La educación es una de las claves de la
   evolución de la sociedad
   y de todos los aspectos incluyendo la calidad de
   vida. Ante todo consiste en el desarrollo de la curiosidad intelectual y
   hábitos de reflexión. Mejora la calidad de
   vida y ayuda a los individuos a resolver problemas
   sociales y de medio
   ambiente de todo tipo; incluye la difusión de
   los
   valores, tanto en los programas
   de la enseñanza pública como en
   el
   aprendizaje de lo cotidiano.

   En El Salvador se cuenta, entre otras, con la Ley
   General de Educación que regula la estructura y funcionamiento del sistema
   educativo nacional. Además se ha creado el
   Ministerio de Educación como órgano
   competente de elaborar y ejecutar las políticas educativas. En cuanto al
   presupuesto, para noviembre de 2003, el
   Gobierno
   de El Salvador invirtió en educación 484.5
   millones de dólares, representando esos recursos el
   19% del presupuesto general.

   No obstante son muchas las opiniones respecto a
   que el sistema
   educativo lo que hace es reproducir las desigualdades entre
   mujeres y hombres, por qué? Porque son más
   las mujeres analfabetas que los hombres, por ejemplo en
   hombres es el 13.5% y en mujeres 20.3%, otro
   fenómeno es el de embarazos en adolescentes,
   aproximadamente 12 de cada 100 jóvenes salen
   embarazadas. Ellas son discriminadas de diferente forma al
   interior de los centros educativos diurnos, lo cual
   contribuye al reproducir el sexismo o discriminación
   de género.

   Esta contribución se da en la realidad
   cotidiana, es decir obedece a la costumbre, alcanzando un
   arraigo cultural que aún con la reforma educativa
   desde 1995, en donde se establecen ejes transversales, en
   donde se contempló "la igualdad
   de oportunidades", no se supera. Posteriormente en los
   años 1997-1999 se aprueba la "política
   nacional de la mujer", la cual contempló acciones
   cortas en un principio respecto a mejorar la
   condición de las mujeres y las
   niñas.

   Con relación al derecho a la
   educación, la Constitución establece que es
   parte de los derechos sociales encontrándose en el,
   Capítulo II, Sección Tercera. Además
   el Art. 53 reza "el derecho a la educación… es
   inherente a la persona humana; en consecuencia, es
   obligación y finalidad primordial del Estado su
   conservación, fomento y difusión".

   Para vivir dignamente como ser humano, se debe
   gozar y ejercer el derecho a la educación, en El
   Salvador si bien es cierto la Constitución contempla
   este derecho, la situación es que no todas las
   personas pueden ejercelo, las causas son diversas, se
   tratará de analizar estos aspectos a
   continuación.

   El Art. 54 Cn. Establece "El Estado
   organizará el sistema educativo para lo cual
   creará las instituciones y servicios que sean
   necesarios. Se garantiza a las personas naturales y
   jurídicas la libertad
   de establecer centros privados de
   enseñanza".

   Significa que el artículo anterior concede
   espacio a las instituciones educativas privadas, porque el
   Estado ya no es el responsable total de la educación
   en El Salvador. Así lo confirma el artículo
   56 Cn. que dice "Todos los habitantes de la
   República tienen el derecho y el deber de recibir
   educación Parvularia y Básica que los
   capacite para desempeñarse como ciudadanos
   útiles. El Estado promoverá la
   formación de centros de educación especial.

   "La educación Parvularia, Básica y
   Especial serán gratuitas cuando la imparta el
   Estado". Significa que la gratuidad de la educación,
   es solamente para el nivel de Parvularia, básica y
   especial y es más, no a todos los sectores se les da
   cobertura porque la mayoría de la población
   es pobre y no puede acceder al servicio educativo (sea
   público o privado), esto explica el porqué
   aún persisten el analfabetismo, y dentro de ello las mujeres
   son las mayormente afectadas, porque son las que llevan la
   mayor responsabilidad en el hogar, agregando su
   contribución a la economía familiar, lo que las hace no
   estudiar o abandonar lo estudios.

   Lo anterior no permite que se cumpla el mandato
   del Art. 55 Cn. Respecto a los fines, los cuales conllevan
   a un desarrollo integral de la
   personalidad del ser humano y por ende que esto
   conduzca al desarrollo
   social, como se mencionó al principio de este
   apartado.

   En el caso de las mujeres no se niega que ha
   habido adelantos en materia
   de educación, como puede observarse en el siguiente
   cuadro, la brecha ha disminuido, no obstante para ambos,
   mujeres y hombres a medida que se asciende en el nivel
   académico, disminuye la población
   estudiantil, lo que significa que ellos no terminan su
   educación básica y media, que como
   mínimo deben poseer los y las
   salvadoreñas.

   Población de 5 a 18
   años que estudia según género (%),
   2000.

   EDAD	NIÑOS	NIÑAS
   5	47.7	54.2
   6	65.4	69.3
   7	82.8	85.4
   8	88.9	89.6
   9	92.9	93.6
   10	89.9	91.8
   11	91.3	90.4
   12	89.3	89.2
   13	98.8	81.8
   14	77.2	77.4
   15	74.3	70.5
   16	62.1	63.3
   17	55.5	49.3
   18	43.6	39.7

   Fuente: Cálculos con base en
   EHPM 2000 FUSADES.

   Se observa en el cuadro anterior que en los
   porcentajes de niños y niñas que han accedido
   a la educación básica y media existe
   varianza, según los estadísticos que presenta
   el Ministerio de Educación al 2002.

   Con respecto a la matricula inicial de
   educación básica nocturna de adultos en los
   cuatro departamentos que se tomaron como muestra
   para la investigación de campo
   son:

   DEPARTAMENTOS	PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER CICLO
   	Hombres	Mujeres	Brecha
   San Miguel	612	277	335
   Chalatenango	268	141	127
   Santa Ana	567	316	251
   San Salvador	1829	1567	262
   TOTALES	3,276	2,301	975

   FUENTE: MINED, Estado actual de la
   educación año 2002. Dirección Nacional del

   Ministerio de Educación DNME.

   Sin duda, aún con la reorientación
   de las políticas de género, los esfuerzos que
   se hacen en educación, la brecha sigue siendo amplia
   entre el acceso a la educación entre hombres y
   mujeres, la cual comienza desde los primeros ciclos, no
   obstante es importante observar la brecha que existe en los
   departamentos con relación a la de San Salvador, en
   donde se hace más corta, esto podría obedecer
   a varios factores entre los que se pueden mencionar los
   recursos económicos y pobreza son mayores en el
   sector rural, existen menos servicios educativos (escuelas,
   colegios, etc.) en el sector rural, entre otros, lo que si
   es claro que aún existe desigualdad y siguen siendo
   las mujeres afectadas.

   Los efectos de la brecha existente entre hombres y
   mujeres, no son más la discriminación social
   en la mujer, porque en los ámbitos jurídicos
   no se encuentra ninguna en las leyes. Otro efecto que en
   menor medida se acceda a programas de estudio,
   educación, alfabetización, becas y otro tipo
   de ayuda para cursar estudios en igualdad de oportunidades
   y condiciones que el hombre.

   Además el derecho a beneficiarse de
   programas para mujeres jóvenes que han dejado los
   estudios prematuramente, casi no se ejerce, esto debido a
   que los programas son escasos y no hay suficiente
   difusión sobre ellos, además de agregar que
   la mujer en muchos casos es el sostén
   económico del hogar y a su vez los logros educativos
   de los niños dependen en gran medida de los niveles
   educativos de la madre, si se considera que en las
   áreas rural y urbanas los hogares están
   liderados por 502,831 mujeres correspondiendo el 66% al
   urbano y el 34% al rural, la situación es
   preocupante por el efecto multiplicador.

3. Derecho a la
   educación.
4. Derecho a la vivienda.

El derecho a la vivienda digna es parte de los derechos
humanos; digna no significa igualdad, es decir que todos van a
acceder a una vivienda igual; si no que cada persona
accederá a una vivienda digna como mínimo, pero
digna de su condición, es decir que pueda pagar, sea
ésta alquilada o comprada, de ahí que se utilice la
frase "que esté a su alcance".

Cuando se menciona vivienda digna se busca que tenga los
servicios básicos, no interesando el tamaño de la
casa o el de la familia.

El ejercicio de este derecho es un tema amplio y
profundo, pero básicamente se centrará el análisis en dos aspectos: el derecho a la
vivienda tanto de hombres como de mujeres y la necesidad de que a
las mujeres se les proteja ese derecho y/o al hombre cuando uno
de ellos se queda al frente de la familia, cuando ésta se
desintegra, agregando a ello los casos de madres solteras que
quieren independizarse de su familia original.

Se parte del mandato constitucional que se encuentra en
el Art. 119 Cn. "… el Estado procurará que el mayor
número de familias salvadoreñas llegue a ser
propietarias de su vivienda…"

Si bien es cierto que la Constitución de El
Salvador reconoce expresamente el derecho a la vivienda digna,
esta disposición lo reconoce sólo
implícitamente.

Según la Constitución explicada de FESPAD,
"vivienda digna, además del techo y las paredes de una
casa, significa estar seguros material
y jurídicamente en el lugar en que se habita, contar con
los servicios básicos; pagar un precio
razonable y accesible por la compra o el alquiler.

También existe la Ley del Fondo Nacional de
Vivienda Popular, cuya creación obedece a brindar
oportunidades a las familias de más bajos ingresos aquellas
cuyo ingreso mensual sea inferior o igual al monto de cuatro
salarios
mínimos del comercio e
industria. La
situación es que muchas mujeres jefas de familia se
encuentran trabajando en el sector informal y algunas solo ganan
un salario
mínimo, por lo que es muy difícil que puedan
acceder a una vivienda y si lo hacen, son bajo el concepto ya dado
de "vivienda digna" de su capacidad de pago.

Pero quizás sea importante mencionar que en el
ejercicio de este derecho, ambos, mujeres y hombres son
afectados, debido a la pobreza, a la baja capacidad de pago, que
no les permite calificar para obtener una "vivienda digna", esto
porque con dos salarios mínimos las casas son
pequeñas y además deben compartir la misma pared
con los vecinos, lo que cuestiona el concepto de derecho a la
propiedad que
se tiene y lo de vivienda digna.

Con respecto a las mujeres, son muchas las jefas de
hogar que no pueden acceder a una vivienda, por diversas causas,
entre los que se pueden mencionar: porque sus ingresos provienen
del sector informal, por su bajo salario, porque en algunas
ocasiones el marido o exmarido tiene vivienda a nombre de
él y le niegan a la mujer o al hombre el poder optar por
una casa, ejemplo de ello es la política del Fondo Social
para la Vivienda (FSV).

Uno de los problemas se
da cuando la vivienda es propiedad solamente del hombre, para el
caso de las parejas en matrimonio o
unión de hecho y éste la pone en riesgo, ya sea
hipotecando o vendiéndola y deja sin vivienda a la mujer e
hijos.

No obstante el Código de Familia establece en su
artículo 46 la protección para la vivienda
familiar, reza el Art. 46, "Cualquiera que sea el régimen
patrimonial del matrimonio, la enajenación y constitución de
derechos
reales o personales sobre el inmueble que sirve de
habitación a la familia necesita del consentimiento de
ambos cónyuges, so pena de nulidad.

La constitución del derecho de habitación
sobre el inmueble para la vivienda familiar, deberá ser
otorgada en escritura
pública o en acta ante el Procurador General de la
República o los procuradores auxiliares departamentales,
instrumentos que deberán inscribirse en el Registro de la
Propiedad Raíz e Hipoteca correspondiente.

No se podrá destinar más de un inmueble a
dicha habitación; éste no deberá estar en
proindivisión con terceros, ni embargado o gravado con
derechos reales o personales que deban respetarse. La
sustitución del inmueble afectado también
deberá efectuarse por mutuo acuerdo de los cónyuges
y en la forma prevista en el inciso precedente.

Cuando no pudiere obtenerse el consentimiento de uno de
los cónyuges, el juez a petición del otro,
podrá autorizar la destinación, la
enajenación, la constitución de derechos reales o
personales o la sustitución, según el caso,
atendiendo al interés de la familia".

En este mismo orden el Art. 120 CF., dice "Será
aplicable al inmueble que sirve de habitación a los
convivientes y a su familia lo que dispone el artículo
46".

Es decir que el juez o la jueza aplicarán esta
medida de protección estén o no casados la mujer y
el hombre en pareja, observando que en este caso no hay
discriminación, atendiendo por supuesto al Art. 118 del
mismo Código de Familia, en donde se establece que ninguno
de ellos deberá tener impedimento legal.

Si se observa, la ley contempla la protección, no
obstante ésta no puede realizarse por varias causas, entre
ellas que la mayoría de parejas jóvenes han
adquirido su vivienda a largo plazo, lo que significa que
aún está pagándola cuando se les presentan
problemas de separación, lo que da como resultado que la
casa esté hipotecada, lo que constituye un impedimento
legal para que se declare la protección por parte del juez
o jueza, y en algunos casos es propiedad solamente del hombre. Se
le propone al hombre que en el Convenio se comprometa a donar a
sus hijos sea su parte o la totalidad de la vivienda si es el
dueño, para asegurar la vivienda familiar a futuro, y por
supuesto el compromiso de pagar el canon, no obstante el hombre
podía negarse y por tanto no se logra cumplir la
protección mencionada; pero si aceptara se elabora una
escritura pública de donación, parecido a una
promesa de venta, para
asegurar a sus hijos la vivienda familiar.

En caso contrario si tanto el hombre como la mujer son
propietarios y la vivienda está libre de gravamen, se
declara la protección y su consecuente registro en la
Propiedad Raíz e Hipoteca correspondiente.

No obstante para corregir esta situación existe
iniciativa en la Asamblea para reformar varios artículos
del Código Familia y el artículos del Código
de Familia y el Art. 206 de la Ley Procesal de Familia en lo
referente a la protección y uso de la vivienda familiar en
los casos de separación, divorcio o ruptura de la pareja
(unión no matrimonial, la cual aún está en
estudio.

CAPÍTULO 4

INVESTIGACIÓN DE CAMPO SOBRE EL NIVEL DE
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA
MUJER EN EL SALVADOR.

4.1 Presentación de
resultados.

La presentación de los resultados no es
más que el reflejo del análisis cuantitativo y
cualitativo del instrumento aplicado a los sujetos de estudio,
por lo que su organización en el siguiente apartado
obedece a esa estructura. En un primer plano se encuentran los
datos
generales, posteriormente las preguntas ordenadas por criterios
sondeados, que obedecen a los derechos establecidos por la
Constitución de la República de El Salvador,
tratados
internacionales y leyes nacionales.

4.1.1 Datos generales.

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 4

4.1.2 Criterio familia.

Gráfico 5

Gráfico 6

4.1.3 Criterio economía
familiar.

Gráfico 7

Gráfico 8

Gráfico 9

Gráfico 10

4.1.4 Criterio salud.

Gráfico 11

Gráfico 12

Gráfico 13

Gráfico 14

Gráfico 15

Gráfico 16

Gráfico 17

Gráfico 18

Gráfico 19

4.1.5 Criterio
educación.

Gráfico 20

Gráfico 21

Gráfico 22

4.1.6 Criterio laboral.

Gráfico 23

Gráfico 24

Gráfico 25

Gráfico 26

Gráfico 27

Gráfico 28

4.1.7 Criterio social.

Gráfico 29

Gráfico 30

Gráfico 31

Gráfico 32

Gráfico 33

Gráfico 34

4.1.8 Criterio cultural.

Gráfico 35

Gráfico 36

Gráfico 37

4.1.9 Criterio
político.

Gráfico 38

Gráfico 39

Gráfico 40

Gráfico 41

Gráfico 42

4.1.10 Criterio
jurídico.

Gráfico 43

Gráfico 44

Gráfico 45

ç

Gráfico 46

Gráfico 47

Gráfico 48

Gráfico 49