La economía del Derecho: un análisis económico de los delitos de narcotráfico, contra la propiedad privada y contra las personas (página 4)

4.3.4. El dilema entre las multas y la
prisión.-

Otra consecuencia inmediata de la combinación
entre certeza y castigo, es el dilema existente entre las multas
y la prisión. En las gráficas 13 y 14, que se presentan a
continuación, se coloca la severidad de la prisión
en el eje horizontal y la severidad de la multa en el eje
vertical. La isocuanta de la disuación designada
D0 en las gráficas conecta las combinaciones de
multas y penas de prisión que disuaden iguales cantidades
de delitos, En
otras palabras, D0 indica la cantidad en que las
multas deben aumentar para contrarrestar una disminución
de la prisión a fin de mantener constante la cantidad de
delitos. Se podría suponer a priori, que la prisión
es más costosa que la recolección de multas para
el
Estado.

La línea Sa representa la
restricción de la solvencia financiera del delincuente:
este no puede pagar una multa mayor que Sa. La multa
óptima de y* en el gráfico 13, se
encuentra por debajo de Sa, lo que indica que el
delincuente puede pagar la multa.

Suponiendo que el delincuente no puede pagar la multa
completa. En la grafica 14, las curvas son las mismas que en la
gráfica 13, pero ahora la restricción de la
solvencia de este delincuente Sb, se encuentra
considerablemente por debajo de la del delincuente representado
en la gráfica 13. En consecuencia, no se puede alcanzar la
disuación D0 sin combinar una multa con una
prisión; específicamente, mediante una multa de
Sb y una sentencia de prisión igual a
x*.

Gráfico 13. El dilema entre las
multas y la prisión cuando la severidad óptima es
menor que la restricción de la solvencia del
delincuente

Fuente: Cooter y Ullen, Derecho y Economía.

Elaboración: El autor.

De la gráfica 14, se deducen dos hechos
importantes acerca del óptimo. Primero, el castigo
óptimo incluye la multa máxima que el delincuente
puede pagar. En general,

la eficiencia
requiere que se agote la capacidad de castigar a los delincuentes
en forma barata, con multas, antes de recurrir al costo castigo de
la prisión. Segundo, el Estado debe
gastar mucho más para disuadir a los individuos que no
pueden pagar multas que para disuadir a los individuos que no
pueden pagar multas. Este hecho impulsa a los encargados de
elaborar las políticas
a buscar procedimientos
para incrementar la capacidad de los delincuentes para
multas.

Gráfico 14. El dilema entre las
multas y la prisión cuando la restricción de la
solvencia del delincuente limita el uso de las multas como un
instrumento de disuación

Fuente: Cooter y Ullen, Derecho y
Economía.

Elaboración: El autor.

5. Evaluación
del marco
teórico.

El marco teórico evaluado anteriormente es
útil para establecer que el desarrollo
histórico del capitalismo ha
permitido dar a luz al hombre
económico, el cual al maximizar beneficios y minimizar
costos determina
un tipo de comportamiento
que se lo puede trasladar a todo ámbito de la realidad
social, en el cual se incluye el comportamiento delincuencial.
Luego, si el delincuente determina su actuar por motivaciones
económicas, es posible medir y predecir su
comportamiento.

El motivo para analizar económicamente
fenómenos sociales como la criminalidad es el
diseñar políticas públicas que busquen
minimizar el cometimiento de ilícitos, sea con un adecuado
gasto
público, sea con una correcta interpretación legal, sea con métodos de
disuación para con el delincuente.

Con los argumentos antes expuestos se puede concluir
que, si se estudia el Análisis Económico del Derecho
aplicado al ámbito penal deben relacionarse tanto función
judicial, policía, comportamiento delincuencial y el
Estado.

CAPÍTULO IV

MARCO
EMPÍRICO

1. EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO
APLICADO A LA RELIDAD PENAL DEL ECUADOR

1.1. Políticas públicas sobre
criminalidad en el Ecuador:
Severidad como sistema de
implementación de la seguridad en el
Ecuador

Los modelos
anteriormente analizados no son alejados de la realidad del
sistema de seguridad pública ecuatoriano, la tradicional
seguridad
ciudadana se sustenta en tres instituciones:
cárcel (severidad en la implementación de la pena)
y policía, justicia, etc
(certeza en la implementación del castigo), donde cada una
cumple una función específica. Si una falla, el
sistema falla; si la justicia pierde eficiencia, la
policía y la cárcel se afectan, siendo causa y
efecto de más violencia.

1.1.1. La crisis del
sistema carcelario

Según los datos de la
Dirección Nacional de Rehabilitación
Social, en 2002 el número de internos/as era de 8 723 y en
2004, 9 426, lo cual muestra un
incremento del 89% anual. En 20 años, la población carcelaria se duplicó y la
tasa de homicidios
pasó de 6,4 a 14,8 homicidios por cada cien mil
habitantes. Es decir, la violencia sigue aumentando
rápidamente a pesar del incremento de las detenciones. Por
otro lado, las ofertas, especialmente electorales populistas, de
aumentar las penas carcelarias, hace demandar nuevas
cárceles.

La situación legal de las personas detenidas
revela otro ángulo de la ineficiencia en el diseño
de políticas carcelarias y de seguridad en el Ecuador. En
entrevista
hecha al Director de asesoramiento legal de la Dirección
Nacional de Rehabilitación Social, los principales
problemas que
enfrenta el sistema penitenciario con respecto al procesamiento
de las personas detenidas es el marco legal que rige el
cumplimiento de condenas es muy rígido, ajeno a nuestra
idiosincrasia, pues las últimas reformas hechas al
Código
de penal y de ejecución de penas el 28 de septiembre de
2001, endurecieron las penas, sin tomar en consideración
que existiría sobrepoblación carcelaria que se ha
duplicado en un 100% hasta la fecha, propiciando un gran
hacinamiento. Entre las reformas consta el sistema de
acumulación de penas que hace que existan condenas de
hasta 35 años, además la justicia es muy lenta y ha
autoprotegido su lentitud generando figuras anticonstitucionales
como la detención en firme. Él manifiesta que los
procesos
tienen una cantidad de obstáculos, de apelaciones, de
recursos de corte
legal que tienden a demorar el proceso.

En 2003, más del 64% de presos/as se encontraban
en espera de juicio, de los cuales el 10% no tuvo asistencia
legal debido a que los funcionarios judiciales son limitados en
logística y en número de abogados
(32 defensores públicos para todo el país). La
alimentación es inadecuada, ya que se
asignan 75 centavos de dólar por preso diariamente y por
las condiciones de preparación.

La Penitenciaria del Litoral es un caso crítico,
pues fue diseñada para 1200 internos y hoy cuenta con 4000
internos, hacinamiento que ha causado la muerte a 25
internos en los dos últimos años.

En el Ecuador hay 35 cárceles en 17 provincias,
diez son de varones, cuatro de mujeres, 20 mixtas y una de
detención provisional. De acuerdo a la región,
están distribuidas así: 14 en la Costa, 19 en la
Sierra y dos en el Oriente. El 53% de las personas privadas de
libertad se
encuentran en la Sierra, 45% en la Costa, y sólo 2% en el
Oriente. El 60% de las internas y el 77% de extranjeros/as
presos/as están en la Sierra. La cárcel más
grande es la de varones de Guayaquil, con 3106 personas,
equivalente al 31% de la población total.

La estructura del
sistema penitenciario está compuesta por el Consejo
Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) y la
Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
La primera institución está encargada de definir
las políticas de Estado en materia de
rehabilitación social, la segunda funciona como organismo
dependiente del Consejo Nacional y constituye la unidad ejecutiva
superior de la política
penitenciaria.

Durante los últimos diez años, las
políticas de Estado en materia de cárceles en el
Ecuador se han orientado principalmente al ámbito
jurídico, en particular al tema de los mecanismos legales,
se produjo un aumento acelerado de la población
penitenciaria.

Por otra parte, la sobrepoblación es un
fenómeno que aparece con la implementación de las
políticas antidrogas, de comienzos de los años 90,
cuando el Estado ecuatoriano asumió la estrategia
antinarcóticos definida por Estados Unidos a
inicios de los años 80. Cabe señalar que la
institucionalización de esta política antidroga es
un fenómeno generalizado en América
Latina y afecta principalmente a los países
andinos.

1.1.2. Gestión
financiera del sistema de cárceles en el
Ecuador.-

En los últimos años, el sistema
penitenciario (CNRS y DNR) incrementó su presupuesto 4,03
veces; pasó de USD 6,73 millones en 2001 a USD 27,15
millones en 2004. La mayor asignación se registró
en 2004, y en promedio se destinó a las cárceles
cerca de USD 20 millones anuales.

Los gastos del
sistema penitenciario crecieron a una tasa promedio anual de
57,5%, en el período de análisis,
registrándose un mayor aumento entre los años 2000
y 2001, donde el total de gastos pasó de USD 6,73 a USD
19,27 millones. Por otro lado, al considerar la
composición del gasto se observa que, en los cinco
años, los egresos más significativos fueron los
corrientes que representaron el 75,6% mientras que, los gastos de
inversión representaron el 18,1% y los de
capital el
6,1%.

En la entrevista
hecha por la revista Ciudad
Segura a Lennin Monroy, Director Financiero de la DNRS, las
transferencias de recursos desde la DNRS hacia las distintas
cárceles del país están en función,
básicamente, del número de internos/as y de
variables como
la cantidad de personal
penitenciario y los servicios
básicos entre otras.

Estos criterios no son inadecuados, pero sí
insuficientes, especialmente si se analiza la estructura del
presupuesto del sistema penitenciario en el cuadro (1); en ella
se observa que el monto grueso de las asignaciones se destina a
gastos corrientes.

Según Carla Calero, la ineficiente administración de las prisiones en el
Ecuador, definen la situación de las personas encarceladas
de la siguiente manera: primero, la corrupción
del sistema penitenciario; segundo, la dependencia
económica del preso/a de su familia para
poder
sobrevivir y, tercero, el encierro y la violación
sistemática de los derechos humanos
de las personas recluidas.

Desde el punto de vista de la eficiencia según el
AED, es menester que las normas, mediante
una reforma del código penal, permitan que el gasto en el
sistema penitenciario sea enfocado no únicamente en el
número de reos como principal factor de

Fuente: Subsecretaria de Presupuestos,
Ministerio de Economía y Finanzas,
presupuesto codificado.

Elaboración: El autor

asignación, sino en la inversión basado en
un plan
estratégico que permita cumplir ciertas metas, cuyo
objetivo
principal sea la eficaz reivindicación del reo, todo
aquello coordinado desde las instituciones penitenciarias con la
CNRS y DNR.

2. Certeza como sistema de
implementación de la seguridad en el
Ecuador.

La seguridad ciudadana se ha convertido, desde hace
varios años, en una prioridad para los Estados. De hecho,
los altos índices de violencia delictiva, la creciente
percepción ciudadana de inseguridad y
la consecuente conflictividad social han llevado a los gobiernos
a emprender una serie de políticas orientadas tanto a
prevenir como a reprimir la violencia.

En Ecuador las acciones han
sido tomadas desde tres frentes de la institucionalidad
pública: el sector jurisdiccional (Cortes de Justicia), el
sector de asuntos internos (Ministerio de Gobierno y
Policía, Dirección de Seguridad, Dirección
Nacional de Rehabilitación Social, Dirección de
Tránsito y Dirección de Migración)
y el sector defensa nacional (Ministerio de Defensa y Consejo de
Seguridad Nacional).

2.1. El presupuesto de la seguridad.

La prioridad que ha dado el Estado ecuatoriano al tema
de la seguridad se refleja al estudiar las cifras del
presupuesto. Durante el período 1995-2005, a pesar de
ciertas caídas derivadas de la
crisis económica, se observa una tendencia global al
aumento de las asignaciones a seguridad, con un promedio anual de
8% de crecimiento de los recursos destinados a este tema. En
cifras, el presupuesto destinado a la seguridad ha subido de
alrededor de 800 millones de dólares, en 1995, a cerca de
1300 millones en 2006, lo que denota un incremento de 60%
acumulado en 10 años (ver gráfico 12). En la misma
línea, el gasto por habitante realizado por el Estado para
la provisión de servicios de seguridad ha subido de 79
dólares a cerca de 100 dólares anuales durante el
mismo tiempo de
referencia.

Este es un crecimiento importante en términos
nominales. Sin embargo, si analizamos la participación de
esos recursos dentro del Presupuesto del Gobierno Central se
observa que durante el período de análisis la
prioridad fiscal del
gasto en seguridad baja de 19% a 15%, y el promedio anual es de
16%. Complementariamente, la prioridad macroeconómica del
gasto en seguridad, medida como la relación entre el gasto
en seguridad y el PIB, mantiene
una trayectoria estable alrededor de 3,5% promedio durante el
período de análisis.

Estas cifras son bastante cercanas al total del gasto
social (salud,
educación,
vivienda), que registra una prioridad macroeconómica de
4,5%. No obstante, la tendencia del gasto social en
términos de su participación dentro del Presupuesto
del Gobierno Central (la prioridad fiscal del gasto) ha sido
inversa a la mostrada por el sector seguridad, es decir se ha
mostrado creciente. Así, en 1995 se destinaba el 21% del
presupuesto del Estado a fines sociales, mientras que para el
2006 la relación se ubicó en 24%. El gasto social
por habitante por su parte pasó de 78% a 155
dólares entre los años 1995 y 2006.

Es importante realizar esta comparación pues en
la práctica existe un trade off entre los distintos tipos
de gasto. El hecho de gastar recursos similares en gasto social y
en gasto de seguridad refleja una tendencia subóptima. La
evidencia empírica muestra que si se invierten mayores
recursos en el sector social, esto redunda en beneficios como
educación, salud, empleo y
generación de oportunidades para la población, que
a mediano y largo plazo han mostrado tener una relación
positiva con la disminución de la inseguridad. En otras
palabras, sería más eficiente invertir mayores
recursos en lo social, como medida preventiva, antes que en
seguridad en sí misma, como medida de control.

Para el año 2006, los recursos que están
presupuestados para los tres sectores vinculados a la seguridad
alcanzan los 1283 millones de dólares. Esto corresponde al
3,3% del PIB (1,6% defensa, 1,3% asuntos internos y 0,4% sector
judicial) y al 15% del presupuesto del gobierno central. Esto
significa que anualmente el Estado destina 96 dólares por
habitante para cubrir necesidades de seguridad.

Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y
Finanzas

En términos de estructura, como se observa en el
gráfico 16, el 49% de estos recursos se dirige hacia el
sector defensa, el 40% se destina a asuntos internos y
sólo la décima parte se orienta al sistema
judicial. Bajo esta estructura, la mayor parte de los recursos
son asignados a nivel nacional, pues rige un principio de
rectoría central de la seguridad ciudadana. De hecho, del
total del presupuesto, apenas 32 millones se distribuyen entre
las distintas provincias del país. No obstante, es
importante destacar que también los gobiernos seccionales
destinan parte de sus recursos a funciones
orientadas a garantizar la seguridad pública. Del mismo
modo, el gasto privado en seguridad es cada vez más
común, ya que constituye una estrategia que está
adoptando la población con el fin de protegerse de la
delincuencia.
Una estimación total del gasto en seguridad debería
considerar estos elementos. Para ello sería necesario
unificar las categorías de gasto realizado por las
distintas instituciones o sectores.

En Quito, por
ejemplo, el Municipio dispone de una tasa de seguridad que
está orientada al fortalecimiento policial para
prevención de la delincuencia. De hecho, según
información provista por Corposeguridad,
ente que administra dicha tasa, se han destinado 11,3 millones de
dólares a estos fines, durante los años 2004, 2005
y 2006, es decir el 83% del total consolidado del período.
Estos recursos se destinan en su mayoría a gastos
operativos y de logística, como sistemas de
video
vigilancia, construcción de cuarteles y "centrales de
atención ciudadana".

Por otro lado, en Guayaquil, la policía privada
ha ganado peso relativo debido a que los últimos indicadores
señalan que más del 50% de la población han
sido sujeta a algún hecho de violencia durante los
últimos tres años, más del 60% se siente
vulnerable a la inseguridad y un 40% ha registrado
victimización familiar.

Dentro del gasto realizado por el Estado, el presupuesto
desagregado por instituciones muestra que el sector judicial
dirige un 98% de su gasto a la Corte Suprema de Justicia, que es
la corte de casación en todo el territorio nacional. En el
sector asuntos internos, son cuatro las instituciones con mayor
peso en la distribución de recursos: la Policía
Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional
de Rehabilitación Social y el Ministerio de Gobierno. De
estás la Policía Nacional absorbe el 80% de los
recursos, es decir 411 millones de dólares. Finalmente, el
Ministerio de Defensa es el que abarca la mayor parte del
presupuesto institucional del Sector Defensa, con 628 millones de
dólares (ver cuadro 2).

Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y
Finanzas

Esta distribución de los recursos refleja una
clara tendencia en el sistema de seguridad en Ecuador:
está fuertemente orientada hacia el control, pues es
justamente en la Policía y en defensa donde se concentran
las acciones más importantes de lucha contra la
inseguridad. Lo anterior justifica una alta inversión en
recursos
humanos de las tres ramas que componen la
seguridad.

Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y
Finanzas.

De hecho, al analizar los usos del gasto se observa que
a nivel global el 73% de las asignaciones se dirigen al pago de
personal y en total el 91% del gasto es corriente. Apenas el 6%
es gasto de inversión, que principalmente se dirige a
obras de infraestructura. El sector que mayor
concentración tiene en gasto de personal es el
jurisdiccional con un 75% y finalmente está asuntos
internos, donde se ubica el presupuesto de la Policía
Nacional, con un 63% (ver gráfico 17). Según
información del "Justice Studies Center of America", para
el 2004 existía un total de 31 550 efectivos policiales, o
el equivalente a 233 policías por cada 100.000 habitantes.
Para el año 2006, la Comandancia de la Policía
Nacional reporta un total de 32 654 policías, mientras que
las estadísticas de personal del gobierno
registran 36 907 miembros, lo que supone una tasa de 275
policías por cada 100.000 habitantes. Lo importante de
subrayar aquí es la trayectoria creciente del personal
policial. En el ámbito judicial, en el 2003 había
831 jueces, es decir 6,1 jueces por cada 100.000 habitantes, y en
el 2004 se registraron 2,4 fiscales por 100.000
habitantes.

Es importante también destacar la
participación del rubro bienes y
servicios de consumo, que a
nivel agregado representa el 17% pero tiene un mayor peso
relativo para el sector asuntos internos, en el que constituye el
22%, pues es ahí donde se carga mayor parte los gastos
correspondientes a la adquisición de equipamiento
policial. En el sector defensa el aporte de bienes y servicios de
consumo es 16%.

Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y
Finanzas

En lo que se refiere a fuentes de
financiamiento, la mayor parte del presupuesto de la
seguridad proviene directamente de las arcas fiscales. Los
recursos de autogestión tienen una participación
relativa menor, sobre todo en la Policía Nacional y en el
Ministerio de Defensa. Para el sector policial, la
autogestión representa el 9% y para la defensa este monto
alcanza el 18%. Es aún menor la participación de
las preasignaciones: en el Consejo Nacional de
Rehabilitación Social se registran 17,89 millones y en la
Policía se encuentran asignados 9,54 millones. Es
mínimo también el aporte de recursos externos. En
la policía se registran 3,13 millones de crédito
externo y en defensa otros 10,5 millones, y para el 2007 solo el
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) tiene presupuestado 80 mil
dólares de asistencia técnica no
reembolsable.

No obstante, al desagregar la información por
grupo de gasto
se observan importantes diferencias entre los rubros de gasto
corriente y los de inversión. En efecto, la
ejecución de gastos corriente es siempre superior al 93% y
llega hasta el 100% mientras que para la inversión
presenta una baja ejecución 68% de obras públicas y
55% de bienes de larga duración (gráfico
18).

Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y
Finanzas

2.2. Calidad del Gasto
en seguridad por parte del Estado.

De los indicadores presentados, se puede concluir que en
el país la seguridad ciudadana tiene una alta prioridad
por la cantidad de recursos que el Estado emplea en los distintos
sectores. No obstante, se ha visto que los fondos se orientan
fundamentalmente a cubrir gastos corrientes y, en particular, a
gastos en personal. Esto permite caracterizar al aparato de
seguridad del Ecuador como un sistema enfocado principalmente en
el control. Esto tiene una clara implicación, no se
dispone de suficiencia de recursos para dotar los y las
funcionarios/as de insumos de trabajo que
garanticen un servicio de
mayor calidad y que abastezcan las necesidades de la
población frente al crecimiento de la violencia y la
inseguridad.

De los gastos administrativos de la seguridad, son las
fuerzas armadas, la Policía y el sistema judicial los que
demandan más del 92% de los recursos (las Fuerzas Armadas
utilizan el 50% de las asignaciones, la policía el 30% y
el sistema judicial el 12% respectivamente), estadística que es absolutamente coherente
con la distribución presupuestaria global donde se
observaba que el mayor peso presupuestario lo tienen los sectores
de defensa y asuntos internos. Una prioridad claramente inferior
tiene la rehabilitación social (5%) (Ver gráfico
19)

Con esta distribución de recursos no sorprende un
indicador revelado por "Justice Studies Center of America":
durante el año 2003 se registraron 72,7 personas detenidas
por cada 100.000 habitantes y la sobrepoblación del
sistema alcanzaba el 69,2%. Además, del total de
detenidos, el 65,2% no tenía condena. Así mismo, se
revela que durante el año 2003 cada juez del sistema
tenía una total de 4.033 causas y la resolución
promedio anual de dichos procesos fue de apenas 16%.

Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas.

Elaboración: El autor.

Empero en América
Latina se han estudiado varias opciones para generar mayor
seguridad ciudadana y lograr una mayor calidad en el uso de
recursos. Estas opciones se orientan a una integridad de
políticas, focalizadas en la prevención delictiva,
medidas de control policial y medidas preventivas de seguridad
policial.

En cuanto a las medidas preventivas, las propuestas
incluyen programas
educacionales, organización comunitaria, control de la
venta de alcohol,
tráfico de drogas y porte
de armas, el combate
de la pobreza y la
desigualdad, entre otros. Las medidas de control por su parte
están vinculadas a reformas de control por su parte
están vinculadas a reformas de los sistemas judicial,
policial y penitenciario.

Es entonces de fundamental importancia trabajar
integralmente el tema de la seguridad con el fin de minimizar, no
sólo los costos económicos, sino también los
costos para el desarrollo social
y humano. Es decir, medir el trade off factores
sociales-seguridad, y buscar un equilibrio que
minimice los costos asociados y maximice los beneficios esperados
sobre la población. Siguiendo esta línea la
equidad en el
acceso a la seguridad debe ser una meta a través de la
cual se busque atender a los sectores más vulnerables de
la población.

3. Análisis de la eficiencia de la reforma
procesal penal.

Cuando se analiza la eficiencia de la reforma procesal
penal, se debe establecer el funcionamiento específico del
Ministerio Público, Sistema Judicial y Policía, y
con ello conocer la aplicación del derecho a la realidad,
aplicación que se da por medio de un sistema institucional
que tiene como actores principales a jueces, fiscales y
policías. Esto no significa negar la importancia que
tienen las reglas contenidas en el Código Penal y las
consideraciones de los jueces al aplicar una norma a determinado
caso, pero estas tienen una importancia mucho menor que las
acciones cotidianas de policías y jueces de primera
instancia, que son las que definen lo que es delito en la
práctica y cómo se trata a quienes se imputa un
delito o quienes han sido definidos como delincuentes; es decir
con esto se está vinculando al Derecho Penal con
el Procesal Penal.

Con la reforma del año 2000, se anunció la
puesta en vigencia del sistema acusatorio en el país, es
decir, los jueces dejaron de ser quienes investigaban los
delitos, asumiendo esta responsabilidad el Ministerio Público (en
coordinación con la Policía) en
nombre de la sociedad y, a
su vez, los jueces penales asumieron el papel de garantes del
respeto de los
derechos en todo
el proceso penal, así como de ser los responsables de
examinar los méritos para que una persona sea
llevada a juicio. Los tribunales penales, por su parte, deciden
respecto de la culpabilidad o
inocencia de las personas enjuiciadas, de acuerdo a los
méritos aportados por las partes –el Ministerio
Público y la defensa- garantizando, al menos
funcionalmente, la independencia
e imparcialidad de la justicia, y distribuyendo el poder de
persecución del delito entre varias agencias para evitar
los abusos y arbitrariedades; la reforma buscó siempre
contribuir al incremento de la efectividad y celeridad del
sistema; por tanto, sería un aporte para mejorar de la
persecución penal.

Sin embargo, las evaluaciones realizadas a la
aplicación del nuevo sistema procesal penal han dado
cuenta de los graves problemas que ésta presenta. Algunos
de los problemas detectados son: el resultado de una serie de
limitaciones normativas (por vacíos y contradicciones en
el Código de Procedimiento
Penal, por inadecuadas reglas de manejo de audiencias, por las
normas sobre valoración de las prueba incompatibles con el
sistema acusatorio, por las limitadas disposiciones de salidas
anticipadas a los procesos, etc.); por problemas de
implementación (equivocada distribución de
recursos, inexistencia de una verdadera defensa pública,
reducidos procesos de capacitación en la oralidad, limitados
recursos de manejo de audiencias, casi inexistentes sistemas de
protección de víctimas y testigos, etc.); por
problemas de coordinación y acción
institucional (especialmente entre el Ministerio Público y
Policía, inadecuada asignación de recursos,
métodos de trabajo incompatibles con las nuevas normas
procesales, etc. ); por la resistencia
cultural a los cambios (una mentalidad inquisitiva y de la
formalidad que pone por delante el cumplimiento de "ritos" por
sobre el descubrimiento de la "verdad", etc.).

A su vez, esas evaluaciones dan cuenta que pese a los
problemas, el sistema actual tiene ventajas frente al reemplazado
por las reformas, al menos en dos rubros: celeridad y publicidad. La
comparación en el tiempo de duración de los casos
penales antes y después de la reforma da cuenta de la
notable reducción del tiempo entre el momento en que se
comete la infracción y el juicio. En promedio antes de la
reforma era entre 600 y 700 días, después de la
reforma 268 días (Gráfico No.21).

El número de denuncias recibidas por el
Ministerio Público a partir del año 2002 ha crecido
en un promedio de 13% anual, frente al presupuesto que ha tenido
un incremento promedio del 14,31% desde el año 2003,
ascendiendo en el 2005 a US$34’529.128,59.

Fuente: Fundación ESQUEL.

Elaboración: El autor.

La manera en que el Ministerio Público procesa
las denuncias es uno de los temas de mayor preocupación,
ya que en la práctica existe una muy baja respuesta a las
denuncias que recibe. De las denuncias recibidas en 2005, un
total de 120.291 se encontraban en la fase de indagación,
es decir 67,35 %. Este es un porcentaje similar a los años
anteriores: 69,41% en 2004; 71,51% en 2003, y el 65,68% en
2002.

De la información disponible se puede verificar
que el sistema procesal penal ha mejorado su capacidad de
"respuesta" de año en año. Cuando hablamos de
respuesta, nos referimos a las denuncias que se consideran
cerradas, sea porque llegaron a una sentencia, fueron
desestimados, se arreglaron por una salida alterna (procedimiento
abreviado, conversión) o, porque el caso fue
sobreseído. Así en el año 2002, el
porcentaje de respuestas alcanzó un 4,18%; en 2003
ascendió a 9,98%; en 2004 al 12,60%, y en 2005 a un
15,06%. En esta mejora del rendimiento del Ministerio
Público juega un papel muy importante el incremento
significativo de las denuncias desestimadas ya que en el
año 2001 representaban 1,59% del total de las denuncias
recibidas; en el 2002, 1,90%; en el 2003: 6,52%; en 2004: 9,31%,
y en el 2005 ascendieron a 12,78%.

Sí consideramos exclusivamente las denuncias que
no fueron rechazadas por el sistema, el resultado es alarmante:
las respuestas que el sistema da efectivamente a las denuncias
que recibe alcanzaron únicamente 2,61 % en el año
2005. De este porcentaje, un 0,37% termina por conversión;
un 0,03% debido al procedimiento abreviado; un 1,36% por sobreseimiento, y únicamente un 0,85% por
sentencia. De este último rubro, 0,69% por sentencia
condenatoria y un 0,16% por sentencia absolutoria.

Los sistemas procesales penales más consolidados
sólo llevan a juicio una pequeña porción de
los casos que reciben, pero tienen una diversidad de respuestas;
por tanto, éstas son mucho mayores, pero en nuestro
país el porcentaje de casos resueltos por medio de
verdaderas salidas alternativas apenas alcanzó un 0,39% en
2005, es decir, si le sumamos a este porcentaje las
desestimaciones el porcentaje llega al 12 %.

Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y
Finanzas

Del total de las sentencias dictadas en el año
2005 (1326 que representa el 0,85% del total de denuncias
recibidas), el 26,62% corresponde a infracciones vinculadas al
control de sustancias estupefacientes, a pesar de que
éstas apenas representan un 0,66% del universo de
denuncias. En contraste, los delitos contra la propiedad que
son estadísticamente los más denunciados (61,10%)
solamente representan un 0,33% del total de las sentencias. En el
cuadro No. 3, se compara este porcentaje con cinco clases de
delitos en el año 2005:

Por otro lado, la Función Judicial en el Ecuador
tiene una asignación presupuestaria per cápita de
10,5 dólares por habitante. Puerto Rico es el
país con el mejor índice: 68,3; seguido por
Costa Rica con
44,1. Las peores asignaciones son las de República
Dominicana 3,9 y Guatemala
4,2.

Es notable el incremento del presupuesto de la
Función Judicial en el país. Entre los años
2002 y 2005 se dio un aumento del 42,27%, pasando del 0,74% del
presupuesto nacional a un 1,92%. En el año 2002, el
presupuesto era de $81’551.664,56 dólares mientras
que en el año 2005, de $141’279.510,86
dólares Un incremento en términos absolutos de
$59’727.846,30 dólares, sin embargo la justicia
ecuatoriana es una de las de menor productividad en
América Latina, conjuntamente con Nicaragua, ya que
solamente es capaz de resolver menos de 20% de los casos
ingresados en todas las materias. De los datos disponibles
podemos observar (Cuadro No.4) que en todos los rubros existe una
disminución del rendimiento de la justicia en materia
penal.

Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y
Finanzas

En el caso de los tribunales penales, el número
de sentencias emitidas en el año 2005 disminuyó
36,55% en relación con el año 2004. Sí se
toman en cuenta los sobreseimientos y los llamados a juicio de
parte de los juzgados penales a escala nacional
en el año 2005, tenemos un promedio de 29 casos por juez,
es decir 2,43 casos por mes, no obstante hay que considerar que
los jueces penales tienen otras tareas a su cargo, por ejemplo
resolver los pedidos de medidas
cautelares, autorizar la práctica de ciertas pruebas,
etc.

4. Privatización de la seguridad
pública.

De lo anotado anteriormente, se puede observar que en el
Ecuador en los últimos años se ha enfrentado a una
crisis general del sistema de seguridad ciudadana. En efecto, si
evaluamos los resultados de algunas encuestas como
la Latinobarómetro (2002), vemos que tanto el Poder Judicial
como la Policía Nacional del Ecuador, son dos de las tres
instituciones responsables de la seguridad pública que
tienen la más baja credibilidad por parte de la ciudadanía. Esto puede ser corroborado por
la encuesta de la
ENACPOL 2005, la cuál nos dice que el 72,5 % de la
ciudadanía confía poco o nada en la Policía
Nacional.

Mucho se ha hablado respecto a las causas de esta
crisis; sin embargo, existe concordancia en diagnosticar que este
problema nos está llevando paulatinamente a una
transformación de la forma de ver el manejo de la
seguridad, lo cual consecuentemente pone en entre dicho este
concepto como
bien público, no obstante existe consenso de que de que en
las sociedades
democráticas actuales, es poco común que la
seguridad ciudadana sea únicamente materia de la
policía.

En América Latina, la expansión de la
seguridad privada es un asunto que ha recibido poca
atención tanto en lo académico como en lo
público, mientras en el Ecuador, el interés ha
sido prácticamente nulo. Pese a ello, es una realidad que
el despunte de esta actividad está cambiando
prácticas y represtaciones sociales, las cuales se han
traducido en nuevas formas de resolver problemas cotidianos,
nuevas formas de consumo y acumulación, nuevas formas de
reordenamiento y apropiación del espacio público y
privado, y sobre todo en un cambio en la
relación con el manejo de la seguridad ciudadana en la
actualidad.

Si bien la seguridad privada es vista como un tipo de
negocio a nivel general, ésta involucra una infinidad de
segmentos, tales como vigilancia o guardianías
físicas, dispositivos de seguridad (alarmas, rejas,
cámaras de televisión, blindajes, seguridad electrónica), transporte de
fondos, investigaciones,
entre muchas más. A continuación nos centraremos
principalmente en el análisis del tema de las
guardianías privadas, por cuanto es el aspecto más
relevante en el aumento de la seguridad como servicio particular.
Para ello analizaremos tres ejes en los cuales se
sustentará este trabajo: el crecimiento de esta actividad
y los posibles factores que la propician, el comportamiento del
mercado, y, por
último, en la coyuntura donde se discute el impacto de las
guardianías privadas en el manejo de la seguridad
ciudadana ecuatoriana de los últimos cinco años. La
expansión y sus posibles factores.

La expansión del sector de las guardianías
privadas en el Ecuador es un fenómeno social que debe ser
tomado muy en cuenta. El número de vigilantes registrados
oficialmente en el año 2005 fue de 40.368, el cuál
ya supera considerablemente a los 36.907 policías
nacionales existentes en este mismo año (no se toma en
cuenta con esto el sector informal del cuál no se tiene
datos cuantificables, aunque según algunas estimaciones el
número llega a 80.000 efectivos).

Por otro lado, la tasa de crecimiento de empresas de
seguridad privada ha tenido una variación considerable
desde el año 1995. El número acumulado de
entidades

registradas en la Superintendencia de
Compañías en el año 1990 fue de 54, cifra
que corresponde a una tasa de 0,56 empresas por cada cien mil
habitantes.

Para el año 1995 el número creció a
163 compañías y la tasa prácticamente se
triplicó llegando a 1,52. Entre los años 1995 y
2000 la medida se duplicó a 3.28, y a partir de ese
período, el número de empresas creció en un
117% por los siguientes seis años, hasta llegar a 849
empresas registradas en lo que va del 2006. La tasa a su vez ha
crecido de 3,28 compañías en el 2000 a 6,29 en el
2006. (Ver gráfico 21)

Fuente: Superintendencia de
Compañías

Elaboración: El autor.

Del número total de compañías de
seguridad privada registradas hasta el año 2006, el 51,
70% están en Pichincha y el 28, 26% en Guayas. Esto quiere
decir que casi el 80 % del total de empresas están en las
provincias más pobladas del país, donde se destacan
las ciudades de Quito y Guayaquil respectivamente, lo cual
muestra que la expansión de la seguridad privada es un
fenómeno predominantemente urbano. Pichincha es la
provincia donde ha existido mayor proliferación de
compañías en el tiempo, ubicándose nueve
puntos por encima de la tasa nacional en el año 2006.4
Guayas, a su vez, supera ligeramente el promedio del país,
mientras que el resto del Ecuador se encuentra muy por debajo del
mismo; aunque la tasa presenta una tendencia al alza en los
últimos 15 años.

Los factores que contribuyen a explicar este crecimiento
pueden ser múltiples, el mismo desprestigio de las
instituciones de control puede ser una razón para ello;
sin embargo, en los últimos diez años, dos han sido
los aspectos que más han contribuido a la crisis del
manejo de la seguridad pública: el incremento de la
delincuencia y el crecimiento de la inseguridad
ciudadana.

El primer escenario es el más dominante en la
creencia de la opinión
pública, éste nos remite a una realidad
más objetiva, la cual explica que el aumento de la
seguridad privada en el Ecuador, puede deberse a una falla en la
provisión pública de este bien por parte de las
instituciones de control. Situación que nos está
llevando a una privatización cada vez más elevada
del servicio; es decir, que la seguridad privada empieza
paulatinamente a remplazar a la seguridad pública. Este
escenario parece ser correcto si tomamos en cuenta que la tasa de
denuncias de delitos contra la propiedad5, en general, desde el
año 1995 hasta 1999 creció en un 47,7 %.

De esta tasa, los delitos por asaltos comerciales se
elevaron de 0,9 a 17, 5 por cada cien mil habitantes, mientras
que los robos a domicilio se duplicaron en términos brutos
en este lapso; una tendencia que fue más elevada tanto en
Pichincha como en Guayas. Esto quiere decir que a medida que
crecen los delitos en el país, aumenta la tendencia de
conformación de compañías de seguridad
privada; en otras palabras, el crecimiento del delito incide
sobre el crecimiento de compañías de
seguridad.

El otro escenario se explicaría, como una brecha
entre las expectativas del nivel de seguridad demandado por
ciudadanos/as, y el nivel de seguridad que perciben que es capaz
de proveer la fuerza
policial. Esto implicaría una explicación
culturalista más afín a las sociedades del riesgo, descrita
por algunos sociólogos, y a las sociedades del miedo y el
control. En el Ecuador, esto parece ser evidente en la
publicación de algunas encuestas de victimización,
donde se puede notar claramente que la probabilidad de
que un individuo o
familia se sientan inseguros, duplica o triplica a la
probabilidad de ser victimizado en un año. Es decir, no
existe una relación proporcional entre delitos e
inseguridad. Esta explicación causaría una
distorsión en la demanda de
seguridad ciudadana, ya que no estaría remitida a
cuestiones netamente objetivas, sino más bien a fuertes
sentimientos de inseguridad, construidas socialmente, sobre la
cuál la gente percibe y decide sus estrategias de
seguridad.

Fuente: Superintendencia de Compañías y
Dirección Nacional de Policía.

Elaboración: El autor.

El gráfico 22, muestra cómo a medida que
crecen los delitos contra la propiedad, entre 1995 y 1999, la
tendencia a formar compañías de seguridad
también asciende. En el año 2000 la tasa de delitos
contra la propiedad tuvo un descenso, y a partir del año
2002 ésta ha mantenido una tendencia estable; sin embargo,
la tasa de compañías de seguridad privada por cada
cien mil habitantes aumentó considerablemente. Esto
confirmaría la hipótesis segunda, pues la evolución de ambas tasas no guarda
relación alguna en los últimos cinco años.
Por lo tanto, la explicación del crecimiento de esa
actividad se relaciona más con factores culturales que
estructurales. Si bien es arbitrario emitir juicios de causalidad
de una actividad como las guardianías privadas, se
podría afirmar que ésta se debió en un
primer momento a factores objetivos o
cuantificables, como el aumento de actos delictivos; y más
tarde, se enraizó en la representación
simbólica de la sociedad ecuatoriana, como una
solución o alternativa al manejo de la seguridad
individual y pública, debido a los altos niveles de
inseguridad percibidos.

4.1. El mercado de la seguridad
privada

A nivel mundial y de América Latina el mercado de
la seguridad privada es un sector de gran expansión.
Según Dammert esta actividad registró movimientos
en el año 2002 por 85,000 millones de dólares, con
una tasa de crecimiento de 7 a 8 % anual. En lo que respeta a
América Latina, según este mismo autor, el mercado
ascendió a 4000 millones dólares; esta cifra
corresponde al 4,70% del mercado total, con una tasa de
crecimiento anual entre el 9% y el 11%, la cual llega a ser la
más alta a nivel mundial. Dentro de este rubro, las
guardianías privadas son la fuente más importante
de este mercado con alrededor del 50% de participación (no
se cuantifica el sector informal que se encuentra fuera de los
registros).

En el Ecuador, el rápido crecimiento de las
compañías de seguridad y guardianía privada
de los últimos diez años, nos muestra a su vez el
gran desarrollo de este sector como actividad comercial. No se
dispone información sobre el tamaño
económico real del mercado de la seguridad privada en el
Ecuador; sin embargo, según datos del Servicios de Rentas
Internas (SRI), esta actividad registró recaudaciones de
impuestos
directos e indirectos por 3.274.485 dólares en el
año 2000, mientras que en el 2006, el monto subió a
11.440.415.5 Esto implica un incremento del 249,38% en cinco
años y una tasa de crecimiento anual del 28,4 % (Ver
gráfico 23).

Fuente: SRI.

Elaboración: El autor.

En una encuesta publicada por Cedatos en el año
2005, de 130 empresas indagadas en Quito y Guayaquil, se
encontró que el 60% de ellas invierte de 1.000 a 25.000
dólares anuales en seguridad; el 10% gasta entre 26.000 y
50.000 dólares; y, el 20% restante destina más de
un millón de dólares a este tema.

Cuando la encuesta preguntó ¿Qué
porcentaje representa el gasto en seguridad dentro de su
presupuesto total del año? El 80% respondió que
menos del 10% y el restante 20% de las empresas, respondió
que del 10% al 30%. Esto nos da una idea de la importancia de
esta actividad comercial dentro de la cadena productiva de las
empresas, la cual ha dejado de ser vista como un servicio o gasto
adicional, para ser considerada una inversión que se
encuentra dentro de la cadena productiva o valor agregado
del producto o
servicio final.

En un principio muchas de estas compañías
se iniciaron de modo semejante; es decir, empezaron como negocios
familiares a partir de que uno o más funcionarios
provenientes de las fuerzas públicas de seguridad (Fuerzas
Armadas y Policía Nacional) se acogieron a su retiro (en
ocasiones antes de esto), e iniciaron su empresa. Si bien
no existe datos que ratifiquen esta afirmación en el caso
ecuatoriano, en el Reglamento de Organizaciones de
Seguridad Privada emitido en el año de 1998, está
prescrito que en el acta constitutiva de las
compañías, debe constar al menos un ex miembro de
las fuerzas del orden público entre los socios/as
fundadores. Por otro lado, este mismo reglamento
establecía que el 25% del personal contratado por estas
compañías, debían ser ex integrantes de la
fuerza pública. Es difícil también
corroborar cuantitativamente esta afirmación, sin embargo,
dentro de los requisitos indispensables para la
contratación del personal, está el haber cumplido
con el servicio militar obligatorio. Este requerimiento, sin duda
alguna, más allá de garantizar la presencia de
personal más preparado en las compañías (en
manejo y uso de armas, conocimiento
de estrategias de disuasión, etc.), es un factor que
reduce los costos de capacitación que inciden en el
precio final
del producto. Por lo tanto, los ex miembros de la fuerza
pública son un personal apetecido por el grueso de las
compañías de seguridad para brindar sus servicios.
La oferta que
cubre la prestación de resguardos particulares no
está restringida a una sola actividad específica.
El sector cubre del sector una gran variedad y complejidad en los
servicios ofrecidos donde se destacan entre otros la vigilancia a
personas naturales y jurídicas, vigilancia, custodia y
trasporte de bines, monitoreos y muchas actividades más.
Si nos remitimos a analizar cualitativamente la oferta de
seguridad privada, las diferencias de las compañías
existentes pueden ser abismales. Frigo (2003) sostiene que el
crecimiento del mercado ha exigido una mejor profesionalización y tecnificación
del mismo, principalmente en los servicios proporcionados a
clientes
corporativos (bancos,
fábricas, negocios o empresas comerciales, entre otros);
esto a su vez ha incidido en la concentración y
monopolización del servicio que se encuentra en capacidad
de cubrir esta demanda.

En el Ecuador, esta afirmación parece ser
problemática, debido principalmente al gran crecimiento de
compañías de seguridad en la última
década (Ver gráfico 21). Sin embargo, cuando nos
remitimos a los datos del SRI se puede constatar que las 20
principales empresas de aportación al fisco, las cuales
corresponden apenas al 2,24% del total de ellas, declaran
más del 60% del total recaudado. En este sentido, se puede
decir que la concentración no se encuentra por el lado del
número de compañías, sino más bien
por los ingresos que
éstas reciben; lo cual se podría explicar, en
parte, por el reducido número de empresas que están
en condiciones de competir en el mercado, el mismo que se halla
principalmente dirigido a captar el consumo de las grandes
corporaciones, donde están los mayores estímulos
económicos y financieros. Por su parte, los servicios
profesionales demandados por este tipo de clientes son cada vez
más exigentes, estos conllevan incluso su
tercerización (compañías de entrenamiento de
personal, monitoreo de armas, y ciertos dispositivos
tecnológicos), con el objetivo de cumplir las exigencias.
Por esta razón, únicamente las grandes
compañías de seguridad transnacionales y algunas
empresas nacionales fuertes están en condiciones de
proveer y competir en este negocio, debido a la alta
inversión necesaria para proporcionar tales
servicios.

Debido a lo expuesto, este lucrativo mercado no puede
ser cubierto por el grueso de compañías
registradas. La plaza a la cual se dirigen las empresas
más pequeñas, se encuentra desagregada en el gran
abanico de actividades existentes, como pequeños negocios,
guardianías de hogares, pequeñas urbanizaciones,
entre otras. Mucho se habla de la fragmentación que
promueven los servicios de seguridad privada a la sociedad en
general, lo cual se debe principalmente a que todavía es
considerado un servicio que solo pocos individuos pueden pagar, y
por consiguiente, marca una
implícita exclusión
social entre consumidores y no consumidores. Si bien esto es
un elemento importante de

considerar, pues proplematiza profundamente el concepto
de seguridad como bien público, en el Ecuador la tendencia
a una expansión masiva de utilización de estos
servicios parece estar creciendo.

Las encuestas de victimización realizadas por
FLACSO tanto en Quito, Guayaquil y Cuenca en el año 2003;
revelan que el 8,7 % de los hogares poseen guardias privados. No
se dispone de datos de los años subsiguientes, sin
embargo, las 849 empresa registradas en la Superintendencia del
Compañías en el año 2006, constituyen un
dato que nos permite inferir la tendencia cada vez mayor de los
estratos más populares de la sociedad ecuatoriana, a
contratar guardianía privada (se incluye clase media y
clase media baja); sectores en los que prima, por cuestiones
adquisitivas, la ley del precio
antes que la calidad del servicio en sí mismo. Ahora bien,
la política de abaratamiento de costos, ha generado un
repunte en el aparecimiento de compañías o personal
no regularizado oficialmente. El SRI reporta hasta el año
2005, 2.310 RUC (Registro
Único de Contribuyentes) abiertos por concepto de esta
actividad, de los cuales 892 son empresas y 1418 son personas
naturales que podrían ofrecer los servicios
deliberadamente y sin control alguno. En este sentido, en el
país son frecuentes las denuncias por los precarios
equipos de utilizan muchas de las empresas (armas, chalecos
antibalas, entre otros), así como son recurrentes las
denuncias por negligencia en el uso de los mismos, las cuales se
realizan por el cometimiento de abusos, complicidad con la
delincuencia, entre otras.

Esto de cierta forma puede ser causado por la tendencia
del abaratamiento de precios e
informalidad del servicio existente.

4.2. Seguridad privada y seguridad
ciudadana.

Mucho se ha hablado en el Ecuador sobre la pertinencia
del uso de las guardianías privadas como una
solución o alternativa al manejo de la desprestigiada
seguridad pública. Gran parte de esta discusión se
centra en el debate que
destaca la importancia de la participación ciudadana en la
planificación y manejo de la seguridad,
como una alternativa para suplantar el viejo y vertical concepto
de seguridad nacional, el cual se basa en atacar las grandes
amenazas contra el estado.

Es algo difícil evaluar los alcances y logros de
la seguridad privada en materia de seguridad ciudadana,
principalmente por la complejidad en dictaminar qué es lo
que se está entendiendo por este concepto; por la poca
existencia y confiabilidad de la información; y, por el
ámbito de responsabilidad de las guardianías
privadas, la cuales no son contratadas específicamente
para brindar un servicio público. Éste
último está enfocado principalmente a velar por la
disminución de los índices o niveles de
delincuencia e inseguridad en general, mientras el servicio
privado está más enfocado en brindar
protección bajo objetivos particulares y
sectorizados.

Para entrar a analizar los impactos de las
guardianías privadas en el manejo integral de la seguridad
ciudadana, es necesario partir del hecho que los delitos son la
fuente principal de inseguridad ciudadana y asumir al concepto de
seguridad dentro un esquema racional de elección de los
actores por bienes y servicios. Las guardianías privadas
son vistas como una opción pertinente a la cual recurren
ciertos individuos para garantizar su protección
individual, ésta implica un traslado de algunas competencias de
la seguridad pública a la privada, como el porte de armas,
la facultad y obligación de detener a delincuentes en
delito flagrante, la prohibición de acceso a espacios,
entre otras más. Para evaluar la incidencia de las
guardianías privadas en el manejo integral de la seguridad
ciudadana, ésta debe ser entendida como una serie de
esfuerzos individuales, que sumados en su conjunto,
deberían repercutir en la disminución de los
delitos en los cuales tienen racionalmente competencia y
responsabilidad.

Fuente: Dirección Nacional de
Tránsito

Elaboración: El autor.

Si tomamos en cuenta que el manejo de la seguridad
pública está enfocado en reducir la inseguridad
ciudadana con respecto al aumento delictivo, el sector privado
que proporciona este servicio debe ser evaluado en su real
incidencia sobre el control y la disminución del
número de delitos sobre los que tiene responsabilidad; es
decir, robos a domicilios, robos a carros, asalto a bancos,
asalto en carreteras, asaltos comerciales, asalto y robo de
vehículos, y asaltos en general. En los datos
proporcionados por la Policía Judicial, entre los
años 2000 y 2004, vemos que los delitos arriba mencionados
sumados en total por año, mantienen una tendencia
decreciente a nivel de país en este periodo (Ver cuadro
5).

Pichincha por su parte, presenta mejoras considerables
en números brutos en los delitos arriba mencionados, pues
de los 22.291 delitos denunciados en el 2000, pasó a
16.514 en el 2004. Guayas por otro lado, varía de 14.553
delitos denunciados en el año 2000, a 14.814 en el 2002 y
13.110 en el 2004.

Con estos resultados, se podría argumentar que la
seguridad privada está teniendo éxitos en el
control de estos delitos. Sin embargo, si analizamos en detalle
el comportamiento de dos de los principales delitos sobre los que
estas compañías tienen responsabilidad directa,
como asaltos los comerciales y los asaltos a bancos, vemos que
existe ambigüedad en los resultados. A nivel de país
los asaltos mantienen un comportamiento irregular y los asaltos
comerciales tienden a subir. En Quito y Guayaquil que son las
ciudades donde mayor presencia de compañías de
seguridad se registra por número de habitantes, los
asaltos a bancos en el año 2004 también mantienen
tendencias irregulares con un crecimiento en el año 2003 y
un decrecimiento en el 2004. Por otro lado, los asaltos
comerciales disminuyeron drásticamente en la provincia de
Pichincha de 1785 en el año 2000 a 481 en el año
2004, mientras que en la provincia de Guayas éstos
aumentaron de 138 en el 2000 a 1353 en el 2004. Lo dicho
anteriormente no nos puede conducir a decir que los aportes de la
vigilancia privada al manejo de la seguridad ciudadana no sean
importantes. Hay que considerar que los números de
denuncias por los delitos tipificados anteriormente no han
mantenido los niveles de crecimiento que tuvieron en la
década de los noventa. Sin embargo, se debe reconocer que
el gasto público en la Policía Nacional ha crecido
tres veces en los últimos cinco años, y que el
número de efectivos policiales aumentó de 22.000
efectivos en el año 2000 a 36.907 en el año 2004;
lo cual puede estar incidiendo también en el control de
este tipo de delitos.