Correlación de la atención de los padres de familia a sus hijos y la generación de violencia juvenil (página 2)

Resultados de la encuesta:
Necesidades de trabajo de los
padres

Edad

R= La edad se distribuye entre los 17 y 39 años
de edad; el 72 por ciento se concentra entre los 18 y 23
años de edad.

Colonia

R= La muestra se
dispersa en distintas colonias del municipio de
Mexicali.

Encuesta dirigida a:

R= El 15.8 por ciento son Padre, el 7.9 por ciento son
Madre y el 75.4 por ciento son hijos, es decir, la muestra fue
respondida en su mayoría por hijos.

1.- ¿Usted trabaja?

Si ______ No _______

R= El 53.5 por ciento de los encuestados trabaja y el
45.6 por ciento no.

2a) ¿Cuántas horas labora al
día?

a)0-4 b) 5-10 c) más de 10

R= El 25.4 por ciento no contesto a la pregunta, el 24.6
por ciento respondió de 0-4 horas, el 41.2 por ciento de
5-10 horas y el 8.8 por ciento más de 10 horas.

2b) ¿Cuántas horas trabaja su esposa
(a)?

a)0-4 b) 5-10 c) más de 10

R= El 50.9 por ciento no contestó, el 22.8 por
ciento del 0-4 horas, y el 23.7 por ciento de 5-10 horas y
más de 10 el 2.6 por ciento.

3a)¿Cuántos días a la semana
labora?

a) 0-3 b) 4-6 c) 7

R= El 25.4 por ciento no contestó, el 20.2 de 0-3
días, el 46.5 por ciento 4-6 días, el 7.9 por
ciento 7 días.

3b) ¿Cuántos días a la semana
labora su esposo(a)?

a) 0-3 b) 4-6 c) 7

R= El 50.9 por ciento no contestó, 27.2 por
ciento de 0-3 días, el 15.8 de 4-6 días y 7
días el 6.1 por ciento.

4.- ¿Cuánto tiempo lleva
laborando?

a) 0-1 año b) 1-5 años c)
7

R= El 24.6 por ciento no contestó, el 38.6 por
ciento de 0-1 año, el 20.2 por ciento de 1-5 años y
el 16.7 por ciento más de 5 años.

5.- ¿Cuántas horas convive al
día con sus hijos?

a) 0-3 b) 4-7 c) más de 7

R= El 50 por ciento no contestó, el 36 por ciento
de 0-3 horas, el 9.6 por ciento de 4-7 y el 4.4 más de 7
horas.

6.- Visita continuamente la escuela de su
hijo (a) para observar su desarrollo
personal

Si _______ No ______

R= El 45.6 por ciento no contestó, 15.8 por
ciento fue Si y el 38.6 por ciento No.

7.- Si usted no cuida a sus hijos mientras labora,
¿Quién lo hace?

a) Familiar____ b) guardería
(pública-privada) ____ c) Otro____

R=50.9 por ciento no contestó, el 30.7 por ciento
con un Familiar, el 1.8 por ciento en Guardería y el 16.7
por ciento en Otro.

8.- ¿Ha sufrido alguna vez de algún
tipo de violencia?

Si _______ No ______

a) Familiar b) escolar c) vandalismo

R= El 9.6 por ciento ha sufrido violencia
familiar, 6.1 por ciento Escolar, el 21.9 por ciento
Vandalismo y el 62.3 por ciento no ha sufrido
violencia.

9.- ¿Considera que el descuido de los hijos
puede conducirlos a generar violencia?

Si _______ No ______

R= El .9 por ciento no contesto, el 83.3 por ciento
contestó que Si y el 15.8 por ciento que No.

10.- ¿En el área donde vive esta
presente el vandalismo?

Si _______ No ______

R= El 53.5 por ciento contestó que Si y el 46.5
por ciento que No.

Preguntas

1.- ¿Cuánto tiempo trabaja el padre, la
madre y el hijo?

HORAS * CÓNYUGE Crosstabulation

Count

R= De los 114 encuestados 23 no trabaja ninguno de los
dos, de aquellos cuya pareja no trabaja, 6 trabajan de 0 a 4
horas, no 23 trabajan de 5 a 10 horas y 6 más de
10.

De aquellos cuya pareja trabaja de 0 a 4 horas, 1 no
trabaja, 16 trabajan de 0 a 4 horas, 8 de 5 a 10 y 1 más
de 10.

De los que la pareja trabaja de 5 a 10 horas, 4 no
trabajan, 6 trabajan de 0 a 4 horas, 14 de 5 a 10 horas y 3
más de 10.

De los que la pareja trabaja más de 10 horas, 1
no trabaja y 2 trabajan de 5 a 10 horas.

Es decir, que el 23 por ciento trabaja de 5 a 10 horas y
la pareja no, asimismo, 14 ambos trabajan de 5 a 10
horas.

DÍAS * PAREJA Crosstabulation

Count

R= De los 114 encuestados 24 trabajan de 4 a 6
días, mientras la pareja no; y 15 trabajan ambos de 4 a 6
dias.

2.- ¿Cuántos hijos
trabajan?

DIRIGIDA * TRABAJA Crosstabulation

Count

R= De los 114 encuestados 45 hijos trabajan y 40
No.

3.- Tener un parámetro de conciencia de la
situación de violencia que existe

DESCUIDO * VANDALIS Crosstabulation

Count

R= De los 114 encuestados 52 consideran que el descuido
de los hijos y el vandalismo, si generan violencia; 43 consideran
que el descuido si genera violencia y el vandalismo no; que en
total son el 83.33 por ciento de la muestra.

Mientras que 8 considera que el vandalismo si genera
violencia y el descuido de los hijos no; y, finalmente 10
consideran que ni el descuido de los hijos ni el vandalismo
generan violencia.

Bibliografía:

www.wikipedia.com

www.lacronica.com

www.eluniversal.com

Método del estudio. Para la captura de datos se
usó el programa SPSS
versión 11, por ser un sistema de
programación asceisble

Anexos

Anexo A. Resumen cronológico de la
situación problemática de la violencia
juvenil.

Antecedentes. Resumen de las noticias.

Noticias

En Milenio de México.
17/07/06

Estudio realizado en diez estados por el Instituto
Estatal de la Mujer

1. Baja California, 2º lugar nacional en
   feminicidios

La mayoría de los crímenes son perpetrados
por familiares.

En Baja California la violencia
intrafamiliar tiene rostro: el de decenas de mujeres que han
sido golpeadas, violadas y, en el peor de los casos,
asesinadas.

Un estudio realizado en diez estados del país
revela que de cuatro años a la fecha en ese estado se han
cometido 194 asesinatos en contra de mujeres, donde el
móvil principal es la violencia intrafamiliar.

Los números ubican a Baja California en el nada
honroso segundo lugar nacional de crímenes contra mujeres,
sólo por debajo de Chihuahua, donde las cifras se han
incrementando por los feminicidios de Ciudad
Juárez.

Apenas el pasado 28 de junio una jovencita de 16
años de edad, Melissa Sánchez, residente del
fraccionamiento Nuevo Mexicali, fue asesinada de 13
puñaladas en el cuello, tórax y vagina.

En su momento el director del Servicio
Médico Forense en el estado,
Francisco Acuña Campa, reconoció que el crimen de
la menor fue cometido con un alto grado de violencia.

Testigos declararon que el presunto responsable de los
hechos era un amigo de la menor.

Cuatro días antes, en el fraccionamiento Villas
del Rey, un escolta del gobernador Eugenio Elorduy asesinó
de un balazo a su pareja sentimental y después de
suicidó de un disparo en el mentón. La mujer
tenía 27 años de edad y era madre de familia.

Al día siguiente de los hechos, el procurador de
Justicia en
Baja California, Antonio Martínez Luna, aseguró que
el móvil del crimen fue "pasional", y se apresuró a
cerrar el caso.

Esa misma semana, en Tijuana, tres mujeres fueron
asesinadas al estilo de la mafia, pero hasta el momento se
desconoce el móvil de los hechos.

Crímenes de género

En entrevista, la
directora del Instituto Estatal de la Mujer, Gabriela
Navarro Peraza, reconoció que los recientes asesinatos de
mujeres demuestran que existe una marcada violencia de género en
la entidad.

Incluso, comentó que de acuerdo con el estudio
Baja California apareció en segundo lugar nacional, por
debajo de Chihuahua, donde más se cometen asesinatos en
contra de mujeres.

"En este estudio se determinó que la
mayoría de los 194 asesinatos de mujeres ocurridos en el
estado, de cuatro años a la fecha, están
relacionados con la violencia interna que se vive en las
familias".

No obstante, consideró que a diferencia de Ciudad
Juárez, en donde no se ha hecho justicia por los
feminicidios, en Baja California "sí se conoce el
móvil" de la mayoría de los
crímenes.

"Estamos hablando de que 60 por ciento de los casos
registrados en BC han sido turnados ante un juez porque hay
presuntos responsables de los hechos".

Por su parte, el director del Semefo en el estado,
Francisco Acuña Campa, comentó que tan sólo
en Mexicali 35 por ciento de los homicidios
violentos registrados durante 2006 se han cometido en contra de
mujeres.

El médico forense reconoció que la
mayoría de estos crímenes son cometidos por
miembros de la familia o
personas allegadas a las víctimas, como se presume que
ocurrió en el caso de la menor Melissa
Sánchez.

Entrevistada por separado, la directora de la Unidad
contra la Violencia Intrafamiliar, de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, Rebeca González,
reconoció que la violencia de género puede ser
detectada a tiempo, por lo que lanzó una serie de
recomendaciones para identificar los llamados "noviazgos
destructivos".

"En el noviazgo la relación es muy sutil, por lo
regular durante este lapso todo está muy bien, pero si la
chica antes salía con sus amigas o amigos y se pintaba y
se arreglaba para salir y ahora el novio o el esposo no la deja,
eso es una mala señal", consideró.

Asesinatos, golpes y adicciones

A los altos índices de violencia contra la mujer
se ha aunado la sombra de las adicciones en la
mayoría de los asesinatos y agresiones.

Tan sólo en Mexicali, 70 por ciento de las
agresiones físicas en contra de este sector las cometen
hombres bajo los influjos de alguna droga o el
alcohol,
reveló Rebeca González.

El 8 de febrero de 2005, un sujeto de 36 años de
edad, Jesús Muñoz Gómez, alías El
Jessy, quien era adicto al cristal, asesinó a su esposa de
17 puñaladas.

En su declaración ministerial, El Jessy
aceptó haber privado de la vida a su pareja bajos los
influjos de la droga, debido a que con engaños lo
quería internar en un centro de
rehabilitación.

Cuestión de enfoques

Interrogada sobre el reciente informe, la
subprocuradora Ibarra Leyva aseguró que ésta es una
cuestión de "números".

"Ése es el contexto que a mí me
quedaría de duda, si aquí —en el caso de
Mexicali— son muchas o son pocas; en cuanto a
números yo te diría que son pocas, pero lo
importante es que esto no suceda".

Violencia y Feminicidios
imparables

La Procuraduría General de Justicia de Baja
California revela que desde enero de 2000 hasta abril de 2007,
317 mujeres perdieron la vida en la entidad por homicidios
dolosos; de estas muertes, 186 ocurrieron en Tijuana, 94 en
Mexicali, seis en Playas de Rosarito, cuatro en Tecate y 20 en
Ensenada.

Elsa Jiménez Larios, presidenta de la
organización civil Yeuani, e investigadora de la
Comisión Especial de Feminicidios de la anterior legislatura
federal, señaló que es preocupante que en la
mayoría de los casos del 2000 al 2004, es decir, en 128,
de los 191 homicidios realizados en ese lapso, se ignora el
móvil y el arma con la que se perpetraron, lo cual se
podría deber a deficiencias en las
averiguaciones.

"Es difícil creer que en Tijuana se registraron
120 crímenes de mujeres en cuatro años, y en 76 de
ellos, la Procuraduría General de Justicia del Estado
desconozca el móvil del crimen. De seguir esa tendencia,
se podría superar el número de homicidios en contra
de mujeres que se han cometido en Ciudad Juárez, que en 10
años ha registrado más de 340. Este marco de
abandono ha permitido una continuidad delictiva que coloca al
estado de Baja California como una de las zonas de mayor inseguridad en
el país".

Jiménez Larios, destacó la impunidad que
prevalece en torno a esos
crímenes por la falta de voluntad política para
resolverlos: Autoridades incapaces de ejercer justicia, de
brindar seguridad; la creación de estructuras
burocráticas que no han llegado al fondo del asunto, saber
quién o quiénes asesinaron a las mujeres,
detenerlos y ponerlos en manos de la justicia, para que reciban
el castigo correspondiente; se requiere un conocimiento
de los derechos
y tratados que
impulsan estos derechos de la
mujer.

Esto obligaría a todos los poderes, en sus tres
niveles, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a cerrar todos los
espacios de impunidad, incluido el ámbito de los
instrumentos jurídicos para sancionar casos de feminicidio
que están afectando a Baja California.

Luis Corrales, se disponía a iniciar el riego de
la parcela número uno del ejido Hechicera, cuando de
pronto observó un cuerpo femenino ya descompuesto, en el
interior del canal. Vestía una blusa con
pantalón de mezclilla y una pantufla rosa en el pie
derecho; además, tenía cinta cristalina
atándole las manos, pies y cuello. Se estremeció al
recordar que dos meses atrás, otra mujer, Anabel
López Ochoa, también fue tirada en las
inmediaciones del ejido Hechicera; atada de manos y pies, Anabel
presentaba un embarazo
gemelar de cuatro meses y dos impactos de arma de fuego en la
cabeza.

María Elizeth Quiñones Martínez, de
22 años, salió por última vez de su casa,
ubicada en la colonia División del Norte, el 19 de marzo
muy temprano, en su propio auto después de recibir una
llamada, dejando a sus dos hijos gemelos de dos años y a
su hermano en el domicilio. María sostenía una
relación con un hombre casado,
con quien procreó a sus dos hijos, al que solamente
conocen sus familiares por el nombre de Ramón,
quien al parecer actualmente se encuentra
desaparecido.

Su cuerpo fue encontrado en un canal de riego en el
Valle de Mexicali, aunque no se localizó su carro ni el
celular. El reporte del Servicio Médico Forense, indica
que la joven murió de asfixia por ahorcamiento, atada con
cinta cristalina en pies y manos, así como en el cuello y
al parecer fue torturada.

Mientras María Elizeth trabajaba en una
fábrica conoció a Ramón, quien era mayor que
ella y tenía esposa, pero aun así tuvo una
relación con él; sus vecinos siempre la apoyaron
cuando su pareja la trataba mal, incluso cuando llegó a
golpearla.

El párroco Germán Orozco, mencionó
que en varias ocasiones acudieron a poner una denuncia en contra
del hombre por la agresión, pero días
después la mujer lo perdonaba y volvía con
él. Relató que en un tiempo María daba
clases de catecismo, pero al enamorarse de Ramón
dejó de hacerlo y se separó un poco de la iglesia.

Diez días más tarde, en la colonia San
Miguel, ubicada al Poniente de Mexicali, sobre un camino de
terracería se localizó el cadáver de una
mujer envuelta en una cobija, identificada como Claudia Lorena
Favela Jiménez de 22 años, y se presume que la
arrojaron desde un vehículo en movimiento.

La causa de su muerte fue
asfixia por estrangulamiento manual,
según la necropsia practicada en el Servicio Médico
Forense. Claudia Lorena tenía dos hijos, un niño de
8 años y una niña de 4, quienes viven hoy con su
abuela materna. En ambos casos las mujeres fueron estranguladas,
abandonadas en un lugar en despoblado, contaban con 22
años y por coincidencia, las autoridades no tienen
información sobre los responsables de
cometer estos homicidios.

Atención a la mujer

Instalar una Subprocuraduría de Atención a la Violencia de Género y
conseguir un Acuerdo del Tribunal para que los juzgados
también sean especializados en la atención a la
mujer, son las propuestas que impulsa el Instituto Estatal de la
Mujer, en el marco de la creación de la Ley General de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Baja
California.

Gabriela Navarro Peraza, titular de Inmujer en la
entidad, asegura que eso permitirá que la gente que
trabaje en esa Subprocuraduría sea experta en los
comportamientos de la mujer como víctima y
victimario. 

Señaló que las mujeres en Baja California
se sitúan cada vez más en situaciones de mayor
peligrosidad porque han incursionado en el ámbito de las
cosas no lícitas.

"Por primera vez estamos visibilizando que las mujeres
están muriendo a manos de gente cercana a ellos, son
cuestiones a veces pasionales, pero también hay otro tipo
de mujeres como lo hemos visto en los últimos días
que traen la marca del
crimen
organizado", expresó.

Informó que en este momento trabajan el sistema
estatal que buscará adecuar la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia federal a Baja
California.

"Esta ley te habla no sólo de la violencia en la
familia, te habla de la violencia institucional, de la violencia
laboral, de la
violencia feminicida, cuando ya son grados extremos de violencia
hacia la mujer por ser de este género, y vemos que hay una
completa impunidad en estos actos".

En un Centro Naturista ubicado sobre la avenida Reforma
en el centro de Mexicali, se encontró el cuerpo sin vida
de Selma Isabel Rodríguez Verdugo, de 27 años,
quien presentaba catorce heridas ocasionadas por un objeto punzo
cortante. Al platicar con un cliente, y
resaltar que las personas con poder
económico no pisaban la cárcel si cometían
delitos,
firmó su sentencia de muerte.

"Selma se estaba burlando de mi antigua novia, quien
murió atropellada por una persona que
así como entró, salió de la cárcel y
no le hicieron nada porque tenía mucho poder", dijo ante
el Ministerio Público Jesús Israel Herrera
Guzmán, su verdugo.

Declaró que había planeado el asesinato
dos días antes tras burlarse Selma de su dolor.
"Agarré la navaja y le di la primer puñalada, me
preguntó por qué… Me dijo que me llevara el dinero, yo
le dije que no era por dinero, la
llevé para atrás y le di la segunda
puñalada, y ya no recuerdo cuantas más".

El cuerpo sin vida de Acela Herrera Gurrola, una anciana
de 78 años, fue encontrado en la parte posterior de su
domicilio, en el conjunto residencial "La Escondida", un
fraccionamiento de alto nivel económico de Tijuana, con
huellas de violencia en el rostro, tenía las manos y pies
atados con cinta adhesiva color gris y
presentaba huellas de haber recibido golpes en la cabeza, los que
al parecer ocasionaron su muerte.

Herrera Gurrola fue encontrada por sus familiares que
acudieron en su búsqueda porque no había salido de
su casa por varios días; el carro de la víctima no
fue encontrado.

La Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos de la
Procuraduría General de Justicia del estado, dio inicio a
la averiguación previa 72/ 07/ 2001 que permita esclarecer
los hechos; en varios años, no se había presentado
un homicidio que
involucrara a una anciana encontrada con signos de
tortura en su cuerpo.

La nueva Ley federal obliga al Estado y los municipios
de la entidad a procurar los programas y el
presupuesto
necesario para lograr la legislación necesaria para
terminar con los feminicidios y otros delitos asociados con la
violencia de género, aseguró Elsa Jiménez,
directora de la organización Yeuani.

La investigadora destacó que en el 2006 el
Gobierno del
estado sólo destinó 3.80 pesos por cada mujer
bajacaliforniana a la creación de programas para
garantizar el respeto a los
derechos
humanos del sexo
femenino.

Esto equivale, dijo, a sólo un 0.09 por ciento
del presupuesto total de Baja California. "La problemática
se centra principalmente en los casos de violencia intrafamiliar,
la falta de información confiable y los homicidios de
mujeres que las autoridades estatales han tratado de omitir,
aunque las cifras muestran el nivel alarmante de feminicidios en
el Estado", afirmó Jiménez Larios.

Autoridades negligentes

Ana Isabel Ortega Rojas, de 29 años, murió
el 22 de febrero a causa de golpes que le propinó su ex
pareja sentimental, Manuel Hernández Cázarez, de
44, quien ya había sido detenido tras una
denuncia.

La Policía lo arrestó el 20 de febrero,
tras recibir una llamada de Ana Isabel, quien solicitó la
presencia de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar al
recibir una golpiza y amenazas de muerte.

Los agentes lo trasladaron a la Comandancia de
Policía, mientras Ana Isabel acudió a la Agencia
Receptora del Ministerio Público a poner su denuncia por
amenazas y lesiones en contra de su ex pareja, de quien
tenía más de dos años separada por
temporadas.

Ana, era originaria del estado de México, con su
marido, decidieron venir a vivir a Mexicali para buscar
atención médica para su hijo mayor, quien padece un
mal congénito que le impide caminar bien, pero iniciaron
los problemas y
los golpes, debido a que su pareja se hizo adicto al alcohol,
aunque Ana, para evitar problemas, no lo denunciaba. Ana Isabel
lavaba y planchaba ajeno, limpiaba casas y vendía ropa de
segunda, pues Manuel no le daba dinero para la alimentación de sus
dos hijos, José Manuel y Ernesto de 3 y 6
años.

Dos días después, por venganza, ya que
ella lo había denunciado y metido a la cárcel, y
por celos, al intuir que la madre de sus dos hijos, pudiera tener
otra pareja, hicieron a Hernández Cázarez regresar
a la casa de Ortega Rojas, con quien discutió de nuevo
y cumplió sus amenazas al golpearla y dejarla mal
herida.

En su declaración ante el agente del Ministerio
Público del fuero común, ratificada en el Juzgado
Sexto de lo Penal, reconoció que debido al enojo que
llevaba se abalanzó sobre Ana Isabel, a quien tomó
de los cabellos y tumbó al piso de cemento del
patio de la casa, en el cual la estrelló en más de
cinco ocasiones, además de golpearla con puños y
puntapiés. En la misma declaración indica que al
ver que su ex mujer sangraba demasiado optó por darse a la
fuga.

Ana Isabel fue trasladada al hospital civil en donde
murió víctima de las lesiones, mientras que
él fue detenido el mismo día y fue consignado ante
el Ministerio Público por homicidio calificado.

Arrepentido, Manuel asegura que fueron los
celos y el odio los que lo llevaron al extremo de causarle
la muerte a
Ana ante el temor de que lo dejara definitivamente; aceptó
que había acudido en varias ocasiones a amenazarla porque
creía que tenía otra relación.

En el expediente se encuentra también la denuncia
previa que Ana Isabel Ortega Rojas realizó el 21 de
febrero, donde ratificaba ante el Ministerio Público las
denuncias por amenazas de muerte por parte del padre de sus
hijos. Las amenazas, finalmente, Hernández Cázarez
las cumplió un día después.

Pero este crimen es justificado por las autoridades con
el argumento de que el Código
Penal señala que las amenazas no son un delito grave, por
lo que el acusado tenía que ser dejado en libertad, ya
que ella lo había denunciado únicamente por este
delito.

Mientras, Rafael Ladrón de Guevara, director de
Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia,
aseguró que la actuación de Fidel Torres, agente
del Ministerio Público que liberó a
Hernández Cázarez, fue la correcto, y
mencionó que aún continúa el análisis del expediente sobre el actuar del
agente en cuanto a la protección de la mujer tras
presentar la denuncia por amenazas por segunda ocasión a
la agencia receptora.

"El Agente del Ministerio Público trabaja
normalmente, por eso es una investigación previa, de existir alguna
irregularidad se removería y luego se suspendería",
aseguró Ladrón de Guevara.

Indicó que el Artículo 171 del
Código Penal establece que el que amenace a otro con
causarle un daño en
su persona, bienes o un
tercero con quien el ofendido tenga vínculos, se le
impondrá de seis meses a un año en prisión o
trabajo a favor de la comunidad hasta
por seis meses.

Aclaró que el Artículo 18 Constitucional
establece que sólo por delito que permanezca pena
corporal, habrá lugar a prisión preventiva, lo cual
no era el caso, al ser sólo las amenazas y los golpes
sanaban antes de 15 días.

El mayor obstáculo para que las mujeres tengan
justicia en el tema de violencia familiar, es el Artículo
242-bis del Código Penal del estado, que establece
que para castigarlo, el maltrato debe ser reiterado.

La diputada Elvira Luna Pineda precisó que el
término "reiterado", implica que las mujeres deben tener
por lo menos dos constancias del Ministerio Público, donde
comprueben que han acudido a denunciar a su agresor.

Esto es totalmente contradictorio a justicia y a
derecho, consideró, pero así está en el
Código, y así no proceden las denuncias, porque se
atiende a la víctima, pero si el agresor no es ni siquiera
llamado a declarar, lo demás se vuelve imposible de
cumplir.

"Desafortunadamente ya que muere una mujer, todos se
rasgan las vestiduras, se llaman a cuentas, se
dicen sorprendidos, y todos están abatidos por la muerte
de esta mujer, pero cuando hablamos de una reforma necesaria para
que esta mujer tenga justicia y no la maten, ahí es cuando
no pasa nada".

El Ministerio Público no actuó de manera
correcta, pues pudo haber orientado y canalizado a Ana
Isabel a una institución para protección y no
lo hizo, aseguró Elvira Luna Pineda. La diputada panista
mencionó que el Ministerio Público pudo haber
aplicado el Artículo 8 fracción 7 del Reglamento de
Atención y Protección a las Víctima o el
Ofendido. 

Este Artículo establece "que la autoridad
investigadora o jurisdiccional dicte las providencias legales y
medidas de seguridad necesarias para proteger su vida, integridad
física y
moral, bienes,
posesiones o derechos, incluyendo los de familiares
directos…". 

Indicó que el Ministerio Público contaba
con facultades para orientar a la mujer después de haber
presentado su denuncia y canalizado a instituciones
como el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar de
Mexicali.

"Esta mujer fue por sus propios medios para
poner la denuncia que en muchas ocasiones nos pide la
Procuraduría de Justicia que haga el ciudadano,
desafortunadamente no hubo orientación y ocurrió la
muerte", señaló la diputada presidenta de la
Comisión de Equidad del
Congreso del Estado.

Pero Antonio Martínez Luna, procurador de
Justicia del estado, opinó distinto; "La señora Ana
Isabel no sé si pudo prever hasta dónde
podía llegar su pareja, porque también se reciben
muchas denuncias por amenazas, no solamente contra mujeres, sino
con otras personas".

Aseguró que en el 2006 se reportaron un total de
mil 242 denuncias por el delito de amenazas ante la
Procuraduría de Justicia, mientras que el 2005 se
presentaron mil 478 casos. 

"El actuar del Ministerio Público que
liberó al hombre fue el correcto, al seguir lo que marca
el Código Penal, sin embargo, se realizará una
revisión al expediente de la mujer que integró el
agente del Ministerio Público por parte de Asuntos
Internos, pero si todo está conforme a derecho no puede
haber sanción", aclaró.

Martínez Luna explicó que el Ministerio
público dejó en libertad a Hernández
Cázarez, debido a que la denuncia por amenazas no es
delito grave, de acuerdo con el Código Penal,
además de que la víctima no presentaba lesiones que
tardaran más de quince días en sanar.

"En Baja California, donde las menores violadas deben
comprobar que antes eran "castas y honestas" No se puede avanzar
en el apoyo a la mujer mientras haya diputados encargados de la
procuración de justicia, jueces y magistrados insensibles
en el tema y crean que la violencia intrafamiliar es una
cuestión doméstica, privada y normal; mientras haya
cerrazón y machismo", manifestó la diputada local
panista Elvira Luna Pineda.

Autoridades negligentes

Ana Isabel Ortega Rojas, de 29 años, murió
el 22 de febrero a causa de golpes que le propinó su ex
pareja sentimental, Manuel Hernández Cázarez, de
44, quien ya había sido detenido tras una
denuncia.

La Policía lo arrestó el 20 de febrero,
tras recibir una llamada de Ana Isabel, quien solicitó la
presencia de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar al
recibir una golpiza y amenazas de muerte.

Los agentes lo trasladaron a la Comandancia de
Policía, mientras Ana Isabel acudió a la Agencia
Receptora del Ministerio Público a poner su denuncia por
amenazas y lesiones en contra de su ex pareja, de quien
tenía más de dos años separada por
temporadas.

Ana, era originaria del estado de México, con su
marido, decidieron venir a vivir a Mexicali para buscar
atención médica para su hijo mayor, quien padece un
mal congénito que le impide caminar bien, pero iniciaron
los problemas y los golpes, debido a que su pareja se hizo adicto
al alcohol, aunque Ana, para evitar problemas, no lo denunciaba.
Ana Isabel lavaba y planchaba ajeno, limpiaba casas y
vendía ropa de segunda, pues Manuel no le daba dinero para
la alimentación de sus dos hijos, José
Manuel y Ernesto de 3 y 6 años.

Dos días después, por venganza, ya que
ella lo había denunciado y metido a la cárcel, y
por celos, al intuir que la madre de sus dos hijos, pudiera tener
otra pareja, hicieron a Hernández Cázarez regresar
a la casa de Ortega Rojas, con quien discutió de nuevo
y cumplió sus amenazas al golpearla y dejarla mal
herida.

En su declaración ante el agente del Ministerio
Público del fuero común, ratificada en el Juzgado
Sexto de lo Penal, reconoció que debido al enojo que
llevaba se abalanzó sobre Ana Isabel, a quien tomó
de los cabellos y tumbó al piso de cemento del patio de la
casa, en el cual la estrelló en más de cinco
ocasiones, además de golpearla con puños y
puntapiés. En la misma declaración indica que al
ver que su ex mujer sangraba demasiado optó por darse a la
fuga.

Ana Isabel fue trasladada al hospital civil en donde
murió víctima de las lesiones, mientras que
él fue detenido el mismo día y fue consignado ante
el Ministerio Público por homicidio calificado.

Arrepentido, Manuel asegura que fueron los
celos y el odio los que lo llevaron al extremo de causarle la
muerte a Ana ante el temor de que lo dejara definitivamente;
aceptó que había acudido en varias ocasiones a
amenazarla porque creía que tenía otra
relación.

En el expediente se encuentra también la denuncia
previa que Ana Isabel Ortega Rojas realizó el 21 de
febrero, donde ratificaba ante el Ministerio Público las
denuncias por amenazas de muerte por parte del padre de sus
hijos. Las amenazas, finalmente, Hernández Cázarez
las cumplió un día después.

Pero este crimen es justificado por las autoridades con
el argumento de que el Código Penal señala que las
amenazas no son un delito grave, por lo que el acusado
tenía que ser dejado en libertad, ya que ella lo
había denunciado únicamente por este
delito.

Mientras, Rafael Ladrón de Guevara, director de
Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia,
aseguró que la actuación de Fidel Torres, agente
del Ministerio Público que liberó a
Hernández Cázarez, fue la correcto, y
mencionó que aún continúa el análisis
del expediente sobre el actuar del agente en cuanto a la
protección de la mujer tras presentar la denuncia por
amenazas por segunda ocasión a la agencia
receptora.

"El Agente del Ministerio Público trabaja
normalmente, por eso es una investigación previa, de
existir alguna irregularidad se removería y luego se
suspendería", aseguró Ladrón de
Guevara.

Indicó que el Artículo 171 del
Código Penal establece que el que amenace a otro con
causarle un daño en su persona, bienes o un tercero con
quien el ofendido tenga vínculos, se le impondrá de
seis meses a un año en prisión o trabajo a favor de
la comunidad hasta por seis meses.

Aclaró que el Artículo 18 Constitucional
establece que sólo por delito que permanezca pena
corporal, habrá lugar a prisión preventiva, lo cual
no era el caso, al ser sólo las amenazas y los golpes
sanaban antes de 15 días.

El mayor obstáculo para que las mujeres tengan
justicia en el tema de violencia familiar, es el Artículo
242-bis del Código Penal del estado, que establece
que para castigarlo, el maltrato debe ser reiterado.

La diputada Elvira Luna Pineda precisó que el
término "reiterado", implica que las mujeres deben tener
por lo menos dos constancias del Ministerio Público, donde
comprueben que han acudido a denunciar a su agresor.

Esto es totalmente contradictorio a justicia y a
derecho, consideró, pero así está en el
Código, y así no proceden las denuncias, porque se
atiende a la víctima, pero si el agresor no es ni siquiera
llamado a declarar, lo demás se vuelve imposible de
cumplir.

"Desafortunadamente ya que muere una mujer, todos se
rasgan las vestiduras, se llaman a cuentas, se dicen
sorprendidos, y todos están abatidos por la muerte de esta
mujer, pero cuando hablamos de una reforma necesaria para que
esta mujer tenga justicia y no la maten, ahí es cuando no
pasa nada".

El Ministerio Público no actuó de manera
correcta, pues pudo haber orientado y canalizado a Ana
Isabel a una institución para protección y no
lo hizo, aseguró Elvira Luna Pineda. La diputada panista
mencionó que el Ministerio Público pudo haber
aplicado el Artículo 8 fracción 7 del Reglamento de
Atención y Protección a las Víctima o el
Ofendido. 

Este Artículo establece "que la autoridad
investigadora o jurisdiccional dicte las providencias legales y
medidas de seguridad necesarias para proteger su vida, integridad
física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo
los de familiares directos…". 

Indicó que el Ministerio Público contaba
con facultades para orientar a la mujer después de haber
presentado su denuncia y canalizado a instituciones como el
Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar de
Mexicali.

"Esta mujer fue por sus propios medios para poner la
denuncia que en muchas ocasiones nos pide la Procuraduría
de Justicia que haga el ciudadano, desafortunadamente no hubo
orientación y ocurrió la muerte",
señaló la diputada presidenta de la Comisión
de Equidad del Congreso del Estado.

Pero Antonio Martínez Luna, procurador de
Justicia del estado, opinó distinto; "La señora Ana
Isabel no sé si pudo prever hasta dónde
podía llegar su pareja, porque también se reciben
muchas denuncias por amenazas, no solamente contra mujeres, sino
con otras personas".

Aseguró que en el 2006 se reportaron un total de
mil 242 denuncias por el delito de amenazas ante la
Procuraduría de Justicia, mientras que el 2005 se
presentaron mil 478 casos. 

"El actuar del Ministerio Público que
liberó al hombre fue el correcto, al seguir lo que marca
el Código Penal, sin embargo, se realizará una
revisión al expediente de la mujer que integró el
agente del Ministerio Público por parte de Asuntos
Internos, pero si todo está conforme a derecho no puede
haber sanción", aclaró.

Martínez Luna explicó que el Ministerio
público dejó en libertad a Hernández
Cázarez, debido a que la denuncia por amenazas no es
delito grave, de acuerdo con el Código Penal,
además de que la víctima no presentaba lesiones que
tardaran más de quince días en sanar.

"En Baja California, donde las menores violadas deben
comprobar que antes eran "castas y honestas" No se puede avanzar
en el apoyo a la mujer mientras haya diputados encargados de la
procuración de justicia, jueces y magistrados insensibles
en el tema y crean que la violencia intrafamiliar es una
cuestión doméstica, privada y normal; mientras haya
cerrazón y machismo", manifestó la diputada local
panista Elvira Luna Pineda.

  Desalentar la denuncia

Bertha Valdéz, de 34 años, separada de su
marido tras años de insultos, palizas y relaciones
sexuales forzadas, ya no está convencida de denunciar
a su esposo, pues en el Ministerio Público le
hicieron ver que podría empeorar su situación al
presentar la denuncia y que si él la quisiera matar
podría hacerlo, poniéndole de ejemplo el crimen de
Ana Isabel, ahora no confía en que será protegida
por las instituciones públicas.

En entrevista, aseguró vivir encerrada en su casa
con llave y sin hacer ruido para
hacerle creer a su marido que había abandonado la casa. La
abogada que la atendió le preguntó en dos
ocasiones: ¿Está segura de lo que va a hacer?
¿está conciente de que denunciar a su esposo le
traerá represalias y podría agravar más la
violencia que vive?

En el Ministerio Público habían logrado
convencerla de no denunciar la violencia y que acudir a las
autoridades empeoraría su situación de grave
riesgo. Sin
expectativas de que las autoridades le
brinden protección efectiva, permanece escondida y
atenida a su precaria estrategia.
Acudió ante el grupo
Comunicadoras de Mexicali, buscando apoyo, presa del miedo de que
las amenazas de muerte de su marido se hagan realidad.

Su experiencia, como la de muchas mujeres, de por
sí devastadora, ha estado tradicionalmente reforzada por
la desprotección y trato discriminatorio e inapropiado que
encuentran de parte de funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley y agentes responsables de asistirlas, cuando ellas ponen
en su conocimiento tales abusos y solicitan auxilio.

Y si algo ha caracterizado al sistema penal mexicano, es
la impunidad, muchos son los factores que han contribuido con
ella: la ausencia de un marco normativo acorde a la realidad
delictiva, falta de capacitación y profesionalización de los servidores
públicos, corrupción, dilación en la
aplicación de la justicia, ausencia de protección a
victimas y testigos, abusos de poder, entre otros.

Esto sólo demuestra que a pesar de todo esfuerzo
internacional y nacional, aun no se cuenta en el sistema de
justicia con un trato humanitario y libre de prejuicios; las
leyes y la
práctica han permitido diversas formas de
colaboración o de complicidad con quienes violan,
maltratan, humillan o incluso asesinan a una mujer.

INEGI: las muertes de mujeres en México por
violencia intrafamiliar son más que las causadas por
delincuencia
organizada: 2,159 fallecieron en 2005

De acuerdo con datos del INEGI, en el transcurso del
2005 se registraron dos mil 159 fallecimientos de mujeres por
violencia intrafamiliar, cifra que supera a la de fallecimientos
por el crimen organizado, que fue de mil 776.
Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran
principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla,
Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de
México, Colima, Nayarit y Baja California.
Las lesiones que dejan las riñas en el hogar van desde una
simple gastritis, hasta embolias, derrames cerebrales por la
presión
arterial por el estado nervioso, lesiones en el corazón,
problemas renales y cáncer de
mama, ya que los senos son uno de los puntos vulnerables
hacia los cuales los hombres suelen dirigir sus ataques,
señaló el Instrituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres).
El organismo indicó que cada 35 minutos se recibe una
llamada al teléfono instalado para recabar denuncias
por violencia doméstica y tan sólo en la ciudad de
México, siete de cada 10 mujeres son agredidas por su
pareja, o por su ex esposo en el hogar, según datos del
instituto.

Los daños provocados, física y
anímicamente en las víctimas de violencia
intrafamiliar, en la mayoría de los casos son
irreparables; muchos de ellos derivan en la muerte de las mujeres
agredidas por las lesiones crónicas, o hasta
suicidios.

Asimismo, de acuerdo con las cifras de la
investigación realizada por la Comisión Especial
para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones
Relacionadas con los Feminicidios en la República
Mexicana, en nuestro país seis mil mujeres han sido
asesinadas con violencia en diez estados del país en el
periodo 1999-2005, un promedio de mil mujeres por año, sin
contar las que pierden la vida por situaciones relacionadas con
la violencia intrafamiliar, denominadas muerte
natural.

"Uno de los aspectos graves del feminicidio, es que
estos crímenes de odio contra las mujeres lo mismo se dan
en la casa, el trabajo o
en la calle, y son la expresión última de la
violencia intrafamiliar".
Aunque estos números parezcan alarmantes, las organizaciones
feministas han asegurado que hay una "cifra negra" de decesos de
mujeres a consecuencia de la violencia en los hogares. Muchas de
ellas prefieren no denunciar las agresiones, ya que en la
mayoría de los casos los cónyuges las tienen
amenazadas con denunciarlas penalmente por adulterio,
abandono de hogar o declararlas insanas mentalmente para
quitarles a los hijos.

Al respecto, Alicia Elena Pérez Duarte, titular
de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos contra las Mujeres, de la
Procuraduría General de la República (PGR),
reconoció que las estadísticas no reflejan la magnitud del
problema de las agresiones en contra de las mujeres, ya que hay
una "cifra negra", de mujeres que no denuncia.

Marcela Legarde, quien fue presidenta de la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en
la pasada legislatura, señaló: "el verdadero
problema está en las causas de las muertes, los
números hay que ubicarlos en contexto, además que
para saber que efectivamente esas 10 o 20, 60 o mil mujeres
murieron por causas de violencia intrafamiliar, ya que se debe
tener una sentencia ejecutoriada, por eso no me gustan las
cifras, porque cada quien las puede leer e inventar como
quiera".

Agregó que los riesgos no se
miden por las cifras, sino por el temor fundado que tienen todas
las mujeres de terminar con la violencia, ese es el riesgo y esa
es la gravedad, pero el problema es realmente más grave,
ya que de acuerdo a los resultados de estudios, entrevistas,
encuestas y
denuncias, las víctimas de la violencia intrafamiliar
fácilmente superan a los homicidios perpetrados por el
crimen organizado.
Mencionó que dos terceras partes del registro de
mujeres asesinadas en un año, de acuerdo con los datos
oficiales, murieron a consecuencia de agresiones en el hogar,
pero no sólo a manos del marido, sino también por
novios, padres, hermanos, amigos, familiares y otro tipo de
parientes.

Aseveró que los homicidios cometidos entre 1993 y
2005, mejor conocidos como las "Muertas de Juárez" son la
mejor muestra de la violencia intrafamiliar, ya que los
asesinatos y violaciones no fueron autoría de un
psicópata en serie, sino de algún pariente cercano
o conocido familiar, "el verdadero psicópata o asesino en
serie estaba dentro de la familia".

Refirió que la principal analogía entre
las muertas de Ciudad Juárez y Chimalhuacán, en el
estado de México, lugar donde han repuntado los homicidios
en contra de mujeres, es que ambas son zonas fronterizas, una con
los Estados Unidos, y
otras entre el Distrito Federal y la entidad
mexiquense.

"En los estados de la República donde las cifras
son menores en contra de las mujeres puedo asegurar, no es porque
haya un mejor trato o equidad de género, sino porque las
mujeres no reconocen que están en una situación de
violencia, y por eso no la comentan o no la denuncian, o porque
simplemente tienen miedo", apuntó Pérez
Duarte.

El estudio realizado por la Cámara de Diputados
concluye que "hay violencia feminicida en el país, un
problema nacional que va más allá de Ciudad
Juárez", pues se han detectado alarmantes expresiones de
violencia de género contra las mujeres en diversos estados
del país, en los que tanto autoridades locales como
federales han sido rebasadas ya que "la mayoría de los
crímenes están en la impunidad", lo que se traduce
en "violencia institucional" y es reflejo de la insuficiencia de
políticas gubernamentales para solucionar
el fenómeno.

El estado de Veracruz encabeza la lista de feminicidios
con mil 494 víctimas en el periodo 2000-2005; mientras que
el estado de México reporta mil 288 casos, entre los
años 2000-2003, en Chiapas se
contabilizaron mil 242 casos entre 2000-2004.

Otros puntos del país donde el índice de
violencia de género es preocupante son Guerrero, Distrito
Federal, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Baja California y
Morelos.

M.C. Gustavo López
Badilla1,

Mayela Ayala Flores2,

Brenda López
Arambula1

Rubén Navarro
Aviles2

1 Investigador-Académico de la
Facultad de Ciencias
Sociales y Políticas, Universidad
Autónoma de Baja California, Mexicali, Baja California,
México.

2 Estudiantes de la la Facultad de Ciencias
Sociales y Políticas, Universidad Autónoma de Baja
California, Mexicali, Baja California,
México.