Don
Vicente Emparan:
Para septiembre de 1808 se instaló en España la
"Junta Central Gubernativa del Reino", cuyo reconocimiento en
Caracas se verificó el 12 de enero de 1809. Esta junta
declaró la igualdad
política
de los americanos, considerando a la América
como parte integrante de la monarquía española con
representación nacional e inmediata ante el Rey.
Más tarde trasladada a la isla de León
acordó constituir una Regencia con cuatro españoles
europeos y un representante de las provincias de Ultramar. La
propia Regencia en su manifiesto del 14 de febrero alentó
los propósitos autonomistas americanos al declarar: "desde
este momento, españoles americanos, os veis elevados a la
dignidad de
hombres libres: no sois ya los mismos que antes, encovados bajo
un yugo mucho más duro mientras más distantes
estáis el centro del poder; mirados
con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la
ignorancia. Tened presente que al pronunciar o escribir el nombre
del que ha de venir a representaros en el congreso nacional,
vuestros destinos ya no dependen ni de los Ministros, ni de los
Virreyes, ni de los Gobernadores: están en vuestras
manos.
El Brigadier don Vicente Emparan fue designado
Capitán General para sustituir a Casas. Venía de
Cumaná donde había gobernado en forma liberal. A
pesar de sus antecedentes no tardó en entrar en pugna con
el Ayuntamiento y con el clero así como con la Audiencia.
Dictó una serie de medidas represivas: era considerado
delito de
estado el
poseer impresos relativos a la formación de una junta
gubernativa en Quito, y
envió a trabajos forzados en las obras públicas a
algunos vecinos y provocó, en fin, enconada
oposición.
Coincidió con la llegada de Emparan la de D.
Fernando Rodríguez del Toro, quien con el título de
coronel se encargó de la inspección de las milicias
venezolanas y se va a constituir en uno de los activos agentes
de la causa autonomista, junto con su hermano el Marqués
del Toro, su sobrino político D. Simón Bolívar y
muchos nobles más. Así se planeó la
Conspiración conocida con el nombre de la Casa de la
Misericordia, sitio donde tenía su sede el cuartel de los
Granaderos de Aragua, mandado por el Marqués del Toro. Su
hermano se traslado a Valencia donde debía encabezar el
movimiento en
aquella población conforme lo declaró
más tarde. El movimiento fue descubierto. El libelista
Díaz, de filiación realista, acusa de haber
delatado el movimiento a D. Mauricio Ayala y a D. Andrés
Bello, calumnia que repercutió y ensombreció en
parte la vida del último. Don Arístides Rojas en un
esclarecedor trabajo
demostró la falsedad de la imputación y el hecho
mismo de que después de verificada la revolución
éstos gozaron de la confianza del gobierno
revolucionario, lo que destruye la falaz
versión.
Emparan se mostró condescendiente con los
conjurados, muchos de los cuales eran sus amigos personales. Se
limitó a confinar a algunos a Aragua y Valencia, como en
el caso de Bolívar. Sin embargo la conspiración
continuó. En manifiesto del 13 de mayo de 1811 declara el
Marqués del Toro: "Teníamos tomadas todas las
medidas necesarias al buen éxito
de la empresa,
cuando los caraqueños, ejecutándola el 19 de abril,
dejaron sin lugar nuestra tentativa".
Los acontecimientos se precipitaban. En abril de 1810 se
sabe en Caracas la disolución de la Junta Central y la
formación de la Regencia, lo que ocasionó viva
inquietud hasta el extremo de que las autoridades
españolas tuvieron que fijar carteles el 17 de abril
recomendando prudencia. Sin embargo, la causa autonomista ganaba
cada día más prosélitos y los nobles
caraqueños resolvieron tomar la iniciativa utilizando como
instrumento para ello el Ayuntamiento.
19 de
abril de 1810:
Los nobles caraqueños convencieron al alcalde
primero D. José de las Llamozas para que convocara una
reunión de Cabildo que considerar las noticias
provenientes de España y tomara las medidas conducentes.
Este con en hacer la convocatoria para la mañana del 19 de
abril. En tanto los interesados habían desplegado una
notable actividad al pueblo para asistir al acto. Otros de los
conspiradores estuvieron reunidos en la casa del doctor
José Ángel de Álamo hasta altas horas de la
madrugada del día decisivo.
La reunión de Cabildo se verificó en forma
inusitada, ya que correspondía al Capitán General
su previa convocatoria. Este se dejó arrastrar por las
circunstancias y atendiendo a la invitación de presidir la
asamblea que le hicieron los regidores Valentín de Ribas y
Rafael González la valido al hacer acto de
presencia.
El alcalde D. José de las Llamozas expuso el
objeto de la reunión generalizada de que era necesario
crear un gobierno representativo del pueblo venezolano. Fue
apoyado por Martín Tovar, quien declaró,
además, que el pueblo se negaba a acatar la autoridad del
Consejo de regencia. Emparan replicó a estos argumentos
diciendo que era falso el que no existiera gobierno
legítimo, ya que éste estaba representado en el
Consejo de Regencia, cuyos agentes convendría consultar, y
prometiendo tratar más tarde el asunto se encaminó
a la Iglesia
Catedral con el objeto de asistir a los oficios religiosos del
Jueves Santo. Tal determinación abortaba el plan de los
mantuanos, por lo que un grupo de los
comprometidos entre los cuales se encontraban los Salías,
los Montillas, los Ribas, empezaron a llamar "A cabildo",
conforme la vieja tradición española. Francisco
Salías intimó al Capitán General para que
regresara al Ayuntamiento, y éste viendo que la tropa
mandada por D. Luís de Ponte hacia causa común con
los comprometidos regresó al Cabildo. Allí se
encontró con medidas verdaderamente revolucionarias. Juan
Germán Roscio y José Félix Sosa,
titulándose diputados del pueblo toman parte en la
Asamblea. También toman parte en ella el canónigo
chileno José Cortés Madariaga y D. José
Félix Ribas. Roscio y Sosa proponen formar una Junta
presidida por Emparan, lo que venía a hacer nugatorio el
movimiento revolucionario. A ello se opone impetuosamente
Madariaga exponiendo que una Junta de tal naturaleza no
ofrece garantías algunas ya que Emparan, podía
disolverla y tomar represalias. Termina pidiendo la
deposición de éste. Fue el momento cuando Emparan
apeló al pueblo reunido en la plaza. El episodio es
demasiado conocido. A las señas negativas hechas por
Madariaga y a la acción
de estratégico conjurados diseminados en la plaza, la
muchedumbre respondió en forma negativa y pide a gritos la
destitución. Emparan, despechado, exclamó:
"¡Pues yo tampoco quiero mando!" Estas palabras
serán consideradas como dejación voluntaria del
mando. Y con este hecho se inicia el movimiento
revolucionario.
La
Junta Suprema:
El ayuntamiento venezolano asumió el control
político de la situación constituyéndose en
Junta Suprema, con la admisión de delegados de clase y
corporaciones.
El acto del 19 de abril, documento genésico de la
emancipación venezolana consagra la separación
política, al desconocer al Consejo de regencia. En ella se
considera que la Junta Suprema viene a ser la depositaria de los
derechos del
pueblo en orfandad "no sólo por el cautiverio del
Señor D. Fernando VII, sino también por haberse
disuelto la Junta que suplía su ausencia en todo lo
tocante a la seguridad y
defensa de sus dominios, invadidos por el emperador de los
franceses y demás urgencias de primera necesidad, a
consecuencia de la ocupación casi total de los reinos y
provincias de España, de donde ha resultado la
dispersión de todos o casi todos los que componían
la expresada Junta, y por consiguiente el cese de sus funciones"
Acefalía que determinaba la necesidad de que la
soberanía fuera ejercida por un organismo
popular, el Ayuntamiento, conforme a los viejos principios del
derecho castellano. Y que
fundamentaba, así como las propias medidas tomadas por la
Junta central, la negativa de reconocer a la Regencia: "Y aunque
según las últimas, o penúltimas noticias de
Cádiz, parece haberse sustituido otra forma de Gobierno
con el título de Regencia, sea lo que fuese la certeza o
incertidumbre de este hecho y de la nulidad de su
formación, no puede ejercer ningún mando ni
jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido
constituida por el voto de estos fieles habitantes cuando han
sido declarados no colonos, sino partes integrantes de la Corona
de España y como tales han sido llamados al ejercicio de
la soberanía interna y a la reforma de la Constitución Nacional, ni cuando pudiese
prescindirse de esto, nunca podría hacerse en la
impotencia en que ese mismo gobierno se halla de atender a la
prosperidad y seguridad de estos territorios y de administrarles
cumplida justicia en
los asuntos y causas propias de la suprema autoridad, en tales
términos, que por las circunstancias de la guerra y de la
conquista y usurpación de las armas francesas,
no pueden valerse a sí mismos los miembros que compongan
el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el derecho nacional y
todos los demás, dictan la necesidad de procurar los
medios de su
conservación y de defensa y de erigir en el seno mismo de
estos países un sistema de
gobierno que supla las enunciadas faltas,
ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo
hecho ha recaído en el pueblo, conforme a las
máximas que ha enseñado y publicado en innumerables
papeles la Junta Suprema extinguida".
Hace especial hincapié el acta en la fidelidad
del pueblo a Fernando VII, así como su intervención
en los hechos ocurridos ese día con la designación
de diputados, y con su repudio plebiscitario al gobierno de
Emparan quien hizo dejación voluntaria del gobierno,
siendo sustituido su mando supremo por el del
Ayuntamiento.
El ayuntamiento constituido en máximo poder
tomó sus medidas. Fueron cesados el intendente Basadre, el
brigadier don Agustín García, y el señor D.
José Vicente Anca, auditor de guerra, asesor general del
gobierno y teniente gobernador, todos los miembros de la Real
Audiencia, colocando el Ayuntamiento "los letrados que merecieran
su confianza"; se tomaron medidas de policía; se puso el
mando de las armas en manos de Nicolás de Castro y de D.
Juan Pablo Ayala; se le asignó provisionalmente a la tropa
prest y sueldo doble.
El acta fue firmada por Emparan, los regidores y los
incorporados posteriormente como delegados.
El día 20 el nuevo gobierno dirige un manifiesto
a los habitantes de Venezuela
informándoles de los sucesos del 19 y prometiendo: "os
llamaremos oportunamente a tomar parte en el ejercicio de la
suprema autoridad, con proporción al mayor o menor
número de individuos de cada provincia". Esto demuestra ya
francas intenciones separatistas a pesar de que el 23 de
noviembre el nuevo gobierno tomo el nombre de Junta Suprema
Conservadora de los Derechos de Fernando VII.
Fueron embarcados para España con todos sus
gastos y muchas
consideraciones el Capitán General, el Intendente, los
oidores de la Audiencia y muchos altos funcionarios
más.
Movimientos Revolucionarios en la
Provincias:
El movimiento separatista en las provincias
transcurrió sin mayor alteración. Delegados de la
Junta Suprema fueron enviados a las principales ciudades para
invitarlas a adherir al movimiento caraqueño. Todas, con
excepción de Coro y Maracaibo, no tardaron en seguir el
ejemplo de Caracas.
Provincia de Cumaná:
Don José Antonio Illas, ayudante de milicias, y
el capitán D. Francisco de Paula Moreno, fueron designados
para trasladarse a Cumaná, donde residían, con sus
instrucciones precisas. Parra Pérez hace notar que la
misión
era difícil porque Cumaná desde hace mucho tiempo se
consideraba con igual rango que Caracas. Además, un
espíritu municipalista y un sentimiento autonómico
muy agudo en las provincias orientales contribuía a
hacerla más delicada.
El gobernador de la provincia, D. Eusebio Escudero, tan
pronto tuvo noticias de los sucesos del 19 de abril
consultó a los notables de la ciudad, alcalde, procurador
general, comandante militar y vicario sobre el partido que
convenía tomar. Estos aconsejaron convocar al
Ayuntamiento, lo cual se verificó el 27 de abril,
recibiendo éste el mensaje de la Junta Suprema. Este
Ayuntamiento acrecentado por representantes del clero, la
nobleza, los pardos, cuerpos de militares, agricultores y
comerciantes, presta fidelidad a Fernando VII y manifiesta al
gobernador la necesidad de formar una Junta gubernativa
invitándolo a presidirla, lo cual fue rehusado por
éste quien se embarcó para la Nueva
Granada.
Actitud de Barcelona:
Esta ciudad organizó el 27 de abril su propia
Junta bajo la presidencia de D. Gaspar de Cagigal y se
separó de la provincia de Cumaná reconociendo en
forma condicionada la autoridad de los caraqueños. Esto
constituye una prueba más del agudo espíritu
autonomista oriental. Cumaná no quedó conforme con
esto y más tarde tomará medidas para someterla y en
el primero Congreso venezolano constituirá uno de los
más agudos problemas la
pugna entre las provincia orientales.
Margarita:
El cabildo margariteño por su parte,
reconoció la autoridad caraqueña y creó su
propia Junta. Con los delegados de estas tres Juntas ante la
Junta Suprema se constituyó el primer congreso
nacional.
Provincia de Barinas:
El ayuntamiento se reunió el 5 de mayo para
considerar los acontecimientos caraqueños, con asistencia
del gobernador político y de las personas más
notables de la ciudad. Ante la magnitud de los acontecimientos
resolvieron convocar al "común" o sea al pueblo para que
emitiera su juicio sobre tan importante acontecimiento. El
ayuntamiento ampliado resolvió su adhesión
condicional al movimiento de Caracas, siempre que se conserve la
integridad del imperio; y la formación de una junta con
representación del clero, de los militares hacendados,
comerciantes y pardos. Fue presidida por D. Miguel del Pumar, y
acordó entrar en relaciones con los Ayuntamientos de
Caracas, de las demás provincias de la capitanía y
del virreinato de Nueva Granada. De todos modos fue la
oligarquía la que se encargó del gobierno de la
provincia. En Barinas el coronel Húngaro pidió en
nombre de los pardos "que se fijase la duración de los
empleos para evitar la perpetuidad ofensiva de los derechos del
pueblo".
Oposición de Coro:
El ayuntamiento coriano y el Gobernador militar Ceballos
se negaron a reconocer la autoridad de la Junta de Caracas y
encarcelaron a sus comisionados, remitiéndolos a Maracaibo
de donde fueron enviados a Puerto Rico. En
la actitud de
Coro actuó mucho la rivalidad con Caracas, como lo hace
resaltar el Regente Heredia. Declaró que Caracas
había perdido su cualidad de capital de la
Capitanía por la destitución de las autoridades
supremas. Además, jugaban en ello viejos principios de
derecho colonial, ya que correspondería esa autoridad que
se sub-rogaba Caracas, a Coro, por ser la más antigua
ciudad venezolana.
La Junta Suprema siguió un método
persuasivo frente a los corianos, que la acusaban de
rebeldía. Más tarde viendo que eran inútiles
estos esfuerzos designó al Marqués del Toro para
que entrara en negociaciones y los atacara si persistían
en su actitud.
El Marqués del Toro entablo conversaciones con
los corianos acerca de la legitimidad del acto. A pesar de que
contaba con más de cuatro mil soldado la expedición
del Marqués fracasó. Ante la resistencia de la
ciudad de Coro y amenazado por españoles de Maracaibo tuvo
que retirarse maltrecho, olvidando en ella hasta sus
baúles. De allí partirá la reacción
que dará en tierra con la
primera República Venezolana.
Maracaibo:
Convocado el Ayuntamiento por Miyares, el Gobernador, y
ampliado según recomendación de éste,
dispuso que los comisionados Tejera, Hugo y Moreno, enviados
desde Coro, fueron remitidos a Puerto Rico. Además,
comunicaron a Caracas "aquella determinación y
disposición contraria a sus ideas en que se haya este
gobierno y habitantes, para conversar en todo tiempo su entera
sumisión y absolutos respetos de obediencia fiel al
señor D. Fernando VII, o a quien legítimamente lo
represente, de cuyos principios jamás se separarán
los pueblos de esta provincia y su cabeza". En síntesis,
reconocían a la Regencia.
Mérida:
Luís Dávila, comisionado de la Junta
Suprema a Mérida, logró la adhesión de esta
ciudad. El Ayuntamiento arguyó que la presión de
Santa Fe y Barinas determinó un acto semejante. Pero
parece que influyó mucho en ella el deseo de separarse de
Maracaibo y reconstruir su antigua provincia. La Junta que
suplantó a las autoridades españolas se
caracterizó por el predominio del elemento
eclesiástico. El capitán de milicias
Rodríguez Picón fue designado presidente de la
Junta, quien tomó inmediatas medidas. Entre ellas, merece
destacarse la creación de la Universidad.
Mérida extendió el movimiento autonomista hasta La
Grita y San Cristóbal.
Trujillo:
Mérida pidió recursos a la
Junta Suprema contra posibles ataques de Maracaibo. El
Marqués del Toro envió tropas que a su paso por la
ciudad de Trujillo determinaron la formación de una Junta,
previa renuncia del Ayuntamiento, presidida por D. Jacobo Antonio
Roth, y en la cual estaban representados el clero, el pueblo, los
hacendados y los pardos.
Política Exterior de la Junta
Suprema:
La Junta Suprema no descuidó en ningún
momento estrechar relaciones con el exterior. Ya para el 27 de
abril se había dirigido a los Ayuntamientos americanos
razonando su actitud.
Del mismo modo entabló relaciones con Inglaterra,
Estados Unidos
y algunas Antillas a las cuáles envió misiones
especiales.
La misión a Estados Un idos tuvo relativo
éxito. Presentadas sus credenciales al Secretario de
Estado, Mr. R. Smith, este les prometió tomar medidas para
estrechar relaciones de amistad y
comercio entre
Estados Unidos y Venezuela y designó un agente comercial
en La Guaira. Intentaron los comisionados aprovechar la
simpatía norteamericana y con ese fin hicieron gestionas
para la compra de elementos de guerra. No fue posible hacerlo
porque las existencias habían sido compradas por
España. A su regreso pereció Juan Vicente
Bolívar en un naufragio.
Los comisionados a Curazao lograron firmar un acuerdo
comercial con el Gobernador. Madariaga echó las bases en
Bogotá para el pacto de amistad, alianza y unión
federativas que se firmaría en 1811 y en el cual ve Gil
Fortoul, la génesis de la Gran Colombia.
La misión de Londres tuvo un gran éxito
social, ayudados por Miranda. Diciéndose representantes de
los derechos de Fernando VII tenían por objeto darle
cuenta al gobierno inglés
de la instalación de la Junta y ofrecerle su cordial
alianza, recabando de él protección marítima
en caso de un ataque francés. Piden, además, la
mediación de la Gran Bretaña en las disensiones que
pudieran estallar entre las otras provincias españolas y
la Regencia de un lado y la Junta por el otro. Estos puntos
presentados por los comisionados en audiencia privada al
Secretario de negocios
extranjeros, resumían la actitud de los
criollos.
España aceptaba la mediación inglesa con
la condición de que si no se lograba la
reconciliación en un plazo estipulado, la Gran
Bretaña rompería relaciones con las colonias, y la
auxiliaría para someterlas a su obediencia. Tal
pretensión fue considerada por el gobierno inglés
completamente inaceptable.
De los componentes de la misión, sólo
Bolívar regresó a Venezuela. López
Méndez y Bello se quedaron en Londres donde
prestarán invalorables servicios a la
causa emancipadora. También se embarcó para
Venezuela el general Miranda.
Las
Elecciones:
A los escasos meses del 19 de abril, la Junta Suprema
convocó a elecciones. El reglamento fue redactado por
Roscio, constituyendo junto con el manifiesto expositivo el
origen y fuente del derecho electoral venezolano "Todas las
clases de hombres libres son llamadas al primero de los goces del
ciudadano, que es el concurrir con su voto a la delegación
de los derechos personales y reales que existieron originalmente
en la masa común y que le ha restituido política de
la Junta, extraída de la vieja legislación
española.
Quedan exceptuados del derecho del sufragio "las
mujeres, los menores de veinticinco años, a menos que
estuviesen casados y velados, los dementes, los sordomudos, los
que tuviesen causa criminal abierta, los fallidos, los deudores a
caudales públicos, los extranjeros, los
transeúntes, los vagos públicos y notorios, los que
hubieran sufrido de pena corporal aflictiva o inflamatoria y
todos los que no tuviesen casa abierta o poblada, esto es, que
viviesen en la de otro vecino particular a su salario y
expensas o en actual servicio suyo,
a menos que según la opinión común del
vecindario fuesen propietarios, por lo menos, de dos mil pesos en
bienes muebles
o raíces libres".
Las elecciones serían a dos grados. Un elector
parroquial sería escogido por cada quinientas almas y otro
por el exceso de doscientos cincuenta; estos electores reunidos
escogerían un diputado por cada veinte mil habitantes y
otro más por cada exceso de veinte mil. Las dos terceras
partes de los diputados podían formar asambleas que
recibirían el nombre de "Junta General de
Diputación de las Provincias de Venezuela". En esta
asamblea depondría de su poder la Junta
Suprema.
Coincidió el fin de las elecciones con la llegada
de Cortabarría, el comisionado regio, a Puerto Rico, quien
exigió de los Ayuntamientos venezolanos sumisión a
las autoridades españolas amenazándolos con bloqueo
en caso de resistencia. La Junta desconoció su autoridad
como representante de una autoridad ilegítima y
protestó del tratamiento de insurgentes que daba a los
venezolanos. La réplica de éste fue la de ordenar
la ejecución del bloqueo y el envío de agentes
perturbadora a Tierra Firme. El Regente Heredia dice que el
inconsulto decreto de 1811, dictado por el Comisionado, fue el
origen de las desgracias que se abatieron sobre el
país.
Las elecciones arrojaron el siguiente resultado: La
provincia de Caracas designó 24 diputados; la de Barinas,
9; la de Cumaná, 4; Barcelona, 3; Mérida 2;
Trujillo , 1. Representantes natos de la oligarquía fueron
electos. De ellos dice Parra Pérez "Entre los cuarenta y
cuatro diputados figuraban en efecto, los hombres más
notables no sólo de aquel tiempo sino de toda nuestra
historia civil.
Patricios, letrados, sacerdotes, grandes propietarios, formaron
una asamblea llena de "luces" y patriotismo, insigne cual ninguna
en el Continente y comparable al mejor cuerpo legislativo de los
países europeos. Nunca, en más de un siglo de vida
independiente, la nación
ha exhibido una élite superior a aquella salida hace poco
la oscura noche de la ignorancia colonial
En las actas del primer Congreso, que merece más
que otro alguno el calificativo de Admirable, hallará
siempre la República su más alta lección
política. Varios de los representantes reclaman del
historiador especialísima mención. Allí
está Cristóbal Mendoza, reputado por su integridad
y su ciencia:
jurista y abogado, este trujillano, diputado de Barinas,
honrará con su preclara figura la primera magistratura.
Notable pero no único caso es el del provinciano, pobre y
discreto, que se impone al respeto y a la
veneración de colegas eminentes y muy naturalmente se alza
al puesto más elevado. Martín Tovar Ponte, diputado
por San Sebastián, de entereza broncínea, que
jamás hace concesiones en materia de
ideas y guarda incólumes las suyas a través de
triunfos y desastres. Energía pasiva dice Baralt la del
"ciudadano eminentemente justo de la revolución
venezolana", más propia para presidir el gobierno en
días de bonanza que en aquella tempestuosa época de
conmociones sociales. Fernando Peñalver, de Valencia,
cerebro vasto y
cultivado, corazón
enérgico y probo, cuya inapreciable recompensa será
en los días gloriosos de Colombia, el respeto de
Bolívar.
Marco Guerrero
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