En las democracias contemporáneas es común
la exigencia por una mayor participación popular. Los
ciudadanos reclaman, a través de diferentes medios y
agrupaciones, una democracia
más desarrollada; pero lo hacen con distintas
orientaciones. Décadas atrás, el reclamo ahondaba
en la exigencia de extender el voto a mayor cantidad y diversidad
de ciudadanos.
Hoy, cuando el sufragio
universal es una realidad, parece que los reclamos siguen otra
vía.
En efecto, se reclama el modo en que se realiza la
participación. Muchos sostienen que el ejercicio del voto
es un medio insuficiente para participar de las decisiones
políticas y que debería ser ampliado
en otras formas.
En la democracia representativa las decisiones
políticas son el resultado de deliberaciones llevadas a
cabo por personas elegidas por los ciudadanos, las cuales toman
las decisiones interviniendo directamente en las discusiones que
se presentan al tener que decidir los cursos de acción
en todos los ámbitos.
En este sentido, la idea de representación
política,
implica que los ciudadanos se limitan a elegir a las personas que
participarán en las deliberaciones y tomaran las
decisiones. La imposibilidad de practicar la democracia directa
en naciones numerosas promueve la existencia de los sistemas
representativos. No obstante, esta imposibilidad no debe conducir
a la idea de que los reclamos por mayor participación
carecen de sentido.
Si atendemos los tipos de representación
política se pueden diferenciar por lo menos dos formas. En
primer lugar se puede considerar al representante como un
delegado, es decir un mero portavoz de los representados, y cuyo
poder se
encuentra limitado por las directivas que los representados le
han dado, denominándose a esta directiva "mandato
imperativo".
En esta primera postura el delegado sufre de un carácter revocable y depende del mantenimiento
de la confianza de los representados.
En segundo lugar se puede proponer una forma en la cual
el representante es un fiduciario que actúa con cierta
libertad en
las deliberaciones de la asamblea; es decir, no está atado
a un mandato imperativo sino que por el contrario, sus decisiones
deberán ser consideradas expresión de la voluntad
de sus representados. Así, el fiduciario, tiene la
libertad de interpretar os intereses de quienes lo votaron y este
derecho se origina en la confianza (fiducia) que los
representados han depositado en él.
Actualmente, en la mayoría de los Estados
democráticos, los representantes políticos votados
por los ciudadanos son fiduciarios, es decir que no están
legalmente obligados a cumplir los compromisos asumidos durante
la campaña electoral y sus mandatos no pueden ser
revocados en cualquier momento. El reclamo por una mayor
participación popular podría orientarse, por
ejemplo, hacia el establecimiento de un sistema
representativo más flexible que permita un recambio de
representantes cuando se quiebre el lazo de confianza
establecido.
La situación expuesta con relación a los
actuales sistemas de representación aclara por qué
el pueblo no se autogobierna en sentido estricto sino que se
limita a decidir quienes lo hacen en su lugar. Si no es posible
flexibilizar el sistema, al menos se debe educar "al soberano"
para que elija coherentemente con sus intereses.
Si hablamos de democracia como medio de participación ciudadana o como forma de
vida, debemos estipular sin confusiones el alcance del concepto ciudadanía.
Si la entendemos como la plena inclusión de todas
las personas en el ejercicio de los derechos políticos,
económicos y sociales, solo las sociedades
democráticas pueden considerarse legítimamente
sociedades de ciudadanos ya que este es el único
régimen en el que se establecen las condiciones para que
se pueda expresar plenamente la ciudadanía.
Pero la democracia entendida como un conjunto de reglas
que hacen referencia a la representación popular, el
pluralismo y la competencia
electoral garantiza la ciudadanía solamente en su aspecto
político. En efecto, el cumplimiento de las reglas de
juego no
asegura el cumplimiento efectivo de una de una ciudadanía
integral.
Algunos autores sostienen la necesidad de superar esta
visión formal de la democracia y darle un contenido
más profundo. La democracia debe asegurar también
la libertad y la igualdad entre
las personas y no sólo la ciudadanía de tipo
político.
La distancia existente entre una democracia formal y una
real. Ahora, bien, ¿cuáles pueden ser los problemas con
los que se enfrenta la democracia en la actualidad? Uno de los
conflictos
más serios, sobre todo en Latinoamérica, lo constituyen la
permanencia de elites o grupos de
interés
en el poder o en sus esferas.
En este sentido estos grupos gobernantes o elites poseen
una tendencia a convertirse en verdaderas oligarquías
aferradas al poder. Por supuesto que esto no es exclusivo de la
política sino que también se da en otros organismos
e instituciones
como sindicatos,
clubes, etc.; pero es en la política donde se tornan
más peligroso.
Otro de los obstáculos es la desigualdad
social. Si bien el valor del voto
es igual en el rico o el pobre, también es cierto que
ciertas personas poseen una capacidad de influenciar la
opinión publica más que otros.
Los grupos de interés presionan a veces a los
gobernantes para la toma de
decisiones.
Grupos sectoriales, corporaciones o representantes de
empresas
importantes suelen intentar ejercer influencias en la toma de
decisiones. Esto aleja aún más el verdadero
ejercicio político de la democracia del alcance de la
ciudadanía. Grupos corporativos de obreros o empresarios
convocan huelgas o manifestaciones, fomentan corrientes
contrarias de opinión y presionan de muchas formas sobre
todo haciendo uso de los medios de difusión.
A esto se suma la acción ilegal de otros grupos
que atentan contra el ejercicio pleno de los mandatos
representativos buscando sus propios intereses.
Ya habíamos referido en el punto anterior de este
parcial sobre la dificultad que se le presenta al ciudadano para
sentirse verdaderamente representado por sus fiduciarios, cuando
estos se alejan de los verdaderos intereses de los
representados.
También cabe agregar ahora, la ausencia de una
"ciudadanía informada", instruida cívicamente. En
efecto una gran parte de la población ciudadana se encuentra alejada
del circuito educativo, y con ello de las posibilidades de
conocer los resortes legales de la participación política.
Debemos sumar el carácter de imprevisibilidad que
rodea a la política en general y a las decisiones
políticas en particular.
El ciudadano en la práctica apoya mediante el
voto a un candidato o aun partido político con una
plataforma electoral o un programa
partidario definidos.
No obstante se observa que luego de asumir el poder los
gobernantes se alejan de las promesas electorales realizadas
durante sus campañas políticas.
Existe, por otro lado una verdadera crisis de
representación que unida a la imprevisibilidad del
sistema
político se convierte realmente un estado de
incertidumbre del ciudadano que no sabe realmente en quién
puede confiar para defender sus derechos.
Autor:
Fernando Raúl Morro Cruellas
Profesor en Ciencias
Sociales
Profesor en Psicopedagogía
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