Reflexiones de un estado en guerra y su camino hacia la convivencia pacífica (página 2)
7. Una paz contradictoria.
Durante la última década se pueden distinguir
dos períodos muy bien diferenciados del proceso de paz
en Colombia.
El primero, (1982-1985), tiene como protagonistas de un
lado a las FARC, el M-19, y el EPL , y del otro, al Gobierno
Nacional. En aquel entonces estábamos en una sociedad y en una
violencia
mucho menos complejas que la actual; no existía un
desarrollo
armado del narcotráfico, ni del paramilitarismo que
representa una expresión militar de poderes regionales: de
jefes políticos tradicionales, o de dueños de la
riqueza, o de jefes militares regionales, o del narcotráfico, o combinaciones de todos
ellos. Pero la sociedad,
el Estado y la
guerrilla eran menos maduros para afrontar el reto de la paz y de
la negociación. Las fuerzas insurgentes
jamás pensaron ni lejanamente en dejar de serlo, es decir
que no llegaron a examinar la posibilidad del desarme y de
acceder a un espacio político institucionalizado. El
Estado, por su
parte, influido poderosamente por su eje militar, no estaba
tampoco dispuesto a acceder a la reforma, a iniciar un proceso de
democratización serio del país; la sociedad civil no
logró la autonomía suficiente para presionar por
sí sola una negociación y el fin de la guerra. El
proceso de negociación, su conflictividad innata, no pudo
desarrollarse positivamente y el resultado finalmente dejó
una frustración que arrojó a toda la sociedad en un
estadio mucho más profundo de violencia. La
masacre en el Palacio de Justicia y
luego más de treinta mil muertos y desaparecidos en el
país, son su consecuencia inmediata.
La experiencia del período 1982-1985 demuestra que
el simple diálogo,
el contacto verbal entre los oponentes, no es suficiente para
abordar la tarea de la pacificación; que además, es
imprescindible la negociación, es decir, la
transacción entre los intereses de las partes, y que para
ello es imperativa una voluntad política para aceptar
que en el diálogo se puede presentar una cesión de
los intereses propios o de los intereses que se representan.
Ni la guerrilla del M-19 y de las FARC, embriagada por la
posibilidad, finalmente irreal, de conquistar el poder mediante
un triunfo militar; ni el Estado y
sus fuerzas armadas que finalmente pensaban lo mismo y no estaban
dispuestos para la reforma democrática; podían
garantizar un proceso de paz exitoso. La frustración nos
implicó un tiempo perdido
contabilizado en miles de víctimas humanas.
Nuestra conflictividad social, por no ser manejada
acertadamente, en lugar de ser la fuente y el motor de un
desarrollo
progresivo de nuestra nación,
se transformó en involución, en carrera apresurada
hacia la destrucción y la desintegración del tejido
mismo de la sociedad; es más, el furor mismo de la
violencia, su dinámica intrínseca, descompuso
progresivamente todos los factores y fuerzas que en ella
intervinieron. La insurgencia, el narcotráfico, las
fuerzas del Estado, los
partidos
políticos, las milicias, los cuerpos armados de los
dueños de la riqueza poco a poco perdieron sus nortes
originales y convirtieron el ejercicio de la violencia en un
objetivo per
se. Se trata de la conformación de una cultura de la
violencia, fundamento casi exclusivo de las relaciones de
poder en el
país. Los medios se
transformaron en fines en sí mismos; la guerrilla, las
armas, dejaron
de ser instrumentos, utilizables o no, del cambio social
y pasaron a ser el objetivo mismo
de la acción política. El cambio social
como objetivo último, al ser desplazado por sus
instrumentos, se perdió en el horizonte de la mentalidad
guerrillera.
Fue el M-19, hay que reconocerlo, el que con su nueva
iniciativa de paz, posibilitó un segundo periodo mucho
más rico y positivo, que aún hoy estamos viviendo.
El M-19, el 10 de Enero de 1989, convocó con el gobierno una
nueva negociación de paz en Colombia y
cerró con ello el círculo vicioso de una violencia
sin soluciones.
En este segundo periodo, las fuerzas sociales habían
madurado; todo el país había sido víctima y
testigo del estallido de la guerra sucia,
de la violencia narcotraficante, del incremento militar de la
guerrilla, del uso armado de instrumentos de diferentes cuerpos
de la sociedad para resolver sus conflictos, de
descomposición de diferentes cuerpos de inteligencia
armada del Estado. El valor de la
paz es reconocido por la nación misma.
El proceso de negociaciones entre el M-19 y el Gobierno
Nacional, más tarde lo integraron el EPL, el PRT y el
Quintín Lame, como organizaciones
guerrilleras , es esencialmente diferente al periodo anterior. La
guerrilla sabe y acepta de antemano que del proceso saldrá
desarmada, es decir, que dejará de ser guerrilla y que
transformará su accionar en actividad política
legal , y en la perspectiva de posibilitar que existan nuevos
protagonistas fuertes no armados en el escenario político
del país, la guerrilla buscará en el proceso mismo
de la negociación, una transformación profunda del
Estado y sus políticas
que permitan una ampliación de la Democracia. El
Gobierno Nacional y sus partidos tradicionales aceptan por su
parte la perspectiva de la autotransformación.
El proceso de dejación de armas de
más de cuatro mil guerrilleros y la Asamblea Nacional
Constituyente, en la que el antiguo movimiento
guerrillero transformado en partido político – la AD-M19
es mayoría – marcan los hechos fundamentales del proceso
de negociación: el desarme insurgente y la
transformación del Estado.
Hasta la Asamblea Nacional Constituyente, la antigua fuerza
insurgente, logra su mayor capacidad de transformación de
la institucionalidad, se trata de una fuerza
dinámica y revolucionaria que predomina
sobre la fuerza inercial y cooptante del estado, es decir que
determina el desarrollo mismo del proceso de paz hasta un poco
antes del final de la Asamblea.
Su impacto es histórico en las estructuras
jurídicas e institucionales del país: crea una
nueva Constitución Política, moderna desde
todo punto de vista, y, como tal, democrática.
Una sociedad es moderna cuando es dueña de su
destino, cuando es dueña de su Estado, es decir, cuando el
poder del Estado es en verdad y literalmente un Poder
Público, cuando el ciudadano común y corriente es
propietario real del Estado y su poder, y esa es precisamente la
descripción básica de la Democracia.
Es indudable que la guerrilla puede ser un factor de
democratización y por tanto de modernización en
Colombia, tal posibilidad eminentemente revolucionaria, la ejerce
efectivamente cuando negocia su fuerza militar con su
contrincante; es decir cuando comienza su proceso de
autodestrucción como guerrilla. Paradojas de la historia: después de
treinta años de activar una guerra supuestamente
revolucionaria, terminamos por descubrir que en las
especificidades colombianas es la paz la revolucionaria.
La nueva Constitución y el proceso de paz del M-19
muestran, o mejor, demuestran claramente la posibilidad
democratizadora y modernizante de la Paz.
El proceso, sin embargo, tiene su fase de declive. Cobra
mucho más fuerza el poder institucionalizante y cooptante
del Estado sobre las antiguas fuerzas insurgentes; el mismo
efecto inercial que despliega la cultura
política tradicional del país y sus voceros le hace
perder dinámica al proceso de democratización. El
nuevo proyecto
político legal de la antigua guerrilla pierde
desgraciadamente su norte y se descompone como posibilidad de
cambio en el país. Esta caída vergonzosa de las
fuerzas que debían transformar a Colombia, dejan sin
soporte político la nueva Constitución que empieza
a ser minada en su aplicación misma por las fuerzas
tradicionales; el impulso de la transformación
democrática del país se frena. Nuevos conflictos
aparecen en la escena, y los viejos, se profundizan, pero su
resolución sigue siendo violenta y armada, el proceso de
paz en Colombia titubea.
La Constitución es el esbozo de un pacto social
aún no realizado en Colombia, digamos que el proceso de
paz de 1990 se queda corto precisamente aquí, cuando
tenía que generar un movimiento
social de tal magnitud que pudiese garantizar el desarrollo, hoy
cuestionado, de la nueva Constitución sobre la base de un
verdadero encuentro y desarrollo de la sociedad
civil.
El Pacto Social no se agota en la Asamblea Nacional
Constituyente, apenas allí se esboza; pero la
apropiación ciudadana del desarrollo constitucional que
tenía que ser promovida por las nuevas fuerzas surgidas de
esta oleada democrática, no se viabiliza realmente. Estas
fuerzas deciden seguir el camino de la intermediación
política tradicional en contravía de su propio
discurso
constitucional y pierden no solo el respaldo popular, sino la
misma posibilidad de configurar un nuevo tipo de pacto que
abarcara por primera vez al conjunto de la sociedad: un pacto sin
exclusiones; así, colocaron en peligro de muerte su
mayor obra histórica: la nueva
Constitución.
Los dos últimos años del gobierno de
César Gaviria marcan el declive : Es evidente la
descomposición de la paz como política
pública. La AD-M19 como expresión legal de la
guerrilla desarmada no encuentra un espacio propio, ni un nuevo
estilo de práctica política que la aleje de sus
antiguas prácticas armadas, pero también, y
sustancialmente, de las tradicionales prácticas de la
política legal colombiana; la AD-M19 no construye un
espacio inédito en Colombia, el de una política
civil y ciudadana alternativa a las viejas prácticas
desgastadas e impopulares del clientelismo y la política
comprada del país.
El gobierno por su parte, convierte la política de paz
en un esquema, trata de amoldar la negociación con otros
grupos
armados: las FARC, el ELN, los paramilitares, dentro del mismo
estilo y el mismo tipo de cronograma del utilizado por el M-19,
cuando los protagonistas y la realidad misma del país son
diferentes. Una política de paz esquematizada, acartonada,
sólo podía conducir a fracasos. La
descomposición de la política de paz del Estado,
muestra el
agotamiento de un gobierno, unos partidos y unos gremios privados
a los que no les interesa continuar el proceso de reformas y de
democratización iniciado en la Asamblea Nacional
Constituyente.
El gobierno pierde iniciativa en el terreno de la
negociación y transforma su concepción del proceso
en una simple negociación mercantil, por temor, por la
inercia tradicional de la dirigencia del país para
transformar estructuras y
ampliar los espacios de la democracia. La paz se transforma en
una paz de mercado.
La insurgencia armada por su lado, las FARC y el ELN, que han
perdido la oportunidad histórica de afianzar y profundizar
el proceso constituyente por considerar que la propuesta armada
tiene vigencia, se separa de la posibilidad de la
negociación. La insurgencia padece en su seno una
enfermedad que he denominado "micro-culturas guerrilleras"
históricas y que hacen que hombres y regiones enteras
perciban la actividad armada como un fin en sí mismo y que
les hace perder la perspectiva del Poder en general trastocado en
un micro-poder regional muy influenciable por agentes como el
narcotráfico que descomponen el movimiento guerrillero, se
trata de unas micro-culturas guerrilleras que les hace perder la
visión nacional y la concepción centralizada de su
propia organización y se convierten en la base de
un proceso de radicalización de las posturas
insurgentes.
La descomposición del proceso de paz, la pérdida
de energía transformadora del proceso mismo en la sociedad
colombiana es patente en los dos últimos años del
gobierno de César Gaviria. Procesos de
negociación parciales como el de la Corriente de
Renovación Socialista y el de un pequeño frente del
EPL, muestran con saciedad esta descomposición.
Las negociaciones con pequeños grupos
guerrilleros en proceso de disolución ya no versan sobre
el problema de profundizar la democracia en el país, sino
que la negociación misma se convierte en un proceso de
intercambio cuasi-mercantil de fusiles por recursos
económicos o fusiles por curules en algunas corporaciones
públicas del país.
Esta es una fase peligrosa de un periodo de negociaciones para
la paz que se puede perder definitivamente para Colombia lo que
nos significaría un incremento aún mayor de nuestra
violencia en medio de un Estado, unos partidos y una guerrilla en
descomposición.
Es indudable que un proceso de negociaciones tan marcado por el
poder cooptante del Estado sin que produzca transformaciones
serias de las estructuras del poder oficial, no sólo es un
simple proceso de rendición, sino que además, por
las circunstancias históricas del país, es un
sabotaje contra las mismas posibilidades serias de encontrar los
caminos de la paz en Colombia. Sin reformas permanentes y
democratizantes de las estructuras de poder colombianas, las
negociaciones son simplemente un artificio que a la postre
desnuda espacios más complejos y profundos de violencia
armada en toda la sociedad.
Hoy en Colombia es muy posible que al interior de la
insurgencia armada, aquejada por micro-culturas guerrilleras muy
conservadoras, por la descomposición que ejercen otros
factores de violencia armada, por la impopularidad misma de la
violencia y por un proceso de desvertebramiento del mando
militar, pueda generarse una iniciativa para la paz.
La voz de todo un pueblo hastiado de la muerte y la
violencia de todos los colores, presiona
indudablemente el pensar del movimiento guerrillero, y es
indudable que la convicción de la inutilidad del uso de
las armas para acceder al poder y a la transformación
democrática del país hoy, abre discusiones internas
en la guerrilla y crea conflictos en el seno mismo de las
organizaciones
armadas.
El debate es
siempre democrático, y si la guerrilla debate
internamente, abre dentro de sí misma caminos de
democracia que les pueden permitir de nuevo generar "la audacia
de la acción revolucionaria", la
revolucionarización de su propia concepción de las
cosas y de la inercia de su accionar armado; el famoso "salto al
vacío" del que hermosamente hablaba el asesinado dirigente
del M-19, Afranio Parra, y que es el medio mágicamente
americano de encontrar soluciones a
nuestro laberíntico acertijo.
Existirá, muy seguramente, un importante sector de las
FARC y del ELN, que en la perspectiva de la
democratización del país, piense que la
negociación del desarme y de la paz es un mecanismo
inevitable; y que sobre esta posibilidad se podrá retomar
el proceso hasta ahora adelantado para inyectarle así,
más dinamismo a la inmensa tarea de acabar con las
exclusiones en Colombia.
La fuerza militar indudable de las FARC y del ELN, su permanencia
durante décadas en el país, colocadas en una mesa
de negociación, podrían crear las condiciones para
una mayor democratización de la nación, para el
renacer del espíritu transformador de la nueva
Constitución y su aplicación, para la
creación de nuevas opciones políticas,
sociales y ciudadanas que adelanten la tarea de la construcción de una sociedad civil fuerte,
dueña de su Estado y de su destino: la construcción de la democracia y de una
sociedad moderna.
Un nuevo y poderoso escenario para la Paz podrá edificarse
si la actual insurgencia armada puede mirar sin sectarismo en el
espejo de las pasadas negociaciones, en las experiencias que
dejaron y en sus éxitos y sus fracasos.
Pero además, en el seno del Estado y en los diversos y
poderosos gremios privados del país, se intensifica cada
vez más la necesidad de acabar con la guerra en Colombia,
por el único camino hasta ahora históricamente
posible en el país: la negociación.
La guerra, per se, destruye los Derechos del Hombre, es el
ejercicio cotidiano de las armas, el oficio de la guerra, el que
termina arrasando con los derechos civiles de la
gente. En una guerra de treinta años, cada vez más
descompuesta, pero cada vez más violenta, el Estado como
factor armado en el conflicto no
garantiza la vigencia de los Derechos Humanos
en el país, no lo puede hacer, ni lo puede hacer la
guerrilla, ni ningún otro factor armado.
La denuncia internacional, y sobretodo, el proceso previsible
de articulación entre políticas de respeto a los
derechos civiles y la comercialización internacional de los
productos ,
provoca en las esferas del gobierno y, sobretodo, en los gremios
privados, desazón, desconcierto y la conciencia cada
vez más clara que la continuación de la guerra
implica el cierre de los espacios de sus propios intereses. La
caída del muro de Berlín, en lugar de afectar a la
guerrilla como preveía el gobierno de Gaviria,
terminó por afectar al mismo gobierno en la medida que ya
no pudo ocultar las causas eminentemente nacionales y sociales
del conflicto
interno.
En la sociedad civil, hoy mucho más fuerte después
del proceso constituyente, el ánimo por poner fin a la
guerra es unánime. Las condiciones nacionales e
internacionales posibilitan en grado sumo un espacio de
legitimidad para negociar la pacificación de Colombia,
otros procesos de
violencia como el paramilitar, o el del narcotráfico,
podrían ser desactivados a partir de este proceso de
negociación política, pero éste ya es otro
tema.
Una negociación de paz configurada como la
culminación del pacto nacional esbozado en la Asamblea
Constituyente y que por tanto exige como protagonistas y actores
no solo a los factores armados del conflicto, sino al conjunto de
la sociedad colombiana, podría originar el salto
democrático indispensable para constituirnos como una
nación sólida de cara al futuro.
Colombia es una nación en construcción,
volcánica, dolorosa pero viva, apasionada y
trágica; la posibilidad de avanzar en su
edificación sigue latente y enamora. Nosotros, los
colombianos, tenemos la percepción
de nuestro posible aporte, algo importante tenemos aún por
hacer en el mundo; triste sería que ya no
percibiéramos el futuro y que, como muchas sociedades
viejas inscritas en los nuevos paradigmas
culturales del consumo, del
placer banal del mercado, y del
individualismo exhacerbado no experimentaríamos el
vértigo de la búsqueda.
10. La Necesaria
repolitización del conflicto.
Se requieren esfuerzos continuos de repolitización
del conflicto, no sólo de parte de la sociedad civil,
sino del propio gobierno , una de cuyas armas cotidianas de
combate suele ser, paradójicamente y por la naturaleza misma
de la confrontación, la deslegitimación. Y para
ello no debe perderse de vista que en Colombia el tiempo marcha
contra los intereses de una negociación global. La
contradicción, ya señalada, entre la
expansión territorial de la guerrilla y su pérdida
de espacios políticos en algunas zonas; la
desarticulación organizativa e ideológica de muchos
frentes guerrilleros; e incluso las palpables muestras de
bandolerización en otros, son signos perturbadores. Ni a
la guerrilla ni al país les conviene que en lugar de
10.000 guerrilleros, tengamos mañana 20.000 bandoleros,
sumados a narcos, paramilitares y delincuentes comunes. Mil o dos
mil bandoleros fueron ya un trauma suficientemente grande para el
país a principios de los
años sesenta, como para que nos olvidemos de él al
examinar el curso de los acontecimientos presentes.
Aunque fuera de sus propias zonas (como sucedía
también en las violencias pasadas) las guerrillas
colombianas recurren cada vez más frecuentemente a
prácticas que contradicen su discurso, como
las operaciones
terroristas y las masacres contra las bases sociales de sus
presuntos o reales adversarios, hacia adentro , en cambio, dentro
de una especie de racionalización espacial del ejercicio
de la violencia y así sea por lógica
puramente defensiva y con métodos
abiertamente autocráticos, tienen códigos que
imponen severos límites a
la delincuencia
común, en tanto puede competir con sus aspiraciones de
depositarios exclusivos de la fuerza.
Las guerrillas son de hecho el Gran Leviatán de muchas
zonas de colonización. Más aún, en las zonas
cocaleras conservan la capacidad de definir condiciones de
producción, de distribución de beneficios y hasta de
cierto desarrollo empresarial. Es una dinámica que
parecería responder a la consigna de: "guerra punitiva en
las fronteras, paz en el interior", como versión adaptada
de la que esgrimiera a raíz de la guerra con el
Perú a comienzos de los años treinta el líder
político conservador Laureano Gómez.
Dentro de este contexto, las llamadas marchas cocaleras, una
convergencia de cultivadores, procesadores e
intermediarios, que a mediados de 1996 irrumpieron en el sur del
país, pueden tener lecturas ambivalentes: si bien muestran
una alianza tácita o expresa de la guerrilla con los
intereses objetivos de
productores y comerciantes de coca, también fueron una
muestra
palpable de relegitimación política de la
guerrilla, de capacidad de movilización y de
reinserción en las luchas sociales. Revelan,
además, que las zonas de colonización dejaron de
ser sólo la Tierra
Prometida (del petróleo,
el oro, la coca y la amapola) para convertirse en detonante de
los más agudos conflictos en el inmediato futuro.
Si se quiere llegar a las mesas de diálogo y así
poder obtener de alguna manera la convivencia pacífica, se
requieren por lo menos las siguientes condiciones:
1. Reconocimiento del carácter
político de la guerrilla, imposibilidad o
inutilidad de la victoria militar y necesidad de la salida
negociada. Colombia que tiene entre sus guerrillas actuales
tantos sobrevivientes de la vieja Violencia sabe algo que en
cierta manera constituye ya una hipótesis de trabajo de los analistas
internacionales: la convicción de que en los conflictos
internos la derrota de la rebelión a lo que puede llevar
es no a la supresión sino a la simple
clandestinización de sus causas que habrán de
reaparecer más tarde. Repolitizar significa entonces
aceptar en todas sus implicaciones que se está frente a un
actor complejo, resultante de la articulación de por lo
menos, una ideología, un movimiento, unos recursos
específicos para la guerra (las armas) y unos objetivos en
contravía del poder establecido.
Cabe anotar, empero, dentro de los alcances de este
tópico, que las Autodefensas también se atribuyen
orígenes político-sociales idénticos a los
de sus contrapartes: "Las Autodefensas Unidas de Colombia -se
dice en el primer editorial de su periódico–
constituyen una organización civil defensiva en armas,
surgida como consecuencia de las contradicciones de
carácter político, económico, social y
cultural de la sociedad colombiana; las cuales progresivamente se
han ido agravando a causa de la conducta omisiva
del Estado en el cumplimiento de claras normas
constitucionales que le ordenan garantizar la vida, el orden
social, la paz ciudadana, el patrimonio
económico, la seguridad
pública, etc.; factores éstos que han originado el
surgimiento de las expresiones armadas, de cuya existencia
sólo es responsable el mismo Estado, mientras que de sus
actuaciones violentas son destinatarios una inmensa
mayoría de colombianos indefensos, ubicados en vastas
regiones del país en las que el Gobierno no alcanza a
cumplir con sus obligaciones
constitucionales".Y a renglón seguido se precisa: "El
abandono secular del Estado, en los campos económico,
social y cultural constituyeron la vértebra dorsal del
discurso político de la insurgencia armada, de la misma
manera como el abandono de los deberes de tutelar la vida,
patrimonio y
libertad de
los ciudadanos, le dio origen político y militar al
Movimiento de Autodefensa. Las dos expresiones armadas comparten
el mismo origen en cuanto a las causas objetivas de su
surgimiento…". Peculiar dinámica esta de la guerra en
Colombia: guerrilla y Autodefensas, dos adversarios armados que
se proclaman en rebelión contra un enemigo ausente: el
Estado Colombiano.
2. Aplicación efectiva del Derecho
Internacional Humanitario, que permite
simultáneamente "civilizar" la guerra y ponerla bajo la
mirada de la comunidad
internacional y eventualmente bajo la perspectiva de la
mediación (de Naciones Unidas,
de otros gobiernos, de ONGs internacionales…). De hecho, la
temática del Derecho
Internacional Humanitario define no sólo mecanismos de
conducción de la guerra sino también temas y
contenidos nuevos a las negociaciones, como el secuestro y la
desaparición forzada, tan cruciales en el caso colombiano;
el reclutamiento
de menores de lado y lado de la confrontación; el trato a
los prisioneros. O sea que mientras para los conflictos internos
a los cuales se suman componentes regionales importantes , tales
como identidades culturales o religiosas que trascienden
fronteras formales o políticas, el esfuerzo se dirige a la
"domesticación" del conflicto(en Afganistán, por
ejemplo), para los conflictos exclusiva o dominantemente internos
, como es el caso de Colombia, resulta saludable por el contrario
un cierto nivel de internacionalización con miras a la
negociación.
Las Autodefensas, otra vez ganándole en iniciativa
política a la guerrilla en el tema de la
"humanización", invitaron a responder positivamente al
Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, en
las elecciones del 26 de octubre de 1997, marcando el "SI" en un
tarjetón que exigía al Estado, a la Guerrilla y a
las propias Autodefensas cumplir con las siguientes normas del
Derecho Internacional Humanitario: no vincular a menores de 18
años a la guerra; no desplazar población civil de su territorio; no
secuestrar ciudadanos; no desaparecer ciudadanos; no vincular
civiles a la guerra; y resolver pacíficamente el conflicto
armado.
3. Negociación en medio de la guerra.
Este principio que parecería normal en cualquiera otro
contexto, se ha dificultado enormemente en Colombia por el
esquema de negociaciones escalonadas del cual se habló
antes. En efecto, las expectativas de la tregua con los que
estaban en proceso de negociación se ha visto alterada por
las simultáneas escaladas de los que han querido
distanciarse por el momento, de los que ven la tregua de otros
como oportunidad de reacomodo propio, o de los actores armados
que simplemente andan en lógicas distintas, como lo
mostró el narcoterrorismo del cartel de Medellín en
1989 y 1990.
En todo caso, se trata simplemente de reconocer la
dinámica entre guerra y política, y aceptar que
incluso la escalada militar puede caber dentro de una estrategia de
negociación.
La última versión de este complicadísimo
juego ha sido
doble: por un lado, y en medio de una escalada jamás vista
de sabotaje de la guerrilla a las elecciones, reteniendo y
declarando objetivo militar a muchos candidatos en las más
diversas zonas, al estilo del terrorista Sendero Luminoso de
1988-89, se presenta la oferta de paz
del Presidente (primeros días de septiembre 1997),
contenida en el informe de los
comisionados encargados de explorar posibilidades de
negociación, tras la liberación del casi centenar
de soldados retenidos por la guerrilla en el asalto humillante a
las Delicias,; y , por otro lado, simultáneamente, la
iniciación de la ofensiva militar gubernamental en los
llanos de Yarí, sede del comando superior de las FARC
.
4. Participación activa de la sociedad
civil. Los escenarios cotidianos de muerte no
logran liquidar la vitalidad latente de este país, y el
gobierno en su aislamiento también requiere, muchas veces
a regañadientes, de una diversificación de las
fuerzas y mecanismos de intermediación con la insurgencia.
Es así como desde diferentes sectores se hacen esfuerzos
explícitos por multilateralizar el proceso de paz, aliviar
las tensiones y mantener una opinión
pública favorable a los acuerdos, lo cual se hace
tanto más necesario si se tiene en cuenta que el
país lleva, a partir de la administración de Belisario Betancur
(1982-86) hasta hoy, más de una década de
negociaciones intermitentes, sin un proceso consolidado.
Importante papel al
respecto han cumplido redes nacionales, de muy
amplio espectro, como la Red Nacional de Iniciativas
por la Paz, el Comité de Búsqueda de la Paz, la
Comisión Nacional de Conciliación, la Iglesia
Católica, y numerosos organismos regionales.
Esta insistencia en la necesidad de estimular el papel
protagónico de la sociedad civil es también la
perspectiva de quienes en general privilegian la función
consensual del Estado, su papel de productor de legitimidad
(visión hegemónica gramsciana), en contraste con
quienes lamentan la incapacidad del Estado para defender su
monopolio de
la fuerza y extender sus mecanismos de coacción a todo el
territorio nacional (visión weberiana, si se quiere). Es
la convicción de quienes piensan que a Colombia le hace
falta desde luego acatamiento a la autoridad,
imperio de la ley, eficacia de la
justicia ,
pero también , contra lo que se supone, le falta ante todo
democracia, es decir, razones que hagan sentir a todos los
ciudadanos forjadores del orden que los rige.
La batalla entre los actores armados por la conquista de la
sociedad civil, o la capacidad de autonomía de ésta
como depositaria de las fuerzas de recomposición, van a
ser factores determinantes en el curso del conflicto en el
inmediato futuro. El choque entre iniciativas como el Mandato por
la Paz, que se formalizó expresamente en las urnas, junto
con la elección de alcaldes , diputados y concejales el 26
de octubre de 1997, y la renuncia forzosa de candidatos , o la
abstención de comunidades enteras, coactivamente inducida
por la guerrilla, son un preludio de estos desencuentros.
Dentro de ese mismo juego de
apuestas a la sociedad civil podrían verse muchas de las
iniciativas recientes surgidas al calor de la
campaña presidencial que culminará en mayo del 98:
la abortada ("electoralizada") propuesta de paz del candidato
presidencial Juan Manuel Santos, secundado por importantes
sectores de la clase dirigente, y que por fuera de los canales
formales logró un nivel de interlocución con la
insurgencia, que nunca tuvieron un mes atrás los emisarios
gubernamentales; la aún más reciente propuesta de
una Convención Nacional lanzada inmediatamente
después de las elecciones por el ELN, en la cual el
gobierno sería un interlocutor más, no el
principal; y todo el mercado de fórmulas, sin propuestas
realmente, que se abrió desde las elecciones regionales de
octubre. En los meses venideros habrá un agitado forcejeo
por la apropiación del discurso de la paz, y una
subordinación de ésta a la contienda electoral.
Muchos gestos sin sustancia.
11. Los Límites y
Complejidades de la Negociación
Política.
Pero aún en medio de condiciones normativas favorables
hay dos elementos que seguirán dificultando la
consolidación de la paz en Colombia: uno referente a los
actores y el otro al contenido de los eventuales acuerdos.
En cuanto a lo primero habría que destacar que con la
terminación de la Guerra
Fría y la consiguiente pérdida , o al menos
reducción sustancial de los apoyos logísticos y
doctrinarios internacionales, los actores armados entran en un
rápido proceso de regionalización interna, y de
fragmentación, no en el sentido cronológico y de
sucesión ya señalado, sino en el sentido de
multiplicación de interlocutores eventuales. Es así
como en los hechos es posible distinguir en el primer plano a las
guerrillas ( y subráyese su diversidad)
aprovechando a menudo los espacios que les abren los procesos de
descentralización (acceso a recursos,
elección de autoridades, control del poder
local); pero también se ven afanosos jefes militares
apostándole a la dinámica clientelista en sus
alianzas con los gamonales y las fuerzas "vivas", locales y
regionales. En los intersticios de ambos, los narcos
comprando tierras, conciencias y autoridades, y los
paramilitares construyendo su proyecto
político-militar, con un discurso contrainsurgente que
busca articular defensa de la propiedad (su
carácter antiextorsivo) y defensa de la libertad personal
(antisecuestro), así sea, al igual que sus adversarios,
llevándose por delante la vida .
Este mosaico de actores ha hecho que en la situación
presente el proceso de paz sea mucho más intrincado que en
las guerras
anteriores. Hoy no estamos frente a un proceso dual sino frente a
un conjunto de procesos simultáneos de guerra y
eventualmente de paz.
En cuanto a lo segundo -la sustancia de la negociación
y las consiguientes amnistías- vale la pena recordar que
desde las guerras
civiles del siglo pasado Colombia ha tenido una inigualable
trayectoria. Y en la mayoría de las veces los acuerdos
posbélicos han adoptado un contenido eminentemente
político, cuya máxima expresión ha sido la
expedición de una nueva Constitución. El pacto del
Frente Nacional, que surgió de las cenizas de La
Violencia, no introdujo una nueva Constitución, pero
sí un nuevo diseño
de la política al establecer una nueva jerarquía
entre lucha partidista y el desarrollo
económico, subordinando la primera al segundo. De
nuevo la Constitución de 1991, que es la vigente,
quedó con el sello de pacto posbélico, de Tratado
de Paz, dado el papel protagónico que en su
elaboración jugó el M19 (el 35% de los
constituyentes), el recién reincorporado movimiento
insurgente. Pero en el plano simbólico, y en un contexto
de negociaciones escalonadas como el colombiano, la nueva
Constitución hacia el futuro redujo paradójicamente
los espacios de negociación con los movimientos
guerrilleros que se marginaron o nunca entraron a considerar su
trasmutación en movimientos políticos. Porque…,
después de una nueva Constitución Nacional como
contrapartida a la reincorporación de un sector de la
insurgencia, qué más ofrecer a los que quedan? Es
probable entonces, y más si se tiene en cuenta la naturaleza de los
dos grandes movimientos en armas, el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que las negociaciones futuras
se desplacen hacia contenidos fundamentalmente
económico-sociales, tales como expropiación de
tierras a los narcos para su distribución a los campesinos pobres,
inversión social en zonas de bonanza
petrolera, reconversión económica en las zonas
cocaleras, redefinición de términos de
negociación con las multinacionales petroleras.
Pero el nudo gordiano va a estar en otra parte. El encuentro
de los temas del narcotráfico con los de la guerrilla va a
ser , sin duda, fuente de enormes dificultades, en la perspectiva
de una negociación futura, máxime si a todo lo
dicho se le suma el recorte de los márgenes normativos a
la repolitización, cosa que ha acontecido, parcialmente en
contravía o en tensión con las iniciativas del
Ejecutivo, a raíz de un fallo reciente de la Corte
Constitucional que le suprime el carácter privilegiado a
priori al delito
político y lo vuelve un resultado condicional de la
negociación exitosa o el sometimiento. Las dificultades se
pueden reforzar y multiplicar en la medida en que coincidan, como
parece ser el caso, el discurso internacional e interno en la
dirección de una igualación de todas
las violencias, es decir, en la medida en que se reafirme la
reducción del rebelde al terrorista, y una visión
de la guerra exclusivamente como negación de la
política.
Cómo contrarrestar estas tendencias? Cómo
negociar nacionalmente asuntos cada vez más
internacionalizados o criminalizados internacionalmente? Va a ser
mirado el tema de los cultivos ilícitos -indescartable hoy
en una mesa de negociaciones- bajo el prisma del
narcotráfico o de las urgencias sociales de los
campesinos? Cómo unificar demandas y encontrar recursos
para satisfacer las expectativas de tan heterogéneos
actores y regiones? Cómo poner simultáneamente en
el plano internacional , y dentro de una perspectiva no punitiva
sino de cooperación, los temas de la paz con la guerrilla,
y las soluciones macro al narcotráfico? Ciertamente una
tarea muy ardua para esta Colombia que se ha desgastado en tantas
guerras y que como diría David Bushnell sigue siendo una
nación a pesar de si misma.
- El problema de la violencia en Colombia no es reciente sino
por el contrario tiene grandes raíces en la historia de nuestro pueblo
y en el desarrollo que ha tenido la población a través del
tiempo. - El escenario conflictivo de nuestro país presente
diversos matices delictivos, los problemas no
radican en un solo punto sino que existe variadas fuentes de
discusiones en nuestro país, como son: la tenencia de la
tierra,
la pobreza, la
tenencia del poder, la discriminación de la clase burguesa entre
otras. - La situación interna de nuestro país
está afectando el ámbito internacional atrasando
muchas veces, procesos integracionistas que nos convienen
económicamente dificultando el desarrollo. - La paz no es un hecho es un proceso.
- Para poder distinguir las salidas necesitamos distinguir
las diferentes causas que generan la violencia, por tanto, se
deben estudiar los factores reales de poder que protagonizan el
conflicto.
- Fisas, Vicenç. Cultura de Paz y Gestión de Conflictos. Ediciones UNESCO,
Barcelona.
1998. - Gómez Buendía, Hernández. ¿Para
dónde va Colombia?. Tm Editores, Colombia. 1999. - Leal Buitrago, Francisco. Tras las Huellas de la
Crisis
Política. Tercer Mundo Editores, Bogotá,
1996. - Malcolm Deas y Fernando Gaitán. Dos Ensayos
Especulativos sobre la Violencia en Colombia. FONADE,
Bogotá, 1995. - Jaramillo, Ana María. Criminalidad y violencias en
Medellín, 1948-1990", en Historia de
Medellín, Jorge Orlando Melo (Editor)
Suramericana, 1996. - Comisión de Estudios sobre la Violencia,
Colombia: violencia y democracia,
Universidad Nacional de Colombia, 1a ed. Bogotá, 1987;
4a ed, 1995.
Autor:
Mónica María Palacio Mesa
Facultad de Economía y
Desarrollo
Universidad
Pontificia Bolivariana
Medellín – 1999
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