El estudio de la economía campesina
siempre se ha visto relegado a un segundo plano sin ver la
importancia que este presenta en el desarrollo
económico de nuestro país; se ha podido
establecer la situación y el pensamiento
del campesinado en Colombia durante
la última década, donde se pudo analizar que existe
la creencia general que a mayor desarrollo,
menor importancia del sector agropecuario y menor población rural. Sin embargo, a diferencia
del nuestro, otros países desarrollados tienen un sector
agrario fuerte, que les asegura la provisión de alimentos y
genera efectos multiplicadores importantes en otros
sectores.
En Colombia, durante
el periodo analizado ha habido una disminución de la
población rural propiamente dicha, y a
pesar del movimiento de
la población hacia zonas urbanas, la población
depende fundamentalmente de la actividad del sector agropecuario,
a tal punto que el 72% de la población vive en municipios
de menos de cincuenta mil habitantes, que en la actualidad son
cerca de 900 municipios, el 55% de los habitantes vive en las
zonas rurales.
Teniendo en cuenta estos y para observar la evolución que éstas han tenido
durante los últimos diez años en sus diferentes
aspectos como son:
- Tenencia y uso de suelo.
- Tipo de cultivos.
- Uso de mano de obra.
- Crédito.
- Orientación de la producción.
- Comercialización.
Aspectos los cuales en lo general se han visto afectados
en deterioro, por ejemplo, durante la década de los 90s la
producción agrícola mostró
una disminución significativa en el área sembrada,
debido a varios fenómenos como la violencia
rural, la sustitución de cultivos por ganadería
extensiva, de productos de
pancoger por la droga, la
revaluación de la moneda y por problemas de
competitividad
en productividad
y costos, con el
resultado de que la población crece a un ritmo superior a
la producción de alimentos.
Pero para entender mejor estos asuntos es bueno tener
claras algunas ideas que nos servirán como marco
conceptual de la economía campesina.
Hace un tiempo, la
agricultura o
todo lo que se relacionara con el campo, era de inmediato sacado
del contexto de la industrialización, hoy nos damos cuenta
que no solo forma parte de ella, sino que también es un
sector que está en las condiciones de ayudar con lo que
tiene que ver con el bienestar de la sociedad y de los
países. Por esto la agricultura,
ha pasado de ser simplemente la que proporcionaba los productos a
los mercados, a ser
parte activa en la economía.
Después de la segunda guerra
mundial, era casi imposible hacer seguimiento a las sociedades
agrícolas, debido a que las cuestiones de la agricultura,
habían sido apocadas por la política
económica que surgió en la postguerra y que
recibió el nombre de Industrialización Forzada, por
esto la agricultura fué puesta en un segundo lugar con
respecto a la industrialización, pues la mano de obra
fué desplazada por las grandes maquinarias. Todo esto se
confirma con el hecho de que en aquella época el progreso
económico era asociado con el pasar de una economía
agrícola, a una industrial, por esto las personas
preferían trabajar en las industrias que en
el campo.
Fue así como empezó a haber una
relación entre la industria y la
agricultura, en la cual la agricultura siempre se veía en
desventaja, pues sus productos eran para la acumulación de
capital en el
sector industrial.
El incremento en la producción y la productividad
agrícola, pueden contribuir al desarrollo
económico a través de la provisión de
alimentos, vista esta de dos formas: se considera que el
incremento en la oferta de
alimentos mejoraría el nivel de vida de los pobres tanto
rurales como urbanos, y si existe exportación de productos agrícolas,
ésta podría ser fuente generadora de divisas, las
cuales servirían para importar bienes de
capital que se
utilizarían en otros sectores. También el desarrollo
económico se vería incrementado por el sector
agrícola al haber transferencia de fuerza de
trabajo de la agricultura a la industria, de
la ampliación del mercado para los
productos industriales al existir aumentos en los ingresos netos de
la población agrícola.
Para nuestro caso colombiano específicamente, un
país que era eminentemente agrícola, termino
sufriendo un proceso de
transformación debido a los modelos de
desarrollo que han identificado al sector como uno secundario y
han fortalecido principalmente al sector servicios, sin
tener en cuenta una visión de conjunto, que considere al
sector agropecuario como el motor del sector
industrial y de servicios.
Toda política macroeconómica debe
considerar el efecto multiplicador del sector agropecuario en la
industria y en los servicios, ya sea por insumos o por derivados
agrícolas, y por las exportaciones
generadas. Además, el bienestar del sector rural, la
generación de empleo
agrícola, y la seguridad
alimentaria son los instrumentos estratégicos para mejorar
la economía nacional; la miseria urbana puede verse
disminuida al existir un sector agrícola fuerte que provea
alimentos en forma permanente y a precios justos
a las ciudades.
Aparte de esta conceptualización
económica, es también propio realizar una
conceptualización más social, ya que es importante
entender que el campesinado no es solamente un agente
económico, sino que esta inmerso en un grupo social
que tiene su propia forma social, étnica y cultural. Esto
quiere decir que el campesino al igual que otros grupos como los
indígenas, posee unos conceptos y valores
específicos al resto de la población, como lo son
el arraigo por la tierra y el
modo de producción esencialmente familiar que se encuentra
enfocado hacia la supervivencia de esta más que a una
acumulación de capital; lo que nos llevaría a
hablar sobre la pobreza rural
que no es el tema que nos atañe ahora.
La condición de marginalidad de
la población rural no facilita el acceso a los recursos
productivos, entre ellos el acceso a la tierra, a la
información de mercado y a los
instrumentos de política. Tampoco
facilita el desarrollo de otros factores de producción
como el capital humano,
siendo importante crear las condiciones necesarias para
aprovechar la capacidad empresarial del colombiano y, a
través del interés
individual y comunitario, formar empresarios a escala.
La gran migración
del campo y el crecimiento desordenado de las grandes ciudades,
requiere que el país deba decidir la prioridad a dar al
sector rural y agrario, dentro de la política
macroeconómica y social, para asegurar la alimentación de la
población urbana, como estrategia de
desarrollo y de bienestar.
Adicionalmente, cualquier acción que se promueva
hoy en día, debe tener en cuenta la población
involucrada y no sólo su actividad económica,
el trabajo en
y por la comunidad, la
igualdad de
oportunidades en el acceso a la información, la nueva orientación a
la calidad de
vida: trabajo y acceso a los servicios públicos;
dinamizar la producción a través de una
política de mercado y de producto, que
conlleve transformación, industrialización y mayor
valor
agregado.
Es importante además el impulso y crecimiento de
aldeas agrícolas, con enfoque de empresas
agroindustriales generadoras de valor agregado
y como núcleos de desarrollo rural y productivo. Empresas
eficientes, con alta tecnología de
producción y administración, con estructura de
producto,
transformación y comercialización, de planeación
financiera, mercado, recursos.
Empresas altamente competitivas en costos y
productividad, y con volúmenes de producción
capaces de intervenir el mercado.
Por esto valdría la pena proponerse un programa de
desarrollo del sector rural y agrícola que implique no
sólo la unión de esfuerzos del Estado y de
todos los sectores, sino también un cambio de
mentalidad con relación a la propiedad y
explotación de la tierra.
Dentro de los principales cuellos de botella del sector
está el volumen de
producción y los esfuerzos individuales que no permiten la
inversión de recursos significativos ni una
intervención agresiva en el mercado; se expone
además la necesidad de desarrollar aldeas agrícolas
vinculadas a grandes extensiones y con objetivos
específicos de producción, transformación y
para obtener un mayor valor agregado a los productos
agrícolas, buscando no sólo el manejo empresarial
del sector a todos los niveles, sino también los mercados
internacionales. Aunque los resultados sólo se
podrían ver en el largo plazo, es necesario que el
país modificase su enfoque y sus instrumentos de
política utilizados por varios lustros que, hasta el
momento, no han podido crear un sector rural y agrícola
fuerte y que sólo han llevado a la crisis
estructural económica y social que se vive.
El objetivo es
convertir al productor agrario, pequeño y mediano, en
empresarios agrícolas a través de su
participación activa en toda la cadena productiva, generar
mayor valor agregado y obtener mayores retornos a su actividad.
Además, proporcionar el acceso equitativo de los
productores a los recursos de producción, y a los
instrumentos de política para impulsar la
producción y mejorar la calidad de vida
de la población rural.
Lo que se debería buscar es que la
política de desarrollo rural esté integrada al
agropecuario, a través de aldeas agrícolas, donde
la población rural tenga acceso a vivienda con servicios
públicos y a tierras para su explotación, teniendo
como objetivo la
producción y transformación de un producto
predeterminado por la necesidad del mercado y el potencial del
suelo y con el
manejo empresarial de dicha producción. Se busca que el
productor se convierta en un pequeño empresario que,
individualmente o a través de la asociación
empresarial, produzca no sólo la cosecha, sino
también productos agroindustriales y, por consiguiente,
obtenga un mejor retorno a su actividad y a su calidad de
vida. Es mirar al sector desde la demanda en
contraposición a la oferta. Si se
mira la producción desde el mercado, la población
colombiana se alimenta principalmente de productos llamados de
pancoger; además, la gran proporción del consumo se
realiza en productos frescos sobre los procesados, debido a la
facilidad de obtener cosechas todo el año, y al nivel de
los ingresos de la
población. El grueso de la producción de pancoger,
o de la dieta alimenticia de la población, la realizan
pequeños y medianos productores.
La política agraria, en su principio
básico, debe conocer las características y composición de la
demanda. El
crecimiento de las ciudades crea cambios en las costumbres
alimenticias de la población, segmenta el mercado y, por
consiguiente, crea la necesidad de nuevas técnicas
de producción, de transformación y de comercialización de los productos
agropecuarios. El productor agropecuario debe tener acceso a
estas tendencias con el fin de que su producción se adapte
a estos cambios.
En general, se debe capacitar al productor
pequeño y mediano, en forma individual y comunitaria, con
el fin de crear empresarios a escala y, a
través de asociación o individualmente, dinamizar
la producción. Para esto, es necesario fomentar la
transferencia de tecnología a nivel
municipal y regional tanto en producción agropecuaria,
como en el manejo de productos de cosecha, en la
transformación primaria y en aspectos económicos y
administrativos. Programas y
proyectos que
permitan el acceso a la información tecnológica y
de lineamientos de política y otros programas del
Estado, son
fundamentales para la igualdad de
oportunidades de la población rural.
Sólo a través de la capacitación en producción, en el
manejo de postcosecha, en la transformación primaria, en
aspectos económicos y administrativos, y del acceso a la
información de mercado y de los instrumentos de
política agropecuaria, la población rural
podrá elevar su productividad y, por consiguiente, lograr
competitividad
de sus productos.
El problema del narcotráfico y del desplazamiento de los
campesinos de las zonas rurales, debido a la guerrilla y a los
paramilitares, ha producido un fenómeno de
concentración de las tierras y de crecimiento de la
ganadería extensiva que, a su vez, limita el acceso a las
tierras de la población campesina y conlleva poca
generación de empleo rural,
incrementando la violencia y la
migración.
Los beneficios de una aldea agrícola
serían la asignación y distribución de la tierra con
apoyo tecnológico, optimización del recurso, y
reordenamiento territorial; creación de núcleos de
desarrollo productivo, agroindustrial y rural y social; manejo
empresarial de la producción campesina. Producción
estratégica y optimización de las fortalezas
agrícolas; generación de empleo directo agrario e
indirecto en la transformación de los productos;
volúmenes de producto con capacidad de intervención
en el mercado; mayor ingreso de los productores a través
de su participación en las utilidades de la empresa
agrícola, de su propia producción, del empleo
agroindustrial y del mayor valor agregado al producto;
concentración de la población rural que facilita la
provisión de los servicios públicos, de salud y de educación;
reubicación de la población; mejor calidad de vida a
través del acceso al trabajo, mejor ingreso, vivienda y
servicios públicos; inversión rural en el desarrollo de las
aldeas agrícolas, con los consiguientes beneficios, menor
inversión per capita; efectos dinamizadores en otros
sectores económicos, como servicios y comercio;
desarrollo autosostenible de los recursos; disminución de
la migración a las ciudades al mejorar la calidad de vida
y los ingresos de la población rural.
Los productores beneficiarios de los proyectos de
distribución de tierra serían
propietarios de una acción o derecho de la empresa
agroindustrial. Esta acción, le dará derecho al
trabajo agrícola de una parcela de tamaño familiar
o a través de la explotación comunitaria de las
tierras.
Además, los beneficios al productor serían
entre otros, el acceso a una parcela de tamaño familiar
para ser explotada por el productor y su familia, acceso
al trabajo en explotación agroindustrial,
participación en las utilidades de la empresa,
participación del excedente de mano de obra familiar en
las actividades remuneradas de postcosecha, de
transformación y de comercialización de los
productos realizadas por la empresa de que es
socio o copropietario, vivienda en el centro urbano desarrollado
para tales fines, acceso a servicios públicos, educación y salud.
Aunque por su parte, el productor debería
garantizar anualmente el volumen de
producción que le sea asignado por la empresa. En el caso
de producción comunitaria, el productor actuaría
como trabajador de la empresa de la cual es socio o
copropietario, y cuyas utilidades serían repartidas de
acuerdo con el tiempo trabajado.
Adicionalmente, el productor utilizaría la
tecnología señalada por la empresa para la
producción y para el manejo de la cosecha.
La empresa tendría que ser manejada con
visión empresarial, de mercado, con estrategias de
planeación de la producción, etc., y
por personal
especializado. Realizaría las labores de
transformación primaria e industrial necesaria para dar un
mayor valor agregado a la producción, y un mayor ingreso
al productor.
La principal función
del Estado sería facilitar la creación de estas
empresas productivas, y garantizar continuidad en las políticas
diseñadas para tal efecto. Por otro lado, realizar el
análisis por producto a partir de la
demanda. Estos estudios podrían ser desarrollados con al
apoyo de universidades y para cada producto, de tal forma que
identifiquen la demanda por segmentos de la población
(tamaño, color, sabor, del
producto primario y de sus derivados) y de aspectos
técnicos, como identificación de esquejes,
semillas, sistemas de
multiplicación, y de tierras aptas para su
producción del producto en cuestión. Además,
de desarrollar la tecnología para la producción y
diseños de técnicas de manejo de postcosecha de los
productos identificados.
El Ministerio de Agricultura deberá identificar
las zonas geográficas potenciales para la
producción de cada uno de los productos que resulten
prioritarios de los estudios anteriores, en cuanto competitividad
a nivel nacional e internacional, estratégicos desde el
punto de vista de seguridad
alimentaria, y de potencial de mercado. Una vez seleccionados los
productos y las zonas, el Ministerio de Agricultura
procederá a la adquisición de las tierras (si fuera
necesario) y a la formación de las empresas
agroindustriales.
Las zonas seleccionadas deberían ser dotadas de
la infraestructura necesaria para la
organización de las aldeas agrícolas. Esto es,
para la localización del número de familias y su
vivienda, la provisión de servicios públicos
(acueducto, alcantarillado, energía, salud y
educación). Además, en las tierras seleccionadas,
el Ministerio de Agricultura asegurará la estructura
productiva en cuanto la adecuación de tierras en riego o
en drenaje y de recuperación de las tierras para la
conservación del ecosistema.
El programa de
aldeas agrícolas tiene beneficios multiplicadores, en
cuanto la inversión pública, en vías de
acceso, la construcción de vivienda y de los servicios
públicos.
Es importante que la entidad que vaya a manejar el
programa tenga decisión sobre la ejecución de los
recursos, con el fin de realizar las funciones que le
corresponden en forma eficiente y efectiva. Así, en el
caso de la investigación se recomienda que esta
entidad pueda contratar su realización, y no a
través del manejo presupuestal del Ministerio de
Agricultura o a discreción de la institución
investigadora. De forma similar se pueden realizar las obras de
infraestructura, de adecuación de tierras y de construcción de las aldeas propiamente
dichas.
Los beneficiarios de estos programas deberían ser
productores sin tierra, desplazados por la violencia, inmigrantes
que quieran regresar al campo y productores con tierras no aptas
para la agricultura o necesarias para reservas ecológicas.
Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de la
participación de pequeños y medianos productores (o
profesionales del campo) que, a través de algún
tipo de convenio para proveer su tierra, integren una empresa
agrícola e industrial que les permita incrementar la
productividad, los volúmenes de producción y la
reducción de los costos. Además, las aldeas y sus
empresas deben ser diseñadas jurídicamente, de tal
forma que permitan, eventualmente, la asociación de
productores vecinos que quieran incorporarse a la empresa
agrícola e industrial como accionistas y en las mismas
circunstancias de los beneficiarios iniciales.
El Plan de
Acción para el cumplimiento de las metas propuestas
sería el crear una entidad de carácter
mixto, dependiente del Ministerio de Agricultura, para la
ejecución del Programa de Aldeas Agrícolas.
Inicialmente, se identifican las siguientes actividades de esta
entidad; coordinar la realización de estudios de mercado
de los productos; coordinar el desarrollo y la
recopilación de tecnologías de producción y
transformación y su divulgación; identificar las
zonas estratégicas de acción del Programa;
coordinar adquisición y adecuación de las tierras;
diseñar una estrategia de
planeación y diseño
urbano para ser utilizada en el desarrollo de las aldeas, de
igual forma, en cada una de ellas; realizar el seguimiento del
desarrollo de las aldeas; estudiar y diseñar los aspectos
jurídicos necesarios para la creación de las
empresas, de tal forma que para todas el objeto social, el
funcionamiento y otros reglamentos, sean iguales; facilitar la
creación de empresas agrícolas e industriales por
parte de los productores.
Ésta podrá hacerse con crédito
externo y con la reasignación de los recursos de otros
organismos del Estado que trabajan en los aspectos involucrados
en los programas de aldeas agrícolas. El Estado
provee a los beneficiarios del Programa de Aldeas
Agrícolas con una acción o derecho en la empresa.
Por consiguiente, la creación de la empresa, y sus
activos, son
la inversión del Estado.
En el corto plazo, la distribución de la tierra
podrá basarse en la normatización de las leyes
colombianas. Esta reglamentación, debe estar dirigida a
proporcionar a los campesinos sin tierras y a los desplazados por
la violencia de unidades de producción individuales o
colectivas, sin excluir otro tipo de productor agrario. En el
primer caso, se recomienda que los ingresos familiares provengan
parcialmente de actividades colaterales para facilitar la compra
de tierras a la población más pobre. Además,
los recursos de financiación deberían cubrir el
proyecto
productivo, con el fin de asegurar la adecuada explotación
de la tierra. Dentro del proceso de
asignación de tierras, se deben fomentar proyectos de
explotación comunitaria y/o asociativa, como un mecanismo
de concentración de la población que facilite la
provisión de servicios públicos, educación y
salud, y de otros programas de fomento y producción,
asimilándolos a las aldeas agrícolas.
El problema de tenencia y en el proceso de
distribución de tierras, no se recomienda, como
prioritaria, la titulación de tierras baldías, ya
que fomenta la deforestación y deterioro de las laderas y
de los recursos
naturales. La reglamentación de la titulación
debe tener en cuenta este aspecto.
Se realizarían análisis detallados por producto, o
productos afines (substitutos o complementarios), con el fin de
identificar las principales tecnologías y sus costos de
producción, y, principalmente, cuáles son los
puntos de la cadena productiva que evitan la competitividad
nacional e internacional de cada uno de ellos. Este
análisis, permitirá identificar las variables
críticas en la competitividad de los productos
colombianos, con el fin de establecer las medidas de
política necesarias para corregir las desventajas de
mercado y/o de productividad, o de costos encontrados (capacitación empresarial a productores,
tecnologías, de insumos, etc.), y así poder mejorar
la competitividad de nuestros productos para una economía
de apertura y de libre comercio;
como también, identificar cuáles son aquellos
productos, las razones y circunstancias que podrían tener
un tratamiento especial.
El análisis anterior, debe hacerse,
adicionalmente, a los estudios de mercado de los productos
mencionados, cuyos resultados servirían de base para el
desarrollo de las aldeas agrícolas y de las políticas
de fomento agropecuario.
Es importante crear incentivos para
que el sector privado produzca semillas de la dieta alimenticia
colombiana y para que fomente programas de distribución y
comercialización acordes con las necesidades de los
pequeños y medianos productores, incluyendo la
tecnología de siembra, producción y manejo
postcosecha.
Es indispensable que el pequeño y mediano
productor tengan igual acceso al sistema
crediticio y al incentivo de capitalización rural (ICR).
Por otro lado, la actividad de la Caja de Crédito
debe ser modificada, para que dedique los recursos de
financiación sólo al sector agropecuario. Es decir,
abolir el componente Industrial y Minero que, en la actualidad,
sólo sirve para desviar los recursos a sectores con otras
fuentes de
financiación. Además, la banca privada
debe destinar parte de su crédito para el desarrollo y
fomento del sector y de las aldeas.
Es conocido que el desarrollo de infraestructura,
especialmente redes viales secundarias y
obras de riego, ha contribuido, significativamente, al desarrollo
rural y al mejoramiento del ingreso y de la calidad de vida del
campesino donde estas inversiones se
han ejecutado. Por consiguiente, cualquier plan de mediano y
largo plazo debe incluir estas obras y su mantenimiento,
si se desea que otro tipo de esfuerzo en el desarrollo rural
obtenga los beneficios económicos y sociales esperados. La
actividad de adecuación de tierras, riego, drenaje y
recuperación de suelos,
deberá ser realizada por el Inat dentro de los planes de
reordenamiento territorial y planeación regional.
Además, el modelo
propuesto indica que los volúmenes a manejar en el
año 2030 serían tales, que un contenedor
deberá salir de cada aldea agrícola por lo menos
una vez a la semana; por lo cual, el desarrollo de la
infraestructura vial adecuada, es importante.
La política agropecuaria fomentará la
transformación primaria de los productos agrícolas
para que la comercialización se realice teniendo en cuenta
los diferentes segmentos y necesidades del mercado y que, por
consiguiente, conlleve la disminución de las
pérdidas de postcosecha. Lo anterior, será
resultado de los estudios de mercado de los productos que
permitirá identificar no sólo los productos con
ventajas comparativas y competitividad, sino también las
necesidades de manejo del proceso de cosecha, selección,
transformación y empaque de los
productos. El Ica enfocará su actividad al diseño
y divulgación de tecnologías eficientes y
económicamente viables.
Se recomienda, como estrategia de
comercialización, el fomento de Bogotá como un gran
centro de exportación, con el fin de evitar los
fletes falsos que incrementan el costo del
transporte
tanto de los productos que entran, como de los que salen de la
ciudad.
Por último, se debe crear la cultura del
diseño para el manejo de la producción y de los
productos agroindustriales, de tal forma que a través de
empaques u otros sistemas se
disminuyan las pérdidas, se agilice el proceso de
carga-descarga, de transporte e,
inclusive, el mercadeo de los
productos finales.
Como se mencionó anteriormente, se
desarrollarían tres tipos de investigaciones
con el apoyo de las universidades y de las entidades del sector,
a saber: a. Estudios para cada producto, de tal forma que
identifiquen la demanda por segmentos de la población
nacional e internacional, características (tamaño, color, sabor, del
producto primario y de sus derivados), y de aspectos
técnicos como identificación de esquejes, semillas,
sistemas de multiplicación, y de tierras aptas para su
producción del producto en cuestión; b. Para los
productos que resulten aptos, se analizará la
tecnología más competitiva en producción, en
técnicas de manejo de postcosecha, transformación,
así como la manera más eficiente para la
divulgación de los resultados. Para los análisis
anteriores, se deben tener en cuenta los archivos del Ica
de las investigaciones
realizadas a través de los años, para no duplicar
esfuerzos; c. Estudios detallados por producto, con el fin de
identificar las principales tecnologías y sus costos de
producción, y, principalmente, cuáles son los
puntos de la cadena productiva que evitan la competitividad
nacional e internacional de cada uno de ellos, con el fin de
establecer las medidas de política necesarias u otras
acciones.
La política macroeconómica debe tener en
cuenta el efecto que la revaluación tiene en el sector
agropecuario. Tradicionalmente, esta política ha relegado
a segundo plano al sector, sin considerar el impacto que tiene en
la población rural, con su efecto multiplicador en otros
sectores económicos y sociales, y en por lo menos 900
municipios que dependen de la dinámica agrícola. Se recomienda que
el modelo de
desarrollo escogido para el país tenga en cuenta la
importancia del sector agropecuario, su multiplicador en la
industria y en el sector servicios y, principalmente, su
importancia como estrategia para la consolidación y
permanencia de la paz y de la estabilidad política de la
Nación.
El Ministerio de Agricultura y las instituciones
adscritas del sector, deberían enfocar su actividad hacia:
Facilitar la creación de empresas y de las aldeas
agrícolas, investigador de mercado por producto,
substitutos y complementarios, indicador de prioridades en el
contexto de un mercado global, indicador de la importancia
alimentaria en el contexto nacional, integrador de las
universidades en la investigación de productos y de mercado,
facilitador al acceso a la información, a recursos
productivos, tierra, servicios públicos.
El problema agrario también debe ser abordado
desde las regiones, donde los diferentes actores entren a mirar
con una perspectiva integral especialmente los componentes de uso
y de tenencia de la tierra, de infraestructura y de
adecuación de tierras. Este análisis de desarrollo
rural regional, tendrá como resultado una serie de
acciones y
actividades que conllevan lineamientos de política e
inversión de nivel nacional, departamental y/o municipal.
Así, la demanda por lineamientos, inversiones y
servicios del Estado será generada por los protagonistas
del sector. Es importante que se generen los mecanismos
necesarios para la participación del sector privado en
estas inversiones de infraestructura y en la prestación de
servicios a las comunidades.
Bibliografia
- Bejarano, Jesús (1998) "Economía de la
Agricultura. Universidad
Nacional, Facultad de Ciencias
Económicas. Santafé de Bogotá. - Bustamante, Jorge (1987) "Seminario
Internacional de Economía Camesina y Pobreza Rural".
Fondo de desarrollo Rural Integrado. Paipa,
Boyacá.
Fondo DRI (1996) "20 años de Desarrollo Rural en
Colombia y sus perspectivas". Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Santafé de Bogotá.
El banco central,
aparte de sus funciones
tradicionales puede ser considerado como impulsor del sistema
financiero y promotor del desarrollo económico. Dentro
de sus objetivos
generales están:
- Objetivos tácticos o coyunturales de la
estabilización monetaria a corto o a mediano
plazo - Objetivos estratégicos o de
desarrollo.
En los países en desarrollo, el banco
además de su papel en la
promoción del desarrollo del sector
financiero, también ha tenido incidencia sobre el
endeudamiento externo público y privado. Por otro lado
debido al precario desarrollo de los sistemas financieros de
países subdesarrollados, el banco debe tomar parte en el
ejercicio de suplir las deficiencia que éste presenta. Por
lo que en un país subdesarrollado debe lograrse primero un
satisfactorio desenvolvimiento del sistema bancario
para que así éste sirva de mecanismo eficiente de
transmisión de la política
monetaria.
El grado hasta donde un banco Central puede influir en
la evolución monetaria de un país
dependerá de manera muy significativa de la apertura de la
economía y de la movilidad del capital, factores que se
deberán tener en cuenta a la hora de diseñar una
política
monetaria. Otros factores que deben tenerse en cuenta a la
hora de tomar decisiones de política monetaria
son:
- La vulnerabilidad de una economía frente a
conmociones externas: esto se presenta cuando la
economía depende de uno o dos productos básicos
de exportación. - La condición de las instituciones financieras internas: La
concepción de políticas monetarias es más
compleja cuando las autoridades se ven enfrentados ante
riesgos e
insolvencia generalizados entre las instituciones
financieras.
Mediante la política monetaria un banco central
tiene un impacto más general sobre la economía
(crecimiento, empleo, inflación, tipos de interés,
tipos de cambio y
balanza de
pagos). Cuando el banco considera como su principal responsabilidad la estabilización de
precios, puede
conseguir equilibrio a
largo plazo en los tipos de interés y tasa de cambio, al
igual que se convierte en la herramienta principal para que se de
un crecimiento
económico, también en el largo plazo. Para
lograr esto el Banco se enfrenta a una serie de contradicciones
entre sus objetivos de corto y mediano plazo. Un ejemplo de esto
es el hecho que el banco debe "… elegir entre acciones de
política que establecerían una mejor base para la
estabilidad de los precios a más largo plazo, y así
pues perspectivas de crecimiento a más largo plazo, y los
efectos negativos de estas acciones de política sobre el
crecimiento
económico a corto plazo."
Dichas inconsistencias serán descritas para el
caso Colombiano, dentro de la nueva reglamentación para el
Banco de la República, expedida por la ley 31 de
1992.
Previo a este desarrollo se retomaran aspectos que
fueron relevantes en periodos anteriores: El banco de la
República tenia como función primordial el manejo
de la tasa de cambio -sin dejar de lado su objetivo
básico, velar por el mantenimiento
del poder
adquisitivo de la moneda-, con el único criterio de evitar
crisis en la
balanza de pagos
y estimular el crecimiento económico a través de
las exportaciones.
Desde 1967 y hasta 1991, el esquema de fijación de la tasa
de cambio, se da por parte del banco de la República,
apoyándose en la aplicación de un estricto control cambios y
en la obligación de reintegrar al Emisor la totalidad de
las divisas provenientes de las exportaciones de bienes y
servicios y desembolsos de crédito externo. Adicionalmente
a esto, se mantuvo un esquema de minidevaluaciones a lo que se le
atribuye el éxito
de política de diversificación de exportaciones y
que el país no hubiere registrado durante los años
ochenta una crisis en la balanza de pagos, al punto que no
tuviera que reestructurar su deuda externa.
Sin embargo, durante la bonanza cafetera (1984-1986), se presento
una abrupta revaluación del tipo de
cambio, que fue corregida acelerando el ritmo de
minidevaluaciones, al igual que se da un severo ajuste fiscal lo que
permitió incrementar el índice de la tasa de cambio
real a niveles que se juzgaban como de equilibrio a
largo plazo, lo que llevó a un fortalecimiento de las
exportaciones y un aumento de las reservas internacionales; esta
política de ajuste también tuvo repercusiones sobre
el déficit fiscal que
pasó de un 7% en 1984, a un equilibrio en 1986, sin traer
consecuencias serias sobre la inflación.
Ya en 1989 con la crisis cafetera y en 1990 con el
proceso de apertura, el gobierno se ve
obligado a aumentar la devaluación nominal y con esto aumentar el
ITCR, con lo que las presiones inflacionarias no se hicieron
esperar debido al aumento del nivel de reservas internacionales.
Dichas circunstancias, unidas con el mandato constitucional de
control de la
inflación conllevaron a una reforma de las
políticas macroeconómicas en 1991, luego de un
intento fallido por esterilizar la monetización de las
divisas mediante OMA’s. Estas reformas fueron transcritas
al Banco de la República, mediante la ley 31 de 1992.
En estas reformas introdujeron un ajuste de la tasa de cambio
mediante el método de
entregar contra el reintegro de divisas un certificado de cambio
con vencimiento a un año, lo que efectivamente conlleva a
esterilizar la monetización de Reservas internacionales, a
disminuir el precio de la
divisa y las tasas de
interés internas. Las consecuencias últimas de
dicha política, fue disminuir el ritmo de
devaluación nominal que tenía el banco de la
República y disminuir el diferencial entre las tasas de
interés internas y externas. Por otra parte se incluyo en
la determinación de la Tasa de Cambio, un elemento de
mercado implícito en el descuento del certificado de
cambio, lo que permite una disminución del índice
de tasa de cambio real.
Los objetivos de la política monetaria, cambiaria
y crediticia del banco de la república, que presentan
inconsistencias dentro del marco de la ley 31 de 1992
son:
- Art. 16, literal i: Disponer la intervención
del Banco de la República en el mercado cambiario como
comprador o vendedor de divisas, o la emisión y
colocación de títulos representativos de las
mismas. Igualmente, determinar la política de manejo de
la tasa de cambio, de común acuerdo con el Ministro de
Hacienda y Crédito Público. - Art. 16, literal j: Emitir concepto previo
favorable para la monetización de las divisas originadas
en el pago de los excedentes transitorios. - Art. 2: El Banco de la República a nombre del
Estado velará por el mantenimiento de la capacidad
adquisitiva de la moneda. - Mantener tasas de interés internas que
desestimulen la entrada de capitales especulativos, a la vez
que suministrar a la economía una cuantía
suficiente de crédito para que sea posible la
aceleración de la inversión.
A partir de 1991 la nueva constitución promulga que el Banco central
tome una serie de medidas conducentes a no permitir que variables como
el déficit fiscal afecten el nivel de precios. A fin de
esto el banco se compromete a sacrificar metas de tasa de cambio
real e interés, dado que si el creciente déficit
fiscal compromete la estabilidad de la moneda, el banco debe
reacomodar sus políticas monetarias y cambiarias de modo
que el ahorro privado
se aumente.
En un principio el fin primordial del banco fue frenar
el proceso de elevación de las tasas de interés,
mediante una política basada en el reconocimiento de que
con una mayor movilidad de capitales, el dinero se
vuelve una variable determinada básicamente por la
demanda, lo que hacía que si las tasas de interés
internas eran altas, por una parte implicaba una entrada de
capitales especulativos y por otra parte si éstas eran
mayores que las tasas de interés externas, aumentaba la
demanda de créditos externos. En ambos casos se ejerce
una presión
revaluacionista. Para esto se adoptó una política
de expansión monetaria al igual que una política de
diminución de encajes. Esta política de
expansión monetaria consiste en emitir, con el fin de
comprar las divisas que están entrando por los conceptos
anteriormente señalados. Dicha política entra en
contraposición con su objetivo de control de agregados
monetarios, debido a que la emisión aumenta la cantidad de
dinero en
circulación y los precios. El banco debe participar a fin
de evitar que la tasa de cambio termine siendo plenamente
determinada por el mercado y consecuentemente, sujeta a las
fluctuaciones que ello implica en una economía con un
sector externo fácilmente afectado por la volatilidad en
los precios de algunos productos de exportación. Dado que
el objetivo último del banco es mantener la estabilidad en
el nivel de precios, el banco debe contraer la base monetaria, ya
sea mediante aumento de los encajes, aumento de las OMA’s,
aumento de los cupos de importación ó aumento de las tasas
de interés. Esto ocasiona que el banco de la
república emita pasivos remunerados para evitar que los
agregados monetarios rebasen su límite; por lo que el
banco incurre en costos financieros, que en repetidas ocasiones
conllevan a una situación deficitaria por parte del banco
conocida como "déficit cuasi-fiscal"
Otra inconsistencia que encontramos entre funciones de
la banca central es
el control de los agregados monetarios, y el mantenimiento de un
nivel bajo de las tasas de interés. Según la
teoría
monetaria, un aumento en la oferta monetaria, manteniendo la
demanda constante implica una reducción de las tasas de
interés, por lo que si el banco busca un control sobre el
crecimiento de los medios de
pago, con mucha dificultad logrará mantener un nivel bajo
de tasas de interés, como se ha constatado en estos
últimos años.
La política monetaria de los últimos
años ha estado basada en metas intermedias de agregados
monetarios, escogiendo a M1 como la variable que más
relación tiene con el ingreso nominal. Sin embargo no se
han cumplido las metas con respecto a este, por problemas
asociados a la esterilización y monetización de los
enormes flujos de capitales recibidos en los 90’s. Durante
1994-1995, el ajuste monetario hecho por el banco, efectivamente
dio lugar a una sobre-reacción de las tasas de
interés que tienden a adherirse a niveles distantes de su
nivel de equilibrio durante un período largo de
tiempo.
El hecho de que el banco adopte estas medidas de
intervención monetaria, las hace incompatibles con el
objetivo de estabilidad de precios, ya que la contracción
de los agregados induce a cambios en los precios del dinero y de
divisas, lo que influye en los costos financieros y los de
producción de las empresas, y a su vez en el nivel general
de precios de la economía. Este instrumento de control
tiene su respuesta a largo plazo.
Un instrumento de acción inmediata y de impacto
medible es el control de tasa a la vista, que sirve para suavizar
las fluctuaciones de todas las tasas de interés y la tasa
de cambio, al proveer o absorber temporalmente la liquidez
requerida por los intermediarios y corregir así las fallas
que pueda presentar la programación monetaria. Las otras tasas de
interés se regularían más por el mercado y
por las expectativas de los agentes.
Esta descripción, permite visualizar el hecho de
que al parecer, las inconsistencias entre objetivos se presenta
más frecuentemente en los países en vías de
desarrollo. En América
Latina el cambio institucional reciente más importante
que se ha presentado, ha sido la creación de una banca
central independiente, en aras de disminuir la inconsistencia
descrita anteriormente. Países como chile y
Colombia tienen como objetivo principal preservar el valor de la
moneda, México
además de este se encarga del fortalecimiento de la
orientación del desarrollo nacional, además de
promover un sistema
financiero sano y el adecuado funcionamiento del sistema de
pagos. Venezuela
también se preocupa por la fortaleza el sector financiero,
apoyar la estabilidad monetaria y promover las finanzas
públicas saludables, al igual que buscar un equilibrio
económico y un ordenado desarrollo de la economía
introduciendo el crecimiento económico como función
adicional de la banca. Brasil por el
contrario, mediante un consejo monetario nacional, define
políticas para promover el desarrollo económico
ajustando los medios de
pagos a las necesidades reales de la economía. Las juntas
Directivas de los bancos centrales
independientes, poseen la dirección de la política monetaria;
países como Brasil y Ecuador manejan
la política monetaria por intermedio de un consejo o junta
Monetaria.
Respecto a la política Cambiaria el objetivo
más generalizado es la regulación del sistema de
cambios. Además países como Chile y
Colombia tienen la facultad de ser los responsables de la
formulación de la política de cambio. Argentina no
tiene esta facultad, gracias a su ley de convertibilidad, que
convierte a la tasa de cambio en un ancla.
En cuanto a política crediticia, se encuentra un
punto en común entre todos los estatutos de los nuevos
bancos:
limitar los préstamos al gobierno y
prohibir el otorgamiento de créditos al sector
privado.
Dentro del grado de independencia
en la que se encuentra el Banco de la República
Colombiano, éste figura como el cuarto banco central de
mayor independencia
legal y dentro del 25% en términos de independencia
efectiva.
Los aspectos que se deben tener en cuenta para la
evaluación de la independencia efectiva
son:
- Prioridad al control de la
inflación. - Operación de la política monetaria y
cambiaria. - Grado de restricción del banco a los
créditos del gobierno.
Autor:
Luis Martinez
lumaga[arroba]monteria.cetcol.net.co