1.
Introducción
2. Educación: De La Iglesia Al
Estado, De Éste A Las Familias
3. El Enfoque
Neoliberal
4. Reconfiguración Del Sistema
Educativo Argentino Por Mandato De Organismos Financieros
Internacionales
5. Privado Versus
Público. Nación Versus
Provincias
6. Las Políticas
Asistenciales En La Escuela
7.
Bibliografía
1. Introducción
Es sabido que la Constitución Nacional, considerada Ley Suprema o
Madre, es el instrumento legal que permite la
organización de un estado como
tal, y al mismo tiempo sirve de
peana y fundamento de todas las políticas
que se desarrollen dentro de él. Así la
pirámide jurídica, diseñada por el jurista
austríaco Hans Kelsen, demuestra que la Constitución representa el vértice
de la estructura
piramidal, que servirá de cause para todos los
instrumentos legales que de ella emanen y en forma conjunta
constituyen el andamiaje jurídico sobre el cual yace la
organización del estado
nacional. Es así como el conglomerado de normativas
vigentes, que se engendran en la constitución nacional,
erigen el derecho positivo
del estado.
En los albores del nacimiento de nuestro estado, los
enfrentamientos, reyertas y la indolencia, fueron características constante, provocadas por
la diversidad de criterios o en algunos caso por perspectivas
antagónicas, respecto del modelo de
organización que se adoptaría para
la nación.
La falta, en ese momento, de una política educativa
que delineara las características del sistema educativo
en la Argentina, para
el logro de objetivos
superiores, fue una peculiaridad constante en nuestro país
hasta aproximadamente la década del ochenta. La ausencia
de las mismas obedece posiblemente a la inexistencia de un
proyecto
nacional que sirviera de aglutinante, al propio tiempo que
destinara a la educación un rol
de preponderancia, dentro de dicho proyecto, en el
desarrollo y
transformación de un país. Sin constitución
no podemos hablar de política educativa, pues sería
como querer construir una casa comenzando desde el techo sin
pensar en un sólido cimiento.
Si hacemos un poco de historia podemos recordar
que la revolución
de mayo, como así también el 9 de julio ,
constituyeron hitos muy importantes en la historia nacional, fueron,
sin lugar a dudas, pasos cardinales dentro de nuestros anales
institucionales, pero no arrojaron bases que sirvieran a la
organización del país, es más, no era
posible hablar de ideas políticas
definidas ni mucho menos de planes políticos. La revolución
de mayo no emitió una proclama ni declaración, y
transcurrió aproximadamente medio siglo hasta que
encontró una fórmula adecuada con la
constitución sancionada en mayo de 1853. Hasta entonces
hubo intentos de organización nacional, enfrentamientos
armados, guerras
intestinas y un vaciamiento, por consiguiente, de
políticas educativas, porque como es obvio la
preocupación acusiante pasaba por la organización y
no la educación.
En la década del ochenta los censos de población y vivienda arrojaban un serio
problema de analfabetismo,
las escuelas estaban prácticamente despobladas, contaban
con muy pocos recursos,
fundamentalmente en las provincias más pobres y a este
panorama debemos sumarle el fenómeno migratorio. Argentina
fue, después de Estados Unidos,
el país de América
que recibió mayor caudal de inmigrantes. Estos
venían con un cúmulo de anhelos vinculados a lo
económico y sumamente arraigados a su cultura e
identidad
nacional, lo que acentuó en nuestro país el
particularismo o regionalismo, que no puede entenderse como
nocivo en tanto y en cuanto no atente contra la identidad
nacional y la idiosincrasia como pueblo. Esta problemática
instalada refleja la necesidad de una política educativa
nacional, ausente hasta el momento, que resolviera estos asuntos,
al propio tiempo que estimulara la formación de recursos
humanos capacitados que pudieran ejecutar esas
políticas.
En la década del ochenta, en 1884, inicia la
organización y consolidación del sistema educativo
con la sanción de dos leyes
importantes: la ley 1420, que
organiza la educación primaria en los territorios
nacionales y al año siguiente ( 1885) la ley Avellaneda
(1597) referida a la organización de la Enseñanza Universitaria. Esta evolución demuestra como un país en
formación fue en forma paulatina, en algunos casos lenta,
atendiendo problemas
prioritarios y desarrollando acorde a ellos una
legislación positiva tendiente a resolverlos.
Hoy al igual que en el ayer, los gobiernos de turno
diseñan y ejecutan políticas educativas tendientes
a resolver problemáticas instauradas dentro del sistema
educativo, algunas de las cuales son de larga data, en tanto
otras estrenadas, se incorporan como propias del mundo moderno,
reconfigurado como una aldea global y caracterizada por el
hercúleo desarrollo
científico tecnológico. Pero a diferencias con el
ayer, y reflexionando sobre ellas ¿tienden realmente a
resolver problemáticas propias del ámbito educativo
o más bien responden a designios políticos que
buscan satisfacer las demandas propias del estado en el marco de
su proceso de
reestructuración? Esas problemáticas para las
cuales se legisla, ¿son fehacientemente diagnosticadas
como tales dentro del sistema educativo? O podemos considerar
políticas inexplicables tal como lo señala Ana T.
Lorenzo al referirse a la
metamorfosis insaturada en la estructura del
sistema a partir de la Ley federal de Educación.
Según ella, dicha ley no responde para nada a
ningún estudio o trabajo previo que arroje indicadores
que sirvan de fundamento a la reforma , que señalen
deficiencias en el funcionamiento del sistema para gestar cambios
en aras de una mejoría dentro de él.
Estimo que las políticas de hoy van más
allá de las necesidades emergentes del sistema, pareciera
que están intentando instaurar en el ejido educativo un
orden nuevo, arrancando todo de raíz sin una mínima
cuota de respeto para
todos aquellos que durante tantos años trabajaron por la
educación y conquistaron importantes pináculos que
hoy no son tenidos en cuenta y son barridos fuertemente por los
vientos de la modernidad.
Además no hay diagnóstico alguno que establezca que en
educación todo está perdido y que es inexcusable
una profunda transformación de esta naturaleza, que
no hace otra cosa que responder a exacciones de organismos
económicos internacionales que hacen propuestas al estado
nacional para equilibrar sus cuentas fiscales,
tomando a la educación como variable de ajuste.
2. Educación: De La
Iglesia Al
Estado, De Éste A Las Familias
Poder analizar y discernir las particularidades que
caracterizan la relación actual entre el estado
nacional y la educación, implica considerar dentro de su
proceso
histórico, de qué manera fue entendida la
educación y cómo se fueron reconfigurando las
distintas concepciones desde el punto de vista de quiénes
poseen el derecho de educar a las mayorías. Se trata pues
de una larga y polémica construcción histórica que pasa del
monopolio de
las iglesias en materia de
educación , como institución de adoctrinamiento de
fieles y súbditos, a la concepción actual donde la
educación es concebida como un derecho tan individual del
cual sólo es responsable cada familia o
individuo en particular. De esta manera el estado
abandona paulatinamente el rol de educador que tradicionalmente
ejerció,y remite esta facultad ,que antes era prioridad
indelegable, a manos de una economía de mercado.
Para evitar atiborrar con un largo proceso
histórico que tan sólo ponga de manifiesto las
pugnas de intereses entre los diversos agentes de la
educación, me limitaré a proferir escuetamente que
la edad media
tuvo la peculiar característica del dominio
hegemónico del servicio
educativo por parte de la iglesia.
Primeramente la educación sistematizada se reservaba de
manera privilegiada a los príncipes, señores, y
miembros del alto clero en general, mientras que la masa de la
población quedaba excluida de la
educación formal. La reforma protestante propugnó
la libre interpretación de la Biblia, lo cual
generó la necesidad de la enseñanza popular de las
primeras letras, indispensable para poder acceder
a los textos sagrados. La iglesia católica, frente al
movimiento
reformista, origina la contrarreforma, organizando nuevas
órdenes religiosas con la finalidad de impartir
enseñanza no sólo a la nobleza, sino también
a la burguesía ascendente. Prueba de esta profunda
transformación es la reorganización de los espacios
físicos de las iglesias, pasando de una disposición
circular a una longitudinal, de grandes dimensiones a los efectos
de nuclear una gran cantidad de fieles, para la práctica
del culto y el adoctrinamiento.
La edad moderna
implicó un importante paso, dentro de esta trama
evolutiva, porque surgen los estados nacionales, bajo la forma
política del liberalismo,
sustentados por la teoría
radical o de la soberanía popular del origen de la soberanía. La nueva teoría
sustentada establecía que el poder ejercido
por el monarca ya no provenía de Dios, fuente
divina del poder, sino por el contrario del pueblo quien lo
delegaba en e gobernante. Esto equivalía a sostener en
primer lugar que la figura del rey perdía ese carácter
prácticamente sagrado que lo investía, y el poder
que ejercitaba ya no era de corte absoluto, sino limitado por la
voluntad de los gobernados, que eran los verdaderos
soberanos.
Este estado se define como el garante de funciones
substanciales vinculadas con la justicia ,
seguridad
interior y exterior, derechos individuales, entre
ellos particularmente el derecho a la educación que
posibilita la formación del ciudadano, tan necesario para
el adecuado funcionamiento del sistema político, pero que
por otro lado no deja de reconocer el derecho legítimo de
los padres a elegir la educación que desean para sus
hijos. Es pues a este momento histórico que corresponde la
legislación positiva que crea y organiza la
educación pública, como así también
regula el funcionamiento del sector privado. Este modelo
nacional procuró la formación del ciudadano,
conocedor de sus derechos, pero
también de sus deberes, lo cual contribuiría a
engendrar una identidad
nacional colectiva en torno de valores y
símbolos en los que se encarnaba un sentimiento
patriótico, que la escuela procuraba
fecundizar.
El siglo XX se caracterizó por un fuerte
desarrollo de redes de relaciones entre
los estados, determinado por dos hechos fundamentales:1) las
guerras
mundiales. 2) la búsqueda de caminos de cooperación
y paz entre las naciones como consecuencia de los efectos
nefastos y devastadores de las guerras. Esta segunda instancia
impulsa a las naciones a crear organismos internacionales que
establecieran las bases o reglas de una sólida convivencia
internacional, y que garantizaran el cumplimiento de las mismas
para concretizar el anhelo de convivencia global armónica.
Ingresa en el escenario mundial, una ola que se denomina
"constitucionalismo social" que preconizaba la
incorporación, en los textos constitucionales, de los
derechos sociales, denominados hoy derechos de segunda
generación. Son ejemplos de este
fenómeno mundial la constitución alemana de Weimar,
la mexicana de Querétaro, o la reforma constitucional de
1949, en nuestro país, durante el gobierno de
Perón
entre otras.
Este período instituye el paso del estado liberal
al estado social, donde la actuación del modelo
político se reconfigura ya no conformándose con la
sola protección de un individuo respecto de otro, sino la
salvaguardia de los individuos en su conjunto; ya no sólo
justicia
conmutativa, sino también justicia
distributiva.
Este Estado de Bienestar se caracterizó por su
exacerbada interferencia en el campo económico, para
asegurar la demanda y el
pleno empleo,
manejando las variables
macro económicas tendientes a evitar que el mercado funcione
exclusivamente por la competencia
individual. La acción política se asentaba sobre el
modelo keynesiano de desarrollo, según el cual el aumento
del gasto
público redundaría en un sostenido bienestar
para todos los sectores sociales . El desarrollo de
políticas benéficas tendientes a brindar un marcado
asistencialismo, mediante la prestación de servicios que
garantizaran a la población un nivel de vida que asegura
consumos mínimos, acordes con la dignidad humana y
compensatorios de los riesgos de
marginación y exclusión, fue otro de los rasgos
distintivos del estado benefactor.
Este estado realizaba fuertes inversiones
para el financiamiento
del sistema educativo, garantizando la escolaridad del grueso de
la población y sobre todo el acceso de los sectores
populares a la educación media y superior que hasta ese
entonces estaba reservado casi privilegiadamente a los sectores
sociales más altos. Esto implica que consideraba que la
educación era un derecho de los ciudadanos
(particularmente de la clase trabajadora) que estaba obligado a
garantizar mediante un servicio
público gratuito que posibilitara a todos por igual
cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza. Prueba de
ello es la urgida expansión del sistema educativo en todos
sus niveles entre el período comprendido entre 1945 y
1955. A este período es lo que se ha denominado ciclo de
consolidación cuantitativa de los sistemas de
educación de masa, el que se distingue por cuatro
elementos centrales : el primero, como arriba lo
señalé, las tasas de escolarización
obligatoria, el segundo, por una administración educativa central con una
considerable burocracia
encargada del control,
seguimiento, y distribución de los recursos materiales y
humanos, tercero, por la existencia de leyes de
educación obligatorias y el cuarto, el rol del estado
orientado a la formación de ciudadanos.
Todas estas particularidades arriba mencionadas, que
corresponden al estado benefactor, evidencia que la
educación ocupó un lugar preponderante en el marco
de la función
política del estado, por lo que deja de ser vista como un
gasto social, para transformarse en una verdadera inversión. Pero tuvo concomitantemente un
efecto diferenciador, dotando a los individuos de diferentes
capacidades y habilidades en función del lugar que
ocuparían socialmente.
El sistema educativo nacional se organiza dentro de este
marco, respondiendo al modelo Weberiano, que ingresa en etapa de
crisis por la
excesiva burocratización de corte autoritaria, que se
manifiesta reactiva a toda exhibición de innovación pedagógica
La crisis del
estado benefactor fue administrado , en el caso argentino, por
gestiones gubernamentales diferentes: entre 1973 y 1974, se
educó para el liberalismo,
utilizándola como herramienta para la
redistribución de las riquezas y las oportunidades
sociales. Entre 1974 y 1983 se educó para el orden, el que
debía garantizar la vigencia de un modelo totalitario
caracterizado por el autoritarismo. Los fines del sistema
educativo procuraban una socialización autoritaria, discriminatoria
y jerarquizada. Entre 1983 y 1989, se educó para la
democracia,
estimulando una cultura
fuertemente participativa que convirtiera a la escuela en un
espacio democrático, caracterizados por el pluralismo para
desmantelar el autoritarismo imperante.
Las intromisiones en el campo económico
obstaculizaban el normal desarrollo de las fuerzas de progreso,
que trababan el normal desenvolvimiento del mercado. Las normas o impuesto al
capital
determinaban una desactivación en las inversiones,
desde el punto de vista del capital, lo
que generó un descenso en el crecimiento y por otro lado
una abrogación de las fuerzas de trabajo por la
concesión de bienes,
derechos y servicios por
intermedio de las desenfrenadas políticas
asistencialistas.
Esa voluntad política de procurar cubrir
necesidades sociales, que expeditivamente aumentaban por causas
del propio estado de bienestar, generaban un déficit
fiscal que
impedía continuar con política distributivas frente
a la expansión del gasto público que desembocaba en
un proceso inflacionario. Se produce paralelamente un aumento
excesivo del poder de los sindicatos, a
lo que debemos agregarle la copiosa demanda de
participación política que genera una crisis
política de representatividad y de
gobernabilidad.
Esto encuentra explicación en lo que Hirschman
llama tesis de la
perversidad, según la cual las intenciones de transformar
a la sociedad en un
determinado sentido, quebrando aquellas tendencias naturales
intrínsecas e inmutables de ordenamiento social, generan
definitivamente efectos contrarios que terminan dañando el
propio tejido social.
Si bien el estado benefactor indujo a un período
de eventual prosperidad económica, la crisis en la que
converge provoca argumentos críticos en su contra que
provienen desde corrientes diferentes como lo son por un lado la
social democracia y
por otro las tendencias neoconservadoras y neoliberales. La
social democracia formula su crítica al modelo
político, basándose en lo que éste
prometió y no cumplió, por lo tanto no logró
plenamente el anhelo de justicia redistributiva, haciendo
parcialmente efectivo el cumplimiento del derecho a la
educación. Para la tendencia neoconservadora( que
formaliza críticas más profundas del modelo) el
estado benefactor es quién genera una concepción
social colectiva negativa del estado, por cuanto carátula
de pernicioso a lo que provenga de él, y de positivo a lo
que tenga su génesis en el sector privado. Es así
como para estas vertientes, el rol del estado en materia
educativa se convierte en subsidiario, si el estado debe brindar
apoyo, debe hacerlo por medio de subsidios dirigidos a los
particulares que les permitan compara mejores servicios
libremente en el mercado.
Es necesario esclarecer que el neoconservadurismo no se
manifiesta como un bloque homogéneo, sino que presenta
concepciones o características diferentes en algunos
aspectos y más unificadas en otros como por ejemplo los
diferentes modos de intervención del estado. Es
precisamente en el ámbito de las políticas
concretas donde pueden vislumbrarse más detenidamente los
matices que esbozan las diferentes identidades.
Todas estas tendencias diferentes se concretizan bajo
una ideología que se conoce con el nombre de
"Nueva Derecha", la cual nucléa a neoconservadores,
neoliberales, la nueva clase media, grupos religiosos
autoritarios y fundamentalistas, que si bien poseen rasgos
distintivos que caracterizan a unos y diferencian de otros,
básicamente son partidarios de políticas
privatistas, por cuanto sostienen que lo público es malo,
y transfieren todo cuanto sea posible al campo privado, a manos
del mercado, incluyendo dentro de dicho paquete nada más
ni nada menos que la educación. De esta manera los
consumidores pueden comprar en el mercado educación del
mismo modo que comprarían electrodomésticos,
comestibles, vestimenta, etc.
Como puede apreciarse hice referencia al concepto de
consumidor, pues
este es un término que ingresa de la mano de la nueva
derecha y responde precisamente a una nueva concepción de
hombre que
caracteriza a esta propuesta política. El ser humano ya no
es visto como un ciudadano dotado de derechos y deberes, sino
como un verdadero consumidor
posesivo. Los derechos humanos
y las prolongadas luchas por el reconocimiento de los mismos
fenecen paulatinamente en agravio de la dignidad humana y pierden
importancia
En primer lugar es preciso recordar que la Nueva Derecha
surge como reacción a la crisis del estado de bienestar,
se trata pues de una recomposición del capitalismo en
respuesta al desequilibrio imperante, que prescribe un nuevo rol
del estado, lo que transfigura también el paradigma
educativo. Este nuevo modelo se organiza alrededor de la Competitividad, que implica introducir en el campo
educativo una lógica
de cálculo
racional instrumental ( medio, fines, costos,
beneficios), siendo estas lógicas y los valores
que ellas entrañan las que subyacen en las acciones
cotidianas de las escuelas y procesos de
socialización, los cuales distan mucho de parecerse al
reinante durante la vigencia del estado de bienestar, por lo
tanto generan en el campo educativo una verdadera
revolución copernicana.
Para comprender la propuesta educativa neoliberal, es
necesario esbozar algunas de las principales
características que comparten en general con el
neoconservadurismo, y en las que difieren en particular.
Así por ejemplo ambas concepciones sostienen que es
necesario el reordenamiento de la sociedad ,
aspecto en el cual concuerdan, pero difieren en la metodología para lograrlo. Los neoliberales
establecen que será el mercado actuando libremente quien
logrará el reordenamiento social, en tanto que los
neoconservadores, si bien defienden la economía de mercado,
sostienen que dicha meta se logrará desde el plano
político, es decir que será el estado quién
impondrá el orden y difundirá los valores de
disciplinamiento. En tanto el neoconservadurismo alienta la
centralización del poder ejercido dentro de
una sociedad cerrada, opuesta al cambio, el
neoliberalismo
se opone a toda forma de centralización y es partidaria
del debate,
confrontación de ideas divergentes como camino
idóneo para lograr acuerdos .
Este capitalismo
naciente propone la privatización de los servicios sociales
brindados por el estado, garantizando una atención mínima a los sectores
más desprotegidos o indigentes.
En el terreno educativo es posible delinear propuestas
diferentes que abarcan desde las más radicales y
sediciosas hasta otras no tan extremas y un tanto más
refrenadas, pero todas al fin apuntan a renovar abismalmente el
paradigma
educativo. Por ejemplo las posturas extremistas propugnan
eliminar el sistema de educación pública, creando
una red de subsidios
dirigidos directamente a las familias, los que serán
utilizados para comprar educación en el mercado por medio
de bonos, vauchers o
vales, al estilo inglés
o norteamericano. Dicho sistema , en esos países, fue
encomiado por las clases
sociales más menesterosas, por cuanto lo entendieron
como un libre y auténtico ejerció del derecho de
los padres a elegir el modelo de educación y
establecimiento educativo que deseen para la formación de
sus hijos. Si nos detenemos en el mensaje entrelíneas
veremos que la mercantilización aumenta la brecha entre
ricos y pobres, así por ejemplo elegir una escuela
distante del lugar de residencia implica tener un medio de
transporte a
disposición para poder trasladarse hasta ella, por que las
políticas de esa índole recortan el presupuesto para
el transporte
público y a corto plazo los privatizan. Esto crea
limitaciones de otra naturaleza, por
cuanto demanda tener un trabajo con horarios flexibles y
más de un vehículo disponible, para ejercer
libremente el derecho de elección de la
institución.
Otra propuesta en cambio apunta
a que dichos subsidios sean remitidos directamente a las instituciones
educativas, las cuales recibirían un monto de dinero
proporcional a la cantidad de alumnos que tienen. Lo cual puede
resultar perjudicial en el sentido que las escuelas trabajen por
la cantidad y descuiden la calidad , en los
resultados. O como otros sostienen que se empeñarán
en mejorar la calidad para
conseguir aumentar sus tasas de matrícula. Esta es la
propuesta en nuestra país de la Fundación Grupo
Sofía, partidaria de una amplia oferta
educativa donde los consumidores puedan elegir libremente y el
financiamiento
que reciban sea acorde a la demanda. Esto llevará a las
escuela a una descarnada competencia, en
el mercado educativo, para captar la mayor cantidad de alumnos
posibles y mejorar sustancialmente sus ingresos
presupuestarios
Y por último existe un tercer posicionamiento
que es partidario de una red de educación
pública destinada a aquellas personas que tengan
dificultades de índole económica para acceder a la
enseñanza de gestión
privada, siempre y cuando este sistema de asistencia social se
rija por medio de los cánones que estimulan la competencia
individual y el desarrollo de méritos personales. Esta
postura admite las diferencias sociales, no haciendo nada para
palearlas, por el contario las asegura creando escuelas para
ricos y escuelas para pobres.
La concepción de democracia se modifica, por
cuanto no es del conjunto de las instituciones
y ciudadanía , sino más bien una democracia
económica, que me garantiza el derecho de elección
dentro de un gran mercado regido por los procedimientos de
la desenfrenada competencia.
La Transformación Intenta Dar Respuestas A Las
Demandas Del Nuevo Orden Mundial
En nuestro país este proceso de
transformación educativa se desarrolla en concomitancia
con el proceso de reestructuración del estado, es por ello
que permanentemente se advierte un profundo desfase entre los
objetivos de
la reforma y las estrategias
implementadas para sus logros, las que procuran retacear el
aspecto económico ,en forma inteligible, por cuanto no
fueron acompañadas por inversiones adecuadas . Esto me
permite señalar que la reforma responde a la necesidad de
ajuste fiscal del
estado que apunta a diversas áreas, principalmente la
educación.
En realidad este proceso de reestructuración del
estado responde a un fenómeno de modernización
internacional el cual tuvo en su primera fase, en América
Latina, la reforma política destinada a recuperar los
sistemas
democráticos quebrantados por efecto de los gobiernos de
facto que se instauraron a partir de golpes de estado. Pero en su
segunda faceta, se orienta al aspecto económico con el fin
de poder insertarse en la economía mundial, sumida en un
proceso de globalización que amenazaba con excluir a
todas las naciones de escaso desarrollo
económico que no se adaptaran a dicho
proceso.
Las fronteras de las naciones del globo se desdibujan
para escarmenar una nueva configuración, que posibilite ,
por medio de circuitos
abiertos de comunicación, el intercambio con la
comunidad
mundial de bienes,
servicios y también recursos
humanos.
Pero frente a este fenómeno, avizoramos
síntomas de que el mundo desarrollado no funciona como una
aldea global, en el seno de la cual yacen los vetustos problemas del
de ayer pero afloran nuevos escollos del mundo de hoy, como la
desocupación, la violencia, las
manifestaciones xenófobas, el hermetismo de muchas
naciones , el surgimiento de movimientos nacionalistas, las
crisis de sus sistemas educativos, etc. que no dan respuesta a
las nuevas demandas sociales e internacionales.
El fenómeno de la
globalización avasalla el poder soberano de los
estados en detrimento de sus soberanías nacionales, que
van cediendo su capacidad de decisión a capitales
transnacionales y organismos financieros internacionales. El
estado es reemplazado por la racionalidad del mercado que aparece
como único capaz de crear un nuevo orden que puede
responder a las exigencias de competitividad
internacional .
Esta nueva realidad trastoca y corrompen raudamente
todos los órdenes de la vida del hombre. Si
bien en un momento su centro fue la esfera económica, hoy
afectan también sus valores, su
cultura, sus costumbres, leyes, instituciones, en fin, su propia
identidad
nacional, de manera tal que estamos ingresando , sin darnos
cuenta , tal vez, "a una nueva forma de vida dentro de la tierra",
tal como lo señala Tedesco.
El gran avance de la ciencia y
tecnología son indicadores
del preludio de una verdadera revolución. Tecnología y Ciencia se
encuentran cada vez más relacionadas, las cuales exigen
una innovación en otras glebas, como los modos
de organización, de producción. El auge de los audiovisuales
instalan en la sociedad una cultura de la imagen, que roe
las bases de nuestra cultura lectora, y nos incita a pensar en la
educación creativamente, valiéndonos de todos estos
novedosos soportes técnicos sin resistirnos a los avances
, sino adoptándolos como verdaderos aliados.
En nombre de esta metamorfosis mundial, los
países de América
Latina, dentro de ellos Argentina, infunden un sañudo
proceso de transformación educativa, respondiendo a los
lineamientos establecidos por organismos económicos
internacionales, quienes se comprometen a brindar apoyo
económico para financiar la reforma a cambio de que se
cumplan sus propuesta por medio de políticas efectivas,
sosteniendo al propio tiempo que la dilación de la reforma
educativa puede menoscabar seriamente el crecimiento de los
países en términos económicos.
Cuando a organismos financieros me refiero hago
alusión a las estrategias y
prioridades para la reforma del Banco Mundial,
los lineamientos del Fondo Monetario
Internacional , del Banco
Interamericano de Desarrollo, y la propuesta de
transformación productiva con equidad de CEPAL / UNESCO.
Por ello me cuestiono, ¿puede el Banco Mundial
determinar cuáles son las prioridades en educación
y las estrategias ideales para alcanzar metas en nombre de
estudios e investigaciones
realizadas?, cuando somos nosotros los que cada mañana
entramos a la realidad del aula y nos encontramos con un
sinfín de necesidades que distan mucho de las que desde
afuera se nos plantean.
El Banco Mundial
establece, en uno de sus documentos, que
los avances
tecnológicos y los cambios económicos han
determinado dos prioridades en el campo de la educación ,
que lógicamente se consideraron al diseñar las
políticas de la transformación, que son: la
preparación de trabajadores adaptables, capaces de
adquirir nuevos conocimientos, y contribuir a la constante
expansión del saber. En lo que respecta a la primera de
las prioridades, no es cosa sencilla la preparación de
trabajadores adaptables a un contexto caracterizado por la
inestabilidad, incertidumbre laboral, las
fluctuaciones económicas constantes que afectan el futuro
de muchos trabajadores, que si bien, en algunos casos, no han
sido perjudicados aun por el flagelo de la desocupación ,
están prontos a serlo, por constituir el nuevo grupo de
riesgo. Pero
claro está que la prioridad no se refiere
específicamente a esta cuestión, aunque la realidad
hable de ello, creo comprender que el término adaptable
implica poseer un formación flexible que posibilite a
cualquier trabajador parametrizarse a las transformaciones
inmanentes a la modernidad
tardía. Con respecto a la segunda prioridad, considero que
la mejor manera de garantizar la expansión del saber es
proporcionando un fuerte aval a la educación
pública, lo que no debe significar para nada el
desconocimiento de la educación privada, pero tampoco
priorizarla, librando a la educación estatal a una
competencia desleal con ella por no gozar de paridad de
condiciones.
Con respecto a los recursos que se destinarán
para educación, el mismo documento del Banco establece que
en algunos países deberá incrementarse el gasto
público , por cuanto es mínimo el "gasto en
educación", en tanto que en otros dicho incremento no
sería necesario, podría mejorase la
situación con el mismo gasto público siempre y
cuando se concentraran estos en los niveles inferiores del
sistema, y se aumentara la eficacia interna
, tal como se ha hecho en Asia Menor
dándoles resultados positivos.
Al hablar de los sistemas educativos y la
problemática que los invade, no puedo dejar de considerar
el concierto dentro del cual se insertan y sobre el que se lanza,
obviamente, su problemática. Por una lado el escenario
mundial o global, afectado por un insondable proceso de
transformación manejado por una tríada
económica que monopoliza todos los intercambios mundiales
,financieros y económicos, desdibujando otros aspectos de
la explanada mundial que atentan contra aquellos países de
economías endebles, que sienten en sus espaldas el peso de
la espada de Damocles de la perentoria postergación. Por
otro , el escenario local o nacional, que se manifiesta como
diverso ante la aldea global , pero que inminentemente debe
adecuarse a los nuevos requerimientos para poder insertarse
dentro del primer escenario en forma competitiva y eficaz. Eso
lleva al estado a ingresar en un camino de reestablecimiento
político y económico, un tanto sinuoso, porque debe
apostar a la educación para lograr sus
designios.
Es así como frente a esta realidad ,los grandes
Goliat de la economía mundial, elaboran una serie de
propuesta y reglamentaciones para los países de escaso
desarrollo, que deberán adaptar , según sus propia
realidades, y tendrán a su cargo el diseño
de planes que hagan posible la ejecución y puesta en
marcha de dichos lineamientos.
El Banco Mundial establece particularmente en uno de sus
documentos que
la educación es fundamental para lograr un desarrollo
económico sostenido y la consiguiente
disminución de la pobreza.
Invertir en educación implica entonces invertir en
capital
humano, pero de manera eficiente, lo cual posibilitará
la formación un sujeto nuevo, adaptable a las nuevas y
flagrantes realidades en las que le toque desempeñarse, y
capaz de dominar diligentemente los códigos de la
modernidad. De esta manera se reducirán problemas
puntuales que afectan al sistema como la repetición,
deserción, obsolescencia de contenidos ,
desresponsabilización de los agentes escolares por los
logros de sus alumnos, etc. Los argumentos que esgrimen es que
las mejoras podrían obtenerse no sólo con el
aumento del gasto público, sino que aquellos que "gastan"
poco en educación, podrían mejorar sus resultados
con una administración eficiente de los recursos
que se invierten. Desde una perspectiva personal,
teniendo en cuenta los años de tránsito dentro del
sistema educativo, no creo que se trataron de inversiones
inadecuadas, más bien diría mínimas o
sumamente limitadas, pero teniendo como denominador común
, en todos los casos, que fueron las resultantes del esfuerzo de
la comunidad
escolar, asociación cooperadora, con exigua
participación estatal.
El Banco Mundial ha establecido por lo tanto como
prioridades para la reforma, efectuar inversiones públicas
donde se obtendrán mayores rendimientos, para lo cual los
gobiernos deberán prestar atención particularmente
a los resultados de aprendizaje, que
en el caso argentino se efectúa por medio de los
operativos nacionales de evaluación. Si bien la propuesta se orienta
a dar prioridad a la educación, se refiere con especial
énfasis a la básica o primaria, pero como la
educación por si sola no logrará una mejora en los
resultados, deberá acompañarse de políticas
macroeconómicas e inversiones físicas
complementarias, cosa de la que adoleció la reforma en
nuestro país.
Se establece también como prioridad la
atención a la equidad, de manera tal que todos puedan
tener acceso a la educación básica, aun los
sectores más desfavorecidos económicamente , para
que puedan insertarse y desenvolverse adecuadamente dentro de la
sociedad. Apuntando a la educación básica, se
extienden los años de escolaridad obligatoria, coincidida
en nuestro país, con la reforma de la estructura
académica del sistema. Esta prioridad me exhorta a
reflexionar si realmente frente a todas las demandas del mundo
moderno la educación básica puede considerarse como
suficiente, si observamos los datos
estadísticos de la encuesta
permanente de hogares, podremos observar que las tasas más
elevadas de desocupación se dan entre los sectores que
tienen una instrucción mínima o nula, en tanto que
la mayor cantidad de años de permanencia dentro del
sistema mejora las posibilidades de inserción al mercado
laboral. Puedo
anexionar un estudio reciente publicado por el diario La
Nación de Daniel Filmus,según el cual va en aumento
la cantidad de egresados de la escuela secundaria que no
encuentran trabajo, o en otros caso que no pueden trabajar la
cantidad de horas que desean, generándose de esta manera
la denominada desocupación encubierta. Esto
impulsaría a los sectores más pobres a no continuar
con el ciclo polimodal, porque no garantiza el acceso al mercado
laboral, y tampoco lo necesitarían por la falta de
recursos para continuar estudios superiores. Éstos ,en el
contexto de la reforma, son considerados por el estado como una
inversión de incumbencia de los individuos
o familias en particular.
Se establece también atender como
primacía, la participación de los hogares,
considerando el derecho de los padres que pueden elegir la
educación y en consecuencia la escuela que quieran para
sus hijos. Esta prioridad encierra altos riesgo por cuanto
no todos están en condiciones de tomar decisiones de esta
naturaleza, lo cual contribuiría a aumentar la discriminación, estableciéndose
escuelas para ricos y escuelas para pobres. En nuestro
país no tenemos indicadores que evidencien que esto
influye positivamente en los resultados, pero si en otros
países, tal como Estados Unidos
donde los padres de las familias más carentes se
enfrentaron con dificultades para ejercer efectivamente este
derecho por no tener acceso a varios medios de
transporte que permitiera trasladar a sus hijos a las escuelas
más distantes, o también la dificultad
económica de abonar sistemas de transportes
públicos, por el gasto que representan en el escaso erario
familiar, teniendo en cuenta que las estrategias neoliberales
vigentes desarrollaron políticas de privatización
de estas empresas.
Otra de las prioridades es la autonomía de las
instituciones escolares en el ámbito financiero y
administrativo, debiendo responsabilizarse del ejercicio de la
misma ante los padres de los alumnos y la comunidad toda.
Considero, en realidad, que la cuestión de la
autonomía, patrocinada por la reforma, sirve como tapiz de
encubrimiento a la ausencia de voluntad política del
estado de financiar la educación, porque en el campo
administrativo, la autonomía no existe, las órdenes
e instrucciones que bajan al campo escolar no sólo son
muy
precisas sino que deben cumplimentarse en
períodos de tiempo perentorios, vedando totalmente su
puesta en práctica.
Por su parte las propuestas de CEPAL para el desarrollo
futuro de América
Latina para los años 90, promueven la formación de
recursos humanos idóneos para lograr la
transformación educativa con equidad, debiendo para su
logro estimular la competitividad que conduce a la
elevación de la calidad de
vida y al aumento de la productividad, y
difundiendo los avances científicos y tecnológicos.
Para el logro de tales metas es necesario el diseño
de nuevas políticas que modifiquen el rol del estado,
quien debe estimular el desarrollo empresario y la
asunción de sus responsabilidades para alcanzar niveles
internacionales de competitividad.
CEPAL plantea también que es necesaria una mayor
holgura externa, haciendo alusión a la deuda, que si bien
se han logrado algunos progresos con respecto a ella , estos no
libran para nada al estado del cumplimiento de su responsabilidad. A pesar del reclamo de la iglesia
católica, por intermedio de su Santidad el Papa, que se
perdone la deuda externa de
los países o se flexibilicen las condiciones de pago en
nombre del año jubilar.
La Reforma: El Caso Argentino
La reforma en nuestro país se pone en marcha y
ejecuta dentro de cuatro gestiones ministeriales: la de Antonio
Salonia, Jorge Rodríguez, Susana Decibe y Manuel
García Sola. La misma es calificado por muchos de una
Reforma Ilustrada, diseñada por técnicos con una
escasa participación se la comunidad docente y sectores
sindicales, y fue aplicada en términos generales, salvo
casos excepcionales representados por alguna provincias, a modo
de shock , lanzando todos los componentes en forma simultanea no
de manera gradual y sistematizada.La misma trajo consigo un nuevo
lenguaje que
sembró gran desconcierto en la comunidad docente como TTP,
CBU, CE, CBC, EGB, protocolos,
contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales, y otros
cargados de significaciones diferentes o con nuevas
acepciones.
Entre algunos de los instrumentos legales que
posibilitaron su puesta en marcha fueron por orden
cronológico : la ley de transferencia de los servicios
educativos de nivel medio y superior no universitario( 24.049),
promulgada en 1992. Dicha medida se escurrió bajo el
rótulo del principio del federalismo
establecido en la parte dogmática de la
constitución, más precisamente en su
artículo 5. Y por medio de ellas el estado señala
subliminalmente el papel
subsidiario que asigna a la educación dentro de sus
funciones.
Creo pertinente clarificar, antes de ingresar al
análisis de los diferentes instrumentos
legales, que el sistema federal consiste expresamente en que las
provincias, en nombre de sus autonomías, conservan para
sí todos los poderes no delegados a través de la
constitución al gobierno federal
o expresamente reservado. Dentro de estas facultades deben:
dictar sus propias constituciones, darse sus propias
instituciones locales y regirse por ellas, elegir sus
gobernadores, legisladores y funcionarios provinciales, organizar
su poder judicial,
su régimen municipal y la educación primaria. Pero
no debe entenderse este federalismo como
desatención de funciones que son competencia del estado
nacional. Así por ejemplo la constitución
establece, cuando a las atribuciones del Congreso de la
Nación se refiere, en su
artículo 75, inc. 19,sancionar leyes de
organización y de base de la educación que
consoliden ( no fragmenten) la unidad nacional, respetando las
particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la
participación de la familia y
la sociedad… La expresión participación no debe
leerse como responsabilidad absoluta e incompartible
Es importante acotar que esta transferencia a las
jurisdicciones se operó sin los fondos pertinentes , ni
tan siquiera precedida de la consulta , a las provincias, si
contaban con los recurso ineluctables para la reforma. Esto
contribuyó al agravamiento de algunos sistemas educativos
provinciales, sobre todo los de las jurisdicciones más
pobres, las que ya presentaban dificultades financieras que se
vieron agravadas por la incorporación de los servicios
nacionales.
Esta ley de transferencia de servicios puede
considerarse la prolongación de una tendencia
transportista gestada en el año 1961, cuando se
transfieren las escuelas primarias dependientes del Consejo
Nacional de Educación a la órbita de las
jurisdicciones, por iniciativa del proyecto de ley del diputado
Láinez. Esta transferencia se operó a las
provincias en cuyas jurisdicciones se hallaban las escuelas, y se
operativizó por intermedio de convenios entre los
gobernadores de las mismas y el Consejo Nacional de
Educación. Según el criterio de unos cuantos ,la
línea que prevaleció fue la de enviar a las
provincias lo que implicara un gasto para el estado y vender
aquello que pudiera importar ganancias. Uno de los aspectos que
preocupa dentro de esta transferencia, es el financiamiento, y al
respecto la propia ley determina que serán financiados con
un importe que se retendrá según el régimen
que la propia ley determina. Pero el estado nacional se
comprometía a cumplimentar con las obras públicas
en ejecución ,al tiempo de la transferencia, como
así también la reparación edilicia
correspondiente, por los deterioros que produjera la
antigüedad de los edificios, en miras a su
conservación, para que no se viera afectado el normal
desenvolvimiento de los servicios educativos. Lo cierto es que
,según las denuncias formuladas por la cámara de
diputados, no sólo ha disminuido el monto de los fondos
transferidos, sino que constituyen promesas y compromisos
incumplidos las refacciones o reparaciones a su cargo , por
cuanto muchos obras se vieron paralizadas y otras se completaron
por el esfuerzo de los gobiernos provinciales o de las propias
comunidades escolares. El riesgo de estas transferencias radican
en que pueden ser el puntapié inicial de un trayecto que
inició con la provincialización de los servicios,
continúe con la municipalización, y tenga como
corolario la privatización.
En Córdoba particularmente, si bien no fue la
jurisdicción más perjudicada, el traspaso
implicó, en el nivel inicial, el cierre de las salitas de
cuatro años, que recién en el presente año
volvieron a reabrirse, el cierre de grados, o fusión de
secciones y en algunos caso de pequeñas escuelas rurales
con lo que se complicó la situación de esas
familias que deben recorrer largas distancias y en algunos casos
con transportes muy precarios para acatarse al ciclo de
obligatoriedad.
El ex secretario de gestión
educativa de nuestra provincia, Li Gambi , durante la
gestión del gobernador Angeloz , abrió el paraguas
estableciendo que en Córdoba no habrá
municipalización, a pesar de que la constitución
provincial otorga a los municipios competencias
educativas. De esa manera la Constitución Provincial al
referirse a la política educativa en el artículo 62
de la misma, establece específicamente en su inciso 3 "
reconocer la libertad de
enseñanza… al tiempo que reconoce a las personas,
asociaciones y municipios el derecho a crear instituciones
educativas ajustadas a los principios de la
constitución (provincial), en la medida que sean
reconocidas por la ley". Dicho inciso establece en su parte final
que el estado provincial reglamentará la
cooperación económica para aquellas instituciones
que no persigan fines de lucro.
Bajo El Palio De La Ley
En segundo orden , y bajo el palio de la Ley Federal de
Educación, 24.195, promulgada en 1993,se incorporan las
mociones de estos organismo internacionales, alentando la
eficiencia
en la gestión, responsabilidad en los resultados,
autonomía institucional, extensión de los
años de escolaridad obligatoria, etc. Dentro de sus
disposiciones es asequible percibir que la tendencia consiste
precisamente en aumentar los mecanismos de control del
estado respecto del funcionamiento del sistema educativo, pero
delegar la responsabilidad por los resultados en los gobiernos
provinciales y en última instancia en las comunidades
escolares. O sea que el estado prestador del servicio educativo
se convierte en un estado controlador de su funcionamiento y
evaluador de los resultados en nombre de la calidad
educativa.
Dentro del proyecto de ley que envía el PEN a la
cámara baja queda plasmado una vez más la
problemática que ya venía arrastrándose con
el debate de la
transferencia de los servicios educativos nacionales a las
provincias. Se trata pues de la cuestión de la
Educación Pública, que dentro del proyecto original
quedaba soslayada en cuanto a responsabilidad del estado se
refiere, por lo cual los reclamos se hicieron sentir en forma
unísona, por aquel entonces, en todo el territorio
nacional , lo que indujo a senadores , que ofició como
cámara revisora, a realizar modificaciones y agregados en
aquellos puntos que tuviera que ver con el papel del
estado en materia educativa.
La ley federal, perpetuando la tendencia neoliberal,
establece que la educación ha de ser responsabilidad del
conjunto de la sociedad. Cuando aborda este tema en forma
particular se refiere a los agentes de la educación e
incluye a la familia
coma agente natural y primario, la iglesia y el estado nacional,
provincial y municipal. Sólo que cuando habla de
educación este tiene diversos alcances en cada caso,
según se trate del ámbito de responsabilidad. Es
necesario distinguir por ello entre agentes que tienen
responsabilidad de la educación, de aquellos que pueden
tener iniciativa en la gestión a los que se refiere
específicamente en el Art. 36 de la
misma.
También es producto de la
ley, la nueva estructura académica que ésta
implementa, que según lo establece Ana Lorenzo, no
obedeció para nada a algún estudio, trabajo previo
o reclamo de la comunidad solicitando un cambió en ese
sentido. Lo cierto es que la ley modifica la antigua distribución estableciendo objetivos
diferentes para ser cometidos en los distintos peldaños
que componen la escalinata educativa. Dentro de esa nueva
estructura se incluyen cinco (5) niveles: el Inicial que
comprende las salitas de tres, cuatro y cinco años, siendo
sólo esta última obligatoria; la EGB, o
Educación General Básica que comprende tres ciclos,
primero, segundo y tercer grado, los que corresponden al primer
ciclo, cuarto, quinto y sexto , al segundo ciclo de la EGB, y los
tres restantes, el tercer ciclo, que en algunas provincias se
cumplen dentro del nivel primario, por la primarización
del primer año de la escuela secundaria, o en otras se
cumple en el nivel medio, por la secundarización del
último año de la educación primaria, tal el
caso de la provincia de Córdoba. Y por último el
Nivel Polimodal, que en el caso de la provincia de Córdoba
se denomina CE, Ciclo de Especialización, de tres
años también (no obligatorio). La Educación
Superior, profesional y académica de grado, obviamente
no obligatoria, se podrá cursar después de
cumplimentado la Educación Polimodal o Ciclo de
especialización. La misma durará el período
de tiempo que cada institución académica lo
establezca, las que podrán ser universitarias o no
universitarias. Y por último la Educación
Cuaternaria, a través de la cual se procura profundizar y
actualizar la formación de grado adquirida en cualquiera
de las diferentes especialidades. Esta formación es tan
necesaria en los tiempos actuales, para incorporar las
innovaciones, conocimientos y técnicas
necesarias acordes a las nuevas exhortaciones.
Según locuciones de los defensores de la ley,
esgrimen que ésta no privatiza la educación, sino
que por el contrario la socializa, por medio del diseño y
ejecución de una política educativa que garantiza
la justicia social con igualdad de
oportunidades y posibilidades.
Una de las particularidades que la caracteriza , es que
muchos de los conceptos que emplea aparecen cargados de nuevas
significaciones o acepciones, en nombre del carácter
polísemico de nuestra terminología. Así por
ejemplo ,si nos remontamos a la ley 1420, ésta
establecía el carácter obligatorio y gratuito de la
enseñanza primaria, la ley federal en cambio ratifica la
obligatoriedad, pero plantea ya no la gratuidad, sino la igualdad de
oportunidades. Establece como prioridad la calidad
para alcanzar la competitividad, pero determina que dicha calidad
debe gestarse y desarrollarse con equidad. Es aquí pues
donde nuevamente ambos términos aparecen con una
connotación disímil .Si analizamos diferentes
aspectos de la ley, la equidad es entendida en términos de
utilidad, en
tanto que la calidad se equipara con el eficientismo.
Al plantear una educación de calidad, establece
un mecanismo de control de los resultados por medio de los
operativos nacionales de calidad que se vienen llevando a cabo
desde el año 1993 en las disciplinas Matemática
y Lengua a los
alumnos de 7° del primario y 5° año del secundario
de establecimientos tanto públicos como privados. Y
recién en 1994 se incorporaron Ciencias
Naturales y Sociales, tanto a nivel primario como
secundario.
El capítulo VIII de la misma legisla, sobre los
Regímenes Especiales, involucrando dentro de ellos a la
educación
especial, de adultos y artística. El término
regímenes, tal como lo señala Ana Lorenzo,
involucra la administrativo, no lo pedagógico;
artística se trataría de una orientación
dentro de la formación, en tanto que especial y de adultos
serían modalidades distintas según el grupo de
población al que van dirigidas. En lo que a
educación de adultos se refiere, prácticamente la
ignora, cuando debería ser una prioridad porque la
extensión de los años de obligatoriedad de la
enseñanza primaria, produce la expulsión de un alto
porcentaje de alumnos del sistema, los que temerosos de no poder
concluir con sus estudios, los abandonan y se matriculan en las
escuelas para adultos, con menos años de
duración.
La ley 1420 podríamos afirmar que no era laica
sino neutra, en tanto la ley federal consagra la libertad de
conciencia cuando
se refiere al derecho de los padres y alumnos para elegir una
institución educativa, pero me pregunto ¿y la
libertad de conciencia de los
docentes al tiempo del ejercicio de sus prácticas
profesionales? Parece éste, un tema obviado. Pero
sí consagra el derecho del docente de ingresar en el
sistema educativo por medio del régimen de concursos que
garanticen la idoneidad profesional, cosa que como docentes
debemos aceptar; y teniendo en cuenta sus méritos y
actualización profesional, cosa que hasta el momento el
estado no ha garantizado efectivamente a todas las personas por
igual, y en la mayoría de los casos corre por cuenta del
propio docente , vedándose la igualdad de posibilidades.
La ley agrega también que en el futuro la provisión
de cargos estará condicionada no sólo por la
habilitación profesional, como requisito indispensable,
sino por los requerimientos del propio proyecto
institucional.¿Y de qué manera se
implementará esto?, para evitar que el ingreso, se realice
teniendo en cuenta, como vulgarmente decimos en términos
comerciales, "sólo la cara del cliente".
Otro de los temas a considerar es la llamada libertad
curricular, la que se contempla en la ley como función del
Ministerio de Cultura y Educación, pero se deja abierto un
espacio o margen para la inclusión de contenidos que
respondan a los requerimientos provinciales, municipales,
comunitarios y escolares. El mensaje destella contradicciones,
porque al tiempo de evaluar, en los operativos nacionales de
calidad, dichos contenidos no son contemplados dentro de los
protocolos.
Según términos de la propia ley, por medio de la
evaluación de la calidad , se
verificará la adecuación de los contenidos
curriculares a las necesidades sociales, y a los requerimientos
educativos de la comunidad como así también el
nivel de aprendizajes de los alumnos y la calidad de la
formación docente.
En lo que respecta al profesionalismo docentes, reconoce
como derecho laboral
la capacitación y actualización con el
propósito de adaptarse a los cambios curriculares que se
producen, y dentro del Capítulo II también
establece como deber la formación y actualización
permanente, lo que se manifiesta como ostensiblemente irrisorio,
porque en ningún momento el estado se hace garante del
ejercicio de este derecho, lo cual significa que priorizar el
deber.
Con esto se traza una nueva parcelación entre
aquellos que tienen posibilidades y los que por razones
económicas carecen de ellas. Si bien el estado
intentó apuntalar la capacitación ofreciendo sus servicios por
intermedio de la Red Federal de
Formación Continua, es sabido que su funcionamiento no
arrojó productivos resultados. Algunas de las razones
fueron que dichos cursos no
llegaron en forma equitativa a todas las jurisdicciones, y en
regiones donde arribaron, se impidió el accesos a ellos a
todos los docentes que tenían deseos de recibir dicha
capacitación, fijaban un número tope de docentes
por establecimiento y por áreas, y por último, en
algunos casos ,el nivel de preparación de los
capacitadores dejó mucho que desear.
Estos aspectos que he considerado son sólo
algunas de las cuestiones polémicas que la ley federal
plantea, pero de ningún modo constituyen una
enunciación taxativa. Existen otras componentes dentro de
ella que trataré con mayor diligencia cuando las aborde en
el siguiente apartado. Lo cierto es que dentro del texto de la
norma legal se ven plasmados un sinfín de contrariedades y
yuxtaposición de ideas, producto de
las diferencias ideológicas de los encargados de su
elaboración. A pesar de todo ello constituye la columna
que vertebra el esqueleto educativo argentino, y en torno de la cual
gira la organización y funcionamiento del
sistema.
Existen además muchos aspectos de la ley que
todavía no se han operativizado por medio de los
instrumentos legales correspondientes.
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