El crimen en América Latina (página 2)

La corrupción los cuerpos policíacos en
América
Latina, la impunidad con
la que ejercen la violencia
extralegal y el hecho de que no tengan fronteras definidas con la
delincuencia
organizada (el narcotráfico principalmente), a menudo los
convierten en uno de los factores de la inseguridad
pública y en enemigos de la población.[2] La policía
militar en Río de Janeiro se ha visto involucrada en
masacres de favelados y de niños de la
calle, así como otros cuerpos policíacos han
organizado los famosos escuadroes da morte que se han
asociado al narcotráfico.

Según datos de diversas
organizaciones
de derechos
humanos, en México las
policías municipales y las judiciales estatales acumulan
el 55 de las denuncias nacionales por violación a los
derechos humanos.
Entre las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, entre 1993 y 1997, el 95%
tenían que ver con anomalías y delitos
cometidos por las autoridades judiciales y policiales.
Habría que agregar que la corrupción
beneficia esencialmente a los altos mandos policíacos,
pues los oficiales medios y la
tropa frecuentemente se quejan de bajos salarios y pobre
equipamiento.[3]

El Estado
latinoamericano se vuelve una eficiente maquinaria represiva, en
especial, cuando se enfrenta a movimientos de oposición y
subversión. Los mismos Estados que fueron implacablemente
eficientes en la represión en Guatemala,
El Salvador,
Argentina, Uruguay y
Brasil, se
comportan hoy de manera inversa con el crimen organizado y la
delincuencia común.[4] En Colombia, en el
año 2000, se asesinó a un dirigente sindical cada
tres días, se registraron 10 asesinatos políticos y
una desaparición forzada diarios, así como una
masacre (más de 5 víctimas en un hecho) cada dos
días. Ese mismo Estado permitía 3 mil secuestros al
año y 30 mil homicidios de
los cuales sólo el 12% se debía a motivos
políticos; así mismo, la impunidad respecto de la
delincuencia se calculaba en 90%. En Brasil, un país donde
las ausencias estatales son notables, datos de la Comisión
Pastoral de la Tierra
indican que entre 1989 y 2000, fueron encarcelados 1,898
trabajadores rurales, mientras que entre 1988 y 2001 fueron
asesinados otros 1,517.

En México, el 90% de un total de 520 acciones
militares y de control
-observadas entre 1998 y 1999- se concentraron en el sur del
país, y sólo en Chiapas se
calculaba que el ejército concentraba contra el zapatismo
entre 50 y 60 mil efectivos (30% del total). En ese mismo
período, de un total de 319 acciones armadas registradas,
el 42% la realizaron los grupos
paramilitares y/o civiles armados, mientras que 313 activistas
sociales fueron asesinados. Todo ello contrastaba con el hecho de
que si en 1990 se consignaba el 14.3% de las averiguaciones, en
1996 sólo se hacía en un 6%, la ineficiencia en la
persecución del homicidio era de
un 50% y en otros delitos de 80 y 90%.

Entre 1990 y 1997, en Argentina, la probabilidad
de condena de los delincuentes[5] se redujo de 2.9 a 2.3,
y en Buenos Aires tal
caída fue de 5.9 a 3.9%. El 52% de la población de
las principales ciudades dijo que la policía hacía
mal su trabajo. En
Caracas otra encuesta
reveló que el 81% de la gente consideraba la
actuación de las policías entre regular y muy
mala.

Una encuesta más realizada en Caracas en 1997
reveló que el 86% de la población consideraba la
eficacia de
los juzgados entre regular, mala o muy mala. La desconfianza era
tal que de manera sorprendente sólo un 33% de los heridos
con arma blanca y el 14% de quienes lo habían sido con
arma de fuego, presentaron su denuncia ante las autoridades
respectivas. El resultado de todo esto se expresa en el hecho de
que el 42% de los encuestados estaban de acuerdo en que la gente
tiene derecho a hacerse justicia por
mano propia. Es interesante notar que este porcentaje
crecía en los barrios a 53%.

La ineficacia de la justicia genera que diversos
sectores de la población se planteen la posibilidad de
hacer justicia por mano propia. Encuestas
diversas indican que aproximadamente dos tercios de la
población manifestaba su derecho a matar para defender a
su familia en
Caracas, Santiago de Chile, Bahía y San Salvador. El matar
para defender la propiedad era
aceptado en un 60% en Caracas, en un 49% en Santiago de Chile, y
en un 40% en Bahía y en San Salvador. La “limpieza
social” (exterminio de delincuentes, que implica el uso de
los escuadrones de la muerte) era
aceptada en un 20% en Caracas, y en un 16% en Bahía y en
San Salvador.

Las ausencias estatales parecen ser resueltas de
distinta manera según la clase o sector
social que las viven. Las clases medias y altas han acudido a las
empresas de
seguridad privada
para garantizar la seguridad de barrios y countries,
mientras que un sector más bajo de las mismas usa la
“vigilancia privada informal”, denominada
guachimanismo en Venezuela
(Aguilar, 1999, p.8; Romero, 2001). [6] En diversas ciudades de
América
Latina, las noticias
también dan cuenta de la
organización autónoma de los vecinos de barrios
populares para efectuar rondas nocturnas que los resguarden de la
delincuencia. En el campo, una de las manifestaciones más
importantes de la justicia por mano propia ha sido el
linchamiento. En México, Guatemala, El Salvador,
Haití, Brasil, Venezuela, entre otros países, el
linchamiento es un suceso más o menos frecuente. En
espacios abigarrados por la articulación de la diversidad
étnica y la pobreza, el
vacuum estatal parece acentuarse.

La ilegitimidad estatal se combina con formas
alternativas de legalidad o
legalidad informal, códigos y valores
comunitarios que son ajenos al Estado. Acaso sea ésta una
de las explicaciones de por qué en México casi el
47% de los linchamientos observados entre 1987 y 1998 fueron en
los estados de alta densidad
indígena, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y que en
Guatemala el 75% de los linchamientos fueron cometidos en el seno
de las comunidades indígenas del país (IIJ/URL,
2000, p.6).[7]

Un análisis comparado de la
aestatalidad en los barrios miserables de Santiago de
Chile y Río de Janeiro, muestra
cómo la mayor presencia del Estado en servicios y
seguridad (en Chile) origina que a diferencia de Santiago, los
traficantes de drogas dominen
barrios enteros en Río de Janeiro. Las favelas
parecen ser aldeas cerradas y autosuficientes, las pandillas
asumen el papel de policía, los favelados sienten
más confianza hacia los miembros de las
quadrilhas (bandas) que hacia la
policía.

En síntesis,
el neoliberalismo
ha profundizado las deficiencias seculares de los Estados
latinoamericanos y ha debilitado al Estado en ámbitos en
los que el mayor gasto social del modelo
desarrollista lo hacía tener presencia. Son estas
ausencias en las cuales brotan las manifestaciones perversas de
la rebelión: el crimen
organizado y el crecimiento de la delincuencia
común.

1.2. LOS RITMOS Y
RASGOS DE LA PROTESTA
POPULAR

Obviamente la protesta popular ha mostrado en la
región otro tipo de expresiones. Sin embargo, por alguna
razón, no pocos estudios tienden a subestimar el rol de la
sociedad
civil, de las multitudes y de los levantamientos en los
procesos
políticos. Hace algunos años, un estudioso
estadounidense hizo tal reproche a los que se dedicaban a
estudiar las transiciones a la democracia.
Ejemplo de este tipo de estudios es el libro de Julio
Cotler y Romeo Grompone dedicado al ascenso y caída del
fujimorato.

El rol de la protesta y del movimiento
popular en la caída del fujimorato no puede ser
desdeñado. Desde 1992 se produjeron marchas,
manifestaciones y paros de carácter regional, en los que se
exigía la reinstalación de los gobiernos regionales
disueltos por Fujimori. Ante los rigores del autoritarismo
fujimorista y de su política neoliberal,
estudiantes demandaron respeto a la
autonomía universitaria mientras trabajadores de la
construcción, de la salud y maestros exigieron
mejores salarios y condiciones de trabajo. Trabajadores
petroleros, portuarios y telefónicos realizaron ambiciosas
campañas nacionales en contra de las privatizaciones que obligaron al régimen a
restringir el derecho
constitucional al referéndum.

Al retomar las tradiciones de lucha popular acumuladas a
lo largo de todo el siglo, en julio de 1999 la Central General de
Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a la primera
Marcha de los Cuatro Suyos; en agosto de ese año
sucedieron nuevas protestas populares, y en enero de 2000, en el
contexto del inicio de la campaña de Fujimori por un
tercer mandato, sindicatos,
confederaciones campesinas, organizaciones estudiantiles, frentes
regionales y partidos
políticos de la oposición reunieron a 30 mil
personas en el centro de Lima. En marzo del 2000 se
realizó la segunda Jornada Nacional de Protesta y el
Paro
Cívico.

En la noche del 6 de abril -cuando Fujimori fue
reelecto-, una concentración de 50 mil personas dio inicio
a tres días de las más grandes manifestaciones que
se habían visto en contra del régimen. El ascenso
de la rebelión tuvo un punto culminante en la segunda
Marcha de los Cuatro Suyos, en vísperas de la
tercera asunción de Fujimori, en julio de 2000. La noche
anterior a la inauguración del tercer mandato, una gran
marcha reunió en las calles de Lima a unas 100 mil
personas. En noviembre, habiendo salido ya Fujimori de
Perú, se realizó exitosamente otra Jornada Nacional
de Protesta seguida por una huelga
campesina de 72 horas. Cuando Fujimori envió su renuncia
desde Tokio, las organizaciones populares ya habían
anunciado una huelga general que habría de iniciarse el 25
de noviembre. (ibid.,).

Lo sucedido en Perú es uno de los momentos
culminantes de la multitud en la historia reciente de
América Latina. El primero de ellos parece ser el
carachazo, del 27 y 28 de febrero de 1989, cuando el
anuncio de las medidas de austeridad económica
inició lo que se ha llamado un ciclo u
ola de protesta popular o social. La rebelión que
comenzó en Caracas pronto se extendió a otras ocho
ciudades del interior del país, donde la población
saqueó centros y establecimientos comerciales,
construyó barricadas, cerró calles, quemó
transportes colectivos, autos y
neumáticos, y creó con ello un caos que sólo
pudo ser contenido por un despliegue represivo, el cual en una
semana, según cifras oficiales, mató a 300
personas.

Pero tal contención no minó el clima de la
rebelión en los años siguientes. Si en el
período de 1989-90 se observaron 675 actos de protesta
popular, tal cifra fue elevándose cada año hasta
llegar a 1,096 en 1993-94, para declinar luego a 561, 534 y 550
entre 1994 y 1997. Al menos hasta 1994, los cierres de calles, la
toma de establecimientos y las marchas fueron las expresiones de
lucha más observadas.

Otro momento notable en la historia de las luchas
populares de la América Latina de los últimos
años es el proceso
desencadenado con el alzamiento zapatista de enero de 1994, en
Chiapas. Acaso la clave del gran éxito
del movimiento zapatista en el segundo lustro de la última
década del siglo XX fue haberse reconvertido
aceleradamente de una guerrilla que buscaba el poder en un
vasto movimiento social de gran convocatoria. Puede decirse sin
temor a equivocaciones que no ha habido guerrilla más
exitosa en América Latina (lo que incluye a las FARC de
Colombia con sus 20 mil efectivos y 60 frentes en todo el
país), porque habiendo realizado una precaria guerra de
guerrillas de doce días tuvo efectos políticos de
gran envergadura.

El tercer momento cumbre de las luchas sociales
más recientes en América Latina indudablemente es
el Argentinazo, como coloquialmente se denominan los
levantamientos populares sucedidos en Argentina el 19 y 20 de
diciembre de 2001. Es demasiado pronto todavía para saber
si este alzamiento generará un ciclo de protestas
populares de mayor envergadura. Pero sí se puede decir que
dicho levantamiento es culminación de un ciclo acumulativo
de extraordinarias experiencias de luchas populares contra las
medidas de austeridad económica preconizadas por el
neoliberalismo. Algunos autores (Laufer y Spiguel, 19990;
consideran que un ciclo de protesta popular comenzó a
partir de la pueblada de Santiago del Estero el 16 de
diciembre de 1993.[8]

Entre 1989 y 1996 se registraron 1,734 protestas, de las
cuales el 51% tenía una matriz
sindical (ibid.,). Entre 1989 y 1990 comenzaron a aparecer los
saqueos; éstos culminarían con el motín de
Santiago del Estero, en 1993, y abrirían paso a un ascenso
de las manifestaciones de protesta callejera, que tendrían
otros dos momentos climáticos en las puebladas de
Cutral Co, Plaza Hincul (Neuquen) y Libertador General San
Martín (Jujuy).

Entre 1992 y 1999 se observaron nueve huelgas por rama a
nivel nacional, generales a nivel provincial y generales a nivel
nacional. En 1996 comenzaron a cobrar relevancia los cortes de
ruta y aparecieron los piqueteros (grupos
pequeños constituidos generalmente por desempleados) como
principales protagonistas de dichos cortes.

Es importante destacar que los cortes de ruta, una de
las formas de lucha más importantes de los últimos
años en Argentina, se realizaron en aquellas provincias y
ciudades del país en las que el nivel de necesidades
básicas insatisfechas (NBI), el déficit ocupacional
y la desocupación eran significativos. La
desocupación iba desde un 12.5% en Neuquen y Plottier
hasta un 26.8% en Gran Rosario, y pasaba por un 17 y 19% en el
Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata y Batán,
Gran Cordova, Jujuy y Palpalá, Bahía Blanca, Santa
Fe y Santo Tomé. Las poblaciones con mayor número
de cortes de ruta fueron también ciudades donde el NBI
alcanzaba porcentajes notables (entre el 25 y 48%): Cruz del Eje,
Belén, Orán y Monteros. También fueron
lugares en donde se observaron reducción en la
participación electoral, mayor polarización social
y privatizaciones de empresas públicas.

El Argentinazo de diciembre de 2001 resulta
notable, no sólo por tratarse del clímax de las
luchas de obreros en activo y despedidos, empleados
públicos despedidos, sectores populares afectados por las
alzas de precios,
contenciones salariales y privatizaciones, jubilados reducidos en
su calidad de
vida, sino porque después de años de una
hegemonía política sustentada en el control de la
inflación y la paridad con el dólar , las clases
medias se unieron a la protesta con motivo de la retención
de sus ahorros (el Corralito).

Esa alianza circunstancial de distintos sectores
populares (piqueteros y caceroleros) en una
pueblada de nivel nacional -independientemente de las
provocaciones que haya montado el menemismo-,
convirtió la creciente crisis
económica en una significativa ingobernabilidad y en una
afirmación de lo popular después de décadas
de haber sido desmantelado éste, en el contexto de la
guerra sucia observada entre 1976 y 1982.[9]

En Guatemala, la guerra sucia destruyó o
debilitó el tejido social de la resistencia
antineoliberal. En la década de los setenta se
desarrolló un notable movimiento popular articulado en
torno a lo
sindical sin el cual resulta inexplicable el alzamiento
guerrillero posterior. Cuando las medidas neoliberales se
empezaron a implantar en el país, tal movimiento
había sido desarticulado mediante el terrorismo de
Estado más cruento de América Latina.

Los años noventa observaron un crecimiento del
movimiento de los pueblos indígenas y de los derechos
humanos, mientras el movimiento sindical no se recuperaba del
descabezamiento observado años atrás.

En Colombia, las medidas precursoras del neoliberalismo
ensayadas durante el gobierno de
Alfonso López Michelsen (1974-1977) provocaron el Paro
Cívico Nacional de 1977. Éste inició un
ciclo de protesta popular que tendría en 1978 su momento
climático, por el número de huelguistas (el mayor
de dicha década) y por el número de paros
cívicos, el mayor registrado entre 1958 y 1981. Sin
embargo, en la década de los ochenta, pese a las medidas
de carácter neoliberal que empezó a tomar el
gobierno de Belisario Betancur, probablemente debido a la
escalada de violencia, la protesta popular no adquirió los
niveles de 1977 y 1978. Aún así, pese a la ausencia
de paros cívicos -como los observados entre 1977 y 1978-
en el quinquenio 1981-1985 el número de huelguistas para
cada año estuvo entre los 700 y casi 900 mil. Entre 1988 y
1991, se observó otro repunte huelguístico que
involucró anualmente entre 900 mil y más de un
millón de huelguistas, para decrecer en un 50% en los
años siguientes.

Así pues, desde los albores del neoliberalismo,
sus rigores provocaron todo tipo de actos de resistencia. Los
contextos y causas desencadenantes fueron diversos en los
países de la región. En México, Venezuela,
Argentina, Chile y Uruguay es evidente que el neoliberalismo
desmanteló beneficios sociales y calidad de vida
propios de la versión latinoamericana del Estado
benefactor. El anuncio de medidas de austeridad y encarecimiento
de la vida, por un presidente que como candidato había
ofrecido lo contrario, precipitó el Caracazo en
Venezuela y el inicio de las puebladas en Argentina. La
confiscación temporal de cuentas bancarias
desencadenó el Argentinazo de 2001. El anuncio de
que Fujimori se reelegiría por tercera vez inició
el ascenso de la protesta popular en Perú. La reforma del
artículo 27 de la Constitución, que daba por finalizado el
reparto agrario y permitía la venta y la renta
del ejido, fue uno de los hechos que alentaron la rebelión
Zapatista en Chiapas, en 1994.

En el período comprendido entre 1996 hasta agosto
de 2001, la revisión de algunos diarios latinoamericanos y
estadounidenses dio cuenta de 281 campañas y 969 protestas
en toda la región (ibid.,).[10] Las proporciones de
tales campañas tuvieron un comportamiento
oscilatorio con cúspides que significativamente son cada
vez más grandes que la anterior: en 1997, 1999 y 2000. De
igual manera, el epicentro de las protestas pasó de
Perú, Argentina, República
Dominicana, Brasil, Bolivia y
Venezuela, en los ochenta y principios de los
noventa, hacia Ecuador,
Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre 1996 y
2001.

Ciertamente nuevos actores y nuevas expresiones de lucha
han surgido en todo este proceso. El desmantelamiento de industrias y el
decaimiento de productos de
primo exportación han desaparecido antiguos
sujetos. El mercado del
narcotráfico ha hecho surgir a otros. En Bolivia, en el
Chapare, la población pasó de 5 mil a 35 mil
familias y a 200 mil personas, en veinte años, que viven
de la producción y comercialización de la coca.

El incremento poblacional se nutrió de los
masivos despidos en las minas -los legendarios mineros bolivianos
prácticamente han desaparecido-, de la población
campesina expulsada por las sequías en las altas mesetas
en Los Andes, y de los contingentes de desocupados que las
ciudades expulsaron. Esta multitud abigarrada ha constituido a
los cocaleros, que han sido en los noventa uno de los
ejes del movimiento popular boliviano.

Los cocaleros del Putumayo, Guaviare y de la
Baja Bota Caucana, en Colombia, han encabezado un fuerte
movimiento para que los reconozcan como movimiento social y no
como simples delincuentes. Surgido de tradiciones de lucha
campesina desde los años setenta del siglo XX, nutrido con
ex obreros industriales que perdieron su trabajo y de marginales
residentes en las periferias urbanas, el Movimiento de los Sin
Tierra (MST),
se convirtió en los noventa en la parcela más
conocida e influyente del movimiento social brasileño. En
el Ecuador, las distintas etnias agrupadas en el Consejo Nacional
Indígena (CONAI), se convirtieron en los últimos
años del siglo XX en el epicentro en una poderosa fuerza social
que tuvo que ser tomada en cuenta para restablecer la
gobernabilidad. A partir del segundo lustro de los ochenta, como
ya se ha dicho, el movimiento étnico resultó ser la
gran novedad en Guatemala, como también sucedió con
los mapuches en Chile.

Ex obreros y ex mineros convertidos en luchadores
agrarios, trabajadores rurales y marginales urbanos con demandas
campesinas, burócratas, estudiantes, pueblos
indígenas, desempleados, ambientalistas, mujeres: tales
son algunos sujetos del abigarrado movimiento de protesta social
en América Latina.

Las formas de expresión de la protesta incluyen
también novedades además de los ya antiguos
cacerolazos: marchas a caballo y con machetes que evocan
al imaginario zapatista y villista, tambores y cornetas propias
de las porras deportivas, crucifixiones, desnudamientos
públicos, perforaciones de piel y
extracciones de sangre, ollas
populares, marchas del silencio, apagones,
bocinazos, misas procesiones y rezos, marchas
carnavalescas, todas ellas manifestaciones lúdicas que se
alternan con el drama de los motines, rebeliones, cortes de ruta,
huelgas y la represión del Estado que le
suceden.

En medio de todo, esta diferenciación, drama y
manifestaciones lúdicas, los obreros parecen seguir
jugando un papel significativo. Entre las 281 campañas de
protesta contra la austeridad observadas entre 1996 y 2001, el
sujeto más activo fue la clase obrera con su
participación en el 56% de dichas
campañas.

La abigarrada composición, su desigual nivel de
propuesta política alternativa y la rebelión
popular han tenido igualmente un desigual efecto político
y social en las distintas sociedades en
las que se han observado. El alzamiento zapatista en Chiapas tuvo
entre sus consecuencias un nivel de dotación de tierras
sin precedentes en una región en la que la reforma
agraria se había escamoteado o aplicado con morosidad:
en 1994 las organizaciones campesinas tomaron 698 predios de
entre 2 y 33 hectáreas y entre 1995 y 1996 las autoridades
agrarias tuvieron que entregar más de 250 mil
hectáreas invadidas a través de la
indemnización de sus antiguos propietarios.

Los efectos del alzamiento zapatista también
cambiaron la geografía electoral a
nivel municipal en las regiones aledañas al levantamiento,
y pese a que después el zapatismo pregonó el
abstencionismo electoral, lo que facilitó al partido
gobernante (PRI-Partido Revolucionario Institucional) retomar el
control, lo hizo con un número de votos cada vez
más reducido (París, 2001). En Brasil, los efectos
del crecimiento del MST también son impresionantes. Entre
1974 y 1984 el país observó 115 asentamientos,
mientras que entre 1985 y 1989 tal cifra se elevó a 615,
para disminuir a 478 en el quinquenio siguiente, y subir a 2,750
entre 1995 y 1999, para totalizar casi 4 mil asentamientos
rurales en el período (Fernández, 1999; Souza
1999).

Si bien el proceso de constitución
programática de los movimientos populares en
América Latina es incompleto, no pueden desdeñarse
sus impactos políticos. En Venezuela, el Caracazo
abrió un ciclo de protesta popular que puso en crisis
terminal al sistema de
partidos políticos y a la institucionalidad acordada en el
Pacto de Punto Fijo de 1959, además de abrirle el paso al
fenómeno del chavismo. En Ecuador, el movimiento
de los pueblos indígenas interrumpió un
período presidencial y generó una crisis de
gobernabilidad que obligó a la Casa Blanca a intervenir
para frenar un proceso de consecuencias impredecibles. En
Perú, fue un factor sustancial en el fin del
fujimorato.

En Argentina, la creciente protesta popular desde 1993
precipitó la primera caída del arquitecto del
neoliberalismo, Domingo Cavallo, en 1996, terminó con la
presidencia de De la Rúa y de Rodríguez Saa y ha
generado un proceso en el cual la legitimidad de la
mayoría de los partidos políticos y del Estado se
encuentra en entredicho. En México, el zapatismo marcó el
principio del fin de la hegemonía del salinato y
junto a la oposición de izquierda y de derecha fue un
factor sin el cual no se explica la conclusión de las
siete décadas de hegemonía
priísta.

CONCLUSIÓN

• La violencia genera cambios en la conducta
  social, produce erosión
  del capital
  social, entendido éste como el conjunto de relaciones
  sociales y organizacionales que hacen posible la
  colaboración y cooperación entre distintos
  niveles de la sociedad
  para mejorar su nivel de desarrollo y
  de armonía.
• El ser humano tiende a identificarse con figuras de
  distinto matiz y, en ese espectro, desafortunadamente,
  también hay quienes se identifican con aquellos que
  actúan por fuera de la ley.
• La violencia obedece a causas múltiples y debe
  ser enfrentada con estrategias
  polivalentes; es necesario mejorar y mantener actualizada la
  información sobre las
  características y circunstancias en que ocurren los
  hechos de violencia; se debe privilegiar lo preventivo sobre lo
  represivo, con énfasis hacia los proyectos que
  actúen sobre las causas que pueden evitar la ocurrencia
  de violencia (prevención primaria); las intervenciones,
  proyectos o decisiones tomadas por autoridades, instituciones académicas u organizaciones
  no gubernamentales, deben hacerse con el debido planeamiento,
  seguimiento y evaluación de sus resultados.
• Las comunidades (ámbito local, municipal)
  deben ser parte activa de los proyectos, con claro derecho a
  proponer, modificar y actuar en su desarrollo; la sociedad
  civil (entendida como los sectores sociales que no forman parte
  del aparato del Estado, gobierno, fuerzas militares,
  legisladores, jueces y magistrados), tiene responsabilidad y derecho a apoyar e implementar
  acciones y proyectos preventivos; las condiciones locales y las
  comunidades dan la pauta para el diseño de políticas. En tal sentido, se invita a
  pensar con imaginación y a desarrollar propuestas
  colectivas, que lleguen y afecten a mayores grupos de
  población; los grupos vulnerables con mayor riesgo de ser
  víctimas deben ser atendidos en forma
  especial.

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neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los
años de ajuste. Editorial Nueva Sociedad,
Caracas.

[1] Esta afirmación de
Briceño puede ser extendida a las favelas de
Río de Janeiro, las limonadas en Guatemala, las
poblaciones en Santiago de Chile.

[2] Al
citar al investigador brasileño Bento Rubiao,
Sperberger y Happe (1999, p.14) afirman: “…la
policía en Río no cumple funciones de
auxilio hacia las víctimas, sino que representa para
los favelados el “inimigo No.
1”

[3]
Tavares (2001, p. 8) habla de movilizaciones de
policías civiles y militares en diez estados
brasileños en los meses de junio y agosto de 1997,
así como de huelgas de policías entre 1997 y
2001 en los estados de Río Grande del Sur, Sao
Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Río de Janeiro,
Alagoas, Bahía y Tocantins. En años
recientes, también hemos visto movilizaciones y
huelgas semejantes en la ciudad de México.

[4]
Es necesario resaltar el caso de Guatemala, en
donde en medio del crecimiento rampante del crimen
organizado y la delincuencia común, el aparato de
la guerra sucia no ha sido desmantelado. Más
aún, los oficiales más connotados de la
inteligencia contrainsurgente tienen
una
red de lealtades recíprocas que es conocido
como La Cofradía.
LaCofradía (típica
manifestación del poder invisible) era a
principios del siglo XXI uno de los grupos de poder
invisible más influyentes en el país.
Véase Vela, 2001.

[5] Probabilidad de
arresto multiplicado por la probabilidad de
sentencia.

[6] La
palabra viene de guachman, versión
castellanizada de la palabra inglesa watchman
(vigilante).

[7] El
vacío estatal fue aludido por el
Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala
como la causa primordial de los linchamientos:
“Yo creía que se debían (los
linchamientos) a la guerra, por las masacres y el
genocidio, pero ahora estoy seguro que se deben a la justicia,
que es inoperante y lenta” Al menos en el
caso guatemalteco, la explicación resulta
incompleta si solamente se queda ahí. Como
dice Carmen Aída Ibarra, una analista
guatemalteca, la cultura del terror y de la
violencia también cumplen un papel:
“Los códigos éticos de los
guatemaltecos son de autoritarismo y violencia…
además la guerra de 36 años
tocó la mente y el corazón de los guatemaltecos.
La violencia se convirtió en algo normal, la
vida perdió valor”. Véase Figueroa
Ibarra (2000).

[8] En
Argentina se le llama pueblada a las
rebeliones masivas de carácter urbano
(Laufer y Spiguel, 1999, pp.18, 30).

[9] Los
distintos autores de los artículos que
componen el Cuaderno No. 7 de La FISyP en
Buenos Aires, coinciden en destacar
meritoriamente y no peyorativamente, esta
participación de las clases medias en el
Argentinazo y en resaltar el flujo
popular después de que este fue cortado
por la guerra sucia (Gambina et al, 2002)..

[10] El
autor del trabajo que consigna estos datos
define a las campañas como luchas
extensas contra una política
específica de austeridad y a la
protesta como los sucesos individuales que se
observan en una campaña (marchas,
cortes de ruta, huelgas etc.,).

Autor:

Elsa Benaducci Ugaz