- Lineamientos
para garantizar el acceso a la información
pública - Los
límites y obstáculos en el acceso a la
información pública - La
acción de hábeas data - Notas
- Bibliografía
Un tema que comienza a discutirse en los países
latinoamericanos en el marco de la demanda de los
ciudadanos y la predisposición de los Estados en la
búsqueda de su real democratización ("democratizar
la democracia"),
es el de facilitar y asegurar el derecho a la información y el recurso de
hábeas data, como mecanismos que coadyuvan en la
formación y ejercicio de la ciudadanía porque sirven de soporte y
fortalecimiento al rol ciudadano. Éste implica un
ejercicio responsable y conciente en la toma de
decisiones frente a cualquier ámbito de acción
en la vida pública.
Tal como menciona María Rosa Maurizi (2001:
1),
En el sistema
democrático representativo no sólo importa la
participación electoral sino que también toma
relevancia la búsqueda de mecanismos de
participación directa y, sobre todo, la
incorporación de los ciudadanos en las decisiones
trascendentes de su comuna, ciudad y país.
Para cumplir efectivamente este rol las personas
requieren tener, en primera instancia, asegurado y reconocido
formalmente "con fuerza de
ley" el acceso
a la información que produce y maneja el sector
público, como instrumento que promueva la participación política, la lucha
contra la corrupción y la interlocución con
las diferentes instancias estatales, en relación a temas
que los afectan inmediata y directamente en la construcción de su propio desarrollo. La
labor del Estado es
fundamental para brindar las condiciones apropiadas para que las
personas puedan acceder libremente a la información que
requieren en su vida cotidiana. Es así que,
El tipo de información por la cual las personas
mostrarán interés
dependerá de la posición que asuman frente al
accionar del Estado, de lo que podríamos entender
también como el nivel de participación y
ciudadanía que ejerzan (ibídem:
4).
En cumplimiento de los mandatos impartidos por los Jefes
de Estado y de Gobierno en la
Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de
Québec, en abril de 2001, el Relator Especial de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para la Libertad de
Expresión, de la
Organización de Estados Americanos (OEA), se ha
abocado a una tarea permanente por garantizar y ampliar el acceso
a la información en los Estados miembros, en el entendido
de que su implementación efectiva ofrece un marco para el
establecimiento de políticas
de transparencia necesarias para fortalecer las democracias.
Incluso, el debate
público sobre el acceso a la información puede
fomentar el afianzamiento de las democracias
americanas.
El Plan de
Acción de esta Cumbre estableció que la buena
gestión
y administración de la cosa pública
requiere instituciones
gubernamentales efectivas, representativas, transparentes y
públicamente responsables, destinadas a facilitar la
participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones. Asimismo, plantea que para fortalecer una
democracia más eficaz, crear la prosperidad y desarrollar
el potencial humano, los Gobiernos de la región deben
garantizar la protección, promoción y respeto de los
derechos humanos,
y el libre acceso a la información, con el objetivo de
establecer prácticas óptimas para mejorar la
administración de la información que tienen los
gobiernos sobre las personas y facilitar el acceso de los
ciudadanos a dicha información.
El valor del
acceso a la información comprende la promoción de
los objetivos
más importantes de las Américas, incluyendo
democracias transparentes y efectivas, respeto por los derechos
humanos, mercados
económicos estables y justicia
socioeconómica. (…) El Estado
debe reconocer todos estos factores para garantizar en forma
suficiente el derecho de acceso a la información.
(Informe de la Relatoría para la Libertad de
Expresión 2003).
En esta dirección, el Relator recomendó ya
en su Informe del 2001
la promulgación de leyes que
permitan el acceso a la información en poder del
Estado y contemplen el derecho de las personas a acceder a sus
datos
personales (hábeas data). Asimismo,
recomendó el impulso de políticas que promuevan y
divulguen la existencia de estos derechos como herramientas
legales para alcanzar la transparencia de los actos del Estado y
como medio de fiscalización y participación de la
sociedad.
Sin embargo, es un hecho que en América
Latina, en general, los gobiernos no aseguran la publicidad de sus
actos, impidiendo el acceso, la participación y el
monitoreo efectivos de la ciudadanía. La mayoría de
las dependencias gubernamentales no entrega la información
que se les solicita. Las pocas que sí lo hacen, ni
siquiera cumplen los plazos legales. En consecuencia, al igual
que en la región andina, no existe un acceso efectivo a la
información pública por parte de la
ciudadanía.
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