Organismos del comercio internacional (página 2)

Enviado por Rocio Fabiola Gómez Valdizan

Partes: 1, 2

La Asamblea General de Naciones Unidas
encomendó a la Comisión (UNCITRAL) la labor general
de fomentar la armonización y la unificación
progresivas del derecho
mercantil internacional. A partir de ello, la UNCITRAL se ha
convertido en el principal órgano jurídico del
sistema de las
Naciones Unidas en la esfera del derecho mercantil
internacional.

Hasta el momento, la Comisión está
integrada por 36 Estados miembros, elegidos por la Asamblea
General. Su composición es representativa de las diversas
regiones geográficas y de los principales sistemas
jurídicos y económicos del mundo. Los miembros de
la Comisión son elegidos por períodos de seis
años y cada tres años expira el mandato de la mitad
de ellos.

Las principales áreas de trabajo de la
UNCITRAL son:

1. Compraventa internacional de mercaderías y
operaciones
conexas

2. Transporte
internacional de mercaderías

3. Arbitraje y
conciliación comercial internacional

4. Contratación pública

5. Contratos de
Construcción

6. Pagos Internacionales

7. Insolvencia transfronteriza

8. Comercio
Electrónico

En el área relativa a Comercio Electrónico
destaca la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre Comercio Electrónico. Esta ley, elaborada en
el año de 1996, tiene por objeto facilitar el uso de
medios
modernos de comunicación y de almacenamiento de
información, por ejemplo el intercambio
electrónico de datos (EDI), el
correo
electrónico y la telecopia, con o sin soporte de
Internet. De
acuerdo con la Comisión, la Ley Modelo se basa en el
establecimiento de un equivalente funcional de conceptos
conocidos en el tráfico que se opera sobre papel, como
serían los conceptos "escrito", "firma" y
"original".

La Ley Modeloproporciona los criterios para apreciar el
valor
jurídico de los mensajes electrónicos, y por tal
motivo es muy importante para aumentar el uso de las comunicaciones
que se operan sin el uso del papel. Como complemento de las
normas
generales, la Ley contiene también una serie de
lineamientos para el comercio electrónico en áreas
especiales, como sería el transporte de mercancías.
Con el propósito de poder asistir
a los legisladores, la Comisión ha elaborado además
una Guía para la Incorporación de la Ley Modelo de
la CNUDMI sobre Comercio Electrónico al derecho
interno.

3.
La Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo
– UNCTAD

La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD o
UNCTAD, del inglés,
United Nations Conference on Trade and Development) se
estableció en 1964 como un cuerpo intergubernamental
permanente de las Naciones Unidas. La UNCTAD es el principal
órgano de la Asamblea General de la ONU para los
asuntos relacionados con el comercio, las inversiones y
el desarrollo.

Los objetivos de
la
organización son "maximizar las oportunidades
comerciales, de inversión y desarrollo de los países
en vías de desarrollo así como la asistencia en sus
esfuerzos para integrarse en la economía
mundial" (extraído de la página web
oficial).

En la actualidad, el UNCTAD cuenta con 191 estados
miembros y su sede se encuentra en Ginebra, Suiza. La UNCTAD
dispone de una plantilla de 400 miembros y un presupuesto anual
regular de aproximadamente 50 millones de dólares
estadounidenses así como unos fondos extraordinarios de
asistencia técnica de unos 25 millones de dólares
estadounidenses.

El trabajo intergubernamental se realiza en cuatro niveles de
reuniones:

La conferencia UNCTAD – se lleva a cabo cada 4
años, la última fue UNCTAD XI en Sao Paulo en
junio de 2004;
La mesa de comercio y desarrollo del UNCTAD – la mesa
gestiona el trabajo
de la UNCTAD entre dos conferencias y se reúne tres
veces al año;
Cuatro comisiones UNCTAD y un grupo de
trabajo – éstos se reúnen más a menudo que
la mesa para reanudar la política, el
programa y
los asuntos relacionados con el presupuesto.
Reuniones de expertos – las comisiones pueden
convocar reuniones de expertos en ciertas áreas de forma
que proporcionen información experta a las discusiones
políticas de la
comisión.

La UNCTAD genera una serie de informes sobre
ciertos temas, entre ellos:

El informe
sobre comercio y desarrollo
El informe de inversión mundial
El informe sobre el desarrollo
económico de África
El informe sobre los países menos desarrollados
Las estadísticas de la UNCTAD
El informe sobre comercio electrónico y
desarrollo
La revisión de transporte marítimo

La UNCTAD también realiza varios programas de
cooperación técnica como el ASYCUDA (SIDUNEA) ,
DMFAS, EMPRETEC y WAIPA.

Además, UNCTAD realiza ciertas cooperaciones
técnicas en colaboración con la
Organización Mundial del Comercio a
través del Centro de Comercio
Internacional (CCI), una agencia técnica de
cooperación conjunta (del UNCTAD y de la
Organización Mundial del Comercio) que aborda aspectos
operacionales y empresariales del desarrollo del
comercio

8. Fondo Monetario
Internacional y el Banco
Mundial.

FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL

La idea de crear el Fondo Monetario Internacional,
también conocido como el "FMI" o

"el Fondo", se planteó en julio de 1944 en una
conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods,
New Hampshire (Estados Unidos),
cuando los representantes de 45 gobiernos acordaron establecer un
marco de cooperación económica destinado a evitar
que se repitieran las desastrosas políticas
económicas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión
de los años treinta.

Algunos datos

· Número actual de países miembros:
185

· Personal: Aproximadamente 2.635 funcionarios
procedentes de 143 países.

· Total de cuotas: US$338.000 millones (al 30 de
septiembre de 2007).

· Préstamos pendientes de reembolso:
US$17.000 millones a favor de 768 países, de los cuales 57
reciben préstamos en condiciones concesionarias por un
monto de US$6.000 millones (al 30 de septiembre de
2007).

· Asistencia técnica provista: 438.4
años-empleado durante el ejercicio fiscal
2007.

Consultas de supervisión concluidas: 134 países
durante el ejercicio 2007, de los cuales 125 publicaron
voluntariamente los informes respectivos.

En el Artículo I del Convenio Constitutivo se
establecen las principales responsabilidades del FMI:

· Fomentar la cooperación monetaria
internacional.

· Facilitar la expansión y el crecimiento
equilibrado del comercio internacional.

· Fomentar la estabilidad cambiaria.

· Coadyuvar a establecer un sistema multilateral
de pagos.

· Poner a disposición de los países
miembros con dificultades de balanza de pagos
(con las garantías adecuadas) los recursos de la
institución.

Las actividades del FMI

En general, el FMI se encarga de velar por la
estabilidad del sistema monetario y financiero internacional (el
sistema de pagos internacionales y tipos de cambio entre
las monedas nacionales que hace factible el comercio entre
países). Las actividades del FMI buscan fomentar la
estabilidad económica y prevenir las crisis, ayudar
a resolver las crisis cuando éstas se producen, y fomentar
el crecimiento y aliviar la pobreza. Para
lograr estos objetivos, el FMI emplea tres mecanismos
principales: la supervisión, la asistencia técnica
y la asistencia financiera.

· El FMI trata de fomentar
el crecimiento y la estabilidad económica
mundial (y, de este modo, evitar las
crisis económicas) alentando a los países para que
adopten políticas económicas
sólidas.

Por medio del proceso de
supervisión, el FMI ofrece un diálogo y
un asesoramiento periódicos en materia de
políticas a sus países miembros. El FMI realiza
evaluaciones minuciosas de la situación económica
de sus países miembros, regularmente una vez al
año. El FMI y las autoridades examinan las
políticas del país y determinan si éstas son
congruentes con la estabilidad interna y externa, incluyendo un
crecimiento sostenible, y el FMI hace recomendaciones en caso de
que considere que es recomendable hacer ajustes. Los
países miembros tienen la opción de publicar la
evaluación del FMI, y la gran
mayoría de ellos opta por la transparencia, poniendo a
disposición del público amplia información
sobre la supervisión bilateral. Además, el FMI
combina información obtenida a través de distintas
consultas para formular evaluaciones de la evolución y las perspectivas
económicas mundiales y regionales. El FMI da a conocer sus
puntos de vista supervisión multilateral en la
publicación bianual Perspectivas de la
economía mundial (World
Economic Outlook) y en el informe sobre la estabilidad financiera
mundial (Global Financial Stability
Report).

El FMI ofrece asistencia
técnica y capacitación (generalmente, sin cargo
alguno) a fin de ayudar a los países a fortalecer su
capacidad para elaborar y poner en práctica
políticas eficaces. La asistencia técnica brindada
abarca varios ámbitos: política
fiscal, política
monetaria y cambiaria, supervisión y regulación
del sistema bancario y financiero, y
estadísticas.

· En el caso de los países miembros que
tienen problemas para
financiar su balanza de pagos, el FMI también funciona
como un fondo al que puede recurrirse para
facilitar la
recuperación.

La asistencia financiera se otorga con el fin de dar a
los países miembros margen de maniobra para corregir sus
problemas de balanza de pagos. Las autoridades nacionales, en
estrecha colaboración con el FMI, formulan un programa de
políticas respaldado con financiamiento
del FMI, y la continuidad del financiamiento está sujeta a
la implementación exitosa de este programa.

· El FMI realiza también (de manera
independiente y en colaboración con el Banco Mundial y
otras organizaciones)
una intensa labor destinada a reducir la
pobreza en países de todo el
mundo.

El FMI brinda asistencia financiera en virtud de sus
servicios para
préstamos en condiciones concesionarias: el Servicio para
el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP)
y el Servicio para Shocks Exógenos , y alivio de la deuda
a través de la Iniciativa para los Países Pobres
muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa Multilateral para el Alivio
de la Deuda.

En la mayoría de los países de bajo
ingreso, esta labor de asistencia está fundamentada en los
documentos de
estrategia de
lucha contra la pobreza (DELP). Estos documentos son preparados
por las autoridades de los países —en consulta con
la sociedad civil y
sus socios externos en el desarrollo— con el fin de
describir un marco de política
económica, estructural y social de gran alcance para
fomentar el crecimiento y reducir la pobreza en el
país.

La gestión
y organización del FMI

El FMI rinde cuentas a los
gobiernos de sus países miembros. Su autoridad
máxima es la Junta de Gobernadores, que está
integrada por gobernadores de los 185 países miembros (un
gobernador por país). Todos los gobernadores se
reúnen una vez al año con ocasión de las
Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial; los 24 gobernadores
que conforman el Comité Monetario y Financiero
Internacional (CMFI) se reúnen dos veces por año.
Las operaciones cotidianas del FMI se realizan en la sede del
organismo en Washington y están a cargo del Directorio
Ejecutivo, que tiene 24 miembros; esta labor es orientada por el
CMFI y respaldada por el personal
profesional del FMI. El Director Gerente es el
jefe del personal del FMI y el Presidente del Directorio
Ejecutivo, y cuenta con la asistencia de tres subdirectores
gerentes.

Los recursos del FMI son suministrados por sus países
miembros, principalmente por medio del pago de cuotas, que, en
general, guardan relación con el tamaño de la
economía del país. El monto total de
las cuotas es el principal factor determinante de la capacidad de
concesión de préstamos del FMI. Los gastos anuales de
administrar la institución se cubren principalmente con la
diferencia entre los ingresos
derivados de los intereses (sobre los préstamos pendientes
de reembolso) y los pagos por concepto de
intereses (correspondientes a los "depósitos" de
cuotas).

BANCO
MUNDIAL

El Banco Mundial, abreviado como
BM (en inglés: World Bank) es
uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su
propósito declarado es reducir la pobreza mediante
préstamos de bajo interés,
créditos sin intereses a nivel bancario y
apoyos económicos a las naciones en desarrollo.
Está integrado por 185 países miembros. Fue creado
en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados
Unidos.

En 1944, en el marco de las negociaciones previas al
término de la Segunda Guerra
Mundial, nace lo que a la postre se conocería como el
sistema
financiero de Bretton Woods (llamado así por el nombre
de la ciudad en New Hampshire, sede de la conferencia donde fue
concebido) integrado por dos instituciones,
fundamentales para entender las políticas de desarrollo
que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX: el
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo
(BIRD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Concebido el primero, en un principio, con el fin de
ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las
ciudades durante la posguerra, poco a poco fue ampliando sus
funciones,
creándose más organismos que funcionarían
paralelamente a este, integrando lo que hoy conocemos como el
Grupo del Banco Mundial (GBM).

Estructura del
Banco Mundial

La organización tiene oficinas en 109
países y más de 10.000 empleados en nómina.
El monto de la asistencia del Banco Mundial a los países
en desarrollo para el año 2002 fue de 8.100 millones de
dólares estadounidenses y 11.500 millones adicionales en
créditos otorgados para un período de 35 a 40
años, con 10 años adicionales de gracia.

El Grupo del Banco Mundial está
integrado por:

El Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF, 184 países miembros). Creado en 1945,
tiene como objetivo
lograr la reducción de la pobreza en los países
en vías de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad
crediticia, brindándoles asesoría financiera en
materia de gestión económica. Sin duda alguna es
la principal rama del GBM, debiéndose pertenecer a
él para poder ser miembro de cualquiera de los
siguientes organismos.

La Asociación Internacional de Fomento (AIF,
164 países miembros). Creada en 1960, está
constituida por 164 países, quienes realizan
aportaciones que permiten que el Banco Mundial (BM) proporcione
entre 6,000 y 7,000 mdd anuales en crédito, casi sin intereses, a los 78
países considerados más pobres. La AIF juega un
papel importante porque muchos países, llamados
“en vías de desarrollo”, no pueden recibir
financiamientos en condiciones de mercado.
Esta proporciona dinero para
la construcción de servicios básicos
(educación, vivienda, agua
potable, saneamiento), impulsando reformas e inversiones
destinadas al fomentar el aumento de la productividad y
el empleo.

La Corporación Financiera Internacional (CFI,
178 países miembros). Creada en 1956, esta
corporación esta encargada de promover el desarrollo
económico de los países a través del
sector privado. Los socios comerciales invierten capital por
medio de empresas
privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus
funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo
plazo, así como dar garantías y servicios de
gestión
de riesgos para sus clientes e
inversionistas.

El Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (OMGI, 162 países miembros). Creado en 1988,
este organismo tiene como meta promover la inversión
extranjera en países subdesarrollados,
encargándose de otorgar garantía a los
inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no
comerciales como: expropiación, inconvertibilidad de
moneda, restricciones de transferencias, guerras o
disturbios.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI, 134 países miembros).
Creado en 1966, este organismo esta constituido por 133
países. El CIADI tiene como meta principal cuidar la
inversión extranjera en los países, al
proporcionar servicios internacionales de conciliación y
arbitraje de diferencias, relativas ese rubro. Esta
institución cuenta con una fuerte área de
investigación que publica temas sobre
legislación internacional y nacional (de acuerdo al
país), en materia de inversiones.

La CFI y el OMGI, cuentan a su vez con la Oficina del
Ombudsman y Asesor (CAO) que tiene funciones de asesoría
independiente y de atención de las reclamaciones formuladas
por comunidades afectadas.

Junta de gobernadores

Cada país miembro esta representado en la Junta
de Gobernadores[] , ellos tienen la facultad para
tomar las de decisiones finales del Banco. Dentro de sus
funciones se encuentra admitir o suspender a países
miembros, hacer autorizaciones financieras y presupuestos,
así como determinar la distribución de los ingresos del
BIRF.

Los gobernadores se reúnen anualmente o cuando
una mayoría representante, por lo menos dos tercios de los
votos totales, lo requiera. La duración de su cargo se
estipula por cinco años con derecho a la
reelección. La Junta participa junto con los Directores
Ejecutivos en la elección del presidente del
Banco.

La Junta de Gobernadores delega la responsabilidad de proyectos y
decisiones a los Directores Ejecutivos con excepción de:
admitir nuevos miembros, aumentar o disminuir el capital por
acciones del
Banco, suspender a un miembro, y determinar la
distribución de las entradas netas al Banco.

Directorio Ejecutivo

Los Directores Ejecutivos tienen como meta desarrollar
los proyectos y llevar a cabo la operación y
conducción del Banco. El Directorio esta constituido por
12 Directores Ejecutivos titulares y 12 suplentes (estos
últimos participan en la toma de
decisiones, pero no tienen derecho a voto), su
elección se da cada dos años.

Cinco Directores son designados por los cinco
países miembros que tienen mayor número de
acciones. Siete Directores son elegidos por la Junta de
Gobernadores.

Presidente

El presidente del BM es elegido por el Directorio
Ejecutivo, y preside al mismo, pero sin derecho a voto. Dentro de
sus funciones se encuentra conducir los negocios,
organizar, nombrar y remocionar a funcionarios y empleados del
Banco, jugando un papel de jefe de
personal.[2]

Consejo Consultivo

Dentro de la estructura del
Banco se encuentra el Consejo Consultivo integrado por un
mínimo de siete personas nombradas por la Junta de
Gobernadores. A este se integran intereses bancarios,
comerciales, industriales, agrícolas y del trabajo con el
fin de asesorar al Banco en asuntos de política general.
Estos consejeros mantienen el cargo durante dos años con
derecho a reelección.

La
Organización Mundial de
Comercio

La Organización
Mundialdel Comercio
conocida como OMC fue
establecida en 1995, la OMC administra los acuerdos comerciales
negociados por sus miembros, en concreto el
Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles
(GATT en
inglés), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(GATS en inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de Propiedad
Intelectual (TRIPs en inglés). Además de esta
función
principal, la OMC es un foro de negociaciones comerciales
multilaterales; administra los procedimientos de
solución de diferencias comerciales (disputas entre
países); supervisa las políticas comerciales y
coopera con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
con el objetivo de lograr una mayor coherencia entre la
política económica y comercial a escala
mundial.

A pesar de que teóricamente el libre
comercio no figura entre sus objetivos, en la
práctica, la OMC es un foro dónde los Estados
miembros buscan acuerdos para la reducción de aranceles, y
por tanto para la liberalización del comercio, y
dónde se resuelve cualquier disputa comercial que pudiera
surgir entre sus miembros con respecto a los acuerdos
alcanzados

Historia

El GATT

El GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) fue
creado en 1947 como respuesta al periodo de proteccionismo,
devaluaciones competitivas y controles de capitales del periodo
de entreguerras que se considera fue uno de los factores que
llevó a la Segunda Guerra
Mundial. Tras la adopción
de la Smoot-Hawley Tariff Act en Estados
Unidos, que incrementó los aranceles estadounidenses entre
el 38%-52%, los socios comerciales de los EEUU le impusieron a
éste restricciones comerciales como medida de represalia.
Esto provocó un efecto dominó por el cual los
flujos comerciales se desviaban a otros países, se tomaban
medidas proteccionistas en estos, y a su vez medidas de
represalia adicionales se tomaban.

Una vez concluida la guerra, los líderes
políticos mundiales quisieron establecer una serie de
organizaciones internacionales que redujeran la posibilidad de
que se repitiera de nuevo el conflicto.
Estas organizaciones internacionales fueron creadas para
controlar las relaciones
internacionales y monetarias (Naciones Unidas y FMI) y para
el control de las
relaciones comerciales (la Organización Internacional del
Comercio, OIC).

Se consideró que un aumento del comercio
incrementaría las rentas reales y que la garantía
de un acceso no discriminatorio a los mercados
internacionales reduciría la posibilidad de conflictos
políticos o que las disputas comerciales pudieran
crearlos.

El GATT fue el resultado de conversaciones entre 23
países (12 países industrializados y 11 en
desarrollo)[1] que tuvieron lugar en
paralelo a las conversaciones para la creación del OIC.
Las negociaciones que tuvieron lugar en La Habana en 1947 no
dieron sus frutos debido a la reticencia del Congreso de los
Estados Unidos en ratificar el acuerdo. Finalmente, el GATT fue
el único resultado de los acuerdos y éste
impulsó la reducción de aranceles entre los Estados
miembro.

A partir de aquí, y de acuerdo con el
funcionamiento típico de los tratados, se
sucedieron una serie de rondas de negociación que
iban cambiando o añadiendo determinados aspectos al GATT.
Por ejemplo, en 1962 se firmó el Multifibre
Agreement que derogaba determinadas restricciones
cuantitativas en el sector textil de la aplicación de las
reducciones arancelarias (es decir, que en estos sectores no se
aplicarían dichas reducciones) o La Ronda de Tokyo
(1973-1979)

Creación de la OMC

Pascal Lamy, actual Director General de la OMC, en 2006

La Ronda de Uruguay
(1986-93) fue uno de los momentos más importantes dentro
de las negociaciones comerciales, resultando en la
reintegración del sector agrícola y textil,
introducción de nuevas disciplinas en el
sector servicios y de Propiedad
Intelectual, así como la creación de la
OMC.

Así pues, la OMC fue creada el 1 de enero de
1995, sustituyendo al GATT, en la ciudad de Ginebra,
Suiza, donde aún mantiene su sede. Desde su
creación, el GATT fue explícitamente concebido como
un acuerdo temporal que posteriormente formaría parte de
la OIC. Debido a que carecía de una estructura
institucional, se decidió crear la OMC para suplir estas
deficiencias.

Las principales diferencias entre el GATT y la OMC son
las siguientes[] :

Único contrato (single
undertaking): El acuerdo de la OMC es un único
contrato, es
decir, que todas sus provisiones se aplican a todos sus
miembros. Esta es una diferencia importante con respecto al
GATT dónde, principalmente los países en
desarrollo, podían decidir si firmar o no un
acuerdo.
Órgano de solución de
diferencias (dispute settlement): En la
OMC es casi imposible bloquear la creación de Paneles
para la resolución de disputas o la adopción de
informes, mientras que esto sí que era posible en el
caso del GATT.
Transparencia: La OMC tiene un mayor
mandato para conseguir la transparencia y vigilancia en sus
funciones, principalmente a través de la creación
del Mecanismo de Revisión de las Políticas
Comerciales (Trade Policy Review
Mechanism).
Liderazgo de la organización:
Como reflejo del mayor alcance de la organización, en
lugar de designar un alto funcionario de uno de los Estados
miembros (como era tradición en el GATT), los Directores
Generales de la OMC son figuras políticas, en general
ex-políticos.
Funcionamiento: Mientras que en el
GATT podía pasar una década sin encuentros
ministeriales, en la OMC, los firmantes deben reunirse por lo
menos una vez cada dos años.

Como se ha dicho, la OMC funciona básicamente
mediante rondas de negociación de la Conferencia
Ministerial. Con posterioridad a la ronda fundacional de la OMC,
la Ronda Uruguay (1986-1993), se desarrollaron las siguientes
Conferencias Ministeriales:

1996: 1ª, Singapur. Produce una
Declaración Ministerial y otra sobre comercio de
productos de
tecnología de la información (esta
última firmada por 18 miembros)
1998: 2ª, Ginebra. Produce una
Declaración Ministerial y otra sobre comercio
electrónico.
1999: 3ª, Seattle (también
conocida como Ronda del Milenio). La
reunión fracasa por las protestas masivas (ver: La
batalla de Seattle) y no produce ninguna
declaración.
2001: 4ª, Doha. Produce varias
declaraciones y decisiones conocidas como "Programa de
Doha".
2003: 5ª, Cancún. No
logra acordar ninguna declaración debido al desacuerdo
de los países desarrollados con la posición del
G-21 (integrado por países del Sur) reclamando la
eliminación de los subsidios agrícolas en
países desarrollados.
2005: 6ª, Hong Kong. Se aprueba
una Declaración Ministerial y una Lista de Preguntas a
los Ministros que incluye 5 puntos directamente referidos al
proteccionismo en la agricultura,
y otros 3 sobre productos no agrícolas.

Funcionamiento

En general, se puede decir que la OMC es:

Un mecanismo para el intercambio de
compromisos en materia de política
comercial.
Un código de conducta: una
serie de compromisos legales específicos que regulan las
políticas comerciales de los Estados
miembros.

En cuanto al segundo punto, este código
de conducta emerge de un proceso de negociación que incluye (a pesar de no
estar limitado a) una serie de compromisos legales para reducir
las barreras al comercio. Así pues, estos compromisos se
encuentran estipulados en los distintos acuerdos alcanzados:
GATT, GATS y TRIPS. La OMC constituye un marco o estructura de
normas y disciplinas para las políticas relacionadas con
el comercio, es decir, que la OMC como organización no
define ni especifica el resultado de las rondas de
negociación, sino que este resultado depende de los
acuerdos alcanzados por los Estados miembros dentro de dicha
estructura.

Para entender exactamente en qué consiste dicho
código de conducta, se considera que
existen cinco principios o dimensiones de la OMC
que son de particular interés para entender su
funcionamiento. Estos cinco principios
configuran la base legal sobre la que los Estados miembros pueden
llegar a acuerdos, sin que estos acuerdos puedan violar ninguno
de estos principios (es a estos principios a los que nos
referíamos al decir que la OMC es un marco o
estructura de normas):

La no discriminación.
La reciprocidad.
El principio de acuerdos vinculantes.
La transparencia.
Determinadas excepciones (safety
valves).

La no discriminación

El principio de no
discriminación tiene a su vez dos
componentes:

La norma de la Nación
Más Favorecida (NMF) (Most
Favoured Nation, MFN).
El principio de trato nacional
(National Treatment).

Estas dos normas o principios se encuentran en los
distintos acuerdos alcanzados sobre bienes,
servicios, y propiedad intelectual, pero su precisa naturaleza o
alcance difiere entre estas tres áreas. Esto es
especialmente cierto en el caso del Trato Nacional, que es un
compromiso específico y no general en el caso de los
servicios.

La norma de la Nación Más
Favorecida (NMF) requiere que un producto
producido en un Estado miembro
sea tratado de forma no menos favorecida que un producto
similar originario de cualquier otro país. Es
decir, supongamos que la Unión
Europea (UE) tiene un acuerdo particular con los Estados
Unidos por el cual a los coches deportivos
estadounidenses (supongamos que existiera tal categoría)
se les impone unos aranceles del 10%. Supongamos ahora que
China dentro
de unos años empieza a producir también coches
deportivos y pretende exportarlos a la UE. Imaginemos que
los coches deportivos chinos tienen un precio muy por
debajo de los estadounidenses y europeos (por ejemplo, debido a
que los trabajadores/as chinos/as tienen un salario mucho
inferior al europeo). Así pues, imaginemos que los
dirigentes políticos europeos deciden imponer a estos
coches chinos unos aranceles del 50% (puesto que así, al
entrar en el mercado europeo, su precio aumentará del 50%
y se encontrarán a un precio mucho menos inferior al de
los coches deportivos europeos o estadounidenses y por
tanto su capacidad de competir con los coches deportivos
europeos será mucho inferior). Pues bien, este comportamiento
estaría prohibido por el principio de la NMF: puesto que
la UE aplica aranceles del 10% a los coches deportivos
estadounidenses está obligada a aplicar el mismo arancel a
los coches deportivos chinos o de cualquier otro Estado
miembro de la OMC. Es más, el principio de la NMF se
aplica también si el Estado
miembro tiene un acuerdo con otro país que no sea miembro
de la OMC. Es decir, que si la UE tuviera un acuerdo bilateral
con Mongolia (que no es miembro de la OMC) por el cual los
aranceles impuestos a los
coches deportivos mongoles fuera del 5%, la UE
estaría obligada a garantizar unos aranceles
máximos del 5% a todos los Estados miembros de la
OMC.

La norma de la NMF se aplica
incondicionalmente, a pesar de que existen
excepciones. Las tres excepciones más importantes
son:

Las Zonas de Libre Comercio
(Free Trade Area) que son acuerdos entre países
por los cuales a las exportaciones se les deja de imponer arancel
alguno (un ejemplo es la NAFTA entre
EEUU, México y Canadá).
Las Uniones Aduaneras (Custom
Union) que son zonas de libre comercio pero dónde
los países no sólo dejan de imponer aranceles a
las exportaciones entre éstos sino que además
adoptan aranceles comunes para las importaciones
de países terceros (el ejemplo más conocido es la
UE).
Los acuerdos de trato preferencial
que son acuerdos entre países industrializados y en
desarrollo por los cuales los primeros dan un trato arancelario
preferencial (es decir, aranceles inferiores) a los
segundos.

El principio de trato nacional requiere
que, una vez los productos extranjeros hayan satisfecho
cualesquiera requisitos nacionales necesarios para poder ser
importados, sean tratados de manera no menos favorecedora que
productos similares o competitivos nacionales. Así pues,
este principio se aplica tanto a regulaciones fiscales como
políticas. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos
que los coches chinos se encuentran ya en la aduana de la UE
tras haber pagado el arancel del 10%. Supongamos ahora que la UE
ha decidido establecer a nivel europeo una nueva norma para
fomentar el comercio intraeuropeo. Digamos que dicha norma
consiste en una reducción fiscal del 10% de los costes de
transporte de los coches europeos para las empresas europeas que
producen dichos coches. Pues bien, según el principio de
Trato Nacional, la UE estaría obligada a
garantizar dicha reducción fiscal del 10% de los costes de
transporte en territorio europeo a todas las empresas chinas y de
los Estados miembros de la OMC que quisieran exportar coches en
territorio europeo.

En ambos casos, la obligación es de dar un trato
no menos favorable. Es decir, que un país puede
favorecer un determinado producto extranjero en relación
al nacional pero sujeto al principio de NMF, es
decir, que dicho trato favorecedor deberá ser garantizado
a todos los productos similares de cualquier
país extranjero miembro de la OMC. Lo contrario
también es cierto, es decir, que un país puede
favorecer un producto nacional en relación a uno
extranjero (por ejemplo con elevados aranceles sobre ese
producto), pero entonces el país deberá favorecer
dicho producto nacional en relación a
todos los productos similares de cualquier
país extranjero miembro de la OMC. En nuestro ejemplo
anterior, esto quiere decir que la UE no puede imponer aranceles
elevados a los coches chinos y bajos a los estadounidenses, pero
sí que podría imponerles aranceles bajos e iguales
(no discriminación) o aranceles elevados e
iguales a ambos países.

El principio de NMF tiene una serie de
objetivos económicos y políticos. En cuanto al
objetivo económico, si la política de un
país no discrimina entre países extranjeros, tanto
importadores como consumidores continuarán teniendo el
incentivo de comprar del país con un menor coste (es
decir, precio). En cuanto al objetivo político, la
NMF ofrece a los países pequeños
la posibilidad de impedir que países más grandes
darán mejor trato a competidores por razones de
Política Exterior. Además, el principio de
NMF, busca mantener la cooperación
mediante el incremento del coste de un país de desviarse
de sus compromisos, incrementando así la credibilidad de
estos compromisos. Siguiendo con el ejemplo anterior, si la UE
siguiera queriendo imponer tarifas a los coches chinos del 50%,
lo podría hacer, pero entonces tendría que
incrementar hasta ese nivel las tarifas impuestos a los coches de
cualquier otro país miembro de la OMC. Esto querría
decir que, de un día para otro, debido a la subida de los
aranceles, el precio de todos los coches no europeos en la UE se
incrementaría. Como seguramente la UE no quiere que sus
ciudadanos paguen más caros todos los coches no europeos,
finalmente decidirá ajustarse al compromiso que
había alcanzado con todos los miembros de la OMC: una
tarifa del 10%. Así el principio de la
NMF incrementa el coste de cualquiera de sus
miembros a desviarse de los compromisos previos
alcanzados.

El objetivo del principio de trato
nacional es que de igual forma, los compromisos de
reducción de aranceles, no sean contrarrestados mediante
el uso de impuestos o medidas similares. La obligación se
aplica siempre, se haya alcanzado o no un compromiso en materia
de aranceles, y cubre todos las políticas. En el principio
de trato nacional es irrelevante hasta
qué punto se le produce un daño
económico al exportador extranjero mediante una ley o
norma nacional, lo que importa es si esta ley discrimina entre
productores nacionales y extranjeros.

El
principio de reciprocidad

El principio de reciprocidad se aplica
en el momento en que existen negociaciones para la entrada de un
nuevo miembro a la OMC. Cuando un país quiere formar parte
de la OMC el resto de Estados miembros están obligados a
garantizar las tarifas acordadas al resto de Estados miembros,
tal y como se ha descrito más arriba, debido al principio
de la NMF. En nuestro ejemplo, si China quisiera
formar parte de la OMC, el resto de países de la OMC, en
nuestro ejemplo, la UE y los EEUU, tendrían que garantizar
a los productos chinos las mismas tarifas que las aplicadas al
resto de miembros, en nuestro ejemplo, una tarifa del 10% para
los coches. El principio de reciprocidad implica
que el resto de Estados miembros pueden decidir, como requisito
para la entrada de China a la OMC, que ésta baje a su vez
las tarifas que aplica a determinados productos provenientes de
Estados miembros.

El objetivo del principio de
reciprocidad es impedir el free riding.
Es decir, que un país con tarifas elevadas que quiera
entrar a formar parte de la OMC, se beneficie de unas tarifas
bajas en todos los miembros de la OMC para sus productos (por el
principio de la NMF) y el país pueda
seguir imponiendo tarifas elevadas para los productos de los
miembros de la OMC.

La solución de
diferencias (dispute settlement)

La OMC es una de las pocas organizaciones
internacionales que dispone de un órgano de
solución de diferencias. Para el lector que lo conozca, se
trata de un sistema muy similar al Derecho de la UE. Los
compromisos de reducción de tarifas se enumeran en listas
de concesiones (por ejemplo, el país X tiene una tarifa de
Y en tal producto). Estas listas establecen
límites obligados (ceiling
binds): el país concernido no puede incrementar las
tarifas por encima de éstos límites
(con límites para cada producto extranjero).

En ocasiones, un país puede ser acusado de haber
incrementado las tarifas. Sin embargo éste no es el caso
más frecuente. Puesto que controlar las tarifas impuestas
por el país es sencillo, basta con saber el
importe pagado por la empresa
exportadora y si dicha tarifa es superior al
límite obligatorio estipulado. En cambio,
la mayoría de problemas se derivan de otras acusaciones.
En particular, la mayoría de casos se dan por supuestas
violaciones del principio de trato nacional, es
decir, porque un miembro considera que las normas nacionales
discriminan a sus productores (exportadores) en relación a
los nacionales del país.

Si un país considera que las acciones llevadas a
cabo por otro miembro tienen como efecto anular o perjudicar las
negociaciones de acceso al mercado o cualquiera de las normas de
la OMC, puede pedirle al gobierno de dicho
miembro que cambie estas normas o le permita un mayor acceso a su
mercado (reducción de tarifas) en otros productos que al
país interesen. Si no se llega a un acuerdo, el
país puede iniciar una acción
legal contra el miembro mediante la solución de
diferencias de la OMC. Esto implica la constitución de un panel
de expertos encargados de determinar si la medida del miembro
contestada por el país viola los acuerdos de la OMC.
Puesto que la OMC es un acuerdo intergubernamental (entre
países), solamente los gobiernos tienen derecho a llevar
un caso ante un panel.

Es muy importante entender como funciona el sistema de
solución de diferencias para entender el
funcionamiento de la OMC en sí. La OMC no puede obligar a
un país a reducir sus tarifas puesto que no dispone de
poder coercitivo (no dispone de policía) que puedan hacer
cumplir las decisiones de los panels. En cambio,
cuando un país acusa a otro de llevar a cabo acciones que
perjudican su acceso al mercado y que son contrarias a las normas
de la OMC, el panel, de la misma forma que
haría un tribunal, decide si las normas de la OMC fueron
violadas o no. Si considera que no ha habido violación
alguna, se mantiene el status quo. Si en cambio
considera que sí hubo violación, entonces autoriza
al país afectado por tal violación a tomar medidas
unilaterales en represalia. Por ejemplo, supongamos de nuevo que
la UE decide llevar a cabo una reducción fiscal del 10% a
los costes de transporte de empresas europeas productoras de
coches. Supongamos que tal medida es considerada discriminatoria
y viola el trato nacional puesto que las
empresas extranjeras no se pueden beneficiar de dicha
reducción. Entonces el panel decide cual
es el daño aproximado, medido en dinero, que se le ha
producido al país que denunció las acciones del
otro miembro[] . Una vez contabilizado dicho
daño, el país afectado puede iniciar medidas de
represalia, es decir, una subida en las tarifas aplicadas a los
productos del otro miembro que equivalga al daño
económico que este miembro le causó.

Se deben de tener en cuenta diversos aspectos de este
sistema de solución de diferencias.
Continuando con el ejemplo anterior, supongamos que el
panel decide dar la razón a China, cuyas
empresas no se pueden beneficiar de la reducción fiscal
del 10% en costes de transporte en europa.
Así pues, China y la UE podrían llegar a un
acuerdo. Por ejemplo, China podría incrementar las tarifas
que impone a los productos provenientes de la UE por un valor
igual al daño económico causado por las acciones de
la UE a China. Podría suceder también que la UE
decidiera eliminar dicha norma por no convenirle la subida de
tarifas por parte de China. Es importante notar que en este caso
la UE podría seguir llevando a cabo la política
deseada (una reducción fiscal del 10%) si así lo
decidiera, sin que la decisión del panel
entorpeciera la soberanía de la UE en decidir qué
medida llevar a cabo. Ahora bien, supongamos en cambio que en
otro caso, Burkina Faso acuse a la UE de llevar a cabo una medida
similar que haya disminuido el acceso del maíz
producido por sus agricultores al mercado europeo. Supongamos que
el panel da la razón a Burkina Faso y le
autoriza a tomar medidas en represalia. Pero imaginemos que
Burkina Faso importa de la UE bienes de capital que utilizan sus
empresas y productos farmacéuticos únicamente. Como
a Burkina Faso no le interesa incrementar las tarifas impuestas a
estos productos, básicamente porque esto
encarecería las máquinas
que utilizan sus empresas o los medicamentos que pagan sus
ciudadanos, las acciones de la UE quedan impunes.

Así pues, aunque el sistema de
solución de diferencias impide la
represalia unilateral de un país (puesto que antes debe
pasar el juicio del panel), la capacidad real de
un país de responder a una acción de otro miembro
que reduzca el acceso a su mercado depende de las
características económicas de los países que
se enfrenten. Esto es particularmente importante para
países con una economía pequeña puesto que,
dadas sus características, las medidas de represalia
pueden ser poco efectivas o creíbles, incentivando
así a que se infrinjan las normas contra los intereses de
estos países.

Los principios de no
discriminación, reciprocidad y
la solución de diferencias tienen como
objetivo conjunto asegurar el tercero de los cinco
principios de la OMC, el principio de
acuerdos vinculantes, puesto que aseguran el
cumplimiento de los compromisos alcanzados en el seno de la
OMC.

La
transparencia

Una precondición para la aplicación de los
acuerdos es la información sobre los régimenes
comerciales. La transparencia es una
obligación legal, incluida en el Artículo X GATT,
Artículo III del GATS y Artículo 63 TRIPS. Los
miembros están obligados a publicar sus normas en materia
de comercio, a establecer y mantener instituciones permitiendo la
revisión de las decisiones administrativas que puedan
afectar al comercio, a responder a las demandas de
información por parte de otros miembros, y a notificar a
la OMC cualquier cambio en la política
comercial.

Estos requisitos de transparencia interna se suplementan
con el control multilateral que ejercen los propios miembros de
la OMC, facilitado además por informes nacionales
periódicos que son preparados por el secretariado y
discutidos en el Consejo de la OMC. Esto configura el llamado
Mecanismo de Revisión de Políticas
Comerciales.

La transparencia es sin duda vital para
asegurar la titularidad de la OMC como
institución: si los ciudadanos no saben en qué
consiste la organización, su legitimidad queda erosionada.
El Mecanismo de Revisión de Políticas Comerciales
es una fuente importante de información que puede ser
usada por la sociedad civil
para valorar cuáles son las implicaciones del conjunto de
políticas comerciales llevadas a cabo por los gobiernos.
Desde un punto de vista económico, la
transparencia puede ayudar también a
reducir la incertidumbre acerca de las políticas
comerciales de cada miembro, reduciendo así el risk
premia requerido por los inversores.

Las
excepciones

En la OMC no existen excepciones ad hoc: si un
miembro quiere desviarse de sus compromisos, debe invocar la
excepción apropiada o renegociar sus
compromisos.

En cualquier caso, existen bastantes provisiones en los
acuerdos admitiendo excepciones a las obligaciones
básicas (límites tarifarios, prohibición de
restricciones cuantitativas, no discriminación, etc.). Estas excepciones se
pueden agrupar en tres categorías:

Excepciones de carácter industrial:
medidas inconsistentes con las obligaciones de la OMC y que en
general reflejan el deseo de un Estado miembro de asistir a una
industria
específica en su competencia con
las importaciones extranjeras. El objetivo es pues la
protección de las empresas nacionales.
Excepciones que afectan a la economía
en general: políticas enfocadas a un problema
macroeconómico o de oferta de un
bien público (sanidad o seguridad
pública por ejemplo). A diferencia de la anterior
excepción, cuyo único objetivo es el de proteger
a un determinado grupo de la sociedad (empresas y
trabajadores/as de éstas), ésta tiene como
objetivo incrementar el bienestar general.
Excepciones institucionales o
sistémicas: motivadas por el deseo general de
los miembros en tratar un problema específico de
algún miembro o salvaguardar el funcionamiento del
sistema comercial en su conjunto.

Está compuesta por 151 países (julio,
2007) y su máxima autoridad es la Conferencia Ministerial,
que se reúne al menos una vez cada dos años. Las
operaciones cotidianas de la organización están a
cargo del Consejo General, del Órgano de Solución
de Diferencias y del Órgano de Examen de las
Políticas Internacionales. La OMC es el único de
los organismos multilaterales con capacidad reconocida para
sancionar a los países miembros por el incumplimiento de
sus reglas. Lo hace a través del Órgano de
Solución de Diferencias (OSD) y sus Paneles de Expertos.
Estos Paneles de Expertos actúan como un tribunal cuando
un país o grupo de países miembros denuncian a otro
país por incumplir algún acuerdo de la OMC. Las
resoluciones del Panel de Expertos son vinculantes y pueden
derivar en sanciones comerciales. La OMC ha sido a menudo acusada
de aplicar sus sanciones de forma desigual, tratando con rigidez
a los países de la periferia, mientras que se lava la cara
en las potencias económicas del centro. De hecho, no en
pocas ocasiones ha resultado que los expertos del Panel de la OSD
no son otros que directivos de destacadas empresas
transnacionales.

A diferencia de otros organismos multilaterales como el
Banco Mundial o el FMI, funciona bajo la máxima de un
país, un voto. Las decisiones se toman por consenso:
cualquier acuerdo que se alcance en las negociaciones debe ser
mediante el consenso “explícito” de todas las
partes, de tal forma que cualquier país puede, en teoría,
bloquear un acuerdo. A pesar de la apariencia democrática
de este proceso de toma de decisiones, alrededor del mismo se
despliegan una serie de mecanismos y presiones que convierten la
OMC en una institución totalmente
antidemocrática.

La OMC, al igual que el GATT, funciona a través
de Rondas de Negociación. En cada Ronda se plantean una
serie de sectores y subsectores a liberalizar, así como
otras cuestiones de funcionamiento e implementación de los
acuerdos. A lo largo de las diferentes Rondas (que acostumbran a
durar años), la OMC convoca lo que llama Conferencias
Ministeriales, donde se toman efectivamente los
acuerdos.

Entre conferencia y conferencia se realizan reuniones de
trabajo de las diversas comisiones que van limando las
diferencias sobre los temas que hay que negociar. A lo largo de
la historia del GATT
ha habido ocho Rondas de Negociación, y actualmente
estamos en medio de la primera Ronda de Negociaciones desde que
se creó la OMC, la cínicamente llamada “Ronda
del Desarrollo”. Esta Ronda fue iniciada en la Conferencia
Ministerial de Doha, en
2001.

Críticas No
liberalización del comercio agrícola

La no liberalización del comercio agrícola
ha sido una de las principales críticas por parte de
amplios sectores de la sociedad civil. En ocasiones estas
críticas se han dirigido a la OMC, a pesar de que
ésta como tal no controle el resultado de los compromisos:
son los Estados miembros, no la OMC, quienes deciden si permitir
que los productos agrícolas extranjeros puedan tener un
mayor acceso a sus respectivos mercados.

Lo cierto es que el sector agrícola es uno de los
menos liberalizados, es decir, uno de los sectores dónde
los principales mercados (EEUU, Japón y
la UE) aplican tarifas más elevadas a las importaciones
provenientes del extranjero. En la UE, la Política
Agrícola Común (PAC) impide el acceso de muchas
exportaciones de productos agrícolas para proteger a los
agricultores europeos de la competencia de otros países.
En EEUU, un complejo sistema de subsidios protege de igual forma
a sus respectivos agricultores. No solamente no permiten el
acceso a sus mercados sino que, además, en algunos casos
determinados, debido a unos precios
nacionales superiores a los mundiales causados por dicha
protección (por ejemplo en la UE), se incentiva el
incremento de la producción en estos países. Se han
dado casos en los que países industrializados han
producido un excedente de productos agrícolas, por los
precios nacionales superiores a los mundiales (que incentivan al
agricultor a producir más para ganar más). Como el
país industrializado no tiene la suficiente demanda para
satisfacer toda la producción, ni formas de almacenar los
productos agrícolas (entre otras cosas porque muchos son
perecederos), se decide exportar dicho excedente. El problema es
que, al exportar estos productos, se incrementa su oferta en el
mercado mundial y a mayor oferta, se reduce su precio a nivel
mundial o incluso llegan tales productos a países en
desarrollo que no pueden competir con ellos, no porque sean menos
competitivos, sino porque el país industrializado de
turno, al ofrecer un subsidio a sus agricultores facilita el que
éstos puedan venderlos más baratos. El problema se
agrava aún más si se tiene en cuenta que en los
países desarrollados tan sólo alrededor de un 5% de
la población activa trabaja en la agricultura,
mientras que en los países en desarrollo el porcentaje
puede alcanzar hasta el 80% de la población. Es así
como la protección garantizada a unos pocos agricultores
(pagada con el dinero del
contribuyente que tiene que pagar precios más altos o
sufragar el gasto de los subsidios a los agricultores de su
país), acaba impidiendo el acceso al mercado de los
países ricos a los agricultores que más lo
necesitan o incluso acaban reduciendo el precio de las
exportaciones de éstos, con las evidentes consecuencias en
su renta.

La no apertura de los mercados de los países
ricos a los productos agrícolas ha sido motivo de duras
luchas por parte de los países en desarrollo. El problema
es que, debido a la forma en que se ha configurado el sistema
propio de la OMC, no existe por parte de los países ricos
un interés especial en permitir dicho acceso. En la OMC
cada acuerdo se negocia: el país X rebaja sus tarifas en
tal producto que exporta el país Y si a su vez el
país Y rebaja sus tarifas en tal otro producto que exporta
X. Con este sistema se liberaliza el comercio sin que un
país pierda toda su protección a cambio de nada y
por lo tanto ambos países puedan ganar con dicha
liberalización. El problema es que los países
pobres tienen poca cosa que ofrecer a los ricos, como son pobres
y tienen una demanda poco importante, no pueden ofrecer a los
países ricos la apertura de sus mercados en otros
productos a cambio de que los ricos abran sus mercados
agrícolas, porque los mercados de los países pobres
no son importantes para las exportaciones de los países
ricos. Es así como el sistema lesiona el poder de
negociación de los países pobres.

Sin duda alguna se trata de un problema complejo de
difícil solución. En primer lugar, están los
agricultores de los países ricos que presionan al gobierno
para que no deje de protegerlos. Además, a pesar de que en
conjunto, la población ocupada en el sector agrario en los
países industrializados es muy reducida, también es
cierto que ésta no se reparte homogéneamente por
todo el territorio, y existen zonas de estos países donde
la agricultura es todavía hoy importante. Así pues,
si se decidiera desproteger a estos agricultores sin una ayuda
alternativa, muchas zonas rurales podrían perder parte de
su actividad económica, incentivando así la
despoblación de zonas rurales y el incremento de la
población en zonas urbanas. En segundo lugar, existen
también argumentos de seguridad
alimentaria. Quienes defienden este argumento consideran
que es mejor que el propio país produzca sus alimentos para no
verse afectado por una posible disminución de las
importaciones que provocaran la escasez de
alimentos. Este argumento ha recibido duras críticas por
parte de quienes consideran que la liberalización del
comercio en el sector agrícola reduciría este
problema más que acrecentarlo: si un país puede
exportar y otro importar libremente, es difícil pensar en
una situación dónde no existiera a escala mundial
un excedente de producción alimentaria que supliera la
escasez en otro lugar del mundo, especialmente si hablamos de
países ricos que pueden permitirse pagar los alimentos a
precios más elevados (como de hecho ya lo están
haciendo los ciudadanos europeos o estadounidenses, entre
otros).

Críticas al funcionamiento
sistémico de la OMC

Los países del Sur han denunciado repetidamente
las irregularidades en los procesos de
negociación en el seno de la OMC. Mantener posiciones
extremas hasta el último momento para conseguir acuerdos
intermedios, negociar en pequeños grupos de
países marginando a los países menos
importantes (“sala verde”), etc. Son todas
ellas estrategias
comunes en las negociaciones en el seno de la OMC. La
relación desigual entre los países ricos y la
mayoría de países empobrecidos es un factor
determinante en este tipo de negociaciones. Ningún
país empobrecido tiene la capacidad de hacer frente
unilateralmente a un bloqueo de las negociaciones. Cada
país tiene por lo menos un punto vulnerable en su
relación con EEUU, UE y Japón, los mercados
más interesantes para la exportación. Como demostraron los
países del Sur en la Conferencia Ministerial de
Cancún con la creación del G23, la única
forma de contrarrestar este tipo de estrategia es hacerle frente
unidos puesto que el mercado de un país en vias de
desarrollo puede no parecer interesante pero el de muchos de
ellos conjuntamente sí lo es.

Además, estos documentos no siempre se elaboran
con el tiempo
suficiente para estudiarlos y evaluarlos, sobre todo para
aquellos países con menos recursos que cuentan con menos
técnicos a su disposición. A pesar de que este
aspecto puede parecer trivial, es de vital importancia. La OMC
son un conjunto de acuerdos muy complejos que necesitan de
juristas, economistas, etc. para que puedan ser analizadas en
detalle las consecuencias de cada compromiso. A pesar de que la
OMC pone a disposición de los países en desarrollo
a algunos de sus empleados, la diferencia entre pobres y ricos es
enorme. En la última Conferencia Ministerial de
Cancún, por ejemplo, la propuesta de la declaración
final fue entregada a los delegados sólo 30 horas antes de
la hora límite para alcanzar un acuerdo. Las delegaciones
estuvieron discutiendo hasta altas horas de la
madrugada[]

La falta de
transparencia

Uno de los aspectos más criticados en cuanto a la
transparencia de la OMC son las llamadas negociaciones de la
Sala Verde (Green Room), un sistema de
reuniones informales establecidas durante la Ronda de Uruguay,
llamadas así por el color de la
habitación donde se realizaban. En estas reuniones, un
número reducido de países, con interés en el
tema que va a ser negociado, se encuentran para llegar a un
acuerdo que, más tarde, debe ser ratificado, por consenso,
por todos los países miembros (entre los cuales hay muchos
que no han sido invitados a las reuniones). Este mecanismo se
repitió en Seattle, y fue uno de los motivos más
importantes del fracaso de la conferencia, ya que los
países africanos y otros de la periferia se plantaron ante
esta situación y se negaron a ratificar la
declaración final (en la negociación de la cual no
habían participado, ya que habían sido marginados
de las negociaciones de la "sala verde" durante toda la
conferencia). Los procesos en la Green Room
fueron objeto de críticas durante la década de los
noventa, especialmente por parte de países en desarrollo y
ONGs preocupadas por la falta de transparencia, por ser ambos
excluídos de dichos procesos.

Han habido distintas propuestas durante décadas
para formalizar las negociaciones en la Sala
Verde mediante la creación de un comité
ejecutivo que administre la agenda de la OMC, con un
núcleo permanente de miembros basado en criterios
acordados, como por ejemplo la proporción del comercio
mundial manejado por cada país, junto a un grupo rotativo
de países más pequenyos. A día de hoy, no se
ha conseguido progreso en esta dirección. Determinados autores consideran
que el abuso de negociaciones en la Sala Verde
por parte de los miembros de la OMC es innecesario. En cualquier
caso y a pesar de que una mayor transparencia es sin duda
necesaria y siempre aconsejable para la organización,
otros autores consideran que un mecanismo similar a las
negociaciones en la Sala Verde (dónde
determinados miembros se reúnan para discutir sobre
políticas comerciales que afecten única o
principalmente a éstos sin la participación de
otros miembros) parece inevitable en una organización con
un número tan elevado de miembros.

Otra crítica
frecuente dirigida a la OMC es que no existe acceso libre a todos
los datos generados por la OMC. Por ejemplo, no existe el acceso
libre a la Base de Datos
Integrados de la OMC, que comprende los datos sobre los
límites tarifarios a los que los miembros se han
comprometido. A pesar de que los límites tarifarios son el
núcleo de la OMC, es muy complicado su análisis por parte de cualquier
investigador externo puesto que esto requiere el análisis
de una cantidad fenomenal de datos. Sin embargo, el Secretariado
de la OMC organiza y recoge de manera más comprensible
todos estos datos pero únicamente tienen acceso a ellos
los gobiernos de los Estados miembros.

Miembros y
observadores

La OMC agrupa a sus estados miembros, a estados
observadores como es el caso de Argelia o Andorra y
también a organizaciones como la ONU y el Banco
Mundial.

La Unión Europea (UE) posee estatus de miembro.
Su denominación a efectos de la OMC es, por razones
jurídicas, las Comunidades Europeas.

151 Miembros al 27 de julio de 2007 (con
fecha de su adhesión).

Albania 8 de septiembre de 2000, Alemania
1°de enero de 1995, Angola 23 de noviembre de 1996, Antigua y
Barbuda 1°de enero de 1995, Arabia Saudita 11 de diciembre de
2005, Argentina 1°de enero de 1995, Armenia 5 de febrero de
2003, Australia 1°de enero de 1995, Austria 1°de enero de
1995, Bahrein, Reino de 1°de enero de 1995, Bangladesh
1°de enero de 1995, Barbados 1°de enero de 1995,
Bélgica 1°de enero de 1995, Belice 1°de enero de
1995, Benin 22 de febrero de 1996, Bolivia 12 de
septiembre de 1995, Botswana 31 de mayo de 1995, Brasil 1°de
enero de 1995, Brunei Darussalam 1°de enero de 1995, Bulgaria
1°de diciembre de 1996, Burkina Faso 3 de junio de 1995,
Burundi 23 de julio de 1995, Camboya 13 de octubre de 2004,
Camerún 13 de diciembre de 1995, Canadá 1°de
enero de 1995, Chad 19 de octubre de 1996, Chile 1°de enero
de 1995, China 11 de diciembre de 2001, Chipre 30 de julio de
1995, Colombia 30 de
abril de 1995, Comunidades Europeas 1°de enero de 1995, Congo
27 de marzo de 1997, Corea, República de 1°de enero de
1995, Costa Rica
1°de enero de 1995, Côte d'Ivoire 1°de enero de
1995, Croacia 30 de noviembre de 2000, Cuba 20 de
abril de 1995, Dinamarca 1°de enero de 1995, Djibouti 31 de
mayo de 1995, Dominica 1°de enero de 1995, Ecuador 21 de
enero de 1996, Egipto 30 de
junio de 1995, El Salvador 7
de mayo de 1995, Emiratos Árabes Unidos 10 de abril de
1996, Eslovenia 30 de julio de 1995, España
1°de enero de 1995, Estados Unidos de América
1°de enero de 1995, Estonia 13 de noviembre de 1999, Ex
República Yugoslava de Macedonia (ERYM) 4 de abril de
2003, Fiji 14 de enero de 1996, Filipinas 1°de enero de 1995,
Finlandia 1°de enero de 1995, Francia
1°de enero de 1995, Gabón 1°de enero de 1995,
Gambia 23 de octubre de 1996, Georgia 14 de junio de 2000, Ghana
1°de enero de 1995, Granada 22 de febrero de 1996, Grecia
1°de enero de 1995, Guatemala 21
de julio de 1995, Guinea 25 de octubre de 1995, Guinea-Bissau 31
de mayo de 1995, Guyana 1°de enero de 1995, Haití 30
de enero de 1996, Honduras 1°de enero de 1995, Hong Kong,
China 1°de enero de 1995, Hungría 1°de enero de
1995, India 1°de
enero de 1995, Indonesia 1°de enero de 1995, Irlanda 1°de
enero de 1995, Islandia 1°de enero de 1995, Islas
Salomón 26 de julio de 1996, Israel 21 de
abril de 1995, Italia 1°de
enero de 1995, Jamaica 9 de marzo de 1995, Japón 1°de
enero de 1995, Jordania 11 de abril de 2000, Kenya 1°de enero
de 1995, Kuwait 1°de enero de 1995, Lesotho 31 de mayo de
1995, Letonia 10 de febrero de 1999, Liechtenstein 1°de
septiembre de 1995, Lituania 31 de mayo de 2001, Luxemburgo
1°de enero de 1995, Madagascar 17 de noviembre de 1995,
Macao, China 1°de enero de 1995, Malasia 1°de enero de
1995, Malawi 31 de mayo de 1995, Maldivas 31 de mayo de 1995,
Malí 31 de mayo de 1995, Malta 1°de enero de 1995,
Marruecos 1°de enero de 1995, Mauricio 1°de enero de
1995, Mauritania 31 de mayo de 1995, México 1°de enero
de 1995, Moldova 26 de julio de 2001, Mongolia 29 de enero de
1997, Mozambique 26 de agosto de 1995, Myanmar 1°de enero de
1995, Namibia 1°de enero de 1995, Nepal 23 de abril de 2004,
Nicaragua 3 de septiembre de 1995, Nigeria 1°de enero de
1995, Níger 13 de diciembre de 1996, Noruega 1°de
enero de 1995, Nueva Zelandia 1°de enero de 1995, Omán
9 de noviembre de 2000, Países Bajos — Para el Reino
de los Países Bajos en Europa y para las Antillas
Holandesas 1° de enero de 1995, Pakistán 1°de
enero de 1995, Panamá
6 de septiembre de 1997, Papua Nueva Guinea 9 de junio de 1996,
Paraguay
1°de enero de 1995, Perú 1°de enero de 1995,
Polonia 1°de julio de 1995, Portugal 1°de enero de 1995,
Qatar 13 de enero de 1996, Reino Unido 1°de enero de 1995,
República Centroafricana 31 de mayo de 1995,
República Checa 1°de enero de 1995, República
Democrática del Congo 1°de enero de 1997, República
Dominicana 9 de marzo de 1995, República Eslovaca
1°de enero de 1995, República Kirguisa 20 de diciembre
de 1998, Rumania 1°de enero de 1995, Rwanda 22 de mayo de
1996, Saint Kitts y Nevis 21 de febrero de 1996, Santa
Lucía 1°de enero de 1995, San Vicente y las Granadinas
1°de enero de 1995, Senegal 1°de enero de 1995, Sierra
Leona 23 de julio de 1995, Singapur 1°de enero de 1995, Sri
Lanka 1°de enero de 1995, Sudáfrica 1°de enero de
1995, Suecia 1°de enero de 1995, Suiza 1°de julio de
1995, Suriname 1°de enero de 1995, Swazilandia 1°de enero
de 1995, Tailandia 1°de enero de 1995, Taipei Chino 1°de
enero de 2002, Tanzanía 1°de enero de 1995, Togo 31 de
mayo de 1995, Tonga 27 de julio de 2007, Trinidad y Tabago
1°de marzo de 1995, Túnez 29 de marzo de 1995,
Turquía 26 de marzo de 1995, Uganda 1°de enero de
1995, Uruguay 1°de enero de 1995, Venezuela
(República Bolivariana de) 1°de enero de 1995, Viet
Nam 11 de enero de 2007, Zambia 1°de enero de 1995, Zimbabwe
5 de marzo de 1995