Chrisis ethica en el considerado Tribunal de Ética

1. Fueros personales en el Tribunal de
   Disciplina
2. Denuncias
   por infracciones éticas contra abogados miembros " ad
   honorem" del Tribunal de Disciplina
3. Otras
   demostraciones de impune arbitrariedad
5. Posible
   reserva de derechos para recurrir ante la O.E.A.

I.- FUEROS PERSONALES EN
EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

El art.16 Constitución Nacional dispone que no se
admiten pre­rrogativas de sangre, ni de
naci­miento: no hay en ella fueros personales ni
títulos de no­bleza, todos sus ha­bitantes son
iguales ante la ley.

En desmedro de ese principio, existiría el fuero
personal entre
los inte­grantes del Tribunal de Disciplina del
Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal; este fuero aparece creado por el mismo órgano, en
cuanto consideran que están por encima de cualquier
autoridad y
que no pue­den ser juzgados sino en excepcionales
circunstancias por un tribunal "ad hoc".

En este contexto, débese destacar que el art.1 de la
Ley 23187 dispone que el ejercicio de la profesión de
abogado se regirá por las prescripciones de esta ley y,
subsidiariamente, por las normas de los
códigos de pro­cedimientos nacionales.

Así débese rescatar, con especial
énfasis, la premisa fundamental que dispone la
protección de la libertad y de
la dignidad de la
profesión de abogado; ésta forma parte de las
fi­nalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones
podrán en­tenderse en un sentido que las menoscabe o
restrinja.

En congruencia con esas pautas fundamentales, el art.6 Ley
23187 dispone que son deberes específi­cos de los
abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en
leyes
especiales, los si­guientes: a) observar fielmente la
Constitución Nacional y la legislación que en su
consecuencia se dicte, (…) e) compor­tarse con lealtad,
probidad y buena fe en el desempeño profesio­nal. Ergo, es deber
de los abogados respetar el art16 de la Constitución N
acional que pro­clama: no se admite y  no hay en ella
fueros personales ni títu­los de nobleza porque todos
sus habitantes son iguales ante la ley.

Lamentablemente, el Tribunal de Disciplina del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal parece
con­siderar que está más allá de la ley
y más acá de la justicia,
observando que sus miembros consideran detentar fueros personales
y declaran, ad corpus, que están inmunes a cualquier
denuncia por infracciones éticas que se les atribuya.

Adviértese que omiten considerar que el art.20 de la
Ley 23187 declara las finalidades, las funciones, los
deberes y las facul­tades del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF). En­tre éstas,
la de ejercer el poder
disciplinario sobre los matriculados y ello implica que ese poder
también debe ejercerse so­bre los integrantes del
Tribunal de Disciplina porque éstos integran ese organismo
por ser aboga­dos matriculados.

Asimismo, para cumplir sus finali­dades (art.21 Ley 23187)
le corresponde esencialmente aplicar  las normas de ética
profesional que sancione la Asam­blea de Delegados, como
también toda otra disposición que haga al
funcionamiento del Colegio.

Así dispónese que los abogados matricu­lados
quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas
en esta ley por diversas causas (art.44 Ley 23187) y entre
éstas destácase el retardo o negligencia frecuente
o ineptitud manifiesta u omisiones graves en el cumplimiento de
sus deberes profesionales, refiérese el incumplimiento de
las normas de ética
profesional sancionadas por el Colegio y todo incumpli­miento
de las obligaciones o
deberes establecidos por esta ley.

Esta ley sustancial habilitó el dictado del Código
de ética, en cuyo art.1 puédese leer que sus
dispo­siciones son de aplicación a todo matriculado en
el ejercicio de la profesión de abogado e incluso a
aquellos que por su actuación les alcance en cuestiones
inherentes a su cargo o empleo (art.4
Ley 23187); ergo y de ahí, los vocales del Tribunal de
Disciplina siguen siendo abogados con especiales deberes de
prestar su concurso personal para el mejor éxito
de los fines del CPACF (art.11 Código de
ética).

En cuanto a la heteronomia, las disposiciones del
Código de ética no pueden ser modificadas o
de­jadas sin efecto, ni ex­cusarse deberes u obligaciones
profesionales por acuerdo de partes, por lo que son nulos los
convenios o acuerdos respecto de temas codificados o la
re­nuncia a su exigibilidad.

Ergo, es misión
esencial del abo­gado afianzar la justicia y la correcta
realización del derecho (art.6 Código de
ética), siendo que este deber ético y legal es
más exigible a los abogados convocados electoralmente para
integrar el tribunal administrativo.

Entre los deberes fundamentales del abogado está el de
utilizar las reglas de derecho para la solu­ción de
todo conflicto,
fundamentado en los principios de
lealtad, probidad y buena fe.

En su legal conse­cuencia y corres­pondiéndose
imbíbitamente, es deber fundamental del abogado prestar su
concurso personal para el mejor éxito de los fi­nes
del CPACF (art.11Código de ética) y, además,
el abogado electo miembro, de alguno de sus órga­nos,
tiene el deber de cumplir con lealtad y buena fe sus funciones
(art.13 Código de ética) poniendo abso­luta
di­ligencia en el cumplimiento de su mandato.