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Desplazamiento forzado en Colombia, problema de todos (página 2)



Partes: 1, 2

 En este orden de ideas, no todos los actores cumplen con
sus funciones, aunque
tienen la capacidad institucional para asumir las competencias,
falta una legislación clara y una descentralización de la política, con el
objetivo de
llegar verdaderamente donde se encuentra la población. Aunque, es de aclarar, que a la
fecha no existen procesos de
mejoramiento para la definición de las competencias de los
actores involucrados por parte del Estado.

De otro lado, hay un alto grado de dependencia de la
población desplazada respecto del Gobierno; y
así mismo, el Gobierno tiene una alta dependencia de los
recursos que
proporcionan los actores externos, principalmente el gobierno de
los Estados Unidos,
ya que el asignado en el presupuesto
plurianual de la Nación
es de tan solo 0.01 % equivalente a $ 2.539.056.000,
oo[4], mientras que el aporte de
los Estados Unidos es de $8.204.315.150, oo.,  para el
año 2008.

De esta manera, la población desplazada es altamente
sensible con relación a las acciones que
desarrolle el Gobierno, puesto que sus malas decisiones
reflejadas en sus malos resultados, recaerán en los
desplazados.

Asimismo, el Gobierno es altamente sensible con respecto a las
decisiones que toman los Estados Unidos con relación a
continuar con los aportes que se otorgan mediante el programa del
Plan Colombia, en
donde es claro que existen intereses tácitos por parte de
los Estados Unidos al hacer aportes a la problemática
colombiana de desplazamiento, ya que lo hace como una de sus
estrategias para
combatir el narcotráfico, y según estudios, un
gran número de los desplazados toman como opción de
trabajo
convertirse en raspachín, lo que genera una alta
vulnerabilidad por parte del gobierno colombiano respecto a la
solución del problema y por otra parte no tiene capacidad
de respuesta frente a la afectación en el caso de
reducción de los ingresos
provenientes de los actores externos al incrementarse el trafico
de cocaína.

Estando el Gobierno colombiano en un alto grado de
vulnerabilidad se genera situaciones de conflicto, lo
que se comprueba con la escasa confianza entre las diferentes
entidades que son parte del gobierno y las ONG`s para
desarrollar acciones conjuntas. Una de las causas de la
desconfianza y credibilidad en el gobierno se debe a las
discrepancias que producen el hecho de no tener claridad en el
número de personas desplazadas.  El gobierno, a
través de Acción
Social de la Presidencia de la
República administra el Sistema
Único de Registro (SUR),
en el cual debe inscribirse la población desplazada como
requisito para acceder a la oferta de
atención estatal; pero la cifra que
proporciona el SUR no es aceptada por el CODHES. Oficialmente se
dice que hay 2.459.613 (Acción Social
2008)[5] desplazados, mientras que
la CODHES dice que hay 3.662.842 (CODHES
2008)[6].

Hoy se calcula que alrededor de tres millones de personas
viven en esta situación, lo que ubica a Colombia en el
segundo lugar de los países con desplazamiento interno en
el mundo, después de Sudán. Tres millones de
personas que se encuentran, la mayoría de ellas, en
condiciones de extrema pobreza, incluso
de indigencia (Ibáñez y Moya, 2006), lo cual
cuestiona, además de la vigencia de un Estado Social de
Derecho, la indolencia con el que el resto de colombianos y la
comunidad
internacional hemos visto engrosar, año tras año,
estas cifras[7].

Esta variación de las cifras puede deberse a las
diferentes concepciones de desplazado. Mientras que para el
Gobierno, se ha establecido como prioridad de su política
la promoción de los retornos de la
población desplazada, consistiendo está, en que la
persona que
habiendo estado en la condición de desplazada, recupera
las condiciones económicas y sociales en las que se
encontraba, por medio de la política del retorno al lugar
de donde fue desplazada o la reubicación en otro
territorio, deja de ser desplazado y por lo tanto es sacado del
SUR; en cambio para la
CODHES, por ejemplo entre otros, la condición de
desplazado no se pierde con el simple retorno o
reubicación, sino que requiere el restablecimiento
plenamente de los derechos de la
población desplazada, además se cuestiona que son
pocas las acciones que se toman en el momento de la
reubicación para la integración local y todavía menos en
el reasentamiento, dificultad para garantizar la sostenibilidad
de los retornos a mediano y largo plazo, en medio del
conflicto.

En este orden de ideas, consideramos que los propósitos
expresos del gobierno no son claros, en el sentido, de que no
responden a los intereses generales y no expresan claramente
cuáles son los objetivos de
la política pública de desplazamiento forzado.

Existe discrepancia entre las respuestas que se le dan a la
población desplazada; por un lado se busca el
resarcimiento de los derechos de la población desplazada y
por otro lado se da simplemente la provisión de
condiciones materiales
para la subsistencia de los mismos. En este sentido, hay
desbalances entre los distintos componentes de la política
hacia la población desplazada, se sigue poniendo
más énfasis en la atención de emergencia,
mientras que es muy débil la acción en la
estabilización socioeconómica y hay
escasísimos resultados en materia de
prevención del desplazamiento
(Forero)[8].

De esta manera no se esta cumpliendo con lo que la Corte
Constitucional en la Sentencia T-327 dispuso con relación
a la población desplazada, siendo está, "la persona
desplazada, además del derecho a ser atendida por el Estado,
tiene derecho a: (i) conocer la verdad acerca de quién fue
el causante del desplazamiento; (ii) a la justicia, para
que el desplazamiento como delito que es, no
quede en la impunidad, y
(iii) a la reparación de los daños
sufridos"(Informe
Diferencial)[9].

Igualmente, en el fenómeno del desplazamiento se
ocultan intereses económicos relacionados con "un
acelerado proceso de
concentración de la propiedad
rural en detrimento de la población, que tienen estrecha
relación con los cambios drásticos en el uso y
tenencia de tierras, que afecta principalmente a los
pequeños y medianos propietarios" (CIDH
211)[10].

BIBLIOGRAFÍA

1.       El Desplazamiento
Interno forzado en Colombia. Edgar Forero, Ideas para  la
paz 2003

2.       Informe Defensorial
sobre el desplazamiento forzado por la violencia en
Colombia. Bogotá, mayo de 2002.

  1. CIDH: "Tercer informe sobre la situación de derechos
    humanos en Colombia", Junio de 1999, pág. 211

4.       Acción Social de
la Presidencia de la Republica junio de 2008

  1. CODHES Junio de 2008

6.       Ley 387 de 1997,
por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención protección,
consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia

7.       Marta Inés Villa
Desplazamiento forzado en Colombia El miedo: un eje transversal
del éxodo y de la lucha por la ciudadanía

  1. Plan Plurianual de Inversión 2007-2011.DNP
  2. Ibáñez, Ana María y Moya,
    Andrés, 2006, ¿Cómo el desplazamiento
    forzado deteriora el bienestar de los hogares desplazados?
    Análisis y determinantes del bienestar en
    los municipios de recepción, Documento Cede,
    Bogotá, Universidad
    de los Andes.

 

 

 

 

 

Autor:

Jorge Enrique Díaz Varela

Néstor Daniel Alarcón Vanegas

[1] Ley 387 de 1997, por la cual
se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento
forzado; la atención protección,
consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia

[2] Marta Inés Villa
Desplazamiento forzado en Colombia El miedo: un eje transversal
del éxodo y de la lucha por la ciudadanía

[3]Entender estas disputas por
el control de
territorios, de poblaciones y, más allá de eso, por
la imposición de determinados órdenes sociales y
políticos -lo que la investigadora María Teresa
Uribe define como Soberanías en Vilo (Uribe, 1999) -, es
central para la comprensión del conflicto colombiano. El
Estado aparece como otro actor que hace parte de la disputa y no
como un tercero que ordena y regula lo cual explica por
qué también es nombrado en muchos casos como un
agente expulsor, responsable de los desplazamientos forzados
junto con la guerrilla y los paramilitares.

[4] Plan Plurianual de
Inversión 2007-2011

[5] Fuente Acción Social
de la Presidencia de la Republica dato a junio de 2008

[6] CODHES Junio de 2008

[7] Se ha dado un fuerte
debate en el
país a propósito de las "cifras reales" del
desplazamiento. La agencia gubernamental Acción Social, el
Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Consultoría para los Derechos Humanos,
Codhes, son los tres organismos que en el país suministran
información sobre las cifras del
desplazamiento forzado. Mientras la Pastoral Social y Codhes
hablan de 3.662.842 personas desplazadas desde 1985, el reporte
del gobierno es el de 2.459.613contando a partir de 1997. Entre
ellas no hay coincidencia en las unidades de medición y tampoco en los resultados.

No obstante todos coinciden en señalar que hay un
subregistro en las cifras puesto que no todas las personas que se
desplazan declaran su situación y no todas las que lo
hacen son reconocidas por los organismos oficiales como tal. A
propósito de este debate.

[8] El Desplazamiento Interno
forzado en Colombia. Edgar Forero, Ideas para  la paz
2003

[9] Informe Defensorial sobre el
desplazamiento forzado por la violencia en Colombia.
Bogotá, mayo de 2002.

[10] CIDH: "Tercer informe sobre
la situación de derechos humanos en Colombia", Junio de
1999, pág. 211

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