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Ideología e información: reflexiones acerca de las políticas de información en educación primaria en Uruguay (página 6)




Enviado por Fernando Montenegro



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

3) la función
económica, en el actual Uruguay
neoliberal, se torna ostensible en la extensión e
importancia que adquiere la misma. Las Políticas
son así direccionadas o focalizadas hacia aquellos
sectores de la población económicamente activa,
empleada o desempleada circunstancialmente, descuidando a los
sectores de la población que se encuentra en
situación de extrema pobreza, es
decir, sectores con poca o ninguna importancia desde el punto de
vista económico y político para el capital.

Tal como sugiere Santiago (2006), "Mientras
que la riqueza que ingresa al país siga sin redistribuirse
equitativamente no habrá ningún camino posible para
modificar la realidad social y el país -más
allá de los aplausos del FMI (por los
adelantos del pago de la deuda) y del Banco Mundial
(por la adecuación de la política
macroeconómica a sus visiones)- se seguirá
acumulando para cubrir la exigencia del superávit primario
y con ello pagar con regularidad los próximos vencimientos
de la deuda. Pero, ¿hasta cuándo? Hay alguna gente
que no puede esperar.."

Recapitulando, decimos que "Toda política
social é uma política do Estado.
Portanto, a delimitação de dereitos a ser
satisfeitos através das políticas sociais devem ser
garantidos através de determinações legais.
O conjunto destas determinações, expressas no
aparato jurídico-formal do Estado também
possibilita entender as lutas de classes que conformam o Estado.
[…] o Estado não é um bloco monolítico,
ainda que seja, na ordem burguesa, sempre, um Estado da classe
burguesa. Mas, permeado pelas lutas de classes, e submetido a
conjuras históricas específicas, o Estado vai se
moldando de tal forma a garantir a manutenção do
poder da
classe burguesa."
(Machado, 2004)

3.5.2. LAS POLÍTICAS SOCIALES DESDE
EL MARXISMO

El abordaje desde la perspectiva marxista de las
Políticas Sociales requiere, tal como lo expresa Coimbra
(1987, p. 86), subdividir la discusión en tres
áreas.

Es así, que el autor identifica, en primer
término, la obra de Marx; en segundo
lugar, identifica las ideas marxistas hasta 1970; y por
último, como tercera rama, la producción de los últimos
años, período en el que se produce un gran
incremento en investigaciones
marxistas sobre política social.

En lo que refiere a la obra del propio Marx, debemos coincidir
con Coimbra en que no existe en la obra marxiana una
teorización abocada en forma explícita al estudio
de Política Social.

No obstante, "Em parte, isto pode ser explicado pelo fato
de que, na altura em que escreveu, practicamente nenhuma das
modernas instituições de política social
havia surgido. Na Inglaterra,
país que estudou em maior detalhe, o que vigia era a
revisão feita em 1834 da Lei dos Pobres (Poor Law), a bem
dizer uma medida de "política anti-social". Na Alemanha, a
legislação bismarckiana apenas começava,
somente vindo a se consolidar após a morte de Marx."

(Coimbra, 1987, p. 86)

Sin embargo, debe considerarse que la obra de Marx ataca la
concepción de sociedad
capitalista, cuya organización social se opone radicalmente a
la idea de bienestar. "Poe-se dizer que, em Marx, o bem-estar
social é concebido como uma norma relacional baseada nos
valores da
solaridad e da cooperação."
(Coimbra, 1987, p.
87)

El reconocimiento universal de las necesidades humanas y la
repartición de la producción social, son concepciones
inaceptables para el capital y sus instituciones.

Tal como sostiene Mishra (1981 citado en Coimbra, 1987, p. 87)
la idea de "[…] bem-estar somente podera ser establecida
como uma norma central quando o controle comune sobre as
condições de trabalho e de vida fosse afirmado, ou
seja, quando o mercado, a
propiedade privada e a producão para o lucro fossem
abolidas e substituídas por um sistema
cooperativo de producão e distribucão."

La concepción, entonces, de la Política Social
desde esta óptica
totalizante e integradora, puede ser visualizada en sus
diferentes obras, pero fundamentalmente en la "Crítica
del Programa de
Gotha" -donde los conceptos vertidos sobre la instrucción
y educación
son un claro ejemplo-, o en "El Capital" -en lo que refiere a la
reglamentación de la jornada de trabajo
obrera, y en especial, en la regulación del trabajo e
instrucción de jóvenes y niños-.

Convenimos, en sentido estricto, referirnos "[…] a la
política social (en singular) como la forma
política de la cuestión social, que se expresa y
materializa en las políticas sectoriales, incluyendo la
política laboral que, en
primer lugar, delimita tales grados de libertad o de
los alcances de la mercantilización de la fuera de
trabajo."
(Grassi, 2003, p. 26)

Ahora bien, y retomando la reflexión marxiana en lo que
hace a la Política Social entendida desde la totalidad,
apreciamos que "[…] Marx e também Engels
tratarám de quetões como a habitação
popular, a saúde pública e a assistêcia
social, então emergentes à medida que
avançavam a urbanização e a
industrialização capitalistas."
(Coimbra,
1987, p. 88)

A pesar de ello, Marx concebía la posibilidad de que
los valores y
las ideas socialistas emergieran desde dentro del sistema
capitalista. Este emerger desde dentro del capitalismo
implica, en la mayoría de los casos -cuando la acción
política fracasa-, el enfrentamiento combativo entre
patrones y trabajadores. Desde este punto de vista, Marx
concebía a las medidas de protección social como
problemáticas y no como naturales de la sociedad
capitalista.

Marx visualiza éstas medidas limitadas por dos motivos.
El primero de ellos, radica en la incapacidad de logar el
bienestar total del trabajador y su familia, mientras
que el segundo obedece a la inefectividad y restricción de
las mismas. "Nascidas limitadas, as medidas favoráveis
à classe trabalhadora esbarrariaam na relutãncia
dos parlamentos em regulamentá-las, em dificultades
operacionais de várias ordens e na teimosa
resistência dos patrões em efetivamente
implementá-las. Como escassamente o estado burgués
se disporia a fiscalizar seu cumprimento, quase todas as leis de
alcance social estariam vocacionadas para permanecer no
papel."
(Coimbra, 1987, p. 89)

Empero, dejar en manos del Estado burgués, es decir
dejar librada la sociedad capitalistas a sus propias fuerzas
motrices, no implica más confirmar en sus prácticas
el interés
de explotar a la clase obrera
cada vez más, y es contra esta dirección que apuntan las ideas y nociones
en torno a bienestar
social marxianas.

Las ideas de Marx en torno al bienestar social fueron tomadas
y modificadas por diferentes autores marxistas a lo largo del
siglo XX.

No obstante, prácticamente ninguno de ellos le
dedicó a la Política Social una detenida atención. "Assim, se é verdade
que John Saville, ainda nos anos 50, se ocupou mais
sistematicamente do estudo da evolução da
política social inglesa, autores como Nicos Paulantzas e
Ralph Milliband, responsáveis pelos dois mas difundidos
manuals marxistas sobre o Estado nos anos 60 e 70, a rigor
ignoram o tema, como se ele não merecesse um tratamento
mais que ligero."
(Coimbra, 1987, p. 90)

Los textos marxistas sobre Política Social producidos
hasta mediados de la década del 70 procuraban demostrar
que la funcionalidad de la Política Social con respecto al
capitalismo, y que por tanto, ambos podían convivir en una
unión armoniosa. "Tenemos, aqui, uma notável
revisão das colocações do própio
Marx. O que por ele era visto como artificial e inesperado,
tornava-se, nas mãos de seus seguidores, algo natural e
previsível, um complemento e não uma
contradição."
(Coimbra, 1987, p. 90)

De esta manera, la Política Social es concebida como
ventajosa al proceso de
acumulación del Estado capitalista desde dos
ángulos diferentes:

A propósito de ello, Coimbra (1987, p. 91) plantea que
"Sua funcionalidade não cessaria aí, no
entanto, pois elas também seriam diretamente úteis
para o própio Estado, que através dela ganhava a
adesão e a docilidade dos trabalhadores. Estes, iluidos
pelas vantagens a curto prazo representadas por ela, abririam
mão de seu potencial revolucionário, sendo
cooptados e se integrando ao sistema."

Tal es así, que podemos observar a partir de estas
reflexiones, que las Políticas Sociales surgen desde la
burguesía para atenuar las diferencias sociales
existentes, sirviendo al mismo tiempo para
enmascarar los intereses políticos y económicos del
capital.

Surge, entonces, en el seno del marxismo, un
concepto de
Política Social estrechamente vinculado a la funcionalidad
de la misma para con la manutención del orden social
vigente.

Según Oliveira (1989, p. 173), "[…] esta
tendência interpretativa preserva a clássica
noção marxista da existência de um
vínculo, de qualquer natureza, entre Estado (qualquer
Estado) e interesses de classe. Ou (para dizê-lo mais
sinteticamente, e empregando um jargão que hoje tende a
ser considerado "demodé" e não de "bom tom" no
mundo acadêmico das ciências sociais): preserva e
velha temática marxista da "natureza de classe" do
Estado."

Hacia la segunda mitad de la década del 70, se produce
una violenta campaña de denuncias y ataques contra las
instituciones de Política Social por parte de los sectores
que responden a los intereses políticos e
ideológicos de la burguesía, encabezados por
Friedman y Hayek.

A partir de ese momento, se inicia una nueva etapa en el
abordaje de la Política Social desde el marxismo, la cual
puede ser explicada como una respuesta a los continuos embates
que la derecha estaba pertrechando en su contra.

Es en este momento, en que los viejos conceptos funcionalistas
son dejados de lado, procurándose encontrar nuevos
modelos
teóricos e informaciones empíricas más
exactas, de manera que los fenómenos pudiesen ser
analizados en su real complejidad.

"Nessa nova vaga de studos marxistas, as antigas teses de
Marx foram criticadas, assim como as revisões por que
tinham passado ao longo da história do marxismo."

(Coimbra, 1987, p. 92)

Los conceptos marxianos son criticados a la luz de la
historia de la
Política Social en el siglo XX, mientras que el
revisionismo funcionalista es desechado en la búsqueda de
resultados teóricos más acabados.

Las teorías
sobre Política Social del marxismo contemporáneo,
integran y articulan contribuciones vertidas desde otras
corrientes de pensamiento, y
"[…] parece buscar uma superação da
tendência à reificação das
"funções", que caracterizou o que vimos chamando de
"Marxismo Funcionalista"."
(Oliveira, 1989, p. 179)

Inspirados en las preocupaciones sociales de Marx, Coimbra
(1987, p. 93) identifica, entre otros, los estudios orientados a
Política Social de Claus Offe, Cristine Buci-Glucksman,
Gosta Espig-Anderson, Goran Therborn, Laura Balbo, Sam Bowles y
Herbert Gintis.

Concluyendo, Oliveira (1989, p. 184) plantea que "O
enfoque que designamos como "Teoria Política Marxista
Contemporânea", por sua vez, se não resolveu o
problema queestamos considerando, pelo menos parece apontar uma
direção para o seu enfrentamento. Umavez que, desta
perspectiva, é a própia ação
governamental que transforma um problema amplo em questão
específica, adscrita a uma "policy" determinada. Assim, a
caracterização teóricamais precisa do campo
que costuma ser identificado "naturalmente" (i.e., de forma
aparentemente "espontânea", ou "óbvia" como
"Políticas Sociais", deveria ser buscada no tipo de
"seleção" a que são submetidos os problemas
subjacentes àquelas "policies". Seleção que
transforma problemas sociais, no sentido amplo do termo, em
problemas de políticas sociais."

3.5.3. LAS POLÍTICAS DE
INFORMACIÓN

El concepto de Política de Información, dado su carácter abstracto, adquiere tantas
definiciones como autores hayan escrito sobre el tema.

Es más, ya que sus teorías se encuentran
aún en una fase inicial de desarrollo,
las mismas no se encuentran plenamente aceptadas y las opiniones
se prestan con frecuencia a controversia.

"La concepción de la sociedad basada en la
información y el
conocimiento impone progresivamente, en todos los
países, el establecimiento de políticas de
información, que lleven a sus gobiernos a comprometerse en
acciones que
van desde los diagnósticos y estudios, hasta la
creación de un aparato estatal, más o menos
desarrollado, que permita controlar y promover las actividades de
información científica y técnica.
Establecer, articular o simplemente hablar de políticas de
información está de moda a escala mundial
desde que el gobierno de
Clinton-Gore en los Estados Unidos
lanzase su propuesta de la National Information Infraestructure
en 1993."
(Sánchez Díaz; Vega Valdés,
2003)

A propósito, la "Infraestuctura Global de la
Información" fue presentada en 1994 por Gore (citado en
Menou, 2004, p. 242) como un medio para alcanzar metas siempre
perseguidas, entre ellas:

  • "compartir información,

  • comunicar como una comunidad global,

  • un mayor sentimiento de atención compartida a
    nuestro pequeño planeta,

  • democracias más fuertes,

  • mejores soluciones a los cambios globales y locales
    del entorno,

  • mejor cuidado de la salud,

  • educar a nuestros hijos,

  • progreso económico vigoroso y
    sostenido,

  • un mercado global de la informaión donde los
    consumidores puedan comprar y vender sus productos,

  • una economía global conducida por el
    crecimiento de la Edad de la Información,

  • apertura de mercado."

En este sentido, concordamos con Marti y Vega-Almeida (2005)
en que "La información como aspecto esencial de los
fenómenos excluyentes ha sido usada en todos los tiempos.
Desde la comunidad
primitiva donde se conservaba en secreto determinada
información y conocimiento
para mantener el status y reconocimiento social, atravesando por
la Edad Media
donde la Iglesia
mantenía un monopolio
informacional, hasta hoy donde la concentración regional
de sólidas infoestructuras apunta hacia una nueva
denominación: Info-pobres e Info-ricos.

Si bien la información ha constituido un elemento
importante para la sociedad en cada una de las formaciones
económico-sociales; es en las postrimerías del
siglo XX cuando comienzan a evidenciarse las primeras
transformaciones estructurales de la economía y la sociedad como consecuencia
del crecimiento acelerado de la producción, el
procesamiento y difusión de información y
conocimiento, fundamentalmente asociado a las tecnologías
telemáticas."

Cabe precisar entonces, que "La información
responde a la necesidad del ser humano de expresarse y de querer
saber lo que los demás han expresado; responde a un
requerimiento que en determinado momento se vuelve un derecho
fundamental del hombre, pues
como hombres en libertad debemos tener el derecho de expresarnos,
de informar y de informarnos, y tal prerrogativa natural
deberá estar garantizada por el Estado y
ser defendida por la sociedad. Este derecho también se
tiene que considerar de forma integral. No nada más hay
que pensar en la creación de información, la
manifestación de las ideas y del conocimiento, sino
también en su circulación, su disponibilidad, su
uso y su lectura."

(Morales, 1999)

Por su parte, Montviloff (1990, p. 5) sostiene que "Por
información se entiende un mensaje significativo
transmitido de la fuente a los usuarios. En este proceso, la
información puede almacenarse en productos y
sistemas de
información organizados con la finalidad de
proporcionar una memoria en formas
numéricas, textuales, sonoras y de imágenes.
La información puede comunicarse también por
conducto de canales interpersonales. La "fuente" puede ser
material documental, instituciones o personas."

En tanto, la Comisión "Proyecto Sistema
Nacional de Información" (1989, p. 15) entiende que el
término información "[…] se refiere a
información bibliográfica y no
bibliográfica, es decir la contenida en cualquier tipo de
documento, así como la incluida en materiales
audiovisuales tales como películas, diapositivas,
microreproducciones, videos, grabaciones, discos, casetes,
fotografías, cintas y en bancos de
datos. Es la
información que proveen asesores o la que pueda obtenerse
a través de entrenamientos en el extranjero (no
documental), la información numérica y
económica; y comprende asimismo las ciencias
sociales, las humanidades y las artes, al igual que las
ciencias
naturales y exactas y la tecnología.

Se considera que la información es un instrumento
fundamental para el desarrollo nacional e individual, que el
libre acceso a la misma es un derecho del ser humano, y que
cualquier sistema económico, político y social
funcionará más eficientemente en la medida que se
aseguren mecanismos para que los niveles de decisión del
país obtengan oportunamente la información
confiable y adecuada para cumplir eficazmente sus
fines."

No obstante, "El manejo del sector información
implica problemas únicos, ya que la información
tiene características peculiares que difieren
substancialmente de las que se presentan en otros campos. Entre
ellas, puede mencionarse que se trata de un elemento que no se
desgasta con el uso; puede duplicarse o transmitirse casi
instantáneamente a cualquier distancia a nivel mundial con
costos
mínimos; y solamente puede manejarse su
representación ya que no tiene existencia física.

Dado que estos fenómenos son muy recientes, y
debido a sus peculiares características, no han sido
abordados todavía con la profundidad y la atención
que merecen, ni se han resuelto muchos de los problemas que
plantean. Incluso, muchos problemas están apenas empezando
a surgir o a ser detectados."
(Molino, 1992, p. 5-6)

Desde nuestra perspectiva, las desigualdades de
información existentes son resultado del control
monopolizado de la producción de mensajes más que
consecuencia de insuficiencias tecnológicas. El
énfasis otorgado a la tecnología como respuesta a
la inadecuada información, esconde los problemas vitales
generados por los contenidos de la información, es decir,
por el control ideológico que ejercen las clases
hegemónicas. La propiedad y
control de los medios de
comunicación, las políticas de
información de nivel nacional y la transferencia de
tecnología, son problemas que están integralmente
conectados y se ven afectados por la estructura
subyacente del sistema capitalista.

Ahora bien, precisando el concepto de Política, se
establece que "[…] las políticas son instrumentos o
herramientas
normativas para estimular la elección y frecuencia de
algunos comportamientos, y desalentar la aparición y
frecuencia de otros. Ellas disciernen los signos
"sí" (o "bueno") así como los "no" (o "malos"). Son
agentes de socialización y control social (sin los que
ninguna sociedad existe) para diversos sectores de la
población."
(Beltrán, 1974 citado en Pavlic,
1982, p. 61)

Por su parte, Montviloff (1990, p. 7) alude que "Una
política es una serie de principios y
estrategias que
orientan un curso de acción para alcanzar un objetivo
determinado. Las políticas pueden desarrollarse a nivel
orgánico o institucional (micropolítica) o a nivel
nacional, regional o internacional (macropolítica). Las
políticas están contenidas en los llamados
instrumentos de política. Estos pueden ser de las
siguientes clases: instrumentos jurídicos (constitución, leyes y decretos
del parlamento, reglamentos, tratados
internacionales, etc.), instrumentos profesionales
(códigos de conducta,
deontología, etc.) e instrumentos culturales (costumbres,
creencias, tradiciones, valores sociales, etc.)."

En efecto, "Cada vez más se reconoce a la
información como un recurso de recursos, capaz
de permitir, con su justo tratamiento, el desarrollo de las
organizaciones. Al mismo tiempo, la sociedad se
encuentra inmersa en turbulentos cambios económicos,
políticos, sociales y culturales, como consecuencia de la
introducción de nuevas
tecnologías de información y comunicación (TIC). Ante
esta situación y en consonancia con el proceso de globalización actual, urge a cada
país trabajar con seriedad y perspectiva en el desarrollo
de una Política Nacional de Información
(PNI
)."(Sánchez Vignau; Graña López,
2000)

Menou (1990 citado en Sánchez Vignau; Graña
López, 2000), entiende que una Política de
Información "[…] es un conjunto de principios que
guían el curso regular de la acción y consiste
en:

  • a) una imagen del estado deseado, como una meta o
    conjuntos de metas que deben alcanzarse;

  • b) medios específicos para los cuales se
    encaminan la realización de las metas;

  • c) la asignación de las responsabilidades
    para la implementación de las vías; un conjunto
    de reglas o lineamientos que regulan la implementación
    de las vías."

En este sentido, desde la Comisión "Proyecto Sistema
Nacional de Información" (1989, p. 15) se establece que
"El término "Política de Información",
se refiere a las directrices que orientan la gestión
en el campo de la información y que comprende la
organización y provisión de información
en su más amplio contexto y en su variedad de relaciones
multisectoriales, dentro de la perspectiva de su desarrollo
futuro. El enfoque es el más amplio posible a la luz del
conjunto de interrelaciones que existen entre el derecho a la
información, la ciencia de
la información, la tecnología
de la información, las comunicaciones
de la información, la
administración de la información, la privacidad
y confidencialidad de la información."

Para Montviloff (1990, p. 7), "Aplicadas al campo de la
información, las políticas proporcionan
orientación para la concepción de una estrategia y de
programas
destinados al desarrollo y uso de recursos, servicios y
sistemas de
información.

Lo que llamamos política de información es
una serie de políticas de este tipo. Una política
de información puede formularse a nivel institucional,
nacional, regional o internacional."

No obstante, "Aunque en los albores del siglo XXI, siguen
persiguiendo básicamente estrategias para revalorizar el
uso de la información, podríamos decir que, en
cierto sentido, esta definición carece de actualidad. Las
políticas de información hoy, deben interactuar
estrechamente, no sólo con las dirigidas hacia archivos y
bibliotecas, sino
también con políticas de campos convergentes como
la informática y las telecomunicaciones."
(Sebastián, M.
C.; Méndez Rodríguez, E. M.; Rodríguez
Mateos, D., 2000)

Estos autores sostienen que el término Política
de Información es un concepto renovado por la
tecnología, donde son dos los factores que motivan una
nueva aproximación al mismo:

  • a) "La convergencia de medios, tecnologías
    y servicios que, cada vez más, están demandando
    el establecimiento de un orden político que sirva para
    regular esta convergencia.

  • b)  El "artículo de fe" ampliamente
    aceptado que sugiere que una política de
    información tiene el potencial de contribuir
    positivamente al bienestar económico y social."

    (Sebastián, M. C.; Méndez Rodríguez, E.
    M.; Rodríguez Mateos, D., 2000)

Por ende, "Para convertir en una realidad el derecho a la
información, debe haber una estrecha relación entre
la sociedad y el Estado, tienen que interactuar una y otro, para
que -de cara al futuro, ya muy próximo- se tomen en cuenta
los nuevos comportamientos, actitudes y
valores de la sociedad globalizada y se advierta el valor
estratégico del conocimiento, la información y
la lectura en
el desarrollo y la democratización de las sociedades
latinoamericanas. Las políticas que establezcamos en
información se hallarán en estrecho vínculo
con las políticas generales de un país, con las
políticas públicas sobre educación y
cultura, y con
las realidades históricas y sociales de la propia nación
y de la región latinoamericana."
(Morales, 1999)

Es más, la Corte Interamericana (1985 citado en
Bugallo, 2000) -establecida por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos,
Pacto de San José de Costa Rica
señala que "[…] la libertad de pensamiento y
expresión "comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole…".
Estos términos establecen literalmente que quienes
están bajo la protección de la Convención
tienen no solo el derecho y la libertad de expresar su propio
pensamiento, sino también el derecho de buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole. Por
tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de
expresión de un individuo, no
solo es el derecho de ese individuo el que esta siendo violado,
sino el derecho de todos a "recibir" información e ideas,
de donde resulta que el derecho protegido por el art. 13 tiene un
alcance y un carácter especiales. Se ponen así de
manifiesto las dos dimensiones de la libertad de
expresión. En efecto, esta requiere, por un lado, que
nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su
propio pensamiento y representa, por tanto un derecho de cada
individuo, pero implica también por otro lado un derecho
colectivo a recibir cualquier información y a conocer la
expresión del pensamiento ajeno. […] La libertad de
expresión es una piedra angular de la existencia misma de
una sociedad democrática. Es indispensable para la
formación de la opinión
pública. Es también condictio sine qua non para
que los partidos
políticos, los sindicatos,
las sociedades científicas y culturales, y en general
quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse
plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a
la hora de ejercer sus opciones, este suficientemente informada.
Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté
bien informada no es plenamente libre."
No obstante, Marti y
Vega-Almeida (2006) sostienen que varios autores -tal es el caso
de Linares, Patterson y Viciedo- atendiendo al carácter de
mercancía que adquiere la información en la
sociedad capitalista, entienden que "[…] las
políticas de información no son una cuestión
contemporánea para restringir o promover el flujo de
información. Los sectores dominantes siempre han
implementado determinados mecanismos para controlar la
difusión de la información que pusiera en peligro
la continuidad de su poder."
En este sentido, podemos
afirmar que "El resultado lógico de la
hegemonía que ejercen una cuantas transnacionales sobre el
almacenamiento,
la recuperación y transmisión de la
información, es la transformación de la
información, de un derecho moral o
social, en una mercancía. Como tal, la información
es vendida y comprada en el mercado internacional. […] Teniendo
en cuenta que el "mercado" es uno de los dispositivos más
ingeniosos inventados por el hombre para
colocar sus recursos, en una situación desigual funciona
siempre en perjuicio de los débiles y los no poderosos. En
esta situación el "libre flujo" sólo puede
significar la libertad para el zorro que persigue a la gallina.
La transformación de la información en
mercancía adquiere un nuevo significado si uno la ve en el
contexto de la revolución
electrónica, es decir, en el contexto de la
unión entre el satélite y la
computadora. […] La información ha adquirido tal
importancia que ha sido incluida entre los factores de
producción tradicionales: la tierra, la
mano de obra, el capital y la materia prima,
convirtiéndose en el quinto factor de producción. Y
el sur carece de este factor más que de los otros
cuatro."
(Jayaweera, 1982, p. 75)

En el actual sistema de globalización capitalista, y a
consecuencia de los vertiginosos avances de la ciencia, la
tecnología y -porque no decirlo- el mercado, "No es
suficiente adquirir y organizar la información.
También necesitamos que se encuentre disponible en el
momento en que se demande; desde el punto de vista
tecnológico se cuenta con todas las facilidades para que
la información esté al alcance de la mano de
cualquier usuario; sin embargo, obtenerla no es tan simple porque
no podemos ignorar las restricciones políticas y
económicas, las deficiencias normativas y las limitaciones
impuestas por grupos de poder
como la censura, la manipulación y los filtros e
influencias que en cada etapa del proceso influyen en la
información, que también puede enriquecerse o
desvirtuarse debido a la interpretación de quien la selecciona,
analiza o resume, quien le da descriptores y la busca en un
catálogo o base de datos,
ya por la naturaleza
técnica de su trabajo, ya porque así conviene a
sistemas políticos, grupos económicos o simples
factores de mercadotecnia."
(Morales, 1999) Entonces, la
necesidad de una Política Nacional de Información
radica en "Sin política de información, los
delimitadores de políticas (sean sociales o
económicas) estarían determinados por un empirismo
rampante que afectaría el desarrollo de la necesaria
cooperación entre los diversos campos de
acción."
(Santos Labourdette, 1993 citado en Vignau;
Graña López, 2000)

Para Montviloff (1990, p. 7) la finalidad de las
Políticas de Información consiste en "[…]
asegurar la ejecución y funcionamiento armoniosos de los
recursos, servicios y sistemas de información, por
ejemplo, el acceso puntual a la información pertinente
para las diversas necesidades de los diversos usuarios de toda
sociedad, la coordinación y compatibilidad del sistema
global nacional de información, la mejora de la
complementariedad y la compatibilidad entre las diversas
legislaciones relativas al suministro de información, una
mejor reacción a las implicaciones de los nuevos progresos
en el campo de la información y una participación
más efectiva en los sistemas y redes regionales y
nacionales de información. […] La premisa fundamental de
una política nacional global de sistemas y servicios de
información es que todo sistema económico, social y
político operará con más eficiencia si se
establece un mecanismo que garantice que los responsables,
planificadores, gerentes, ejecutivos e investigadores del
gobierno y los sectores privados y profesionales tienen acceso
puntual a datos e informaciones actualizados, pertinentes y
fiables."

En tanto, Sebastián, Méndez Rodríguez y
Rodríguez Mateos (2000) sostienen que "Las
políticas de información suelen responder a
estímulos concretos en un período de tiempo, y por
consiguiente deben ser flexibles. Tradicionalmente han sido la
respuesta gubernamental directa a la emergencia y desarrollo de
una tecnología específica v. gr. la imprenta, el
teléfono, la radio, y ahora
Internet."

Desde nuestra perspectiva, la importancia de las
Políticas de Información estribaría en un
proceso global de democratización radical a través
de la participación activa y creciente de poblaciones
enteras en el proceso de toma de
decisiones con respecto a todos los asuntos, llámense
estos económicos, políticos, sociales y culturales,
a partir de una visión crítica y dialéctica
de los fenómenos y su contexto socio-histórico.

De esta forma, estaríamos en condiciones de comenzar a
delinear formas alternativas de gobierno y administración que vayan más
allá de la empresa
privada o estatal, basados en nuevos mecanismos de descentralización del poder
político, económico y comunicacional -tanto a nivel
macro como microsocial-, que conduzcan a la verdadera
emancipación y al verdadero empoderamiento social, no en
el sentido en que es usado por los organismos
internacionales.

Atendiendo a la realidad de nuestros países, Morales
(1999) sostiene: "Los ejemplos de políticas de
información con que contamos en América
Latina no necesariamente son de tipo exhaustivo, ya que es
posible ver esfuerzos parciales interrelacionados con las
actividades y los productos que permiten a los habitantes de un
país usar información y leer. Así, tenemos
leyes, acuerdos o iniciativas de Estado correspondientes a la
política que determinado país va estableciendo en
el ámbito público y cultural, o en el de la
información y la lectura; podemos encontrar regulaciones
que permiten inferir políticas sobre las bibliotecas, el
libro, el
derecho de
autor y los recursos y sistemas informáticos."
En
consecuencia, debemos tener en cuenta que "En los
países del Tercer Mundo, la concepción
estándar sobre la teoría
y la praxis de una
PNI se ha fundamentado en los principios y la metodología que desde 1973 en adelante han
sido definidos y diseminados por la UNESCO."
(Páez
Urdaneta, 199?, p. 1)

El Programa General de Información de la UNESCO y
UNISIST (Toclatian, 1981 : 162), cuyos principios rigen desde
1976 -19ª reunión de la Conferencia
General de la UNESCO-, destaca como uno de los elementos
más importantes a examinar la información con miras
al desarrollo. "[…] la UNESCO, en el marco de su Programa
General de Información, se propone desarrollar una
estrategia que fomente el desarrollo de los sistemas y servicios
de información nacionales en manos de un personal
constituido por especialistas autóctonos y que no
sólo facilite el flujo de la información, sino que
también incremente la capacidad nacional de desarrollo
innovador, de creatividad y
de óptima utilización de los recursos locales e
internacionales de la información. Dicha capacidad de
recurrir a las propias fuentes de
información reviste una importancia primordial para
los países que desean alcanzar y conservar una independencia
real. La facultad de administrar y analizar su información
nacional coloca a cada país en la situación de
poder determinar el curso de su posible acción y trabajar
en la solución de sus propios problemas."
En el
año 1979 se presenta el Informe Final
elaborado por la Comisión Internacional sobre problemas de
la
comunicación constituida a fines de 1977 por la UNESCO
-Informe MacBride-.

En referencia al mismo, Nordenstreng (1980 citado en Mata,
1982, p. 160) sostiene que "[…] si se lo analiza
cuidadosamente, muestra no estar
demasiado lejos de la principales corrientes del liberalismo
burgués (noción ahistórica y abstracta de la
sociedad, pluralismo de valores, etc.)."
El Informe MacBride
(1980, p. 432) alude entre otros puntos: "La libertad de
información -y más exactamente, el derecho a
buscar, recibir y difundir información- es uno e los
derechos humanos
fundamentales; y constituye incluso un requisito previo para
muchos otros derechos. Para poder manifestarse plenamente, con
todas las virtualidades que encierra y por su índole
misma, la comunicación depende de las condiciones
políticas, sociales y económicas circundantes, las
más esenciales de las cuales son la democracia en
cada país y la existencia de relaciones iguales y
democráticas entre ellos."

A ello agrega "Las necesidades de una sociedad
democrática en materia de
comunicación deberían quedar satisfechas mediante
la formulación de derechos específicos tales como
el derecho a ser informado el derecho a la protección de
la vida privada y el derecho a participar en la
comunicación pública, que encajan todos ellos en
ese nuevo concepto que es el derecho a comunicar."

(MacBride, S. [et. al.], 1980, p. 452)

No obstante, desde nuestra perspectiva, el Estado
burgués se organiza en repúblicas
democráticas para cuidar su apariencia -el Estado
constituye una órgano de dominación y
opresión de una clase por otra, es la creación del
orden que legaliza esta opresión amortiguando los choques
entre las clases- y para asegurar la omnipotencia de la riqueza.
Recoge en los preceptos de sus constituciones los derechos,
deberes y garantías fundamentales, y entre ellos el de
igualdad, que
en la práctica resulta igualdad para la minoría
explotadora y desigualdad, opresión y explotación
para los trabajadores, para las grandes mayorías.

Al repecto, Lenin (1969-1972, XXX, p. 87) sostiene: "[…]
cualquier escolar sabe -dice Lenin sarcásticamente
rebatiendo a Kautsky- que monarquía y república son dos formas
diferentes de gobierno. Hay que explicarle al señor
Kautsky que estas dos formas de
gobierno, como todas las "formas de gobierno" transitorias
bajo el capitalismo, no son sino variantes del estado
burgués, es decir, de la dictadura de
la burguesía."

Volviendo al Informe MacBride, el mismo sostiene: "Nuestro
estudio pone también claramente de manifiesto la
orientación que debe seguir el mundo si quiere establecer
un nuevo orden mundial de la información y de la
comunicación que se traduzca esencialmente en un conjunto
de nuevas relaciones derivada de los progresos que ofrecen las
nuevas tecnologías de comunicación y que
deberían redundar en beneficio de todos los pueblos."

(1979, p. 462)

Empero, "[…] desde la invención del
telégrafo eléctrico [.], la innovación técnica en
comunicación suscita regularmente la expresión
enfática de discursos
mesiánicos. Las mismas expectativas de desarrollo
cultural, de armonía social y de educación popular
se encuentran en cada objeto técnico recientemente llegado
sobre el mercado y en cada nuevo desarrollo de infraestructuras
de telecomunicación."
(Tremblay; Lacröix, 1994
citado en George, 2006)

Las posturas tecnologicistas de la UNESCO, abogando por un
paraíso terrenal, donde la nueva civilización
será más sana, razonable y democrática que
ninguna otra anterior, encuentran su correlato actual en las
ideas mesiánicas de Alvin Toffler, Marshall McLuhan y
Bill
Gates.

El nuevo orden mundial de la información y de la
comunicación propugnado por la UNESCO no es más que
el nuevo orden económico internacional. "El "nuevo
orden mundial de la información y de la
comunicación" podría ser muy bien el orden mundial
de las corporaciones transnacionales (la "aldea de la
corporaciones" con la bendición política
internacional."
(Hamelink, 1982, p. 155)

En tanto, Molino (1992, p. 6) sostiene que "Probablemente
los primeros esfuerzos estructurados para promover el desarrollo
de políticas de información científica y
tecnológica derivan de la UNESCO, quien desde hace muchos
años contó con un programa de apoyo a bibliotecas,
archivos y centros de documentación. Posteriormente
incorporó el programa denominado UNISIST, y hacia 1978 se
consolidaron estas acciones a través del Programa General
de Información, entre cuyas actividades se planteó
el apoyo al desarrollo de las políticas nacionales de
información."

Siendo así, en 1978 -20ª reunión- se
establecen los cinco temas principales del Programa General de
Información (Toclatian, 1981, p. 165):

  • 1. Fomento de la formulación de
    políticas y planes de información en los
    niveles nacional, regional e internacional;

  • 2. Fomento y difusión de métodos,
    reglas y normas para el tratamiento de la
    información;

  • 3. Contribución al desarrollo de las
    infraestructuras de información;

  • 4. Desarrollo de sistemas de información
    especializados en las esferas de la educación, la
    cultura, la comunicación, las ciencias exactas y
    naturales.

  • 5. Formación práctica y teórica
    de los profesionales y de los usuarios de
    información.

Sin embargo, no debemos olvidar que desde comienzos de la
década de 1970, se comienzan a formular las primeras
declaraciones gubernamentales y
nacionales[10]críticas acerca del
desequilibrio y contenido de los flujos de información
internacionales. "El gigantesco volumen de
mensajes que se descargaba desde las pocas metrópolis
occidentales y el débil goteo que regresaba de la basta
periferia, constituían una fuente importantes de
insatisfacción para el Tercer Mundo. […] Aunque en las
numerosas resoluciones y declaraciones de los Países No
Alineados no se lo expresa explícitamente, también
se reconocía que la comunicación no es sino uno de
los componentes, de hecho importantes, de un sistema
todavía más grande que impone la dominación
y la dependencia."
(Schiller, 1982, p. 42)

Ya en la década de 1980, el director del PGI de la
UNSECO, J. Tocatlian (1981, p. 164) sostiene que "Al
reconocer la interdependencia cada vez mayor de todos los
países en materia de información, la comunidad
internacional ha procedido, desde ya hace bastantes años,
a la creación de sistemas y servicios de
información destinados al mundo entero. Por motivos
económicos, técnicos, profesionales,
políticos y humanitarios se han fomentado la
concepción y ejecución de dichos sistemas
internacionales, muchos de los cuales habían sido creados
por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
Se trata de sistemas costosos que, con frecuencia, se utilizan
por debajo de su rendimiento, pese a lo cual constituyen un
mecanismo único, administrado internacionalmente y
"neutral", por lo que reviste particular interés para los
países en desarrollo."

La ideologización del discurso no
debe sorprendernos. Después de todo, la UNESCO es una
organización de las Naciones Unidas, es decir, un
instrumento de la comunidad internacional.

Desde nuestra perspectiva, no existe ninguna tecnología
neutra respecto a su impacto social, y por consiguiente, la
creación de sistemas y servicios de información
"neutrales" se constituye en una falacia. La neutralidad implica
toma de posición política a favor del sistema
capitalista. "La tecnología es especialmente apropiada
para la tarea de incentivar el respaldo de las relaciones de
dominación y el refuerzo de las mismas. Se produce el
acuerdo a las especificaciones requeridas para un sistema social
particular -en este caso, el capitalismo- el cual, no obstante,
se reclama neutral. […] lo que aparentaban ser benéficas
técnicas de comunicación,
contenían también la potencialidad de desviar la
atención de los problemas del engrandecimiento y del
control monopólico de los recursos. La
participación y los reclamos del Tercer Mundo
podían disiparse sutilmente persuadiendo a los
países para que centrasen su atención en
mistificadoras cuestiones técnicas."
(Schiller, 1982,
p. 42-43)

Posteriormente, hacia mediados de 1980, "[…] la UNESCO
unió esfuerzos con la Comisión Económica
para América
Latina (CEPAL) y con la Organización de Estados Americanos
(OEA), a
través de un programa denominado INFOLAC, que pretende
conjuntar los esfuerzos regionales en materia de
información. Esto ha ofrecido la oportunidad para que los
especialistas e interesados de la región intercambien
ideas y experiencias y para que se promuevan acciones concertadas
entre las instituciones de América Latina."
(Molino,
1992, p. 6)

La UNESCO, al constatar que la revolución informacional
había superado las expectativas previstas por los dos
programas del sector -el PGI – Plan General de
Información – y el IIP – Programa
Intergubernamental de Informática –, los
sustituyó por uno nuevo denominado: Por una sociedad de la
información justa y libre[11]que
esencialmente, responde a la misma ideología que los anteriores, a decir, la
falaz idea de crear una "Sociedad de la Información" a
medida de todos los ciudadanos que permita configurar una
"Sociedad de la Información" justa y con beneficio
universal.

En tal sentido, los objetivos que
promueve son: "[…] promover la reflexión
internacional y el debate sobre
los retos éticos, legales y socioculturales que plantea la
Sociedad de la Información; incentivar el acceso a la
información de dominio
público a través de la organización,
preservación y digitalización de los fondos;
mantener la formación y la educación continua
y el aprendizaje
continuo en el área de información e
informática; promover el uso de estándares y de las
mejores prácticas en materia de información e
informática aplicables a las áreas de competencia de la
UNESCO, y promover el sistema de redes tanto a nivel regional y
nacional como internacional."
(Sebastián, M. C.;
Méndez Rodríguez, E. M.; Rodríguez Mateos,
D., 2000)

En efecto, consideramos que las apreciaciones realizadas por
Somavía en 1977 (citado en Festa, 1982, p. 22) conservan
aún hoy una perfecta validez. "La actual estructura
multinacional de información es todo: incluye agencias de
noticias,
empresas de
publicidad y
bancos de datos; también incluye la provisión de
servicios de recuperación de información, programas
de radio y televisión, películas, radiofotos,
revistas, libros,
historietas y "comics" de circulación internacional. Sus
distintos componentes, cuyo origen mayoritario son los
países capitalistas industrializados, se refuerzan entre
sí estimulando de manera global las aspiraciones del
consumidor por
alcanzar formas de organización social y estilos de vida
imitativos de los países capitalistas industrializados,
que según muestra la experiencia, sólo puede
reproducirse en los países del Tercer Mundo en base a la
alta y creciente concentración de renta en pocas manos y a
la existencia de inaceptables desigualdades sociales."

En este contexto, el debate sobre el derecho a la
información, ha sido mezclado con toda una retórica
relativa a "justicia y
libertad", "ética y
legalidad",
"educación y aprendizaje
continuo", etc. En este sentido, la semántica de estos conceptos requiere de
una elucidación e investigación mayor, ya que es frecuente
que presenten connotaciones contradictorias, utilizándose
como eufemismos para consolidar y extender el poder de las elites
locales y transnacionales, formando una cortina de humo que no
hace más que cubrir las relaciones de opresión y
explotación capitalistas.

En este sentido, podemos identificar a partir del trabajo de
Somavía (1977 citado en Festa, 1982, p. 22-23) que las
principales formas de dominación del actual orden
informativo son las siguientes:

  • 1. Parte de una visión hegemónica de
    los hechos y de una organización
    oligopólica.

  • 2. Está dominado por un número reducido
    de medios[12]que son quienes observan,
    evalúan, seleccionan y transmiten información
    en función de determinantes políticos y
    económicos de sus países de origen, de sus
    intereses comerciales y de una visión unilateral. Las
    agencias dejan de ser internacionales y se convierten en
    multinacionales, expresando la racionalidad y los objetivos
    de los sistemas en que se originan, defendiendo en nombre de
    la estabilidad política el status quo y los
    regímenes neoliberales que aseguran la permanencia de
    las estructuras capitalistas en nuestro Tercer Mundo.

  • 3. La aplicación del principio de libre flujo
    de información pauta la constitución de un
    sistema informativo que ratifica la estructura del poder de
    las burguesías transnacionales.

  • 4. Impide la real comprensión entre los
    pueblos a través de un proceso horizontal de
    comunicación, al tiempo que la presión
    informativa procedente de tantos y diferentes orígenes
    -sin relación aparente entre sí pero
    sustancialmente coherentes- elimina la capacidad de
    reacción de hombres y mujeres ante la
    inculcación ideológica, transformando al sujeto
    receptor en un elemento pasivo, sin capacidad de juicio
    crítico.

  • 5. La información se transformó en
    simple mercancía que se vende según la
    lógica del mercado dominante, perdiendo su capacidad
    histórica de otorgar una dimensión real a los
    hechos.

Atendiendo a estas particularidades, cabe señalar
entonces que en los modelos de planificación y ejecución de PNI
elaborados por la UNESCO:

  • "No ha existido claridad conceptual ni operacional en
    cuanto a la metodología internacionalmente sugerida
    para la definición e implementación de PNIs ni
    dicha metodología ha sido formulada tomando en cuenta
    la realidad del Tercer Mundo en cuanto a la definición
    e implementación de políticas
    públicas.

  • La iniciativa internacionalmente vinculada con la
    definición e implementación de PNIs no ha
    podido traducirse cabalmente en acciones nacionales efectivas
    a causa de la inexistencia de grupos de presión lo
    suficientemente fuertes como para lograr la
    introducción del problema en la agenda política
    del gobierno.

  • La inexistencia de grupos calificados de
    opinión e influencia política se relacionan en
    la mayor parte del Tercer Mundo con la notoria debilidad (o
    el bajo perfil nacional) de la fuerza profesional congregada
    en las asociaciones profesionales relacionadas con el sector
    de los servicios de información.

  • La relativa apatía de la profesión de la
    información en el Tercer Mundo en cuanto a la
    formación y el mantenimiento de una fuerza de
    expresión gremial y la asunción y el ejercicio
    de un efectivo liderazgo social parecen consecuencia del
    enfoque tradicional de la educación de estos
    profesionales y del tipo de individuo que esta
    educación logra atraer.

  • Sólo en la medida en que la educación de
    los profesionales de la información logre formar
    agentes sociales para el cambio podrá generarse la
    base gremial necesaria para constituir y direccionar la
    presión política que se requiere en
    función de una PNI efectiva."
    (Páez
    Urdaneta, 199?, p. 4)

En una línea similar, pero esta vez desde el análisis de la inserción de nuestros
países en la denominada "Sociedad de la
Información", Campanella (2006b) plantea: "El
análisis del modo de inserción de naciones del sur
en la SIC debe, de acuerdo a ello, estar invariablemente
vinculado a las particularidades regionales y nacionales,
evitando el "calco" artificial de modelos
teóricos explicativos, así como de marcos de
acción importados de los países del primer mundo.
Particularmente interesa, en este caso, implementar una
óptica regional, rescatando la discusión conceptual
acerca de implicancias, significados y modalidades de
consolidación del tipo social referido. Evidentemente, las
perspectivas, en sentido ideológico del término,
con las que se parta al definir la SIC atravesaran las
políticas y planes públicos, orientando
éstos hacia marcos de tipos más tecnicista o
mercado-céntricos o bien hacia estrategias de desarrollo social
integradas al desarrollo tecnológico."

Resulta evidente que la explosión de las
tecnologías de la información y comunicación
poseen "[…] un valor incalculable para las corporaciones
transnacionales y sus estructuras de
apoyo: los bancos, las agencias publicitarias, las empresas
dedicadas a la investigación
de mercados, las compañías de viajes, y las
fuerzas armadas de dominación mundial. No puede decirse lo
mismo de los países periféricos. Para las naciones más
débiles, la perspectiva es mantenerse integrados
más estrechamente que nunca en relaciones desiguales. La
dependencia en vez de disminuir tiende a aumentar. La
interdependencia, contrariamente a los defensores del
transnacionalismo, no es mutuamente beneficiosa para ambos,
"anfitrión y huésped", cuando el poder se mantiene
mayormente en manos del huésped.

En la medida en que la nueva tecnología de las
comunicaciones genera oportunidades sin precedentes para que las
transnacionales fortalezcan sus operaciones
internacionales, también permite que los estados
industriales avanzados mantengan su hegemonía dentro del
sistema mundial, siempre y cuando las naciones menos
desarrolladas puedan permanecer en dicho sistema ejecutando los
trabajos menos sofisticados que se les asignan."
(Schiller,
1982, p. 45-46).

Empero, además de la UNESCO, desde la CEPAL/CLADES
también se propone establecer una concepción
homogeneizante y mercantil de las PNI. "Los objetivos de las
políticas de información son notablemente
similares. Se trata, en este caso, de un conjunto de metas
compartidas por el G-7, los países en desarrollo como
Tailandia, los nuevos países industrializados como
Sudáfrica y las economías pequeñas pero
maduras, como Bélgica y Finlandia.

  • 1) Todos estos países, están
    tratando de desarrollar una infraestructura de comunicaciones
    eficiente, que permita a las personas y a las organizaciones
    comunicarse entre sí.

  • 2) El segundo objetivo es mejorar la
    competitividad y la productividad comercial e industrial
    logrando que las organizaciones utilicen la
    información como recurso: principalmente a
    través de un uso más adecuado de la
    investigación a fin de acelerar la
    incorporación de innovaciones; a través de la
    automación de los procedimientos administrativos; o a
    través del uso intensivo de la información en
    las técnicas de gestión."
    (Moore, 1998, p.
    20)

Ante estas afirmaciones cabe preguntarnos ¿estamos en
condiciones los países tercermundistas, donde el hambre y
la miseria imperan, de compartir metas con los países
"todopoderosos" del G-7, principales responsables de nuestra
condición? Desde nuestra perspectiva la respuesta resulta
obvia.

El "compartir" metas y "alcanzar" los niveles de desarrollo
pautados desde los países desarrollados es tan ilusorio
-parafraseando a Schiller- como ganar la carrera
tecnológica dominada transnacionalmente.

Cuando las metas y objetivos se plantean en conformidad con
las reglas del poder institucional dominante, no ofrecen soluciones
para superar la dependencia, por el contrario, producen mayor
sumisión.

Se trata, en conclusión, de metas y objetivos que
avalan y promueven una estructura de información y
comunicación que no es libre y mucho menos liberadora. Las
pautas establecidas por la UNESCO, la CEPAL y los organismos
conexos, se utilizan para acomodar los intereses de las
corporaciones transnacionales.

"De acuerdo con el argumento de sus defensores, la
adopción de las más modernas
tecnologías de comunicación, permitirá a los
países menos desarrollados del mundo dar el salto a la
modernidad. La
moderna tecnología
de la comunicación permitirá a las naciones
pobres "alcanzar" fácilmente a las selectas y pocas
naciones avanzadas. De otra manera, se predice que el paso del
desarrollo será largo, doloroso y precario.

No obstante, el "alcanzar" y unirse a la "carrera son
prescripciones que requieren de un análisis y
deliberación muy cuidadosos. En el mejor de los casos, lo
que se puede esperar, de introducirse a la maratón de la
tecnología de la comunicación tal como se la maneja
en la actualidad, es alentar el crecimiento de los sistemas de
computadoras
ubicados en los niveles nacionales, estructurados, administrados
y dirigidos hacia objetivos que no difieren de aquellos sistemas
que funcionan en los centros avanzados. Pos otra parte, y mucho
más dañino para las perspectivas de unas relaciones
internacionales verdaderamente nuevas basadas en la igualdad,
sucede que los sistemas locales tienden a ser integrados dentro
de las estructuras más poderosas del sistema
transnacional. Casi inevitablemente, las estructuras de que
hablamos se convertirán en circuitos
abiertos para una mayor sujeción y subordinación de
las economías locales al centro del sistema mundial."

(Schiller, 1982, p. 48)

No obstante, Moore (1998, p. 22) agrega, "La expectativa
secundaria es suponer que, una vez que las empresas individuales
y la economía en su conjunto hayan logrado
aumentar la competitividad, se podrá reorientar
profundamente las características de la economía
mediante la aplicación de operaciones que utilicen la
información en forma más intensiva, que aumente el
valor añadido por cada trabajador y, de este modo, generar
incrementos reales en los ingresos per
cápita.

Una condición indispensable para lograrlo es contar
con una fuerza de
trabajo más capacitada. En consecuencia, el tercer
objetivo de la política es mejorar los niveles de
educación y de capacitación; con este fin, los sistemas de
educación y capacitación deben atender a la
necesidad de utilizar sistemas de aprendizaje permanente y
aplicar procesos que
permitan ampliar y enriquecer constantemente los conocimientos
especializados.

Por otra parte, se considera a la sociedad de la
información como un medio para promover la armonía
y la cohesión sociales."

La audacia de ciertos intelectuales
no tiene límites.
Atendiendo a las expresiones de Moore, cabe señalar en
primer lugar nuestro total desacuerdo con la orientación
económica otorgada a la información, donde la misma
es concebida como una manera de acumulación de capital en
manos de la clase burguesa, a lo que anteponemos nuestra
visión marxista de que la verdadera historia de la
humanidad sólo tendrá lugar cuando los hombres y
mujeres se liberen de forma definitiva de la servidumbre del
trabajo bajo cualquiera de sus formas.

En segundo término, la educación y
capacitación propuestas tienden a la reproducción del orden social vigente. Los
sistemas de aprendizaje propuestos por Moore, basados en
estructuras sociales históricas determinadas, conducen a
la reproducción de dichas estructuras a partir de una
posición de clases que también reproduce.

A su vez, estos sistemas de aprendizaje son una función
de las instituciones superestructurales que también tienen
un carácter de clase, cuyo cometido es la
modelación de personalidades aptas para reproducir la
sociedad.

Por ende, la educación propuesta desde el modelo
hegemónico constituye un factor de reproducción
social, en el sentido de que la práctica social integral
asegura las relaciones de producción, distribución y consumo
social, constituyéndose en parte integrante de las fuerzas
productivas al asegurar la reproducción de la mano de obra
calificada de trabajo -resultado del tercer objetivo planteado
por Moore-, lo que se constituye el pilar del modo de
explotación capitalista.

Por último, la armonía y cohesión social
pretendidos bajo la concepción burguesa de la "Sociedad de
la Información", pauta el interés por mantener el
status quo, donde las Políticas de Información
-como todas las Políticas Sociales impulsadas desde los
centros de poder- tienden a actuar como amortiguadores de las
tensiones sociales, salvaguardando siempre los intereses de la
burguesía.

En este sentido, los magros resultados que en la gran
mayoría de los países del Tercer Mundo han sido
detectados en cuanto a la definición e
implementación de Políticas Nacionales de
Información responden a diversos factores, entre los que
cabe mencionar la concepción estándar sobre la
teoría y la praxis de una
Política Nacional de Información, la debilidad
política de los profesionales del sector para provocar una
acción pública o gubernamental en ese rubro, el
desinterés gubernamental por tal tipo de política,
la falta de una comunicación productiva entre los
gobiernos y los profesionales que se desempeñan en los
sectores público y privado de la información.

"Si bien las agendas nacionales de algunos países
(Argentina, México,
Brasil,
Venezuela,
Uruguay, entre otros) se plantean propósitos más
abarcativos que la conectividad, los desarrollos obtenidos hasta
el presente en educación, políticas
públicas, CyT, y desarrollo
económico usando TIC, muestran más los deseos
de que esto ocurra, que resultados concretos."

(Finquelievich, 2005, p. 6-7)

En consecuencia, "Sin negar sus posibles limitaciones
conceptuales y operacionales, creemos sin embargo que la
principal dificultad que confronta la iniciativa sugerida por la
UNESCO tiene más que ver con los contextos
políticos nacionales en los que una acción tal debe
tomar lugar que con la idea de una PNI en sí, sobre todo
si juzgamos que la no existencia de una PNI formal equivale
técnicamente a una posible respuesta política. El
problema no es particularizable a una región
específica del Tercer Mundo ni a un solo sector del
desarrollo. En efecto, los especialistas en el tema de las
políticas públicas ya han detectado la existencia
de una relativa confusión en los países en
vías de desarrollo en cuanto a: (1) lo que debe entenderse
como "política"; (2) la concepción del proceso de
formulación y legitimación de una decisión y un
resultado de política, y (3) el proceso político
relacionado con la introducción efectiva de una
decisión de política en la agenda gubernamental.
Las deficiencias y dificultades que los gobiernos del Tercer
Mundo confrontan al respecto del planeamiento
público son las mismas confrontadas al respecto de la
definición y la adopción de una política (o
de un sistema de políticas). No obstante, en el caso de
PNIs, se advierte una falla que no se advierte en otros casos
similares: la formación de la iniciativa de
política en el seno del gobierno, por el interés de
altos funcionarios gubernamentales y a consecuencia la
inexistencia de grupos externos de presión
que ejerzan la influencia necesaria para que la iniciativa pueda
ser asociada con una demanda social
de cuya satisfacción se derivaría una ganancia
política."
(Páez Urdaneta, 199?, p. 1)

Ahora bien, teniendo en cuenta la realidad nacional,
contemplaremos aquí cuáles son las Políticas
de Información existentes a partir de las decisiones, que
a nuestro entender, puedan considerarse importantes para impulsar
un sistema nacional de información, en el entendido de que
en nuestro país no existe una política nacional
explícita.

De esta forma, identificamos como primer antecedente "Los
intentos de comenzar a trabajar en Uruguay en la
elaboración de una política nacional de
información se remontan al 20 de enero de 1986, fecha en
que la entonces Ministra de Educación y Cultura, Dra.
Adela Reta, manifestó el propósito de esa
Secretaría de Estado, de contar con un Sistema Nacional de
Información. Para tales efectos, se constituyó una
Comisión para estudio del Proyecto "Sistema Nacional de
Información", con el cometido de bosquejar las bases de un
Sistema Nacional de Información."
(Maggioli; Vacca,
1989, p. 13)

La Comisión, luego de dos años de trabajo
publicó una serie de pautas cuyo fin consistiría en
optimizar recursos y servicios de las unidades de
información existentes, atendiendo a las
características nacionales, económicas, sociales y
culturales y con el conjunto de las necesidades del desarrollo
del país.

Siendo así, se propone un Sistema Nacional de
Información de uso público, donde no se incluye la
información confidencial o de seguridad
nacional.

Allí se establecen como objetivos:

  • "Fortalecer y apoyar la infraestructura existente de
    los servicios de información.

  • Establecer relaciones de tipo horizontal. Todas las
    unidades del Sistema tienen igual condición y
    responsabilidad. Se mantiene el carácter de
    independencia y autonomía.

  • Promover la adhesión de las partes. El Sistema
    no debe ser coercitivo, los servicios de información
    se unen al Sistema por su sola voluntad. Las unidades del
    Sistema son libres agentes en todas sus operaciones, siempre
    y cuando no contravengan los acuerdos generales del Sistema
    Nacional de Información.

  • Organizar el sistema por etapas, con una
    ampliación paulatina de los servicios, hasta cubrir el
    ámbito nacional.

  • Establecer un Sistema claro en las relaciones entre
    las unidades, en su funcionamiento y en estructura.

  • Tener conciencia de que cuando se beneficia una
    institución del sistema se beneficia la totalidad del
    Sistema."
    (Maggioli; Vacca, 1989 : 13-14)

En este contexto, se recomienda un Sistema Nacional de
Información orientado desde las bases y no dirigido a
partir de políticas elaboradas por el Estado e integrado
al ordenamiento jurídico a través de una
relación de dependencia clara que le permita operar tanto
en el ámbito público como en el privado al
más alto nivel.

Posteriormente, el 18 de abril de 1989, el Poder
Ejecutivo a través del Decreto nº 178/989
establece la creación de un Consejo del Sistema Nacional
de Información, paso previo para la estructuración
orgánica de un Sistema Nacional de Información.

El artículo 1º pauta la integración del Consejo por once miembros:
los directores de la Biblioteca
Nacional, del Instituto Nacional del Libro, del Archivo General
de la Nación,
del Museo Histórico Nacional, un representante de la
Universidad de
la
República, un representante del Consejo Directivo
Central de Educación -CODICEN-, un representante de la
Administración Nacional de
Telecomunicaciones -ANTEL-, un representante del Congreso de
Intendentes, un representante de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, un
representante del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas -CONICYT- y un Coordinador
designado por el Ministerio de Educación y Cultura.

En el artículo 4º se establece además que
el mismo funcionará en la órbita del Ministerio de
Educación y Cultura que ya nucleaba instituciones
pertenecientes al Proyecto Sistema Nacional de
Información.

Posteriormente, en setiembre del mismo año, tiene lugar
el "Seminario para
una Política Nacional de Información", organizado
por Unesco-PGI, la Universidad de la República y la
Dirección General de Planeamiento, siendo auspiciado
además por el Ministerio de Educación y Cultura, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Consejo de
Investigaciones Científicas y Técnicas y la
Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay.

En este marco se inscribe la labor de la Oficina Sistema
Nacional de Información y el Proyecto denominado
"Establecimiento de las Bases del Sistema Nacional de
Información", concebido para crear instrumentos de apoyo
en la elaboración de políticas,
planificación y coordinación a nivel nacional.

Los objetivos planteados en este seminario resultan ser una
copia casi textual -por no decir textual- del "Seminario sobre
Políticas Nacionales de Información" llevado a cabo
en Caracas del 27 al 29 de abril de 1987.

En tanto, la identificación de problemas,
obstáculos y dificultades, presentan igualmente una
sugerente similitud con los "Lineamientos básicos para la
definición de la Política Nacional de
Información" de Colombia.

Ahora bien, teniendo en cuenta el fenómeno actual de la
"Sociedad de la Información", varios países de
Latinoamérica han comenzado a
diseñar e implementar estrategias globales y regionales de
acción para la inserción en este pretendido modelo
de desarrollo.

En este sentido, es interesante señalar que "[…]
la conectividad es una de las pocas áreas en las que se
han realizado esfuerzos regionales, como la Red MERCOSUR/RECYT/Comisión Temática
Sociedad de la Información, que define objetivos a
desarrollar conjuntamente por los países del MERCOSUR.
Entre ellos: apoyo al desarrollo social (brecha digital) y dos
proyectos de
infraestructura de TIC: Interconexión de redes de alta
velocidad en
centros de I+D y Desarrollo de plataformas abiertas de
aplicaciones de calidad
intensivas en contenidos. Esta Comisión también
apoya al desarrollo económico (entendido como comercio
electrónico), y el e-learning.
Sin embargo, a mediados del año 2003, aún no se han
registrado resultados concretos de estas intenciones."

(Finquelievich, 2005, p. 7)

Por otra parte, Campanella (2006b) sostiene que "En el
ámbito latinoamericano también se registra una
incorporación gradual de la SIC como temática
central de conferencias intergubernamentales y de acuerdos
formales de cooperación. A partir del año 2000 es
posible rastrear documentos
consensuados que plasman los compromisos asumidos por los
gobiernos de la región en el desarrollo de la SIC,
especialmente aquellos resultantes de reuniones de
preparación de conferencias y cumbres mundiales, como la
mencionada CMSI. Finalmente, el Plan de Acción Regional
"eLAC 2007", así como el "Compromiso de Río"
aprobados por los gobiernos de América Latina y el Caribe
en 2005, aparecen como los últimos antecedentes
sustantivos, que fijan metas claras a ser cumplidas para el
año 2007."

En este contexto, en Uruguay hacia junio de 2000 se constituye
el "Comité Nacional para la Sociedad de la
Información", atendiendo a la necesidad de diseñar
y formular una "Estrategia Nacional para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información", cuyos integrantes, cometidos
y lineamientos generales serán refrendados en el Decreto
225/000 del 8 de agosto de 2000. "Mediante Decreto nº
225 del 8 de agosto de 2000, se creó el Comité
Nacional para la Sociedad de la Información con el fin de
impulsar la instrumentación de una estrategia nacional
para el desarrollo de la SI, siendo su objetivo no solamente el
de incrementar el uso y acceso a las TICs, sino de construir una
estrategia, una respuesta nacional ante los profundos y radicales
cambios que estas tecnologías están produciendo en
la economía, en el comercio, en la cultura, en el trabajo, en
la salud, la
educación y hasta en el uso del tiempo libre en todo el
mundo."
(Sena Correa, 2003)

El Decreto 225/000 (2000) plantea que el Comité
resuelva:

  • "un escenario nacional para el desarrollo de las
    nuevas tecnologías de la información;

  • una estrategia e instrumentos para una política
    de innovación."

En este marco, el Decreto 225/000 (2000) considera prioritario
trabajar en base a una "Agenda para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información hacia la Nueva Economía" -Agenda
Info-Uruguay 2000- con intervención en los siguientes
campos:

  • "alfabetización telemática,

  • desarrollo de servicios telemáticos para el
    ciudadano y las empresas,

  • modernización de la Administración
    Pública,

  • promoción de un mercado eficiente de la
    telecomunicaciones e Internet,

  • desarrollo de condiciones de competitividad para el
    Sector Software de Uruguay (Polo Tecnológico
    Software-Uruguay/TecnoSis)."

Las líneas de acción propuestas contaron con la
participaron: la Administración
Pública -Presidencia de la República, ANTEL,
Dirección de Comunicaciones-; las Universidades
-Universidad de la República, Universidad ORT, Universidad
de Montevideo, Universidad Católica Dámaso Antonio
Larrañaga, Universidad de la Empresa-; las
empresas de forma individual o agrupadas en su Cámara; los
Laboratorios Tecnológicos o Centros referentes en la
prestación de servicios -LATU y Zona Franca de
Montevideo-.

Estas primeras líneas de acción acordadas a
implementar mediante el Decreto 225/000 (2000) son:

  • "Enmarcar el Plan de acción dentro de un
    planteo general que englobe de forma coherente las
    componentes de desarrollo de la Sociedad de la
    Información en el Uruguay (Agenda Info-Uruguay
    2000).

  • Desarrollar un programa de acción para el
    Sector Software-Uruguay/TecnoSis).

  • El Polo Tecnológico Software-Uruguay/TecnoSis
    tendrá las características de un Parque
    Tecnológico Virtual desarrollando una estructura
    central destinada a la Administración y
    prestación de Servicios (Centro de Servicios para la
    Innovación-Centro TecnoSis).

Como primera medida se constituye el Comité Nacional
para la Sociedad de la Información, integrada por:
Presidente de la República; Rector de la Universidad;
Presidente de ANTEL; Representante de las Universidades Privadas;
Presidente de la Cámara Uruguaya del Software; Director de la
Dirección Nacional de Comunicaciones.

El Decreto 225/000 (2000) establece que misión de
dicho Comité consiste en "[…] establecer los
lineamentos generales para una estrategia de desarrollo de la
Sociedad de la Información, supervisar las actividades y
decisiones relativas a la marcha del proceso."
(2000)

En este sentido, Sena Correa (2003) plantea: "El
Comité Nacional para la SI decidió compartir sus
responsabilidades, y convocar conjuntamente a la sociedad
uruguaya para un proyecto global de desarrollo de la SI en el
Uruguay. Este proceso se inició a partir de un amplio
acuerdo institucional impulsado por el Presidente de la
República que permitió conformar e integrar a
actores relevantes para la definición de una estrategia
hacia la SI, esa iniciativa se traduce en la integración
del Comité Nacional para la SI donde han participado
representantes de la administración pública como
privada. Del resultado de esa convocatoria resultó el
desarrollo del programa denominado Agenda Uruguay en Red,
recogida básicamente en cuatro áreas de trabajo
consideradas prioritarias. Estas áreas son: Programa de
Conectividad Educativa (Internet en la Enseñanza), Modernización de la
Administración Pública (Gobierno en Red),
Universalización de acceso a Internet (Proyecto Mercurio),
Programa de apoyo a la competitividad del sector software
(Uruguay Tecnológico)."

Por otra parte, en el Artículo 4º se establece que
del Comité Nacional para la Sociedad de la
Información depende una Unidad de Gestión (Uruguay
en Red) que realiza la formulación y seguimiento a los
diversos proyectos que Uruguay se propone impulsar.

En efecto, se establece que en gran medida, la reforma del
Estado uruguayo pasa por una verdadera introducción de la
sociedad uruguaya en la "Sociedad de la Información", en
base al Comité y particularmente en los aspectos
prácticos en el apoyo que pueda brindar esta Unidad.

Cabe destacar que "El Programa de Conectividad Educativa
se implementa en el año 2000, mediante un convenio entre
ANTEL y la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP), orientado por el objetivo de "brindar a
los alumnos y docentes de
Primaria, Secundaria, Educación Técnica y Formación
Docente la infraestructura y los conocimientos necesarios
para conectarse con las redes mundiales de la
información". Para esto se dispuso, entre otras
modalidades, la capacitación de docentes y la puesta en
línea de un portal educativo nacional. Con anterioridad a
este programa, hacia fines de la década del 90" se
habían establecido planes de informática en la
educación pública, principalmente en el nivel
primario, bajo el entendido de que la democratización de
Internet opera como factor constitutivo de los procesos de
informacionalización. Tales políticas, sin embargo,
adolecían de un exceso de puntualismo, o, dicho de otro
modo, de la carencia de una concepción macro y
sistémica de la problemática, que permitiera
resultados más homogéneos y continuos. […]
Asimismo, ANTEL lanzó en 2002, en complemento a este
programa, el Proyecto "Uruguay Sociedad de la
Información", construyendo 25 "Centros de Acceso a la
Sociedad de la Información" (CASI) en carácter de
experiencias pilotos. Estos espacios, que cuentan con PCs con
acceso a Internet, operan como telecentros de acceso gratuito
para la población, si bien son "regulados para atender a
la población beneficiaria sin competir con emprendimientos
comerciales privados". Se espera con éstos contribuir a la
difusión y capacitación para el uso de Internet,
especialmente en las zonas del interior del país."

(Campanella, 2006b)

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