La universidad particular de Iquitos y el rol de la iniciativa privada en la educación superior (página 3)

Primer mito: La educación es
atribución fundamental del Estado.

De acuerdo con esta idea, el estado
tiene como una de sus funciones
primordiales la educación de sus
ciudadanos. Al declarar las constituciones que la
educación constituye un derecho —y, en el caso de
nuestro país y de la educación inicial, primaria y
secundaria, además, una obligación"—, se
tiene por supuesto que constituye un deber simétrico del
estado no sólo el procurarla sino también el
proveerla directamente a esos ciudadanos.  

Pero esta idea olvida un principio medular: la
educación de las personas fue una tarea anterior a la
formación de los estados. Antes que estos existiesen fue
entendida como una atribución —una obligación
y, a la vez, un derecho— de los padres en relación
con sus hijos. Es después que, en virtud de ese compromiso
natural, y atendiendo la creciente complejidad de la labor
educadora, la familia
delega esa atribución en instituciones
intermedias, inicialmente de orden religioso, procurando de esta
forma complementar la transmisión de los conocimientos con
la formación integral. Posteriormente surgen
también instituciones de enseñan no confesionales
que coexisten con las anteriores. 

Más adelante, con la aparición del estado
occidental contemporáneo, y con su posterior crecimiento,
se observa también la expansión de sus papeles
hasta abarcar como una de las responsabilidades públicas
primordiales la prestación de la enseñanza escolar, aunque en convivencia
con la privada. Ese es también el caso de nuestro
país, corno uno de los nuevos estados de la América
latina que se emancipan e independizan al calor de la
revolución
francesa.  

De esta forma, puede apreciarse que las personas y las
sociedades han
ido abandonando sus atribuciones educativas, que les corresponden
por naturaleza,
abdicando de ellas a favor de un estado cada vez más
grande y cada vez más difícil de sostener.
 

Las justificaciones de la creciente presencia del estado
en la educación han sido variadas, y suelen ser más
numerosas cuando se trata de países subdesarrollados. Pero
ellas no suelen ser discutidas, sino sólo repetidas.
Así, se dice que, dada la relación existente entre
la falta de educación y el grado de pobreza, el
estado debe promover el crecimiento
económico. O que debe buscarse la equidad social
mitigando las exclusiones a través de una igualdad de
oportunidades que el estado supuestamente mejor que nadie
contribuye a lograr.  

Pero estas ideas no son sometidas a un escrutinio
exigente que lleve a ver con claridad cuál es el
resultado, en términos económicos y educativos, de
la intervención del estado en la enseñanza. En
efecto, estamos hablando del montaje de la más grande
empresa
pública y de su subsistencia en la más grande
escala, envuelta
en un decorado de explicaciones no siempre debidamente
sustentadas.  

Este mito no es exclusivo de los países
subdesarrollados. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, habla del sistema
educativo norteamericano como "una isla de socialismo en el
mar del mercado libre"2.
Y Hornberger ha hecho notar que allí "es difícil
encontrar un modelo
más perfecto de planificación socialista que la
educación pública"3.  

Afirmar esto mismo en el Perú, ¿es
exagerado? ¿,Por qué no pensamos en lo que supone
la dificultad en acceder a la prestación de servicios
educativos, en la limitación de los precios en
materia
educativa, en la fijación de los programas de
estudio, en la aprobación de los libros
oficiales y los materiales de
enseñanza. En la determinación de los
períodos de estudio, etc.? Todo ese complejo entramado de
regulaciones y normativas estatales aplicables no sólo a
los colegios públicos sino por igual a los privados,
¿es un ejemplo de libertad de
enseñanza, como proclama la Constitución, o, más bien, de un
intervencionismo público?  

Con esa intervención del estado en la
educación, se producen otros problemas
económicos y sociales. Como ha mostrado un reciente
estudio del Instituto de Libre Empresa, cuyo autor es el
economista Walter Puelles, la educación estatal no permite
el cálculo
económico, que sólo es posible cuando se valoriza
el intercambio de bienes y
servicios en el mercado. Así, no se puede medir la
eficiencia en
la prestación del servicio, ni
siquiera estimar otras variables
básicas como el real costo de vida
para la población interesada. 
 

Tampoco se puede cumplir con informar adecuadamente a
los interesados para la correcta adopción
de sus decisiones privadas, por lo que terminan sobrevalorando el
papel del estado en sus vidas. Ni se puede informar al propio
estado para sus decisiones públicas, por lo que
aquél no termina de tomar conciencia de su
imposibilidad de atender debidamente los requerimientos de la
población.  

La construcción de colegios públicos o
la creación de universidades estatales responden a
criterios políticos y no económicos. La presencia
estatal en la educación limita, coarta o expulsa la
inversión privada que podría
encontrar en ella una oportunidad para el rnejoramiento de la
calidad o la
ampliación de su cobertura. Crea mercados cautivos
y restringe la competencia que,
en una economía de mercado, se traduce en
constantes acrecentamientos de calidad y disminuciones de
precios.  

De otra parte, la presencia gubernamental en la
educación supone una planificación pública
que tiende a sustituir las libres decisiones de los interesados
en ofrecer y usar servicios educativos. Además,
distorsiona el mercado de trabajo de los
maestros, cuyas remuneraciones
son ostensiblemente menores que las de los docentes de
los centros privados, impidiéndoles o
desincentivándolos a incrementar su formación para
aumentar el valor de sus
ingresos.
Así, la enseñanza pública tiende a perder
calidad en relación con la privada, y ello conduce a poner
a los alumnos de colegios o universidades estatales en desventaja
a la hora de seguir y culminar estudios o de ingresar al mercado
laboral, con
lo que se consigue el efecto perverso de promover indirectamente
su discriminación y agudizar la inequidad
social.  La intervención del estado en la
educación, como en toda intervención pública
en la economía, lleva a usar y distribuir los recursos en una
forma marcadamente ineficiente, de modo que los mismos recursos
podrían generar un mayor valor en caso de estar en manos
del sector privado. Si, hipotéticamente, esos mismos
recursos fueran administradas por agentes privados con criterios
de eficiencia, podrían llegar a más gente, pagar
mejor a los maestros, mantener mejor la infraestructura y el
equipamiento de los centros y, a la postre, elevar la calidad del
servicio educativo.  

Por todo ello, la sociedad civil y
los individuos deben reivindicar aquellos territorios que
incumben a la soberanía personal que han
venido siendo arrebatados por un estado voraz cuyo sostenimiento,
y el de los servicios básicos a su cargo, es cada
día más difícil si no se aplican los
criterios exigentes de ética
social y de ética pública, así corno el
razonamiento de las reglas económicas fundamentales.
 

Segundo mito: La educación
es un asunto de los educadores.

Si juzgáramos a los responsables de la
educación por los resultados que han sido capaces de
obtener, tendríamos que parafrasear a Georges
Clemençeau: si, como él dijo, la guerra es
demasiado importante para ser dejada en manos de los militares,
tendríamos que decir que también la
educación es demasiado importante para ser dejada en manos
de los responsables tradicionales de la
educación. 

Ante un panorama tan dramático corno el que
presenta la educación en el Perú de nuestros
días, y que ha sido analizada con detalle y profundidad en
la última Conferencia Anual
de Ejecutivos (XXXVIII CADE) el pasado mes de enero, el esfuerzo
que hay que desplegar es inmenso.  

Ese esfuerzo no puede seguir recargado en las espaldas
de un estado como el nuestro, que ha probado hasta el agotamiento
su ineficiencia y que está agobiado por las otras obligaciones
que corresponden a su papel dentro de un sistema de
economía de mercado. Por el contrario, corresponde a la
iniciativa privada, a los individuos y" a la sociedad
civil, reasumir sus atribuciones irrenunciables en la
educación de los niños,
de los jóvenes, de los ciudadanos.  

El cumplimiento de esa obligación supera las
posibilidades de los agentes tradicionales y convencionales de la
educación. Veamos lo que sucede en el mundo desarrollado.
En los países del denominado primer mundo la
educación ha dejado de confiarse en las manos exclusivas
del estado y se ve cómo puede ser asumida por distintos
agentes situados fuera del ámbito público.
¿Qué hacen, por ejemplo, los individuos y las
familias? Hoy, por ejemplo, las familias protagonizan en los
Estados Unidos
un fenómeno que se extiende progresivamente en todo su
territorio: el llamado "home schooling", esto es la escolaridad
en el hogar, fuera de los centros educativos formales, con el
apoyo de los medios
múltiples de comunicación y de organizaciones
espontáneamente montadas con dicho propósito. Las
cifras oficiales reportan en 1999, último año
analizado, 850,000 niños y jóvenes que estudian en
sus casas, pero los expertos estiman que esa cifra es realmente
el doble. ¿Cómo se explica ese fenómeno"?
Porque los padres quieren una mejor educación para sus
hijos. Por el pobre aprendizaje en
las escuelas formales, por razones religiosas o de valores
morales, principalmente. ¿Resultados? El promedio de
los home schoolers que rinden la prueba del SAT (Prueba de
Aptitud Escolar) para seguir estudios superiores es mayor en 80
puntos al promedio general. La práctica ha sido reconocida
por los 50 Estados Unidos y no son pocos los que opinan que
ésta es una alternativa que desafía seriamente la
actitud
aún generalizada frente a la educación
pública en los Estados Unidos.  

¿Y qué hacen las empresas?
La empresa
privada participa activamente en materia educativa. Se advierte
una creciente presencia de empresarios educadores" (edupreneurs o
edu-empresarios), que participan en el mercado educativo con unos
US$ 70 mil millones (casi 10% deI mercado educativo) y que.
Según Merrill Lynch crecerá un 13% anual. Empresas
como Edison Schools, National Heritage Academies. SABIS School
Network, Scientific Learning Corporation, Advantage Learning
Systems, DeVry, Kaplan, Brigth Horizons Family Solutions, Nobel
Learning Communities, Tesserac T Group. y Apollo Group
desarrollan variadas experiencias que van desde el charter de
escuelas públicas mediante acuerdos en el nivel estadual o
municipal sin costo adicional para los padres de familia hasta el
manejo de universidades.

  De otra parte, hace ya algún tiempo, y cada
año más, las empresas privadas invierten
directamente en investigación. Se estima que la
inversión directa de las empresas en materia de
investigación en los Estados Unidos crece más
aceleradamente que la de las universidades y entidades
académicas o científicas. (Hace ya una
década el promedio de empresas americanas invierte un 2%
de sus ingresos anuales en investigación y desarrollo.
frente al 0. 1% en que lo hace el sector educativo).
 

De otra parte, en el nivel superior, ha aparecido la
figura de las corporate universities, las universidades creadas
por grandes empresas como parte de su política de capacitación y actualización de su
personal, que han crecido de 200 a principios de la
década de los años setenta a unas 2,000 el
año pasado, y que, según recientes datos
disponibles, han invertido US$ 60 mil millones en ello, frente a
un estimado de US$ 800 mil millones dedicados por el gobierno
americano a la educación en general".  

Todo ello no es sino la traducción práctica, en el campo de
la educación, de un principio general indiscutible: en un
régimen de mercado, los ciudadanos, en forma individual o
a través de las organizaciones creadas por su libre
decisión, como son las empresas, participan en la
orientación y en el desarrollo de la economía a
través de la libre iniciativa. No puede hablarse de un
derecho a la participación de los ciudadanos en el
desenvolvimiento de las economías si se piensa en la
delegación de tales atribuciones en el estado; ni menos
aún planteando, explícita o implícitamente,
su renuncia a favor del estado del cumplimiento de las
prerrogativas que les son propias.  

Veamos ahora qué sucede en el mundo
subdesarrollado, del que formamos parte no corno resultado de un
fenómeno cósmico o meteorológico, sino por
nuestra entusiasta obstinación a no aprender las lecciones
de la historia.
Aquí padecemos la experiencia contraria. Recordemos, por
ejemplo, cómo a lo largo de nuestra vida hemos escuchado
decir, o hemos dicho nosotros y como si se tratara de algo
negativo, que "el número de universidades ha aumentado
peligrosamente" o que "la proliferación de universidades
se traducirá en una baja calidad de los profesionales que
allí se forman", y que ello, en definitiva, perjudica a la
sociedad.  

Por cierto, y significativamente, no hablamos lo mismo
de los colegios, quizás porque no todos experimentamos de
igual manera su escasez o la
desigualdad de sus calidades. Tampoco decimos que tenemos
"demasiados restaurantes" o "demasiadas clínicas". Si el
mercado en el que participan los restaurantes o las
clínicas se cerrase por el lado de la oferta y se
impidiese el acceso de nuevos agentes interesados en prestar sus
servicios, ¿estaríamos de esa forma asegurando que
los restaurantes ya abiertos son inmejorables o que las
clínicas existentes serían mejores"?
 

Este mito se cimienta en la idea de que un número
cerrado de centros educativos es garantía de calidad en su
desempeño, cuando lo que la experiencia del
mundo contemporáneo nos enseña que, por el
contrario, la limitación de la oferta y la falta de
competencia atentan contra el buen o el mejor desempeño de
quienes prestan un servicio y contra los legítimos
intereses de quienes lo reciben. En efecto, la educación
no constituye una excepción al principio de que es la
competencia la mejor garantía de la continua
elevación del nivel de calidad del servicio
educativo.

Corno ha señalado Benegas Lynch (h),
todavía "no parece comprenderse la importancia decisiva de
la competencia en esta materia y (…) se sigue insistiendo que
un "cornité de sabios" debe imponer programas y bibliografías a sus
conciudadanos en lugar de abrir las puertas de par en par para
que entre mucho oxígeno
en un proceso
evolutivo que requiere de contrastes y alternativas muy diversas
para atender la diversidad de potencialidades y de vocaciones de
personas que habitualmente son tratadas como una masa de carne y
de producción en serie"

 La falta de competencia ha permitido generar
eufemismos que disfrazan la realidad y sus radicales
limitaciones. Así, cuando se dice que "no todos los
individuos tienen la vocación ni las condiciones
necesarias para seguir estudios superiores", lo que en realidad
tendría que decirse es que no todas las universidades han
mostrado condiciones de satisfacer las preferencias de los
individuos ni las exigencias del mercado laboral"".
 

El momento es propicio para tocar otra idea de similar
carácter "mitológico": la
normatividad mágica. Es decir, que los problemas
educativos, que ciertamente son ingentes, se resuelven mediante
leyes; como si
la sola decisión legislativa tuviera la virtualidad de
poner fin a los problemas que tienen múltiples
orígenes y complejas causas.  

Quienes piensen así deberían preguntarse
cuál ley, de las
muchas que se han dado en el campo educativo, ha tenido la
especial virtud de resolver alguno de sus problemas, y
cuál, de los muchos que lo aquejan.  

Y, a la vez, deberían también preguntarse
si, específicamente en lo que se refiere a la educación
superior, donde sigue hablándose de la necesidad de
nuevas leyes esa activa competencia despertada en el
último lustro —por cierto no advertida por todos de
igual manera— no ha hecho de veras más por la
actualización de las universidades y los institutos,
así como por el mejoramiento de su calidad, que cualquier
ley anterior o que cualquier ley imaginable. En efecto, esa
competencia en la educación superior se ha operado una
reforma silenciosa, que no ha sido estridente pero sí
decisiva en muchas universidades e institutos, no sólo
privados sino también públicos, que de otro modo
hubiera sido difícil lograr con el vigor y la rapidez que
se ha alcanzado.  

No es hora, de seguir pensando lo mismo. Frente a un
panorama de necesidades inmensas —y. además,
crecientes, como es el caso de la educación en el
Perú, cuyo estado, además de haber mostrado
falencias insuperables, carece de los recursos necesarios que le
permitan cumplir a cabalidad sus funciones básicas—,
no es posible pensar que debe perpetuarse el modelo vigente,
según el cual se piensa que la educación
sólo puede estar en manos de los agentes tradicionalmente
encargados de impartirla y que puede manejarse con geniales
iniciativas legislativas.

 Es hora, más bien, de ver de qué
manera los miembros de la sociedad civil, los ciudadanos y sus
organizaciones, dentro de las que se ocupa un lugar
principalísimo la empresa son capaces de asumir su
responsabilidad y ejercer sus derechos irrenunciables en
materia educativa.  

Cuando se habla de libertad de enseñanza, suele
pensarse en términos reducidos. En efecto, unos hablan del
derecho de los padres a escoger- para sus hijos el tipo de
educación de su preferencia. Otros hablan de la libertad
de los docentes para ejercer la enseñanza sin recortes. La
libertad de enseñanza es eso, pero es también mucho
más que eso. Ella es tino de los derechos de los
ciudadanos que las constituciones occidentales han venido
consagrando repetidamente en los tres últimos siglos. Y
ella supone, por encima de cualquier otro significado, el derecho
de cualquier persona o
institución a ejercer la función
educativa y a ofrecer opciones múltiples. Ese resulta ser
el verdadero y principal contenido de ese derecho
constitucional reiterado a lo largo del tiempo moderno y
contemporáneo, y a lo ancho de los países que
reconocen las libertades ciudadanas. Porque si esta posibilidad
de participación en la educación a través de
la libre iniciativa es recortado o limitado, los demás
derechos derivados (el de los padres a escoger un colegio de su
preferencia para sus hijos, o el de los docentes a ejercer la
libertad de cátedra en las materias a su cargo)
serían imposibles o estarían privados de su
esencia.  

Tercer mito: La educación es incompatible
con el beneficio empresarial.

Este mito, es probablemente el más extendido
entre nosotros. Por alguna razón que merecería ser
analizada a fondo, ciertos conceptos, como los de la gratuidad de
la enseñanza, la obligatoriedad de la educación
primaria y secundaria, y la educación sin fines de lucro,
han sido presentados y asociados de manera inextricable, es
decir, difíciles de desenredar.  

Hasta hace muy pocos años, el paradigma de
la educación es que ésta había de estar a
cargo de entidades sin fines de lucro. Las leyes y los
reglamentos repetían, una y otra vez, que la
educación no podía tener fines de lucro. Y todos
nosotros tenemos o hemos tenido esta idea grabada con fuerza.
¿Por qué? ¿Qué hacía que la
educación fuese la única actividad humana que
debía desenvolverse en una especie de agujero negro donde
los principios económicos fundamentales fuesen
desconocidos? ¿Por qué la educación estaba
sujeta a unas reglas donde las de carácter
económico quedaban explícitamente derogadas? Si
ello era así, ¿cómo podría obtenerse
un índice de la eficiencia o del éxito
de una determinada propuesta educativa?, ¿cómo
podría proveerse a la sociedad de esa información necesaria para tomar decisiones
libres y responsables que en los otros sectores sí es
posible gracias, por ejemplo, a la medición de la productividad, de
la rentabilidad,
del logro efectivo de resultados y del óptimo uso de
recursos?, ¿,cómo hacer para que, sin esa
información, el estado tome conciencia de sus límites?
 

Y aquí tenemos que reconocer que ello es el
resultado inevitable de una ideología de viejo corte socialista que
tuvo tanta vigencia. Una ideología que descalificaba por
igual los conceptos de empresa y de lucro, presentándolos
como adversarios del interés
social. Así, la empresa venía a ser la
organización de intereses mezquinos y voraces que se
establecía y prosperaba gracias a la explotación de
los trabajadores. Y el lucro era esa porción del salario
injustamente expropiado a los trabajadores dirigido
fundamentalmente a satisfacer los intereses de los capitalistas.
Fuera del análisis estaban la identificación
de oportunidades productivas, el ejercicio de la libre iniciativa
y de la participación ciudadana en la
economía, la generación de valor como requisito
para la disposición de la riqueza por la sociedad, la
productividad y la competitividad
como formas de atender los intereses de los consumidores, las
decisiones productivas basadas en las reglas del razonamiento
económico y de la eficiencia como la mejor forma de
atender los intereses de la sociedad. Nada de eso se tenía
en cuenta. Se trataba, sobre todo, de disociar la
educación del mercado.

 Ello produjo también el alejamiento del
espíritu empresarial y de los criterios empresariales de
la tarea educativa. Las empresas estaban objetivamente excluidas
de la tarea de educar. La educación era probablemente la
única actividad económica donde la empresa no
tenía cabida. Y también la única donde el
lucro no era legalmente posible.  

De la misma manera, en ninguna actividad
económica como en la educación el principio de la
propiedad se
encontraba tan mediatizado como en la educación.
Montañas de leyes y reglamentos limitaban su ejercicio o,
directamente, impedían su plena realización. En
concreto en el
campo universitario, la propiedad de las universidades, incluso
de las legalmente denominadas como privadas, no existía. Y
es que la propiedad no es sino la expresión institucional
de la libertad. Cuando una no existe o se debilita. Tampoco es
posible pensar en la otra. Sin propiedad, la libertad carece de
contenido. Sin libertad, la propiedad carece de sentido.
 

Ya conocemos la causa y también las consecuencias
de estas ideas. Es cierto que la Ley de Promoción de la Inversión en la
Educación, el Decreto Legislativo 882, de noviembre de
1996, cambió esta situación. Pero aún es
largo el camino que hemos de recorrer para lograr un cambio en la
forma de pensar de muchos: responsables de la formulación
y aplicación de políticas
educativas, de un lado; y, de otro, de los propios educadores e
inversionistas.  

Aún es relativamente común leer
cómo algunos siguen ahondando la tradicional brecha entre
la empresa y la educación. Algunos siguen entendiendo que
es necesario distinguir ambos campos y resistir toda forma de
compenetración. Era de preverse que los educadores
tradicionales, alejados como han estado del manejo empresarial,
expresaran ese alejamiento corno un síntoma de su
desconocimiento de la realidad empresarial. Pero también
hablan de la educación como "función
pública", lo que hace temer que igualmente padezcan de un
inexcusable desconocimiento de lo que es la propia
educación. Otros han señalado recientemente y
refiriéndose en concreto al nivel universitario, que la
presencia de entidades con propósitos de beneficio forma
parte de un proceso de "desencialización" y
"pérdida de rumbo", pues que la "ratio mercantil" amenaza
con desfigurarla en sus funciones esenciales.  

El lucro, en el desempeño de una actividad
productiva, cumple muchas funciones: es indicador de la
eficiencia en la producción de bienes y servicios (lo que,
en nuestro país, no es sólo un mandato empresarial
sino una exigencia del más alto interés social), es
indicador del éxito de una iniciativa medido a
través de la aceptación del mercado18. De la misma
manera que, en una visión mayor, la ganancia de una empresa no es
sólo expresión de un beneficio individual. Como
oportunamente se notó en países cercanos, como
Chile, impedir que el espíritu empresarial, que la
búsqueda del beneficio tenga vigencia en la
educación. "es quitarle (a la sociedad) una herramienta
poderosísirna y no es sino limitar, por temores casi
supersticiosos, las posibilidades de éxito del país
en un campo absolutamente clave para su desarrollo presente y
futuro". Tina de las enseñanzas de la experiencia
económica contemporánea es que el beneficio social
sigue al beneficio individual; que, si el beneficio empresarial
no existe, tampoco podrá existir el beneficio general de
la sociedad, de modo que no sólo no hay
contradicción entre ambos, sino una necesaria
relación de sucesión, de causa y efecto.
 

Autores tan respetables como Russell L. Ackoff nos lo
recuerdan con claridad: con la introducción del mecanismo de mercado en el
sistema educativo, no sólo los consumidores
estarían más invitados a familiarizarse con las
alternativas escolares disponibles para sus hilos, y las
comunidades proveerían una información clarificada
sobre los centros educativos y sus evaluaciones a los alumnos y a
sus padres. También esos centros educativos
aprenderían más efectivamente de sus éxitos
y fracasos, y serían más adaptativos. Los centros
educativos se preocuparían de responder mejor a las
necesidades e intereses de la comunidad en que
se desenvuelven. Los responsables contarían con los padres
de familia y con los alumnos en el planeamiento y en
la política educativa. Los centros educativos
serían más participativos, a la vez que más
progresistas.  

El sistema educativo peruano muestra un
desempeño de fracaso. Entre las causas de este fracaso se
encuentra el haber sido diseñado y mantenido sobre la base
de un papel excesivamente intervencionista del estado. Los
estados no deben tener dentro de sus papeles el desempeño
de la función educativa a expensas del derecho fundamental
de las familias y de las organizaciones privadas, tanto
religiosas como no confesionales. Los individuos y la sociedad
civil no deben renunciar a las atribuciones que les competen en
esta tarea, y menos aún abdicar de ellas a favor del
estado.

  El estado peruano no se encuentra en condiciones
de disponer de los recursos necesarios para cumplir debidamente
con la responsabilidad de educar, ni en condiciones de manejar
eficientemente los escasos recursos asignados a este fin. Por
ello, la sociedad civil en el Perú está
especialmente urgida a cumplir un mayor y mejor desempeño
en materia educativa.

  La oferta educativa en el Perú debe
ampliarse de modo tal que, dentro de un marco de legítima
competencia, busque y contribuya a lograr un mejoramiento de la
cobertura de la educación a mayores sectores de la
población y de su calidad en beneficio de quienes la
reciben.

  La tarea educativa en el mundo y en el
Perú de hoy debe estar a cargo de múltiples
agentes, tanto de los tradicionalmente encargados de su
desenvolvimiento formal como de nuevos actores que decidan
ingresar a este campo de crucial importancia para el desarrollo.
Todos son indispensables. Dentro de estos nuevos actores,
debería considerarse en forma especial a la empresa
privada.

  La empresa privada tiene diversos modos de
participar en el quehacer de la educación. Dentro de
ellos, puede pensarse en la prestación directa del
servicio educativo, participando en él con todas las notas
que la caracterizan: iniciativa, propiedad, eficiencia y, por
cierto, beneficio empresarial. Asimismo, puede pensarse en el
desarrollo de múltiples modalidades de alianzas
estratégicas con los centros educativos existentes,
materializadas a través de convenios específicos,
para el logro diversos fines, dentro de las que pueden
mencionarse las siguientes:

a. Programas de capacitación,
actualización o perfeccionamiento de su propio personal,
diseñados a la medida de las necesidades de la empresa y
con su participación, dentro de la convicción
compartida de que el valor añadido de los mismos se
traduce en el incremento de la calidad y del valor de los bienes
y servicios que ella produce. Estos programas pueden ser
desarrollados dentro de la empresa ("in-house") o en los locales
de los centros educativos.

  b. Mecanismos de apoyo, premio o
estímulo a los mejores estudiantes regulares para la
prosecución de sus estudios o los inicios de su vida
profesional.

  c.  Programas de especialización para
la aplicación y el uso de productos,
procesos o
sistemas
disponibles en la empresa y requeridos por el mercado.

  d. Programas de prácticas
pre-profesionales para que los alumnos, en períodos de
vacaciones o durante los últimos años de sus
estudios, puedan experimentar dentro de la empresa y, a su vez,
ésta cuente con elementos de prueba para el eventual
reclutamiento
futuro de su personal.

  e. Ofrecimiento de bienes o servicios
dirigidos específicamente al público universitario
o adaptable al mismo en condiciones de ventaja.

  f. Desarrollo, en conjunto con las entidades
educativas, de concursos o programas orientados al cultivo de
valores
compartidos y a su difusión en la sociedad.
 

¿Cómo financiar la excelencia
académica?

Nos encontramos en un contexto marcado por la creciente
importancia de la ciencia y
la tecnología en la formación de las
nuevas sociedades del conocimiento.
La revolución tecnológica en marcha y
la expansión de las relaciones de mercado a niveles sin
precedentes en la historia, vienen acompañadas de la
globalización de la enseñanza superior y de una
creciente importancia de la educación continua y a
distancia, en parte como resultado de la acelerada
reducción en los costos de
almacenar, procesar y transmitir información.

Enfrentamos una creciente competencia con
universidades-empresa motivadas por el lucro y la
mercantilización de los servicios educativos, las cuales
se orientan, naturalmente, a las disciplinas y segmentos
más rentables del mercado. Al mismo tiempo, empezamos a
enfrentar una creciente competencia por parte de Universidades
ubicadas en países del "primer mundo". Muchas de ellas
cuentan con fondos o endowments de gran envergadura, y tienen la
ventaja de acceder a recursos para la
investigación provenientes del Estado y del sector
privado. La intensidad de esta competencia dependerá de la
configuración resultante de las alianzas
estratégicas, las sinergias y las redes institucionales que se
vienen formando a escala global, así como también
de la dinámica de las migraciones y de la
educación a
distancia. En este escenario juega un rol destacado el
reconocimiento internacional logrado en la generación de
conocimiento y la producción cultural — que se expresa en
un lenguaje
simbólico de nombres y marcas de
prestigio, premios y rituales – así como
también la ubicación de los egresados en las redes
internacionales de conocimiento y en los mercados de trabajo de
las distintas disciplinas, entre otros factores.

Luego de la fase expansiva de los últimos
años, nuestra Universidad casi
ha alcanzado su "tamaño óptimo", y debe avanzar
hacia su modernización y consolidación a fin de
enfrentar los desafíos que el contexto descrito nos
plantea. Nuestra situación financiera a nivel nacional es
sólida en el corto plazo pero vulnerable a mediano plazo
debido, principalmente, a que invertimos muy poco en
infraestructura y equipamiento (sólo el 5% de nuestro
presupuesto
total) y a que asignamos muy pocos recursos a la
investigación (apenas el 0.3%). Esto nos hace poco
competitivos en el contexto global, y nos exige adoptar con
urgencia ciertas medidas.

Los reducidos niveles de inversión se explican,
en parte, por el exceso de personal administrativo y su baja
productividad, que se traducen en un gran peso del gasto
corriente y constituyen una fuente de rigidez presupuestal e
ineficiencia. Tenemos un ratio número de empleados entre
número de alumnos mucho más alto que el que se
observa en otras Universidades del país y del extranjero.
Si queremos sostener nuestra posición de liderazgo en
la formación universitaria y en la promoción de
valores culturales, necesitamos invertir mucho más en
laboratorios, en la infraestructura, la organización y los contenidos requeridos
para la educación a
distancia y la educación continua, en fortalecer
nuestra participación en las redes de conocimiento a
escala local, nacional e internacional, en registrar y gestionar
la propiedad
intelectual de los contenidos que generamos.

En términos del presupuesto, la receta para
mejorar nuestras finanzas es
simple y conocida. Debemos modificar sustantivamente la estructura del
gasto, reduciendo la proporción de los gastos corrientes
y aumentando la que corresponde a inversiones.
Para ello es necesario simplificar los procedimientos y
racionalizar nuestra organización, a fin de elevar la
eficiencia y eficacia en todas
nuestras actividades. También necesitamos implementar un
buen sistema de
información, que aumente la transparencia de la
gestión
y nos ayude a mejorar la calidad de nuestras
decisiones.

De otro lado debemos elevar nuestros ingresos, avanzando
en varios frentes de manera simultánea:

a) atraer un mayor número de alumnos de familias
con ingresos más altos. Al mismo tiempo, debemos revisar y
fortalecer los programas de becas y préstamos vigentes,
estableciendo un sistema financieramente sostenible que facilite
los estudios a alumnos de familias con ingresos más
bajos;

b) mejorar la calidad en los programas de post-grado,
potenciando la investigación, y aumentar el número
de alumnos graduados hasta llegar, por lo menos, al 20% del total
de alumnado;

c) desarrollar nuevos programas de educación
continua y educación a distancia, fortaleciendo nuestra
capacidad de registro y
gestión de la propiedad intelectual de los
contenidos;

d) otorgar incentivos a la
generación de nuevas fuentes de
ingresos, sobre todo en las unidades deficitarias, por ejemplo,
vía investigaciones
autofinanciadas, consultorías y venta de bienes y
servicios;

e) desplegar las redes de egresados y graduados
así como nuestra presencia en el espacio público,
en la sociedad civil y en las redes de agencias donantes, a fin
de gestionar donaciones;

f) identificar nuevas posibilidades de relación
con el mundo empresarial en la perspectiva de financiar
investigaciones aplicadas;

g) potenciar la gestión inmobiliaria y financiera
al interior de la Universidad, a fin de elevar los ingresos
financieros y las rentas;

h) fortalecer nuestra capacidad de identificar, formular
y evaluar proyectos de
inversión que aseguren la sostenibilidad financiera de
la Universidad en el mediano y largo plazo.

Gracias al prestigio logrado en las últimas
décadas, las universidades privadas, tenemos oportunidades
que debemos aprovechar. Para hacerlas realidad necesitamos romper
la inercia e iniciar con energía un proceso de cambio, que
estimule la creatividad de
todos y cada uno de nosotros y promueva el compromiso y la
responsabilidad compartida con la viabilidad financiera de
nuestras Universidades. Sus resultados dependerán,
principalmente, del grado de cohesión de nuestra comunidad
académica y de la voluntad política de nuestros
organismos de gobierno.

La
cooperación internacional y el desarrollo Universitario
nacional

Existen problemas que siendo locales o regionales,
tienen connotación global por que la magnitud de sus
consecuencias trasciende fronteras nacionales y continentales.
Muchos de ellos ocurren en Países en Vías de
Desarrollo (PVD), tales como el tráfico ilícito de
cocaína,
la deforestación de los bosques
amazónicos, la desertificación de zonas
áridas y semiáridas, la pobreza
extrema de grandes segmentos de la población rural y
urbana, el analfabetismo,
el alto índice de crecimiento demográfico, la
insuficiencia de infraestructura básica de
educación, salud y vialidad, entre
otros.

El fin de la guerra
fría ha puesto de manifiesto la supremacía de
un modelo de desarrollo que tiene sus fundamentos en el libre
juego de la
oferta y la demanda de
bienes y servicios, donde se ponen a prueba las capacidades de
creatividad y competencia de las personas y de
organización de la sociedad y del Estado. Este
último asume el rol normativo y de promoción. Este
modelo se conoce como Economía Social de Libre Mercado,
consagrado en el Título III del Régimen
Económico, Capítulo I de nuestra Carta Magna y
normado por Decreto Legislativo Nº 757 del 13 de Noviembre
de 1991.

La creatividad y la competencia, convertidas en
requisitos para alcanzar la excelencia, nacen en principio con el
individuo,
pero se desarrollan en función al ambiente
social donde le toca desenvolverse. Estas dos cualidades, siendo
propias del ser humano, deben ser moldeadas, potenciadas y
consolidadas y ello sólo puede darse en instituciones de
investigación y de educación superior que hayan
asimilado la excelencia académica como premisa
básica.

Los países industrializados han arribado al nivel
en que están, debido a una cultura de uso
intensivo de los descubrimientos científicos y
tecnológicos generados en los centros académicos y
de investigación, muchos de estos últimos,
auspiciados por las propias empresas, es decir, la sociedad civil
organizada.

En cada país existen las comunidades
científica, muy desarrolladas en los países
industrializados y muy poco, en los PVD. La comunidad
científica es el conjunto de personas, por lo general
vinculadas a una institución académica, que
practican la ciencia y
generan continuamente, nuevos conocimientos que al acumularse,
forman acervos que en determinado momento llegan a convertirse en
fuentes de principios o leyes que permiten descubrimientos y
estos a su turno, nuevas máquinas,
mejores instrumentos, fármacos mas efectivos, y
procedimientos y métodos
mas expeditivos. Estos mismos descubrimientos permiten a su vez,
conocer mejor los elementos, sus funciones e interrelaciones,
dentro de sistemas cada vez mayores y mas complejos.

El corolario de la acumulación del conocimiento
científico y tecnológico es la
generación de riqueza, formación de excedentes de
capital y por
tanto, dominio de los
mercados, no solamente de bienes y servicios, sino del mismo
conocimiento.

Los grandes problemas de los países en
vías de desarrollo que preocupan a los países
industrializados, afectan esos dominios de forma directa; por
ejemplo la cocaína, utilizada como droga que ha
conducido a los Estados Unidos, a declarar el consumo de la
cocaína y otras sustancia sicoactivas, como problema de
seguridad
nacional. Muchos productos metálicos y no metálicos
que abundan en los PVD son utilizados en los procesos de
fabricación de máquinas o instrumentos de alto
valor comercial. Los productos de la flora y la fauna de los
bosques tropicales constituyen un enorme potencial, en principio,
de maderas finas, y de subproductos utilizados en la industria
farmacéutica, química y
agroalimentaria. Si bien es cierto, que la cooperación
internacional tiene un componente genuino de apoyo solidario, de
filantropía y altruismo, para resolver los problemas
graves enunciados, sin embargo, es necesario hacer notar, que
mucho de ello, se da para proteger sus propios intereses, lo cual
en el fondo no es malo, porque los problemas de ellos
también nos afectan. Pero lo que debemos cuidar es que los
apoyos económicos, técnicos o financieros sirvan
realmente los propósitos del mejoramiento de la calidad de
vida de nuestras poblaciones y del mantenimiento
de la calidad del ambiente.

 Es indudable que en los últimos cinco
años se han dado importantes avances en nuestro
país, siendo los principales el de la pacificación,
la estabilización de la economía y la
reinserción del Perú en el ámbito financiero
internacional. A ellos hay que agregar el mejoramiento del
sistema vial y el de infraestructura de educación y
salud.

Es importante resaltar en este contexto la dación
del Decreto Legislativo Nº 757 que norma la inversión
privada y la libre competencia, que concuerda con lo dispuesto en
el artículo 58 de la Constitución Política
del Perú, que establece que "La iniciativa privada es
libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo
este régimen, el Estado orienta el desarrollo del
país y actúa principalmente en las áreas de
promoción de empleo, salud,
seguridad, servicios
públicos e infraestructuras"

Con estas normas
jurídicas, se ha formalizado el mensaje de la estabilidad
jurídica del régimen económico,
indispensable para atraer la inversión privada nacional y
extranjera hacia los sectores productivos y de servicios. Para la
consolidación de las reformas estructurales, era
imprescindible establecer el marco jurídico de
actuación de todos los agentes económicos. Los
resultado no se hicieron esperar; la inversión privada
nacional y extranjera en el año 1994 fue de 3,203 millones
de dólares americanos incluido los ingresos por privatizaciones, estimándose que en el
presente quinquenio se realicen inversiones directas del exterior
no menores a 1,500 millones de dólares en promedio
anual.

El rol orientador y promotor del Estado se viene
consolidando, dejando atrás aquel de Estado-Empresario,
que como la experiencia lo ha demostrado, es ineficiente. Dadas
las condiciones para la libre competencia y la iniciativa
privada, la distribución de la riqueza en nuestro
país debe ser mas justa, en tanto que esa libertad debe
inducir a cada quien a ejercer sus mejores matrices de
éxito en el campo de su competencia.

Se entiende que las condiciones óptimas para la
libre competencia y la iniciativa privada aún no
están del todo dadas; persiste una actitud ventajista que
trata de burlar los esquemas del libre juego de la oferta y la
demanda; para vigilar estos desvíos, se ha creado el
Instituto de Defensa del Consumidor y de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en el entendido que el
mercado deber ser para todos, según su nivel, pero en
igualdad de condiciones.

La presencia de sesgos en el ejercicio de libre mercado,
incorpora un elemento de artificialidad, de consecuencias
similares a que las que produjeron los sistemas de
control centralizado de las economías de los
países socialistas. Podemos afirmar que la artificialidad
en la economía otorga a ésta la condición de
precaria, fácilmente quebrantable. El libre mercado se
aproxima más a lo natural y de allí su fortaleza.
Sin embargo, es conveniente cautelar el derecho para que cada
quien tenga la oportunidad de expresar sus máximas
capacidades para ocupar "nichos" de especialización y
"territorios" de actuación, que le permitan asegurar su
supervivencia. Si el Estado interviene es para prevenir
posiciones dominantes y monopolios y cualesquiera otra
práctica que tiendan a desvirtuar las leyes del libre
mercado.

Hemos querido hacer referencia expresa al nuevo
régimen económico que impera en nuestro
país, porque consideramos que es la base para alcanzar
mejores niveles de bienestar. Implícito en este bienestar
están los aspectos sociales, políticos y
espirituales de las persona.

El nuevo escenario que se ha configurado en el
último lustro, de recuperación acelerada de las
condiciones propicias para el despegue, ha generado una corriente
positiva de apoyo al Perú, principalmente en la
previsión de recursos económicos y financieros,
para la obra de carácter social y de recursos
humanos calificados.

De estos razonamientos surge ineludible la
responsabilidad que le compete a la universidad en la
formación del nuevo profesional que el Perú
requiere, para impulsar cada vez con mayor fuerza los cambios que
vienen produciéndose en las esferas de cada uno de los
sectores del Estado.

 El Sistema Universitario Nacional está
conformado por 56 universidades entre estatales (28) y privadas
(28), con 382 facultades y mas de 690 carreras profesionales o
especialidades; con una población estudiantil de 368,072
estudiantes, comprendiendo el 64.1% de ellos a las universidades
públicas y el 35.9% restante a las universidades privadas.
Aproximadamente un 20% de docentes universitarios ostentan grados
académicos de maestro o doctor.

La profesionalización de todo este contingente
de estudiantes corre a cargo de 27,930 docentes universitarios,
de los cuales el 66.1% enseña en universidades
públicas y el 33.9% en universidades privadas.

La formación profesional en la mayoría de
universidades públicas adolece de una serie de
deficiencias, que se manifiestan fundamentalmente en perfiles
profesionales mal o insuficientemente definidos,
metodologías improvisadas de enseñanza, curriculas
y contenidos curriculares desfasados y obsoletos, programas de
investigación de escasa significación y
trascendencia, programas de extensión y proyección
universitaria de poco alcance y lo mas dramático, docentes
con escasa formación académica. Para graficar mejor
esta problemática basta referir el hecho de que muy pocas
universidades tienen programas obligatorios de enseñanza
de idiomas extranjeros y de computación e informática.

La capacidad creativa del hombre es
inmensa, pero de nada serviría sino existieran los medios
para que ella se exprese y produzca resultados. Los medios son
instrumentos que permiten a la inteligencia
humana y alcanzar el fin que supuestamente debe cumplir: el goce
pleno del bienestar. Los medios pueden ir desde los más
simples hasta los más complejos. Arquímedes pidió una palanca para
mover el mundo. Ahora utilizamos estaciones orbitales alrededor
de la tierra para
allí investigar procesos biológicos y
bioquímicos exentos de la influencia de las fuerzas
gravitacionales de la tierra.

Con esta reflexión se quiere indicar que si no
existen los instrumentos para hurgar en los arcanos de la
ciencia, no podría generarse nuevo conocimiento que su
aplicación signifique avance tecnológico. Por ello,
es indispensable que la Universidad esté debidamente
equipada para que pueda cumplir con uno de sus fines, la
formación académica cabal de los jóvenes
universitarios.

Si bien es cierto que las inquietudes científicas
o la curiosidad por lo desconocido, se da en los niños,
jóvenes y adultos; sin embargo en cada nivel, su
significación es diferente. Javier Sota ha indicado que
los niños hacen abstracciones del mundo; los
púberes operan el mundo; mientras que los adultos re-crean
el mundo. Ello implica que los jóvenes universitarios a
quienes podría calificarse como personas adultas o adultos
en formación, están en la plenitud de sus
capacidades creativas, las que van afinándose en la medida
que profundizan en su pensamiento y
ganan experiencias.

En los países industrializados, el mayor
porcentaje de científicos son jóvenes, y muchos de
ellos, provenientes de países en vías de
desarrollo.

No cabe duda que las universidades deben agotar
esfuerzos y el Estado apoyarlas, para que el equipamiento se
dé en las mejores condiciones. Estamos convencidos que si
los laboratorios, gabinetes y los campos experimentales
estuviesen debidamente implementados, se produciría un
ambiente de motivación
para la indagación científica por parte de
profesores y estudiantes.

En este sentido, las acciones que
la Asamblea Nacional de Rectores viene ejecutando para lograr el
equipamiento de las universidades vía la
cooperación internacional, debe extenderse a otros campos
del quehacer universitario.

Debemos estar concientes que el desarrollo de la
instrumentación se da fundamentalmente en
países industrializados, y en este campo es conveniente
tomar ventaja de lo existente, en el entendido que su
adquisición es una inversión para el logro de
resultados a mediano y largo plazo.

El aporte del conocimiento de expertos de otros
países es otro campo de mucha significación.
Reconociendo que el
conocimiento científico y tecnológico es mayor
en los países industrializados, debe ser obvio que los
países en vías de desarrollo tienen que acudir a
ellos para acortar distancias entre inicio de búsqueda y
obtención de resultados, y ello tiene que darse en un
marco de conciente aceptación de las bondades y la
necesidad de este tipo de cooperación.

La gestión universitaria es un campo donde impera
el "provincialismo", es decir, la poca visión de futuro,
con métodos y procedimientos que no se condicen con las
exigencias modernas para la toma de
decisiones oportunas y efectivas. En esta generalidad existen
honrosas excepciones.

 La Universidad Peruana, en circunstancias de
globalización de la economía y de
las comunicaciones, y sobretodo, del proceso de cambio
que vive nuestro país, debe organizarse y actuar
concordantemente, para poder acceder
a la cooperación internacional. El aporte extranjero como
se ha indicado, debe constituir un complemento importante de la
capacidad de financiamiento
interno. Teniendo como premisa las limitaciones de la caja
fiscal,
incapacitada para atender todos los requerimientos de desarrollo,
debe ser imperativo para las universidades recurrir a la CTI,
para atraer y conseguir los recursos disponibles en las distintas
fuentes cooperantes.

Para transitar en la gestión con ciertas
posibilidades de éxito, es importante conocer la
orientación del interés de apoyo de cada fuente,
para concordarlo con el interés institucional.
Desencuentros de intereses conducen a fracasos o postergaciones
de negociación y aprobación.

Para la Universidad Peruana, elevar la calidad de la
enseñanza superior es una necesidad urgente, que requiere
del fortalecimiento de la gestión universitaria, de la
capacidad de ejecución de proyectos, y de
la adquisición de mayores conocimientos, habilidades y
destrezas por parte de docentes e investigadores.

Precisamente, para reforzar las capacidades
institucionales, el CONCYTEC ha suscrito importantes convenios de
cooperación bilateral para la ejecución de
proyectos conjuntos de
investigación científica y
tecnológica, intercambio de personal científico y
técnico, realización de eventos e
intercambio de información. Con miras a sostenibilidad de
los avances que se van logrando, este tipo de cooperación
bilateral a nivel de profesionales debe reforzarse y ampliarse al
intercambio de estudiantes de pre-grado.

 La Universidad Peruana, tiene el encargo legal y
la responsabilidad ética y
moral de generar ciencia y
tecnología para el desarrollo del país, ya sea
directamente, poniéndose ella misma, con toda su capacidad
instalada, al servicio de los usuarios, o indirectamente, a
través de sus profesionales y académicos, capaces
de descubrir nuevas casas y aplicarlas para producir resultados
positivos.

Las fuentes extranjeras de financiamiento disponen de
fondos concursables, a los que se acceden solo en base a
proyectos de calidad, por lo que debe tenerse especial cuidado en
su elaboración y presentación, para poder competir
ventajosamente con otras propuestas nacionales e
internacionales.

Por lo indicado, las universidades deben considerar como
una inversión de primera prioridad y altamente productiva,
el fortalecimiento de su `expertise´, para formular,
gestionar, administrar y evaluar los proyectos que ella
proponga.

Es necesario concordar los intereses institucionales,
locales, regionales y nacionales, con los intereses de las
fuentes cooperantes, a fin de hacer viables las propuestas dentro
de un marco de mutuo entendimiento y conjunción de
voluntades.

La gama de posibilidades para acceder a la
Cooperación Técnica Internacional es amplia; ella
cubre campos diversos como la capacitación, entrenamiento,
apoyo económico y financiero, apoyo de expertos, servicio
de voluntarios, etc. Las universidades deben ser capaces de
acceder a todas ellas.

Finalmente, hay necesidad de desarrollar una nueva
mentalidad al interior de la Universidad, a fin de exponerla
mucho mas a las responsabilidades de contribución efectiva
al desarrollo nacional a través de sus propias
capacidades, de generación de ciencia y tecnología
apropiadas y de proyección a la comunidad.

"En el
Perú la cantidad no se concilia con la
calidad"

En la última década se han creado
numerosos institutos superiores y universidades, especialmente
privados, amparados en las políticas de apertura hacia la
proliferación de instituciones que pudieran cubrir la cada
vez mayor demanda por educación superior. Sin embargo,
esta masificación ha ido acompañada de una
tendencia inversa en cuanto a la calidad de la enseñanza
universitaria. Sobre este tema conversamos con el educador
León Trahtemberg, director del colegio "León
Pinelo", en la entrevista
didáctica que le concede mensualmente a
"Tiempos del Mundo".

T de M: La ampliación de la oferta
educativa de las universidades debe haber dejado satisfechos a
los miles de postulantes que antes no ingresaban a las
universidades ¿verdad?

Esto es una especie de "victoria pírica" para los
postulantes, porque el crecimiento acelerado de instituciones de
educación superior se ha hecho sin garantizar la
excelencia de los profesores, laboratorios, bibliotecas, etc.
Esto ha traído como consecuencia una gran diversidad de
calidades ofrecidas por estas instituciones, por lo que hoy los
postulantes mejor preparados se concentran en ocupar una vacante
principalmente en las universidades y facultades más
prestigiadas. De este modo, la masificación de la
educación superior ha intensificado la
estratificación de oportunidades educativas, ya que los
postulantes con más recursos y preparación escolar
más sólida son los que tienen mayores oportunidades
de ingresar a los centros de educación superior y
especialidades más prestigiados.

T de M: ¿Por qué la
masificación de universidades se contradice con la
calidad?Es muy simple. ¿Cuántos
catedráticos de primera línea hay en el
Perú, postgraduados en el extranjero, que se dedican a la
investigación de vanguardia,
que publican en las mejores revistas científicas, etc.?
Muy pocos. No más del 10% del total. ¿Qué
universidades pueden financiar las investigaciones y contratar a
estos destacados académicos? Unas cuantas.
¿Quiénes enseñan en las otras? Profesionales
y académicos con menor preparación y
actualización. ¿Qué egresados son
competitivos para el mercado ocupacional internacional? Los pocos
que egresan de las pocas universidades en las que se encuentran
los escasos catedráticos de primerísima
línea. Si hay 35,000 catedráticos y solo 3,500
tienen un alto estándar internacional, ¿cuál
es la probabilidad
de que un estudiante de una universidad de segundo nivel pueda
tener alguna vez en su vida académica un profesor de
nivel internacional? Mínima. Si tuvo suerte, unos cuantos
de sus 60 catedráticos habrá sido sobresaliente.
Como verá, en el Perú la cantidad no se concilia
con la calidad. Si no se desarrolla un sistema de
acreditación, se desampara a los estudiantes que
están desinformados sobre la calidad real de estas
instituciones.

T de M: Si es así ¿qué se
puede hacer?

Creo que la respuesta, especialmente para las
universidades estatales, la podemos encontrar en un comunicado
del 4 de noviembre publicado en "El Comercio"
firmado por siete prestigiados científicos e ingenieros, a
nombre de las academias peruanas de ingeniería, medicina,
arquitectura,
ciencias los
colegios de ingenieros de Lima y del Perú y la facultad de
Ciencias e Ingeniería de la Universidad Católica.
Los firmantes fueron ni más ni menos que Juan
Incháustegui, Rolando Calderón, Santiago Agurto
Calvo, Alberto Giesecke, Eduardo Ísmodes, Julio Rivera y
José Tong respectivamente y el coordinador de la
iniciativa fue el Ingeniero Héctor Gallegos.

Este comunicado sugiere reducir el número de
facultades y estudiantes a la cantidad que pueda ser financiada
de modo que se pueda garantizar la calidad de la
formación. Además sostiene que no deben ser las
universidades las que otorguen los títulos a nombre de la
nación,
sino una entidad externa a ellas (barra profesional) que a nombre
de la nación
certifique la idoneidad de los egresados para ejercer la
profesión estudiada.