La universidad particular de Iquitos y el rol de la iniciativa privada en la educación superior (página 4)

T de M: Esta certificación
¿cómo afectaría la cantidad de estudiantes y
la calidad de su
formación?

Todo sistema de
certificación de la idoneidad de los egresados, al limitar
el número de egresados que pasan los exámenes
profesionales, automáticamente limita el número de
facultades que quieran ofrecer cada especialidad, porque ninguna
facultad podrá sobrevivir mucho tiempo si sus
egresados sistemáticamente desaprueban los exámenes
profesionales.

T de M: Hace unas semanas hemos los
catedráticos de 28 de las 33 universidades estatales
hicieron huelga,
reclamando aumento de sueldos y su homologación con los de
los vocales supremos. ¿Qué posibilidades le ve a
esos reclamos?

La oferta de la
homologación de sueldos es demagógica. Homologar
los sueldos de 20,000 catedráticos estatales a las
remuneraciones
de unas decenas de magistrados que ganan 4 veces más que
los docentes, es
ilusorio.El gran problema de las universidades estatales es que a
pesar de que la comunidad
académica está integrada por intelectuales
con educación
superior, en el tema de los recursos razonan
como niños
que creen que el dinero
crece en los árboles. En el Perú el estado
invierte 1,000 dólares anuales por alumno universitario
gratuito, frente a los 2,000 a 10,000 dólares que los
estudiantes pagan en una universidad
privada. Las universidades públicas norteamericanas
cuestan 25,000 dólares, aunque los estudiantes pagan
aproximadamente la mitad y el estado
subsidia la otra mitad. Ni hablar de los 45,000 dólares
anuales que cuestan las universidades privadas de la liga mayor
como Harvard o MIT. Si en Inglaterra y
EE.UU los estudiantes tienen que pagar sus estudios ya sea
mediante un crédito
o un impuesto a los
ingresos
profesionales luego de graduarse, porque el estado no puede pagar
toda la
educación, ¿alguien en su sano juicio puede
pretender que la educación superior en
el Perú sea universal, gratuita y de calidad competitiva
con el primer mundo?

T de M: ¿Es inevitable
entonces renunciar a la gratuidad?

A lo que hay que renunciar es a la
gratuidad ciega e indiscriminada, que es aquella que se da cuando
estudiantes que proceden de hogares con capacidad
económica que han pagado toda su vida por la
educación escolar privada, de pronto dejan de pagar por el
solo hecho de ingresar a una universidad estatal.Eso
también lo dicen los firmantes del comunicado antes
aludido. Convertir la gratuidad en un principio en lugar de
considerarla como un mecanismo me parece un tremendo error. En
las universidades públicas el 45% de los estudiantes
proceden de colegios particulares. ¿Es equitativo que se
sirvan de un servicio
público gratuito quitándole recursos al estado para
mejorar la calidad del servicio? Dicho sea de paso, los primeros
perjudicados por esta gratuidad ficticia son los propios
estudiantes pudientes, que dejan de recibir la educación
de más calidad que podrían recibir si la
universidad tuviera más recursos. Creo que no se ha
explorado suficiente el sistema de créditos educativos que podría ser
un muy buen complemento.

T de M:M ¿Porqué una universidad no
puede mantenerse en la primera línea sin investigación?

La gente que investiga es la que
está en al frontera del
conocimiento,
buscando siempre que innovar, crear, mejorar. En ese proceso se
enteran de lo que se hace en todo el mundo en su campo, se
mantienen actualizados, e interactúan con la comunidad
académica de vanguardia.
Acceden a conocimientos que todavía ni siquiera aparecen
en artículos o libros.

Además, cada hallazgo produce
sinergias entre todos los colegas locales.En cambio, el
profesor que
se limita a enseñar basado en un libro siempre
estará muchos años atrasado respecto a quienes
están en la vanguardia en su campo. En ese sentido
también la situación del Perú es para
llorar, inclusive frente a nuestros vecinos. El Perú
apenas gasta 1.65 dólares por habitante en
investigación, por debajo de los 3,2 dólares que
gasta Bolivia, 9
dólares de Colombia y 36
dólares de Chile y Argentina. Ni hablar de compararnos con
el primer mundo.

T de M: ¿Qué hacer con
los políticos frente a esto?

Creo que la clase política peruana
actual ha renunciado a hacer de la educación el motor del
desarrollo
nacional. No veo cómo con esa ceguera algo pueda cambiar
en el Perú en el mediano plazo. Quien quiera tener un
estándar académico o profesional de primer nivel,
tendrá que irse al primer mundo, por sus propios medios o con
becas. Los demás solo podrán destacar por milagro.
 

Universidad
pública.La eterna olvidada de los
gobiernos

La universidad pública va quedando más y
más rezagada y esta situación sólo
podrá ser revertida con mayor inversión, con un cambio institucional,
creación de un mejor ambiente en
las universidades y mayor participación de profesores y
alumnos destacados en el gobierno
universitario, sostiene Manuel Burga, ex rector de la universidad
Mayor de San Marcos y presidente del Instituto de estudios sobre
la universidad (INESU).

Para Burga, la crisis que
vive la universidad pública se ha generado por la falta de
una política de Estado que garantice la educación
como un bien público y porque los diferentes gobiernos de
turno han invertido poco, por ignorancia, politiquería o
por no entender lo que significa una inversión
educativa.

En la presente entrevista, el
ex rector de la Universidad Mayor de San Marcos, plantea
qué debería incluir una nueva ley
universitaria, cómo entender y practicar la
autonomía universitaria. La privatización y gratuidad de la
educación superior, son otros temas que también
aborda.

Ante el Congreso de la
República se han presentado doce propuestas de ley
universitaria. ¿La crisis que vive la universidad puede
corregirse con una nueva normatividad?

En la historia del Perú
republicano, desde 1821 hasta la actualidad, ninguna norma
legislativa ha creado condiciones de desarrollo, ni de
estabilidad, entonces no esperemos mucho de una norma
legislativa, aunque es cierto que se necesita un nuevo marco
jurídico que permita a las universidades públicas
sintonizar con la historia contemporánea y eso es lo que
debería dar el Congreso de la República, un marco
legal moderno.

¿Cuáles son los cinco elementos que deben
estar sí o sí en una nueva ley
universitaria?

En primer lugar debe ser una ley que respete la
autonomía universitaria, principio fundamental
básico que se debe entender en su verdadera
dimensión. Una ley tiene que respetarla y las
universidades deben ejercer la autonomía con responsabilidad
social, con rendición de cuentas,
ofreciendo resultados. En segundo lugar, debe promover la
investigación porque es el camino que va a permitir
resurgimiento de la universidad. Es una utopía en un
país como el Perú, pero las utopías
también forman parte de la realidad. En tercer lugar, creo
que debe fomentar la calidad académica,
entendiéndola como la pertinencia de las universidades con
el país. Estamos en el 2007 y por lo tanto las
universidades tienen que recoger las experiencias de los
últimos diez años y proyectarse diez años a
futuro y en este marco cronológico de veinte años,
las universidades tienen que ser pertinentes en su
país.

¿Qué significa eso?

Tienen que contribuir a resolver los problemas del
país, de la nación,
de las regiones. Si antes la universidad era impertinente y
buscaba destruir los sistemas
establecidos para construir nuevos sistemas, eso ha fracasado,
eso ha desaparecido. Ahora las universidades tienen que ser
pertinentes con el desarrollo del país, con la lucha
contra la
pobreza.

Y en cuarto lugar, las universidades tienen que revisar
su gobierno y volver a ser universidades con capacidad de
gestión, ser eficientes con capacidad para
responder ante un pedido de cuentas. Eso es lo que ahora
está faltando. Hay decanos y otras autoridades que no
tienen indicadores de
gestión, y no se les puede hacer una crítica
objetiva porque no existen estos indicadores.
Un decano puede pasar todo su ejercicio (tres años) y al
final si uno le pregunta: ¿Cuántos alumnos tiene la
facultad? No lo sabe. O cuántos libros hay en la biblioteca,
tampoco lo sabe. Algunos, incluso no tienen una proyección
clara de cada una de las escuelas que conforman su
facultad.

Entonces, sin modificar los esquemas actuales de
constitución y de forma de gobierno, de
elección de autoridades, si no se logra que los
estudiantes y profesores del tercio superior participen en las
elecciones y en las decisiones no va a mejorar la universidad.
Hasta ahora no se ha logrado que los profesores más
calificados y los alumnos más destacados participen y se
interesen de la universidad. Ahora ellos votan en blanco o no
vienen a votar y dejen que el destino de la universidad lo defina
el tercio inferior de estudiantes y el tercio inferior de
profesores.

Un último elemento a considerar es el presupuesto, una
mejor inversión estatal. El Estado debe invertir en la
educación, como invierte cualquier ciudadano de clase
media cuando envía a sus hijos a universidades privadas.
¿Por qué en el Perú se destina 0,8% a la
educación superior y en Cuba el 15 %?
Es un misterio. Por qué no se hace como en Chile, México o
Brasil. No hay
dinero,
probablemente; pero entramos en un círculo vicioso. No
contamos con una de las principales fortalezas para salir del
subdesarrollo:
un buen sistema
educativo. Si no hay buena educación no se sale del
subdesarrollo. Actualmente, la economía neo liberal le da una enorme
importancia al capital humano;
pero en el Perú no estamos todavía en capacidad de
hacer esa inversión. Durante toda la época
republicana, el país no ha tenido esa capacidad de
invertir y no porque no tenía dinero, sino porque
tenía otras urgencias, otros apetitos en los cuales se ha
consumido lo poco que había.

¿Por qué el gobierno aprista no invierte
ahora en educación?

Por ignorancia, por politiquería, o por no
entender lo que significa una inversión
educativa.

¿No será porque la educación de sus
hijos está resuelta en el sector privado?

Probablemente porque ellos consideran que el Perú
es uno de los casos sui generis en América
Latina, donde la educación superior está en
manos de instituciones
privadas y lo hacen bien, y al sector
público que lo parta un rayo. Es una cosa
estúpida de parte del gobierno, porque lo que se
están creando son abismos sociales más grandes. Las
redes de
universidades privadas permiten mejorar la situación de
las clases medias, mientras los sectores populares que van a
universidades públicas quedan fuera de esas redes y se
fomenta lo que ahora predomina, universidades nacionales muy
radicales con bandera de lucha muy a los años sesenta, que
exigen la gratuidad total. Por otro lado, hay puntos
fundamentales que se tienen que resolver en el país para
que la universidad mejore, y eso no solamente tiene que venir
desde las políticas
públicas, también es necesario un cambio de
actitud de
universitarios, sean docentes y estudiantes, porque se necesita
un esfuerzo colectivo, la participación de todos en un
proceso de mejora de la universidad.

¿La educación superior debe ser
gratuita?

Teóricamente sí, porque eso es uno de los
grandes bienes
públicos que el estado debería distribuir. Pero
bien, no mal. Porque si uno distribuye una educación
gratuita que no es de calidad, está distribuyendo un mal
público.

¿Sería una suerte de estafa?

Se está estafando, se está formando
contingente de gente desocupada, de gente resentida que va a
vivir en constante zozobra. El Estado debe invertir como lo hace
Brasil, hacer una verdadera inversión en
educación.

Actualmente existen 91 universidades, de las cuales 33
son públicas y 58 privadas ¿es un negocio la
educación superior?

No creo que sea estrictamente un negocio, es cierto que
en Estados Unidos
es un floreciente negocio la educación privada porque los
padres pagan.

Y por qué hay tantas universidades privadas, son
58 versus 33 públicas.

Sí, las universidades públicas
están en abrumadora minoría en la Asamblea Nacional
de Rectores (ANR). Y esas universidades se han creado con la
autorización de una institución de la ANR, hay una
presión
permanente y lobbies importantes. Eso es lo particular en el caso
de América
Latina, del Perú y del mundo en general. Nos parecemos a
los países del sud este asiático donde se fomenta
de manera salvaje la empresa
privada. Pero lo que debe preocupar es que la universidad
pública va quedando más y más rezagada,
porque el fenómeno de la universidad privada,
fundamentalmente capitalino y metropolitano, ahora es un
fenómeno de provincias.

Ahora, la multiplicación de las universidades
privadas no es por la voracidad de los empresarios, es por la
demanda de los
sectores medios. Y cuando digo sectores medios no me estoy
refiriendo a los sectores B y C, sino a los nuevos sectores
medios, a los de San Juan de Lurigancho, de los Olivos, de
San
Martín de Porras, en el caso de Lima, que buscan
universidades privadas.

Para un gran sector de la población las instituciones educativas
privadas son mejores. En el imaginario de muchos la
educación pública no es buena, ¿Se puede
afirmar que sólo la universidad privada brinda una
enseñanza de calidad?

No necesariamente, pero cumplen requisitos
mínimos. Desde de los años sesenta hay un
crecimiento de los sectores populares en las universidades
públicas. En el año 1962 ó 1961 había
tantas universidades como había en 1876. San Marcos en
Lima y seis en provincias, solamente había una privada, la
Pontificia Universidad Católica; pero desde 1971 hasta la
actualidad se ha incrementado el número de universidades
privadas debido a que las clases medias buscaban seguridad,
estabilidad, modernidad y
formación en los plazos debidos, eso es lo que explica el
éxito
de la universidad privada. Pero no es que sean estrictamente
mejores universidades.

Usted ha señalado que la autonomía
universitaria debe ser comprendida en toda su dimensión
¿Es qué no está garantizada?

La autonomía universitaria es buena en tanto sea
una autentica autonomía en el sentido que el Estado o
cualquier otro poder
público o la iglesia no
interfieran en su funcionamiento. Muchas de las investigaciones y
mucho de lo que se enseña en la universidad de repente no
conviene a la iglesia, ni a sectores económicos o sectores
políticos, pero la libertad de
enseñanza y la libertad de investigación son
principios
básicos que deben ser respetados, no hay que mal entender
la autonomía, ¿no?

¿Pero quién la mal entiende?

Los que han convertido a las universidades en fueros
privados, de manejo político y buscan mantener la
autonomía porque quieren recibir mayores presupuestos
sin dar cuenta de resultados; que alguien me diga:
¿Qué universidad pública da cuenta de
resultados ante el Ministerio de Economía y Finanzas?
¿Qué universidad pública da cuenta de metas
y objetivos
alcanzados? ¿Qué universidad publica da cuenta de
graduados de magíster, de doctor, de licenciados? Si a
alguien le dan dinero para sobrevivir parasitariamente tampoco se
le puede pedir cuentas y lo que ahora invierte el Estado en la
educación pública o universitaria es como para no
pedir cuentas. El especialista chileno José Joaquín
Brunner, ha estudiado casos latinoamericanos y en el caso de
Perú, habla de una negligencia benevolente del Ministerio
de Economía y Finanzas, es decir, descuidan y
benevolentemente no piden nada, no piden cuentas. Ahora que van a
homologar quieren pedir cuentas atrasadas, ¿por qué
usted no es doctor? No hay que ser tan idiotas para pedir eso,
primero hay que darles una beca para doctorarse y si no se
doctora decirle: ¡oiga por qué no se doctoró!
Si muchos nos doctoramos fue por las becas internacionales, pero
un gran porcentaje no acceden a becas internacionales. El
país está en la obligación de doctorar
siquiera a un 20% de universitarios. Hay que preguntarle al
ministro Luis Carranza a qué porcentaje de universitarios
esta pensando doctorar en el año 2008, 2009, la respuesta
es silencio.

¿Por qué la beca de los doctorados
debería ser promovida desde el Ministerio de
Economía?

Porque es una inversión. Normalmente en
universidades europeas y norteamericanas para ingresar a la
docencia
universitaria uno ingresa con el doctorado, y hay muchos que lo
tienen y deben concursar, en el Perú se ingresa a la
docencia universitaria en el grado de licenciatura y eso se va a
consagrar de nuevo en la ley universitaria, porque no se puede
negar esa realidad. No significa que se va a becar a todos, se
tendrán que hacer concursos de becas para hacer doctorados
como en otros países; estoy seguro que de 10
becarios 5 van a terminar su doctorado en los tiempos correctos y
en un periodo de 10 años vamos a tener un 20, 25 ó
30% de doctores en las universidades. Tenemos que ponernos una
meta de 50 años para tener solamente doctores en la
universidad.

¿El Sistema Nacional de Evaluación
y Acreditación (SINEASE) actualmente no esta funcionando
la nueva ley de universidades debería
incluirlo?

Actualmente se está reglamentando, aún no
funciona. Funciona en muchos países de América
Latina, pero no en el Perú porque el conjunto de los
profesores, de la comunidad universitaria no está
interesado en que funcione porque el SINEASE pide auto
evaluación y control de
calidad.

Nuevamente el temor a la evaluación. Es parte de
la cultura
peruana la no evaluación.

Es el mismo temor del magisterio público… Pero
si a alguien no le pagan bien, por ejemplo, a un profesor
universitario le pagan quinientos nuevos soles mensuales,
ochocientos nuevos soles mensuales, verdaderamente no hay ninguna
legitimidad para evaluarlo, ¿no?

Pero el estar mal pagado no justifica que un profesional
no cumpla con su trabajo.

Cumplen con el trabajo en
la medida que pueden; pero no se les puede pedir mucho. En la
primera reforma liberal de la universidad pública en el
siglo XIX en la época de Manuel Pardo, 1876, uno de los
requisitos para ser profesor en la universidad era tener el grado
de Doctor en la especialidad. Ahora es un lujo tener doctorados
en la universidad. En San Marcos el 19.5 % de profesores tiene el
grado de Doctor, pero la universidad del Cusco tiene el 4% de
doctores en su planta docente y las otras universidades de
provincia me imagino que deben estar iguales. Ese cuerpo docente,
¿está interesado en que funcione el sistema de
evaluación y de acreditación? No.

¿Estamos perdidos?

No, en México tampoco funciona un sistema de
acreditación y evaluación. En Colombia funciona, y
la universidad más importante que es la Universidad de
Colombia, no está preocupada por la acreditación,
ellos tienen sus propios sistemas. Un profesor universitario
colombiano gana dos mil dólares, un profesor universitario
en Perú gana cuatrocientos dólares en promedio, es
decir ¿podemos exigirle evaluación, exigirle
acreditación? Ahora es una locura, los dieciséis
mil doscientos docentes universitarios no están
interesados en el SINEASE, están interesados en que se les
homologue, y si se homologa debidamente que paralelamente pongan
en acción
el SINEASE, sino es una inmoralidad de parte del
gobierno.

¿Y que si se les puede exigir a los docentes
universitarios?

Cumplimiento dentro de una universidad organizada que
responda a misiones establecidas por sus autoridades. Hay
profesores que simplemente son licenciados o ingenieros, o en
general Magíster en el mejor de los casos, porque en
provincia, por ejemplo, no se le puede exigir el doctorado ya que
no hay universidades que los dicten y para tal efecto
tendrían que venir a Lima. ¿Va a viajar un profesor
de provincia a hacer el doctorado? Es difícil. A
quiénes se debe exigir es a los jóvenes de la
generación de los ochenta, no permitir que los egresados
sigan sin el magíster, sin el doctorado; hay que fomentar
eso. No es una exigencia que la gente investigue, que la gente se
gradúe, no es una exigencia policial, hay que construir un
ambiente académico. Para construirlo tiene que haber gente
inteligente en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el
Ministerio de Educación y luego exijamos las cosas, pero
dentro de un cambio estructural, un cambio integral. No se le
puede pedir ahora que se doctoren, eso puede decir Brasil que
tiene cinco mil becas anuales de doctorado y cinco mil becas
anuales de magíster. No se le puede pedir a un profesor en
el Perú que no tiene ninguna beca.

¿Cuánto cuesta un doctorado?

Ciento cincuenta mil. Eso en el Perú es
impensable, aquí estamos recuperando Santa Anita y San
Marcos está recuperando sus tierras invadidas en Mesa Redonda,
ahí estamos. Pongamos orden en la casa, seamos
inteligentes y arreglemos la universidad normativa y
económicamente.

¿Y que debemos entender con poner orden, por
ejemplo, en lo que se refiere al gobierno al interior de la
universidad?

Darles más estabilidad a las autoridades,
permitirles que gobiernen, terminar con las burocracias
estudiantiles, estudiantes eternos, de treinta, treinta y cinco,
cuarenta años, que son operadores políticos en San
Marcos, la UN I, la Cantuta, en cualquier universidad
pública, terminar con ellos. Además, creo que tiene
que haber políticas publicas favorables para el desarrollo
de la investigación, contar con mayor inversión y
ordenamiento en las universidades, pero no es solamente una
cuestión de más plata para que funcione mejor,
también tiene que haber un cambio institucional,
más exigencias, creación de un mejor ambiente en
las universidades: mayor respeto, mayor
consideración entre alumnos y profesores, mayor presencia
de los profesores destacados, una universidad debería
estar representada por sus profesores mas destacados.

¿Por que los profesores mas destacados no se
sientan comprometidos con su universidad, falta de
reconocimiento, la forma de en que se gobierna?

No es de ayer, Jorge Basadre se jubiló en 1954 en
San Marcos y él tenia 51 años, o sea, desde el
año 50, San Marcos no protege a sus mejores profesores y
los que pueden se van a los 50, a los 40, se van a los 30
años. Es muy complejo porque no hay un sistema que permita
a los profesores cuidar sus puesto como lo puede cuidar un
profesor de Prinston, de Praw, de Harvard, si uno esta en esas
tres universidades trabaja para desarrollarse personalmente, para
desarrollar su institución y para conservar su
puesto

¿Y el catedrático de San Marcos para
qué trabaja?

Para sobrevivir, si él quiere desarrollarse
sinceramente tiene que buscar una beca internacional, un trabajo
fuera, irse del país o trabajar en una universidad
privada. Eso es lo que hay que cambiar, darles condiciones a los
profesores universitarios, uno no va a arreglar en la
universidad, dando trámite a la homologación
simplemente, sino estableciendo metas para el desarrollo de la
universidad publica en un proyecto de
mediano plazo. Una meta podría ser pasar de un promedio de
10% de doctores o un promedio de 30% en un plazo de 10
años, eso me perece razonable, en Brasil en los
años 60, se lo propusieron y ahora la Auspide de Sao Pablo
tiene el 95% de profesores con grado de doctor. Es decir han
invertido, es un plan, un proyecto
de desarrollo que sea política de Estado. El presidente
Toledo en el año 2005 aprobó la homologación
del docente universitario como una política de Estado,
cambio su gobierno, se acabo la política; entonces en el
Perú no existe Estado, existen gobiernos. Cada presidente
gobierna pero no considera el desarrollo del país como una
política del Estado.

¿Los problemas que enfrentan las autoridades de
una universidad pública son distintos de los que deben
resolver las autoridades de una universidad privada?

Por supuesto, son otras las reglas de juego. Las
autoridades de las públicas no tienen legitimidad.
Cómo van a tener legitimidad las autoridades de las
públicas, cuando tienen docentes mal pagados,
insatisfechos, incluso decididos a no participar en el
funcionamiento de la universidad.

¿En la universidad pública los profesores
están mal pagados y en la privada su situación es
diferente?

Probablemente el sueldo promedio de un empleado de la
Universidad Mayor de San Marcos sea mayor que él de la
Pontificia Universidad Católica. No es un misterio que en
promedio no ganan más, pero cumplen mejor. En San Marcos
tienen un sindicato con
una dirigencia radical que exige constantemente
beneficios.

¿En la Pontificia Universidad Católica los
empleados tienen igual o menor sueldo pero trabajan mejor por que
no tienen sindicato? ¿Eso es?

O porque los empleados tienen sus asociaciones y hay
diálogo,
esto hay que mirarlo con mucho detenimiento. Pero es sumamente
interesante es un fenómeno sociológico y un
fenómeno político también. Pero son otras
las reglas en la relación entre los trabajadores y las
autoridades, los trabajadores y la institución; y eso es
lo que de alguna manera también contribuye a que el
rendimiento sea mayor a igual salario. Eso es
un tema a discutir, un tema a investigar. Por ejemplo, el
rendimiento de los docentes de la San Marcos es mayor que el
rendimiento de los docentes de las universidades de provincia, y
en universidades de provincia los docentes ganan más.
¿Cómo se explica eso? Que lo expliquen los rectores
de esas universidades.

¿Hay especialidades que tienen más demanda
que otras, cree usted que se debería poner límites en
las vacantes y promover aquellas carreras que no son vistas como
fuente de desarrollo
personal?

Eso se podría aplicar en la universidad
pública, pero cuando uno pone límites las
universidades privadas incrementan sus vacantes amparados en la
demanda educativa, la oferta se regula en el mercado de
acuerdo a los profesionales, a los funcionarios de las
universidades privadas quienes en muchas oportunidades han
sostenido, lo cual es bastante lógico, que lo que la gente
busca es un profesional de calidad. En San Marcos las
especialidades que tienen mas demanda son: medicina,
derecho, contabilidad,
ingeniería
de sistemas, porque son las más profesionalizadas. Un
médico, un abogado, un contador, un ingeniero de sistemas,
probablemente encuentra rápido un trabajo y estas cuatro
carreras no están vinculadas con el desarrollo del
país. Las carreras vinculadas podrían ser las
ciencias
básicas: la biología, matemáticas, química, física.

Y por qué la falta de interés
con las carreras que tienen que ver con el desarrollo?

Porque estudiar física, química es como
estudiar historia, ¿qué hacen después?.
¿Qué hace un físico? ¿Dónde va
a trabajar un biólogo? No hay proyectos de
investigación, ni empresas que
hacen investigación y en esas áreas están
los estudiantes más radicales de San Marcos, son las
especialidades donde están jóvenes muy inteligentes
pero que ven un futuro oscuro. Lo que hacen los estudiantes, lo
mejores estudiantes de universidades publicas peruanas que
estudian matemáticas, física, química,
biología, terminar bien, hacer sus doctorados e irse a
Brasil, Estados Unidos. Hay buenos egresados en UNAM de
México.

La competencia entre
las universidades públicas y privadas ha traspasado los
linderos universitarios. En los medios de
comunicación ha trascendido que en algunos hospitales
están dando preferencia a estudiantes de universidades
particulares. ¿Cómo atender esta
situación?

Eso es un fenómeno propio de las décadas
actuales. El campo clínico es un espacio de
enseñanza e investigación en donde los profesores
hacen participar a los estudiantes. En los años 50 San
Marcos tenía el monopolio del
campo clínico, cuando aparece la Villarreal camparte el
campo clínico para medicina. San Marcos tenía el
hospital Loayza, el hospital Dos de Mayo, el hospital
Carrión, Almenara y el Rebaggliati como sus sedes
principales. Con el surgimiento de las universidades privadas,
ellos han comenzado a ingresar en un espacio público donde
los pacientes tienen que soportar la incomodidad de ser revisados
por médicos que están haciendo sus clases al mismo
tiempo. Además, hay una casuística muy rica en los
hospitales públicos, eso ahora se comparte con las
universidades privadas. Las universidades privadas han comprado
su derecho a estar presente en los espacios públicos.
¿Cómo cambiar eso? Probablemente las que
deberían dejar los hospitales a las universidades
públicas, son las privadas. Las privadas deberían
construir sus hospitales docentes, la universidad San
Martín de Porras en lugar de crear otra facultad de
medicina en Chiclayo ha debido crear su propio hospital docente
en Lima para mejor la calidad de enseñanza.

¿Para usted la educación no está
siendo atendida como una política de Estado que va
más allá de los cinco años que dura un
gobierno en el país?

La homologación se aprobó con un decreto
de urgencia 033 de diciembre del año 2005, al gobierno del
presidente Alejandro Toledo le quedo un semestre para cumplirlo y
lo cumplió y esa homologación era política
del Estado. Entre enero y mayo del 2006 el presidente Toledo
cumplió con el 20% de la homologación, la meta era
llegar al 100% en el 2008, eso se ha detenido, estamos
prácticamente en junio del 2007 y ha pasado un año
sin que se cumplan las metas ¿Qué significa esa
homologación? Significa que un profesor auxiliar al
año 2008 iba a tener un sueldo básico de un
magistrado superior: 2000 nuevos soles. Un profesor asociado iba
a ganar 3100, y un profesor principal 5600 que es el 80% de la
remuneración básica de un magistrado supremo. Eso
el gobierno lo ha detenido porque no tiene ningún
interés en la educación pública
universitaria.

¿Será por que para un gobierno no es
políticamente rentable la educación?

La educación no es rentable en el corto plazo
pero políticamente es muy rentable, en todos los
países del mundo que han querido que sus países
desarrollen, han invertido en educación. Un proverbio
chino dice: si uno quiere cosechar rápidamente siembra
arroz y si quieres cosechar después de 2 años
siembra viñedos, pero si quieres cosechar en el largo
plazo siembra un bosque. Y la educación es como un bosque
que da fruto en el mediano y largo plazo.

Lamentablemente a eso no apuestan los
gobiernos

A eso es lo que apuestan los padres de familia cuando
invierten en la educación de sus hijos, están
invirtiendo en un plazo de quince años, hasta que sean
profesionales; pero no hay esa inteligencia
en el gobierno, en el MEF. (Julia Vicuña, periodista,
Tarea).

La
educación privada en la proyección social e
intelectual

La Educación Privada y la
pobreza

Cada vez que se habla de educación privada, es
necesario remontar varios prejuicios atávicos. Estos
prejuicios no afectan solo a los perpetuos enemigos de todo
aquello que suponga un campo de libertad al margen del Estado en
la economía y la sociedad.
Infortunadamente, también infestan a muchos que defienden
la iniciativa y la acción privadas en otros ámbitos
de la actividad económica distintos a la
educación.

De esos prejuicios, hay tres especialmente
significativos: (i) entender que el principal responsable de la
educación es el Estado; (ii) suponer que la
intervención del Estado es un factor de igualación
social; y (iii) pensar que la educación privada es solo
para los ricos.

En cuanto a la responsabilidad educativa del Estado, es
importante recordar que el papel educador no estuvo presente en
los orígenes del estado moderno. Más bien, la
educación fue siempre entendida como una función
natural de la familia en
la doble acepción: como obligación y como derecho.
De allí que, en su dimensión social, fuese siempre
entendida como un servicio esencialmente privado, derivado del
núcleo de atribuciones e intereses propios del individuo y la
familia; y, de allí, también que se desprenda todo
reclamo de independencia
y autonomía como condiciones básicas para su
ejercicio.

Por ello, el Estado moderno no fue concebido,
diseñado, construido ni programado para educar. Fue
más tarde cuando, quizás por las complejidades
derivadas de una
división social del trabajo y del incremento de la masa de
los conocimientos, así como de las limitaciones de la
oferta privada y, sobre todo, gracias a la expansión
progresiva de los poderes públicos, que la
educación fue decantando hacia sus dominios. El Estado,
así, fue apropiándose de diversas funciones
inicialmente familiares y sociales, y las fue asimilando como
competencias y
atribuciones gubernamentales. La incursión gubernamental
en la educación no es, pues, un derecho
natural, sino un hecho puramente cultural.

Su fuerza
centrífuga ha llevado al Estado, en nombre de la sociedad
que dice representar, a despojar a esta de sus derechos naturales y ?lo que
es más grave aún? ha conducido a que muchas
sociedades
abdiquen de los mismos y los entiendan progresivamente como
atributos gubernamentales. Hoy, los desbordantes papeles
acumulados por el Estado han producido el fenómeno
perverso de que, por hacer tantas cosas que no debe, las hace
todas mal y, a la vez, deja de hacer lo que realmente
debiera.

En nuestro medio, ello ha supuesto que los responsables
gubernamentales de la educación deban dedicar la mayor
parte de su tiempo y sus mejores energías a lidiar con
reclamaciones de dirigencias politizadas que cautivan a los
maestros en un "sindicato único", en lugar de identificar
políticas de mediano y largo plazos, y, más que
nada, alentar la participación de la iniciativa privada en
el desarrollo educativo.

Además, ha producido una distorsión
política, social y económica difícil de
superar en el Perú. El economista Walter Puelles ha
mostrado con suficiencia que la educación a cargo del
Estado no permite el cálculo
económico, la medición de la eficiencia ni la
información transparente; que ello le
impide tomar conciencia de su
imposibilidad de atender los requerimientos de la
población y la lleva a sobrevalorar el papel del Estado en
sus vidas; que la creación y la
administración de centros educativos públicos
responden a criterios políticos más que
económicos o pedagógicos; que los salarios del
profesorado público, inferiores al privado, desincentivan
su actualización y perfeccionamiento, con lo que la
educación estatal pierde calidad y se potencia la
discriminación y la inequidad; que los
recursos son manejados por el Estado en una forma altamente
ineficiente; que esos mismos recursos, en manos del sector
privado, podrían generar mayor valor, llegar
a más gente, pagar mejor a los profesores, mantener mejor
la infraestructura y el equipamiento, y elevar la calidad de la
educación.

Ante esta situación, poco discutible, no viene
mal reiterar que la sociedad y los individuos no pueden abdicar a
sus derechos en materia
educativa y deberían reivindicar aquellos territorios que
incumben a la soberanía personal en lugar
de desplazarlos al Estado, cuyos servicios son
cada vez más difíciles de sostener ?más
aún con una calidad aceptable? a la luz de una
ética
pública exigente y de las reglas económicas
más fundamentales.

El segundo gran prejuicio es
el de suponer que el Estado es un factor de igualación
social. ¿Es ello verdadero? Para justificar la
prestación de servicios educativos por parte del Estado,
aquí y en otros países, se recurre a diversos
argumentos. Se dice, por ejemplo, que, dada la relación
que existe entre los niveles de pobreza y la
falta de educación, el deber del Estado de promover el
crecimiento
económico y atenuar las desigualdades sociales se
cumple suministrando directamente la instrucción a quienes
la necesitan, o que un modo de lograr la equidad social
es mediante una igualdad de
oportunidades que el Estado mejor que nadie supuestamente
contribuye a lograr.

¿Es esto así entre nosotros? En el
Perú, el peso de la educación a cargo del Estado es
extremadamente gravitante. De los alumnos matriculados en el
sistema educativo nacional escolarizado, el 79.6% lo están
en centros estatales. En el nivel básico (educación
inicial, primaria y secundaria), la proporción es
aún mayor: el 84.1% son alumnos de colegios
públicos.

Alrededor de siete millones de alumnos (seis y medio en
la educación básica) y más de 320 mil
docentes (280 mil en la educación básica), a los
que hay que sumar una frondosa burocracia del
sector, cercana a 60 mil funcionarios, configuran, de este modo,
la que sin duda alguna es la más grande "empresa" del
país: empresa pública, claro
está.

Conocemos la realidad en la que nos desenvolvemos, con
un Estado carente de posibilidades de personal calificado, de
recursos y de una mínima tecnología, que
confronta ilimitadas necesidades y que, además, cuenta con
reglas de manejo irracionales. Conocemos también que
estamos en una economía saturada de tributos, con
posibilidades agotadas en cuanto a la captación de nuevos
impuestos. Nos
pasamos la vida pregonando la importancia de la educación
para el futuro del país y para su desarrollo, pero no nos
escandalizamos de que cuatro de cada cinco alumnos ?y 17 de cada
20 en los colegios? lo sean de centros estatales. No obstante,
seguimos reclamando, en forma simultánea, tan ciega como
generalizada, una educación pública gratuita, una
remuneración digna para los docentes y el logro de la
calidad
educativa, como si todo ello fuera posible a la misma
vez.

Un reciente estudio del Banco Mundial
ha constatado que "la calidad de la educación, medida por
los niveles de aprendizaje
estandarizados con evaluaciones internacionales como el Programa de
Evaluación Internacional de Estudiantes (Program for
Internacional Student Assessment, PISA) no es muy buena. Por
ejemplo, en la escala combinada
de lectura PISA,
el Perú obtuvo un resultado de 327, mientras que el resto
de los países de América Latina alcanzó, en
promedio, 411."

El mismo estudio ha constatado que "entre los
países que tomaron parte de PISA, el Perú es,
también, el que tuvo la mayor desigualdad en el aprendizaje,
midiendo la desigualdad por la razón del desempeño de los estudiantes del 95°
percentil con respecto a los estudiantes del 5° percentil. En
el Perú, la desigualdad fue de 2,8; peor que la de Brasil
(2,1) México (2,0) o la República de Corea
(1,6)."

En otra parte del estudio, se indica que "los
niños pobres reciben una educación de calidad
más variable que los menos pobres, y no solo de calidad
inferior."

Luego de leer estas constataciones, seguir confiando la
educación de los pobres solo al Estado ?o continuar
tolerando que este se apropie de ella? y seguir proclamando que
con ello cumple un papel irreemplazable de igualación
social, resulta algo ciego y cruel.

La afirmación de que la educación privada
es solo para los ricos es tan interesada como inexacta. Se funda
en un presupuesto de inocultable carga ideológica y
quienes la postulan ?como lo hacen también con otras
actividades económicas se proponen distanciar la
educación privada de las expectativas populares
introduciendo, en ellas, un factor de ajenidad y
desconfianza.

Lo cierto es que hoy no existe forma de ignorar el papel
que cumple la educación privada en favor de los sectores
más pobres de la población en algunos países
subdesarrollados. Un trabajo anterior de James Tooley
mostró la experiencia para la confección del
Informe titulado
PROBE (Public Report on Basic Education), que analiza los
resultados en la educación primaria en manos privadas en
cuatro de los estados más pobres del segundo país
más poblado del mundo: India.

Allí también se citan otros estudios
comparativos entre la educación pública y la
privada, como los del Banco Mundial en
ciertos países ?Colombia, República
Dominicana, Filipinas, Tanzania y Tailandia?, donde los
costos unitarios
en las escuelas privadas resultaron menores que en las estatales.
Y se concluye expresando que "en los países en desarrollo,
no es el Estado quien tiene el mayor potencial de ayudar a los
pobres, sino el sector privado. Ciertamente, los muy pobres
pueden necesitar asistencia adicional para ayudarlos a asistir a
sus escuelas, en términos de cupones ["vouchers"]
públicos o privados (o ambos). Pero, el principal papel
del Estado debería ser ayudar a asegurar que el clima regulatorio
e inversor conduce al desarrollo y sostenimiento de tales
escuelas."

En las escuelas privadas el rendimiento escolar es mayor
que en las públicas; la ratio de número de alumnos
por profesor es mejor en las escuelas privadas; en la escuela privada,
se enseña y aprende más; los costos docentes en las
escuelas privadas terminan siendo inferiores a las
públicas; los padres pobres que pueden escoger, prefieren
la escuela privada y, cuando pueden, se solidarizan con los
más pobres, ofreciendo a sus hijos pensiones reducidas o
incluso becas.

Finalmente, gracias a la educación privada, se
puede educar a más niños y jóvenes pobres;
que se les enseña mejor y ellos aprenden más; que
ello se hace con menor costo
económico para la sociedad; y que se logra una mejor
calidad educativa. Nos invita también a relacionar estos
logros de la educación privada con la práctica de
un derecho
constitucional básico, como es la libertad de
educación. Ejercer ese derecho a través de la
iniciativa privada dedicada a la educación de los sectores
pobres, como los que dolorosamente abundan entre nosotros, puede
ser una forma efectiva de contribuir a solucionar sus problemas.
Más efectiva que la acción pública. Y
más definitiva, si queremos calificarnos como una sociedad
libre. Porque, si una sociedad quiere verdaderamente ser libre,
el espacio más preciado para ejercer su libertad es la
educación. La educación es un espacio natural de la
libertad. Aunque, como reza la cita de Tocqueville que preside
esta presentación, sus frutos solo se produzcan a la
larga, y no sea siempre posible para todos averiguar la causa que
los produce.

Bibliografía

• 1. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES (2005) –
  Oficina de estadísticas e
  informática.

• 2. Consorcio de Universidades (1999). Auto
  evaluación institucional. Manual para instituciones de
  educación superior. Lima: Fondo Editorial de la
  Universidad del Pacífico. Lima-Perú

• 3. CASTRO RAMOS, Richard y Herlinda GUEVARA
  LOPEZ." Las expectativas profesionales de los estudiantes del
  quinto año de secundaria de lima metropolitana". Lima:
  USMP, faculta de educación, año 2000.
  81p.

• 4. Friedman, Milton and Rose; La libertad
  de elegir Hacia un nuevo liberalismo económico:
  Planeta Agostini, Barcelona, 1993.

• 5. Hornberger, Jacob G., El compromiso
  conservador hacia el socialismo educativo, Freedom Daily,
  setiembre 1997.

• 6. La Nueva Universidad, de Luis
  Bustamante Belaunde, Universidad Peruana de Ciencias
  Aplicadas (UPC), Lima, 1998.

• 7. Por qué Falla el estado en la
  educación? Doce razones para impulsar la iniciativa
  privada, de Walter Puelles Navarrete, en Propiedad
  Privada, Documento de Trabajo del Instituto de Libre
  Empresa, Vol. 1, N01, Lima, julio 2001.

• 8. Propiedad intelectual y desarrollo
  económico, de Luis Bustamante Belaunde, en III
  Conferencia Internacional sobre Propiedad Intelectual
  "Protección de la Propiedad Intelectual y Desarrollo
  Económico", Lima, 24 setiembre 1998.

• 9. Para conocer, en resumen, la perspectiva del
  pensamiento educativo predominante, puede consultarse La
  universidad que el Perú necesita, Foro Educativo
  y Consorcio de Universidades, Lima, 2001; y Propuestas
  para una nueva educación, II Encuentro Nacional
  Universidades Ministerio de Educación, Ministerio
  de Educación, Lima, julio 2001.

• 10. SCHARTZMAN, Simón. Políticas
  de educación Superior.

• 11. VALDIVIA, Néstor. "Educaron superior
  y el mercado laboral ".En El Comercio, lima, 30 de enero del
  2003.

• 12. WEBB, Richard."Perú en
  números 2004: anuario estadístico".
  Lima-Perú, año 2005, 4178pag.

Autor:

Lic. Educ. Dante Enrique Rojas Linares
Mgr.