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Doctrina y métodos del terrorismo de estado en la Argentina




Enviado por Gustavo Di Palma



Partes: 1, 2

    1. La doctrina de la Seguridad
      nacional

    2. Primera etapa del Estado terrorista: las tres
      A

    3. El Estado Militar

    4. El Estado terrorista en su máxima expresión: 1976
      – 1983

    5. Principales aspectos de la represión

    6. La destrucción de la economía

    7. Persecución del pensamiento y las
      ideas

    8. Conclusiones

    9. Bibliografía

    El Estado moderno
    se proclama como la representación del interés
    universal, equilibrando las relaciones de fuerza de la
    sociedad. Esto
    implica una sujeción a principios
    políticos concretos, plasmados en leyes
    fundamentales. Uno de estos principios es la limitación
    del poder
    (división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
    Judicial, publicidad de los
    actos de gobierno,
    restricción de los derechos según
    criterios razonables, responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y
    control judicial
    independiente).

    En Argentina, la Constitución de 1853, con sus posteriores
    reformas, contempla expresamente los principios políticos
    que dan forma al modelo de
    Estado basado en la seguridad
    jurídica. No obstante, la ley fundamental
    contempla situaciones excepcionales para garantizar la vigencia
    del estado de
    derecho.

    Las situaciones excepcionales previstas en la
    Constitución Nacional son: guerra civil,
    conmoción interior, insurrección o invasión
    de una provincia por otra, sedición o asonada,
    quebrantamiento de la forma republicana o resistencia a la
    ejecución de leyes nacionales. Frente a estos episodios,
    se autorizan distintos remedios: poderes de guerra aplicables en
    caso de guerra civil, estado de sitio, intervención
    federal a una provincia, estado de asamblea o movilización
    de milicias, poder de policía y poder
    represivo-penal.

    Los gobiernos democráticos, con muy pocas
    excepciones, hicieron uso y abuso de esas prerrogativas
    excepcionales, especialmente del estado de sitio y de la
    intervención federal a provincias. Estas situaciones
    excepcionales están previstas en el sistema legal y
    no implican una ruptura de la estructura
    jurídico-política del sistema
    democrático.

    Pero es necesario destacar que toda vez que se produjo
    la intervención de la fuerza militar con el derrocamiento
    de un gobierno elegido por el voto popular, se trascendió
    el marco de las medidas excepcionales para desembocar en
    regímenes de facto (esto significa gobiernos de hecho, o
    que no están reconocidos oficialmente por ninguna norma
    jurídica). Los gobiernos que asumieron en esa
    circunstancia, tuvieron un carácter ilegítimo debido a su
    origen inconstitucional y a la concentración de facultades
    correspondientes a dos poderes claramente diferenciados por la
    ley fundamental, como son el Ejecutivo y el
    Legislativo.

    Lo que se debe aclarar es que en las distintas
    interrupciones del sistema democrático ocurridas en el
    siglo XX (golpes de 1930, 1943, 1955 y 1966), no se
    pretendió cambiar la naturaleza
    misma del Estado. Asimismo, la supresión de las libertades
    y garantías constitucionales se ejercieron como una
    necesidad momentánea, sin cuestionar la forma
    democrática de gobierno como organización social legítima y
    perdurable.

    El golpe de 1976, en tanto, está largamente
    demostrado que fue el más sanguinario de todos: el
    terrorismo de
    Estado significó el asesinato de miles de ciudadanos y la
    violación sistemática de los derechos humanos
    dejó heridas imborrables en la sociedad (que desde 1930
    había acompañado, con mayor o menor entusiasmo,
    todas las aventuras militares). No se trataba simplemente de
    corregir una política
    económica, derrotar a la guerrilla o resolver una
    crisis
    institucional, para eso bastaban quizás algunos cambios en
    la legalidad
    constitucional. El último gobierno militar se propuso
    transformar de raíz a la sociedad argentina, porque lo que
    estaba en juego para la
    Junta Militar era la existencia misma de la nación.

    Asimismo, el retorno a la democracia fue
    el desenlace que tuvo la humillante derrota en la guerra de
    Malvinas. De no mediar ese acontecimiento, la
    reimplantación del sistema democrático
    quizás hubiera sido más tardía o en
    condiciones que resulta difícil imaginar. La última
    irrupción militar en el Estado,
    como se verá más adelante, tenía objetivos,
    pero no plazos.

    Según el sociólogo James Petras, profesor de la
    Universidad de
    Binghamton (New York) e intelectual emblemático de la
    izquierda estadounidense, "el golpe de 1976 no fue
    únicamente un golpe militar, sino un golpe de clase, una
    brutal guerra de clases desencadenada desde arriba".

    Por otra parte, Petras destaca que "a diferencia de
    golpes anteriores, que se centraron en el asesinato selectivo de
    líderes y cuadros, en el golpe de 1976 fueron asesinados
    decenas de miles de activistas y líderes populares de
    opinión, que unían a millones de trabajadores a las
    grandes luchas y debates públicos".

    La doctrina de la
    Seguridad nacional

    Partes: 1, 2

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