La "Doctrina de la Seguridad
Nacional" fue una visión que sostuvo
ideológicamente a los gobiernos autoritarios de América
Latina durante los años 60 y 70. Estuvo alentada por
Estados
Unidos, ante lo que consideraban la "amenaza comunista" en la
región durante la Guerra
Fría. Fue aplicada desde la polémica Escuela de las
Américas en Panamá,
que instruyó a militares latinoamericanos en técnicas
de contra-insurgencia y violaciones a los derechos
humanos.
Esta doctrina predicaba que la proliferación de
la ideología socialista en los países
latinoamericanos, constituía una amenaza para la seguridad
nacional de estas naciones, por lo que creía necesaria una
contraofensiva política y
militar.
Le otorgaba a las fuerzas armadas de los países
latinoamericanos un rol principal en la lucha contra el comunismo y en
los hechos esto significó el apoyo de la Agencia Central
de Inteligencia
(CIA) de los Estados Unidos, a las dictaduras militares que se
expandieron por el continente durante las décadas de 1960
y 1970.
Con relación al apoyo de la CIA, la periodista y
escritora Stella Calloni, miembro del Consejo Directivo del
Instituto Espacio para la Memoria
(IEM), señala que la "Operación Cóndor"
(desarrollada por las dictaduras de América
Latina, pero creada e impulsada por Washington a través de
esa central de inteligencia), "comenzó sus primeras y
trágicas pruebas en
1974 con el asesinato del general chileno Carlos Prats y su
esposa Sofía, en Buenos Aires,
donde actúo un escuadrón de la muerte
integrado por hombres de la CIA, la DINA -policía
política pinochetista-, grupos
terroristas cubano – americanos de Miami, la Triple A y sectores
de seguridad locales".
La "Operación Cóndor", precisamente,
tenía como objetivo
"secuestrar y asesinar opositores" en el marco de la "Doctrina de
la Seguridad Nacional".
Esta concepción de la seguridad nacional, que en
definitiva considera a los propios ciudadanos de un país
como posibles amenazas, en la Argentina llegó a un punto
exasperante durante el proceso
militar iniciado en 1976.
En realidad se nutre de dos vertientes: una de origen
norteamericano y otra de origen francés (inspirada en las
experiencias de jefes franceses veteranos de las guerras de
independencia
de Indochina y Argelia, que asesoraron a los militares
latinoamericanos sobre los procedimientos y
métodos
ejecutados en esos conflictos).
Es conveniente añadir que en Argentina, uno de
los elementos precursores de la doctrina de la seguridad nacional
fue el decreto de necesidad y urgencia que estableció el
plan CONINTES
(Conmoción Interna del Estado), a
mediados de 1959 y durante la vigencia del gobierno
democrático de Arturo Frondizi. Consistía en poner
a las fuerzas armadas y de seguridad a disposición de la
represión interna.
El diputado nacional Lorenzo Pepe recuerda que "el plan
CONINTES le daba a los militares jurisdicción sobre los
detenidos". En ese contexto, "los establecimientos del
ejército se convirtieron en cárceles para obreros
que reclamaban por los salarios
congelados y la entrega de las fuentes de
trabajo".
El Operativo
Independencia
Se denominó "Operativo Independencia" al accionar
del Ejército Argentino en Tucumán para combatir a
militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP), que
buscaban crear un foco revolucionario en el monte
tucumano.
El operativo fue autorizado por la presidente
María Estela Martinez de Perón el 5
de febrero de 1975, a través del decreto 261, que en su
aspecto esencial expresa: "El Comando General del Ejército
procederá a ejecutar las acciones
militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y / o
aniquilar el accionar de los elementos subversivos que
actúan en la provincia de Tucumán". Esto
implicó la suspensión de las garantías
constitucionales, según el artículo 23 de la
ley
fundamental.
El presidente provisional de la Cámara de
Senadores de la Nación,
Italo Luder, hizo extensivo el operativo a todo el país
durante su breve paso por la Casa Rosada, mientras reemplazaba a
María Estela Martinez de Perón por razones de
salud. Esta
decisión fue tomada a través de los decretos 2.270
y 2.272 del año 1975.
Fue esta la oportunidad para que los militares se
desplegaran en la pequeña provincia norteña para
aplicar la metodología de la llamada "guerra
contrarrevolucionaria", en el marco de la "Doctrina de la
Seguridad Nacional". Como se dijo, esta metodología se
basaba en los conocimientos asimilados de militares franceses y
norteamericanos.
En declaraciones de sobrevivientes que obran en la
Justicia
Federal de Tucumán, hay testimonios de violaciones en
todos los campos de concentración que funcionaron en la
provincia durante el Operativo Independencia, entre otros hechos
aberrantes. Los militares, gendarmes, policías y personal civil de
inteligencia que participaron en esas acciones, sometían
sexualmente a las mujeres prisioneras. "La violación
formaba parte de la política de aniquilamiento
físico y psíquico que sufrían los detenidos
desaparecidos", asevera Marcos Taire en un artículo
titulado "Operativo Independencia: la violación como forma
sistemática de tortura".
Primera etapa del
Estado terrorista: las tres A
El antecedente inmediato del Estado terrorista
implantado por la última dictadura militar
fue la denominada Alianza Anticomunista Argentina (Triple
A).
Juan Bautista "Tata" Yofre remarca que "para muchos el
acta fundacional de la Alianza Anticomunista Argentina fue el
1º de octubre de 1973, seis días más tarde del
asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la
CGT, durante una reunión que presidió el propio
Juan Domingo Perón como presidente electo de la Nación".
En esa reunión estuvieron presentes importantes
funcionarios y autoridades de los gobiernos nacional y
provinciales de extracción justicialista. Su asistencia
obedecía a "la obligación que adquirirían
para implementar en todo el territorio nacional el funcionamiento
de una estructura
especial, encargada de defender al gobierno y al Movimiento e
impedir por la fuerza
cualquier acción
en su contra".
Tras esa cumbre, cada uno de los asistentes se
llevó una copia de un "Documento Reservado" con
instrucciones para terminar con el "entrismo" de la izquierda en
el movimiento justicialista. En palabras de Yofre, "se
creó a la vista de toda la sociedad un
Estado al margen de la ley dentro del propio Estado de
derecho".
Los grupos parainstitucionales armados existieron en
otros momentos de la historia política del
país: Mazorca, Liga Patriótica, Klan Radical,
Legión Cívica, Alianza Libertadora Nacionalista,
Comandos
Civiles, entre otras organizaciones
que contaban con la venia del Poder. En el
escenario de los año 60 y 70, la respuesta armada
paraestatal se desarrolló en el marco de la Guerra
Fría.
En dicho escenario, "la Triple A constituyó el
instrumento paralelo del gobierno peronista que se
resistió a ser trasvasado ideológicamente y a ceder
el espacio de poder disputado y ganado en las urnas".
En un comienzo se la denominó Alianza
Antiimperialista Argentina, pero luego se impuso el nombre
Alianza Anticomunista Argentina. En general, se sindica al
ministro de Bienestar Social de la época, José
Lopez Rega, como el ideólogo de esta organización clandestina de extrema
derecha, pero como se describió anteriormente,
Perón no habría desconocido el proyecto. Lo que
queda claro es que los miembros de la custodia del influyente
ministro constituían el núcleo más
importante de las Tres A.
Entre los jefes de esta organización paraestatal,
se encontraban integrantes o ex integrantes de la Policía
Federal. En otros términos, "desde simple malhechores,
miembros exonerados de las fuerzas de seguridad y otros que
buscaron un rédito económico", además de
individuos que reflejaban la plena convicción de estar
luchando contra "fuerzas oscuras que intentaban desnaturalizar a
la Patria".
Este grupo
extremista contaba con ramificaciones en el interior, tales como
los "Comandos Libertadores de América", que operaba desde
la provincia de Córdoba y abarcaba todas las provincias
del Tercer Cuerpo de Ejército. A su vez, existían
otros grupos con los que había fuertes vínculos,
como "Los Centuriones", "Los Halcones" y grupos civiles como
"Concentración Nacionalista Universitaria" o "Comando de
Organización".
Para tener una idea del perfil ideológico –
militar de esta organización terrorista paraestatal, basta
leer el "parte de guerra Nº 1" de la Triple A, en el que se
informa que se decidió "ejecutar, previo juicio
sumarísimo y en el lugar que se los hallare, por el bien
de nuestra Patria y para que la muerte de
nuestros camaradas no haya sido en vano, a todo aquel que realice
actividades reñidas a nuestros más caros principios y
atente contra la salud moral,
física,
económica y religiosa de nuestro país". Se
señala a continuación que la acción va
dirigida en particular a integrantes de organizaciones como el
Partido Comunista, Montoneros, Partido Auténtico,
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Partido Socialista de
los Trabajadores (PST), entre otros.
Por último, cabe destacar que recientemente se
reavivó la polémica por el asesinato de José
Ignacio Rucci, señalando a la
organización Montoneros como el grupo que lo
ejecutó e intentando encuadrar el episodio como crimen de
lesa humanidad (son los crímenes atribuidos a quienes los
perpetran valiéndose del aparato estatal). El tema
tomó fuerza particularmente a partir de la
publicación del libro
"Operación Traviata", del periodista Ceferino
Reato.
Los que sostienen este argumento señalan que
"para setiembre de 1973, Montoneros controlaba todavía
algunos resortes del Estado nacional y, muy en particular, de la
provincia de Buenos Aires". En ese sentido, el argumento de que
el crimen de lesa humanidad sólo puede ser perpetrado
desde el Estado, se
ajustaría al episodio del asesinato de Rucci, "ya que es
muy probable que las armas hayan sido
proporcionadas por reparticiones públicas". Por su parte,
los principales protagonistas del crimen recibieron
"preparación especial del Estado de Cuba, por lo
que también en este caso la presencia de un Estado es
clara".
El Estado
Militar
Según el Diccionario
Ideológico de la lengua
española, un golpe de Estado
es "una medida grave y violenta que toma uno de los poderes del
Estado, usurpando las atribuciones de otro".
La Enciclopedia Encarta lo define como "violación
y vulneración de la legalidad
institucional vigente en un Estado, por parte de un grupo de
personas que pretenden, mediante la fuerza, sustituir o derrocar
al régimen existente, para reemplazarlo por otro
configurado por las propias fuerzas golpistas". Agrega más
adelante que "los participantes suelen tener control sobre
elementos estratégicos de las fuerzas armadas y de la
policía y, para asegurar el triunfo de su acción,
intenta hacerse con el control de los medios de
comunicación".
Félix Luna explica que "los golpes militares
están determinados por el predominio de las Fuerzas
Armadas por sobre las demás instituciones
de gobierno. En tales circunstancias, el presidente es nombrado
por los jefes de las Fuerzas Armadas y el Parlamento es
reemplazado por las deliberaciones entre los mandos superiores de
las distintas armas en la Junta de Comandantes". En ese contexto,
"las garantías constitucionales son suspendidas y las
personas encontradas en actividades políticas
son perseguidas como delincuentes. La justicia y la
policía quedan supeditadas a las Fuerzas Armadas y el
aparato burocrático del Estado continúa, con pocos
cambios, sirviendo al nuevo régimen".
Según Eduardo Luis Duhalde, el Estado militar se
caracteriza por:
1. Militarización de los aparatos del
Estado.2. Militarización y subordinación
de la sociedad civil.3. Alto contenido represivo.
4. Sustentación, como base exclusiva, en
el capital monopólico.5. Concepción tecnocrática al
servicio de proyectos económicos acordes
con los intereses del sector
hegemónico.
6. Expresa alineación junto al
imperialismo.
Como se dijo, todos los golpes militares del siglo XX en
la Argentina tuvieron esas características, pero el de
1976 derivó en una "reorganización de la sociedad"
a través de un proceso que no tenía plazos sino
objetivos.
Había que crear un "ser occidental, nacional y cristiano".
La expresión concreta de esa reorganización fue la
represión política y social, la
desarticulación de las bases de la economía industrial y el ejercicio
autoritario del poder. La consecuencia directa de tal estrategia fueron
los miles de muertos y desaparecidos por el aparato
represivo.
El Estado
terrorista en su máxima expresión: 1976 –
1983
Para James Petras, el golpe militar de 1976 en primer
lugar destruyó el tejido social de la sociedad argentina,
desarticulando a las fuerzas populares de la sociedad civil.
El sociólogo norteamericano considera que "el golpe
representa la primera intervención de Washington
después de la derrota de Indochina y tras la victoria de
Chile".
Más allá de todo lo que significó
la última dictadura
militar y los detalles que luego se fueron conociendo sobre la
violación sistemática de los derechos humanos, lo cierto
es que en una primera instancia un sector importante de la
opinión
pública, la intelectualidad, la prensa y los
partidos
políticos consideraron la nueva irrupción
militar en el Poder como un alivio. Esto en virtud del clima de
anarquía, descalabro económico y desconcierto que
se vivía desde el fallecimiento de Juan Domingo
Perón.
Varios ejemplos pueden citarse para explicar la
sensación que se vivía, pero algunos pueden ser
más ilustrativos. "La inmensa mayoría de los
argentinos rogaba por favor que las fuerzas armadas tomaran el
poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese
vergonzoso gobierno de mafiosos", llegó a decir Ernesto
Sábato, que años después presidió
la Comisión Nacional de Desaparecidos
(CONADEP).
Le Monde Diplomatique describió en sus
páginas durante las horas iniciales del golpe: "rara vez
un golpe de Estado ha sorprendido tan poco (…) la
intervención militar era deseada por grandes sectores de
la opinión".
Incluso James Petras critica al Partido Comunista de
Argentina que "perdió para siempre su credibilidad tras su
apoyo a Videla en 1976". En definitiva, se observaba un escenario
similar a otros golpes, en los que la sociedad civil apoyó
con distintos matices la irrupción de los militares en el
Poder.
Principales
aspectos de la represión
La represión ilegal (que tuvo su apogeo entre
1976 y 1978), constituyó uno de los rasgos básicos
del gobierno militar. Estas acciones fueron cuidadosamente
planeadas, organizadas y dirigidas por los más altos
niveles de decisión política y militar y
además tuvieron el carácter de acciones clandestinas. Sus
destinatarios no fueron exclusivamente los integrantes de las
organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada,
sino que se extendió a un conjunto de actores
políticos y sociales sin vinculación directa con
las organizaciones guerrilleras.
Las modalidades clandestinas de la represión
incluyeron el secuestro y la
detención en centros clandestinos (se verificó la
existencia de más de trescientos), la tortura y en la
mayoría de los casos la ejecución. En otros
términos, la Junta Militar implantó la pena de muerte
pero no la aplicó legalmente, sino fuera de la ley. Como
consecuencia de esto surgió la figura jurídica de
la desaparición forzada de personas, incluyendo a personas
detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de
seguridad. Las consecuencias de la represión abarcaron
también a la gran mayoría de la población, que vivió en un
permanente clima de miedo y censura.
Cabe destacar que en el primer año de dictadura
ya había más de quince mil desaparecidos, diez mil
presos, cuatro mil muertos y decenas de miles de
exiliados.
En el prólogo del informe de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas, titulado "Nunca más", se señala que "a
los delitos de los
terroristas, la Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo
infinitamente pero que el combatido, porque desde el 24 de marzo
de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del
Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de
seres humanos".
Agrega que "los operativos de secuestro manifestaban la
precisa organización, a veces en los lugares de trabajo de
los señalados, otros en plena calle y a la luz del
día mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de
seguridad que ordenaban zona libre a las comisaría
correspondientes".
"Cuando la víctima era buscada de noche en su
propia casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por
la fuerza, aterrorizaban a padres y niños,
a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar
los hechos, se apoderaban de la persona buscada,
la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la
arrastraban a autos o
camiones, mientras el resto del comando casi siempre
destruía o robaba lo que era transportable", prosigue el
informe.
Otro aspecto sustancial que pone de manifiesto el
informe de la CONADEP es que en nombre de la seguridad nacional,
miles de seres humanos arrebatados por la fuerza "dejaron de
tener presencia civil". De esa forma "la víctima
perdía todos sus derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior,
confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios
infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato,
susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloque de
cemento en sus
pies o reducida a cenizas".
En cuanto al resto de la sociedad, algunos sectores
quedaban presos del miedo y el horror, mientras otros, consciente
o inconscientemente terminaron justificando ese horror con el
murmullo en voz baja que sentenciaba: "por algo
será".
La
destrucción de la economía
La violación de los derechos humanos perpetrada
por el aparato represivo militar, fue acompañada por un
plan económico de tipo ortodoxo y neoliberal, que
terminó afectando profundamente las bases productivas de
la economía
nacional. Ese proceso dejó severas secuelas más
allá del periodo de la dictadura, reimplantándose
los rasgos esenciales del modelo durante
la década de los 90.
A la violación de los derechos humanos por la
vía del secuestro, la tortura y los asesinatos, se
agregó otro ataque a la sociedad civil, también con
efectos igualmente genocidas: los despidos masivos, la desocupación, la suspensión del
derecho de huelga, la
ruina del aparato productivo, la corrupción, la miseria, el hambre y la
desprotección en la que quedaron millones de
argentinos.
Una forma silenciosa de violentar los derechos y la vida
de los ciudadanos, que con la profundización de los
instrumentos inspirados en la doctrina neoliberal, trajo
aparejados muchos otros horrores que asoman hoy en día sin
que a veces se les preste demasiado atención. Como ejemplos se pueden citar la
mortalidad infantil en amplias regiones del interior del
país y el incremento de la delincuencia
desencadenada por la miseria que nadie pudo o quiso
solucionar.
José Alfredo Martinez de Hoz fue el principal
ejecutor de la política
económica de la última dictadura militar.
Durante cinco años concentró un enorme poder, hecho
que le permitió tomar decisiones que transformaron
profundamente el funcionamiento de la economía y de la
sociedad en su conjunto.
Una vez controlada la crisis
inflacionaria (con el apoyo del Fondo Monetario
Internacional), el equipo económico encabezado por
Martinez de Hoz llevó a cabo dos medidas principales: la
apertura de la economía (apertura del mercado interno a
la competencia
exterior) y la liberalización de los mercados
financieros (liberación de la tasa de
interés y fomento de la "patria financiera"). Con
esto, se logró la destrucción del aparato
productivo y la profundización de la especulación.
El descalabro económico que sobrevino, como se
expresó, dejó profundas huellas en el
país.
Persecución del pensamiento y las
ideas
El comunicado Nº 19 del 24 de marzo de 1976
expresa: "Se comunica a la población que la Junta de
Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena
de reclusión por tiempo
indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o
propagare comunicados o imágenes
provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o
personas o grupos notoriamente dedicados a actividades
subversivas o al terrorismo".
El término subversión englobaba a las
organizaciones guerrilleras, pero también a los activistas
o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica
social (obreros, universitarios, comerciantes, profesionales,
intelectuales,
sacerdotes, empresarios y muchos más).
La Comisión Argentina de Derechos Humanos
(CAHDU), en el informe "Argentina: proceso al genocidio" describe
que "en el plano educacional y cultural la represión pasa
por la prohibición y quema de textos, la profunda y
sostenida purga en la docencia
inferior, media y superior, el asesinato de profesores y
estudiantes y la rígida intervención militar en
establecimientos educacionales y universitarios".
Un catedrático alemán citado por Eduardo
Luis Duhalde, reseña los objetivos de la última
dictadura militar en el campo educativo con los siguientes
aspectos:
1) Purgar el cuerpo docente de elementos
sospechosos de subversión.2) Erradicar actividades políticas de
escuelas y universidades.3) Extirpar la ideología marxista (o de
lo que se entendía bajo ese rótulo) de los
claustros y reformar los planes de estudio según
normas y valores "cristiano-occidentales".4) Mejorar el nivel de investigación y
enseñanza de las universidades, implantando severos
cupos con el fin de eliminar la superpoblación
universitaria.
Entre los grotescos y aberrantes hechos protagonizados
por la dictadura militar en contra de la educación y la
difusión de ideas, se recuerda el episodio del 30 de abril
de 1976, en La Calera, provincia de Córdoba, cuando tropas
que estaban al mando de Luciano Benjamín Menendez,
Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, quemaron
millares de libros (entre
ellos, obras de Marx, Freud, Gramsci,
García
Márquez, Cortázar, Pablo Neruda,
John William Cooke y Paulo Freire,
entre otros).
En el campo de los medios de
comunicación, Eduardo Luis Duhalde destaca que "las
campañas contra la subversión inculpándola
de todos los males de la
República, fue el primer objetivo". Hubo una fuerte
censura de prensa, mediante el cierre de periódicos y
revistas, la clausura de editoriales y el control de los libros
publicados, además de una rígida
intervención en los medios
audiovisuales que quedaron bajo la órbita
estatal.
Como ejemplo, basta citar que tras el golpe, el Canal 13
de Buenos Aires quedó bajo el mando del capitán de
navío Carmelo Astesiano, en el 11 se designa al teniente
coronel Adolfo Pietronave y en el 9 al teniente coronel Roberto
Jesús Gonzalez.
El investigador Oscar Bosetti, citado en la obra
"Días de Radio", relata
que "durante la etapa abierta en la madrugada del 24 de marzo de
1976, mientras se asesinaba a periodistas disidentes o se
confeccionaban listas negras de artistas y escritores opositores,
prácticamente se desmantelaban las radios estatales
comerciales y las dependientes del Servicio
Oficial de Radiodifusión y LRA y sus filiales".
También las radios, en sus niveles de conducción,
se poblaron de militares y se desencadenó una larga serie
de censuras.
Pasaron a integrar la lista de importantes artistas
extranjeros y nacionales prohibidos Atahualpa Yupanqui, Mercedes
Sosa, Horacio Guaraní, José Larralde, Sui Generis,
Rodolfo Mederos, Arco Iris, Vox Dei, Lito Nebbia, Anacrusa, Luis
Alberto Spinetta y sus conjuntos
Almendra e Invisible, Charly García, Nito Mestre, Joan
Báez, David Gates, Led Zeppelin, Frank Zappa,
Génesis, Focus, Chico Buarque de Hollanda, Vinicius de
Moraes, Toquinho, Bob Dylan, Los Beatles y sus cuatro creadores
como solistas y, aunque parezca insólito, también
Carlos Gardel.
Por último, el Mundial de Fútbol
de 1978 y la Guerra de
Malvinas, fueron las muestras más acabadas de la
manipulación propagandística e informativa que
perpetró el régimen militar.
Conclusiones
Los golpes de Estado en Argentina, ejecutados por las
Fuerzas Armadas pero con la anuencia, complicidad o indiferencia
de distintos sectores de la sociedad civil, tuvieron como
argumentos la anarquía y el descontrol de la clase
política gobernante, acompañado esto por un
contexto económico que propiciaba el caldo de cultivo
necesario para interrumpir la vigencia del sistema
democrático.
No obstante, sobre todo a partir de la
agudización de un escenario internacional marcado por la
Guerra Fría, las irrupciones de los militares en el centro
de la escena del poder tuvieron un condimento ideológico
cuya explicación excede el ámbito de las crisis
domésticas.
La "Doctrina de la Seguridad Nacional" le dio marco al
discurso y los
procedimientos utilizados por los militares en el poder
(más que una doctrina fue una ideología). Ya desde
finales de la década del 50, con el Plan de
Conmoción Interna del Estado (Plan CONINTES), comenzaban a
asomar los rasgos de esta interpretación del mundo promovida por
Estados Unidos y sus aliados.
Estos rasgos se profundizaron en el golpe de 1966 que
derrocó al presidente constitucional Arturo Umberto Illia,
llegando a la barbarie absoluta en la última aventura
militar de 1976.
La "Doctrina de la Seguridad Nacional" propagó
entre los militares latinoamericanos una visión muy amplia
del enemigo, ya que no sólo catalogó como
"terroristas insurgentes" a la guerrilla armada, sino
también a cualquier persona que por sus ideas constituyera
una amenaza para la visión hegemónica del
Poder.
Los encargados de ejecutar desde el Estado argentino
esta distorsionada e irracional visión del mundo a partir
de marzo de 1976, procuraron llevar a la práctica en forma
puntillosa la metodología que les inculcaron en la famosa
Escuela de las Américas de Panamá.
Los efectos de esta etapa oscura de la nación
todavía perduran en la sociedad.
Si bien la parte sustancial del terrorismo de Estado se
desarrolló a partir del último golpe, unos
años antes se encontraba en actividad una
organización paraestatal en la que anidaba la misma
percepción sobre aquellos cuyas ideas eran
consideradas una amenaza para el país. Esa
organización era la Triple A.
A pesar de ser las Fuerzas Armadas las encargadas de
materializar los lineamientos de la "Doctrina", en este trabajo
se advierte cómo los gobiernos democráticos tampoco
podían escapar a la influencia de la fobia al comunismo.
El plan CONINTES de la era Frondizi y la creación de la
Triple A con la presunta venia de Perón, son dos ejemplos
de esa situación.
Es muy importante destacar que el último golpe se
proponía crear un ser "nacional, occidental y cristiano" y
en este marco no había plazos, sino objetivos (este rasgo
establece otro elemento distintivo con relación a los
golpes anteriores). La tarea estaba claramente ejecutada desde
una perspectiva militar (plan de exterminio), económico
(con la transformación profunda de la economía
argentina) y cultural – intelectual (con la
persecución de las ideas y los conocimientos y la
imposición por la fuerza de un modelo occidental y
cristiano).
Por último, la supresión de la identidad y de
la presencia civil, que dio lugar a la creación de la
categoría del desaparecido, sumada a la sistemática
vulneración de la dignidad del
ser humano a través de la tortura, la violación
sexual y la muerte, son el sello indeleble de un régimen
que pretendía depurar de cuerpos extraños a la
sociedad argentina. Las huellas de esa acción
todavía afloran con fuerza en la faz moral,
económica y cultural de nuestro país, pese a
veinticinco años ininterrumpidos de democracia.
Bibliografía
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Seguridad Nacional", Sección Política –
Historia.
– Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas (CONADEP), informe "Nunca Más",
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Seguridad Nacional, golpe de Estado en Argentina",
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históricos, www.memoriaabierta.org.ar
– Duhalde, Eduardo Luis, "El Estado terrorista
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– Ulanovsky, Carlos, Merkin, Marta, Panno, Juan
José y Tijman, Gabriela, "Días de
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– Ulanovsky, Carlos, Itkin, Silvia y Sirvén,
Pablo, "Estamos en el aire",
Emecé Editores, 2006, Buenos
Aires.
– Yofre, Juan Bautista, "Nadie Fue", Editorial
Sudamericana, 2008, Buenos Aires.
Autor:
Gustavo Di Palma
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