Monografías Plus      Agregar a favoritos      Ayuda      Português      Ingles     
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente 

¿Acción contenciosa administrativa o acción de cumplimiento? (página 2)




Partes: 1, 2


Pedro Cartolín[1]al respecto señala: "La acción contencioso-administrativa implica una contienda entre un particular y la administración pública, la cual es resuelta por el Poder Judicial. Mediante esta acción, se cuestiona una decisión de la administración, desde el punto de vista jurídico, y -a su vez- se pretende proteger la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados".

El acto administrativo, sigue siendo válido hasta que su supuesta nulidad o invalidez no sea expresamente declarada por la autoridad administrativa que lo emitió o por su superior o por el juez competente, mientras tanto dicho acto administrativo se presume válido. Marcial Rubio Correa[2]expresa lo siguiente "La acción contencioso – administrativa es el derecho que tienen las personas de recurrir ante el Poder Judicial para que anule con fuerza obligatoria cualquier acto o resolución del Poder Ejecutivo o de otros órganos administrativos del Estado, que pronunciándose sobre derechos individuales, perjudican a una o más personas"

Debe tenerse en cuenta el hecho de que en el proceso contencioso administrativo se tutelan cualquier tipo de situación jurídica de los particulares que se encuentre  vulnerada o amenazada, y no sólo los derechos subjetivos sino también los intereses legítimos de los particulares.

  • b) Tratamiento Jurídico.-

La Acción Contencioso Administrativo se encuentra regulada en la Constitución Política del Perú[3]en su Artículo 148 señala que: "Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa".

El Proceso Contencioso Administrativo está regulado mediante una ley especial que se le conoce como la Ley que Regula Proceso Contencioso Administrativo Ley Nº 27584[4]

Debemos recordar también que tanto la Acción como el Proceso Contencioso Administrativo se encuentran regulados por el bloque de la Constitucionalidad, es decir por aquellas leyes que se aplican supletoriamente y que regulan el ordenamiento jurídico en general, así tenemos el Código Civil, el Código Procesal Civil, Código Procesal Constitucional, ley 27444 (la ley del procedimiento administrativo general), entre otras.

  • c) Requisitos de Procedibilidad.-

Es requisito para la procedencia de la demanda contenciosa administrativa el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales[5]

No será exigible el agotamiento de la vía administrativa cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa; esto ha sido llamado en la doctrina como "el derecho a la pensión como nueva excepción al agotamiento de la vía administrativa"[6]. Debo agregar que las controversias relativas al derecho a pensión causa una enorme recarga al Poder Judicial, principalmente en ciudad de Lima, por lo que se hace necesario que se cree una juzgado especial que sea competente solo en materia de pensiones, al igual como ya existen Juzgados Laborales, Civiles, Penales, debe existir un "Juzgado de Pensiones", con lo cual se agilizaría la tramitación de un derecho tan fundamental para la subsistencia directa de la persona, que por su situación socio económica y físico moral se encuentra ya venida a menos, agudizada más por la crisis económica mundial.

Cuando la demanda contenciosa administrativa sea interpuesta con la finalidad de se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme, no será necesario el agotamiento de la vía previa[7]Si nos encontramos ante dicho supuesto cabria perfectamente la pregunta ¿por qué no interponer mejor una acción de cumplimiento?

Tampoco será exigible el agotamiento de la vía administrativa cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable[8]La legislación especial no dice nada, pero nótese que para que el tercero interponga la demanda y ésta obtenga amparo legal, debe demostrar detrimento moral o económico directo, es decir legitimidad para obrar; salvo que actué en defensa de intereses difusos.

  • d) Causas de Improcedencia.-

La demanda contenciosa administrativa será declarada improcedente en los siguientes supuestos[9]

  • 1. Cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el Artículo 4 de la Ley Nº 27584.

  • 2. Cuando se interponga fuera de los plazos exigidos en la Ley Nº 27584. El vencimiento del plazo para plantear la pretensión por parte del administrado, impide el inicio de cualquier otro proceso judicial con respecto a la misma actuación impugnable.

  • 3. Cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas en la Ley Nº 27584.

  • 4. Cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico, conforme a los supuestos establecidos en el Artículo 452 del Código Procesal Civil.

  • 5. Cuando no se haya vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su nulidad de oficio en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 11 de la Ley Nº 27584.

  • 6. Cuando no se haya expedido la resolución motivada a la que se hace referencia en el segundo párrafo del Artículo 11 de la Ley Nº 27584.

  • 7. En los supuestos previstos en el Artículo 427 del Código Procesal Civil.

LA ACCION DE CUMPLIMIENTO.

  • a) Definición.-

La acción de cumplimiento es una garantía constitucional y el Tribunal Constitucional[10]es claro al señalar que la acción de cumplimiento: "Es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a que las autoridades competentes cumplan lo dispuesto por las leyes o lo dispuesto por algún acto administrativo, cuando ellas se muestran renuentes a ello. Lo puede presentar el mismo afectado o cualquier otra persona en su nombre, si el Juez comprueba que efectivamente aquéllas se han producido, ordena que la autoridad demandada cumpla lo dispuesto por la ley o lo prescrito por el acto administrativo".

"Que, la acción de cumplimiento se configura como un proceso constitucional orientado a materializar las obligaciones derivadas de una ley o de un acto administrativo y respecto de las cuales existe renuencia por parte de cualquier autoridad o funcionario".[11]

Debido a la clara redacción utilizada por el legislador al regular la acción de cumplimiento, ésta no necesita de amplio desarrollo doctrinario, siendo suficiente para su cabal entendimiento, las definiciones hechas por el Tribunal Constitucional.

  • b) Tratamiento Jurídico.-

La acción de cumplimiento se encuentra regulada en la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 200 inciso 6, que señala: "Son garantías constitucionales: (.) La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley."

El Código Procesal Constitucional[12]en sus artículos 66 al 74, se ha encargado del desarrollo del contenido constitucional de la acción de cumplimiento, indicando los mecanismos procedimentales necesarios para su materialización.

En el ámbito teórico, se ha destacado que su introducción habría sido innecesaria; pues su objeto estaría en cierta forma cubierto por el Amparo que, como se sabe, tiene como finalidad proteger derechos constitucionales en los casos que se violen o amenacen de violarse, ya sea por acciones u omisiones de funcionarios, autoridades o particulares.[13]

Por cierto, no sólo se le ha emparentado con el Amparo por omisión[14]Otro tanto se ha hecho con la Acción de la inconstitucionalidad por omisión, proceso constitucional existente en los ordenamientos de Portugal y Brasil, que en determinado momento también se ha pretendido subsumir en el ámbito de la Acción de Cumplimiento[15]

En suma, la naturaleza del proceso no puede derivarse del hecho que haya sido creado por la Constitución, sino de la materia que en su seno se resuelve, y que no es otro que el control de la inactividad administrativa, donde la controversia no gira en términos de derecho constitucional, si no en términos de derecho administrativo, según se ha expuesto[16]

  • c) Requisitos de Procedibilidad.-

La acción de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo[17]

Además como requisito especial se debe cursar previamente carta notarial[18]donde conste el reclamo del cumplimiento del deber legal o administrativo con fecha cierta, y que obviamente la autoridad administrativa o el particular se haya ratificado en su negativa de cumplir con lo solicitado o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. No siendo necesario haber agotado la vía administrativa que pudiera existir, diferencia radical con la acción contenciosa administrativa, que tiene por requisito indispensable agotar la vía previa.

  • d) Causas de Improcedencia.-

No procede el proceso de cumplimiento[19]

1)  Contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones;

2)  Contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la insistencia de una ley;

3)  Para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de amparo, hábeas data y hábeas corpus;

4)  Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo;

5)  Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario;

6)  En los supuestos en los que proceda interponer el proceso competencial;

7)  Cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 69 del Código Procesal Constitucional; y,

8)  Si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial.

DIFERENCIAS ENTRE LA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y LA ACCION DE CUMPLIMIENTO.

Para llegar a comprender la diferencia esencial entre la acción contenciosa administrativa y la de cumplimiento, debemos precisar qué se entiende por garantía y por jurisdicción constitucionales. Garantía Constitucional es un proceso instituido por la misma Constitución de un Estado cuya finalidad es defender la efectiva vigencia de los derechos fundamentales que este texto reconoce o protege, haciendo efectiva la estructura jerárquica normativa establecida (ejemplo la acción de cumplimiento). En la doctrina constitucional actual tiende a utilizarse la expresión Proceso Constitucional.

La doctrina constitucional ha tendido a coincidir en el cambio del término "garantía constitucional" por el más completo término de "proceso constitucional", basado en la noción de "Jurisdicción Constitucional" que postuló el jurista italiano Mauro Capelletti.

Se identificaba la Jurisdicción Constitucional como la potestad que tenían los jueces y tribunales de pronunciarse sobre temas constitucionales. Esta potestad no la otorgan a los jueces las leyes que regulan su función sino que, a diferencia de sus facultades normales, es otorgada por la misma Constitución.

La acción contenciosa administrativa sí protege la jerarquía normativa, pero al carecer de jurisdicción, no constituye un proceso constitucional.

La acción de cumplimiento, constituye un importante avance en el fortalecimiento del Estado democrático de Derecho, desde que con ella se pretende dotar a los ciudadanos de un instrumento procesal sumarísimo, ágil y expeditivo, distinto del Contencioso Administrativo y, a su vez, del proceso de Amparo, al tener configuración autónoma, y sin que ello impida que se regule también como una modalidad del contencioso administrativo, como por lo demás se hizo con posterioridad; se ha dotado al administrado de un proceso con el cual hacer frente a la inercia o letargo de los órganos de la administración en el cumplimiento de obligaciones impuestas por la ley o a través de actos administrativos.[20]

Presentamos las siguientes diferencias entre la acción contenciosa administrativa y la acción de cumplimiento:

  • a) En cuanto al Objeto.-

La materia que en el seno de los procesos de complimiento se resuelve, no es otro que el control de la inactividad administrativa, donde la controversia no gira en términos de derecho constitucional, si no en términos de derecho administrativo, como se anotó anteriormente, pero hay que tener cuidado sobre la inactividad administrativa que pretendemos cuestionar vía acción de cumplimiento, ya que dicha inactividad administrativa queda dividida en la inactividad material contra la que si ejercitar la acción de cumplimiento y la inactividad formal contra la que solo procede la acción contenciosa administrativa vía silencio administrativo negativo.

La acción de cumplimiento no es el mecanismo mediante el cual la parte actora pueda exigir que los órganos de la Administración resuelvan lo peticionado, pues esta acción de garantía no procede contra la inactividad formal de la Administración. Ello no solo importaría restarle operatividad al silencio administrativo negativo, sino desnaturalizaría el objeto del proceso, ya que se exigiría irrazonablemente el tránsito de una vía judicial por un problema cuya solución el ordenamiento ha previsto en su técnica de control.[21]

El objeto en los procesos de cumplimiento es el control de la inactividad administrativa material. "Se entiende que existe inactividad formal de la Administración cuando al cabo de un procedimiento administrativo, o como consecuencia del ejercicio del derecho de petición por el administrado, los funcionarios, autoridades u órganos de la Administración no contestan o resuelven lo que se peticiona, no obstante existir un deber de hacerlo. En cambio se presentará una inactividad material de la administración, cuando fuera de un procedimiento administrativo, sus órganos o funcionarios dejan de cumplir un mandato que impone un tipo de actuación".[22]

El administrado cuenta, para no verse perjudicado con la inactividad formal de la Administración, con la técnica del silencio administrativo negativo.

Se puede citar perfectamente el ejemplo de los docentes y trabajadores administrativos que fueran cesados en el año 2000, por la comisión reorganizadora que intervino a la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, y que luego fueron reincorporados a sus puestos de trabajo ordenándose el pago de sus adeudos laborales dejados de percibir, cumplida la reincorporación, hasta la fecha no han podido hacer efectivo el cobro de sus adeudos laborales, existiendo una Resolución Rectoral N° 999-R-UNICA-2004, que resuelve entre otros, aprobar el financiamiento de los pagos de los adeudos laborales y gestionar a través de la Oficina General de Presupuesto de la Universidad Nacional de Ica ante el Ministerio de Economía y Finanzas, las modificaciones presupuestales pertinentes que permitan atender dichos pagos; sucede el caso que por inactividad tal Universidad no cumple con lo resulto en la Resolución Rectoral, en este caso estamos frente de una situación típica de inactividad administrativa material y procede preferentemente la acción de cumplimento. Deferente seria la situación hipotética de que si no existiera la Resolución Rectoral N° 999-R-UNICA-2004, los docentes o trabajadores administrativos, reclamaran sus adeudos mediante procedimientos administrativos, y que al final de estos no sean amparadas sus solicitudes o presentadas simplemente la autoridad administrativa no responda, en este caso solo podríamos impugnar la resolución adversa o vía silencio administrativo negativo acudir ante el Poder Judicial mediante la acción contenciosa administrativa.

Mediante la acción de cumplimiento tampoco es posible impugnar actos administrativos.[23]

Si dentro de aquel concepto de "omisión lesiva" no se encuentra la inactividad formal de la Administración, tampoco lo está la posibilidad de impugnar actos administrativos. Como la ha expresado el Tribunal Constitucional Peruano (Exp. 486-98-AC/TC), la impugnación de un acto, que dejó a su vez sin efecto una resolución que eventualmente establecía un derecho subjetivo, no puede entenderse dentro de los alcances del proceso de Cumplimiento, pues mediante éste se persigue obtener su cumplimiento, que es una cuestión absolutamente distinta a la impugnación.[24]

Ahora veamos el objeto de la acción contenciosa administrativa, que es la impugnación de las actuaciones de la administración pública en el proceso contencioso administrativo según lo señalado en el Capítulo II (objeto del proceso) Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo Ley Nº 27584, procede también procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas, entendiéndose a actuaciones tanto a las acciones o actuaciones materiales que no se encuentran en actos administrativos, declaraciones, comportamientos, actos administrativos, silencio administrativo, la inercia, omisiones, hechos basados en un acto administrativo o en una norma contrarios al ordenamiento jurídico; pueden ser promovidas las acciones contenciosas administrativas para obtener la declaración de nulidad o ineficacia de actos administrativos, el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines, el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo, la indemnización por el daño causado o "se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme". Nótese que ésta última pretensión que se puede hacer valer en los procesos contenciosos administrativos, también está contenido en el artículo 66 de Código Procesal Constitucional, que describe el objeto del proceso de cumplimiento, pero por la naturaleza distinta de ambas acciones y por la diferenciación anteriormente hecha sobre la inactividad administrativa formal y la inactividad administrativa material, ya podemos darnos cuenta cual es el verdadero objeto que persigue la acción de cumplimiento y que por supuesto no es el mismo que el objeto de la acción contenciosa administrativa, ya que éste es más amplio contiene a la inactividad tanto formal como material, siendo su esencia la impugnación de los actos administrativos, cosa que no procede en el proceso de cumplimiento, situación que también ya se ha explicado.

  • b) En cuanto a la Finalidad.-

La finalidad de los procesos de cumplimiento y en general de los procesos constitucionales es "proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimento de un mandato legal o de un acto administrativo"[25]. Están en juego no solo la pretensión particular del cliente, sino defienden un interés superior, ya que estos procesos constitucionales velan por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, la supremacía constitucional y el respeto a la jerarquía normativa. A diferencia de la finalidad de la acción contenciosa administrativa que solo busca la solución de un conflicto intersubjetivo de intereses entre el administrado y la autoridad administrativa.

  • c) En cuanto al Ámbito de Aplicación.-

La acción de cumplimento tiene un ámbito de aplicación más restringido que la acción contenciosa administrativa, puesto que con ella no se puede impugnar un acto administrativo y solo opera contra la inactividad administrativa material, además la acción de cumplimiento se interpone contra funcionario o autoridad pública para que cumpla con una norma legal o ejecute un acto administrativo firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento, esta acción puede ser utilizada para asegurar el cumplimiento de todas las normas con fuerza de ley, lo cual incluye no sólo a las leyes en sentido formal, que por el sólo hecho de ser expedidas por el Congreso y sancionadas por el Presidente, tienen fuerza de ley, sino también a otros actos normativos, que sin ser leyes formalmente, tienen por expreso mandato constitucional, fuerza de ley, como sucede con los decretos de facultades extraordinarias, siempre y cuando sean expedidos siguiendo un procedimiento regular y en concordancia y armonía con la Constitución Política del Estado y con el bloque de la constitucionalidad.

A diferencia de la acción contenciosa administrativa, la acción de cumplimiento puede ser ejercida por cualquier persona frente a normas con rango de ley y reglamentos. Y solo "Si el proceso de cumplimiento tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido"[26], a semejanza de la acción contenciosa administrativa.

  • d) En cuanto a la Ejecución de Sentencia.-

Debemos tener muy en cuenta que la sentencia recaída en un proceso de cumplimiento no se ejecutan de la misma forma que las sentencias que amparan procesos ordinarios, así las sentencias de los procesos contenciosas administrativos, se ejecutan según los artículos 713 al 719 del Código Procesal Civil, y cuando se trata de una obligación de dar suma de dinero resulta siendo perfectamente procedente las medidas cautelares para futura ejecución forzada en caso de que no exista bien cautelado, luego de haberse cumplido con los dispuesto en el Artículo 42 de la ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo LEY N.º 27584, ahora bien, las sentencias en los procesos constitucionales en general, para su ejecución se sigue un procedimiento establecido en el articulo 59 y 22 del Código Procesal Constitucional, así pues se dispone que (.) si el obligado no cumpliera dentro del plazo establecido, el Juez se dirigirá al superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y disponga la apertura del procedimiento administrativo contra quien incumplió, cuando corresponda y dentro del mismo plazo. Transcurridos dos días, el Juez ordenará se abra procedimiento administrativo contra el superior conforme al mandato, cuando corresponda, y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El Juez podrá sancionar por desobediencia al responsable y al superior hasta que cumplan su mandato, sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario.

En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto, y mantendrá su competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho.

Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez puede expedir una sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del funcionario y regule la situación injusta conforme al decisorio de la sentencia. Para efectos de una eventual impugnación, ambas sentencias se examinarán unitariamente.

Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo.

(.) Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas durante la fase de ejecución (.).

En cuanto a las medidas cautelares, el Código Procesal Constitucional en su artículo 15, señala que éstas son procedentes en los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, pero dicho artículo en su parte final, dispone que no sean de aplicación los artículos 618, 621, 630, 636 y 642 al 672 del Código Procesal civil en los procesos constitucionales, la no aplicación de tales artículos supone la no procedencia de la solicitud de embargo o de medias para futura ejecución forzada en los procesos constitucionales, tal vez la razón sea, porque en este tipo de procesos constitucionales no se ofrece, actúan o valoran pruebas, por lo que se puede causar un daño más grave que el que se quiso reparar, al concederse medidas de futura ejecución forzada o medidas de ejecución anticipada, pudiendo solicitarse en cambio las medidas de no innovar o las medidas de innovativas, por ser figuras que se ajuntan mejor a los fines de los procesos constitucionales.

Siguiendo con el ejemplo de los docentes y trabajadores de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, que fueron cesados por la comisión reorganizadora en el año 2000, y posteriormente reincorporados, ordenándose el pago de sus adeudos laborales, en el supuesto de que estos docentes y trabajadores planteen una demanda de acción de cumplimento a fin de hacer cumplir la Resolución Rectoral N° 999-R-UNICA-2004, que resuelve entre otros, aprobar el financiamiento de los pagos de los adeudos laborales y gestionar a través de la Oficina General de Presupuesto de la Universidad Nacional de Ica ante el Ministerio de Economía y Finanzas, las modificaciones presupuestales pertinentes que permitan atender dichos pagos; y estando en el caso de que el juez de la materia mediante sentencia firme ordene a la Universidad demandada cumplir con pagar lo adeudado al demandante y solo en caso de que la demandada no cuente con recursos suficientes, deba efectuar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas con dicho propósito, aquí frente a este supuesto sin ninguna objeción sustentable cabria perfectamente, en mi opinión, la solicitud de un embargo en forma de retención para poder efectuarse la futura ejecución forzada contra los bienes recaudados por recursos propios y que no estén sujetos a bridar servicios públicos con los que cuente la demandada universidad, en caso claro está de que la demandada haga caso omiso al cumplimiento de la sentencia emitida por el juez constitucional. Queda pues la tarea al tribunal Constitucional de aclarar el panorama y pronunciarse sobre la procedencia o no del embargo en los procesos constitucionales.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE CUMPLIMIENTO.

Cuando estamos frente a un funcionario o autoridad renuente a cumplir o acatar una norma legal o ejecutar un acto administrativo firme, no siempre es procedente demandar vía acción de cumplimiento, quedando la posibilidad de hacer valer nuestros derechos mediante la vía idónea que en muchos de los casos es la acción contenciosa administrativa.

Se considera que para la procedencia de la acción de cumplimiento, además de verificar la renuencia del funcionario o autoridad pública, se debe pasar por la necesaria evaluación, con el fin de identificar perfectamente si el acto administrativo cuyo cumplimiento se persigue, reúne los requisitos mínimos establecidos por el Tribunal Constitucional en la Sentencia vinculante N° 168-2005-PC/TC; esto es, que sea exigible, cierto, claro, no estar sujeto a controversias complejas ni a interpretaciones dispares, que constituya mandato vigente, incondicional y sobre todo de ineludible y obligatorio cumplimiento.

Que, asimismo para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del Proceso de Cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

1.- Ser un mandato vigente.

2.- Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo.

3.- No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.

4.- Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.

5.- Ser incondicional.

Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: reconocer un derecho incuestionable del reclamante.

6.- Permitir individualizar al beneficiario.

CONCLUSIONES.

  • Al estar la acción contenciosa administrativa contemplada en la constitución, nos dificulta la tarea de diferenciarla de la acción de cumplimiento que también encuentra su génesis en la constitución, pero para aproximarnos más a una diferenciacion debemos recordar que la acción contenciosa administrativa no es garantía constitucional.

  • El proceso contencioso administrativo,  no obstante estar expresamente consagrado en la Constitución, no comparte  la naturaleza jurídica de los procesos constitucionales  establecidos en el artículo 200 del texto constitucional.

  • La diferencia substancial entre la acción de cumplimiento y la acción contensiosa adminsitrativa se ciñe en su objeto, ya que el objeto  directo de la acción contenciosa adminsitrativa no es el control de la constitucionalidad de las normas jurídicas, ni tampoco la sola protección de los derechos constitucionales, es decir no se pretende mediante la acción contenciosa adminsitrativa velar por la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, ni por el respeto irrestricto a la jeraquia normativa, ni mucho menos por la defensa de la supremacía constitucional, ademas porque mediante el proceso contencioso administrativo los particulares afectados pueden  cuestionar todo tipo de actuaciones administrativas impugnadas, y asimismo demandar el reconocimiento de derechos incluso de origen legal y no solo constitucional.

  • A diferencia de los procesos constitucionales  para la tutela  de los derechos fundamentales que son remedios extraordinarios para la protección inmediata de derechos amenazados o vulnerados, sometidos a plazos muy breves  y carentes de etapa probatoria, el proceso contencioso administrrativo es un proceso ordinario, especifico  y preferente  para el control jurídico  de las decisiones administrativas, en cuyo trámite las partes pueden actuar con amplitud  los medios probatorios que seran valorados y actuados en su debida oportunidad, y como ya vimos, en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria.

  • Existe una dualidad en los procesos  constitucionales ya que los demandantes cuentan con la posibilidad de en último grado ante el Tribunal Constitucional en caso  el Poder Judicial  no estime sus demandas, mediante el recurso de agravio constitucional, en cambio el proceso contencioso administrativo se tramita exclusivamente  ante las instancias del Poder Judicial.

 

Autor:

Luis Oscar Donayre Yshii

Monografias.com

ABOGADO litigante-consultor titulado por la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica - Perú:

  • "Medalla de Oro" Premio a la "Excelencia Académica 2007" – UNICA.

  • VII Premio a la Excelencia Académica en Derecho "José León Barandiarán Hart" – SUNARP.

  • Autor de la Tesis de extraordinaria calidad científica: "La Corte Penal Internacional: Problemática e Impunidad de los Delitos Internacionales".

[1] CARTOLÍN PASTOR, Pedro. "HACIA UNA JUSTICIA EFICAZ Y PRONTA En las acciones contencioso-administrativas" Artículo publicado en el Diario Oficial "El Peruano", sección "Opinión" Pág. 13. Miércoles 19 de marzo del 2008.

[2] RUBIO CORREA, Marcial. "Para conocer la Constitución de 1993", Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008, pág. 245.

[3] Ha sido ratificado en el Referéndum del 31 de octubre de 1993, el texto constitucional aprobado por el Congreso Constituyente Democrático.

[4] Antecedentes sobre su vigencia: De acuerdo, con la Tercera Disposición Final, la presente Ley entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes a su publicación, ocurrida el 07-12-2001, consiguientemente su vigencia estuvo prevista a partir del 06-01-2002. Sin embargo, mediante el Artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 136-2001, publicado el 21-12-2001, se amplía el plazo señalado en la citada Tercera Disposición Final, en 180 días, debiendo regir entonces a partir del 05-07-2002. Posteriormente, a través del Artículo 4 de la Ley N° 27684, publicada el 16-04-2002, se deja sin efecto el Decreto de Urgencia N° 136-2001, y a través del Artículo 5 de la citada Ley, se estableció un nuevo plazo para la entrada en vigencia de la Ley N° 27584, el cual se fijó en 30 días posteriores a la publicación de la Ley N° 27684, en consecuencia la Ley N° 27584 rige desde el 15-04-2002.

[5] Artículo 18 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo Ley Nº 27584.

[6] Artículo 19 Inciso 1, de la Ley Nº 27584.

[7] Artículo 19 Inciso 2, de la Ley Nº 27584.

[8] Artículo 19 Inciso 3, de la Ley Nº 27584.

[9] Artículo 21 de la Ley Nº 27584.

[10] Esta definición puede ser consultada en la página web: http://www.tc.gob.pe/procesos/acccum.html

[11] Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 520-97-AC/TC. Lima. Caso: Rómulo Augusto meza Geldres, puede ser consultada en: VALLE-RIESTRA, Javier. "Código Procesal Constitucional" Tomo I. Editorial Ediciones Jurídicas. Lima, 2007. Pág. 443.

[12] Ley N° 28237, promulgado el 28 de mayo del 2004, publicado el 31 de mayo del 2004, vigencia de conformidad con la Segunda Disposición Transitoria y Derogatoria, entrará en vigencia dentro de seis meses contados a partir de la fecha de su publicación. (30-11-2004).

[13] ABAD YUPANQUI, Samuel. Citado por VALLE-RIESTRA, Javier. Op. cit. Pág. 427.

[14] LANDA, Cesar. Citado por VALLE-RIESTRA, Javier. Op. cit. Pág. 427.

[15] CARPIO MARCOS, Edgar. Citado por VALLE-RIESTRA, Javier. Op. cit. Pág. 427.

[16] CARPIO MASRCOS, Edgar. Citado por VALLE-RIESTRA, Javier. Op. cit. Pág. 428.

[17] Código Procesal Constitucional, artículo 2 parte in fine.

[18] Código Procesal Constitucional, artículo 69.

[19] Código Procesal Constitucional, artículo 70.

[20] CARPIO MARCOS, Edgar. Citado por VALLE-RIESTRA, Op. Cit. Págs. 427-428.

[21] Expediente Nº 2003-622, Acción de cumplimiento, Sentencia disponible en la página web: http://74.125.47.132/search?q=cache:v7aTFmFXIIYJ:www.gacetajuridica.com.pe/bibliotec/jurispru_constitucional_cumplimient.php+accion+de+cumplimiento&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=pe

[22] CREO BAY, Horacio. Citado por VALLE-RIESTRA, Op. Cit. Pág. 429.

[23] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente. 486-98-AC/TC, publicada en la sección Garantías Constitucionales del diario oficial El Peruano del 23 de octubre de 1998, pág. 1341.

[24] VALLE-RIESTRA, Javier. "Código Procesal Constitucional" Tomo I. Editorial Ediciones Jurídicas. Lima, 2007. Pág. 429.

[25] Código Procesal Constitucional, artículo 1.

[26] Código Procesal Constitucional, artículo 67.


Partes: 1, 2


 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente 

Comentarios


Trabajos relacionados

  • Acción

    Transmisión de la acción. Las partes. Facultades disciplinarias. Procesos de conocimiento. La acción es un derecho públ...

  • Derecho Tributario

    Reforma constitucional de 1994. Derecho tributario. Derecho comparado. Organo de control....

  • Derecho Civil

    Bienes y derechos reales. Concepto de bienes. Bienes corporales. Bienes en general. Derecho real de propiedad. Copropied...

Ver mas trabajos de Derecho

 

Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.


Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.