Sociedad civil, democracia participativa y estado social de derecho en Colombia

La presencia o intervención del Estado en la
vida de los ciudadanos y los márgenes de
participación que éste les en su manejo y control, han
variado históricamente y en unos momentos ha sido mayor
que en otros. Conceptualmente se sigue asumiendo y muy
particularmente en nuestra época, que la tarea principal
del Estado es la de proporcionar un ordenamiento legal dentro del
cual las personas puedan vivir con seguridad y
ejercer los derechos que les permitan
desenvolverse de tal manera que puedan alcanzar sus fines como
personas y los niveles de crecimiento y progreso a los cuales su
dignidad las
hace merecedoras.

La aceptación de la responsabilidad del Estado en lo referente asuntos
sociales, propia de diversos estados del siglo XIX y XX, dio
origen al concepto de
Estado de Bienestar que ha prevalecido en sociedades
occidentales con derechos sociales amplios. Otros, en cambio, como
los estados totalitarios, se atribuyeron derechos de regular y
controlar derechos y opiniones de las personas, recurriendo a
cualquier medio para lograrlo.

Las diferentes prácticas de la variada modalidad de
estados, han planteado cuestiones de fondo acerca de su
legitimidad, en un amplio debate
aún no concluido, en el cual la reflexión
filosófica ha ejercido una función
apofántica, iluminadora. Desde los orígenes de la
polis griega, por ejemplo, gran parte de la reflexión
iusfilosófica se ha concentrado en el debate acerca del
origen, verdadera naturaleza,
objeto y fines del Estado.

A lo largo de la historia, muchos pensadores
han fijado en la seguridad del Estado la justificación de
regímenes autoritarios y hasta los abusos de poder. En el
Critón, por ejemplo, Sócrates
recuerda a quienes lo instigan a la fuga, que los ciudadanos han
celebrado entre sí un contrato para
constituir el Estado,
cuyo incumplimiento es una falta de lealtad política. En
consecuencia, todo ciudadano debe aceptar las decisiones del
Estado, así vayan en contra de sus intereses, incluso,
cuando está de por medio –como en el caso del mismo
Sócrates- la propia vida. Es preferible padecer la
justicia que
cometerla. Por eso, en réplica a Critón, y a sus
amigos le indica que "la injusticia jamás es
permitida… toda injusticia es vergonzosa y funesta al que la
comete, digan lo que quieran los hombres y sea bien o sea mal el
que resulte[1]Naturalmente que su concepto de
justicia está en referencia con el acatamiento de la
ley.

En tiempos modernos, los requisitos militares de crear y
mantener las entidades estatales, se inclinaron hacia sistemas
autoritarios. Es aquí en donde otros autores asumen que el
necesario sacrificio de la libertad
individual, es una condición para garantizar la
supervivencia del Estado, en beneficio de un orden colectivo.

Desde el Descubrimiento de
América y los nuevos desarrollos sociales de Europa a partir
de los siglos XVI y XVII, una nueva tendencia buscaba identificar
al Estado con pueblos dotados de un cierto grado de identidad
cultural común a sus habitantes y en esa forma, la
legitimidad fue resultante de la voluntad de intereses de esos
pueblos.

Fue así como surgieron nacionalismos, que se
identificaron con el concepto de Estado Nacional, tan fundamental
durante la Revolución
Francesa y sustentado filosóficamente por autores como
Rousseau y
Hegel, de
cuyas obras se infiere una cierta sacralización de la
nación
como entidad capaz de conferirse legitimidad a sí misma y
a sus acciones.

En el Contrato Social, por ejemplo, Rousseau quiso
formular un tratado sobre las instituciones
políticas, al identificar el carácter irreconciliable entre naturaleza y
cultura, y ver
la sociedad como
negación de la naturaleza; encontrando que el malestar no
está en el individuo,
sino en su relación con la sociedad, lo cual genera
infelicidad, pues al negar la naturaleza, la sociedad establece
la tiranía de la desigualdad. Pero el proceso
histórico genera una negación de la
negación, llevando a una igualdad que
no solo restituye los términos de la igualdad inicial,
sino que genera un nuevo orden social históricamente
justo. Para lograrlo, hay que buscar "una forma de
asociación que defienda y proteja, con la fuerza
común, la persona y los
bienes de cada
asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos los
demás, no obedezca más que a sí mismo y
permanezca tan libre como antes[2]

En el sistema
roussoniano, cada individuo dándose a todos, no se da a
nadie, y se adquiere un derecho igual sobre los asociados que se
cede derecho, se gana equivalencia de todo lo que se pierde y
fuerza para conservar lo que se tiene. El Contrato pues, es
expresión de la voluntad general y de ella emana la
autoridad del
Estado[3]

De esa manera, en la filosofía del Contrato Social,
la soberanía, es el ejercicio de la
voluntad general; pertenece al pueblo; es absoluta; es
indivisible e inalienable. Y el pueblo que participa de la
autoridad soberana es también súbdito y se somete a
las leyes del Estado,
que él mismo se ha dado. Por tanto, el derecho de la
libertad, se concilia con el deber de la obediencia, mediante la
ley, que es en donde se concreta la voluntad general.

Pero la entronización de los estados nacionales en los
siglo XIX y XX, generó como reacción diversos
conflictos
entre ellos, dando origen a un sustrato ideológico que
abrió paso hacia el internacionalismo en las
postrimerías del siglo XX, con una serie de conceptos
conexos, como el de seguridad colectiva, derecho
Internacional humanitario, comunidades económicas y
políticas internacionales, globalización y diversas formas de
trasnacionalismo, globalización del derecho y la
aplicación de la justicia, etc. ambiente de
reacciones, que ha planteado un desafío frente al mismo
concepto de Estado como forma preferida de organización política, dando forma a
una nueva percepción
del Estado, que con desenvolvimiento particular en los
países de la espera hispana y euroamericana, al
clásico concepto de Estado de
derecho, le adiciona el de Estado Social, para dar forma al
Estado Social de Derecho.