Cambio institucional, responsabilidad juvenil y sistemas de reinserción social (página 2)

El problema de la juventud no es
que tropiece con barreras al intentar realizar sus aspiraciones,
el problema es que le faltan aspiraciones, proyectos y,
más que nada, ideología. (Touraine, A. 1991:
11)[1]

1.1 Antecedentes generales

Cuando decidimos llevar adelante esta investigación, nos encontramos frente a un
tema de estudio que parecía ser extremadamente amplio y
complejo. Sin embargo, en el ejercicio de delimitación de
la propuesta de investigación fuimos acotando nuestros
intereses y dosificando de mejor manera nuestros recursos mediante
un constante trabajo
constructivo de proposición, validación y
replanteamiento. Así, en un principio, nos enfrentamos
ante dos posibles situaciones que nos llamaron profundamente la
atención: a) el aparente incremento de la
delincuencia
juvenil en la Región de Tarapacá; y, b) la
aparente ineficacia e insustentabilidad de los sistemas de
reinserción
social y rehabilitación conductual que operan en los
centros de atención directa del SENAME, junto con la
participación de otros actores públicos y
sociales.

El problema de la delincuencia
juvenil en el último tiempo se ha
transformado en una preocupación pública de la
más alta relevancia. La sensación de inseguridad y
perplejidad que esta situación deja no sólo entre
los victimarios, sume a muchos en el desconcierto y la
desesperanza. La complejidad de este fenómeno es
inconmensurable y no existe una verdad única o
doctrinaria. Esta complejidad se basa en el principio de
multidimensionalidad y en las "necesidades concretas" que
despiertan los problemas de
violencia y
criminalidad juvenil, los cuales fomentan un clima de
inseguridad pública y ponen en riesgo,
finalmente, la democracia, el
desarrollo
económico – social y la "paz ciudadana"
(Fundación Paz Ciudadana: 1998, 2000, 2006).

Instalada en las agendas políticas
nacional e internacional, el problema de la delincuencia juvenil
y la aparente ineficacia de las políticas de
reinserción social de jóvenes infractores de
ley tampoco le
es indiferente a la opinión
pública y la percepción
ciudadana. Hasta hace poco tiempo atrás, la imputabilidad
de los/as jóvenes era bajísima, sólo para
casos excepcionales y ejemplificadores, lo que inquietaba
enormemente a la población dada la impunidad en
que quedaban los delitos, la
instrumentalización que se hacía de estos
jóvenes para cometer delitos organizados por adultos y la
violencia desmedida que éstos, en general, ejercían
en sus actos. No obstante fuese rebajada la edad de responsabilidad penal juvenil a 14 años,
los delitos cometidos por jóvenes no han cesado.
Así, se percibe a la sociedad
actual y sus espacios públicos como lugares de
sobre-exposición, dimensión del riesgo y
escenario de la inseguridad. La delincuencia, criminalidad y
violencia
social se expresan de múltiples maneras, siendo la
delincuencia juvenil una de ellas.

En la Región de Tarapacá, particularmente en sus
dos principales centros urbanos[2]se observan
aspectos sociales, económicos y geopolíticos que
matizan el fenómeno de la delincuencia juvenil y definen
sus particularidades. No obstante aquello, este fenómeno
forma parte del contexto general que tiene una escalada mundial y
que responde, entre otros elementos, al cambio de
paradigmas
expresado en el avance del "proceso de
globalización" (Carrión, F.
2001:19) y la crisis de
los valores
tradicionales de la sociedad moderna, así como de aquellas
instituciones
basales de la integración social (familia, escuela, iglesia,
Estado –
Nación). No ha de extrañar,
entonces, que las innumerables transformaciones en la vida
económica, política, social y
cultural del planeta hayan producido cambios significativos en
los comportamientos de los/as jóvenes y
adolescentes[3]

El desarrollo de
las sociedades
occidentales ha sido variable y desigual. América
Latina muestra
importantes avances en algunos ámbitos y sectores
productivos, pero también a diversas "fuentes de
inseguridad" (Arriagada, I. 2001: 109) vinculadas a preocupantes
problemas de desigualdad, precarización de los empleos,
pobreza,
marginalidad y
exclusión
social, que se tornan patéticos con el avance de la
violencia social, el narcotráfico, el debilitamiento de las
redes de
protección institucionales, la fragmentación de la
sociedad civil
y otros procesos que,
paradójicamente, van en la senda contraria a los objetivos de
un desarrollo económico – social sustentable y equitativo.
Así, por una cuestión no siempre obvia, es
necesario considerar que la Región de Tarapacá y
los análisis de las políticas de
responsabilidad juvenil no pueden desconocer el contexto
socio-histórico vinculado al espacio fronterizo y las
relaciones económicas, migracionales, socioculturales y
criminológicas que se establecen, particularmente, entre
la subregión norte de Chile, el sur peruano y el sudoeste
boliviano.

América Latina por años ha estado rankeada entre
las regiones más violentas del mundo. Las inestabilidades
e incertidumbres generadas por los modelos de
desarrollo económico – social y por el proceso de
transición de los Estados latinoamericanos hacia sistemas
democráticos, a excepción probablemente de Venezuela que
muestra signos de
dictadura, ha
generado innumerables desafíos en materia de
violencia juvenil y promoción del desarrollo de la adolescencia,
entendida ésta como una etapa de integración social
vital. Si bien, el sistema
democrático chileno y las políticas de seguridad
pública dirigidas a jóvenes infractores de ley no
se basan actualmente en el esquema de seguridad interior del
Estado que prevaleció durante el régimen militar,
aún nuestro sistema
político se asientan en una carta magna
obsoleta (Constitución de 1980) que no responde
adecuadamente a los problemas y desafíos de reducir los
factores de riesgo que enfrentan cotidianamente los/as
jóvenes, así como la reproducción de la delincuencia juvenil y
violencia social que se encuentran como telón de
fondo.

Las diferentes clasificaciones utilizadas para identificar y
analizar el fenómeno de la delincuencia juvenil nos ayudan
a entender la complejidad de un problema multidimensional que se
encuentra visiblemente instalado en nuestra sociedad y, en
especial, en la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Variadas son las formas y
expresiones delictivas que adoptan los/as jóvenes
infractores de ley. Estas pueden ser prácticas organizadas
y funcionalmente estructuradas o resultado de problemas
psicosociales más acotados. Asimismo, la gravedad y
connotación de los delitos son diversas,
interesándonos en esta investigación aquellos actos
delictivos provistos y definidos como de mayor
connotación social[4]

Por otro lado, Chile y la Región de Tarapacá no
están al margen del debate en
materia de delincuencia juvenil y el rol que le cabe al Estado en
estas materias. Se observan visiones y diagnósticos
diversos y, en algunos sentidos, contrapuestos ideológica
o pragmáticamente. Para algunos cientistas
políticos, la reinvención de la democracia chilena
ha estado aparejada de una excesiva flexibilidad, permisividad y
blandura del sistema legislativo y político, dando
pié al incremento notorio de la delincuencia juvenil.
Desde este punto de vista, la delincuencia sería el
resultado de la reconversión del sistema
político-legislativo chileno y de la reconstitución
de los derechos humanos
que dieron sustento a legislaciones menos agresivas
(eliminación de la pena de
muerte, eliminación de la detención por
sospecha, etc.).

Otros, sin embargo, prefieren mantener abierto su
caleidoscopio y no reducir la emergencia de este fenómeno
al reestablecimiento de un orden social democrático y la
consecuente generación de condiciones para su existencia.
Así, desde el primer gobierno de la
Concertación, las políticas de seguridad
pública han experimentado cambios significativos en los
ámbitos de la redefinición de los antiguos roles
político – institucionales y los enfoques que
orientan los diseños y gestión
de estas políticas. Sin embargo, la delincuencia juvenil
parece ir en aumento, no obstante resulta imposible fundamentar
esta aseveración con información sistemática y confiable
que de cuenta de la real dimensión de la
problemática y no únicamente de la efectividad de
la pesquisa de denuncias o ilícitos aprehendidos por las
policías.

De esta manera, al constatar la existencia indesmentible de
los problemas de violencia y delincuencia juvenil en nuestra
sociedad, buscamos conocer qué cambios
socioinstitucionales se observan en el actual sistema chileno de
atención y reinserción social de jóvenes
infractores de ley al compararlo con el "ancient regime"
pre-reforma de responsabilidad penal juvenil. Además,
resulta oportuno preguntarnos por los impactos que han generado
estos cambios político-institucionales en la Región
de Tarapacá; qué cursos han tomado los modelos de
responsabilidad penal juvenil y reinserción social en los
centros de atención directa de jóvenes infractores
de ley; y, cuáles han sido los obstáculos
principales que ponen a prueba actualmente la calidad, eficacia y
sustentabilidad de estos dispositivos en el Centro Iquique.

Estas interrogantes representan el planteamiento del
problema y el inicio de nuestra apuesta investigativa la
cual, como hemos señalado, se interna en los problemas de
calidad, eficacia y sustentabilidad de las políticas de
responsabilidad juvenil y reinserción social de
jóvenes infractores de ley que han cometido actos de mayor
connotación social en la Región de Tarapacá,
durante los años 2007 – 2008, periodo en el cual
comienza a regir el actual modelo de
responsabilidad penal juvenil en Chile. Así, el tema de la
delincuencia juvenil simboliza una apuesta investigativa en
atención a un problema social prioritario que amenaza con
desestabilizar las bases del sistema democrático chileno y
el Estado de
Derecho. En este sentido, trataremos de comprender
cómo se materializan las intervenciones públicas
hacia la situación de los/as jóvenes infractores de
ley que ingresan concretamente al Centro Iquique en la
Región de Tarapacá para iniciar su proceso de
rehabilitación conductual e integración social,
evaluando los impactos y problemas de calidad, eficiencia,
eficacia y sustentabilidad de las diferentes etapas y dimensiones
que configuran el proyecto de
intervención.

Los antecedentes recabados de manera preliminar, nos permiten
afirmar hipotéticamente que en la Región de
Tarapacá las políticas de seguridad pública
y reinserción social de jóvenes infractores de ley
se encuentran en un estado de transición hacia la
modernización de aspectos políticos,
jurídicos, institucionales y de gestión
pública. El cambio institucional y en las políticas
de seguridad pública dirigidas a jóvenes
infractores de ley se ha caracterizado por su reactivismo en
relación con la complejidad del fenómeno y han
resultado compensatorias desde la lógica
de la victimización. La aparente ineficacia de las
políticas de reinserción social de jóvenes
infractores de ley, creemos, se basa en la idea de que los
sistemas de atención de jóvenes infractores de ley
se han venido encaminando hacia un modelo de
carcelarización que tiende a desplazar las iniciativas
socioeducativas destinadas a la reinserción social e
integración social de jóvenes.

Antes de entrar en esta controversial materia, nos nutriremos
con una relectura del contexto social y político –
institucional que opera como trasfondo del fenómeno de la
delincuencia juvenil en la sociedad actual. Nos enfocaremos en
cómo el Estado ha
enfrentado este problema, rescatando aquellas experiencias e
hitos internacionales que han influido sobre las transformaciones
internas en el ámbito de la seguridad pública y las
políticas de responsabilidad penal juvenil.
Posteriormente, entraremos en la escena nacional y regional para
observar aquellos aspectos problemáticos e
incógnitas que justifican la
investigación y orientan su desarrollo.

1.2 Contextualización del fenómeno de la
delincuencia juvenil y la respuesta del Estado en la sociedad
actual

Realizando un breve recorrido por los medios de
comunicación social, revistas científicas,
publicaciones institucionales y otros escritos, es posible
observar que el fenómeno de la delincuencia juvenil se
encuentra instalado en nuestra sociedad. En el ámbito
regional, la delincuencia juvenil se muestra como parte
integrante de las paradojas del desarrollo económico y
social, así como de los cambios en la vida familiar, la
infraestructura de las viviendas, los déficit en materia
de educación
pública, la precariedad del empleo y el
avance corrosivo del narcotráfico. Los/as jóvenes
en situación de riesgo social son candidatos predilectos
para ingresar al mundo del delito, lo que no
quiere decir que este sea un problema que se presente en un
estrato económico-social específico, sino que cruza
todos los sistemas de convivencia social y los diferentes
estratos económicos de la sociedad. No obstante aquello,
las condiciones sociales y económicas que soportan la vida
de familias y jóvenes en condiciones de pobreza y
marginalidad tienden a ser más sensibles a las
posibilidades de internalización de patrones
delictivo-transgresores que se ponderan, recurrentemente, como
"conductas desviadas" y "antisociales".

La Región de Tarapacá no puede abstraerse de su
historia y de su
conformación sociopolítica. La presencia del
fenómeno de la delincuencia juvenil en esta Región
no se encuentra ajena a la situación que se vive en el
resto del país, América
Latina y otras naciones del mundo. En los últimos
años, los problemas de seguridad pública y
delincuencia juvenil han adquirido mayor notoriedad en los
ámbitos comunicacionales, políticos,
científicos y sociales, convirtiéndose en un tema
de Estado con una fuerte presencia en el debate público.
Sin embargo, este problema no es nuevo, aunque se manifiesta como
un fenómeno dinámico y fuertemente sensible a los
cambios de las condiciones económicas y sociales en los
diferentes territorios. Esto hace que sea prácticamente
imprescindible realizar una relectura del contexto
histórico – social para comprender la relación que
se establece entre el fenómeno de la delincuencia juvenil
y el tipo de respuesta que ha desplegado la institucionalidad
pública y política para poner tope a esta
problemática y promover la integración social de
los/as jóvenes infractores de ley.

Asistimos a un momento de nuestra historia en que la violencia
parece apoderarse de los diferentes espacios públicos y
privados. Se observan diariamente prácticas como el
bullying en los colegios, violencia
intrafamiliar, violencia de género,
violencia hacia grupos
minoritarios, violencia intracarcelaria que opera reforzando la
idea de escuela del delito, terrorismo
nacional e internacional, y una peligrosa contracultura juvenil
del death line, del desenfreno hedonista, el desapego a
la vida y la internalización de la violencia y el
atropello al otro como medio legítimo de conseguir las
cosas[5]Este complejo background de
manifestaciones parece minar los sistemas de convivencia social
tradicionales basados en la confianza. Chile no está ajeno
al fondo de los problemas y determinantes económicos,
políticos, sociales, culturales y medioambientales que
están detrás del fenómeno de la delincuencia
juvenil. Lo importante, por ahora, es comprender que el
fenómeno de la delincuencia juvenil y el carácter del sistema público de
atención de jóvenes infractores de ley se construye
a partir de relaciones complejas y causas multidimensionales,
donde no hay cabida para el reduccionismo y el unicausalismo
metodológico.

Las políticas públicas de los diferentes
países que han intentado enfrentar la violencia y
delincuencia juvenil nos muestran resultados diferentes y no
siempre acordes con los impactos esperados. El tatcherismo y el
reaganismo con sus políticas de tolerancia cero
demostraron ser ineficaces y en algunos sentidos
contraproducentes con los objetivos planteados inicialmente. Tal
como sostienen algunos críticos y expertos, las
políticas de "mano dura" para el control del
delito no demostraron ser la vía para la fuente de
paz en los países donde fueron aplicadas. La
política de tolerancia cero[6]por ejemplo,
no evidenciaron impactar de manera fehaciente la reducción
de los delitos, la minimización de la reincidencia y la
reinserción social efectiva de jóvenes infractores
de ley[7]

Experiencias de otros países nos permite reconocer que
la delincuencia juvenil se ha convertido en problema de orden
público transnacional, tanto desde el punto de vista del
compromiso al orden social como por la preocupación de
interés
público y percepción de inseguridad que despierta
en la población y en los mercados. No
obstante aquello, su expresión máxima la
encontramos en las urbes y, particularmente, en aquellos
territorios y espacios donde se convive cotidianamente con la
marginalidad, la pobreza, la
desesperanza, el flagelo de la droga y grupos
que buscan apoderarse de dichos espacios para reproducir una
cultura
suburbana del delito y hacer valer sus propias reglas.

Las autoridades de la
República Checa, por ejemplo, tuvieron que enfrentar
el fenómeno de la delincuencia juvenil a comienzos del
nuevo milenio, el cual iba en un exponencial
incremento[8]Algunas de las medidas empleadas
frente a la escalada de robos de jóvenes que buscaban
conseguir dinero
mediante actos delictivos, pusieron a prueba los dispositivos
públicos y legales de ese país a través de
la elevación del límite de daños monetarios
para calificar el caso como un delito, el cambio del clima social
y la introducción de tribunales especiales para
menores de 18 años. Sin embargo, los expertos que
trabajaron en este caso concluyeron que "ha cambiado la estructura de
la delincuencia infantil y juvenil. No es que haya más
delitos cometidos por niños y
jóvenes, sino que se vuelven cada vez más graves y
violentos" (Oratorová, K. 2008)[9].

¿Es que hoy se denuncia más o es que existe un
incremento real de la delincuencia juvenil en nuestra sociedad?
La respuesta probablemente contenga ambos elementos. Lo
problemático parece ser que no se sabe a ciencia cierta
cuánto se ha dejado de denunciar y si las inquietantes
cifras presentadas por los organismos oficiales no esconden un
fenómeno más generalizado. Lo interesante de
rescatar en el caso de la República Checa, es el
descubrimiento de que lo que se daba, finalmente, era un
incremento de la violencia y gravedad de actos ilícitos
cometido por jóvenes y no necesariamente un incremento de
la delincuencia en términos de participación de una
mayor cantidad de jóvenes en actos reñidos contra
la ley y el Estado de Derecho.

Por otro lado, existen experiencias internacionales exitosas
como la española, donde se ha logrado reducir
substantivamente la comisión de delitos de mayor
connotación social (DMCS) y aminorar las estadísticas de reincidencia por parte de
jóvenes, pese a que en algunas comunidades como en
Asturias se observe un fenómeno inverso. Asimismo, destaca
la corriente socieducativa francesa en la contribución a
generar políticas de seguridad pública capaces de
centrarse en los/as jóvenes infractores de ley y sus
problemáticos entornos, con los recursos y condiciones
básicas que demanda la
complejidad de un proceso costoso y dificultoso como es la
resocialización, reeducación y reinserción
social de estos jóvenes. En general, algunos países
bajos de Europa, como
Dinamarca, Holanda y la misma República Checa, han lanzado
medidas socioeducativas y de integración laboral en el
último tiempo con cierta preeminencia sobre las medidas
judiciales que, ciertas ocasiones, se han reducido pese al
incremento estadístico oficial de los actos delictivos
(Fundación Paz Ciudadana, 1999).

En América Latina y el Caribe el "panorama
criminológico" ha sido más complejo aún
(Rico, J. 1977). Las experiencias de violencia y delincuencia
ejercida por la cultura de las bandas juveniles de los Maras en
Centroamérica y parte de Estados
Unidos[10]los focos de criminalidad que se
observan en las favelas en Brasil, los
secuestros propiciados por miembros de las FARC en
Colombia,
así como la transnacionalización de los actos
delictivos que se observan en regiones fronteras como
Tarapacá (narcotráfico, blanqueo de capitales,
contrabando,
robo de vehículos y especies), nos empujan hacia la
constatación de que el fenómeno de la delincuencia
juvenil se nutre de un extenso repertorio criminológico y
de un escenario global que convive peligrosamente con la
violencia social en todas sus formas.

En el ámbito específico de la delincuencia
juvenil, pasa algo similar. Se observa una fuerte presencia del
fenómeno en la agenda pública, los medios de
comunicación social y el debate público en
general. En este contexto, se ha venido documentando que "la
mayoría de los delitos son cometidos por jóvenes.
Cualquier política que pretenda reducir la delincuencia
debe estar orientada a este grupo etario"
(Fundación Paz Ciudadana. 1997: . Sin embargo, la toma de
decisiones pública no cuenta con información
criminológica sistemática que dé cuenta de
la evolución del fenómeno de la
delincuencia juvenil en Chile y la Región de
Tarapacá desde una perspectiva de mediano y largo plazo.
Recién para el año 2011 se proyecta la
publicación del primer compendio de análisis
quinquenal de estadísticas criminales de Chile, compromiso
del Ministerio del Interior establecido en la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública (2006 –
2010)[11]. Esta situación indudablemente
complica el diagnóstico y representa un
obstáculo que opera como un "téngase presente" en
las diferentes fases del proceso de investigación.

Volviendo a nuestros planteamientos, y ya instalado como una
de las principales preocupaciones en la estabilidad del sistema
social, político y económico, el fenómeno de
la delincuencia juvenil se presenta bajo diversas figuras,
atributos y connotaciones ideológicas. En términos
prácticos, se manifiesta de manera organizada o individual
apelando al carácter de inimputabilidad penal de los/as jóvenes.
Algunos Estados, como el caso chileno, han adoptado la
decisión de reformar integralmente el sistema de
atención a la infancia y
modernizar paralelamente el sistema de justicia. Sin
embargo, sospechamos que el eje de acción
basado en la reinserción social de estos jóvenes no
se encuentra claramente perfilado en la etapa post – egreso,
momento clave para la integración social y la
sustentabilidad de las acciones.

Así, los estudios criminológicos juveniles
centrados en el rol del Estado no pueden entenderse sin
contextualizar sociohistóricamente la problemática
de la delincuencia juvenil en relación con el proceso de
modernización del Estado. Nuestro estudio se encamina a la
comprensión de estos aspectos, mediante el reconocimiento
de la heterogeneidad de situaciones, etapas de crecimiento y
factores sociales que inciden en la generación de
conductas delictivas y que median los procesos de
reinserción social de jóvenes infractores de ley.
En este sentido, el estudio no pretende reducirse a una evaluación
de los programas de
reinserción e integración social del SENAME sino,
más bien, pretende contribuir desde el ámbito de
las Ciencias
Sociales a la identificación de los desafíos de
las políticas de reinserción social de
jóvenes infractores de ley en la Región de
Tarapacá, analizando los impactos -esperados e
inesperados- que han producido sobre sus beneficiarios directos y
sus entornos. Plantearemos, en lo que sigue, algunos elementos
preliminares que nos ayudarán a orientar nuestra
búsqueda y perfilar de mejor manera los aspectos que
soportan este razonamiento.

• Problemas a partir de los cambios
  socioinstitucionales de los sistemas de atención de
  jóvenes infractores de ley en Chile y la Región
  de Tarapacá

Que Chile invierta más recursos públicos en un
recluso que en un estudiante universitario resulta una paradoja
vitae. También causa inquietud la comparación de la
cantidad de población penal que existe en nuestro
país, que es comparativa y proporcionalmente superior a la
de otros países de América Latina, ocupando el
cuarto lugar según estimaciones de organismos
internacionales[12]Uno de los puntos
álgidos que últimamente ha despertado inquietud en
la sociedad chilena, tiene que ver con los resultados de los
procesos de reinserción social y rehabilitación
conductual de jóvenes, el desconocimiento del gasto
público utilizado para esos efectos y los grados de
reincidencia y reproducción del delito. En el Senado
nacional, por ejemplo, se ha desatado un fuerte debate en este
sentido, cuestionándose profundamente el hecho de que
"tenemos una ley absurda, que dice que solo en el último
período de condena –es decir si alguien está
condenado a 10 años- en el año 8 recién
comienza la política de reinserción y
rehabilitación. Eso es completamente absurdo desde el
punto de vista de los especialistas"[13].

En términos generales, los procesos de cambio y
modernización que atraviesan los Estados Nación,
dejan en observancia tendencias reformistas y de
reacoplamiento estructural que posibilitan
transformaciones y mejoramientos de las políticas
públicas dirigidas a enfrentar los problemas de seguridad
y delincuencia que ponen en peligro la sustentación de la
democracia, el clima de paz y el desarrollo económico
– social de los diferentes países. Particularmente,
en los países subdesarrollados o en vías de
desarrollo, el problema de la delincuencia juvenil se ha
recrudecido en el tiempo. Pese a lo anterior, el Estado ha
intervenido el último tiempo propiciando procesos de
reforma hacia la situación de protección de
derechos y
responsabilidad penal juvenil, constituyéndose en una
apuesta al desarrollo futuro del
país[14]que incide directamente en la
calidad de
vida, ya que la delincuencia juvenil vendría a
"erosionar la instancia de lo público y la
condición de ciudadanía" (Carrión, F.
1998:28).

La mirada histórica resulta fundamental al momento de
observar los cambios sociales y político –
institucionales que han influido sobre el incremento de la
delincuencia juvenil en el último tiempo. Desde el punto
de vista de la actuación de los poderes públicos,
se observan avances y desafíos importantes. En la
década de los 70", la estructura institucional que operaba
en Chile era la CONAME (Consejo Nacional de Menores), organismo
encargado de atender los problemas
sociales que respondían a las disfuncionalidades
conductuales y familiares de niños/as y jóvenes en
riesgo. Su orientación era fundamentalmente
asistencialista, con énfasis en la atención
psicoterapéutica y el voluntarismo. En 1979, en plena
dictadura del Gobierno Militar de Augusto Pinochet, se crea el
SENAME (Servicio
Nacional de Jóvenes), el cual se encargaría de
sustituir al CONAME mediante una institucionalidad pública
acorde con la tarea de protección y asistencia social de
jóvenes en situación de vulnerabilidad e
irregularidad familiar. Este esquema funcionó por
más de una década, hasta los años 90",
momento en el cual se observa un giro epistemológico hacia
los principios
rectores propiciados por la Convención Internacional de
Derechos del
Niño, dirigiendo la labor del SENAME a regular el rol
del Estado bajo una perspectiva de los derechos sociales y no de
la caridad[15]

Como dimensión referencial, de un modelo de seguridad
interior del Estado de carácter cerrado, que
predominó durante los años 70" y 80", se dio paso a
un modelo de sistemas abiertos (seguridad pública) que
trascenderá la participación de los organismos
castrenses y judiciales. Posteriormente, la década de los
90" se caracterizará por cambios significativos en el
paisaje global y local también. La caída del
muro de
Berlín y el paso de los gobiernos militares a
gobiernos democráticos en América Latina y Chile
gatillaron transformaciones radicales orientadas a promover la
modernización de los Estados Nación y, entre otras,
las políticas de seguridad pública. En este
escenario global, se observa un agotamiento del modelo
ideológico de Seguridad Interior del Estado y la
emergencia de un modelo de Seguridad Pública de
carácter incluyente, transversal y orientado hacia los
objetivos estratégicos de reducir los inquietantes
índices de delincuencia y violencia social.

Así, el fenómeno de la delincuencia en Chile se
instaló en el centro del debate público,
convirtiéndose en el caballo de Troya del discurso
político y en uno de los problemas más
relevados por los medios de
comunicación y el ciudadano común y
corriente. A fines de los años 90", se comienza a observar
un desgaste de las políticas de seguridad pública e
insuficiencia de los mecanismos de control y prevención
del delito. De esa manera, las disconformidades respecto del
fortalecimiento de las policías (incremento de
dotación y recursos) como única medida para
combatir la delincuencia instalan en el debate político,
público y científico la idea de reformular el
sistema de seguridad pública nacional, con lo cual se
esperaba modernizar la justicia penal en el ámbito juvenil
y sintonizar las políticas fiscales con las directrices de
los tratados
internacionales que se fueron suscribiendo, particularmente
con la Convención de Derechos de los Niños y
Niñas.

Este cambio de paradigmas también fue gestando
modificaciones en las estructuras
políticas – institucionales que promovían la
protección de los derechos de la infancia con
carácter asistencial, así como la
rehabilitación conductual y reinserción social de
casos problemáticos. Los aspectos psico/conductistas con
énfasis en la rehabilitación terapéutica
basada en el encierro y modelos de internados, predominaban en
los análisis e intervenciones hacia estos jóvenes.
Por más de una década esta institucionalidad
operó en Chile bajo este esquema, de manera
descentralizada y con dependencia directa del SENAME y el
Ministerio de Justicia. Sin embargo, lentamente se fueron
incorporando nuevos elementos y cursos de acción que
convirtieron a los centros del SENAME en sistemas cerrados y
semicerrados de atención de jóvenes infractores de
ley.

Al visibilizarse en la agenda política el problema de
la delincuencia juvenil e instalarse en la percepción
pública el sentido de inseguridad y desconfianza respecto
de la eficacia de las acciones de
control y prevención del delito por parte de los
organismos pertinentes (policías, gobierno,
institucionalidad pública, ONG"s), se
comienzan a concretar los primeros cambios con dirección a la reformulación de los
sistemas de atención de los/as jóvenes infractores
de ley. En ese entonces, el Centro Arcoiris (actualmente Centro
Iquique), así como los demás centros juveniles del
SENAME, se encargaban de trabajar en el ámbito de la
protección de los derechos sociales de menores en
situación de riesgo social, hasta el año 2003,
cuando comenzaron a sentarse las bases del modelo de
responsabilidad penal juvenil que opera actualmente. Así,
el perfil de los internos de estos centros cambió
drásticamente. Ya no se trataba de atender a
jóvenes en situación de vulnerabilidad y
desprotección de sus derechos básicos, sino que
había que tratar con jóvenes y adolescentes
de alta complejidad que estaban conectados con el mundo del
delito.

En este contexto, los sistemas de atención de
jóvenes infractores de ley se verán modificados con
la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente[16]Estos cambios políticos –
institucionales han generando avenimientos y detracciones. Los
argumentos a favor dicen relación con justificaciones como
la necesidad de reformular el sistema público de
atención de jóvenes infractores de ley a la
luz de los
cambios sociales y los desafíos de manutención del
orden y la paz social. Los detractores, por otro lado, plantean
que lo que ha venido impulsándose constituyen cambios que
sin dejar de ser importantes, no se encuentran acordes con
los sentidos y
dinámicas del fenómeno de la delincuencia
juvenil.

Como sea, la Región de Tarapacá manifiesta
actualmente signos insospechados de violencia y delincuencia
juvenil. Ya no resulta una sorpresa observar la estrecha
relación que se establece entre el tráfico /
consumo de
drogas y los
actos delictivos. Sabemos que el consumo de estupefacientes en
los/as jóvenes se ha ido incrementando en Chile y que esta
situación ha traído costos
económicos, humanos y sociales
significativos[17]

La Región de Tarapacá, por su carácter
fronterizo, se encuentra permanentemente expuesta a los flagelos
del narcotráfico y presenta las tasas más altas de
consumo de drogas ilícitas entre los jóvenes
(cocaína,
marihuana y
pasta base, principalmente). Así, surge la necesidad de
que la reinserción social de los jóvenes vaya de la
mano con procesos de rehabilitación conductual y,
particularmente, de rehabilitación del consumo
problemático de estupefacientes. ¿Qué pasa
en ese sentido? ¿Qué se está haciendo al
respecto? Sabemos que CONACE se encarga fundamentalmente de los
aspectos preventivos de la problemática y que las
políticas públicas están, en general,
fuertemente orientadas al control y la prevención del
delito. Asimismo, los programas de rehabilitación en
consumo problemático de estupefacientes en jóvenes
son, en general, costosos y no garantizan el éxito.
En este sentido, han sido las organizaciones
comunitarias las que han comenzado a llenar este vacío
trabajando sobre la base de metodologías
terapéuticas de autoayuda y asistencia religiosa que no
cuentan, por lo general, con recursos suficientes para realizar
tratamientos integrales.

Así, resulta clave conocer el contexto y sentido de los
cambios institucionales en materia de seguridad pública y
delincuencia juvenil, cuestionándonos en lo más
profundo respecto de la utopía o posibilidad real de los
sistemas de responsabilidad penal juvenil y los procesos de
reinserción social de menores infractores de ley,
particularmente de aquellos casos críticos.
Básicamente y para finalizar con esta parte, nuestro
planteamiento del
problema coincide en señalar que los determinantes
sociales más representativos para la Región de
Tarapacá[18]generan un clima adverso para
los procesos de reinserción social de menores infractores
de ley que, luego de terminada la etapa de intervención en
el sistema público, parecen quedar a la deriva de los
riesgos
sociales que siguen presentes en la familia, el
barrio y el entorno social y que terminan, finalmente,
prevaleciendo en la regeneración de la conducta
criminal. Con este argumento, nos asaltan las dudas respecto de
si es posible la reinserción social de jóvenes
infractores de ley bajo el esquema institucional que hoy opera y,
particularmente, nos interesa saber cuáles son los
obstáculos políticos – institucionales que
debe sortear actualmente el sistema de responsabilidad penal
juvenil para garantizar, de manera efectiva y sustentable, la
reinserción social de menores entre 14 y 17 años,
considerando a los de 18 como "adultos". Veremos, a
continuación, cómo se conmensuraron las inquietudes
planteadas en este capítulo mediante la
delimitación de la estrategia metodológica que
considera, entre otros elementos, la relevancia académica,
política y social de la investigación, así
como los métodos y técnicas
de investigación utilizadas (Delgado y
Gutiérrez, 2007; Valles, M. 2007).

• Estrategia metodológica

La seguridad pública se constituye hoy en una prioridad
para el Estado y la ciudadanía. Este estudio se inscribe
dentro de este contexto, pero no parte de cero. Las razones de la
elección del problema de investigación que dieron
vida a este proyecto no sólo poseen un carácter
externo o están ligadas a lo que podríamos llamar
"las necesidades de la sociedad". También representan el
compromiso con las experiencias laborales y académicas
que, como investigadores y servidores
públicos, nos proponemos reforzar. En este sentido, esta
es una investigación comprometida y de ninguna manera
declara congeniar con la visión comteana positivista de la
neutralidad valorativa como criterio científico para la
veracidad y confiabilidad de los resultados.

Nuestra investigación no pretende definirse como un
estudio exploratorio, ya que la problemática expuesta ha
sido motivo de investigación en varias ocasiones, desde
diferentes perspectivas, matices, disciplinas científicas
y contextos histórico-sociales. Más bien, nuestro
trabajo se ilustra como una investigación descriptiva
– interpretativa cuya novedad reside en analizar las
políticas públicas de responsabilidad juvenil y
reinserción social de jóvenes infractores de ley
desde una visión regionalista y rescatando la
visión de los actores locales que han participado de los
cambios institucionales de los modelos de atención
directa[19]Además, la perspectiva
sistemática que adoptaremos nos conducirá a una
síntesis que pueda constituirse,
finalmente, en un aporte en la interpretación sobre los desafíos de
las políticas de responsabilidad penal juvenil a la luz de
los cambios político-institucionales y el permanente
riesgo de recrudecimiento de la delincuencia y la violencia
juvenil en la Región.

.

Esta investigación también se define como un
estudio de corte mixto, en relación con la
complementariedad que se establece en las dimensiones
metodológicas pertinentes de los ámbitos
cuantitativo y cualitativo. Estas complementariedades se
corresponden a partir de los aspectos más instrumentales
de los métodos de
investigación, no así en al nivel de rasgos
epistemológicos, estrategia metodológica, supuestos
y principios investigativos que, particularmente en este estudio,
se vinculan con las corrientes sistemática e
interpretativa. A partir de allí, nos proponemos analizar
los aspectos cualitativos del fenómeno en el sentido de
rescatar la visión de proceso, cotejar las perspectivas de
los actores pertinentes (cuerpos directivos, equipos
técnicos y beneficiarios directos del SENAME y su red de establecimientos) y
detenernos en cómo las políticas públicas se
recrean en la realidad local en torno al diseño
y aplicación de los modelos de reinserción social y
rehabilitación conductual de jóvenes infractores de
ley que cumplen condena en los centros de atención directa
del SENAME.

Las "distinciones" (Bourdieu, P. 1998) y reflexiones
críticas que forjemos del fenómeno de la
delincuencia juvenil y la respuesta pública en materia de
reinserción social, busca evitar sesgos, simplificaciones
burdas, reduccionismos contraproducentes y prenociones (visiones
"adultistas" sobre la infancia, por ej.) que afecten, finalmente,
la
organización y desarrollo del estudio. En este
sentido, es imprescindible valerse de un soporte conceptual
basado en la revisión y replanteamiento de los conceptos
que tradicionalmente han sido utilizados para abordar el
fenómeno de la delincuencia juvenil y analizar el papel
que le cabe al Estado en estas materias[20]Nuestra
intención no apunta a responder cómo es posible
erradicar la violencia y delincuencia juvenil desde un punto de
vista esencialista, determinista o teleológico. La
motivación que nos mueve pretende, más bien,
ingresar al mundo de las políticas públicas y
situar nuestros ojos críticos para observar e identificar
aquellas contradicciones y paradojas político –
institucionales que concretamente han venido atentando contra la
calidad, eficacia y sustentabilidad de los modelos de
reinserción social para jóvenes infractores de
ley.

Así, nuestro objetivo
principal se propone reflexionar críticamente acerca de
los cursos que han adoptado los cambios institucionales en el
Centro Iquique, identificando y analizando los problemas de
calidad, efectividad y sustentabilidad de las políticas,
planes y programas de responsabilidad juvenil y de
reinserción social que han sido aplicadas en los
últimos dos años (2007 – 2008). Este
propósito está directamente relacionado con la idea
de identificar y conocer aquellos elementos que inciden
negativamente en la concreción del impacto esperado de
estas políticas públicas, realizando un
análisis de eficacia y observando críticamente las
acciones de apoyo dentro y fuera del Centro Iquique.

Existen, además, varios propósitos
específicos en esta investigación que abordaremos
de manera prudente y aterrizada, toda vez que procuramos no
escaparnos hacia la inmensa complejidad del fenómeno y
buscamos resguardarnos de las ambiciones de explicar lo
inexplicable. Entre los objetivos específicos se
cuentan:

• i. Problematizar, a partir de los enfoques
  contemporáneos de las ciencias sociales, respecto del
  fenómeno de la delincuencia juvenil y el papel que le
  cabe al Estado en los procesos de reinserción social y
  rehabilitación conductual de jóvenes
  infractores de ley.

• ii. Describir el contexto socioinstitucional y las
  particularidades que definen y distinguen el fenómeno
  de la delincuencia juvenil en la Región de
  Tarapacá.

• iii. Diagnosticar y evaluar los impactos que en Chile
  y la Región de Tarapacá han producido las
  políticas públicas para la reinserción
  social y rehabilitación conductual de jóvenes
  infractores de ley, comparando el momento institucional
  actual con el pasado pre-reformista.

• iv. Identificar los principales obstáculos que
  afectan la eficiencia – eficacia del nuevo sistema
  institucional de atención de jóvenes
  infractores de ley (particularmente del Centro Iquique,
  periodo 2007 – 2008), analizando aquellos factores que
  comprometen positiva y negativamente la sustentabilidad de
  las acciones de reinserción social y
  rehabilitación conductual de jóvenes
  infractores de ley en el ámbito regional.

• v. Esbozar propuestas y conclusiones alusivas a
  cómo plantarse y superar los desafíos que
  presentan el Estado y la sociedad civil regional en estas
  materias.

Para evaluar el impacto de los esfuerzos de las
políticas de responsabilidad juvenil promovidas por el
SENAME y su red de establecimientos de atención directa,
se tomarán en consideración los aspectos
organizacionales de los sistemas y programas de gestión
aplicados, junto con la visión de los actores que han
participado activamente en los procesos de rehabilitación
conductual y reinserción social de estos
jóvenes[21]En este sentido, se
integrarán en nuestros análisis información
considerada de corte "objetivo" (p. ej., indicadores de
ingresos a
sistemas cerrados y semicerrados, tasas de reincidencia,
porcentaje de egresos satisfactorios) e información
cualitativa vinculada al desarrollo de los aspectos vitales en la
construcción de sentido e identidad de
cualquier persona, como la
familia, los afectos, los estudios, su relación con sus
pares y su entorno, las expectativas y proyectos de vida
(Restrepo, C. 2001: 11).

Situándonos en el periodo junio 2007 – diciembre
2008, utilizaremos el Estudio de Caso como la principal
herramienta y método de
investigación social, apuntando al
análisis de los cambios institucionales promovidos en el
contexto de la reforma de los sistemas de atención y
responsabilidad penal adolescente, en relación con los
nuevos roles de los centros regionales de atención directa
del SENAME. Particularmente, nos focalizaremos en la
situación del Centro Iquique y los dos grandes sistemas de
atención que coexisten y operan en la actualidad, como lo
son: a) Sistema cerrado[22]y b) sistema
semicerrado[23]

El estudio de caso, en cuanto método de
investigación y/o diseño de investigación cualitativa, posee diversos
matices que se agrupan en "distintos tipos de estudio"
(Martínez, C; Piedad, C. 2006:09). Tenemos los estudios de
caso factuales, interpretativos y evaluativos,
según los objetivos de la investigación y los
niveles de estudio de casos. Destacan las clasificaciones de
estudios de caso de Stake (1994) en intrínsecos
(para comprensiones densas), instrumentales (para
profundizaciones descriptivas) y colectivos (varios
casos comunes), así como las taxonomías de Yin
(1993) quien distingue los estudios de caso como
únicos y/o múltiples. En
particular, Yin argumenta que "el método de estudio de
caso ha sido una forma esencial de investigación en las
ciencias
sociales y en la dirección de empresas,
así como en las áreas de educación,
políticas de la juventud y desarrollo de la
niñez".

Pese a los cuestionamientos realizados al método de
estudio de caso por autores como Stoeker, 1991; Venkatraman &
Grant, 1986; Rouse & Daellenbach, 1999; Bower y Wiersema,
1999[24]es posible observar que éste posee
valor y
utilidad
práctica para los análisis que realicemos. Los
atributos rescatables y pertinentes para esta
investigación, se relacionan con la organización coherente de aquellos
elementos que distinguen las particularidades del fenómeno
y defienden la concepción de que cada caso merece la pena
ser estudiado por sí mismo, sin prescindir por esa
razón del dialogo con el
entorno y el contexto sociohistórico. Así, el
estudio de caso que aplicamos en nuestro trabajo investigativo lo
definimos como intrínseco, instrumental y de forma espiral
en lo que respecta a la generación de
conocimiento[25]

Adentrándonos en el caso concreto del
Centro Iquique y los/as adolescentes que han pasado por los
programas del área de responsabilidad juvenil durante el
periodo 2007 – 2008 (con referencias contextuales desde el
año 2003), lo primero que deberemos considerar es el
diseño de investigación que guiará nuestro
trabajo y la integración de, al menos, cinco componentes
metodológicos fundamentales: a) las preguntas de
investigación, que se relacionan con la
problemática de estudio expuesta en el capítulo 1;
b) las proposiciones teóricas; que se propondrán en
el capítulo posterior; c) la(s) unidad(es) de
análisis, vinculadas principalmente al área de
responsabilidad juvenil del Centro Iquique y los
obstáculos para el desarrollo de los programas de
reinserción social de jóvenes infractores de ley
entre los años 2007 y 2008; d) los criterios para la
interpretación de los datos y la
vinculación lógica de los datos a las
proposiciones, presentes en el capítulo dedicado al
análisis de la información.

Como parte de la estrategia metodológica y dedicando un
capítulo aparte, realizaremos un diagnóstico
descriptivo – evaluativo basado en un modelo mixto de
análisis de políticas públicas que se
levante sobre la base de: a) la evaluación conceptual o de
diseño de estas políticas, planes y programas; b)
la evaluación de los sistemas de gestión; c) la
evaluación de los sistemas de seguimiento y
sustentabilidad de los programas; d) la evaluación de
eficiencia y eficacia; y, e) la evaluación descriptiva
global. Esta propuesta intenta superar los tradicionales
diagnósticos FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas), aunque no por esa
razón descartaremos el FODA como una herramienta
válida para los análisis inscritos en esta
investigación. Este principio de complementariedad, se
reforzará con la inclusión de los
autodiagnósticos institucionales que hayan sido realizados
anteriormente y que constituyen en esta investigación un
insumo relevante, aunque por su carácter autorreferente
propendan a la generación de sesgos e inconsistencias
metodológicas.

En concreto, el estudio inició su fase de
implementación metodológica delimitando previamente
el campo de investigación bajo un proceso de
validación interna, que permitió perfilar el
estudio y seleccionar cinco fuentes "técnicas" de
recopilación de información (Blanchet, A. 1989;
Padua, J. 1987; ). Por un lado, la técnica de
identificación, recopilación y selección
de información proveniente de fuentes documentales
secundarias, la cual posibilitará la organización y
tratamiento reflexivo de la información. En segundo lugar,
diseñaremos y aplicaremos un set de entrevistas
semiestructuradas a informantes estratégicos
representantes del grupo de directivos, profesionales y
técnicos del Centro Iquique. En tercer lugar,
recopilaremos y analizaremos la información contenida en
las carpetas de los internos del Centro Iquique que han pasado
por los programas de reinserción social. En cuarto lugar,
realizaremos una muestra de la prensa local
durante el periodo junio 2007 – diciembre 2008, buscando,
seleccionado y organizando aquellos contenidos que se vinculen
directamente con la investigación[26]Y, por
último, en quinto lugar, aplicaremos la técnica
historias de vida a 4 jóvenes, 2 casos considerados
"exitosos" en cuanto al proceso de reinserción social y 2
casos reincidentes.

Los análisis estadísticos que realicemos se
complementarán con esquemas de tratamiento de la
información de carácter cualitativo, lo que llama a
la mixtura de los elementos metodológicos. Desde este
último punto de vista, el análisis contextual del
estudio de caso, el análisis de contenido de la
información primaria recopilada y el análisis
documental de fuentes secundarias seleccionadas se
triangularán en atención a manejar de forma
ordenada y sistemática aquella información que
permita interpretar la relación entre delincuencia juvenil
y sistemas públicos de reinserción social,
particularmente la experiencia del Centro Iquique y sus
internos/as. La triangulación analítica –
operativa se sustenta en cuatro criterios temáticos que
intervienen tanto en la búsqueda de información
como en su tratamiento, encaminando la generación de
conocimientos hacia: a) la identificación de los cambios
institucionales y de las políticas de reinserción
social de jóvenes infractores de ley; b) la
evaluación de la gestión de las políticas y
programas de reinserción social y rehabilitación
conductual de jóvenes infractores de ley en torno a un
análisis de resultados; c) el cotejo de las percepciones
de los diferentes actores locales en torno a la eficiencia,
eficacia, impacto y sustentabilidad de los sistemas de
atención directa en el área de responsabilidad
juvenil y reinserción social; y, d) el análisis de
las percepciones del fracaso y el resignificado del proceso de
reinserción social de los propios usuarios, en contraste
con los casos reconocidos como "exitosos".

De esta manera, el estudio de caso del Centro Iquique se
constituye en un caso único dispuesto como referente para
la generalización de conocimiento.
Desde este puntal, la estrategia metodológica se plantea
de manera coherente con el principio constructivista que entiende
la generación de conocimiento como un acto dinámico
de deconstrucción – reconstrucción
permanente. La heurística y el instrumental
analítico se propone trabajar la información sin
perder de vista el continium del proceso de investigación
social que supone congeniar el acto reflexivo y orientarlo hacia
el logro de los objetivos planteados. Nuestra hipótesis de la carcelarización de
sistema de atención de jóvenes infractores de ley,
y que se refleja con mayor notoriedad en el régimen
cerrado

Considerando esos elementos y a manera de síntesis,
hemos elaborado un esquema de planificación de actividades que pretende
ir paso a paso recorriendo y validando -con el grupo de expertos-
la investigación, el tratamiento de la información
y la exposición de los resultados. Así, nuestro
trabajo de investigación queda estructurado de la
siguiente manera:

CAPITULO II

Criminología
juvenil: Camino hacia las nuevas semánticas de la
integración social de jóvenes infractores de
ley

La sociedad debe tomar conciencia que la
inocencia juvenil expuesta a la necesidad, no distingue entre el
aprender a sobrevivir y la ley, porque la necesidad instintual de
seguir vivo es más fuerte que el miedo al castigo (Doris
Cooper: "Delincuencia Común en Chile", LOM Ediciones,
1994, página 87).

2.1 Del origen y visibilización del
fenómeno de la delincuencia juvenil

Los problemas de delincuencia y violencia juvenil no son para
nada nuevos. La delincuencia, entendida como acto transgresor del
orden social establecido (político, normativo,
económico, moral,
ideológico, religioso), ha estado presente en la humanidad
desde sus albores, bajo el significado de "desacato",
"desprendimiento" o "subversión" a las pautas de un grupo
o comunidad. La
consecuencia de esta situación, daba como resultado,
generalmente, el apartamiento del grupo o el castigo
físico. En la premodernidad, el significado mágico
– religioso procuraba mantener resguardada la
cohesión de grupo y articular los sentidos
axiológicos y de cosmovisión de manera
armónica. Las penitencias y sacrificios constituían
actos rituales provistos de un significado sancionatorio,
retributivo o invocativo al buen augurio. Con la filosofía social, los valores se
inclinaron hacia una concepción más individualista
de las libertades, derechos y responsabilidades de los "hijos de
Dios". La filosofía y la política del esplendor
greco – romano definieron aspectos importantes en materia
de violación a las "prohibiciones", con manifestaciones de
castigos antihumanos y contribuciones notables en materia
normativa.

Posteriormente, en el medioevo aparece la figura de Robin Hood
(s. XIV) y el principio de "la justicia por las manos" que
tiñeron de misticismo aquellos actos fuera de ley
(bandidaje, salteadores de caminos) y lo legitimaron como
"defensa de los desamparados". Destaca en este periodo, asimismo,
la corriente de los golfines en España, un
grupo de bandoleros, malhechores y delincuentes que en los siglos
XIII y XIV despertaron el interés por la seguridad
nobiliaria. Ante esa situación, no tardaron en erigirse
construcciones destinadas al encierro y castigo de los
"indomables", asimiladas actualmente al concepto moderno
de cárcel o prisión, que se convirtieron en
espacios destinados al castigo y la reconversión de las
almas penitentes, las que generalmente se situaron en medio de
las ciudades medievales.

Los antecedentes sobre la visibilización del
fenómeno de la delincuencia común y juvenil
también cruzan la realidad latinoamericana. Antes de la
conquista
española, la cultura del Imperio Inca se caracterizaba por
la obediencia cívica basada en las deidades y en un
estricto régimen político que sentaba el orden
imperial. Toda resistencia a los
decretos reales era considerada un sacrilegio y no sólo un
delito, siendo fuertemente castigados quienes desobedecieran los
decálogos del Inti.

El delito en las culturas precolombinas era problema de
atención y un acto severamente castigado, constituyendo
una contravención divina fuertemente reprochada. El
castigo era la principal fuente de reconstitución del
orden político y divino, siendo el sacrificio humano una
expresión punible superior. La cultura de los Mayas
poseía un ordenamiento similar. En materia de justicia,
los Mayas fueron muy
severos, los delincuentes eran juzgados por el Halach Vinic (un
jefe superior, de título hereditario de corte masculino) o
por sus representantes. Las leyes penaban con
grandes castigos los distintos delitos; así el hurto se
penaba con esclavitud, el
homicidio
voluntario o involuntario, el adulterio o el
daño
grave se castigaban con la muerte.

Con la conquista de los españoles y la descompostura de
estos grandes imperios, Latinoamérica se transformó en un
espacio multicultural forzado y en permanente conflicto.
Generalmente, se tiende a asociar la llegada de los
españoles con el origen de la delincuencia, el desarraigo
cultural y la violencia social en América Latina .
Así, la delincuencia como fenómeno surgiría
de la etiología de la conquista española y las
dinámicas que tienen que ver con el choque cultural, las
matanzas de indígenas, la usurpación de las tierras
y riquezas (oro y plata).
Se dice que en la conquista española está la
razón histórica e intercultural de los problemas de
delincuencia y violencia que experimenta la región, ya que
su llegada significó el establecimiento de relaciones
sociales, políticas y económicas basadas en el
poder y no
necesariamente en el derecho.

Por otro lado, con la modernidad y el
advenimiento del Siglo de las Luces se produjo un
debilitamiento de los enfoques basados en lo religioso,
buscándose una definición científica, legal
y universal de lo permitido y lo prohibido, con
discusiones de moralismo que pretendían fundar una
"legalidad de
delitos y de penas", según fuese formulado por primera vez
por el italiano Cesare Beccaria en su obra Ensayo sobre los
delitos y las penas, publicada en 1764. La Revolución
Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 fueron determinantes en la definición
social y política del sujeto sin la centralidad que
tradicionalmente había tenido lo religioso y lo
sacro-moral[27]

Este choque de paradigmas culturales, indudablemente,
repercutió de diferentes maneras en América Latina.
La delincuencia, el bandidaje y el contrabando eran
prácticas cada vez más visibles. No obstante, la
época precolombina evidencia la existencia de un "derecho
imperial" que no hacía mención a situaciones
especiales de niños o jóvenes que cometiesen
algún delito. Más bien, se presuponía que la
delincuencia juvenil estaba controlada y no constituía un
problema de interés específico para el orden
imperial y divino de la época.

Por otro lado, con la
ilustración europea, surgieron variados aportes que
son precisos de reconocer. Destacan los escritos de Howard El
estado de las prisiones en Inglaterra y
Gales (1777); Gall Las funciones del
cerebro
(1882); las obras de Morel (que estudió la
cleptomanía y la piromancia como
constelación de la
personalidad distorsionada); Prichard, que destaca por la
definición de su concepto de moral insanity, el
cual precedió al concepto de psicopatía moderno;
Nicolson y Gerry, quienes contribuyeron significativamente a la
constatación ilustrada del fenómeno de la
delincuencia en las sociedades europeas, centrándose en
aquellos aspectos biológicos y hereditarios. En
este periodo, la psicogenética y la biología
evolucionista jugaron roles fundamentales en la
explicación del fenómeno de la delincuencia,
erigiéndose como enfoques predominantes y
hegemónicos de la sociedad moderna.

En los inicios de la modernidad, la pauperización de
las masas, así como las traumáticas y radicales
transformaciones sociales, económicas, políticas y
culturales generaron alteraciones significativas en los modelos
de convivencia humanos (Touraine A. 1993: 08). La delincuencia,
el bandidaje y el contrabando se visibilizaban, esta vez, como
encarnación de un mercado negro que simbolizaba
la mano invisible de un mercado oculto y
silencioso, que no estuvo en los ojos de Adam Smith (s.
XVIII). El modelo liberal y la feroz competencia por
los recursos escasos posibilitaron que la "ley de la selva",
instalada en las urbes modernas, conspirara con la
aparición del darwinismo social. La sobrevivencia del
más apto se convirtió en una lucha sin tregua,
que estuvo basada en la visión evolucionista de la
realidad e instrumentalizada en la máxima "los medios
justifican los fines".

Las ciencias sociales se interesaron desde un comienzo por el
fenómeno de la delincuencia utilizando, en principio,
esquemas analíticos biologicistas y psicoanalíticos
como los señalados. Acorde con la visión
naturalista y antropomórfica de la época, Lombroso
y otros definirían a los delincuentes como atavismos de
formas primitivas de la evolución
humana que poseían, por lo general, tendencias
hereditarias, rasgos somáticos y antropomorfos definidos.
En una y otra parte, la tradición evolucionista y el
biologicismo determinista modernos caracterizaban a los
delincuentes con determinados rasgos físicos,
admitiéndoles una supuesta "inferioridad
biológica". El paradigma
positivista – naturalista de la época convertiría a
la biología y la psicología en
disciplinas fundamentales orientadas a descubrir, medir y
explicar, entre otros temas de relevancia, las causas del
fenómeno de la delincuencia y la conducta
patológica o anormal[28]De esta suerte, la
modernidad, el paradigma positivista, así como la
primacía de los enfoques evolutivo y psicoanalítico
contribuyeron a la formulación de normas y cuerpos
legales que estuvieron basados en los aportes científicos
orientados a encontrar las causas principales del fenómeno
de la conducta desviada, la delincuencia, la anomia y la
criminalidad[29]

Durante las últimas décadas del siglo XIX se
comenzaron a desarrollar con mayor fuerza los
análisis científicos de la acción criminal,
abriéndose paso a los primeros estudios sobre la
readaptación de las penas y la reinserción social
de los delincuentes adultos y juveniles. La delincuencia, en
general, estuvo asociada a la pauperización de sectores de
la sociedad y fue considerada como una expresión de
desadaptación social, desintegración y la
anomia (Durkheim, E.
1897, 1985)[30]. Guerry, paralelamente,
será uno de los primeros autores en abordar la
relación delincuencia – pobreza observando los
vínculos entre la falta de educación de los
jóvenes y los actos delictivos, a través de la
confección de mapas
ecológicos que le permitieron concluir que no es la
pobreza el principal factor de delitos contra la propiedad
sino, más bien, el factor de oportunidad (la oportunidad
hace al ladrón).

Por su parte, Adolphe Quételet esbozará el
concepto de deprivación relativa, utilizado hasta
nuestros días en los análisis de la delincuencia
juvenil, para explicar la situación referida a la toma de
conciencia de las personas respecto de las desigualdades sociales
que los aquejan y que dan lugar a la aparición de
sentimientos de injusticia y resentimiento. Bajo ese puntal
argumentativo, Quételet observó que los
jóvenes estaban más propensos que los adultos a
cometer crímenes, definiendo el crimen desde una
visión determinista, vale decir, como el resultado
necesario de la organización de la sociedad, de tal forma
que ésta "prepara a los criminales y los
culpables son solamente los instrumentos que los
ejecutan"[31] (Vásquez, C.
2003:51).

Paralelamente, surge en este periodo la Teoría
Ecológica (fundada en la Escuela de Chicago) la cual se
interesará por estudiar la criminalidad juvenil a partir
de las características geográficas y zonales del
fenómeno de la delincuencia (Clifford Shawn y Henry McKay,
Ernest Burgess). Uno de los supuestos principales que
regían los análisis, postulaba que la base de una
carrera criminal adulta comienza a una temprana edad, por ese
motivo, el mejor camino para prevenir el crimen es
interviniendo la delincuencia juvenil. Así entendido, la
solución al problema de la delincuencia juvenil no
residiría en posibilitar el acceso de los delincuentes a
tratamientos individualizados de reformación conductual,
sino en apuntalar el tradicional control social en los barrios
desorganizados y marginales para lograr su
estabilización.

De manera alternativa a esta línea de pensamiento,
surgirán corrientes teóricas que se
encargarán de poner el acento en aquellas ideas que daban
cuenta de la conformación política y social de los
aparatos represores del Estado (Marx, K. 1898) y
en cómo el monopolio de la violencia legítima
del Estado (Weber, M.
1903) se constituía en un bastión orientado a
garantizar el orden social, así como apuntalar el
contradictorio y asimétrico progreso de la sociedad
capitalista. En este contexto y en una búsqueda incesante
de identidad científica, las ciencias sociales aportaron
con variados arquetipos conceptuales que buscaban explicar los
traumáticos cambios de la sociedad moderna en su quiebre
con el paradigma teológico y mágico –
religioso. El emergente capitalismo
liberal, así como las revoluciones industrial y francesa,
generaron un ambiente de
desconciertos, esperanzas e incertidumbres sobre el destino de la
sociedad moderna de fines del s. XIX y principios del s. XX. Los
movimientos sociales y de obreros que despertaron a la luz de las
nuevas preocupaciones de la sociedad capitalista, así como
los cada vez más recurrentes episodios de
desórdenes y caos, justificaron la aparición de un
Estado represivo, dominante e implacable recomponedor del orden
social[32]

Ya en el escenario que da forma al origen de los Estados
Nación modernos y a los procesos independentistas en
América Latina, se observan los primeros atisbos de
legislación modernos que abordan el fenómeno de la
delincuencia juvenil como problemática y desafío
para las políticas públicas. El inicio legislativo
de la "cuestión criminal" surge en el período
republicano, luego de la independencia
de América Latina con las colonias europeas y,
posteriormente, con la constitución de los Estados
Nación latinoamericanos. Aunque a finales del siglo XIX la
mayoría de los países de América Latina y el
Caribe tenían una basta codificación, especialmente en
Constituciones Políticas y Códigos Penales, la
regulación de la criminalidad juvenil no era objeto de
atención particular. Más bien, la
criminalización de los procesos de pauperización y
las estrategias
represivas – militares para mantener a raya a los grupos
desordenados, conflictivos y desviados marcaron la tónica
de este periodo[33]

Así, los problemas de delincuencia y violencia social,
que poseen claramente un origen premoderno, pasaron a ocupar un
lugar relevante en los ámbitos de los intereses
políticos y científicos de la sociedad moderna.
Como señala Foucault, "es la
época en que fue redistribuida, en Europa y en los
Estados
Unidos, toda la economía del castigo. Época de
grandes "escándalos" para la justicia tradicional,
época de los innumerables proyectos de reforma; nueva
teoría de la ley y del delito, nueva justificación
moral o política del derecho de castigar; abolición
de las viejas ordenanzas, atenuación de las costumbres;
redacción de los códigos
"modernos".Por lo que toca a la justicia penal, una nueva era"
(Michel Foucault,
1975: 07)

Entradas las primeras décadas del siglo XX, la
hegemonía de la teoría evolucionista, la corriente
darwinista social, el psicoanálisis neuropatológico
freudiano y el conductismo
eran patentes registradas de la causa
positivista[34]De manera paralela, los
teóricos de la Escuela de Chicago en EEUU centrarán
su atención en los aspectos empíricos de la
conducta desviada, definiéndola como
comportamientos culturalmente condicionados basados en
alteraciones sociopsicológicas de los procesos de socialización. De esta manera, la
teoría de la socialización se erigió como un
potente instrumento de análisis científico social,
que se abrió fundamentalmente a observar la
relación individuo
– sociedad a partir de la producción de subjetividad y de presuponer
la existencia de una primacía de la sociedad sobre el
individuo en el proceso de construcción social de la
realidad delictual que en esta investigación no
compartimos. A su alero, surgieron diferentes versiones que
complementaron el desarrollo de esta corriente como, por ejemplo,
la teoría del aprendizaje, la
teoría de la asociación diferencial y la
teoría de la socialización deficiente.

Posteriormente, con Robert Merton (1964) la concepción
de anomia trascendió los análisis del
suicidio
realizados por Durkheim y los análisis clásicos
referidos a la influencia del proceso de socialización en
la generación de conductas criminales entre los
jóvenes. La ampliación del concepto de anomia
permitió extender su alcance y aplicabilidad,
empleándolo en diversas situaciones como el crimen, la
delincuencia, los desordenes mentales, el alcoholismo,
etc. Asimismo, distanciándose de la visión
biologicista para definir la conducta desviada, Merton
postulará que las estructuras sociales (normas, valores)
ejercen una presión
definida sobre ciertas personas en la sociedad,
induciéndolas a una conducta de rebeldía antes que
de conformidad. Así, la anomia para Merton se
expresaría en el "desequilibrio entre las metas culturales
y las normas institucionales de cada sociedad" (Merton,
R. 1967: 67).

Definida a partir de su relación con el orden social,
la conducta desviada sería producto de
diferencias pautadas en el acceso a metas de éxito
mediante el uso de medios institucionales legítimos. Sin
embargo, para otros autores como Dubin y Cloward la anomia no
necesariamente sería disfuncional a la sociedad y los
accesos a medios ilegítimos también jugarían
un papel importante en la distribución de las adaptaciones desviadas
(toxicomanía como fuente del fracaso y emergencia de
conductas delictivas, por ejemplo)[35].

Sin embargo, el estructuralismo post-durkeimniano y la corriente
parsoniana permitieron la aparición de propuestas
innovadoras para la época, particularmente en la etapa
tardía de Parsons, cuando propone su teoría del
Sistema Social (1950). La guerra
fría, la bipolaridad del mundo entre países
socialistas y capitalistas y la emergencia del Walfare State
surgieron como parte del contexto de la teorización.
Así, los diversos cambios que experimentaron las
sociedades occidentales de mediados del siglo anterior, dieron
pié a la emergencia de un extenso background de elementos
conceptuales y perspectivas de análisis para los problemas
sociales vinculados a la criminalidad juvenil.

Estas aproximaciones de la sociología y la ciencia
política al fenómeno de la delincuencia juvenil,
particularmente en la etapa comprendida entre la Primera Guerra
Mundial hasta los inicios de la Guerra
Fría, se convirtieron en los principales soportes
conceptuales modernos para entender cómo se (re)produce la
delincuencia juvenil en la sociedad capitalista, cuáles
son sus causas y las maneras de abordarla. Sin embargo, con el
afán de aplicar el principio de la economía del
lenguaje, profundizaremos respecto de aquellas proposiciones
teóricas que resultan pertinentes para nuestra
investigación, en el entendido de que las dinámicas
del fenómeno de la delincuencia juvenil -a partir del
ocaso de la guerra fría- se han venido transformando
notoriamente. Basta, por lo pronto, que hallamos dado cuenta de
los principales elementos que nos permitieron comprender de
qué manera el fenómeno de la delincuencia juvenil
se fue visibilizado hasta la primera mitad del siglo XX como
problema científico y político obteniendo, de esa
manera, la primera codificación semántica que origina su comprensión
histórica y social.

2.2 Las contradicciones del neoliberalismo
y las políticas de antidelincuencia juvenil

Luego que la Guerra Fría entrara en retirada y el
Estado keynesiano[36]comenzara su debilitamiento
tras la propagación de las políticas neoliberales,
la pobreza, la miseria y la exclusión social cambiaron
progresivamente su morfología. De una pobreza de
carácter eminentemente rural, "se fueron acumulando en las
periferias urbanas millones de pobres y excluidos a los que no se
les dio más espacio social que el de la miseria, la
informalidad o el crimen" (Wacquant, Loic. 2001:17). Con el
modelo neoliberal, el concepto de libertad
trascendió lo meramente económico y resurgió
como concepto rector de la "sociedad postcapitalista" (Drucker,
P. 1993:238), con algunos matices y adecuaciones en
relación con el modelo clásico. Así, con la
emergencia de la ideología y políticas neoliberales
se observan dos caras de una misma moneda: Por un lado,
importantes avances en materia macroeconómica,
tecnológica y material y, por otro, fuertes desigualdades
sociales y quiebres paradigmáticos de las estructuras
tradicionales que soportaban la vida en comunidad, con un
progresivo despotenciamiento de las estructuras de bienestar y
protección social que dieron por resultado la
aparición de la nueva y masiva pobreza urbana.

Así, los conceptos de "pobreza" y "exclusión
social" adquirieron nuevas connotaciones a medida que fueron
refiriéndose a los cambios que experimentaba la sociedad
de los "post" (postindustrial, postcapitalista, postmoderna).
Según las investigaciones
que han sido realizadas en este ámbito, la pobreza urbana
ha resultado ser mucho más dañina que la que
tradicionalmente se asentaba en los espacios rurales, por muchas
razones. Una de ellas es que la monetización de las
relaciones sociales excluye en mayor medida a quienes no disponen
de los recursos suficientes para acceder a la sociedad del
consumo. La vulnerabilidad social suele ser mucho mayor para los
jóvenes, porque son más débiles los lazos de
interrelación social y la fragilidad de las estructuras en
las que se basa la nueva marginalidad urbana obliga a recurrir,
muchas veces, al ejercicio de actividades informales como la
droga, la prostitución y la delincuencia, las cuales
–como hemos dicho- están generalmente vinculadas a
elevados niveles de violencia colateral.

En este contexto, surgen fuertes críticas a la
conformación de un mundo dividido bipolarmente (sociedades
capitalistas y socialistas) y, por otro lado, incesantes
búsquedas científicas y políticas que
trasuntaron en la transformación de la sociedad
capitalista y el nacimiento del modelo neoliberal. El
neoliberalismo, entendido como una reencarnación de las
ideas clásicas de libertad individual, libre mercado y
Estado mínimo, se convirtió en una corriente de
pensamiento que, desde el liderazgo de
los Estados Unidos, saltó al mundo gracias a los aportes
de la Escuela de Chicago y de exponentes como Milton Friedman y
Friedrich Hayek. La corriente neoliberal se erigió como
propuesta de un nuevo modelo de sociedad que, para el caso de
América Latina, resultó ser altamente
contradictorio en relación con la esencia de los
regímenes políticos que implementaron estas ideas
(gobiernos militares, autoritarios y dictatoriales) y por las
perversas consecuencias que este modelo desató en materia
de derechos humanos, desigual distribución de la riqueza,
precarización del empleo, debilitamiento de las redes de
protección social deterioro ambiental, criminalidad y
exclusión social.

A partir de los años sesenta y principios de los
setenta, el fenómeno de la delincuencia juvenil ya se
encontraba ampliamente reconocido como problemática
social, aunque las estrategias y cuerpos jurídicos
difícilmente pudieron desligarse de aquellos aspectos de
asistencia y protección social que caracterizaban al
modelo keynesiano de planificación centralizada. Acorde
con la visión postmarxista de la época, desde la
criminología radical o crítica, la delincuencia juvenil fue
definida como una violación a los derechos humanos
estatuidos políticamente y su solución como
problemática pública no sólo supuso
esclarecer la etiología la criminalidad juvenil sino,
principalmente, pasaba por reformar las bases del orden
establecido. En definitiva, la delincuencia juvenil pasó a
constituirse en una cuestión social con diferentes
dimensiones analíticas, aristas e
incógnitas[37]

Decíamos que la criminología como fuente de
análisis empírico y reflexión teórica
adquirió una postura crítica que, en un comienzo,
procuró explicar y justificar al delincuente como producto
de las relaciones sociales, situando al criminal como
víctima del proceso de rotulación y castigo que
opera al servicio de los intereses del régimen
establecido, cuestionando la naturaleza de
las leyes y valores como propios de ese régimen
(Vásquez, C. 2003:102). Aquí destacan los aportes
anglosajones de la Escuela de Criminología de Berkeley y
de autores como Ian Tylor, Paul Walton y Jock Young quienes, en
la publicación denominada La Nueva
Criminología (1975), abogaron por una
criminología materialista y normativamente comprometida
por la supresión de las desigualdades sociales.