B.2. Control
Funcional.- Son las llamadas actividades de fiscalización
parlamentaria, que buscan supervisar a la
administración, comprobando si se están
utilizando correctamente los recursos
públicos y el respecto a la legalidad.
Invitación a los Ministros a
informar.- La invitación a los ministros para
informar ante el Pleno se acuerda mediante la
aprobación de una moción de orden del
día, y se hace efectiva mediante oficio de
invitación y transcripción de la parte
resolutiva de la misma, esta figura es utilizada con la
finalidad de obtener información sobre un tema o
asunto de interés público, así como para
controlar la actividad del Poder Ejecutivo y el cumplimiento
de su programa de gobierno. La invitación a un
ministro no implica que de por medio esté efectivizar
la responsabilidad política del mismo, pero es
importante precisar la obligatoriedad de la concurrencia y
que en caso de negativa podría generarse una
interpelación y eventual censura.
Del mismo modo, las invitaciones para informar en las
comisiones se acuerdan en su seno y se hacen efectivas mediante
oficio del Presidente de la Comisión, dando cuenta a la
Mesa Directiva del Congreso. (Artículos 129º de
la C.P.P. y 84º del R.C.)
Estación de preguntas.- En un
instrumento por el cual un Congresistas formula una
interrogación a un ministro para que este de información sobre cuestiones puntuales y
concretas. Las preguntas deben presentar ciertos requisitos para
ser consideradas como tales, a saber: individualidad, interés
público, puntualidad y concreción; debiendo ser
entregadas por escrito a la Oficialía Mayor cuatro
días antes de la sesión y serán incluidas en
la lista respectiva, en orden de ingreso. El rol de preguntas
será remitido al Presidente del Consejo de Ministros con
una anticipación de 72 horas a la sesión a fin de
que pueda organizar sus respuestas.
Cabe destacar que este mecanismo permite a los
ciudadanos ponderar libremente a quien le asiste la razón
política.
(Artículos 129º de la C.P.P. y 85º del
R.C.)
Pedidos de información.- Estos
documentos
pueden ser remitidos por cualquier Congresista a los ministros,
al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al
Banco Central
de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los gobiernos
regionales y locales y a todos los demás organismos del
sector
público, con la finalidad de recabar informes, son
un medio de fiscalización individual y el principal
mecanismo de seguimiento parlamentario de los asuntos
públicos, desde julio de 2006 a julio de 2008 se han
tramitado 5395 pedidos de información.
El pedido se hace por escrito fundamentado y preciso,
con copia a la Mesa Directiva. Si no es respondido dentro de los
quince días posteriores, la Mesa Directiva procede a la
reiteración del pedido. Transcurridos siete días
después de la reiteración, el Ministro o el
funcionario requerido está obligado a responder
personalmente, según corresponda y lo determine el Consejo
Directivo, ante el Pleno o ante la comisión ordinaria
respectiva.
Es importante destacar, que los Vicepresidentes del
Congreso no firmarán los oficios que contengan pedidos de
información que no se refieran a asuntos de interés
público y de utilidad para el
ejercicio de la función de
Congresistas. Tampoco procederán los que contengan ruegos
o peticiones de privilegios o favores. (Artículos
96º de la C.P.P. y 87º del R.C.)
Procedimientos de control sobre la
legislación delegada.- La prerrogativa legislativa
corresponde al Congreso. Sin embargo, éste puede
delegar por ley parte de su competencia legislativa, sobre
materia específica y por plazo determinado, al Poder
Ejecutivo, con cargo a un control posterior que tiene las
siguientes características:
Control de contenido, para verificar compatibilidad
con las expresas disposiciones de la ley
autoritativa.Control de apreciación, para examinar si sus
alcances o intensidad se enmarca en los parámetros de
la dirección política que asume el Congreso en
materia legislativa.Control de evidencia, para asegurar que no sea
violatorio o incompatible con las normas constitucionales.
(Artículos 104º de la C.P.P. y 90º del
R.C.)
Procedimientos de control sobre los decretos de
urgencia.- Los decretos de urgencia son normas que por
mandato constitucional tienen fuerza de ley, su
aplicación se limita solo a materia económica y
financiera y cuando así lo requiera el interés
nacional. El Tribunal Constitucional ha establecido que los
criterios a los que debe responder son la excepcionalidad,
necesidad, transitoriedad, generalidad y
conexidad.
En este procedimiento, si
bien es cierto que la Constitución Política concede la
facultad al Presidente de la Republica a dictar medidas
extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de
Ley en
materias especificas, obligatoriamente tiene que dar cuenta al
Congreso o la Comisión Permanente en un plazo de 24 horas,
debiendo el Presidente del Congreso enviar el mismo a la
Comisión de Constitución para que lo estudie y
dictamine en un plazo improrrogable de quince días. El
Congreso puede modificar o derogar estos decretos de urgencia
según dictamine la Comisión de Constitución.
(Artículos 118º de la C.P.P. y 91º del
R.C.)
Procedimientos de control sobre los tratados
ejecutivos.- La Constitución establece que el
Presidente de la República puede celebrar o ratificar
tratados o adherirse a estos sin el requisito de la
aprobación previa del Congreso siempre que no supongan
modificación o derogación de normas
constitucionales o leyes, y que no se refieran a temas de
derechos humanos, soberanía, defensa nacional u
obligaciones financieras del Estado. En todos esos casos,
debe dar cuenta al Congreso.
En este sentido, dentro de los tres días
útiles posteriores a su celebración, el Presidente
de la
República debe informar al Congreso o a la
Comisión Permanente de los tratados
internacionales ejecutivos a que dé curso, la
omisión de este trámite suspende la
aplicación del convenio. El Presidente del Congreso lo
remite dentro de los tres días útiles a las
Comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones
Exteriores para su estudio y dictamen en el plazo de treinta
días útiles; verificando su constitucionalidad y
legalidad.
Si el Congreso aprueba los términos del dictamen
negativo, emite resolución legislativa dejando sin efecto
el tratado, lo que notifica al Presidente de la República
para que dentro de los cinco (5) días útiles
siguientes corra aviso a las demás partes. Una vez
publicada la resolución legislativa, el tratado pierde
vigencia interna. (Artículos 55º, 56º y
57º de la C.P.P. y 92º del R.C.)
B.3. Control Represivo.- Se refiere a las
acciones de
control que no solo tienen una finalidad de fiscalización
sino que pueden generar sanción.
Interpelación a los miembros del Consejo
de Ministros.- Es una figura concebida fundamentalmente
como un derecho de las minorías, que permite la
obtención de información pero sobre todo
contienen cuestionamientos de fondo y forma sobre la
actuación gubernamental, exigiendo la responsabilidad
política del gabinete o de los ministros
individualmente.
La interpelación se formula por escrito y debe
ser presentada por no menos del 15% del número legal de
congresistas (18 parlamentarios). Para su admisión y que
se lleve a cabo la interpelación, se requiere el voto del
tercio del número de representantes hábiles (El
número hábil es el número legal (120) menos
el número de Congresistas que se encuentren de licencia,
suspendidos y los no incorporados); la votación se
efectúa indefectiblemente en la siguiente
sesión.
El Congreso señala día y hora para que los
ministros contesten la interpelación. Esta no puede
realizarse ni votarse antes del tercer día de su
admisión ni después del décimo. El motivo de
este plazo es otorgar al interpelado un tiempo
prudencial para que prepare sus respuestas. (Artículos
131º de la C.P.P. y 83º del R.C.)
Moción de Censura y Cuestión de
Confianza.- Ambas figuras comparten el objetivo de hacer
efectiva la responsabilidad política y se diferencian
en su origen, su aprobación o rechazo surten efectos
jurídicos de forma automática, determinando la
permanencia en funciones de un ministro o del Consejo de
Ministros. Así la cuestión de confianza
sólo puede producirse a pedido ministerial y busca
darle legitimidad y estabilidad al Ministro que la solicita;
mientras la censura se origina mediante una moción que
debe ser presentada por no menos del 25% del número
legal de congresistas (30 parlamentarios), la cual debe
debatirse y votarse entre el cuarto y décimo
día natural después de su presentación,
y su aprobación requiere del voto de más de la
mitad del número legal de miembros del parlamentos,
solo puede plantearse luego de la interpelación, de la
concurrencia de los ministros a informar, o debido a su
resistencia para acudir o luego del debate en que intervenga
un ministro por su propia voluntad. En este sentido, podemos
decir que la Moción de Censura tiene una
intención negativa en su origen; en cambio la
Cuestión de Confianza es de orientación
positiva: busca un respaldo.
El Consejo de Ministros, o el ministro censurado o que
no ha obtenido la confianza, debe renunciar; y el Presidente de
la República acepta la dimisión dentro de las 72
horas siguientes. (Artículos 132º de la C.P.P. y
86º del R.C.)
Procedimiento de Investigación.- El
Congreso tiene la capacidad de nombrar comisiones
investigadoras u otorgar facultades de investigación a
las comisiones ordinarias para iniciar indagaciones sobre
cualquier asunto de interés público, sin
embargo, también alcanza a asuntos privados de
repercusión nacional o política, confiriendo
para ello poder coercitivo que se expresa en la
obligación de comparecer ante ellas y la capacidad de
acceder a cualquier información para lo cual gozan de
prerrogativas como el levantamiento del secreto bancario y el
de reserva tributaria, exceptuándose aquella
información que afecte la intimidad de la persona o la
seguridad nacional.
Se constituyen por solicitud presentada mediante
Moción y para su aprobación sólo requiere el
voto del 35% de los miembros del Congreso; cuando se constituye
una comisión está la integran entre 3 y 5
congresistas, propuestos por el Presidente del Congreso. La
Comisión presenta un informe dentro
del plazo que fije el Pleno del Congreso. No puede solicitarse
prórroga sin que se presente un informe
preliminar.
Es importante recordar que las conclusiones que elaboren
las comisiones investigadoras no obligan a los órganos
jurisdiccionales, sólo tienen un carácter político, pero si son
derivadas a los
organismos correspondientes. (Artículos 97º de la
C.P.P. y 88º del R.C.)
Procedimiento de Acusación
Constitucional.- Este procedimiento es el llamado
antejuicio político, la acusación
constitucional es llevada a cabo por la Comisión
Permanente y tienen derecho a la misma el Presidente de la
República, los Congresistas; los Ministros, los
miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del
Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte
Suprema, los fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el
Contralor General por infracción de la
Constitución y por todo delito que cometan en el
ejercicio de sus funciones y hasta cinco años
después de que hayan cesado en éstas. Durante
las diferentes etapas del procedimiento el denunciado puede
ser asistido o representado por abogado.
La admisibilidad y/o procedencia de las denuncias es
realizada en el plazo de 10 días hábiles por la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual esta
integrada por 10 Congresistas, designados por la Comisión
Permanente; en el caso de una calificación positiva se
otorga un plazo de hasta 15 días hábiles,
prorrogables por una sola vez, para realizar la
investigación y presentar un informe final.
El informe final puede concluir con la acusación
del investigado o el archivamiento de la denuncia, y debe ser
remitido a la Comisión Permanente. No es admisible otro
tipo de conclusiones y/o recomendaciones.
Si el informe que propone la acusación es
aprobado, se nombra una Subcomisión Acusadora a efecto de
que sustente el informe y formule acusación en su nombre
ante el Pleno del Congreso, quien luego de debatir se pronuncia
en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa
a consecuencia de la acusación, el acuerdo aprobatorio
requiere la votación favorable de la mitad más uno
del número de miembros del Congreso, sin
participación de los miembros de la Comisión
Permanente. En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota,
en la misma sesión, si se suspende o no al Congresista
acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes
funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En
el segundo caso, el expediente se archiva.
El acuerdo aprobatorio de sanción de
suspensión, inhabilitación o destitución por
infracción constitucional, se adopta con la
votación favorable de los 2/3 del número de
miembros del Congreso, sin participación de la
Comisión Permanente. En este caso, la aplicación de
la sanción impuesta por el Congreso es
inmediata.
Los acuerdos del Pleno, que ponen fin al procedimiento,
sobre acusación constitucional o juicio político,
deben constar en Resolución del Congreso.
Procedimiento para el pedido de vacancia de la
Presidencia de la República.- Constitucionalmente
la Presidencia de la República vaca por su permanente
incapacidad moral o física, declarada por el Congreso;
el pedido de vacancia se formula mediante moción,
firmada por no menos del veinte por ciento del número
legal de Congresistas (24 Congresistas), precisándose
los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta,
así como de los documentos que lo acrediten o, en su
defecto, la indicación del lugar donde dichos
documentos se encuentren. Para su admisión se requiere
el voto de por lo menos el cuarenta por ciento de
Congresistas hábiles y su debate no puede realizarse
antes del tercer día siguiente a la votación de
la admisión del pedido ni después del
décimo, salvo que cuatro quintas partes del
número legal de Congresistas (96 Congresistas)
acuerden un plazo menor o su debate y votación
inmediata. El Presidente de la República cuya vacancia
es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho
de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta
minutos. El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia
de la República requiere una votación
calificada no menor a los 2/3 del número legal de
miembros del Congreso (80 Congresistas) y consta en
Resolución del Congreso. (Artículos
113º de la C.P.P. y 89-Aº del R.C.)
Conclusión
El proceso de
transición política que ha experimentado el
Perú desde el año 2001, requiere que el parlamento
asuma cada una de sus funciones con
particular responsabilidad, dando muestras del trascendental
papel que le toca jugar en la consolidación del sistema
democrático peruano, ejerciendo su función de
control con responsabilidad, para que se constituya en garante de
la administración
pública y de los intereses ciudadanos, ya que una
aplicación incorrecta o irresponsable, traería como
consecuencia la desconfianza de la población y el revanchismo político,
con el consiguiente daño a
la estabilidad del estado de derecho
en el país.
Autor:
José Fco. Villena
Changanaqui
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