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Los consejos audiovisuales




Enviado por Aida A.



Partes: 1, 2

    1. Resumen
    2. La
      autorregulación
    3. El caso
      español
    4. Los consejos
      audiovisuales en las Comunidades
      Autónomas
    5. Los consejos
      audiovisuales en otros países
    6. EPRA, Plataforma
      Europea de autoridades reguladoras del
      audiovisual
    7. Conclusión
    8. Anexos
    9. Bibliografía

    Resumen

    Los medios de
    comunicación, pese al gran poder que
    poseen hoy en día, siguen sin estar regulados. Esta labor
    no puede hacerla ni el Estado ni
    las leyes del
    mercado. Es
    por ello que deben constituirse organismos independientes que
    lleven a cabo la denominada autorregulación de las
    empresas
    comunicativas.

    Los Consejos Audiovisuales son los organismos
    autorreguladores de este tipo de medios de
    radiodifusión. En este trabajo se
    analizará el porqué de la autorregulación y
    la naturaleza de
    los Consejos Audiovisuales de las comunidades autónomas
    españolas y de algunos de los países que ya cuentan
    con un organismo de esta índole. Asimismo, estudiaremos
    las características que ha de tener el Consejo Audiovisual
    de España.

    Palabras clave: consejo audiovisual, EPRA,
    autorregulación, deontología
    periodística.

    La
    autorregulación

    El porqué de la
    autorregulación

    Los medios de comunicación han alcanzado progresivamente
    un poder inmenso: política, cultura,
    economía…, en definitiva, todas las
    esferas de la sociedad se
    ven representadas, de un modo u otro, en los medios de
    comunicación. Es una muestra
    más de la libertad que
    tienen los países occidentales actualmente. No obstante,
    esa libertad debe ser administrada con una responsabilidad que, en muchos casos, se
    olvida.

    Hugo Aznar[1]destaca que
    «resulta necesario llamar la atención sobre los riesgos que
    comporta la nueva situación. Riesgos como la
    degradación cultural provocada por unos medios que
    difunden contenidos de escaso o nulo valor, como el
    debilitamiento de una democracia
    sujeta a la manipulación de la opinión
    pública y la obsesión por la imagen, como la
    diseminación a todas horas de contenidos violentos, como
    el consumismo favorecido desde los medios, como el gigantesco
    desequilibrio Norte-Sur en la producción y difusión de los
    productos
    culturales, etc.».
    Pero, además, hay otros
    peligros ligados a la esencia misma de los grupos de
    comunicación: el aumento del poder en todo el mundo de los
    grandes magnates y la formación de los nuevos gigantes
    mundiales de la
    comunicación mediante fusiones y
    acuerdos de empresas que ya dominaban el mercado. El problema,
    concluye Aznar, es que «el verdadero riesgo en
    relación a los medios está en el desfase entre
    estos dos aspectos: su creciente protagonismo social, por una
    parte, y la ausencia de mecanismos para promover su
    responsabilidad, por otra.»

    Otras actividades están reguladas por el Estado y/o por
    el mercado. En el caso de los medios de comunicación, no
    cabe ninguno de estos tipos de regulación.

    Las regulaciones empresariales por parte del Estado se
    llevan a cabo desde dos posibles vías: el derecho y la
    propia prestación del servicio. En
    el primer caso, el ordenamiento jurídico español, a
    semejanza de otros países, contempla como derecho
    fundamental la libertad de
    expresión. Por lo tanto, una regulación a
    través del Derecho sería imposible por las
    limitaciones con las que éste cuenta: la universalidad de
    la ley, el peligro
    de su instrumentación política y la
    cuestionabilidad de cualquier regulación jurídica
    de la actividad de los medios, dado el valor preferente concedido
    a la libertad de expresión en las sociedades
    democráticas. En el caso de que el Estado pretendiera una
    propia prestación del servicio, se incurriría en
    inconstitucionalidad al existir un alto grado de peligro de
    censura y manipulación informativa. El único
    ámbito en el cual el Estado tiene potestad para ejercer en
    materia de
    comunicación es en los medios públicos, que no
    pueden monopolizar el ámbito de la información.

    El mercado tampoco debe regular los medios de
    comunicación. Eso es lo que se puede concluir tras
    analizar el comportamiento
    de éstos a lo largo de las últimas décadas,
    en las que se ha producido un auge del neoliberalismo
    económico a nivel global. Los criterios de mercado han
    sido utilizados muchas veces por las empresas comunicativas con
    el fin de legitimar su falta de responsabilidad, argumentando que
    "es la audiencia la que elige y, si el medio tiene éxito
    es porque satisface al público". De esta manera, las leyes
    del mercado se imponen en las redacciones, como si éstas
    fueran un negocio cualquiera.

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