Reflexiones acerca de la situación de violencia acontecidos en Bagua – Perú ¿Los pueblos indígenas tienen derechos? (página 2)
En este sentido, nos preguntamos ¿Qué
hemos hecho tanto el Estado como
la Sociedad, para
corregir ésta situación? No sólo el Estado es
responsable sino nosotros también como parte de una
sociedad, incluso de la formación de los hogares, niños
que crecen odiando y discriminando a personas por ser negros,
cholos, blancos, mestizo, o porque no somos de la misma
condición económica y social.
De otro lado, también acoger un aspecto que creo
que es importante decirlo, reconocemos que tenemos una sociedad
que aún discrimina, pero está en nosotros mismos no
sentirnos discriminados por lo que somos, es decir, "auto
discriminados"; ello es un tema de actitud
personal, es
decir, si soy indígena, pues ¡no tengo por
qué sentirme menos que otros!, si soy negro ¡no
tengo por qué sentirme menos que el blanco o diferente!,
en lugar de hacer mesas de dialogo entre
personas de raza negra o indígenas propiamente, hagamos
una mesa de dialogo pluricultural, la raza ni el color no pueden
ser factores que coloquen a una persona por
encima de otra, de lo contrario ¿De qué
derechos
humanos hablamos?
No ayudamos a erradicar el fenómeno de la
discriminación si nosotros no vamos a
cooperar, y una de la formas es no "auto
discriminarnos". Eso pasa por el hecho de inyectar una
corriente de optimismo y de autoestima,
concientizar que somos seres con dignidad y que
nadie puede quebrantarlo y, es obligación del Estado
efectivizar nuestros derechos fundamentales,
hacer que se cumplan en el marco de la igualdad;
La situación de violencia en
Bagua, fue producto de
una desinteligencia humana, que pasa algunos factores
importantes:
Ausencia de presencia efectiva del Estado Peruano
respecto de los derechos de las comunidades indígenas
y nativas, no me estoy refiriendo individualmente a
qué presidente de la República del Perú,
sino al Estado como tal, pues es este asunto de
política de Estado y no tanto de políticas de
gobierno. La política de gobierno dura mientras
esté vigente el gobierno que la concibió,
mientras que la política de Estado obedece a un
interés nacional que determina el anhelado bienestar
común por lo que debe conservarse en forma permanente.
En cambio las políticas de Estado es todo aquello que
un gobierno desea implementar en forma permanente, para que
trascienda a través del tiempo sin que se vea afectada
por uno o varios cambios de gobierno.Provocación e información
errónea a las comunidades indígenas respecto al
destino de sus tierras, hecho que deberá investigarse
a fondo para llegar al derecho a la verdad. La sociedad
peruana tiene derecho a saber la verdad, qué
Instituciones y qué personas fueron responsables de
este cometido y adoptar las medidas correctivas al
respecto.Falta de voluntad política de parte del
Parlamento Nacional para derogar los decretos legislativos
cuestionados y demandas, a sabiendas que ello originaria una
situación de violencia, siendo ésta previsible,
y, habiéndolo advertido los propios legisladores no
solo nacionalistas que fueron los que más incidieron
en el tema de la derogatoria sino también de otras
bancadas. No resolver la situación en la oportunidad
debida es una desinteligencia humana total. La sociedad
peruana deberá tomar en cuenta este hecho para no
volver a elegir a legisladores que no son capaces de
representar los intereses del país con
dignidad.Un acto de intransigencia en ambas partes, sí
esta violencia se ha suscitado es porque no se supo dialogar,
hubo intolerancia e inflexibilidad para plantear las
resoluciones del caso. La intransigencia es la
antítesis de la tolerancia y del dialogo
constructivo.
Audiencia
temática ante la CIDH
En la audiencia temática Nº 16 de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se
llevó a cabo el pasado 03 de noviembre 2009,
representantes del Estado y peticionarios (ONGs de DDHH),
abordaron dos temas puntuales: [1]
1º.- Derechos humanos en la
Amazonía
peruana
Participantes: Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos (CNDDHH) de Perú, Estado de Perú,
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),
Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESP), ORPIAN
País: Perú
Tema: Derechos de los
Pueblos
2º Derecho a la consulta de los pueblos
indígenas de Perú
Participantes: Estado de Perú, Instituto
de Defensa Legal (IDL), Fundación para el Debido Proceso Legal
(DPLF), Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de
Seattle
País: Perú.
Temas: Derechos de los Pueblos
Indígenas
En lo que respecto al primer tema, los representantes
del Estado[2]protestaron porque en la
comunicación cursada al Estado Peruano, no se
precisó abordar el tema de Bagua, ello originó
reacciones de extrañeza en los propios representantes del
Estado. Acto, seguido, la CIDH aclaró en el sentido de que
si bien es cierto no se precisó expresamente que en dicha
audiencia, se trataría un punto relacionado con el tema
Bagua, el Estado debió prepararse, toda vez, que al tratar
el tema "los derechos humanos en la Amazonía
Peruana" era de suponerse que el punto de Bagua se
trataría sin que sea especificado. Agregó la CIDH
que ello no debe ser sorpresivo para el Estado ya que todo
está reglado en aplicación del artículo
41º de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.[3]
De otro lado, la CIDH, aclaró que el hecho de
solicitar el estado actual de las investigaciones
judiciales respecto al caso Bagua, ello no reporta una
interferencia en la independencia
y autonomía de los órganos del Estado, porque la
CIDH tiene la obligación de velar por los derechos humanos
de la región y más aún cuando tal
situación ha sido puesta en conocimiento
de la propia Comisión, ello en virtud de las competencia de
ser un órgano supranacional de protección de los
derechos humanos. En dicha audiencia la CIDH la solicitó
al representante del Poder Judicial y
al Ministerio Público información acerca de las denuncias que se
vienen investigando sobre las lesiones a los civiles y muertes
suscitadas en Bagua.
Se hizo hincapié a temas pendientes como la
vigencia de los decretos legislativos que motivaron la violencia
en Bagua y la preocupación de cuándo
aproximadamente el Estado Peruano estaría emitiendo el
informe la
comisión de la verdad conformada para investigar los
hechos en Bagua. Sobre este punto, los peticionantes subrayon que
el Estado no ha dado muestras de avance alguno, y el mandato de
la Comisión de la Verdad termina en diciembre,
Luego del diálogo,
en definitiva el Estado precisó que jamás se van a
negar a concurrir a estas audiencias, pero solicitó actuar
con reglas de transparencia, se precisó que en el
Perú se vive una democracia
representativa y que hay respeto por todos
los órganos constitucionales.
Asimismo, descargó que los hechos de Bagua
obedecieron a una campaña malévola de
difamación, en donde intervinieron algunas ONGs de DDHH y
Congresistas opositores al gobierno.
Que el Estado peruano, viene presentando demandas contra
las Instituciones
ya sea del Perú y en el extranjero que desprestigiaron la
imagen de la
Nación
en todo el mundo, colgando información en las páginas
Web y además vienen solicitando la reparación
civil por el daño
ocasionado. Acotó además sobre la mesa de
diálogo que esperan en este espacio formular las
alternativas de solución.
De otro lado, los peticionantes agregaron que en el
Perú hay una constante situación de discriminación, se viene incentivando
medidas para hacer ingresar a las empresas
transnacionales territorios de las comunidades nativas pasando
por alto el derecho a la consulta previa. Así mismo,
solicitó al Estado Peruano que cumpla con adoptar las
medidas para resolver los conflictos
sociales que aquejan a las comunidades.
Con relación al segundo tema abordado, los
peticionantes sostuvieron:
1. Hay un incumplimiento sistemático por
parte del Estado cuya actitud es causa de los conflictos
sociales.2. Escasa normatividad interna que
desnaturaliza el Derecho a la Consulta. El derecho a la
consulta es un derecho específico distinto al de
participación. Los procedimientos participativos, o de
dialogo e informativos no es derecho a la
consulta.3. No existe una voluntad estatal para
aprobar una legislación interna acorde
con los estándares internacionales en materia del
derecho a la consulta a las comunidades nativas
y pueblos indígenas.4. En el país existe una dispersa
normatividad que regula el tema de participación
y proceso de dialogo y se han configurado como si esto fuese
derecho a la consulta.5. Se ha desarrollado una serie de
reglamentos que han sido denominados "Consultas a los
Pueblos Indígenas" pero en la práctica no ha
sido así.6. El Estado no puede probar que
tiene una legislación que desarrolle el
derecho a la consulta sobre todo con anterioridad a la
disposición de los territorios de las
comunidades nativas y pueblo indígenas7. La normativa interna es
inadecuada, insufienciente y por ello se han originado
conflictos sociales.8. Se señalo que un
aproximado del 40% de los conflictos sociales se
debe al incumplimiento del derecho a la consulta
lo que demuestra la ingobernabilidad en el país. Bagua
fue un caso de ingobernabilidad.9. Existe jurisprudencia del TC
sobre el derecho a la consulta.10. Algunas recomendaciones
formuladas a la CIDH y al Estado Peruano:El Estado debe tener
en cuenta sus obligaciones internacionales y en los
compromisos asumidos con ocasión de esta audiencia
temáticaQue el Estado asegure la participación
de las comunidades indígenas en el debate
del proyecto de ley sobre el derecho a la consulta
antes de ser aprobado por el congreso.11. Que el proyecto de ley sobre
el derecho a la consulta sea remitido a la
comisión interamericana de DDHH a efectos
de que se estudie la compatibilidad de su contenido con los
estándares internacionales en materia del derecho a la
consulta antes de la aprobación por el
Congreso.12. Que el Estado puede
proponer un mecanismo de participación de
carácter permanente y no comisiones ad hoc como se
viene haciendo a la fecha.13. Medidas de reparación a
las comunidades nativas y pueblos indígenas en
casos de haber realizado proyectos sin consentimiento de
ellos.14. Acuerdo de una agenda respecto a la
titulación de las tierras y asegurar que el Ministerio
de Energía y Minas consulte la titulación
de los predios antes de otorgar licencia para ejecutar
proyectos.16. Cese de inmediato el otorgamiento de
concesiones para la explotación y
exploración de los Recursos naturales en territorios
de las comunidades sin consulta previa.17. Por su parte el Estado peruano, hizo
una exposición global, el Ministro Aurelio Pastor
subrayo respecto a los decretos legislativos que son
instrumentos que utiliza el poder ejecutivo para expedir
normas en el marco de la delegación de facultades
legislativas concedida por el Congreso.18. Que el parlamento con una
votación calificada puede derogar esos decretos
legislativos. En una democracia la mayoría
adoptar las decisiones. El gobierno ha decido a la mesa
de dialogo tales decretos.19. Que el proyecto de la
interoceánica es el proyecto mas grande que viene
ejecutando el gobierno integrando el sur andino zonas
en donde se concentra el mayor índice de
exclusión y protesta y ha sido aceptado por los
alcaldes y gobiernos regional del sur. (…)
Reflexionando luego de escuchar el audio de ésta
audiencia temática, podemos apreciar, en primer lugar, que
la representación del Estado peruano debe ser un poco
más celoso con la compatibilidad de las normas
internacionales pero sobre todo tener en cuenta la naturaleza y
función
de los órganos supranacionales, pues luego de reclamar a
la funcionaria de la CIDH respecto que el tema Bagua no fue
precisado formalmente para tratarlo en dicha audiencia, era de
suponerse que el tema Bagua no podía pasar por alto,
más aún cuando el tema convocado a desarrollar era
"Los derechos humanos de la Amazonía Peruana", no
se puede concurrir a una audiencia de éste nivel
desconociendo la naturaleza y función de los
órganos supranacionales, cuya labor no es propiamente la
de un Ministro de Estado sino de todo el cuerpo
diplomático y/o funcionarios adscritos ante éstos
órganos, y quienes tienen el deber de enterar al
Ministro o a cualquier otra autoridad que
representa al Estado a efectos de que su participación sea
de mayor contundencia.
Ante el reclamo formulado por representante del Estado,
la funcionaria de la CIDH dejó claramente establecido y de
forma ecuánime, la aplicación del artículo
41º de la Convención Americana de Derechos Humanos
para precisar por qué el tema Bagua era un punto que se
debatiría aunque no habría sido
explícitamente detallado en la comunicación formal al Estado; este tipo de
situaciones deben evitarse a toda costa, porque la imagen del
Perú también está en juego desde
ésta perspectiva. Esta reflexión es dada con todo
desprendimiento de alguna situación personal siendo
básicamente académica la
posición.
Por otra parte tiene mucha lógica
lo que ha sostenido el Ministro del Estado, al decir, que se
demandará a Instituciones que propiciaron la
campaña de desinformación a nivel internacional con
relación a los hechos de Bagua, punto que abordaremos
más adelante.
De otro lado, también lógica la demanda hecha
al Estado en dicha audiencia de adoptar con mayor celeridad las
medidas que resuelvan los conflictos sociales. Estoy segura que
en la forma o de la forma cómo el Estado afronte la
situación Bagua y otros, será un precedente
negativo o positivo para nuestra sociedad, ello va a depende de
la eficacia con que
actúe el Estado a través de sus poderes y
órganos para evitar posteriores situaciones de violencia
en el país.
Una última reflexión el Estado tiene mucho
por hacer, que ésta situación de Bagua, conduzca a
una mayor presencia estatal, dedicación y sobre todo
aprender a trabajar con las comunidades nativas y pueblos
indígenas del país.
Sobre la Imagen
Internacional y la naturaleza de los órganos
supranacionales de protección de los Derechos
Humanos
Desde el punto de vista de las obligaciones
de los Estados frente al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, está el de
"cooperar con las instancias intencionales" ello implica
proporcionar información oportuna, pertinente y veraz
respecto de la situación general de los derechos humanos
en el Estado o respeto de un hecho particular del que el
órgano internacional esté conociendo.
Significa brindar las informaciones que se estimen
pertinentes cuando un Organismo Internacional a través de
sus mecanismos de protección esté conociendo un
caso de violación de derechos humanos.
Otra forma de cooperar es en el caso de las
Visitas In Loco. Así por ejemplo: la
visita que realizó el Comité contra la Tortura en
nuestro país, agosto y septiembre de 1998, con el objetivo de
recabar la mayor información posible respecto a una
práctica sistemática de tortura en el Perú.
Para tal propósito, el Estado Peruano brindó las
facilidades del caso permitiendo visitar los centros de
detención (delegaciones policiales, establecimientos
penitenciarios, la base naval del Callao) entrevistas
con las presuntas víctimas de actos de tortura.
Aunque no es necesario que los relatores soliciten
autorización al País que se quiera visitar para la
constatación de una violación de derechos humanos;
sin embargo, la práctica internacional aconseja que a
través de la Diplomacia, se solicite la
autorización del Estado que se pretende visitar, porque es
importante que sepan que están siendo observados por la
comunidad
internacional y ello, facilita además que el relator pueda
cumplir con su labor.
Esta práctica diplomática responde al
principio de cooperación de los Estados para con la
comunidad internacional. A continuación un extracto de la
visita del Relator de las Naciones Unidas
en asuntos indígenas al Gobierno de
Perú.
En lo que respecta a la visita del Sr. James
Anaya[4]en definitiva, el gobierno peruano
sabía de forma anticipada, la llegada del relator de las
Naciones Unidas a nuestro país.
Con la llegada del relator, sin duda el gobierno
aceleró un acta de entendimiento con los pueblos
indígenas, la propuesta de derogatoria de los decretos
legislativos, el mensaje a la Nación,
la respuesta del parlamento para derogar los decretos cuando
apenas días atrás se mantuvo en la posición
tajante e inflexible de no hacerlo. ¿Qué paso
entonces?
Indudablemente, la presencia de la comunidad
internacional en el Perú, cambia radicalmente la postura
del gobierno nacional, en el sentido de dar un paso hacia
atrás y proponer la derogatoria de los decretos
legislativos 1090 y 994, de otro modo, hubiese sido muy
difícil de reestablecer la Paz en la Nación, toda
vez, que el clima
político en el Perú estaba muy
convulsionado.
Acciones adoptadas por el gobierno a consecuencia de
la presencia del relator.-
Atendiendo a los hechos ocurridos el 05 de junio
2009, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
Organizaciones Internacionales, y el Grupo Parlamentario
Nacionalista cursaron comunicaciones de urgencia al Relator
de las Naciones Unidas James Anaya, para solicitar su visita
al Perú y verificar In Situ los hechos ocurridos en
Bagua.El Grupo Parlamentario Nacionalista, mediante Oficio
Nº 089-2008-2008-GPN-FOP/CR, de fecha 05 de junio 2009,
se envió una comunicación escrita a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos informando sobre la situación en Bagua y el
pronunciamiento inmediato.Con fecha 17 de junio 2009, el Relator sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas,
Prof. James Anaya visitó el Congreso de la
República, específicamente a la Comisión
Especial Multipartidaria encargada de evaluar y recomendar
lineamientos y políticas para solucionar la
problemática de los Pueblos Indígenas
Amazónicos y Comunidades Campesinas de la
Sierra.Luego fue recibido por miembros de la
Comisión de Constitución y Reglamento del
Congreso de la República en la Sala de Embajadores,
acudieron a la cita, los Señores Congresistas:
José Vargas Fernández, Jorge del Castillo,
Mauricio Mulder Bedoya, Marisol Espinoza Cruz, Jhonny
Lescano, Víctor Mayorga, Raúl Castro. Acto
protocolar de saludo, en el que los señores
congresistas presentes, dieron sus puntos de vistas al
relator de las Naciones Unidas, algunos con pruebas
documentadas. En dicho acto, se observó
también algunas fricciones entre congresistas, que
denotaron poco nivel de educación frente a una visita
internacional.El mismo día de la visita del Relator de las
Naciones Unidas al Perú y en su visita protocolar al
Congreso de la República, el gobierno peruano
realizó dos hechos concretos e importantes:
1. Con Oficio Nº 152-2009-PR, el
Presidente Alan García Pérez y Yehude Simon
Munaro, presentaron al Congreso de la República el
proyecto de Ley que propone derogar los decretos legislativos
1090 y 994 a horas 1.45 PM recepcionado por el Área de
Trámite Documentario del Congreso de la
República asignado con Número
3340/2008-PE2. Un mensaje a la Nación en horas de la
noche del 17 de junio, cuyo texto se reproduce a
continuación. [5]
Se reproduce a continuación el comunicado emitido
al respecto:[6]
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos
indígenas concluye visita al Perú 19 de junio
de 2009 Lima, Perú – En los últimos días
se han seguido dando pasos decisivos encaminados a la
solución a los problemas de fondo que aquejan a los
pueblos indígenas del Perú por el camino del
diálogo, como la derogación de los decretos
legislativos 1090 y 1064. Sin embargo, persisten
desafíos a enfrentar en cuanto a la aclaración
de las circunstancias que llevaron a la tragedia en Bagua el
5 de junio de 2009 y el encuentro de vías de
solución pacífica a los problemas subyacentes,
dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas, Profesor James Anaya,
a concluir su visita al Perú.
El Relator Especial realizó una visita de 3
días al Perú del 17 al 19 de junio de 2009 a
fin de observar, comprender y analizar la situación
que se produjo en Bagua, Departamento de Amazonas, el 5 de
junio y los días inmediatamente posteriores,
así como los hechos que generaron esta
situación.Hago llegar mis más sentidas condolencias a
los familiares de las personas fallecidas así como mi
solidaridad con las personas que resultaron heridas en estos
lamentables sucesos y reitero el llamado que realicé
en mi comunicado del 10 de junio de 2009 para que se protejan
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas afectadas así como que cualquier
demostración o manifestación se efectúe
de forma pacífica respetando los derechos humanos de
todos, dijo el Relator Especial.Durante la visita el Relator Especial realizó
reuniones con los miembros del Congreso, diversos Ministros,
el Ministerio Público, la Defensoría del
Pueblo, y con representantes de los pueblos indígenas
y de la sociedad civil, inclusive en la región de
Bagua. El Relator Especial agradece la invitación y el
apoyo del Gobierno del Perú así como todas las
facilidades que recibió de su parte para la
realización de la visita, y considera que demuestra un
gesto de buena voluntad y apertura del Gobierno
peruano.El Relator Especial toma nota de las investigaciones
llevadas a cabo y actualmente en curso por el Ministerio
Público y las averiguaciones adelantadas por la
Defensoría del Pueblo, así como la iniciativa
para establecer una comisión de investigación
del Congreso de la República, para aclarar los hechos
del 5 de junio. Sin embargo, durante las reuniones que ha
llevado a cabo durante la visita, el Relator Especial ha
recibido versiones divergentes y hasta antagónicas en
cuanto a los sucesos en Bagua y de las circunstancias en que
éstos se produjeron.El Relator Especial considera que es necesario
realizar un esclarecimiento e investigación completa y
objetiva sobre estos hechos, para que todas las partes,
así como la población en general, tengan
claridad sobre lo ocurrido. A este fin, el Relator Especial
recomienda que se establezca una comisión especial e
independiente, conformada por varias instituciones que tengan
credibilidad para todas las partes involucradas y que cuente
con representación indígena. Asimismo,
recomienda que se de consideración a la
participación de actores de la comunidad internacional
en el trabajo de esta comisión especial. El
esclarecimiento de los hechos es esencial para la
creación de un clima de confianza que permita avanzar
en la búsqueda de soluciones con la
participación de todas las partes, enfatizó el
Relator Especial.Esta comisión especial propuesta es sin
perjuicio de las investigaciones que deben desarrollar las
instituciones de la administración de justicia para
determinar de manera objetiva, exhaustiva e imparcial, las
responsabilidades civiles, administrativas y penales que
corresponden. El Relator Especial considera que la
realización de la justicia es un elemento fundamental
para restaurar un ambiente propicio para la solución
de los problemas de fondo que aquejan los pueblos
indígenas de la Amazonía.El Relator Especial exhorta a las diferentes
instancias que administran justicia a que realicen su trabajo
conforme a los estándares internacionales aplicables a
la administración de justicia en un Estado de Derecho,
especialmente las garantías de independencia,
prontitud e imparcialidad. Es importante, en este sentido,
que todas las partes tengan claridad sobre los cargos
imputados, los lugares donde las personas están
detenidas, y la jurisdicción donde se
realizarán los procesos; y que los acusados gocen
efectivamente de todas las garantías de debido
proceso, especialmente la garantía de una defensa
legal adecuada y efectiva, así como que se aseguren
condiciones adecuadas de detención.Además, el Relator Especial recomienda que se
profundice el proceso de diálogo iniciado. Entre los
aspectos sustantivos del diálogo debería
incluirse el relativo a los otros decretos legislativos que
han preocupado a los pueblos indígenas y son
susceptibles de afectarles, así como los otros temas
de fondo que dichos pueblos han planteado en las diferentes
instancias de diálogo hasta ahora.En el proceso de diálogo deberían
estar representados todos los actores relevantes, y los
pueblos indígenas a través de sus
representantes libremente elegidos por ellos
mismos.La transparencia del diálogo es esencial para
que sea fructífero. En este sentido, debería
propiciarse un consenso sobre objetivos, procedimientos y
cronograma, así como un mecanismo para hacer
ejecutable los acuerdos a que se lleguen y para resolver las
cuestiones que se susciten durante el proceso.Como una medida de creación de confianza para
avanzar en el proceso de diálogo, el Relator
recomienda revisar las imputaciones y procesos judiciales
contra dirigentes y autoridades indígenas cuya
participación en el dialogo es
indispensable.Asimismo, tanto el proceso como los acuerdos a que
se lleguen deben estar inspirados y ser compatibles con los
estándares internacionales de derechos de los pueblos
indígenas, inclusive aquellos sentados en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos
indígenas y tribales, el cual ha sido ratificado por
el Perú. El Especial Relator recomienda, en este
sentido, que se recurra a la asesoría técnica
de la OIT y de otros organismos internacionales.El Relator Especial nota que el Perú tiene
ahora una oportunidad para establecer una buena
práctica de alcance internacional al traducir la
voluntad manifiesta de cumplir sus compromisos
internacionales en la aplicación interna de los
criterios y principios establecidos en los instrumentos
internacionales aplicables, en particular, en lo que se
refiere a la consulta previa e informada de los pueblos
indígenas a través de sus instituciones
representativas, de cualquier medida que dichos pueblos
consideren pueda afectar sus derechos.El Relator Especial destaca la importancia que el
proceso de solución de esta situación se
realice dentro del marco del pleno respeto a los derechos
humanos y libertades fundamentales, de manera que contribuya
al fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en
el Perú.Finalmente, el Relator Especial reitera su
disponibilidad e interés de realizar una visita
posterior al país, con el fin de dar seguimiento a lo
observado y también de examinar la situación
general de la situación de los derechos humanos y
libertades fundamentales de los pueblos indígenas del
país, dentro del ámbito del mandato atribuido
por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
Ello nos permite reflexionar, que toda solución a
las controversias se logra mediante el diálogo
estructurado y con disposición y voluntad política de enrumbar
los destinos de la Nación hacia el cauce de la justicia
social que todos anhelamos como peruanos.
Cuan importante es mantener una imagen sólida a
nivel internacional, un país que no respeta los derechos
humanos, no es pasible de crédito
y apoyo internacional que son indispensables para todo
país en desarrollo, más aún cuando, hay
necesidad y apremio de satisfacer derechos sociales y combatir
la pobreza
extrema.
Toda sanción moral que
provenga de la comunidad internacional afecta la dignidad de la
Nación y restringen la posibilidad de un eficaz desarrollo
como país. Esta imagen también se ha de
salvaguardar con la emisión de informaciones inexactas a
la comunidad internacional; es sabido que algunas ONGs informan
de forma tergiversada los hechos, desnaturalizadamente, pero no
menos cierto es que también los gobiernos emiten
informaciones pretendiendo ocultarlo todo.
Es saludable, oportuna la decisión del Estado
peruano de iniciar demandas a los que resulten responsables por
la imagen desprestigiada del país a la que conllevó
la situación de Bagua. Ello va a sentar un feliz
precedente de que ninguna organización y/o Institución o lo
que fuese, tenga derecho alguno de lastimar la dignidad de todos
los peruanos.
Sobre este punto, quisiera rescatar lo que afirmó
también el Ministro de Justicia del Perú en la
audiencia temática del 03 de noviembre 2009, ante la CIDH
"Nosotros no nos van a negar a concurrir, vendremos todas la
veces que sean necesario, pero con reglas de
transparencia".
Esta acotación que hace el señor Ministro,
ha de ser válida para todos los actores, los
peticionantes, las instancias internacionales pero
principalmente el Estado, porque tiene el dominio de
información, toda vez, que se quiere evitar que utilicen
todo el aparato estatal para violar derechos humanos de los
peruanos.
En el caso del Perú, el relator no se
refirió a actos de genocidio, pero sí fue
enfático al señalar "…que el Perú tiene
ahora una oportunidad para establecer una buena práctica
de alcance internacional al traducir la voluntad manifiesta de
cumplir sus compromisos internacionales en la aplicación
interna de los criterios y principios
establecidos en los instrumentos internacionales aplicables, en
particular, en lo que se refiere a la consulta previa e informada
de los pueblos indígenas a través de sus
instituciones representativas, de cualquier medida que dichos
pueblos consideren pueda afectar sus derechos".
Con esto el relator, le está diciendo al Estado
Peruano, que no se olvide que como Estado es parte de tratados
internacionales de derechos humanos y que asumió de
buena fe los compromisos internacionales para
respetar los derechos humanos de todos los peruanos, compromiso
que no se puede quebrantar por la falta de voluntad
política de los gobiernos cuando están llamados a
cumplirlas y exigidas por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
El Relator Especial destaca la importancia que el
proceso de solución de esta situación se realice
dentro del marco del pleno respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales, de manera que contribuya al
fortalecimiento del Estado de Derecho
y la democracia en el Perú.
Sobre el accionar del
Parlamento Peruano con relación al tema Bagua
Esta situación motiva un acto de reflexión
en el Parlamento, toda vez, que tuvo varias oportunidades para
derogar los decretos legislativos y no lo hizo. El error que
conlleva una responsabilidad política es no resolver la
situación en la oportunidad debida. Finalmente, toda
ésta situación conllevó a una Moción
de Censura contra el premier y la Ministra del
Interior.
El Parlamento técnicamente censuró al
gabinete actual, es lamentable que algunos congresistas se hayan
abstenido de votar en la moción de censura, cuando
debieron emitir su voto a favor o en contra.
No se estaba debatiendo un proyecto de
ley, sino
ejerciendo un mecanismo de control
parlamentario por la evidencia de una responsabilidad
política que ameritó la censura, por no haber
planteado soluciones
concretas en la oportunidad debida, ello es desprovista de toda
condición personal, aquí estaba en juego los
planteamientos de parte del gobierno para solucionar el tema
Bagua evitando finalmente la violencia del que hemos sido
testigos y que lamentaremos de por vida.
El Parlamento es un órgano soberano constituido
mediante elecciones periódicas, libres e imparciales para
velar por el gobierno de un pueblo. Como órgano soberano
está facultado para legislar y mantener las políticas
y las medidas del poder
ejecutivo bajo un escrutinio constante. ¿Por
qué se dice que el Parlamento es el primer poder del
Estado? Porque el parlamento no sólo proporciona un
marco constitucional a nuestros derechos fundamentales sino que
establecen además el marco jurídico que garantiza
la independencia y autonomía de los poderes y
órganos constitucionales del Estado; por consiguiente, es
el imperio de la Ley, pilar básico de un Estado de
Derecho, de la democracia y la protección de los derechos
humanos, de ahí que el parlamento es el primer poder del
Estado.
La Constitución de 1993 en su artículo
90º señala: "(…) para ser elegido Congresista
se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25
años de edad y gozar del derecho de sufragio…" Nuestra constitución no
dice nada más al respecto, por consiguiente, cualquier
persona con éstos mínimos requisitos podría
postular no sólo al Congreso sino también a la
Presidencia de la
República, porque en el artículo 110º de
la CPP, señala que: "(…) para ser elegido Presidente
de la República se requiere ser peruano por nacimiento,
tener mas de 35 años al momento de la postulación y
gozar del derecho de sufragio."
Con esta redacción constitucional cualquier
ciudadano puede ser legislador e incluso presidente de la
República. Cabe hacernos la siguiente pregunta ¿La
exigencia de calidad en la
representación nacional nos puede llevar a perpetrar un
acto de discriminación, prejuicio
social, rechazo al orígen, raza y cultura de las
personas?
Algunos indicadores
para la exigencia de una mejor calidad en la
representación nacional:[7]
Que, el parlamento exprese una diversidad cultural,
porque los indígenas no son extraterrestres, son seres
humanos como nosotros y peruanos con una identidad cultural a
la que se debe todo el respeto. Un parlamento Multicultural
exige la aplicación de la tolerancia, porque la
diversidad de opiniones y enfoques que no siempre suelen ser
la de un jurista, políticos con trayectoria, con
dominio de oratoria. Nos hemos mal acostumbrado a
escuchar a los que supuestamente más saben y dejar de
lado a los nuevos políticos que comienzan su carrera
prácticamente sentenciados. Es indudable que ha habido
serias decepciones de políticos antiguos y nuevos o
relativamente nuevos, es sabido además, que no
articulan bien sus palabras, se enredan y finalmente no saben
cómo proyectar su intervención y otros se
duermen en las sesiones plenarias o de las comisiones de
trabajo e incluso algunos ni siquiera intervienen, no se les
conoce, renuncian a sus cargos y otros dicen que no el
parlamento no les inspira ¿Para qué postularon
entonces? Son éstos los casos que nos puedan motivar
una seria reflexión para que en otra oportunidad
podamos escoger con mayor responsabilidad y sobre todo que
los propios partidos políticos asuman la mea culpa de
sus propios errores que en lugar de fortalecer la democracia
vienen deteriorándola. No quisiéramos volver a
la década de los 90, cuando el debilitamiento de
nuestros partidos políticos no pudo hacer frente a una
dictadura impuesta clausurando el congreso y demás
Instituciones democráticas.Por calidad de legisladores, se ha de entender, a
personas que no importando de dónde sea su
procedencia, sean limeños, provincianos e
indígenas, tenga una acreditada solvencia moral, una
demostrada vocación por la democracia y el respeto a
los derechos humanos así como también el
ejercicio de una profesión y trayectoria
política o participe activamente en un partido
político, sea coherente con la ideología de su
partido sin que ello signifique ser inflexibles a nuevos
cambios de tiempos modernos y mundo globalizado pero que no
hagan perder su esencia ideológica.Hay que partir de una premisa que al Parlamento,
quienes resulten legisladores, no van a ir a aprender o a
improvisar discusiones y/o decisiones políticas sobre
realidad nacional, sino a fortalecer el órgano
legislativo. De ningún modo, ésta exigencia,
contraviene con el derecho que tiene toda persona a elegir y
ser elegidos. Es responsabilidad nuestra, conocer a
nuestros futuros legisladores, qué trayectoria
política, que virtudes tuvo dentro de su vida pasada
tienen, si en verdad, queremos que nuestro Parlamento sea
eficiente y respetable, el orden de las cosas ha de cambiar,
es decir, voy al Parlamento no para aprender sino para
contribuir y fortalecer su investidura.El Parlamento no es una escuela de aprendizaje, no
está formando políticos porque para eso
están los partidos políticos. El Parlamento
necesita de políticos debidamente formados, no importa
la profesión que uno tenga, recordemos que el
parlamento es el foro político por excelencia y se
llega con la convicción de que vamos a trabajar por el
Perú y no en función de intereses de elites o
de carácter personal o lo peor de todo postular al
parlamento con el miramiento de que es un "gran negocio
lucrativo porque se gana mucho y se hace poco". Esto es una
de las impresiones de la ciudadanía en general, lo que
ha motivado que los Altos funcionarios públicos tengan
una escala de sueldos y trabajen con austeridad. Sin embargo,
mal haríamos en comprender a todos los legisladores en
esta última aseveración, siempre hay honrosas
excepciones.
El parlamento además necesita de personas que
conozcan nuestra realidad nacional desde lo más profundo
del Perú.
Nuestro Parlamento requiere de líderes
políticos que permita el enriquecimiento de los
debates y una mejor elaboración de proyectos de leyes
que reflejen el interés nacional así como
también, una eficiente labor de fiscalización.Nosotros como país hemos tenido legisladores
sin trayectoria política, que haciendo uso de
popularidad en otros medios han llegado a ser parlamentarios,
completamente improvisados que se inscriben en partidos
políticos o son invitados pero sin trayectoria
sólo porque tienen popularidad que resulta ser en la
práctica un plus adicional a otros ingredientes para
ser legisladores. En la práctica política quien
tiene popularidad es casi seguro que será legislador,
entonces podemos decir "popularidad es a
legislador". La ciudadanía deber aprender elegir
por la calidad humana, política y profesional de los
candidatos y no tan solo por su carisma y don de oratoria.
Por ello, resulta conveniente establecer una reforma
constitucional integral y no por partes. La
Constitución es un solo cuerpo normativo y cada
artículo, disposición constitucional se
articula entre sí.
El artículo 90º como bien se ha descrito, ha
de contemplar otros requisitos que puedan permitir la
elección de legisladores con mayor calidad de
representación. Pero en caso, de que no sea un profesional
pero tiene una acreditada solvencia moral, vocación
democrática, trayectoria política o que se
encuentre activo en un partido político, es decir, que
trabaje o haga una carrera política dentro de un partido,
creo que resultaría una interesante opción a elegir
y evitaría una proliferación de candidatos al
parlamento así como la vaya electoral actual.
De otro lado, no siempre un buen político es
aquel que tiene una larga trayectoria en la política,
porque en ocasiones caen en la monotonía, por cuanto,
creen saberlo todo, y no se actualizan, no son capaces de ampliar
sus horizontes de comprensión y sensibilidad social, de
interrelacionarse con los pueblos del Perú mas olvidados y
sentarse a legislar de sus curules sin conocer las necesidades
existentes de aquellos que exigen verse representados y no lo
son. "
Tampoco un buen político es aquel que lanza
su postulación a ser parlamentario y luego se
arrepiente y busca los medios para renunciar ¿En donde
quedó entonces su compromiso con la ciudadanía
que lo eligió?Debemos afianzar nuestra cultura democrática
y aprender a vivir en democracia, recordemos lo que dijo la
Unión Interparlamentaria Declaración Universal
sobre la Democracia, El Cairo, septiembre de 199,
párrafo 3 " Como ideal, la democracia trata
fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los
derechos fundamentales del individuo, garantizar la justicia
social, facilitar el desarrollo económico y social de
la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad,
impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio
para la paz internacional. Como forma de gobierno, la
democracia es el mejor modo de conseguir esos objetivos; es
también el único sistema político capaz
de corregirse así
mismo"[8]
¿Cómo
aprendemos a vivir en democracia?
La Presidencia de la Comisión de Educación, Ciencia,
Tecnología, Cultura, Patrimonio
Cultural, Juventud y
Deporte, a cargo
de la Congresista de la República del Perú, Sra.
Cenaida Uribe Medina, publicó el 10 de diciembre 2008, un
texto de
difusión denominado " Hacia una cultura de valores y de
respeto por la democracia, los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario".
La revisión y elaboración de este texto
estuvo a mi cargo, en mi calidad de asesora del Despacho de la
Congresista Uribe Medina[9]de aquel entonces, un
trabajo que se
llevó a cabo coordinadamente con la presidencia de la
Comisión de Educación. En este texto, en el Modulo
III denominado "Democracia y Derechos Humanos", se encuentran los
10 ingredientes para aprender a vivir en democracia que a
continuación se detalla:
10 Ingredientes
1. RECONOCER TUS CUALIDADES Y CAPACIDADES.- Nos
permitirá saber hasta dónde hemos avanzado y
qué nos falta por recorrer. ¿Cómo eres? y
¿cómo deseamos ser?
2. EMPRENDER UN CAMINO A SEGUIR.- El ser humano
debe aprender a trazarse metas, objetivos,
proyectos en
la vida y escoger los escenarios en donde vamos a aplicar
nuestras cualidades y capacidades, brindando un servicio de
calidad. Ello requiere de un esfuerzo individual y colectivo,
aquí se aplica la solidaridad, el
apoyo mutuo que nos falta concientizar.
3. TRANSPARENCIA.- Es una exigencia de comportamiento
debido en todas las personas, más aún en nuestros
líderes políticos, autoridades y gobernantes. La
transparencia va de la mano con la honestidad y
lealtad. Hay que actuar con la verdad.
4. EL ACTO DE RECONOCER QUE SOMOS CAPACES DE
EQUIVOCARNOS EN LA VIDA SE LLAMA HUMILDAD.- En nuestro
país nos falta humildad, pues si el más capaz y
sabio se equivoca no quiere decir que haya dejado de serlo, sino
por el contrario, el reconocer que nos equivocamos es una gran
virtud que dignifica al ser humano y nos hace grandes.
5. ACEPTAR QUE SOMOS UN PAIS HETEROGÉNEO CON
CULTURAS DIVERSAS.- Usamos las palabras cholo, serrano,
indio, negro, como expresiones despectivas para discriminar y
agredir la dignidad de las personas. ¿Es un delito o
vergüenza pública ser negra, chola, indígena,
serrana, selvática? NO. Pero SI es un delito y
vergüenza pública ser terrorista, discriminadora,
corrupta, violadora, asesina.
6. APRENDIENDO A ESCUCHAR.- El sólo hecho
de escuchar a alguien ya es un acto de entrega y servicio a los
demás. Es el desprendimiento de los asuntos personales o
laborales para ceder parte de nuestro valioso tiempo e
invertirlo en alguien que clama ser escuchado o ser oído.
¿Sabias que aprendiendo a escuchar inicias una cultura por
la tolerancia?
7. TENER EL VALOR DE
PERDER Y LA HUMILDAD PARA GANAR.- Si participas en una
elección popular y no ganas ¡acéptalo! Es
parte del respeto a la voluntad popular y de nuestra cultura
democrática. Si se gana en una elección popular no
es motivo para jactarnos ni humillemos a quien compitió
juntos con nosotros. Aceptar con humildad el triunfo y mostrarnos
agradecidos con quienes nos han elegido.
Recordemos que hemos triunfado para trabajar por los
demás y no para nuestros intereses personales.
8. APRENDIENDO A DEBATIR.- El debate, la
discusión alturada, enriquece la cultura de todo ser
humano. Pero debatir con altura significa primero conocer el tema
y no atacando a la persona, ni con palabras o gestos. Se necesita
no solo elocuencia sino ecuanimidad para debatir. Si no te gusta
lo que se dice, hay formas para llamar al entendimiento, pero sin
agresión verbal ni física.
¡Debatir con altura significa demostrar que tenemos
cultura!
9. SÉ PACIFICO.- Para reclamar nuestros
derechos no necesitamos lastimar el derecho de los demás.
Levantemos la voz de protesta frente a alguna injusticia,
indignación, el derecho a la huelga no
tiene por qué ser agresivo y violentar el derecho de los
demás. Cerrar las calles, quemar llantas, apedrear a la
gente, dañar los bienes
públicos y privados o hacer espectáculos poniendo
en riesgo la vida,
la salud y la
libertad de
los demás no es digno de aplausos. No es muestra de
cultura ni de respeto a los demás.
10. TENER EL CORAJE DE DENUNCIAR UN HECHO
ILICITO.- No te vuelvas cómplice.
¿Qué
pueden hacer los Parlamentarios en materia de Derechos
Humanos?[10]
Los parlamentarios pueden:
Alentar el debate parlamentario sobre
cuestiones relativas a los derechos humanos, particularmente
aquellas en las que se centra "el debate
público".Alentar el debate dentro de su propio partido
político sobre cuestiones de derechos humanos y las
obligaciones del país en esta materia.Organizar campañas locales, regionales
o nacionales para mejorar el conocimiento en derechos
humanosParticipar en debates en la
televisión, radio, reuniones o conceder entrevistas en
derechos humanosEscribir artículo en derechos humanos
académicos y/o periodísticos.Establecer relaciones con las ONG y otras
entidades nacionales dedicadas a los derechos humanos para
movilizar a la opinión publica y, cuando, proceda
elaborar estrategias de información en materia de
DDHHOrganizar o participar en talleres,
seminarios, reuniones y otros eventos en su
circunscripción electoral a favor de los derechos
humanos.Apoyar las campañas locales en
DDHHAprovechar el Día Internacional de los
Derechos Humanos para dar a conocer al público sobre
puntos de importancia en DDHH.Establecer contactos con parlamentarios de otros
países con el fin de intercambiar experiencias,
información sobre casos satisfactorios y
enseñanzas extraídas así como debatir
posibilidades de cooperación bilateral o multilateral,
particularmente en relación con la violación de
los derechos humanos que exijan la cooperación
transfronteriza como es el caso de trata de personas, la
migración o las cuestiones sanitarias.Velar porque el parlamento participe, por
conducto de las comisiones competentes, en la labor del
Consejo de Derechos Humanos (antes Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas)Asegurarse de que el Parlamento sea informado
de toda negociación en marcha sobre nuevos tratados de
derechos humanos y de que tenga la oportunidad de contribuir
a esas negociacionesVelar porque el Parlamento, por conducto de
las comisiones competentes, señale las violaciones de
los Tratados de Derechos Humanos que se cometan en otros
países y, cuando proceda, invite al gobierno a
presentar una denuncia entre EstadosParticipar en misiones de observaciones en
elecciones y otras misiones internacionales de derechos
humanosCerciorarse de que el Parlamento sea
informado de toda negociación internacional cuyo
resultado pueda influir negativamente en la capacidad del
país para cumplir sus obligaciones de derechos humanos
y, si procede preguntar al Gobierno cómo se propone
salvaguardar ese cumplimiento.
La situación
de violencia en Bagua y el CICR
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
fue fundado, hace casi un siglo y medio, como comprobación
de esa triste realidad. Su finalidad es tratar de mantener un
poco de humanidad en medio de la guerra. Se
guía por el principio de que incluso la guerra tiene
límites: límites en el modo de hacer
!a guerra y límites en el comportamiento de los
combatientes. Las normas estipuladas al efecto, refrendadas por
casi todas las naciones del mundo, son conocidas como derecho
internacional humanitario, y su piedra angular son los Convenios
de Ginebra.
los Estados han asignado al CICR un cometido especial.
En el constante diálogo que mantiene la Institución
con los Estados, pone siempre de relieve su
independencia, pues, sólo si tiene libertad de acción
con respecto a los Gobiernos u otras autoridades, puede velar por
los intereses reales de las víctimas de los conflictos,
esencia de su misión
humanitaria
CICR nació de una iniciativ privada suiza, pero
su ámbito de acción y su cometido son
internacionales. La
organización tiene delegaciones y misiones en unos 80
países en el mundo. Su personal está integrado por
unos 11.000 colaboradores, casi todos oriundos de los
países donde la Institución realiza actividades. En
la sede en Ginebra (Suiza), trabajan cerca de 800 personas cuyas
actividades son prestar el apoyo esencial para las operaciones del
CICR en el terreno y supervisar la realización de esas
operaciones así como definir y hacer aplicar la doctrina y
la estrategia
institucionales.
Las delegaciones del CICR en el terreno cubren un
país o, en el caso de las delegaciones regionales, varios
países. Despliegan diferentes actividades, teniendo en
cuenta la situación y las necesidades de cada país.
Por ejemplo, realiza actividades relacionadas con:
1. La protección y la asistencia de las
víctimas de situaciones reales o inminentes de
conflicto armado o de violencia (personas civiles,
personas privadas de libertad, familias dispersas, heridos y
enfermos); Bajo este principio, el Comité
Internacional de la Cruz, intervino en los hechos acontecidos
en Bagua.2. La acción preventiva, la
cooperación con las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, así como la
coordinación y la diplomacia humanitarias.
Las delegaciones actúan, asimismo, como
importantes sistemas de
alerta temprana para que el CICR pueda, en cuanto se desencadene
un conflicto
armado o un acto de violencia armada, responder a las necesidades
de forma inmediata y efectiva.
El CICR es una organización humanitaria
independiente, neutral e imparcial. Mediante los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos
adicionales de 1977, valiosos sucesores del primer Convenio de
Ginebra de 1864, ha recibido de los Estados el cometido de
prestar protección y asistencia a las victimas de los
conflictos armados.
El CICR se diferencia en su cometido y su estatuto
jurídico de las organizaciones
intergubernamentales, tales como los organismos de las Naciones
Unidas, y de las organizaciones no gubernamentales. Con las
autoridades de casi todos los países donde trabaja ha
suscrito acuerdos de sede con sujeción al derecho
internacional. Gracias a éstos, el CICR goza de
privilegios e inmunidades, tales como la inmunidad contra
procedimientos
jurídicos —que lo exime de procedimientos
administrativos y judiciales— y la inviolabilidad de
sus instalaciones, archivos y otros
documentos,
que habitualmente sólo se conceden a las organizaciones
intergubernamentales. Son indispensables para el CICR porque
garantizan dos principios esenciales para su acción: la
neutralidad y la independencia. El CICR firmó un acuerdo
con Suiza, por el que se refrenda su independencia y su libertad
de acción con respecto al Gobierno de este
país.
El Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está
presente y activo en casi todos los países del mundo y
está integrado por unos 100 millones de miembros y
voluntarios. Debe su unidad a los Principios Fundamentales que
guían su acción —humanidad, imparcialidad,
neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y
universalidad—, los cuales son una referencia universal
para todos sus miembros. Las actividades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja tienen una finalidad esencial: prevenir y
aliviar, sin discriminación, los sufrimientos del ser
humano y proteger su dignidad.
El Movimiento está integrado
por:
1. El Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR);2. Las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales);
y3. La Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de ia Media
Luna Roja (Federación Internacional).
El CICR, la Federación Internacional y las
Sociedades
Nacionales de todos los países son organizaciones
independientes. Cada institución tiene sus propios
estatutos y ninguna tiene autoridad sobre las otras. Se
reúnen cada dos años en el Consejo de Delegados.
Celebran también una Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en
principio cada cuatro años, con los representantes de los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra.
Los participantes en la XXVIII Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en 2003,
convinieron en la realización de un programa de
acción humanitaria en el término de cuatro
años, antes de la XXIX Conferencia, que ha de celebrarse
en 2007.
El CICR, es el órgano fundador del Movimiento.
Además de desplegar actividades operacionales para
proteger y asistir a las víctimas de la guerra, es el
promotor y el guardián del derecho internacional
humanitario. Vela también por el respeto de los Principios
Fundamentales. En colaboración con la Federación
Internacional, organiza las reuniones estatutarias del
Movimiento.
Es el promotor y el guardián del DIH, y basa su
labor en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos
Protocolos adicionales de 1977.
Estos instrumentos internacionales confieren al CICR el
derecho a realizar ciertas actividades, como socorrer a los
combatientes heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas
armadas, visitar a los prisioneros de guerra, restablecer el
contacto entre familiares separados por un conflicto, prestar
asistencia a la población civil y procurar que las personas
protegidas por el derecho
humanitario reciban un trato digno.
Principios Fundamentales del CICR
Los Principios Fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyo
guardián es el CICR, fueron proclamados* oficialmente en
la XX Conferencia Internacional de la Cruz. Roja, celebrada en
Viena el año 1965. Son los siguientes:
Humanidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación
de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto
internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de
los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la
vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona
humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la
cooperación y una paz duradera entre todos los
pueblos.
Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad,
raza, religión, condición social ni
credo
político. Se dedica únicamente a socorrer a los
individuos en proporción con los sufrimientos, remediando
sus necesidades y dando prioridad a las más
urgentes.
Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el
Movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en
todo tiempo, en las controversias de orden político,
racial, religioso e ideológico.
Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los
poderes públicos en sus actividades humanitarias y
sometidas a las leyes que rigen
los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben,
sin embargo, conservar una autonomía que les permita
actuar siempre de acuerdo con los principios del
Movimiento.
Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. En cada país
sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, que debe ser accesible a iodos y extender su
acción humanitaria a la totalidad del
territorio.
Universalidad
El Movimiento Internacional de !a Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen los
mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es
universal.
Con relación a los hechos acontecidos en Bagua no
es propiamente un conflicto armado interno para los efectos de
una aplicación del Derecho Internacional Humanitario, pero
sí reviste una situación de violencia particular
por su naturaleza y empleo de
armas de los
actores, hecho que obligó al CICR bajo el principio de
neutralidad e independencia, disponer la ayuda necesaria para
visitar a las personas detenidas en la ciudad de Bagua Grande con
el objeto de "verificar las condiciones de su
detención", debido a los enfrentamientos que el
pasado 5 de junio 2009, dejó a varias personas fallecidas
y a decenas de heridos.
Recordemos que el DIH es el conjunto que protege a las
personas que no participan o han dejado de participa en las
hostilidades.
Establece restricciones en el uso de las armas y los
métodos de
guerra. Tiene por objeto proteger la dignidad humana y limitar el
sufrimiento en tiempo de guerra. También se lo conoce como
derecho de la guerra o derecho de los conflictos
armados.
El DIH es una de la herramienta poderosa con que cuenta
la comunidad internacional para garantizar la seguridad y la
dignidad de las personas en tiempo de conflicto armado. Su
finalidad es que, incluso en la guerra, se preserve al menos un
mínimo de humanidad.
El DIH, limita o prohíbe las armas que causan
sufrimientos excesivos e innecesarios. Además, obliga a
las partes en conflicto a:
1. Distinguir entre combatientes y no
combatientes, y abstenerse de ataca a la población
civil.2. Prestar protección y asistencia a los
heridos y los enfermos, y proteger al personal
sanitario.3. Garantizar que se preserve la vida, la
integridad física y (a dignidad de los prisioneros de
guerra y de los internados civiles, y permitir que los
delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) los visiten.
La aplicación del DIH es básicamente a los
conflictos armados internacionales, es decir, cuando hay un
enfrentamiento beligerante entre dos países; conflicto
armado no internacional cuando en el territorio de un país
hay enfrentamiento entre las FFAA del Estado y grupos
organizados.
Es evidente que la situación de Bagua no
recaía en la naturaleza de un conflicto armado no
internacional, pero la función del Comité
Internacional de la Cruz, como guardián del DIH,
actuó no en vías de una aplicación normativa
sino humanitaria. Esta ayuda también fue solicitada a
través del Despacho de la Parlamentaria Marisol Espinoza
Cruz, solicitando la presencia del CICR a efectos de aminorar
ésta situación de violencia proporcionando su apoyo
humanitario a las comunidades indígenas y policía
nacional, victimas de la violencia acaecida.
El CICR también se esfuerza para respaldar y
fortalecer la capacidad de trabajo de las Sociedades de la Cruz
Roja de la región en caso de situaciones de disturbios y
tensiones internos.
A continuación comunicado completo de fecha 11 de
junio 2009:
A raíz de enfrentamientos entre efectivos
policiales y alrededor de 2.000 indígenas que bloqueaban
desde abril la carretera peruana de Bagua Grande, el 5 de junio
se registraron en Bagua, departamento de Amazonas, decenas de
muertos, centenas de heridos, detenidos y un número
indeterminado de personas que han perdido el contacto con sus
familiares.
Ante las graves consecuencias humanitarias generadas a
partir de estos acontecimientos, la delegación del CICR
para Bolivia,
Ecuador y
Perú, en su papel de intermediario neutral e
independiente, despliega, junto con la Cruz Roja Peruana
(CRP), las siguientes acciones en
favor de las personas afectadas:
El CICR se encuentra visitando a las personas
detenidas en la ciudad de Bagua Grande, departamento
Amazonas, y a las que fueron trasladadas a la ciudad de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, con el objeto de
verificar las condiciones de su detención y de ser el
caso, formular -en forma bilateral y confidencial- las
recomendaciones necesarias a las autoridades
pertinentes.El CICR, preocupado por las personas que
habrían perdido contacto con sus familiares,
está elaborando, a partir de las informaciones
proporcionadas por algunos familiares, una base de datos de
personas sobre las cuáles no se tienen noticias por el
momento, con el objetivo de intentar restablecer esos
contactos.Un equipo del CICR, acompañado por personal
de la CRP, ha evaluado las necesidades médicas. Ante
el colapso de algunos centros de atención,
entregó suministros médicos de urgencia a los
hospitales de Bagua Grande y Bagua Chica, así como a
la clínica de la Policía Nacional del
Perú en la zona.El CICR se mantiene atento ante las necesidades
humanitarias que pudieran presentarse en los próximos
días y permanecerá en el terreno realizando las
gestiones necesarias para contribuir, en la medida de sus
posibilidades, con la ayuda humanitaria que pudiera
ser requerida. Esto se realiza de manera complementaria a la
labor de las instituciones estatales.
El Comité Internacional de la Cruz, viene
desplegando todos los esfuerzos para difundir la
aplicación del DIH, recordar que por mandato de la ley
27771, determina la enseñanza obligatoria del DIH en todos los
Institutos educativos civiles y militares, por consiguiente, las
universidades peruanas tiene la obligación de adecuar en
sus respectivas mayas
curriculares, la enseñanza obligatoria y no electiva del
DIH.
La comunidad académica, debe asumir este deber de
difundirlo en las cátedras, en sus investigaciones,
artículos, eventos, cursos
de especialización, maestrías, doctorados, entre
otros.
Es parte de nuestro deber como sociedad fomentar la
difusión en tiempos de paz la aplicación del
Derecho Internacional Humanitario. Es sabido que para el caso de
Bagua la norma aplicable es el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y no el DIH.
Es importante, que funcionarios del Estado,
interactúen con el DIH, toda vez, que estos conflictos de
carácter social, mañana más tarde pueden
adquirir la connotación de conflicto armado no
internacional cuya competencia está bajo el DIH. No
esperemos a que ello ocurra, las medidas preventivas son las que
deben primar hoy día y la disposición de solucionar
dichos conflictos mediante medios
pacíficos.
Conclusión
La situación de violencia en Bagua ha demostrado
que estando en un gobierno democrático, no hemos aprendido
a la fecha a vivir en democracia. Debemos esforzarnos por tener
una cultura democrática en nosotros mismos, de lo
contrario, seguiremos siendo presa fácil en el curso de
nuestra historia
constitucional de gobiernos dictatoriales y de ideológicas
recalcitrantes, "la dictadura es
el perfecto ladrón de la paz" y exacerbar la mente de los
demás e incitarla a la violencia es un verdadero crimen
contra la paz y los derechos humanos, quien hace esto no tiene
condición para liderar ni mucho menos gobernar una
nación, es la desinteligencia humana por
excelencia".
La igualdad es un derecho básico para la
realización del ser humano; es a su vez el que funda la
universalidad de los derechos humanos. Recordemos lo que dijo
Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas,
discurso
presentado en la Universidad de Teherán en el día
de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1992. "Los derechos
humanos no son ajenos a ninguna cultura y son naturales de todas
las naciones; son universales".
La Tolerancia, es un valor poco practicado, de
ahí la discriminación entre los humanos. A
través de la tolerancia ponemos en práctica todos
los demás valores, si no sabemos tolerar no hemos
aprendido a escuchar, y si no sabemos escuchar no hemos aprendido
a respetar y por ende lastimamos la dignidad humana. La
tolerancia no distingue raza, género,
opinión, ideología. Es aceptar y comprender a tu
prójimo como tal.
La democracia sólo es posible con la igualdad,
justicia, dignidad y libertad en un mundo tolerante y armonioso.
Las políticas de los Estados solo serán eficaces
con la praxis de las
normas jurídicas manteniendo la identidad
étnica y cultural en el mundo actual.
Nuestras comunidades indígenas y nativas son
parte de nuestra sociedad y del sistema
democrático, resistirse a aceptarlo es no tener
vocación democrática y denigrar su condición
y por ende su dignidad que es también la nuestra. No son
ni deben seguir siendo un mundo aislado, el Estado debe
esforzarse a perfeccionar un proceso de integración entre todos los peruanos y
nosotros como sociedad debemos asumir el compromiso
democrático y firme de trabajar por ellos e integrarnos y
respetar sus derechos fundamentales de la misma manera como
nosotros exigimos que se nos respete.
No hay una política de reconciliación
nacional, después de los ocurrido con la violencia
terrorista no se ha trabajado de manera contundente a reconciliar
a los peruanos en especial a las comunidades que son las que
más sufrieron en ese conflicto armado interno.
Lo que ha sucedido en Bagua es debido a la ausencia de
una política de reconciliación e integración
nacional. La reconciliación nacional no pasa por
ideologías, si eres de derecha o de izquierda o centro,
pasa por el hecho de que todos los peruanos tengamos la
decisión de vivir en paz y en armonía con nuestros
gobernantes y hermanos.
El Estado y la sociedad debemos de deponer todo interés
personalísimo y comenzar a construir un futuro de
integración, ser una nación sólida con
valores, con autoridad moral, sólo así vamos a
vencer toda injerencia o intromisión de gobiernos o
personas que tengan interés en destruirnos como
país. "Una nación sólida jamás
será vencida ni siquiera con las peores ideologías
recalcitrantes, porque habremos levantado como peruanos la
bandera de la paz y de la reconciliación".
Apuntemos a ser un Estado amante de la Paz y de los
derechos humanos de todos, sin excepción; que nuestra
preocupación como Estado y sociedad sea por todos los
peruanos, incluyendo a los militares, policías,
indígenas. En Bagua se han cometido asesinatos a
policías y de la peor forma, y a indígenas, hechos
que no pueden quedar impunes. Exigimos una respuesta pronta y
sobre todo conocer la verdad. Si no hay verdad no puede haber
reconciliación ni mucho menos perdón.
Los parlamentos y los parlamentarios pueden contribuir
de manera considerable a los esfuerzos internacionales de
protección y promoción de los derechos humanos. En este
mundo globalizado las decisiones adoptadas a nivel internacional
tienen repercusiones cada vez mayores en las políticas
nacionales y limitan el alcance de la adopción
de decisiones nacionales.
El parlamento tiene la gran responsabilidad de elaborar
sus leyes basados en consensos y realidades atendibles, legislar
por el interés nacional, legislar bien, lo cual, significa
que se conozca e interprete adecuadamente lo que se va a legislar
para que no sean susceptibles de una acción de
inconstitucionalidad, lo cual, deja un mal precedente. Cuando una
ley es declarada inconstitucional quiere decir, que los
legisladores no saber legislar, porque la ley que aprobaron va en
contra de la Constitución, no se puede tener un
parlamento que no se conozca así mismo. Sobre ello,
la sociedad peruana deber ser más prudente para elegir a
quienes nos representen.
El término "democracia" también
se utiliza ampliamente no sólo para designar una forma de
organización política, sino una forma de
convivencia y organización social menos vertical y
más horizontal, con relaciones igualitarias entre sus
miembros. (…) Existen muchas variantes del concepto de
democracia, algunas de ellas llevadas a la realidad y otras
sólo hipotéticas. En la actualidad los mecanismos
de democracia más extendidos son los de la democracia
representativa de hecho se trata del sistema de gobierno
más utilizado en el mundo.
Particularmente me llena de un profundo pesar que
tengamos que esperar a que un relator venga a nuestro país
a tratar de conciliar las posturas de ambas partes. Ello merece
que reflexionemos, porque no damos una buena imagen como Estado
al no solucionar nuestros propios conflictos sociales o de
cualquier otra índole, por el contrario, es dar a
demostrar que no se tiene capacidad de gobierno. Esta
situación debe evitarse, procuremos consolidarnos como
Estado fuerte que no es lo mismo a un Estado dictador o
antidemocrático. Un Estado fuerte es capaz de gobernar,
solucionar, representar, reconciliar y trabajar de la mano con la
sociedad y la comunidad internacional, pero sobre todo un Estado
capaz de integrar a los peruanos.
No estamos es una situación de ingobernabilidad,
por el contrario, pero Bagua debe ser para el Estado y la
Sociedad una reflexión profunda que reflejen las enmiendas
necesarias de ambas partes para construir una sociedad mas justa
y de respeto.
La democracia también es vista como una forma de
vida, porque implica que las personas y los gobernantes adoptemos
actitudes y
modos de conducta o
comportamientos que tienen como base valores sobre la dignidad de
la persona humana, tales como la tolerancia, disposición
de escuchar al otro, espíritu reflexivo y juicio personal,
sentido de diálogo, admitir la opinión del otro,
reconocer los derechos de los demás y a no atropellarlos,
desarrollo de una libertad responsable con decisión propia
y autodisciplina. Si no aprendemos a comportarnos de esta manera,
entonces el sueño de un país totalmente
democrático solo será eso: un
sueño.
Recordemos las palabras del jurista Alfredo Quispe
Correa [11]"(…) Hay que estar alertas. La
lucha por el derecho no es un acto súbito ni
espontáneo. Hay que abrir los ojos. Salir al frente cuando
se intenta desvirtuar los contenidos democráticos. Como
hacen los jóvenes esta tarde en el debate
académico, para perfilar una sociedad donde los derechos
humanos se desarrollen sin otros límites que los del
derecho ajeno. La convocatoria docente tiene la virtud de aclarar
ideas y promover una voluntad juvenil para alcanzar ese orden
justo que nosotros soñamos y se nos escapó entre
las manos. No es un reproche. Ni es un acto de contrición.
A mi generación la asaltó iguales desazones e hizo
propuestas para humanizar la vida. Esos esfuerzos fueron quedando
en el camino, y hoy, otra generación, la de estos
jóvenes, plantea críticas fundadas a un orden
inequitativo con nuevos y mejores argumentos. Y hay que apoyarlos
para que algún día esa vehemente, terca y rediviva
actitud de Sísifo logre que la piedra quede en su cimiento
para siempre. En el mito de
Sísifo la condena es eterna. En la visión de estos
jóvenes tiene un fin próximo
Bibliografía
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ
ROJA. DESCUBRA AL CICR. GINEBRA 2006
JUAN PABLO II. ENCÍCLICA "EVANGELIO DE LA
VIDA" A LOS OBISPOS A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS A LOS
RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS A LOS FIELES LAICOS Y A TODAS LAS
PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD SOBRE EL VALOR Y EL CARÁCTER
INVIOLABLE DE LA VIDA HUMANA. ROMA,
1995.
LESLY LLATAS RAMIREZ. "DISCRIMINACIÓN,
DERECHO A LA INTIMIDAD Y LIBERTAD DE
EXPRESIÓN. CASO DE LA CONGRESISTA DE LA
REPÚBLICA HILARIA SUPA HUAMAN (MAYO 2009) PUBLICADO EN:
WWW.USMP.EDU.PE / FACULTAD
DE DERECHO/ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS/
REVISTA ON
LINE.
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS DERECHOS HUMANOS. "LOS PRINCIPALES TRATADOS
INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS". NACIONES UNIDAS, NEW
YORK Y GINEBRA 2006.
TRANSCRIPCIÓN DE LOS DEBATES DE LAS SESIONES
PLENARIAS Y DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. mayo- junio
2009
pagina web consultada:
www.un.org
Anexo
CRONICA
I.- INICIO DEL CONFLICTO SOCIAL.-
Mediante carta Nº 113-AIDESEP-2009, de fecha 13
de marzo 2009, la Asociación Interétnica de
desarrollo de la selva peruana (AIDESEP) comunica a la
Presidencia del Consejo de Ministros a cargo del Sr. Yehude
Simon Munaro, su preocupación por la falta de voluntad
política del gobierno para atender y resolver los
problemas históricos de los Pueblos Indígenas
del Perú.En el tenor de su comunicación, AIDESEP
manifiesta además que de parte del Poder Ejecutivo y
de la Presidencia del Consejo de Ministros no hay la menor
voluntad política de establecer un diálogo
franco y democrático que conlleve a encontrar
soluciones a la infinidad de problemas por los que atraviesan
los pueblos indígenas en materia de sus derechos
territoriales, reconocimiento y titulación de
comunidades tradicionales, educación, salud
intercultural y de calidad; implementación de los
derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el
Convenio Internacional 169 –OIT y en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de
los Pueblos Indígenas.De otro lado, solicitan la implementación del
procedimiento de consulta en los procedimientos
administrativos que lleva a cabo el gobierno y que afectan
los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se
hace alusión en dicha carta acerca de la constante
agresión y discriminación del gobierno a los
pueblos indígenas, iniciando procesos judiciales y/o
detenciones arbitrarias.Mediante Oficio Nº 344-2009-PCM/SC, de fecha 24
de marzo 2009, la Secretaría de Coordinación de
la Presidencia del Consejo de Ministros, en su
contestación a la carta Nº 113-AIDESEP-2009, se
señala que es prioridad para el gobierno garantizar el
dialogo alturado y democrático. Se le cursa la
invitación a AIDESEP a una reunión de trabajo a
fin de retomar el dialogo. La reunión había
sido programa para el día 30 de marzo a horas 5:00
PM.Mediante Carta 160-AIDESEP-2009, de fecha 30 de
marzo 2009, AIDESEP contesta que no puede reunirse por
atender asuntos institucionales y solicita que se precise una
agenda a tratar en dicha reunión.
Convocatoria para la movilización
indígena.-
Con fecha 05 de Abril 2009, AIDESEP, convoca a una
movilización indígena para el 09 de abril 2009,
en mérito del XXI congreso nacional de dicha
Institución, espacio en el que se acordó
declararse en movilización permanente frente a las
agresiones del gobierno contra los pueblos
indígenas.
FECONACO y su organización regional (ORPIO) y
nacional (AIDESEP) convocaron a todas sus bases a movilizarse el
09 de abril desde las 00 horas hasta lograr conseguir la
plataforma de lucha siguiente:
1. Vacancia del Presidente de la
República, por incumplimiento de sus compromisos
políticos con el pueblo peruano.2. Reforma Constitucional, para restituir el
carácter inalienable e inembargable de los territorios
indígenas.3. Derogatoria de los decretos legislativos que
atentan contra los derechos de los pueblos
indígenas.
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