- Jurisdicción
- Delitos que dan lugar a
extradición - Los casos
latinoamericanos - La
relación con los Estados Unidos - Un
conflicto de leyes interesante
Generalidades
Realizo este ensayo
dedicando todo mi esfuerzo investigativo al Foro de Abogados de Comodoro
Rivadavia en donde siempre me he sentido a gusto y en especial a
la Dra. Iris B. Pacheko de quien he aprendido muchísimo
con solo compartir momentos laborales en el Buffet
Jurídico.
La Extradición es un instituto del
Derecho
Internacional Público de aplicación en el
derecho criminal; mediante este instituto las autoridades
judiciales de un país solicitan la entrega de un
encartado, procesado o imputado o sospechoso a las autoridades de
otro quien a su vez dispone los medios
necesarios para entregar al encartado o procesado, imputado o
sospechoso o en cuestión al solo efecto de proseguir con
el proceso.
La extradición es un término
plasmado en tratados
jurídicos internacionales y que se diferencia notablemente
de otros conceptos como entrega, deportación,
extrañamiento o expulsión. Mientras que la
extradición es un término que exige un acuerdo
jurídico entre los estados implicados, la expulsión
puede realizarse hacia donde plazca al gobierno de turno
utilizando criterios únicamente subjetivos. La entrega es
un concepto que,
aunque en ocasiones cuenta con respaldo judicial, participa de
reglas únicamente represivas, ya que los protagonistas de
su ejecución son fuerzas policiales
homónimas.
Nosotros patagónicos debemos
recordar ese folklore
popular antiguo en el que se habla del paso por nuestra Patagonia de
Sundance Kid, los forajidos noruegos y muchos otros. Esto
podrá ser o no una expresión de un folklore pero
sin lugar a dudas demuestran la idea que tenían de la
extradición los antiguos fugitivos de la Justicia y el
inconsciente colectivo general.
Derecho positivo: Convención
Interamericana sobre la Extradición; Art.1, Los Estados
Partes se obligan, en los términos de la presente
Convención, a entregar a otros Estados Partes que lo
soliciten, a las personas requeridas judicialmente para
procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas
culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación
de libertad.
Jurisdicción
La potestad de juzgamiento de delitos
comunes se consideraba solo circunscripta al ámbito
territorial de validez de las leyes de un
Estado; y si
una persona requerida
estaba físicamente en otro sitio fuera de la
jurisdicción considerábase una posición de
decoro y respeto a la
soberanía ni siquiera solicitar datos del
encartado o sospechoso en cuestión. Esto significa una
clara adhesión a la teoría
restringida.
Hoy ya con otro criterio se considera que
también procede la extradición cuando el delito por el
cual se solicita la entrega de la persona ha sido cometido fuera
del territorio del Estado requirente y empero el Estado
requirente tiene jurisdicción para conocer del delito que
motiva la solicitud de extradición, y dictar el fallo
consiguiente. En este caso estamos ante el caso de una
teoría amplia de la jurisdicción. Esto es muy usual
en las potencias del primer mundo que se consideran con
potestades de juzgar personas que hayan cometido delitos que
perjudiquen a sus nacionales en cualquier lugar del
mundo.
Delitos que dan
lugar a extradición
El procedimiento era
antiguamente era aplicado para delitos políticos y vedado
para los delitos comunes. Luego con el transcurso del tiempo se
afianzo el concepto y la práctica de cooperación
entre estados con lo cual se institucionalizo en muchos
países el instituto de la extradición
aplicándose ahora para delitos comunes, delitos criminales
y negándose para delitos políticos en la
mayoría de los Estados.
La extradición como término
jurídico comenzó a aplicarse en el siglo XIX en
Gran Bretaña y EEUU. Hasta entonces, las normas utilizadas
para con los fugitivos eran totalmente aleatorias. Algunos
estados recogían a los huidos de la justicia de otros
países, ofreciendo todas las garantías para su
protección fuera cual fuere el delito. Otros, en cambio, se
deshacían inmediatamente de los fugitivos. Las primeras
leyes fueron precisamente para restringir las extradiciones, en
especial las que afectaban a convictos de delitos
políticos. Así, durante el siglo XX y recogiendo el
derecho a la extradición por la mayoría de las
legislaciones particulares y bilaterales entre los estados, el
caballo de batalla se centró en la consideración
del delito político. Uno de los hechos más sonados
en esta disputa jurídica entre el concepto de
«delito común» y el «delito
político» fue la petición en 1934 de la
extradición de Francia a
Italia de los
autores de la muerte del
rey yugoslavo Alejandro. Una corte italiana decidió que la
muerte de
Alejandro había sido un acto político y, en
consecuencia, denegó la extradición.
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