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Globalización y corrupción. Organismos internacionales



Partes: 1, 2


    1. Los Organismos internacionales. Organismos supranacionales.
      Nivel regional

    2. Mecanismos regionales de lucha contra la
      corrupción

    3. Organismos supranacionales. Nivel mundial. Organismos no
      gubernamentales

    4. Bibliografía

    El presente trabajo es una
    continuación de uno ya publicado, esta vez abordaremos la
    relación entre la corrupción y el fenómeno de la
    globalización con su actual modelo
    político que es el neoliberalismo, asimismo las autoras pretenden
    incursionar en el papel de los organismos internacionales en el
    enfrentamiento al fenómeno investigado, para lo cual
    utilizamos el método
    teórico-jurídico y
    dialéctico-materialista.

    La corrupción
    se facilita, se encubre hoy, gracias a la Globalización Neoliberal, con la privatización, la desregularización,
    la impunidad y
    las facilidades, no es un fenómeno externo, es parte
    componente del sistema, es parte
    del capitalismo,
    forma parte de su sistema normal de funcionamiento.

    Sin embargo consideramos que la liberalización y
    desregulación de las economías nacionales
    abrirán más las puertas a los delincuentes
    internacionales, la recesión económica global se
    intensificará, la competencia
    internacional y los medios
    extralegales para obtener negocios
    ilícitos se convertirán en formas de actuar casi
    normales con el mundo actual, pues al reducirse el nivel de
    control del
    Estado, las
    multinacionales del delito
    internacional con sus fachadas lícitas destruyen poco a
    poco ese control estatal y la propia observación de la realidad internacional lo
    demuestran, por lo tanto estamos en contra de estas tesis y
    políticas.

    No obstante, a ello explicaremos brevemente estas teorías
    y en que consisten. Surgen aproximadamente a partir de la
    década de 1980, en diferentes países del mundo con
    el objetivo de
    reformar los límites
    del Estado y devolver su espacio a la iniciativa privada. Se
    iniciaron así políticas destinadas a materializar
    conceptos novedosos que, en las economías
    contemporáneas, se conocen como fenómeno de
    desregulación, desestatización y
    privatización.

    Siguiendo las reflexiones doctrinarias, podemos definir la
    desregulación como la simplificación y la
    desburocratización del mercado, su
    objetivo es acercar el gobierno a las
    personas para prestar servicio y
    reducir los costos que tienen
    los ciudadanos en su trato con el Estado. El
    gobierno cumple la función de
    igualador de oportunidades, mediante este instrumento
    jurídico económico se favorece la iniciativa
    privada permitiendo un mejor desarrollo de
    la creatividad,
    innovación, la audacia y la capacidad
    empresarial.

    La desestatización se presenta bajo diversas formas.
    Incluye no solo las llamadas "privatizaciones", sino también la socialización, es decir la trasferencia de
    activos
    públicos a entidades del sector social solidario de
    empresas del
    sector
    público en fusión
    con otra u otras del sector privado.

    Finalmente, como lo señalan las fuentes
    consultadas, la privatización, en el sentido lato,
    consiste en la transferencia al sector privado de las funciones no
    específicas del Estado y que éste haya asumido.

    De esta forma, los términos desregulación,
    desestatización y privatización, reflejan conceptos
    jurídico-económicos de contenido análogo en
    cuanto procuran ensanchar el marco de la libertad
    individual y la iniciativa privada.

    A modo de síntesis
    los que defienden estas tesis relacionan que puede verse la
    desregulación como estrategia de
    lucha contra la corrupción que incluye todos los
    mecanismos, partiendo de una reformulación de los
    límites del Estado conforme a la nueva legislación
    vigente, que permitan simplificar, objetivar y dar mayor
    transparencia a la gestión
    administrativa.

    Los defensores de esta teoría
    parten del concepto de que
    la acumulación de funciones y poderes discrecionales en
    oficiales públicos es, per se, un factor generador de
    corrupción. Ello se da, particularmente, cuando dichas
    funciones se vinculan con actividades del quehacer
    económico del país, induciendo a los administrados
    a que acepten las prácticas corruptas como medio
    económico disponible a fin de lograr la realización
    de sus propósitos dada la necesidad de superar
    obstáculos instrumentados por las normas y procedimientos.

    Adoptan el principio de subsidiariedad de los poderes
    públicos en todo aquello que no sea una actividad esencial
    e indelegable del Estado más recepta la experiencia
    indicativa de la imposibilidad de reducir la corrupción en
    un marco caracterizado por un manejo discreto de poderes de
    contenido claramente económico, respecto a los cuales es
    imposible, de hecho, realizar un control adecuado.

    Por último, reconoce a la corrupción como la
    causa del entorpecimiento de la acción
    económica y la dificultad progresiva para el uso
    óptimo de los recursos que
    inclusive, puede dar lugar a la parálisis del país,
    cuestión con la cual si estamos de acuerdo.Alejado de esas
    teorías y prácticas neoliberales que reflejan todo
    lo contrario a lo que plantean sus partidarios somos de la
    consideración que los Estados se deben enorgullecer de la
    apertura en lugar del secreto, la indagación en lugar de
    la supresión y la exoneración en la lucha contra la
    corrupción. A veces las sospechas amargan más a la
    sociedad civil
    que los hechos, los rumores sin fundamento pueden hacer
    más daño
    que una verdad desagradable. Después de todo, la
    corrupción no refleja una buena imagen para
    ninguna sociedad, por
    ello sería mas transparente la lucha abierta.

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