Han transcurrido 9 años de la inmersión de
Guatemala en el siglo XXI. La propuesta populista de Alfonso
Portillo Cabrera, durante los primeros cuatro años,
demostró el principio del agotamiento, a nivel nacional,
del dominio hegemónico de la vieja oligarquía
conservadora, ligada ahora al mercado internacional. No obstante,
ésta parece conservar su dominio ideológico en los
centros urbanos, que fueron adversos y aun lo son, a la llegada
de un representante ladino con ideas liberales dominadas por el
populismo, a la primera magistratura del País.
Entendemos ese populismo como la exaltación
verbal de los derechos de las mayorías populares y la
denostación, también verbal, de los monopolios,
principalmente los agroindustriales. El no haber realizado
cambios que fueran más allá del discurso
provocó que, al final de su mandato, la campaña
sistemática de los medios masivos de comunicación
en su contra, tuviera eco en las clases medias y los grupos
sociales que antes le habían apoyado electoralmente. Ello
facilitó la llegada de Oscar Berger Perdomo, como segundo
presidente civil del nuevo siglo, arropado por los capitales
nacionales más importantes y dispuesto a desarrollar un
gobierno a la disposición del proyecto de
acumulación concentrador, cuyas bases ya habían
sido fincadas en el mandato de Álvaro Arzú
Irigoyen(1996-2000), quien desmanteló al Estado de las
empresas estratégicas productoras de energía y
comunicación, principalmente.
El periodo de Berger finalizó sin pena ni gloria.
El actual gobierno, comandado por Álvaro Colom, representa
el vaivén que refleja el hastío del anterior,
recurriendo de nuevo a la verbalización que le ha llevado
a ofrecer un gobierno socialdemócrata. Este ofrecimiento
surge de su encallejonamiento entre las preferencias de los
votantes rurales, fundamentalmente, y la desaprobación de
las clases medias y altas de las principales ciudades.
De otra parte, Álvaro Colom no dispone de un
equipo de cuadros con experiencia de gobierno ni con solidez en
los postulados socialdemócratas. Esta situación se
torna más grave en los miembros de su partido, la UNE, que
fueron sacados de balance cuando, de la noche a la mañana,
pocos días antes de asumir el cargo, su presidente se
declara socialdemócrata, mas como un acto de fe coyuntural
que como una decisión ideológica y administrativa
de gobierno.
A contrapelo de lo descrito, algunas señales
surgidas en el seno de la sociedad estadunidense a principios del
año 2008, iniciadas con la llamada crisis hipotecaria,
reforzada por el descenso de la capacidad adquisitiva del
dólar y expresada en el incremento del precio
internacional del petróleo, ponen de nuevo en el tapete
las ideas keynesianas que fueron barridas a finales de los
ochenta, abatidas por el llamado Consenso de Washington (CW). En
estas condiciones, el enfrentamiento de la crisis estadunidense,
que tiene un rebote en las economías dependientes,
propicia el justo reclamo de los grupos sociales afectados pero
no dispondrá de respuestas adecuadas y oportunas. La
polarización social extrema que propició la cuasi
destrucción del Estado `por parte de las políticas
que privilegiaron al mercado, dejan poco espacio para la
solución, justamente, de los extremos de pobreza a los que
se ha llegado.
El futuro
inmediato
Voces nuevas se alzan en la propia Unión
Americana, sugiriendo el regreso a algunas posiciones keynesianas
que fueron impugnadas "para siempre" en los noventa. Pero la voz
de alerta se dio desde 1998, cuando Joseph Stiglitz propuso
abandonar el CW, con una vida hegemónica muy corta, que se
aproxima a los 20 años, y entrar en el Pos CW, regulando
las distorsiones del mercado.
La misma situación política norteamericana
revela el descontento de su ciudadanía al mostrar sus
preferencias por el Partido Demócrata en un ambiente de
franco deterioro del Partido Republicano. Una vez que Barak Obama
alcanzó la presidencia de USA, probablemente desaparezca
en gran medida la coerción mantenida sobre los
países menos desarrollados para apegarse a los
lineamientos del CW y se permita, también, una nueva
participación del Estado en los sectores
estratégicos de la economía. Este panorama, crucial
para Guatemala en los últimos meses del año 2008 y
los primeros del siguiente, obliga a una readecuación de
la política pública en sus niveles de mayor
sensibilidad, ante el impacto de una crisis generalizada del
sistema financiero a nivel mundial, cuyos efectos últimos
tienen lugar en Grecia.
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