De regreso a Guayaquil, a partir de 1980
desempeñó importantes cargos dentro del campo de la
economía política y monetaria. Fue profesor de
Teoría y Política Monetaria en la Universidad de
Guayaquil, Subgerente y Gerente Técnico del Banco Central
del Ecuador, Asesor Económico de la Cámara de
Comercio y de la Cámara de la Construcción de
Guayaquil y, durante el gobierno del Ing. León
Febres-Cordero: Asesor Económico de la Presidencia de la
República de 1984 a 1986, Presidente de la Junta Monetaria
de enero a junio de 1986 y Ministro de Finanzas de junio a
septiembre del mismo año. Más tarde, Diputado
Nacional de 1988 a 1992 y Director General del Partido
Conservador Ecuatoriano, de 1990 a 1992.
Haciendo binomio con el Arq. Sixto
Durán-Ballén, fue elegido Vicepresidente de la
República para el período 1992-1996.
Su participación directa e indirecta en todas las
acciones del gobierno fueron determinantes en el proceso de
administración y modernización del estado.
Aplaudido por unos y combatido por otros, a mediados de 1995 sus
opositores políticos entablaron contra él un juicio
político acusándolo de una serie de
irregularidades, al tiempo que, por otro lado, también se
instauraba en su contra un juicio penal ante la Corte Suprema de
Justicia por presunta disposición de fondos del
Estado.
Abandonado y atacado por todos, inclusive por el
Presidente Sixto Durán-Ballén que le pidió
la renuncia, el 2 de octubre se presentó ante el Congreso
donde -con claridad y valentía denunció ser
víctima de persecución política por parte
del entonces su más grande e implacable detractor: el
ex-Presidente León Febres-Cordero. Luego de 4 días
de exposiciones y defensas; acusaciones, réplicas y
contrarréplicas; el Congreso pasó a
votación, y después de una maratónica
jornada que duró más de 12 horas se constató
que no hubieron los votos necesarios para su censura.
A pesar de haber sido absuelto por el Congreso, el
jueves 12 de octubre el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia ordenó su prisión preventiva.
Ante esa situación y queriéndole evitar al
Ecuador la vergüenza de que su vice-Presidente sea procesado
penalmente, ese mismo día envió su renuncia al
Congreso Nacional y abandonó el país para preparar,
desde el ostracismo, su defensa como ciudadano
común.
Radicado en Costa Rica, el gobierno de ese país
le concedió Asilo Político el 30 de marzo de
1996.
Nueve años después, una providencia
dictada el 30 de marzo del 2005 por el Presidente de la Corte
Superior de Justicia, Ab. Guillermo Castro Dáger,
declaró la nulidad del juicio que por peculado se
seguía en su contra.
No perdió tiempo, y al medio día 1 de
abril, regresó a Guayaquil donde fue recibido por gran
cantidad de familiares, simpatizantes y amigos. Pero sabía
que su seguridad no estaba garantizada, pues la situación
jurídica del país continuaba siendo muy inestable,
tal como se demostraría en pocos días. Por lo que
prefirió retornar nuevamente a Costa Rica, donde
había establecido su residencia permanente.
Dos años más tarde, con fecha 10 de abril
del 2007, "…El presidente de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), Jaime Velasco, declaró vigente el
auto de apertura a plenario en contra del ex vicepresidente
de la República, Alberto Dahik, acusado de mal manejo de
gastos reservados (peculado).
Velasco anuló las providencias dictadas por
el ex presidente de la pichicorte, Guillermo Castro,
argumentando que tales autos adolecen de nulidad absoluta,
porque quien suscribió las providencias (Castro),
careció de competencia para revisar lo resuelto por la
primera sala de lo Penal de la Corte, por lo que se encuentran
vigentes las resoluciones dictadas por la sala.
Velasco ratificó todas las medidas
cautelares, personales y reales dictadas en contra de los
sindicados Alberto Dahik, Juan Mario Crespo y Gladys
Merchán"
La avioneta en que huyó de Quito luego de que la
Corte Suprema emitiera una orden de captura en su contra por
presunto peculado y malversación de fondos
públicos, hizo una escala técnica en el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón , y luego prosiguió vuelo
hacia Costa Rica.
El canciller costarricense, Fernando Naranjo,
confirmó ayer que el ex vicepresidente de Ecuador Alberto
Dahik aterrizó en aeropuerto internacional de San
José a las 11:30 pm del día miércoles y que
el jueves en la mañana solicitó formalmente el
status de asilado político.
El ex funcionario dijo que huyó del país
porque temía por su vida y la de su familia pero
afirmó confiar en que la historia sabrá juzgar todo
lo que he hecho en la restauración de la economía
nacional para lograr el cambio, la modernización y la
transformación que nos lleve a una sociedad
democrática justa .
Según informes de prensa posteriores, en un acta
de juzgamiento de las cuentas secretas se indicaba que "Entre el
5 de agosto de 1992 y el 30 de septiembre de 1995 se gastaron
17.800 millones de sucres, de los 19.690 millones que ingresaron
en las cuentas de los gastos secretos de la vicepresidencia,
quedando un saldo de 1890 millones". Así, el ex
vicepresidente ecuatoriano Alberto Dahik habría gastado
unos 6.2 millones de dólares de la cuenta de gastos
reservados durante sus tres años en el Gobierno. El
defensor de Dahik aclaraba, sin embargo que "Las cuentas de Dahik
no fueron secretas, y de esta situación tuvo pleno
conocimiento el contralor desde la fecha en que se abrieron las
cuentas". La causa
judicial sigue su trámite.
Marco
conceptual
Tomado de Explored.com.ec
29/07/1995
EL PRIMER CONTRATO COLECTIVO
Luego de la intervención del vicepresidente de la
República, Alberto Dahik, el día jueves pasado en
la televisión, se pueden extraer -al menos- tres
conclusiones significativas:
1. Que hay proceso de corrupción que se ha
enquistado en las más altas esferas del Estado, que tiene
múltiples formas, magnitudes y actores. Los ejemplos dados
por el vicepresidente, respecto de personas, partidos
políticos e instituciones, nos eximen de mayor
comentario.
2. Que el sistema político en el Ecuador ha
conducido a la institucionalización del clientelismo
intraestatal -y del Estado hacia la población– como
mecanismo generalizado de gobierno. De esta manera, el
clientelismo ha asumido en la actualidad, la condición de
práctica estructural de gestión.
No otra consideración puede merecer su
elevación a la cualidad de política de Estado, tal
cual nos indica el vicepresidente Dahik, cuando en su
intervención señala: "Hemos tenido que movernos
dentro de un sistema, pero hemos planteado acabar con él a
través de una reforma política"; "dada la necesidad
del gobierno, no había otro camino que tomarla" o "porque
el país tiene que seguir funcionando".
Y las motivaciones y justificaciones para esta
práctica no son otras que las siguientes: "para que no
vote en contra del canciller Diego Paredes en el juicio
político"; "para aprobar la ley de Emetel"; "la necesidad
de promocionar las obras de Emelgur en favor del Partido Social
Cristiano"; "solicitudes hechas al mismo tiempo en que
piden juicio político en mi contra", etc.
Acusó a los partidos MPD, PRE y Social Cristiano
de la "utilización permanente de la negociación
política para obtener ventajas del gobierno nacional". Con
lo cual, y para colmo, la política ha quedado reducida a
un negocio+ y, es más, sucio+
De esta manera, se puede concluir que el mercado y las
privatizaciones han penetrado en los lugares más
recónditos de la vida nacional. La política, que
por definición es pública, ha sido mercantilizada y
privatizada bajo múltiples acepciones: el cambio de
lealtades por dinero, la privatización de las decisiones
públicas, la corrupción generalizada,
etc.
3. Que la política de control del gasto
público se la ha manejado a discreción y con
dedicatoria. Por un lado, se niegan los recursos al conjunto de
los municipios ecuatorianos, que a través de la AME y de
su presidente de turno reclamaban a inicios de 1994. Es
más, eran recursos económicos provenientes del
FODESEC que por Ley les correspondía, los compromisos de
1993 que no se habían cancelado hasta ese momento y las
compensaciones que se debían realizar por el incremento
del precio de la gasolina, todo esto por un monto aproximado de
140 mil millones de sucres.
Por otro lado y, por la vía de las partidas extra
presupuestarias, tal cual lo denunciara en su momento Rodrigo
Paz, se repartían más de dos cientos mil millones
de sucres entre los gobiernos seccionales administrados por el
Partido Social Cristiano. Caso contrario, tal cual
señalaba en aquella época el propio Ing. Febres
Cordero: "si el señor ministro de Finanzas no cumple con
sus compromisos contraidos, se lo interpelará en el
Congreso". Esto es lo que el país conoció como el
Primer Contrato Colectivo.
De esta manera, los ministros de Finanzas
del Gobierno Nacional asumen la condición de tesoreros de
la campaña electoral de Nebot, mientras éste
reparte cheques para equiposde fútbol, para determinadas
causas sociales o se le ve inaugurando obras a lo largo del
país.
Tomado de ALAI18/08/1995
Corrupción en primer
plano
En los últimos 60 días, el tema de la
corrupción figura en el centro de las preocupaciones de
los medios masivos, de los poderes del Estado y de la sociedad
civil, que hastiada, comienza a reaccionar con acciones
simbólicas.
La olla de la corrupción se destapó a
raíz de que el periodista Jorge Vivanco, subdirector del
diario El Expreso de Guayaquil, reveló algunas
"confidencias" que el Vicepresidente de la República, el
conservador Alberto Dahik, hiciera a representantes de medios de
información.
Según Vivanco, Dahik dijo que el Gobierno tuvo
que entregar asignaciones presupuestarias a los partidos que
controlan el Congreso a cambio de que aprueben la Ley de
Modernización del Estado; que 16 diputados exigieron la
entrega de 500.000 dólares por aprobar la ley de
privatización de las telecomunicaciones; que magistrados
de la Corte Suprema de Justicia pidieron
grandes sumas para declarar la constitucionalidad de
leyes cuestionadas y que el Ejecutivo tuvo que extender
nombramientos, en empresas públicas, a allegados de
diputados que "estarían robando
desaforadamente.
Ante el riesgo de que estas denuncias queden en
generalidades, hubo un consenso nacional en solicitar al
Vicepresidente que revele los nombres de los implicados. Con este
propósito, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Miguel Macías Hurtado, inició indagaciones
judiciales que involucraron al propio Vicepresidente y a los
periodistas, pero no consiguió nada más que lo
revelado por Vivanco.Pese a la presión pública, el
Vicepresidente Dahik se ha negado a revelar nombres, fechas y
circunstancias en que se habrían producido los hechos por
él mismo denunciados.
Juicio político
Entre tanto, el clima político subió de
temperatura, cuando, a propósito de este hecho, cuarenta y
un diputados pertenecientes a partidos de derecha, izquierda y
populista anunciaron que llevarán a juicio político
al Vicepresidente Dahik, acusándolo de cohecho y de haber
cometido faltas graves al honor nacional.
El nuevo presidente del Congreso Fabián
Alarcón, que fue electo el pasado el pasado 10 de agosto
por una mayoría de centro-izquierda, deberá nombrar
una "comisión especialísima", para determinar si
procede o no el mencionado enjuiciamiento.
El Vicepresidente, siguiendo la estrategia de que la
mejor defensa es el ataque, inició una "cruzada
moralizadora" denunciando casos de corrupción en la que
estarían involucrados diputados y autoridades de gobiernos
locales pertenecientes al Partido Social Cristiano (PSC, de
derecha); al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE, populista) y al
Movimiento Popular Democrático (MPD, de izquierda), tres
de los cinco partidos que han planteado el juicio a Dahik.
.
Dahik, quien dirige el Partido Conservador, es
considerado como el hombre fuerte del gobierno y el que toma las
decisiones fundamentales de política económica,
más allá de sus atribuciones legales.
Desde algunos meses, el segundo mandatario mantiene una
fuerte pugna con el Partido Social Cristiano y particularmente
con uno de sus líderes el ex-Presidente León Febres
Cordero, quien actualmente es alcalde de Guayaquil, la ciudad
más poblada del Ecuador. A pesar de que los dos parten de
un mismo tronco ideológico de derecha, Febres Cordero y
Dahik, con frecuencia, se atacan verbalmente.
El bloque legislativo socialcristiano, según
Dahik, exigió asignaciones presupuestarias de 200.000
millones de sucres (80 millones de dólares) para los
gobiernos seccionales que controlan el PSC. Los fondos no siempre
fueron bien administrados pues en las obras públicas que
se ejecutan, intervinieron, como contratistas, parientes de los
diputados socialcristianos.
Los diputados cuestionados se defienden señalando
que no existe nada de malo en pedir asignaciones, pues es su
deber, como representantes de sus provincias, conseguir fondos
que son administrados por los gobiernos seccionales u otros
organismos públicos nacionales.
No obstante, una de las consecuencias de esta
política de tira y afloja entre el Ejecutivo y la
oposición es que el primero siempre le pasa las cuentas al
pueblo, y ha procedido, en varias ocasiones, a castigarlo con
nuevos impuestos y el alza de los precios de la gasolina y las
tarifas de los servicios básicos para financiar las
partidas que entrega a los diputados.
El que esté libre de
culpas…
Pero el Gobierno presidido por Sixto Durán
Ballén, según varios analistas, tampoco puede
exhibir, una hoja limpia en sus tres años de
gestión. Y afirman que tan corrompido es el que da como el
que recibe. El régimen se ha visto involucrado en varios
casos de corrupción. Uno de los más escandalosos
fue el denominado Flores y Miel, en el que la defraudación
al fisco alcanzó un millón de dólares y
estuvo involucrada una nieta del Presidente.
Otro que llamó la atención fue la venta
del ingenio azucarero Aztra, de propiedad estatal, en 100.000
dólares cuando, según el ex-ministro de Industrias,
Juan Falconí Puig, costaba más de 40 millones de
dólares. El beneficiado en esta transacción fue el
grupo económico Isaías, uno de los más
poderosos del país.
El propio Dahik, ha sido acusado por los
socialcristianos, de enriquecimiento ilícito y de evadir
impuestos en la venta de su casa. El Presidente de la Corte
Suprema de Justicia Miguel Macías Hurtado, tras una
denuncia de dos legisladores socialcristianos en el sentido de
que Dahik habría manejado indebidamente unos 500.000
dólares de las cuentas reservadas del Estado a
través de sus dos secretarios privados, inició un
juicio penal en contra del segundo mandatario.Cortina de
humo
El presidente Sixto Durán Ballén, luego de
un prolongado silencio, defendió a su Vicepresidente y
propuso varias medidas para combatir la corrupción, entre
ellas: una ley anti-corrupción; que se levante el sigilo
bancario para altos funcionarios de los últimos 15
años y conformar una comisión
anti-corrupción conformada por el actual y los
ex-contralores del Estado.
Las medidas propuestas por Durán Ballén
resultan inviables pues se tendría que auditar a 10.000
funcionarios. La medida, en cambio tiende a echar una cortina de
humo sobre el enjuiciamiento al Vicepresidente, involucrando en
la investigación a los cuatro últimos gobiernos,
ninguno de los cuales ciertamente está exento de
escandalosos casos de corrupción.
Monstruo de mil cabezas
Pero fuera de este forcejeo político que
involucra a las cúpulas del Estado y de los partidos
políticos, lo cierto es que en esta coyuntura se ha puesto
en evidencia la gravedad y la profundidad de la
corrupción. Según un estudio del Centro Andino de
Acción Popular, CAAP, en 1993 el desvío de fondos
por corrupción ascendió a un 7% del presupuesto
general del Estado. En el Ecuador, se ha institucionalizado la
"coima" o "mordida", consistente en los sobornos que reciben los
funcionarios públicos por agilitar procedimientos
burocráticos, negociar contratos o adquirir bienes para el
Estado.
La evasión tributaria, que es una forma de
corrupción identificada con el sector privado,
alcanzó, en 1993, los 900 millones de dólares, un
39% del presupuesto del Estado, según el mismo
análisis.
La corrupción es un monstruo de mil cabezas cuyos
tentáculos alcanzan a las esferas de lo público y
lo privado, a las élites económicas y
política a los sectores medios y a los sectores populares.
La corrupción envuelve a muchos y adquiere las más
variadas formas. Perjudica sobre todo a los más pobres. En
los sectores altos es un reflejo de deterioro de los valores
éticos. En los sectores bajos constituye un mecanismo de
supervivencia no por ello justificable.
Manos limpias
Los más pesimistas sostienen que la
corrupción siempre ha existido y que será
difícil erradicarla, al menos mientras se mantenga el
sistema de libre mercado que la genera y sostiene. Los
optimistas, en cambio, señalan que si es posible remover
la conciencia ciudadana y romper el miedo, la indiferencia y la
complicidad.
Con estos últimos propósitos,
surgió el Movimiento Ciudadano Manos Limpias, constituido
por organismos no gubernamentales, ecologistas, comunidades
cristianas y organizaciones de mujeres y
personalidades.
Sus símbolos son las banderas blancas. Se trata
de un movimiento transversal a la sociedad, sin cúpulas ni
jerarquías, con espontaneidad creativa para generar
acciones simbólicas que muevan a un mayor número de
ciudadanos a presionar por medio del teléfono, de cartas,
de faxes, de marchas, de foros y mesas redondas, según lo
define el periodista Simón Espinosa.
El Movimiento Manos Limpias organizó
demostraciones públicas en Quito, Guayaquil y
Machala. En Quito, decenas de ciudadanos, se reunieron en
el Congreso Nacional, armados de escobas e instrumentos de
limpieza, para efectuar un "baldeo popular a la
corrupción".
Lo mismos hicieron en las cortes de justicia en
Guayaquil y Machala.Las denuncias sobre corrupción pueden
diluirse y quedar en nada pues involucran a todas las funciones
del Estado y en especial a los peces gordos. En estas condiciones
vale preguntarse ¿quién puede poner el cascabel al
gato?
TOMADO WWW.ELCOMERCIO.COM
17/Mayo/1996
LA MADRE DE TODAS LAS
PROVIDENCIAS
Quito. 17 may 96. El presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, dispuso se
solicite, por vías diplomáticas, la
extradición del ex vicepresidente de laRepública,
Alberto Dahik; de sus ex secretarios, Gladys Merchán y
Juan Mario Crespo; y de el ex canciller, Diego Paredes, todos
prófugos de la justicia por el juicio de losfondos
reservados.En una providencia, dictada ayer, el juez ratifica la
orden de prisión que pesa en contra de las personas antes
citadas y precisa que se suspende el procedimiento (el juicio)
hasta que sean extraditados los prófugos o se presenten
voluntariamente.Solórzano anota que al haberse comprobado
la existencia de los delitos de peculado y de enriquecimiento
ilícito y por existir presunciones graves de
responsabilidad en contra de los sindicados, Alberto Dahik; Juan
Mario Crespo y Gladys Merchán, en el grado de
autoría; Francisco Costales, Ricardo Muñoz
Chávez, Juan Carlos Faidutti y Mauricio Pinto, en el grado
de encubrimiento; y de Diego Paredes, en el grado de
complicidaden el delito de enriquecimiento ilícito,
presuntamente cometido por Alberto Dahik, declara abierta la
etapa de juicio plenario en contra de los mismos, ordena una
evaluación siquiátrica y pide que nombren
defensor.Además el juez ordena el embargo de los bienes de
los encausados hasta por la suma dispuesta arbitrariamente de los
fondos públicos, debiendo oficiarse para el efecto a
losregistradores de la propiedad, especialmente de los cantones
de Quito y Guayaquil.Juicio para diputadosEn la misma
providencia, el presidente de la Corte dispone que se proceda al
enjuiciamiento penal, previo al cumplimiento de las formalidades
legales, de los diputados del Partido Conservador, Freddy Bravo,
Wilman Costa, Leonardo Escobar y Marcelo Saltos.El juez precisa
que los diputados citados en sus informes rendidos con juramento
no se hallan respaldados con justificativos que afiancen su
credibilidad y, por el contrario, permiten presumir que han
faltado a la verdad con deliberación, presumiéndose
han incurrido en el delito de perjurio, por lo que debe
procederse al enjuiciamiento penal.Por los motivos anotados, el
juez también ordena al juez competente, el enjuiciamiento
penal al representante legal de la empresa Veritas Publicidad,
Horacio Chavarría Paladines, quien ha faltado a la verdad
con juramento.Para los ex asesores de Alberto Dahik,
Solórzano, dispuso el enjuiciamiento por presunciones de
responsabilidad en el delito de consución. Luis Rueda
Jácome, Vinicio Garzón Torresano, y Franklin
Maldonado, recibieron sobresueldos, a sabiendas que los fondos
provenían de la cuenta de gastosreservados de la
Vicepresidencia, cuya disposición era arbitraria, sin
merecerlo, en razón de que percibían remuneraciones
debidamente presupuestadas. El juez recalca que su
pronunciamiento se basa en su profunda convicción en los
valores trascendentes de moralidad, civismo y moralidad que
distinguen el espíritu del pueblo ecuatoriano y en rechazo
a los actos de corrupción que han sido objeto en este
proceso. Abogados apelarán dictamenLos abogados de la
defensa los sindicados en el caso fondos reservados
apelarán a la decisión del presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, y además
insistirán en la nulidad del juicio.Tanto, Walter
Guerrero, abogado de Alberto Dahik, y Rodrigo Bucheli, defensor
de Juan Mario Crespo y Gladys Merchán, mostraron su
sorpresa por el hecho de que Solórzano se haya pronunciado
justo el día del cierre de la campaña
política y tres días antes del proceso electoral,
relacionaron la medidacon una estrategia política.Walter
Guerrero, manifestó que apelará la
resolución del juez porque a su criterio se trata de un
juicio nulo, que no tiene validez procesal porque no se
realizó previamente un juicio político al ex
vicepresidente de la República; además, todo lo
practicado evidencia de que Dahik no se llevó ni un
solocentavo.
TOMADO DE www.umn.edu/humanrts
10 de octubre de 2001
Alberto Dahik Garzozi v. Ecuador,
Petición 12.259, Informe No. 93/01, Inter-Am. C.H.R.,
OEA/Ser./L/V/II.114 Doc. 5 rev. 1 en 397 (2001).
INFORME No 93/01*
PETICIÓN 12.259
ALBERTO DAHIK GARZOZI
ECUADOR
I. RESUMEN
1. El 22 de junio de 2000, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la
Comisión") recibió una denuncia presentada por el
ex Vicepresidente de la República del Ecuador, Alberto
Dahik Garzozi y su abogado costarricense, Carlos Vargas, (en
adelante, "el peticionario") contra la República del
Ecuador (en adelante "el Estado" o "Ecuador") en la que alega que
el Estado del Ecuador ha violado sus siguientes derechos humanos:
el derecho a garantías judiciales (artículo 8), el
principio de legalidad (artículo 9), el derecho a la
igualdad ante la ley (artículo 24) y el derecho a la
protección judicial (artículo 25), todos
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en contravención de las obligaciones que figuran
en el artículo 1(1) de la misma. Por su parte, el Estado
respondió que el peticionario no había agotado los
recursos de la jurisdicción interna y solicitó que
la Comisión desestimase la denuncia.
2. En julio de 1995 el entonces Vicepresidente del
Ecuador, Alberto Dahik, fue acusado de cohecho y abuso en el
ejercicio de sus funciones por el Congreso Nacional. El 4 de
agosto de 1995, dos miembros del Congreso presentaron una
denuncia criminal sobre estos hechos y el Presidente de la Corte
Suprema, el 16 de agosto, decidió dar trámite a la
causa. La investigación en el ámbito legislativo
culminó el 6 de octubre de 1995, cuando la iniciativa de
destituir al señor Dahik no alcanzó la
mayoría de votos necesaria. La investigación
judicial, sin embargo, llevó a la Corte a dictar orden de
prisión preventiva el día 11 de octubre de 1995.
Ese mismo día el señor Dahik entró en Costa
Rica, y el 29 de marzo de 1996, se le otorgó asilo
político.
3. En este informe, la Comisión analiza la
información presentada a la luz de la Convención
Americana y concluye que el peticionario no ha agotado los
recursos internos judiciales para solucionar su situación
en el Ecuador. En consecuencia, la Comisión decide
declarar la petición inadmisible en aplicación de
los artículos 46(1)(a) y 47(a) de la Convención
Americana y el artículo 31(1) del Reglamento,[1]
transmitirlo a las partes, hacerlo público y disponer su
publicación en su Informe Anual.
II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
4. El 21 de octubre de 1999 la Comisión
recibió la denuncia. El 27 de marzo de 2000, la
Comisión inició el trámite de la
petición y transmitió, asimismo, las comunicaciones
pertinentes al Estado y al peticionario. El Estado
presentó una respuesta detallada el 17 de julio de 2000,
la cual ha sido transmitida al peticionario el 26 de julio de
2000 para la presentación de sus observaciones dentro de
un plazo de 30 días. El 18 de agosto de 2000 el
peticionario pidió a la Comisión interponer sus
buenos oficios a efectos de tratar de buscar una solución
amistosa de la materia bajo examen. El peticionario no
presentó observaciones a la respuesta del Estado del 17 de
julio de 2000; y el Estado, en comunicación fechada el
1º de noviembre de 2000, rechazó la posibilidad de
una solución amistosa.
III. POSICIONES DE LAS PARTES
A. Posición del peticionario
5. El peticionario afirma que en su calidad de
Vicepresidente del Ecuador durante la administración del
Presidente Sixto Durán Ballén fue víctima de
persecución política por sus adversarios
políticos, miembros de la dirigencia del Partido Social
Cristiano. Según el peticionario, la persecución se
inició en represalia por unas declaraciones
públicas expresadas por el peticionario en las ciudades de
Guayaquil, Quito, y en varias capitales de provincia, en la que
manifestó la preocupación de su Gobierno por los
avances de la corrupción en Ecuador. En consecuencia,
según la denuncia, se inició un juicio
político ante el Congreso Nacional en su contra con el
propósito de conseguir la iniciación de un juicio
penal y lograr su destitución.[2] El Congreso Nacional
resolvió a favor del peticionario, absolviéndolo de
los cargos que se le atribuían.
6. Alega el peticionario que el 15 de agosto de 1995, no
obstante que el Congreso Nacional lo había absuelto, el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Miguel Macias
Hurtado, allegado al Partido Social Cristiano, de forma
arbitraria e ilegal inició proceso legal en su contra y de
varios funcionarios públicos por dos delitos contra la
administración pública.[3] Según el
peticionario, el referido Presidente de la Corte Suprema
solamente hubiera estado facultado para iniciar un proceso penal
en su contra si el Congreso Nacional lo hubiera inculpado, lo que
no era el caso. El 11 de octubre de ese mismo año, el Dr.
Macias Hurtado ordenó su detención preventiva y
posteriormente, el auto de llamamiento a plenario, lo cual
tampoco estaba facultado para hacer, por la inmunidad
jurisdiccional que gozaba en ese momento el peticionario por su
calidad de Vicepresidente de la República del Ecuador en
ese entonces.[4]
7. Alega el peticionario que el artículo 59(e) de
la Constitución del Ecuador, vigente en esa época,
solamente permite incoar un proceso penal contra un
Vicepresidente de la República si existe la
decisión del Congreso, producto del enjuiciamiento
político. El artículo 59 prevé:
El Congreso Nacional se reúne en pleno, sin
necesidad de convocatoria, en Quito, el 10 de agosto cada
año, y sesiona durante sesenta días improrrogables,
para conocer exclusivamente las siguientes peticiones:
e) Proceder al enjuiciamiento político durante el
ejercicio de funciones, y hasta un año después de
terminadas, del Presidente y Vicepresidente de la
República (. . .) por infracciones cometidas en el
desempeño de sus cargos, y, resolver, su censura en el
caso de declaratoria de culpabilidad, lo que producirá
como efecto su destitución e inhabilidad para
desempeñar cargos públicos durante el mismo
período.
El Presidente y el Vicepresidente de la República
sólo podrán ser enjuiciados por traición a
la Patria, cohecho o cualquier otra infracción que
afectare gravemente el honor nacional.
8. En razón a la orden de detención
ilegalmente ordenada por el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia y la persecución política en su contra, el
peticionario informa que abandonó el Ecuador el día
en que se ordenó su detención provisional, el 11 de
octubre de 1995 y se dirigió a Costa Rica, país
donde pidió asilo político, solicitud que le fue
concedida por las autoridades costarricenses el día
1º de abril de 1996. El peticionario reside en ese
país desde 1995.
9. En adición a lo anterior, el peticionario
afirma que en dicho proceso penal se suscitaron una serie de
irregularidades, entre ellas: a) no se le notificó la
apertura del proceso penal personalmente, sino hasta cuando
acudió a rendir su declaración indagatoria; b) no
se le permitió a sus defensores aportar prueba que
demostrara su inocencia como documentación proporcionada
por la Contraloría General del Estado, la cual se
refería a los gastos reservados del peticionario en su
calidad de Vicepresidente; c) no se le permitió a sus
defensores presenciar las inspecciones realizadas en el Banco
Central del Ecuador por los peritos sobre documentación
relativa a la administración de los fondos asignados a la
Vicepresidencia de la República, lo cual a juicio del
peticionario, constituye una flagrante violación a su
derecho de defensa;[5] y d) en el proceso penal en su contra no
se le permitió participar en una forma directa y no se
respetaron los plazos establecidos por la ley para su
tramitación.
10. El peticionario indica que ante la injusta
persecución penal interpuso el recurso de nulidad ante la
Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue
denegado por motivos fútiles, impidiendo su derecho de
defensa.
11. En cuanto al agotamiento de los recursos de
jurisdicción interna, el peticionario alega que los ha
agotado puesto que interpuso los siguientes recursos: a)
revocatoria del auto de detención provisional, el cual fue
declarado improcedente, por considerar la Corte Suprema de
Justicia que existían elementos que sustentaban la
responsabilidad penal del peticionario por los delitos de los que
se le acusaba; b) la acción de amparo, que fue denegada
por motivos fútiles, violando sus derechos humanos y
constitucionales; y c) la revocatoria de la resolución que
denegó la acción de amparo, recurso que
también fue declarado improcedente.
12. El peticionario finaliza manifestando que el Estado
del Ecuador ha violado los siguientes derechos humanos: el
derecho a garantías judiciales (artículo 8), el
principio de legalidad (artículo 9), el derecho a la
igualdad ante la ley (artículo 24) y el derecho a la
protección judicial (artículo 25), todos
consagrados en la Convención Americana. Por lo anterior,
solicita a la Comisión admitir la presente petición
y permitir su regreso al Ecuador.
B. Posición del Estado
13. Según el Estado, el peticionario no ha
agotado los recursos de la jurisdicción interna para la
reparación de su reclamo; en consecuencia, el Estado
solicitó a la Comisión que declarase inadmisible la
petición presentada por Alberto Dahik Garzozi.
14. En cuanto a los argumentos alegados por el
peticionario, el Estado "solicita al economista Dahik que regrese
al país y haga valer sus derechos ante los tribunales de
justicia nacionales que, (. . .) reúnen todas las
características fundamentales reconocidas en la
Convención". Asimismo, el Estado afirma que el proceso
penal seguido en contra de Alberto Dahik se encuentra suspendido
en la etapa del plenario por encontrarse prófugo el
peticionario, de conformidad con el artículo 254 del
Código de Procedimiento Penal;[6] por lo tanto, el
peticionario no puede afirmar que se han agotado los recursos
internos si ni siquiera el proceso penal iniciado ha llegado a su
fin. Agrega el Estado que el peticionario ha podido hacer uso de
cualquier recurso que la ley le concede para controvertir las
decisiones judiciales e incluso recurrir en
Casación.
15. El Estado señala que el propio peticionario,
en el recurso de apelación presentado ante la primera sala
de lo penal de la Corte Suprema, manifiesta que la
violación del artículo 59(e) de la
Constitución se encuentra tipificada como conducta penal
en el artículo 216 del Código Penal que dispone:
"serán reprimidos con multa de cincuenta a doscientos
sucres y prisión de uno a tres años, los jueces y
demás empleados que, sin la autorización prescrita
por la Constitución, hubieren solicitado, expedido o
firmado un auto o sentencia contra el Presidente de la
República o el que lo subrogue (…)". Consecuentemente,
agrega el Estado, si el señor Dahik consideraba que la
actuación del presidente de la Corte Suprema violaba el
principio de legalidad y debido proceso, él debió
presentar demanda penal contra los magistrados a fin de agotar
dicho recurso interno.
16. El Estado por otra parte señala que el
peticionario ha tenido libre acceso a los recursos internos y que
jamás se le ha negado el acceso a los órganos
competentes para aclarar su situación jurídica,
habiéndosele respetado su derecho al debido proceso bajo
el amparo de las garantías judiciales.
17. En lo relativo a la inmunidad jurisdiccional alegada
por el peticionario, el Estado, en su respuesta fechada el 12 de
julio de 2000, afirma que es un "subterfugio jurídico para
que el delito quede en la impunidad", pues el hecho que el
Congreso Nacional haya pronunciado una decisión
absolutoria a favor del peticionario, esa decisión
únicamente se refiere al juicio político, sin que
tenga efecto en la jurisdicción penal común.
Según el Estado, "la autorización del Congreso
Nacional para el enjuiciamiento del Presidente y Vicepresidente
de la República se limita a actos taxativamente
señalados en la Constitución, a saber:
traición a la patria, cohecho o cualquier otra
infracción que afecte gravemente el honor nacional. Pero
no es necesaria esa autorización para el enjuiciamiento de
estos dignatarios por la realización de otros tipificados
por las leyes penales".
18. En adición a lo anterior, el Estado
señala que de la disposición constitucional no debe
entenderse que el Presidente o el Vicepresidente de la
República están exentos de la responsabilidad penal
por delitos comunes, garantizándose con ello el principio
de igualdad ante la ley. En este punto, el Estado finaliza
enfatizando que en el caso de Alberto Dahik se trata de dos
juicios independientes y diferentes entre sí: el juicio
político, por un lado, el cual buscaba la
destitución del funcionario sometido a dicho juicio, y el
juicio penal, por el otro, el cual busca la responsabilidad
penal.
19. Con respecto a las anomalías procesales que
mencionó el peticionario, el Estado afirma que no se ha
omitido ninguna diligencia o solemnidad del proceso sustancial
que haya repercutido en alguna decisión de fondo en el
proceso, y que se han cumplido dentro del mismo los principios de
legalidad, imparcialidad y del debido proceso. Así mismo,
se le ha garantizado al peticionario su derecho de acceso a la
justicia por cuanto ha podido presentar pruebas en su favor y
ejercitar los recursos efectivos.
20. El Estado afirma estar de acuerdo en que el plazo
razonable garantizado en el artículo 7(5) de la
Convención comienza a partir del momento que la persona es
acusada, entendiéndose como acusación la
notificación oficial emanada de autoridad competente, esto
significa que en la denuncia del peticionario, fue a partir del
16 de agosto de 1995. Sin embargo, la garantía del plazo
razonable no es aplicable en la denuncia de Alberto Dahik
Garzozi, por cuanto se encuentra fuera del Ecuador y por ley el
proceso ha sido suspendido; por tanto, cualquier argumento sobre
el irrespeto a los plazos procesales no es
válido.
IV. ANÁLISIS
A. Competencia ratione personae, ratione loci, ratione
temporis y ratione materiae de la Comisión
21. El peticionario se encuentra facultado por el
artículo 44 de la Convención Americana para
presentar denuncias ante la CIDH. La petición
señala como víctima a una persona individual,
respecto de la cual el Ecuador se comprometió a respetar y
garantizar los derechos consagrados en la Convención
Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión
observa que Ecuador es un Estado parte en la Convención
Americana desde el 28 de diciembre de 1977, fecha en que se
depositó el instrumento de ratificación respectivo.
Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione
personae para examinar la petición.
22. La CIDH tiene competencia ratione loci para conocer
la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de
derechos protegidos en la Convención Americana, que
habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado
parte en dicho tratado.
23. La CIDH tiene competencia ratione temporis por
cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos
protegidos en la Convención Americana, ya se encontraba en
vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido
los hechos alegados en la petición.
24. Finalmente, la Comisión tiene competencia
ratione materiae, porque en la petición se denuncian
violaciones a derechos humanos protegidos por la
Convención Americana.
TOMADO DE www.ecuarunari.org
16 de Abril de 2005
Para detener la furia del
puebloEcuador: Gutiérrez tuvo que decretar Estado de
Emergencia
Quito,
El descontento del pueblo pobre del Ecuador, en especial
de Quito "Luz de América", cada día ha ido subiendo
de tono, el descontento por las políticas nefastas del
presidente Gutiérrez, en contra de la mayoría del
pueblo.
La gota que derramo el vaso, fue la traída de los
prófugos de Abdala Bucaram, Alberto Dahik y Gustavo Noboa
por parte de Lucio Gutiérrez, a través del actual
presidente de la Corte de Justicia y esto a indignado a la
población ecuatoriana.
Luego de las acciones del movimiento indígena,
con la movilización hacia Quito de provincias cercanas, la
paralización y bloqueo en las provincias del sur, los
días 12 y 13 de abril y el paro de Quito del día
13. Parece que todo terminaba allí, pero el descontento
del pueblo y la furia pudieron más que la represión
brutal por parte de la policía, y en horas de la noche se
dio en gran cacerolazo en varios puntos de la ciudad de Quito,
auto convocado a través de Radio La Luna.
Desde entonces hasta la fecha, la población de
Quito luego de cumplir sus actividades diarios, en horas de la
noche se auto convocan a través de La Luna, de todo su
equipo a la cabeza Paco Velasco, para el cacerolazo, el
reventón, el tablazo, y ahora se preparan el rollazo, las
caravanas, periódicos murales, concentraciones en cada
esquina, barrio, parques y realizar los apagones en horas de la
noche.
Pero llego el colmo de los colmos o podríamos
decir la desesperación del Lucio Gutiérrez y anoche
se desenmascaro de dictocráta, declarando Estado de
Emergencia para el distrito metropolitano de Quito, la
cesación del actual Corte de Justicia entre
otros.
Así el Coronel Lucio Gutiérrez, acaba de
sacarse la mascará de dictócrata a dictador en
contra del pueblo, el movimiento indígena ECUARUNARI se
declara en alerta nacional, el tirano a agredido una vez
más a la capital de todos los ecuatorianos, dijo Humberto
Cholango, titular de los pueblos kichwas del Ecuador, en sus
primeras reacciones por la agudización de la crisis en el
país.
Por otro lado condenar la utilización de
instituciones del estado como el Ministerio de Bienestar Social
MBS, ORI entre otros, que en forma obligados tienen que salir a
las calles a defender al presidente traidor Lucio
Gutiérrez. Funcionarios de estas instituciones con garrote
a mano, armados, juntos cero corrupción, salieron a las
calles a contrarrestar y enfrentar el clamor del pueblo e igual
trataron interrumpir la señal de radio la Luna.
Así mismo como ECUARUNARI, nuestro
reconocimiento, apoyo y solidaridad al valiente pueblo de Quito,
que no ha descansado un minuto de protestar en contra del
dictador Gutiérrez, un solo grito se escucha en la
capital, "que se vayan todos", a la cabeza el dictócrata.
También nuestro respaldo y solidaridad a radio la Luna,
que es la voz de Quito, a su director Paco Velasco y su familia,
que reciben constantes amenazas desde el gobierno, por el hecho
de amplificar la voz de todos y todas, quienes vivimos en la
capital.
Este es un mensaje que hacemos conocer al mundo e
indicar que lucha en Ecuador recién empieza, la lucha del
pueblo de Quito ira irradiando en el resto del país y
anoche ya hubo reacciones en la ciudad de Cuenca y muy pronto
será igual en otras ciudades. Finalmente los diputados de
provincias se están trasladándose a Quito, para
reinstalarse en un Congreso extraordinario y tratar de forma
urgente sobre la revocatoria del Estado de Emergencia y la
agudización de la crisis.
Patricio Zhingri T.ECUARUNARI /
ANPE.
TOMADO DE WWW. DIARIOHOY.COM
15/Febrero/2010
'Habrá una página web con el
informe de la Comisión'
Elsie Monge
Quién es: Presidenta de la Comisión de
la Verdad que investiga violación de derechos
humanos
¿Está definida la fecha
para la entrega del informe de su trabajo?Debido al trabajo
de diagramación e impresión del informe, este
demoraría unos días más. Estará listo
entre fines de febrero e inicios de marzo. Además, hay que
ver cómo se encuentra la agenda del presidente Rafael
Correa, a quien entregaremos el informe recogido en cinco
volúmenes (un total de 2 500 páginas). Allí,
se entregará también un resumen ejecutivo de 200
páginas a los presentes y se remitirá a las
víctimas que informaron de su caso.En cuestión
de cifras, cuántas personas involucradas hay,
número de casos, testimonios…Se ha evidenciado que
existen 480 víctimas directas y 400 indirectas
(familiares). Se recogieron 650 testimonios que fueron agrupados
en 115 casos, en los que ocurrieron más de 800 hechos
violatorios. Además, hay 363 personas nombradas en los
testimonios de las cuales solo 90 acudieron personalmente o a
través de sus abogados para presentar su
versión.¿Recibieron la información de
diferentes sectores?Se recogieron testimonios en 17
provincias y en los EEUU, en donde nos entregaron
información en el Departamento de Estado. Fuimos a
España, a Suiza y a otros países de América
Latina en donde viven víctimas que querían
presentar su caso.¿Fueron a Costa Rica para dialogar
con Alberto Dahik?Sí. Allí, queríamos
recoger información que no habíamos podido recabar
de otras fuentes. Hubo un contacto que sugirió esta
reunión.¿El informe será
público?Crearemos una página web que
recogerá el informe para el acceso de la
ciudadanía. Se pondrá el informe y el archivo de
información desclasificada de más de 250 mil
folios, porque eso una vez que se desclasifica es
información pública.
¿Cómo reciben la inmunidad
aprobada en la Asamblea?La inmunidad está en
concordoncia con el principio de las Naciones Unidas que pide su
entrega a las comisiones de la verdad. Eso ya se aplicó en
Ghana, pero hay que recordar experiencias dolorosas como la
ocurrida en Guatemala, en donde asesinaron al presidente de la
comisión a dos días de entregado el informe. En el
Perú, hubo juicios contra los miembros de la
comisión.A poco tiempo de presentado el informe de
Angostura, se conoció el deceso de algunas personas que
dieron su testimonio. ¿Pedirán ayuda al Programa de
Víctimas y Testigos?El Programa de Víctimas y
Testigos que tiene la Fiscalía es parte de los procesos
judiciales. Nosotros no sabemos qué acogerá el
fiscal de lo que presentemos. Hemos tenido amenazas y un par de
atentados en los que se robaron la portatil con
información. Eso ocurrió al inicio de nuestro
trabajo en 2008, pero no lo informamos para evitar que las
víctimas se atemoricen y no acudan a dar su
testimonio.Tras la presentación del informe,
¿qué trabajos quedarán
pendientes?Pedimos una instancia que asegure el seguimiento
de los casos para que haya reparación social.
Además, a través de una Ley de Víctimas que
presentaremos a la Función Judicial, esperamos que haya
cambios en las estructuras para que no continúen las
violaciones a los derechos humanos. (ET)
Así soy yo…
Elsie Monge ha estado al frente de la
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu),
investigando diversos casos de violación de los mismos.Al
momento, se encuentra al frente de la comisión encargada
para investigar la violación de derechos humanos
atribuidos a agentes del Estado, ocurridos entre 1984 y 1988, y
otros períodos.El organismo fue creado el 3 de mayo de
2007, por decreto.
TOMADO DE WWW.CONFIRMADO.NET
10 AGO 2010
MPD rechaza pedido de amnistía a ex
vicepresidente Dahik
Alberto Dahik, ex vicepresidente de la
República
El Movimiento Popular Democrático (MPD) rechaza
el pedido de amnistía que durante su rendición de
cuentas, efectuó este martes, el presidente Rafael Correa,
a favor del ex vicepresidente de la República, Alberto
Dahik (10 de agosto de 1992 a 11 de octubre de 1995).
Dahik fue vicepresidente durante el mandato de Sixto
Durán Ballén, quien le pidió su renuncia, un
año antes de acabar el periodo que le correspondía,
tras ser acusado de malversación de los fondos reservados
de la Vicepresidencia de la República.
Para el legislador Jorge Escala, jefe de la bancada
emepdista, "hay una reconciliación con la derecha y una
reconciliación con los grupos de poder económico;
pero menos con el pueblo, al que por todo lo califica de
terrorista. Se ha acusado por sabotaje y terrorismos a más
de 100 luchadores sociales".
Mientras por un lado habla de defender los intereses de
la patria, precisamente a los anti-patria, a los que asaltaron
los intereses del pueblo ecuatoriano, como (ex presidente Jamil)
Mahuad, el banquero (Fernando) Aspiazu y ahora Dahik, se les
concede la libertad, dijo Escala. "Eso demuestra que este
Gobierno sigue actuando a favor de los intereses de la banca",
acotó.
Asimismo, acusó al actual gobierno de ir en
contra de sus propios principios. "Hablaban de combatir el hambre
y la desnutrición y le quitaron el desayuno escolar a las
escuelas fiscales; hablaban del incremento del salario para los
trabajadores, del aumento al salario de los maestros y siguen
pagando deuda externa", opinó Escala.
TOMADO DE WWW.CONFIRMADO.NET
10 AGO 2010
Pide Correa amnistía para ex
vicepresidente ecuatoriano Dahik
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa
pidió hoy a la Asamblea Nacional (Congreso) que otorgue
una amnistía al ex vicepresidente Alberto Dahik, quien se
radicó en Costa Rica en 1995 tras ser procesado en Ecuador
por peculado. Al final de su informe anual de gestión ante
la Asamblea Nacional, Correa solicitó "la correspondiente
amnistía de los supuestos delitos por los cuales se le ha
perseguido alrededor de 15 años" con base en el numeral 13
del artículo 120 de la Constitución
vigente.
El jefe de Estado aludió a las normas
constitucionales que facultan a la Asamblea Nacional a "conceder
amnistías por delitos políticos e indultos por
motivos humanitarios con el voto favorable de las dos terceras
partes de sus integrantes".
El presidente Correa dijo que es "momento de
reconciliación nacional" y de que es "claro que en el
país ha existido persecución política".
Dahik, economista de profesión, renunció en octubre
de 1995 a su dignidad de vicepresidente del gobierno de Sixto
Durán Ballén (1992-1996) y se exilió en
Costa Rica, cuando la Corte Suprema de Justicia le
instauró un juicio por presunto peculado.
De manera simultánea, sus adversarios
políticos le plantearon un juicio político en el
Congreso de entonces, ocasión en la que afirmó que
era víctima de persecución del ex presidente
León Febres Cordero, fallecido en 2008. El presidente
Correa dijo que aún tiene "inmensas diferencias
ideológicas" con Dahik, pero advirtió que eso
"jamás impedirá que exprese mi convencimiento de
que es un hombre honrado, víctima del odio y la barbarie
que en ese momento afectaban al país".
"Yo no puedo quedarme indiferente a lo que considero
injusticia del pasado, más aún si algo puedo hacer
para solucionarlo", añadió el gobernante
ecuatoriano en su informe anual de gestión.
TOMADO DE www.publimetro.com.
10 DE AGOSTO DE 2010
El presidente de Ecuador pide una
amnistía en favor del ex vicepresidente Dahik
El ex vicepresidente de Ecuador
(1992-1995), Alberto Dahik, es acusado de supuesto uso indebido
de fondos reservados del Estado. EFE/Archivo
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pidió
hoy, durante su informe anual de gestión ante la Asamblea
Nacional, que se tramite la amnistía en favor del ex
vicepresidente Alberto Dahik, acusado en su país de
presunta corrupción.
Correa calificó de "hombre honrado" y
"víctima" de persecución política a Dahik,
economista de profesión, como él, e invocó
el artículo constitucional sobre amnistía para
solicitar al órgano legislativo que la tramite.
Dahik, que fue vicepresidente del país entre 1992
y 1995, es acusado de supuesto uso indebido de fondos reservados
del Estado.
El ex vicepresidente, tras abrirse el proceso
judicial en su contra, se asiló en Costa Rica.
Correa dijo que ahora es un "momento también de
reconciliación nacional" y que no podía "quedar
indiferente" ante lo que consideró "injusticias del
pasado".
Para el mandatario ecuatoriano, Dahik es una
víctima de "la barbarie que en ese tiempo imperaban en el
país" y de "la persecución política" que
dijo existía en el pasado. ´
Por ello, insistió en solicitar que se tramite la
amnistía para Dahik, ante los supuestos delitos por los
que "se le ha perseguido por alrededor de quince
años".
TOMADO DE www.maomoreno.com
10 de Agosto de 2010
Bloque oficialista analizará pedido de
amnistía para Dahik
El asambleísta de País, Mao
Moreno, aseguró que el pedido de amnistía que
realizó el presidente Rafael Correa a favor del ex
vicepresidente de la República, Alberto Dahik; será
la oportunidad para que la Asamblea profundice sobre este
tema."No es únicamente el tema de Dahik, es el caso de
Mahuad; están casos que fundamentalmente tienen que
ser
oportunos en este momento desde la
comisión de Fiscalización y eso nos llama
también al bloque a estudiar, profundizar, debatir porque
es un tema que ha estado segregado y que hoy en día el
presidente Correa ya lo ha tocado, lo ha hecho público y
ésta es una oportunidad muy valiosa"."Entiendo que la
Asamblea tendrá que pronunciarse, pero éste es todo
un análisis…"Moreno afirmó que dicho
análisis permitirá asumir responsabilidades con
aquellos que le hicieron daño al país.
TOMADO DE WWW.ELCOMERCIO.COM
11/08/2010
El ex vicepresidente Alberto Dahik
agradeció hoy el pedido del presidente Rafael Correa a la
Asamblea para que le conceda una amnistía. En entrevista
realizada esta mañana en la estación de
televisión Teleamazonas, Dahik se manifestó "muy
sorprendido y emocionado" por la solicitud y agradeció la
gestión de Correa en su caso.Dahik se encuentra asilado en
Costa Rica luego de que la Corte Suprema de Justicia de
1995 le iniciara un juicio por presunto peculado en el caso de
los fondos reservados.El ex Vicepresidente aclaró que no
tiene acercamientos con el Gobierno, ni presencia política
en el país. Para él, la solicitud de Correa obedece
a su convicción de que cree que hubo persecución y
de que es un hombre honrado.
Para el ex Vicepresidente existen
diferencias "diametralmente opuestas entre sus pensamientos
económicos y los de Correa", pero para él no se
trata de una petición ideológica, sino de una
cuestión de razón, derechos, justicia, y factores
morales.Dahik afirmó que él ha tenido el exilio
más largo de la historia ecuatoriana y agradeció
públicamente a Correa por no dudar de su
honradez.
También recordó que no tiene
ninguna cuenta pendiente con la justicia y lamentó la
"desinformación jurídica" que tiene el fiscal
Washington Pesántez, quien ha dicho que la amnistía
en el caso del ex Vicepresidente no aplica. Pesántez dijo
ayer a medios como diario Hoy y CRE que esta figura se aplica
para delitos políticos, no para delitos comunes y por eso
cree que la opción sería un indulto. "Al Fiscal
abría que preguntarle cómo existe en mi contra un
caso de peculado cuando la Contraloría en su momento, en
1995, dictaminó que todas las cuentas estaban cerradas y
en el actual gobierno la Contraloría ha emitido un
dictamen diciendo que no tengo absolutamente nada pendiente",
afirmó. Además agregó que es "el
único mandatario en la historia del Ecuador que tiene un
juicio sin una previa autorización del Congreso". Dahik
esperará la decisión de la Asamblea Nacional para
decidir si vuelve al país.
Tomado de ww.comercio.com
11 agosto 2010
Noboa: "Dahik no se robó un
centavo, fue un cojudo y por ello nadie debe ir a la
cárcel"
El ex presidente Gustavo Noboa visitó a su ex
ministro de Finanzas, Jorge Gallardo, quien se encuentra en la
Cárcel 4 de la ciudad de Quito, Noboa afirmó que
Gallardo es un hombre honesto, aunque dijo no confiar en la
justicia
El ex presidente Gustavo Noboa visitó a su ex
ministro de Finanzas, Jorge Gallardo, quien se encuentra en la
Cárcel 4 de la ciudad de Quito, Noboa afirmó que
Gallardo es un hombre honesto, aunque dijo no confiar en la
justicia, ya que el equipo de la Fiscalía que tramita este
caso fue el de la ex fiscal Mariana Yépez, mas tiene
esperanza en el fiscal Washington Pesántez en reveer
el proceso contra el ex funcionario. (Canal Uno)
Noboa también se refirió a los
últimos sucesos en el caso Dahik, de quien afirmó
que el ex Vicepresidente "no se robó un
centavo".
Informe demasiado |
EDITORIAL Publicada: |
|
|
Como no podía ser de otra Y claro lo que llamó más la Si hacemos un reemplazo de personajes al momento Los asambleístas pasarían a tomar el Entonces el recuento bíblico De esta manera las lloronas, dejarían de Un aspecto que fue como lanzar una cortina Entre los personajes que quedan sueltos, como no |
TOMADO DE
www.cronica.com.ec
15 de agosto de 2010
Tema Dahik, abre la
polémica
Diversos criterios genera la |
TOMADO DE www.orenses.com
18-08-2010
La Corte Constitucional tiene en sus
manos tres casos judiciales polémicos
En la Corte Constitucional también
se puede definir el futuro jurídico de los ex mandatarios
Abdalá Bucaram y Alberto Dahik y del ex ministro, Jorge
Gallardo.
Los tres acudieron al organismo para que
los procesos penales en su contra sean revisados. Bucaram y Dahik
aspiran que los juicios penales que afrontan sean anulados;
mientras que Gallardo pretende que las medidas cautelares que
pesan en su contra (orden de prisión) sean revocadas. El
caso de Dahik fue el primero que entró a la Corte
Constitucional. La solicitud se presentó el 22 de julio
del año pasado y hasta el momento no tiene una respuesta.
El titular de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño,
explicó que ese caso aún se encuentra en estudio en
la Sala Segunda; que existen dos informes y falta otro. Luego, el
Pleno de la Corte analizará el pedido y tomará una
decisión definitiva (ver entrevista).
Hace una semana, el presidente Rafael
Correa solicitó a la Asamblea otorgar una amnistía
al ex Vicepresidente para que se le libere del juicio por
supuesta malversación de fondos públicos que pesa
en su contra desde 1995. La Legislatura volverá a trabajar
en septiembre cuando se termine su período de vacaciones y
estudiará la propuesta del Presidente. Otro caso que se
encuentra casi un año en la Corte Constitucional es el del
ex ministro de Finanzas, Jorge Gallardo. Su pedido empezó
a tramitarse en septiembre del 2009 y tampoco tiene una
respuesta. Por ese motivo, Gallardo pidió a la Corte
Constitucional que agilite su resolución. Gallardo
regresó al país, desde los Estados Unidos, el 3 de
agosto pasado. Desde ese día se encuentra detenido en la
Cárcel Cuatro de Quito, para afrontar dos juicios por
supuesto abuso de fondos públicos y enriquecimiento
ilícito, cuando fue ministro de Finanzas del gobierno de
Gustavo Noboa.Gallardo volvió para resolver su
situación legal y pidió la revocatoria de la
prisión. Esa solicitud fue negada, la semana pasada, por
el presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional
de Justicia, Hernán Ulloa. En el 2003, Ulloa
impulsó la demanda contra Gallardo como abogado del
fallecido líder social cristiano, León Febres
Cordero. Esa querella, en la cual también fue incluido
Gustavo Noboa (quien recibió una amnistía por parte
de la Asamblea de Montecristi) fue el génesis de los
juicios que mantienen preso a Gallardo.Por eso, el ex Ministro
dice que es víctima de una injusticia; mientras que Noboa
ha denunciado una persecución política.
El caso de Bucaram está en el
Primera Sala de la Corte. Su hijo y asambleísta por el
PRE, Abdalá Bucaram Pulley, se quejó de la lentitud
en el trámite. "Sabemos que hay un informe del juez
Alfonso Luz. Eso está guardado en el escritorio de
Patricio Pazmiño y no deja que nadie lo toque". El
asambleísta dijo que irá a esa instancia para
exigir celeridad.
Tomado de www.el universo.com
02 de septiembre del 2010
Pedido de amnistía para Dahik, oficializado
QUITO. El asambleísta de la ID, Andrés
Páez (c), denunció que la amnistía busca
enfrascar a la Asamblea en la discusión de ese tema en vez
de encargarse de otra tareas fundamentales.
A puertas de que la Asamblea Nacional conozca los
términos del veto presidencial a los proyectos de Ley de
Educación Superior y al Código de Ordenamiento
Territorial (Cootad), el mandatario Rafael Correa
oficializó el pedido de amnistía a favor del ex
vicepresidente de la República, Alberto Dahik.
La solicitud tiene fecha 31 de agosto y su
recepción en la Secretaría General de la Asamblea
es del 1 de septiembre. El pedido ya pasó a conocimiento
del Consejo de Administración Legislativa (CAL).En el
documento, Correa argumenta una supuesta "judicialización
de la política" y explica que el caso de Dahik responde al
secuestro de la Función Judicial por parte del otrora
partido político más influyente del país
(PSC), personalizado en el ex presidente León
Febres-Cordero, "quien se dedicó a perseguir judicialmente
a todo aquel que obstaculizaba su voracidad de poder".Correa
afirma que el caso de Dahik constituye "uno de los más
claros ejemplos de aquella judicialización de la
política, causante de una realidad que ha propiciado el
irrespeto a los derechos humanos".Esta es la segunda vez que
insiste de manera oficial en favor de una amnistía para
Dahik. La primera fue durante la Constituyente de Montecristi,
cuando el trámite no prosperó.En 1995, Dahik y
otros funcionarios fueron acusados de peculado por supuesta
utilización dolosa de fondos reservados. Fue procesado
penalmente y el presidente de la entonces Corte Suprema de
Justicia (CSJ), Carlos Solórzano, dictó orden de
prisión en su contra.Correa sustenta su pedido de
amnistía en el numeral 13 del art. 120 de la
Constitución. En su carta señala: "Estoy
consciente, señor Presidente (de la Asamblea, Fernando
Cordero), que la amnistía no procede por delitos cometidos
contra la administración pública, como es el caso
del que se le acusa a Alberto Dahik. Pero esa fue la forma
mafiosa en que la partidocracia funcionó: acusando a sus
enemigos políticos de delitos de peculado que no
habían cometido, para que no opere ni siquiera una
amnistía después"."Sostener que no procede conceder
la amnistía en este caso, por tratarse de una
acción pública por peculado, sería impedir
que se investiguen las verdaderas causas de la persecución
al ex vicepresidente, que se originaron en divergencias
personales y luchas de espacios de poder, como el país
debe recordar", concluye el oficio.En tanto, los sectores
políticos de la oposición advierten que la
solicitud constituye una acción política de
distracción para la Asamblea, cuando tiene algunos temas
neurálgicos que resolver como el futuro de la Ley de
Educación Superior y el Cootad, cuyas objeciones se espera
que lleguen esta semana.La vicepresidenta del Legislativo, Irina
Cabezas (PAIS), anunció que la próxima semana el
CAL conocerá la solicitud e iniciará el
trámite correspondiente con el envío del caso a una
comisión especializada para que remita un
informe.Descartó que la acción responda a una
"cortina de humo", pues dijo que la Asamblea está centrada
en la aprobación de las leyes y los vetos.Cabezas se
adelantó a señalar que en el caso del ex
vicepresidente Dahik no correspondería una amnistía
como la solicita el Ejecutivo, sino un indulto; pues es un "caso
que no ha sido juzgado por peculado; sin embargo, se
tendrá que analizar a profundidad".La asambleísta
Cynthia Viteri (MG) afirmó que el pedido de
amnistía es una medida eminentemente política para
"distraer la atención a la Asamblea como ya lo hizo cuando
dio su Informe a la Nación (Correa), y nadie
reaccionó respecto a sus fracasos administrativos del
gobierno".Para Andrés Páez (ID) se busca dejar
pasar otras tareas fundamentales como la fiscalización y
armar un frente común frente a los vetos parciales que
están por llegar del Ejecutivo.Rafael Dávila (AL)
manifestó que es complejo entender el pedido de
amnistía, cuando el propio Correa ha cuestionado el
neoliberalismo y el ex vicepresidente es considerado el "padre
del neoliberalismo". Constitución: Art. 120, numeral
13ContenidoLa Asamblea tendrá las siguientes
atribuciones y deberes: conceder amnistías por delitos e
indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las
dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán
por delitos contra la administración pública ni por
genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y
homicidio.
Tomado de www.diario-expreso.com
02 de Septiembre de 2010
El presidente Rafael Correa cumplió
el anuncio que realizó el pasado 10 de agosto, y ayer
oficializó ante la Asamblea el pedido de amnistía
para el ex vicepresidente Alberto Dahik.
Foto: René Fraga /
Expreso
El pedido. El pasado 10 de agosto, durante su
rendición de cuentas a la Asamblea Nacional, Rafael Correa
solicitó considerar el beneficio de la amnistía
para Alberto Dahik.
El presidente Rafael Correa cumplió el anuncio
que realizó el pasado 10 de agosto, y ayer
oficializó ante la Asamblea el pedido de amnistía
para el ex vicepresidente Alberto Dahik.
En el documento, que ingresó al Legislativo ayer
a las 16:56, el Primer Mandatario sostiene que el Ecuador
vivió durante varios años "el secuestro de la
Función Judicial por parte del otrora partido
político más influyente del país
personalizado en León Febres Cordero Ribadeneyra, quien se
dedicó a perseguir judicialmente a todo aquel que
obstaculizaba su voracidad de poder".
El presidente Correa ubica al caso Dahik como uno de
"los más claros ejemplos de aquella judicialización
de la política causante de una realidad que ha propiciado
el irrespeto a los derechos humanos".
Esta no es la primera vez que una solicitud de
amnistía para Dahik es analizada por el poder legislativo.
En la Constituyente de Montecristi, y bajo pedido del ex
asambleísta Necker Franco (PAIS), el tema contó con
un informe favorable que nunca fue debatido en el
plenario.
En su solicitud, el Jefe de Estado hace referencia al
mencionado trámite y recuerda que la documentación
respectiva reposa en el Parlamento.
Además, Correa enfatiza en que el otorgamiento de
este beneficio judicial "contribuirá a la
reconciliación de la República".
Sin embargo, en su propio bloque de asambleístas
ha habido posturas contrarias a esta petición. Es el caso
de Paco Velasco y de María Alejandra Vicuña,
quienes en días pasados así lo
afirmaron.
La vicepresidenta de la Asamblea, Irina Cabezas (PAIS),
reconoció que el tema Dahik podría dividir posturas
al interno de la bancada. Por ello, está previsto realizar
un debate político y jurídico en las
próximas reuniones.
Uno de los puntos por determinar será si es o no
aplicable la figura de amnistía (olvido judicial) que,
según reconoce el propio Correa, "no procede por delitos
cometidos contra la administración
pública".
Pero para el Primer Mandatario "sostener que no procede
conceder la amnistía en este caso, por tratarse de una
acción pública por peculado, sería impedir
que se investiguen las verdaderas causas de la persecución
al ex vicepresidente".
El asambleísta Juan Carlos Cassinelli,
coordinador del bloque oficialista, indicó que las
circunstancias de este caso ameritan conocer a fondo los
antecedentes judiciales y políticos para saber si es o no
procedente la amnistía.
Además, especificó que la bancada
buscará tomar una decisión orgánica; aunque,
dependiente de cómo desarrollen sus compañeros el
debate, también podría haber la opción de
dejar en libertad la votación sobre este tema.
La ley orgánica de la Asamblea determina que el
Consejo de Administración Legislativa deberá
conocer el pedido y remitirlo a una comisión.
En este caso está previsto que sea la de Justicia
y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo
(PAIS), la que analice el tema que para ser aprobado necesita
tener un mínimo de 83 votos.
Cronología del casoEl 5 de junio de
1995, Alberto Dahik reveló que para aprobar leyes y dictar
fallos de interés para el Gobierno, ciertos congresistas y
magistrados de la Corte Suprema de Justicia le exigían
dinero.El 26 de septiembre, 42 diputados firmaron la
moción de censura y destitución.En octubre 6, el
Congreso declaró inocente a Dahik.Seis días
más tarde, el Vicepresidente pidió asilo
político en Costa Rica.
Tomado de es.noticias.yahoo.com
2 de septiembre
Rafael Correa pide amnistía para el
ex vicepresidente Alberto Dahik asilado en Costa Rica
Quito, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador pidió
hoy a la Asamblea Nacional que tramite la amnistía en
favor del ex vicepresidente Alberto Dahik, quien es acusado de
uso irregular de dinero público y está asilado en
Costa Rica desde hace 15 años. Seguir leyendo el
arículo
Foto y Vídeo relacionado
Rafael Correa pide amnistía para el ex
vicepresidente Alberto Dahik asilado en Costa Rica
La solicitud al órgano legislativo fue hecha por
el propio presidente de la nación, Rafael Correa, quien el
pasado 10 de agosto hizo pública su intención de
realizar la solicitud, durante el informe anual de labores ante
el Parlamento.
En el oficio remitido al presidente de la Asamblea
Nacional, el oficialista Fernando Cordero, Correa sostiene que el
caso Dahik es un ejemplo de "aquella judicialización de la
política, causante de una realidad que ha propiciado el
irrespeto a los derechos humanos".
El gobernante admite que la amnistía no se puede
aplicar a personas acusadas por supuestos delitos contra la
administración pública, pero recalca que este caso
muestra "la forma mafiosa en que la partidocracia
funcionó, acusando a sus enemigos políticos de
delitos de peculado (malversación) que no habían
cometido".
"Sostener que no procede la amnistía sería
impedir que se investiguen las verdaderas causas de la
persecución al ex vicepresidente, que se originaron en
divergencias personales y luchas de espacios de poder, como el
país debe recordar", añade Correa en su
escrito.
Según el mandatario, Dahik es una
"víctima" de la persecución política por
parte de grupos poderosos, como el tradicional Partido Social
Cristiano, al que se ha acusado de controlar las cortes de
justicia en el pasado.
Dahik, que fue vicepresidente del país entre 1992
y 1995, se asiló en Costa Rica con su familia tras abrirse
el proceso judicial en su contra.
La petición de amnistía para Dahik ha
causado polémica en Ecuador, ya que lo ha hecho el propio
Correa, que es un gobernante izquierdista que se ha declarado
radicalmente opuesto al neoliberalismo, que impulsó en su
momento el ex vicepresidente
Tomado de mercuriomanta.com
02 de Septiembre de 2010
A favor de Alberto Dahik: Ejecutivo formaliza pedido de
amnistía
Quito (EP)El presidente de la
República, Rafael Correa, mediante oficio No. T.
5454-SNJ-10-1317, dirigido al titular de la Legislatura, Fernando
Cordero Cueva, formalizó su requerimiento para que se
dé el trámite correspondiente a la amnistía
a favor de Alberto Dahik Garzozi, ex vicepresidente de la
República.
Como se recuerda, el presidente Correa formuló
este pedido en el marco de su informe a la nación, el
pasado 10 de agosto. El Mandatario subraya que uno de sus mayores
logros ha sido cambiar las instituciones políticas y
jurídicas, para desterrar para siempre la antigua
República, donde imperó el ejercicio del poder
corrupto y lujurioso de quienes no tenían legitimidad
política, pero lo detentaban por culpa de un sistema venal
y partidocrático que tenía secuestrada a la
Presidencia de la República, producto de lo cual los
ecuatorianos presenciaron también el secuestro de la
Función Judicial.
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |