Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos

Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder (ONU)

Adoptada por la Asamblea General en su
Resolución 40/34, de fecha 29 de noviembre de
1985

La Asamblea General,

Recordando que el VI Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente recomendó que las Naciones Unidas
continuaran su actual labor de elaboración de directrices
y normas acerca del abuso del poder económico y
político,

Consciente de que millones de personas en
el mundo sufren daños como resultado de delitos y del
abuso de poder y de que los derechos de esas víctimas no
han sido reconocidos adecuadamente,

Reconociendo que las víctimas de
delitos y las víctimas del abuso de poder, y
frecuentemente también sus familias, los testigos y otras
personas que les prestan ayuda, están expuestos
injustamente a pérdidas, daños o perjuicios, y que
además pueden sufrir dificultades cuando comparecen en el
enjuiciamiento de los delincuentes,

1. Afirma la necesidad de que se adopten
medidas nacionales e internacionales a fin de garantizar el
reconocimiento y el respeto universales y efectivos de los
derechos de las víctimas de delitos y del abuso de
poder;

2. Destaca la necesidad de promover el
progreso de todos los Estados en los esfuerzos que realicen en
ese sentido, sin perjuicio de los derechos de los sospechosos o
delincuentes;

3. Aprueba la Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder, incluida como anexo de la presente
resolución, la que tiene por objeto ayudar a los gobiernos
y a la comunidad internacional en sus esfuerzos por garantizar la
justicia y la asistencia a las víctimas de delitos y a las
víctimas del abuso de poder;

4. Insta a los Estados Miembros a que tomen
las medidas necesarias para poner en vigor las disposiciones
contenidas en la Declaración y, a fin de reducir la
victimización a que se hace referencia más
adelante, por esforzarse por:

a) Aplicar políticas sociales,
sanitarias, incluida la salud mental, educativas y
económicas y políticas dirigidas
específicamente a la prevención del delito con
objeto de reducir la victimización y alentar la asistencia
a las víctimas que la necesiten;

b) Promover los esfuerzos de la comunidad y
la participación de la población en la
prevención del delito;

c) Revisar periódicamente su
legislación y prácticas vigentes con objeto de
adaptarlas a las circunstancias cambiantes, y promulgar y hacer
cumplir leyes por las cuales se proscriban los actos que
infrinjan normas internacionalmente reconocidas relativas a los
derechos humanos, las conductas de las empresas y otros abusos de
poder;

d) Crear y fortalecer los medios para
detectar, enjuiciar y condenar a los culpables de
delitos;

e) Promover la revelación de la
información pertinente, a fin de someter la conducta
oficial y las conductas de las empresas a examen público,
y otros medios de que se tengan más en cuenta las
inquietudes de la población;

f) Fomentar la observancia de
códigos de conducta y principios éticos, en
particular las normas internacionales, por los funcionarios
públicos, inclusive el personal encargado de hacer cumplir
la ley, el correccional, el médico, el de los servicios
sociales y el militar, así como por los empleados de las
empresas de carácter económico.

g) Prohibir las prácticas y los
procedimientos conducentes al abuso, como los lugares de
detención secretos y la detención con
incomunicación;

h) Cooperar con otros Estados, mediante la
asistencia judicial y administrativa mutua, en asuntos tales como
la búsqueda y el enjuiciamiento de delincuentes, su
extradición y la incautación de sus bienes, para
destinarlos al resarcimientos de las víctimas;

5. Recomienda que, en los planos
internacional y regional, se adopten todas las medidas apropiadas
tendientes a:

a) Promover las actividades de
formación destinadas a fomentar el respeto de las normas y
principios de las Naciones Unidas y reducir los posibles
abusos;

b) Patrocinar las investigaciones
prácticas de carácter cooperativo sobre los modos
de reducir la victimización y ayudar a las
víctimas, y promover intercambios de información
sobre los medios más eficaces de alcanzar esos
fines;

c) Prestar ayuda directa a los gobiernos
que la soliciten con miras a ayudarlos a reducir la
victimización y aliviar la situación de las
víctimas;

d) Establecer medios de proporcionar un
recurso a las víctimas cuando los procedimientos
nacionales resulten insuficientes;

6. Pide al Secretario General que invite a
los Estados Miembros a que informen periódicamente a la
Asamblea General sobre la aplicación de la
Declaración, así como sobre las medidas que adopten
a ese efecto;