El Derecho y los instrumentos internacionales en el marco del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación

Resumen

En las actuales circunstancias socio-políticas y
económicas del Ecuador, hay un gran debate sobre la
posibilidad de que la Asamblea Nacional posibilite la
creación de la Ley Orgánica de Comunicación,
instrumento jurídico que en su proyecto ha recibido un
amplio rechazo de algunos medios de comunicación social y
de actores políticos de oposición al gobierno
nacional. Creemos firmemente la necesidad de que el país
cuente con una Ley de Comunicación verdaderamente
democrática, elaborada y construida por todos los actores
sociales y que represente un instrumento expedito para regular y
señalar los altos objetivos del periodismo nacional y de
la ciencia de la comunicación social. Como está
concebido actualmente el proyecto, con errores
tecnicos-jurídicos e imprecisiones, es importante
mejorarlo para que quede nítido su concordancia y apego a
la Constitución de Montecristi 2008 que manda a crearse
esta Ley. Nos parece, en lo fundamental, si se corrigen sus
errores, viable, toda vez que guarda armonía con los
principales instrumentos internacional que el Ecuador es
signatario y por tanto se ha comprometido respetar y acatar. El
Consejo de Comunicación e Información, ha crearse
según el Proyecto, debe ser un instrumento que garantice
la imparcialidad y la idoneidad del procedimiento administrativo
que contempla para las resoluciones de las sanciones
administrativas que se darán a quienes infrinjan las
normas de la ley, y no un ente burocrático al servicio del
poder de turno. No es una ley punitiva sino administrativa con
respecto a las sanciones en ese orden.

PALABRAS CLAVES:

Constitución, Instrumentos Internacionales, Ley
Orgánica de Comunicación. Derecho Administrativo,
Derecho Penal, Derecho Internacional, Interpretación
constitucional y legal, Derechos Humanos, Libertad de
expresión y de opinión, libertad de Prensa, censura
previa, profesionalización de periodistas y comunicadores
sociales.

Aspectos
jurídicos del proyecto de Ley Orgánica de
Comunicación

El Proyecto de Ley Orgánica de
Comunicación que se tramita en la Asamblea Nacional, a mi
criterio, (si bien adolece de defectos
técnicos-jurídicos en algunos de sus disposiciones,
éstos son susceptibles de perfeccionarse) es absolutamente
constitucional, toda vez que revisados sus contenidos normativos
insertos en los articulados, éstos no atentan contra norma
constitucional alguna, al contrario, es una exigencia contenida
en la Primera Disposición Transitoria de la
Constitución en vigencia que la Asamblea Nacional expida
la Ley de Comunicación.

Hay una aceptación mayoritaria en la doctrina en
considerar que una ley o norma es inconstitucional cuando
está en contradicción con las normas o principios
que figuran taxativamente en la Constitución. Establecer
esta divergencia o contradicción entraña un proceso
previo de interpretación. Hans Gadamer en su "Verdad y
Método" explica que la interpretación no es un acto
complementario a la comprensión, sino que comprender es
siempre interpretar y, en consecuencia, la interpretación
es la forma explícita de la
comprensión".

Rodolfo Luis Vigo en su obra "Interpretación
Constitucional" establece que la interpretación
jurídica tiene por objeto reconocer o atribuir un
significado jurídico a cierto texto jurídico
(conductas, cosas, palabras y otros signos). La
interpretación no es únicamente una forma
científica o técnica de conocer el significado de
las palabras empleadas por la ley, sino que es práctica
dado que busca resolver un caso buscando la justicia".

En otras palabras, si interpretar es la
indagación del significado de una norma utilizando
diversos criterios y métodos que el Derecho permite, el
significado jurídico que se busca, en el contexto general
de una norma, se lo debe de hacer con criterio de justicia, con
objetividad, con realismo y sin apasionamiento de ninguna
especie. A través de ello, se puede detectar la
inconstitucionalidad de una norma inferior con respecto a la
Carta Magna, es decir, encontrar la contrariedad existente; en
este evento, de acuerdo con la normatividad actual constitucional
carecerían de eficacia las normas de menor rango o
jerarquía.