Los Derechos Humanos y la Administración de Justicia

Introducción

La expresión Administración de Justicia envuelve por si misma un equívoco, ya que en principio alude a la actividad de uno de los tres poderes del Estado según la división clásica de Montesquieu. Sin embargo, al mismo tiempo, la terminología supone una referencia directa a una actividad de administración, que desde luego es cosa distinta del ejercicio de una potestad o un poder judicial o jurisdiccional.

Este equívoco no consiste sólo en la falta de precisión de una expresión habitual, por el contrario se ha traducido en una cuestión científica e intelectual de importancia. No debe olvidarse que la vieja dogmática alemana, es decir, la doctrina jurídica de derecho público en Alemania en el último tercio del siglo XIX, tan preocupada por la conceptualización, se planteó el problema de si cabía una distinción entre Administración y Jurisdicción. Ello no carecía por completo de sentido, ya que estando concebida la división de poderes en torno a la Ley, se daba cumplimiento a la misma tanto por el Ejecutivo en sus tareas de gobierno y administración, como por la Jurisdicción al aplicar las leyes en los casos concretos.

Así existen unas decisiones de carácter  ejecutivo (bien de regulación y control, bien de prestación de servicios) cuyo cumplimiento corresponde a la Administración, mientras que existen unas decisiones meramente prescriptivas, que aprueban reglas de conducta a cumplir directamente por los ciudadanos y eventualmente por los poderes públicos en sus relaciones con ellos. El control del cumplimiento de estas decisiones prescriptivas, se encomienda a una organización especializada distinta de la Administración general, que es la Administración de Justicia.

Así pues una noción correcta de las ideas a que se refiere la expresión Administración de Justicia se obtendría distinguiendo dos aspectos de la misma. De una parte el ejercicio del Poder Judicial, aplicando las leyes en los casos concretos. En este sentido o acepción la Justicia se ejerce por los Jueces o Tribunales. Pero para que sea posible adoptar las decisiones de carácter  secundario en aplicación de la potestad jurisdiccional, y sobre todo para que sea posible ejecutarlas, debe existir una organización administrativa que trabaja en conexión directa con los Tribunales. Se trata de toda la maquinaria administrativa adscrita a la Justicia, que incluye personal de distinto tipo, y que quizás es la estructura estatal a la que corresponde propiamente hablando, abstracción hecha de la terminología convencional, la denominación de Administración de Justicia.

La administración de justicia es una función pública que debe ser suministrada de manera eficiente y oportuna por el Estado. En el Perú existe un sistema de la administración de justicia que no sólo implica al Poder Judicial, sino que esta conformada por el Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, y de manera especial tenemos la jurisdicción Militar y arbitral.

La función jurisdiccional, que es la encomendada al Poder Judicial,
consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, en la resolución
de los conflictos que se plantean entre distintos sujetos (por ejemplo, entre
un ciudadano y la Administración, entre dos ciudadanos, entre un trabajador
y su empleador, etc.), así como el castigo de las conductas realizadas
por una persona y consideradas delito o falta por las leyes; la jurisdicción
es única y se ejerce por el Poder Judicial (Juzgados y Tribunales) extendiéndose
a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio nacional.

Marco Teórico

Durante el desarrollo del presente trabajo tendremos en cuenta además de las normas constitucionales y legales correspondientes a la administración de justicia, las diferentes estudios especialmente seleccionados para analizar el tema desde un punto objetivo.

Encontramos el libro Ensayos sobre Justicia y Derechos Humanos[1]donde se analiza las definiciones básicas de la reforma judicial, la independencia judicial, ampliando su estudio al ámbito internacional sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Igualmente consideramos necesario e indispensable la información contenida en el libro Protección de los Derechos Humanos: Definiciones operativas[2]de la Comunidad Andina de Juristas, donde uno de los capítulos es dedicado directamente para analizar el tema sobre el debido proceso, donde encontramos las garantía de alcance general, garantías procesales y aquellas garantías particulares en materia penal.

Del mismo modo, en su libro La Reforma Judicial en la Región Andina[3]de la Comisión Andina de Juristas, en el cual encontramos aspectos relacionados al sistema de justicia, que sin duda alguna es de suma necesidad para el presente trabajo.

Así mismo, tendremos presente los aspectos pertinentes sobre la administración de justicia y los derechos fundamentales establecidas en nuestra Constitución Política, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Publico, y aquellas normas que resulten necesarias.