Enriquecimiento ilícito con enfoque de política criminal

(ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

"…la inflación legislativa, en gran parte
coincidente con la inflación penal, se encuentra en el
origen de una creciente falta de certeza, oscuridad y dificultad
de conocimiento del derecho difuso y a veces inevitable en este
contexto, resta credibilidad y eficacia a la acción penal
y ofrece, en consecuencia, el mejor caldo de cultivo a la
corrupción y al arbitrio.

LUIGI FERRAJOLI

Introducción

El delito de enriquecimiento ilícito, se
encuentra fundado en el artículo 225 del Código
Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 14 de agosto de 1931. Existe una
efervescencia en la sociedad contra este delito, debido a su
acrecentamiento e impunidad en la actualidad, porque individuos
que adosados de poder, cometen conductas indebidas, corrompiendo
sus funciones para seguir detentando el poder, causando
daños y perjuicios a la administración del Estado.
Es de interés para la sociedad, que se implementen
mecanismos pertinentes para disminuir el enriquecimiento
ilícito; debido a que es un delito que impacta de forma
negativa en el desarrollo económico de los Estados Unidos
Mexicanos.

Es la intención de realizar un estudio profundo
acerca de este tipo penal, como mecanismo de control gobierno;
con un enfoque de Política Criminal, en el ámbito
federal de los Estados Unidos Mexicanos; con la finalidad de
promover la cooperación de los órganos de gobierno
y sociedad, en la implementación de una Política
Criminal, tendiente a construir una cultura de legalidad y
fomentar la participación jurídico-política,
en un contexto de democracia y Estado de Derecho.

DESARROLLO

Antecedentes
históricos del enriquecimiento ilícito

El delito de enriquecimiento ilícito, aunque de
forma endeble tiene su antecedente en el derecho romano;
considerando que las normas en tal ordenamiento jurídico
no fueron claras, en algunas veces llegaban a tener
contradicción y hasta complementarse los preceptos del
derecho penal con el derecho civil; en este derecho la materia de
delitos públicos se regulaba lo siguiente: a) el orden
público, b) la organización política, y c)
seguridad del Estado; estos delitos públicos eran
reprimidos con penas severas, se perseguían de oficio o a
petición de los ofendidos.

Eugene Petit, señala que en el derecho romano los
delitos públicos eran los que atacaban al orden
público, organización política o seguridad
del Estado; todo ciudadano tenía la facultad de perseguir
al criminal, aplicando las reglas de jurisdicción
especial; sin embargo, únicamente las personas importantes
acusaban a los criminales, en los procesos denominados
crimina o judicia publica.[1] El delito
de enriquecimiento ilícito, en el ámbito federal de
México actual, es cometido por servidores públicos
y se persigue de oficio.

En México Colonial se aplicaron las Leyes de
Indias, del 18 de mayo de 1680, que estaban constituidas por
tres: Leyes de Burgos, Leyes Nuevas y Ordenanzas de Alfaro; que
formaban nueve Libros con 6,400 disposiciones; sin embargo, no
encontramos el tipo penal de enriquecimiento ilícito en el
ordenamiento jurídica aplicado durante la época de
México colonial; a mayor abundamiento, se encuentran
informes sobre la venta de puestos públicos, en materia
jurisdiccional y administración pública,
actividades que favorecían la corrupción de los
servidores públicos.

En el derecho penal en época de México
Colonial, no se identifica el delito de enriquecimiento
ilícito; por el contrario, las normas jurídicas
estaban elaboradas en el sentido, de que posibilitaban a las
personas privilegiadas de comprar cargos públicos y
enriquecerse en menoscabo de: la justicia, orden y paz social;
así como la discriminación en los cargos
públicos. Lo cual generó una problemática
para la Corona española al debilitarse su autoridad, ante
grupos de personas con poder regional, que buscaban la forma de
recobrar el dinero que habían pagado por ocupar un puesto
público y los impuestos, ejercían un
enriquecimiento ilegitimo en perjuicio de las clases
homogéneamente más desvalidas; lo cual estaba
alejado del sentido teleológico del derecho, como es el
bien común.

En México independiente, el decreto del 31 de
diciembre de 1936; que expide la Ley de Responsabilidades de los
funcionarios y empleados públicos; en que se menciona por
primera vez el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios
públicos.