Ley de Aguas (Ecuador) (página 3)

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Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari,
dijo que no es posible que el país siga gobernado por
mentiras, con engaños y burlas, sin obedecer el mandato
del pueblo ecuatoriano; lamentó que el país siga
estando en manos de los patrones y siga siendo excluyente. "Vamos
a la desobediencia civil, porque aquí se continúa
engañando a los ecuatorianos y no podemos seguir de esta
manera", acotó. Sin ley o con ley, jamás
permitiremos que nuestros recursos naturales sean robados,
continuaremos defendiendo nuestras riquezas, además, no
nos comprarán con frecuencias, ni borregos, ni con bombas
ni con balas, afirmó.

"Convocamos al país para decir basta a las
mentiras, a los engaños, basta a un solo
asambleísta que obedece órdenes del primer
mandatario; hoy nos toca luchar frente a la prepotencia, al
racismo, a la mentira, a las acusaciones de terroristas. Hoy lo
que nos queda es estar en las calles hasta las últimas
consecuencias. A futuro nos toca ir a Carondelet",
sentenció, Delfín Tenesaca.

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ECUADOR: APROBACIÓN DE LEY DE AGUAS PASARÁ POR
UNA CONSULTA CIUDADANA PREVIA

La propuesta la realizó el presidente de la Asamblea
Nacional Legislativa de Ecuador, el oficialista Fernando Cordero.
El proceso podría durar hasta cinco meses.

Ecuador: El agua, un derecho humano no un negocio

La ley de aguas se convertirá en el parte aguas
definitivo de la llamada "revolución ciudadana".
Aquí se decantarán las posiciones. No hay
alternativa al cumplimiento de la Constitución.

"El derecho humano al agua es fundamental e
irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional
estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la
vida."

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CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI,
ARTÍCULO 12, 2008

Uno de los puntos en que más se
avanzó en la Asamblea Constituyente de Montecristi fue el
relativo al tratamiento del agua y los recursos hídricos.
De hecho, los logros en ese campo llevaron a que muchas personas
se decidieron a votar por el SÍ en la consulta popular del
28 de septiembre del 2008, en la que se aprobó
mayoritariamente la nueva Constitución.En la actualidad,
la ley de aguas se convertirá, paradójicamente, en
el parte aguas definitivo de la llamada "revolución
ciudadana". Aquí se decantarán las posiciones. No
hay alternativa al cumplimiento de la Constitución. No se
puede llegar a acuerdos que atropellen la Constitución.Tal
como sucede en estos días, cuando se discute la ley de
recursos hídricos, dentro y fuera de Montecristi, asomaron
quienes defendían el agua como un derecho humano
fundamental y quienes actúan por sus intereses
particulares.Recordemos la presión de INTERAGUA, la
empresa que privatizó el servicio de agua en Guayaquil y
que ha conseguido en estos días la ampliación de su
concesión en contra de los resultados negativos de la
auditoría realizada por la Contraloría General del
Estado. Sus intereses fueron defendidos por representantes
propios, que rondaban permanentemente por los pasillos de la
Asamblea Constituyente, e incluso por un par de
asambleístas del movimiento oficialista y algún
alto funcionario del gobierno del presidente Rafael Correa. Estos
grupos intentaron buscar una salida sustentada apenas en "el
derecho al acceso al agua", para dejar abierta la puerta a su
mercantilización, es decir su privatización. Y todo
indica que estos grupos son los que han propiciado la
ampliación de la concesión incluso antes de que se
apruebe la ley de aguas.Pero en Montecristi, a la postre, con una
amplia mayoría se impuso la tesis de la vida. El agua no
puede ser vista como un negocio. El agua es un derecho humano
fundamental. Por eso la Constitución no se
circunscribió exclusivamente en impedir la
privatización del agua, sino que fue explícita al
propiciar la desprivatización del agua. De esto se deriva
la prohibición para todo tipo de venta de derechos o
permisos de uso, no se diga concesiones que conducen al
acaparamiento del agua por parte de unos pocos en desmedro de las
mayorías.Para conseguir este logro, tal como acontece en
la actualidad, se contó con una alta participación
y movilización de la sociedad, particularmente del
movimiento indígena y campesino, unido férreamente
por la defensa del agua. Esa presencia y ese aporte fueron
sustantivos. Sin minimizar el trabajo de muchos
asambleístas, cabe resaltar que la contribución de
las organizaciones de la sociedad civil comprometidas desde hace
muchos años con la defensa del agua, como Ecuarunari,
Conaie, Fenocein, Foro de los Recursos Hídricos, entre
otras, permitió consolidar una posición
vigorosa.

Concentración, mal uso y
contaminación

Ecuador es un país con agua
suficiente en términos nacionales y con cuatro veces
más agua superficial que el promedio per cápita
mundial. Pero el problema es que está mal distribuida, que
la contaminación crece y que las fuentes la destruyen de
manera acelerada.La concentración del agua en pocas manos
es notable. El Estado, a través de 64.300 concesiones, ha
entregado 2.240 m3/s de agua; un caudal superior en la realidad
por la apropiación indebida del líquido vital.Las
dos terceras partes de dicho caudal (74,28%) se registraron en el
subsector eléctrico, con 147 concesiones. El riego con
31.519 concesiones representa el 49,03% del total; es decir
19,65% del caudal. Las concesiones para el uso
doméstico del agua son numerosos, 21.281 (33,1%),
pero representan apenas 1,22% del caudal concesionado.Muchas de
las grandes empresas, por ejemplo las bananeras, los ingenios
azucareros o las camaroneras, pagan míseras sumas por el
agua utilizada. Los campesinos que cultivan arroz en la provincia
del Guayas, por ejemplo, pagan un valor 120 veces superior por el
acceso al agua del que pagan el ingenio San Carlos o la bananera
REYBANPAC; los campesinos Toacazo en la provincia de Cotopaxi
pagan 52 veces más y los de Licto en la provincia del
Chimborazo pagan 35 veces más. Además estas grandes
empresas se benefician del agua obtenida al margen de las
disposiciones legales. Y hay por cierto concesiones
desaprovechadas, pues los propósitos especulativos
están a la orden del día.La concentración
del agua en el agro es notoria. La población campesina,
sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego,
representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas
tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del
caudal. Mientras que los grandes consumidores, que no representan
el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal. El
acceso inequitativo a estos recursos constituye una causa
determinante de la inequidad social. Y es, a su vez,
explicación del poder político hegemónico.En
el ámbito agropecuario, el uso del agua se concentra en el
sector agroexportador. Las exportaciones tienen un mayor
contenido de agua de riego que la producción de alimentos
para el mercado doméstico. Hay que anotar que la
producción de alimentos para consumo nacional se ha
debilitado y que el país inclusive se convirtió en
importador de algunos de ellos.El consumo de agua (y por cierto
la contaminación de la misma) creció por el aumento
de la población en las últimas décadas y
también por el incremento de actividades productivas
excesivamente demandantes de agua, sobre todo aquellas orientadas
al mercado externo.La pérdida de los páramos y la
deforestación creciente explican esta compleja realidad, y
a la vez el proceso de azolvamiento de los ríos en la
costa por efecto de las erosión permanente en la sierra y
sus estribaciones; aquí tenemos, a la vez, otra
explicación para los reiteradas inundaciones en la costa.
Tampoco se han resuelto los graves problemas derivados del manejo
contaminante del agua causados por la actividad de
extracción de crudo y manejo de residuos en la
región amazónica.Una de las tensiones fundamentales
de la coyuntura actual es la intención de permitir las
actividades mineras, consumidoras de gran cantidad de agua.
Este es un tema crucial, pues la gran minería
provocaría permanentes conflictos por la disponibilidad
del agua y contaminaría el líquido vital, causando
afectaciones a la soberanía alimentaria.Existen estudios
que demuestran que la contaminación que provoca la
minería existente se extiende peligrosamente por la costa
ecuatoriana, llegando incluso al norte del Perú. Parte de
las plantaciones de banano en Ecuador estarían
contaminadas por mercurio y otros elementos. Esta
contaminación también afectaría a
plantaciones de cacao y a la acuacultura. Incluso estaría
en riesgo parte de las fuentes de agua que se utilizan para el
suministro del líquido vital potabilizado en la ciudad de
Guayaquil.

CORDERO: "YO ASUMO EL COSTO
POLÍTICO DE LA CONSULTA"

El próximo martes se reunirá
el CAL para iniciar la consulta prelegislativa sobre la Ley de
Aguas.

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El presidente de la Asamblea Nacional,
Fernando Cordero (PAIS), informó que el próximo
martes el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) se
reunirá para iniciar el proceso de consulta prelegislativa
sobre el proyecto de la Ley de Aguas.Esto, luego de que ayer
remitió al CAL la documentación (ver archivo en
Recursos) para iniciar el proceso, pese a que en la tarde el
pleno de la Asamblea negó la posibilidad de la consulta a
las comunidades indígenas, afroecuatorianos y montubios.
Cordero señaló que la consulta prelegislativa es
obligatoria y es un mandato constitucional, por lo que no hay
ninguna contradicción. Además, aseguró que
él asume el costo político de la decisión,
informó Radio City (89.3 FM en Guayaquil).Agregó
que no se trata de ninguna imposición, ya que se basa en
la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que
señala que el Legislativo debe realizar este tipo de
consultas cuando los derechos colectivos de algunas
nacionalidades puedan verse afectados por la aplicación de
una ley."Esto es un acto administrativo. El artículo 122
de la constitución dice: el CAL es el máximo
órgano administrativo de la Asamblea", argumentó
Cordero para defender su decisión.Finalmente dijo que el
CAL deberá definir un reglamento que servirá de
base para iniciar esta consulta, pero no especificó
cuánto tiempo durará este proceso.

Fernando Cordero ordena consulta

El Presidente de la Asamblea envió
la resolución al Consejo de Administración
Legislativa para que ejecute la medida.

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Asambleístas de oposición expresaron ayer
su desacuerdo a las decisiones de Fernando Cordero (i),
presidente de la Asamblea Nacional. El CAL deberá realizar
la consulta.

Relacionadas

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Ecuador: Se suspende Ley de Aguas. Fallo judicial ordena
consultar a P. Indígenas

Un sorpresivo giro tuvo la protesta contra el proyecto
de Ley de Aguas. El presidente de la Asamblea Legislativa,
Fernando Cordero, anunció ayer que se aplazará la
votación prevista para cumplir con la sentencia de la
Corte Constitucional de marzo pasado que ordena realizar la
consulta a los pueblos indígenas (Foto:
Conaie).

Cordero evocó esa obligación para evitar
que la ley sea declarada ilegal por "vicios de procedimiento" y
negó que sea "un as bajo la manga" para desactivar las
movilizaciones de las organizaciones indígenas.

Esas demostraciones iniciadas el 4 de mayo, cuando fue
sitiado el Congreso, continuaron el miércoles con bloqueos
de carreteras y refriegas, que dejaban al menos 20 lesionados y
19 detenidos.

La Corte Constitucional emitió la sentencia al
resolver un pedido ciudadano para que ese tribunal reglamentara
las consultas previstas en la Carta Magna sobre leyes que
impliquen derechos colectivos, dijo el viceministro de los
Pueblos Orlando Pérez.

Los indígenas, que componen el 35 por ciento de
la población ecuatoriana de 14,2 millones de habitantes,
rechazan el proyecto alegando que perderán el control de
las fuentes hídricas en sus territorios, y que la
legislación favorecería a mineras y empresas
embotelladoras.

Previamente, el viceministro de los Pueblos (a cargo de
la política indígena), Orlando Pérez, dijo
que la aprobación había quedado postergada en
cumplimiento de la sentencia emitida al fallar la Corte
Constitucional una demanda de los pueblos
indígenas.

Cordero señaló a su vez que el plazo legal
para ese proceso es de cinco meses y garantizó que "todas
las comunidades van a ser informadas y consultadas".

"Si es que se aprueba la ley tal como está en
este momento, sin ese previo proceso de consulta (…)
tendría un carácter inconstitucional",
advirtió Pérez. "Por tanto, en este momento
cambió completamente el escenario con la sentencia",
dijo.

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Editoriales

Miércoles 05 de mayo del 2010
Editorial

La Ley del Agua

La Ley de recursos hídricos ha
llegado al momento de las definiciones en medio del
descontento.El quinto texto del proyecto fue enviado por el
Ejecutivo en agosto del 2009.Desde entonces las organizaciones
indígenas han realizado acciones de protesta, una de ellas
en la Amazonía, en la cual murió el profesor Bosco
Wisum.El 5 de octubre del 2009 llegaron a un acuerdo con el
Presidente: lograr consenso sobre la Ley del Agua antes de que se
trate en la Asamblea, pero el diálogo se rompió el
21 de noviembre.Con estos antecedentes la Asamblea deberá
tomar una decisión que pondrá a prueba la unidad
del bloque gobiernista y la capacidad de legislar para preservar
el derecho de todos al uso del agua, quitando de su
administración toda posibilidad de injerencia
política o de otro tipo de intereses.El agua es vital para
la supervivencia del ser humano, de los animales y de las
plantas, y es un recurso estratégico para el desarrollo de
la agricultura, la industria y el turismo. La decisión es
de enorme importancia y requiere serenidad, sabiduría y
prudencia. ¿Las tendrán los
asambleístas?

Emilio
Palacioepalacio@eluniverso.com

La Ley de Aguas

Algún despistado podría creer
que las posturas de los indios, los camaroneros, las
embotelladoras y los que apoyan a Interagua son irreconciliables.
Hay un punto al menos en el que quizás no se pongan nunca
de acuerdo: privatizar o estatizar el agua.Pero poner las cosas
de ese modo sería equivocado; no solo porque la
privatización o estatización, por mucho que se
diga, no es el centro de la ley, sino porque más
allá de su contenido, hay algo mucho más profundo
que debería preocuparnos: me refiero a que hoy en
día no hay condiciones para aprobar con métodos
democráticos una ley tan importante. Los acontecimientos
de la semana demostraron que la postura que triunfe solo se
podrá imponer por la violencia.El responsable de semejante
descalabro es Rafael Correa Delgado, que con su actitud de querer
imponerlo todo, consiguió que ya nadie crea en la
independencia de la Asamblea Nacional, ni los indios, ni los
camaroneros, ni las embotelladoras, ni los
guayaquileños.Lo lógico sería entonces
unirnos bajo un solo lema: que se suspenda indefinidamente el
trámite de la ley hasta tanto esas condiciones
democráticas se restablezcan.Pero en su lugar, la derecha
se prestó días atrás para que el Gobierno
consiga mayoría contra los indios. A cambio obtuvo unas
pocas modificaciones que en realidad no garantizan nada.Esta
semana, en cambio, fueron los indios los que equivocadamente
pusieron en el centro el asunto del agua en Guayaquil.A los
indios de base la concesión a Interagua les tiene sin
cuidado. Son más serios que sus dirigentes y saben que la
inmensa mayoría ni siquiera conoce Guayaquil.
Preferirían ocuparse de su propio acceso a fuentes de agua
permanentes. Eso los llevaría a descubrir el verdadero
peligro de esta ley, que es el poder inmenso que le dará
al dictador para imponer el esquema que le parezca,
privatización o estatización, en cada región
y sin importar lo que opinen los electores.Pero los dirigentes
indígenas siguen acomplejados con la acusación de
que "le hacen el juego a la derecha", así que no deciden
sus posturas según lo que más convenga sino en un
vano afán de que Correa no los acuse.El viernes los indios
volvieron a sus comunidades con un pequeño triunfo en las
manos después de una semana de pelea. Los
asambleístas, temerosos de la muchedumbre de ponchos que
los "secuestró", aplazaron un mes la aprobación de
la ley. Es una pequeña victoria para todos los ciudadanos
porque significa que en las próximas semanas Rafael Correa
estará un poquito menos fuerte. Pero a Correa estas
pequeñas derrotas no lo amilanan. Ya lo verán los
próximos días recuperándose con rapidez y
tratando de aplastar a alguien (¿quizás a
mí?) para que no se nos ocurra decir que perdió
ante los indios.

Conclusión

El agua como un derecho humano, un paso
históricoPara enfrentar todas estas deformaciones,
la Constitución es categórica. En concreto, en el
artículo 12, se determinó que"el derecho humano al
agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye
patrimonio nacional estratégico de uso público,
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la
vida."En consonancia con esta definición constitucional,
desde el inicio, en el artículo 3 de la
Constitución se estableció como el primer deber
primordial del Estado:"Garantizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación,
la seguridad social y el agua para sus habitantes".A partir de
esa definición inicial, en el pleno de la Asamblea
Constituyente en Montecristi se aprobaron tres puntos
fundamentales:

El agua es un derecho
humano,
El agua es un bien nacional
estratégico de uso público; el agua es un
patrimonio de la sociedad, y
El agua es un componente fundamental de
la naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir
y mantener sus ciclos vitales.

La trascendencia de las disposiciones
constitucionales es múltiple.

? En tanto derecho humano se superó
la visión mercantil del agua y se recuperó la del
"usuario", es decir la del ciudadano y de la ciudadana, en lugar
del "cliente", que se refiere solo a quien puede
pagar.

? En tanto bien nacional
estratégico, se rescató el papel del Estado en el
otorgamiento de los servicios de agua; papel en el que el Estado
puede ser muy eficiente.

? En tanto patrimonio se pensó en el
largo plazo, liberando al agua de las presiones cortoplacistas
del mercado y la especulación.

? Y en tanto componente de la
Naturaleza, se reconoció en la Constitución de
Montecristi la importancia de agua como esencial para la vida de
todas las especies, que hacia allá apuntan los Derechos de
la Naturaleza.

Recomendaciones

La gestión del agua debe estar en manos
públicas y comunitarias, tal como ordena la
Constitución. Esto significa que la autoridad única
del agua garantice y viabilice la participación efectiva
de las todas personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en
la formulación, ejecución, evaluación y
control de las políticas públicas relacionadas con
el agua.

Debe quedar terminantemente prohibido cualquier forma de
servicio ambiental sobre el agua y todos los ecosistemas, como
manda la Constitución de Montecristi. Esta opción
serviría simplemente para encubrir procesos de
privatización de los páramos, bosques, humedales,
pantanos, es decir de las fuentes de agua.

Garantizar el mínimo vital gratuito para todos
los habitantes del país, sin discriminación alguna,
es otro de los puntos clave que tendrá que incorporar la
nueva ley. Esto, sin embargo, no significa que no se
deberán considerar tarifas diferenciadas para el consumo
del agua, pues uno debería ser el costo que tiene el agua
para alguna actividad productiva vinculada a la soberanía
alimentaria y otro mucho más alto para alguna actividad de
recreación, Exigir a los asambleístas que surgieron
y están vinculados en nuestras organizaciones continuar en
la lucha por el cambio, por el respeto y la defensa de las
propuestas impulsadas desde nuestras organizaciones. Las
organizaciones se mantendrán vigilantes de nuestras
autoridades en el cumplimiento de los mandatos de las
organizaciones construidos alrededor de estos
acuerdos.

Declarar la UNIDAD de las organizaciones CONAIE, FEINE,
FENOCIN, y nos ratificamos llamamos a la radicalización de
la movilización nacional en defensa de la vida y el
agua.

Mantener el respeto a la diversidad y la
autonomía de las organizaciones.

Avanzar en las acciones y movilizaciones unitarias y
conjuntas por el cambio y la transformación del modelo de
Estado neoliberal para construir el verdadero Sumak Kawsay (Buen
Vivir)

Coordinar e impulsar a nivel local, regional y nacional
la construcción de una verdadera agenda legislativa, que
tenga como base los derechos consagrados en la
Constitución y los instrumentos
internacionales.

Exigir al gobierno nacional el respeto a las
organizaciones legítimamente movilizadas en ejercicio de
sus derechos a la participación y a la resistencia.
Denunciamos las agresiones violentas del gobierno con las
detenciones, desalojos y heridos de los pueblos indígenas,
campesinos y afroecuatorianos del país.