Así mismo, también se entiende por
servicio público, en sentido orgánico, la
creación de una dependencia administrativa dentro de la
estructura del Estado o de la administración
pública para satisfacer determinadas necesidades de
interés colectivo o público. A esta
afirmación se contrae lo dispuesto en el artículo
236 CRBV. – Num. 20, 8 y 24 en concatenación con el
artículo 196 CRBV – Num. 6: Atribuciones de la
Comisión Delegada «Autorizar al Ejecutivo Nacional
por el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes para
crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de
urgencia comprobada».
Características de los Servicios
Públicos.
Según la doctrina y el ordenamiento
jurídico que los rige, los rasgos más resaltantes
de los servicios públicos pueden compendiarse
así:
Todo servicio público debe suministrarse con
un criterio técnico gerencial y con cuidadosa
consideración a las funciones del proceso
administrativo científico: planificación,
coordinación, dirección, control y
evaluación, tanto en su concepción
orgánica como en el sentido material y
operativo.Debe funcionar de manera permanente, es decir, de
manera regular y continua para que pueda sastifacer
necesidades de las comunidades por sobre los intereses de
quienes los prestan.La prestación del servicio público no
debe perseguir principalmente fines de lucro; se antepone el
interés de la comunidad a los fines del beneficio
económico de personas, organismos o entidades
públicas o privadas que los proporcionan.Generalmente les sirve un organismo público,
pero su prestación puede ser hecho por particulares
bajo la autorización, control, vigilancia, y
fiscalización del Estado, con estricto apego al
ordenamiento jurídico pertinente. (Arts. 113, 184 de
la CRBV.).
ABSTRAC
EXECUTIVE SUMMARY
SUBJECT: The Public Service Act.
TUTOR: Arturo Clery
DATE: August 5, 2010
Concept. "We understand public services,
activities, entities or public or private bodies with legal
personality created by constitution or by law, to give
satisfaction on a regular and ongoing needs of certain categories
of general interest, either directly, by dealer or through any
other legal means, subject to a system of public or private law,
as appropriate. " Analysis
When he says "are activities, entities or
public bodies or private" this expression refers to public
services, in a material sense, ie, any task undertaken by a
public entity, whether it's the Republic, the Capital District,
the States, Municipalities and Metropolitan Districts "legal
persons of public law of a territorial nature, or provided
through functionally decentralized entities: autonomous
institutes, state enterprises, foundations, associations and
civil societies of the State (non-territorial entities). However,
note that public service can also be undertaken by individuals in
accordance with relevant legal. Likewise, it also means public
service in the organic sense, the creation of an administrative
unit within the structure of the State or public administration
to meet certain needs of collective or public interest. This
statement is contracted to the provisions of Article 236 CRBV. –
No. 20, 8 and 24 in concatenation with Article 196 CRBV – No. 6:
Duties of the Executive Committee "authorize the National
Executive by the favorable vote of 2 / 3 of its members to
create, modify or suspend services public in the event of proven
emergency. "
Characteristics of Public
Services.
According to the doctrine and law that
governs them, the most outstanding features of public services
can be summed up thus:
A. All public service must be provided with
a technical managerial and with careful consideration to the
administrative functions of the scientific process: planning,
coordination, direction, monitoring and evaluation, both in its
conception as in organic material and operational sense. B.
Should work on a permanent basis, ie a regular and continuous so
you can sastifacer needs of communities over the interests of
service providers. C. The provision of public services should not
aim primarily for profit; comes before the interest of the
community for the purpose of economic benefit of individuals,
organizations or public or private entities that provide them. D.
Usually they serve a public body, but its provision may be made
by individuals under the authority, control, monitoring and
control of the state, with strict adherence to the relevant law.
(Arts. 113, 184 CRBV.).
Tomado del Diario "El Universo", Lunes 18 de enero
del 2010
Efecto en Derechos
Laborales por nueva estructura
QUITO. El ministro Germánico Pinto
(i), Patricio Rivera y Patricio Ruiz son parte del directorio de
la Empresa Nacional Minera.
Los derechos laborales se vuelven
restrictivos en las nuevas empresas públicas. En el
discurso el Gobierno, en el Plan de Desarrollo Nacional, critica
cómo los regímenes anteriores destruyeron a las
empresas estatales, pero también asegura que es necesario
"reglamentar a la sindicalización en el sector petrolero,
en atención a su carácter estratégico".El
resultado de lo anterior: "No tienes derecho a
sindicalización, ni a contratación colectiva, ni
derecho a huelga", asegura Diego Cano, presidente de la
Federación de Trabajadores Petroleros, quien fue despedido
de la estatal.
Miguel García, presidente de la
Federación de Servidores Públicos, coincide con
Cano en que la pérdida de esos derechos es un problema en
la ley. No ve contradicción en esa pérdida y
el Gobierno que se autodeclara socialista, pues considera
que en realidad "por ninguna parte es de izquierda".
El problema para los trabajadores surge en
los artículos 17 y 18 de la Ley de Empresas
Públicas, en la cual se los divide entre servidores
públicos y obreros. Con esa clasificación solo se
permite la organización del sector obrero, a quienes
se relaciona con actividades operativas, más
manuales. El resto se ampara en la Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, que en las próximas semanas
sería reemplazada por la nueva Ley de Servicio
Público.
García cree que el Gobierno
creó una gran expectativa en los trabajadores, al plantear
que se buscaría fortalecer las empresas estatales
transformándolas en públicas. Sin embargo, para
García, los anuncios no se concretan.
Admite, de otro lado, que la fusión
de las empresas significará el despido de varios
empleados: "La parte administrativa será la más
golpeada".Mientras que Cano asegura que la defensa laboral
se ha vuelto muy difícil, pues el Gobierno ha descabezado
a la organización sindical.
Tomado del Diario "El Universo", Jueves 21 de enero
del 2010
Servidores
públicos rechazan pago mensual de décimos
sueldos
Remigio Hurtado, vicepresidente de la
Confederación Nacional de Servidores Públicos,
asegura que cuenta con el apoyo de los jefes de bloque de la
Legislatura para no dar paso a esta reforma.Señaló
que, en busca de apoyo en la Asamblea Nacional, ha logrado
dialogar con Paco Mocayo, los asambleístas del
ADE, ID, Prian, SP, Madera de Guerrero y "tenemos muchos
servidores y servidoras públicas que también
están con nosotros en la posición de rechazar esta
propuesta de Richard Espinosa (Ministro de Relaciones
Laborales)".Hurtado asegura que estas reformas deberán
pasar por la Asamblea Nacional y no podrán entrar en
vigencia por decreto Ejecutivo.El pago mensual de los
decimotercero y decimocuarto sueldos, junto con los fondos de
reserva y una remuneración variable en función de
las utilidades, están entre los cambios en la
política salarial para este año, según el
ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.En
diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), Hurtado
indicó que lo que pretende el Gobierno con esta
decisión es que si no aceptamos esta mensualización
de los décimos sueldos, "no habrá incremento
salarial en el 2010".
Destacó que en el presupuesto
general del Estado para el 2010 hay $ 6 mil millones más
que en el 2009 y de ese dinero, no hay destinado nada para la
remuneración de los servidores públicos.
Razón por la que hacen un llamado a
los servidores públicos del país para prepararse
para la gran marcha nacional pacífica que
realizarán el día que se debata en segunda
instancia la Ley de Servicio Público
Tomado del Diario "El Universo", Viernes 23 de abril
del 2010 política
Mandatario apunta a
reducir recursos de FF.AA. a futuro
El presidente Rafael Correa manifestó ayer que es
necesario revisar el monto del presupuesto destinado para las
Fuerzas Armadas. "En esta nueva época nuestra única
guerra es contra la pobreza, la inequidad, el desempleo, la
corrupción, la injusticia", dijo en el marco de la
ceremonia del cambio de la cúpula militar.
Según el Mandatario, se debe pensar que el gasto
en defensa alcanza los $ 1.600 millones, de los cuáles $
398 millones son para invertir en la recuperación de la
capacidad operativa de las FF.AA.; el resto, para sueldos y
salarios de los más de 40 mil uniformados. Esto
representa, según Correa, el 2,7% del Producto Interno
Bruto (PIB).
El presupuesto para Defensa Nacional se
incrementó en la pro forma presupuestaria del 2010.
Mientras en el 2009 esta contemplaba recursos por 1.287 millones
de dólares, en el 2010 llegó a $ 1.670 millones, es
decir, registró un aumentó de $ 383 millones, que
equivale al 29,8% de incremento."En el futuro, estas cifras deben
disminuir al menos en términos relativos al PIB, para dar
paso a mayores recursos en ciencia y tecnología,
educación, salud, vialidad, vivienda", puntualizó
el Jefe de Estado.El ministro de Seguridad Interna y Externa,
Miguel Carvajal, manifestó que bajo ese criterio se
"está negociando" con las autoridades militares una
eventual reducción del monto destinado para la
inversión militar en el presente año.
Correa, además, señaló
que se debe analizar la vigencia de ciertas unidades militares
que perdieron su razón de ser, no precisó
cuáles, además de optimizar los recursos,
simplificar y unificar estructuras administrativas y operativas y
reducir el número del personal. También dijo que se
debe racionalizar las cesantías y jubilaciones de la
fuerza pública para regular distorsiones como el nivel de
ingresos de los generales en servicio pasivo que ganan más
que los activos.Se mostró en desacuerdo de que los
militares aporten el 23% de su salario para la seguridad social.
Dijo que con la nueva Ley de Servidores Públicos que se
debate en la Asamblea, se tendrá una adecuada
cesantía para militares y policías.
El comandante del Ejército, Luis
Aguas, señaló que el solo anuncio de la
revisión salarial ya es un motivo de preocupación.
Pidió al mando militar que realice los estudios
correspondientes para que no afectar los ingresos de los
oficiales.
"Las jubilaciones son justas y dignas en
función de los importantes aportes y el esfuerzo a lo
largo de nuestra vida militar".
Tomado del Diario "El Universo", Viernes 24 abril |
10:58 política
Servidores
públicos pendientes de definiciones en fondos de
reserva
Miguel García, presidente de la
Federación de Servidores Públicos,
confía en que esta mañana se introduzca la
modificación en el pago de los fondos de
reserva.
La sesión extraordinaria para el análisis
del Proyecto de Ley sobre los fondos de reserva y
régimen solidario de cesantía estaba prevista
para las 09:00 de este viernes en el palacio
legislativo.
A criterio de García, en lugar de
cambiar la periodicidad del pago al mensualizarlo, lo que amerita
reformarse es que el monto de la aportación (8.33 %) de la
remuneración completa contemplada en el artículo
282 de la Ley de Seguridad Social concuerde con el
artículo 104 de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa.
Señaló que de acuerdo al
documento, se indica que el porcentaje será sobre el monto
de aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), "lo que ocasiona un perjuicio especialmente a
los servidores públicos".
García mencionó a
Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que reconoce que se han hecho
modificaciones basadas en las acotaciones que el sector ha
realizado, pero no se reconoce el monto completo establecido en
el 282.Además, señaló que no es factible que
el empleador deposite los fondos directamente en la cuenta del
trabajador sino en el IESS, porque es la única manera que
tiene el afiliado de determinar que el patrono ha entrado en
mora, explicó.
Expresó que si el empleado "reclama
directamente al patrono… eso implica en algunos casos
despido del trabajador por reclamar sus
derechos".
Tomado del Diario "El Universo", Miércoles 05
de mayo del 2010
Comisión
analiza presión en presupuesto por Ley
La Ley de Servicio Público, que debe presentarse
para segundo debate este viernes, preocupa a asambleístas
y a sindicalistas por el impacto presupuestario que
tendría en las arcas del gobierno central y en las de los
municipios.
Por ello, hoy deben asistir a la
Comisión Legislativa de los Trabajadores (presidida por la
asambleísta Nivea Vélez, del ADE) miembros del
Ministerio de Finanzas (el Ministro no irá porque se
presentará en la Comisión de Seguridad Social) a
fin de explicar cuáles son los problemas que
generaría esa legislación y las que serían
posibles soluciones.Según Miguel García, presidente
de la Federación Nacional de Servidores Públicos,
la nueva ley presionará efectivamente los presupuestos de
las entidades del Gobierno y de los municipios debido a que uno
de los cambios principales es la homologación de los
salarios de los municipios a los del sector público
central.
Adicionalmente, para García otro
problema que afectaría los presupuestos es la transitoria
séptima en la que se indica que todo funcionario que ha
estado laborando en el sector público durante 36 meses a
contrato podrá tener un nombramiento regular
definitivo.
García señaló que los
beneficiados en este tema serían unos 65 mil nuevos
contratados que ingresaron justamente durante este Gobierno.
Ellos estarían ingresando al sector público sin
concurso de merecimientos como lo manda la ley.
Sobre el tema, Linder Altafuya (MPD),
asambleísta miembro de la Comisión de los
Trabajadores, explicó que el tema de la
homologación es un "nudo crítico", pues si bien los
empleados ganarían mayores recursos, habría
municipios que podrían quebrar, pues sus recursos no son
suficientes. Altafuya indicó que el Gobierno deberá
entregar más recursos para poder cubrir los requerimientos
de la ley.
Adicionalmente, sostuvo que se analizará, en
estos pocos días de plazo, la transitoria séptima,
pues mientras se han quitado derechos laborales a los
trabajadores de varios años, ahora se pretende dar
estabilidad a quienes entraron hace 36 meses con el actual
régimen.
Altafuya explicó que la ley ha sido modificada
para garantizar ciertas condiciones de estabilidad a los
trabajadores, como evitar que exista el despido intempestivo en
contra del servidor público.
Tomado del Diario "El Universo", Lunes 10 de mayo del
2010 política
Explicación de
aporte estatal puso en apuros a autoridades
QUITO. La sugerencia de eliminar el aporte estatal a las
pensiones jubilares se hizo antes de que llegara a la
comparecencia Ramiro González (c). Lo planteó el
subsecretario Fernando Soria (d).
La declaración que venía del
subsecretario del Crédito Público del Ministerio de
Finanzas cayó como balde de agua fría a algunos
afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y
representantes de servidores públicos que se encontraban
en el tercer piso de la Asamblea.Eran las 10:30 del
miércoles pasado y en la mesa de sesiones de la
Comisión de lo Económico, con los micrófonos
activados y en son de explicación, Fernando Soria acababa
de topar un tema sensible: sugería revisar la
obligatoriedad del pago del 40% de las pensiones jubilares, que
representan al Gobierno $ 500 millones al año.
"Cualquier seguro debería financiar
el 100% de las pensiones. Históricamente el IESS tuvo
desfinanciamientos, por eso en algún momento se
pidió que en la ley diga que el Estado deberá
contribuir con el 40%. Pero ahora el IESS sí tiene para
pagar el 100%", dijo.El joven delegado del ministro Patricio
Rivera, quien se había definido a sí mismo como un
funcionario técnico y no político, fue un poco
más allá. Dijo: "En la Asamblea, como sugerencia,
se debería ver si es conveniente o no si (el 40%) debe ser
un valor dentro de la ley".
Soria hizo la sugerencia alentado por unas
declaraciones previas de Paco Velasco. El asambleísta
oficialista había explicado a su colega Patricio Quevedo:
"Este 40% es un subsidio… es un aporte extra que hace el
Estado". Según Velasco, no se le puede reclamar ese pago
con la misma entereza que los aportes patronales, pues el Estado
podría responder: "Un ratito, es una cosa
voluntaria".
Solo Quevedo (PSP) lo refutó al
indicar que esa contribución no es un favor del Gobierno.
En la disposición 16 de la Ley de Seguridad Social se
establece entre las "contribuciones obligatorias del Estado" ese
40%. Como en pocas ocasiones, el discurso de Finanzas y de
Velasco recibieron el beneplácito del asambleísta
del Prian, Rodolfo Baquerizo, pues expresó que el IESS
saldría aventajado si se dejara de pagar el 40%, pues el
Gobierno de turno no se sentiría con derecho sobre los
fondos de los trabajadores.
Y el discurso que refería la anterior ministra
Elsa Viteri fue repetido por Soria, cuando se le pidió que
explicara por qué no se pagó ese 40% y asistencia
de salud (que llegan a $ 815 millones, según el IESS).
"Sabíamos que había una disponibilidad financiera
que se podía utilizar para cubrir otra necesidad (…) en
su momento la ministra, con la venia del señor Presidente,
tomaron los recursos de este lugar, que sensiblemente no eran tan
impactantes".
También quiso llevar a la reflexión
a los asambleístas que para pagar $ 500 millones al
año en pensiones hubieran tenido que dejar de pagar un mes
y medio de sueldos públicos.
Ya eran las 11:10 cuando llegó el presidente del
Consejo Directivo del IESS, Ramiro González. Entonces
empezó la comparecencia formal en la cual no se
mencionaron temas sensibles. Se aseguró que se
pagará la actual deuda lo más pronto posible,
cuando se establezcan los montos, y que será con bonos del
Estado.
Al día siguiente, aunque no estuvo en la primera
media hora de reunión, González negó que
Finanzas haya hablado de una posible eliminación del 40%
de las pensiones. Dijo que sería técnicamente
imposible y más bien se propuso encontrar un mecanismo
para asegurar dicho pago de forma directa a la Seguridad Social.
El Ministerio emitió un boletín: "El Ministro
aclaró que en los informes entregados a la Comisión
se abordaron temas relacionados con la deuda que mantiene el
Estado con el IESS, y no de otro tipo de decisiones sobre
subsidios".
Contrario al boletín oficial que emitió la
Asamblea, que reproducía las declaraciones de Soria: "El
IESS al contar con los recursos suficientes, bien podría
asumir el 100% de las pensiones jubilares". "Para ello,
sugirió que se analice la posibilidad de una reforma a la
ley".
Tomado del Diario "El Universo", Lunes 24 de mayo del
2010
Nuevas normas para
gratuidad, docencia y carreras en informe
QUITO. Las universidades analizaron el miércoles
en una asamblea nacional el informe de la Comisión de
Educación.
La gratuidad de la universidad estatal, el
régimen laboral de los profesores y la selección de
las carreras tendrán un nuevo esquema, nuevas reglas, una
vez que se apruebe la Ley de Educación Superior, cuyo
proyecto se encuentra en la Asamblea Nacional.
El informe para el segundo y definitivo debate
–elaborado por la Comisión de
Educación– está listo desde el pasado 7 de
mayo. Este contiene nuevas disposiciones respecto a estos
temas.
Allí se contempla que para el ingreso a
universidades estatales los alumnos deberán participar en
un sistema de nivelación, cuyas normas serán
desarrolladas en un reglamento.
La gratuidad se aplicará en la educación
de tercer nivel (cuando se elige la profesión que desea
seguir) para los estudiantes regulares que se matriculen en por
lo menos el 50% de los créditos y aprueben en las
condiciones ordinarias.
No se cubrirá la segunda ni la tercera
matrícula.
Para el presidente de la Federación
de Estudiantes Universitarios (FEUE de Pichincha), Carlos Torres,
la gratuidad debería abarcar hasta el cuarto nivel (de
posgrado) y manejarse con criterios de responsabilidad
académica.Ese documento –además–
considera en este régimen a casos especiales, como el de
estudiantes embarazadas o en periodo de lactancia, así
como personas que sufren accidentes, enfermedades graves o
calamidades domésticas que sean debidamente
comprobadas.Actualmente, la matrícula y los aranceles
(derechos) son gratuitos.El director financiero del Consejo
Nacional de Educación Superior (Conesup), Jorge Carrillo,
considera que la gratuidad es un caos, porque los estudiantes
creen que todo es gratis, cuando existen aranceles que tienen un
costo. Por ejemplo, el uso de laboratorios, los formularios de
inscripción, el servicio de Odontología, derecho de
arrastre de matricula, cambio de carrera y otros.
En el informe para segundo debate se
modifica la situación de los profesores universitarios,
que pasarían a ser considerados servidores
públicos. Los que trabajen a tiempo completo
deberán cumplir 40 horas semanales; los de medio tiempo,
20 horas; los de tiempo parcial se regirán a lo que
disponga el reglamento.
Para ser profesor titular se exigirá
un título de PhD, que será obligatorio
después de diez años de vigencia de la nueva
ley.
En el reglamento se determinarán las
condiciones de los docentes e investigadores. Allí se
fijarán las garantías laborales, como la cobertura
de Seguridad Social, y también las normas de ingreso,
promoción, estabilidad, evaluación, escalas
remunerativas, fortalecimiento institucional, sanciones,
jubilación y cesación.
El presidente de la Federación
Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos
(Fenapupe), Ernesto Álvarez, considera que el incremento
de horas semanales deberá compensarse en los sueldos. "Si
no hay incremento salarial, nos mantendremos con la misma carga
horaria de 30 horas", sentencia.
Para este dirigente, ese tema de los
profesores no fue consensuado.Respecto a las carreras
universitarias, el informe propone que luego de una
evaluación, estas sean ratificadas o eliminadas,
dependiendo de las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo,
elaborado por la Secretaría Nacional de
Planificación (Senplades).
Si las universidades no acatan esta disposición
podrían ser sancionadas con la suspensión del
financiamiento por parte del Estado.
Según el Consejo Nacional de
Educación Superior, hasta el 2009 se registraban 3.681
carreras, con 502.913 alumnos matriculados.Para Xavier
Tomalá, asambleísta de PAIS que forma parte de la
Comisión de Educación, la evaluación
contínua para acreditar las carreras y los programas
académicos es necesaria. "Si no cumplen, el Estado no
puede invertir en carreras y programas académicos que no
dan resultado", señala.Esta comisión legislativa
también elaboró un informe de minoría que
propone la gratuidad sin excepciones, incluyendo –por
ejemplo– la segunda y tercera matrícula.
Xavier
Tomalá
COMISIÓN DE
EDUCACIÓN
"El Estado no puede invertir en carreras y programas
académicos que no dan resultado".
Reglas propuestas
Presupuesto para investigaciones
Las instituciones de educación
superior de carácter público y particular
asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos al
menos el 6% a publicaciones académicas, becas de posgrado
a sus profesores e investigaciones dentro del marco del
régimen de desarrollo nacional. Requisitos para los
rectores
El rector de una universidad será a
tiempo completo y durará en el cargo cinco años.
Él podrá ser elegido consecutivamente por una sola
ocasión y deberá poseer un título de PhD, el
cual será obligatorio en un plazo de diez años a
partir de la promulgación de esa nueva legislación.
Los candidatos deberán contar al menos con
maestría.Becas para el 15% de
estudiantes
Las instituciones de educación
superior que sean particulares y que no reciban rentas del Estado
deberán establecer programas de becas y ayudas
económicas que beneficien por lo menos al 15% del
número de estudiantes regulares. Las universidades y
también escuelas politécnicas particulares que
reciban rentas del Estado deberán destinar los recursos
asignados por el Estado a la concesión de becas para los
estudiantes de escasos recursos económicos desde el inicio
de la carrera.Ayuda a mujeres y discapacitados
Serán beneficiarios quienes no
cuenten con recursos suficientes, especialmente las mujeres que
estén embarazadas, que tengan hijos menores de cinco
años de edad o que sean jefas de hogar; las personas con
discapacidad y los deportistas de alto rendimiento que
representen al país en eventos internacionales
.
Será pública la U.
intercultural
Al cabo de un año, la universidad
intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas
Amawtay Wasi realizará el correspondiente trámite
ante los organismos de Estado para cambiar su personería
jurídica y con ello convertirla en una universidad
pública. De esa manera esta será partícipe
de las rentas que asigna el Estado a las universidades y escuelas
politécnicas públicas del país.
Incompatibilidad con proselitismo
Las universidades y las escuelas politécnicas son
el centro del debate de tesis filosóficas, religiosas,
políticas, sociales y económicas, por lo que la
educación superior es incompatible con la
imposición religiosa y con la propaganda proselitista
política partidista dentro de los recintos
educativos.
Políticos no podrán financiar
eventos
El informe para segundo debate establece la
prohibición a los partidos y movimientos políticos
de financiar actividades universitarias o
politécnicas.
Tomado del Diario "El Universo", Martes 08 de junio
del 2010
El mandato 8 se
ignora en algunas entidades
La Asamblea Nacional Constituyente
emitió el Mandato 8 para "terminar con la
tercerización" y para que los servidores públicos
tengan una "relación laboral directa y bilateral entre
trabajador y empleador".Sin embargo, en muchas instituciones
públicas, a partir del 1 de enero del 2010 han cancelado
todos los "contratos directos" que tenían firmados con los
servidores que estaban tercerizados, obligación que fue
suscrita para cumplir aparentemente el Mandato 8, pero las
autoridades institucionales desconocieron el derecho de los
servidores contratados.Situación que compromete al Estado
a pagar "grandes indemnizaciones" con intereses, a través
de las demandas laborales presentadas por sus servidores
despedidos, los que fueron cancelados para ser reemplazados por
partidarios y allegados a Alianza PAIS, que no tienen ninguna
experiencia profesional ni laboral para desempeñar el
cargo asignado políticamente.Violación legal que
trae como consecuencia el despilfarro de los fondos
públicos, debido a las demandas legales innecesarias y,
además, por los nuevos grandes sueldos pagados a los
recién llegados como empleados y asesores de las
autoridades institucionales.
Por un buen tiempo se engañó
a los servidores tercerizados que fueron contratados
directamente, con el cuento de que se estaba tramitando la
aprobación de creación de puestos por parte del
Ministerio de Finanzas, a fin de dar supuestamente cumplimiento
al Mandato constituyente Nº 8.Pero, hubo violación de
aquel a pesar de que existe un pronunciamiento del Director
Regional del Trabajo del Litoral, acerca de la situación
laboral de los trabajadores y personal administrativo, asumidos
conforme al Mandato Constituyente Nº 8, y sujetos a la
Loscca, que se les darán los respectivos nombramientos
definitivos a través de las respectivas Acciones de
Personal.
Asimismo, se ha violado en materia laboral
la Constitución de la República, la Loscca y la Ley
de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo.César López
Iturralde
doctor, Guayaquil
Tomado del Diario "El Universo", Miércoles 09
de junio del 2010
Cambios en la Ley de
Servicio Público
La Asamblea Nacional debatirá y aprobará
mañana la Ley de Servicio Público, que garantiza la
estabilidad laboral en el área pública de aquellos
que actualmente laboran y además ratifica que
ningún servidor público podrá ganar
más de cinco mil dólares mensuales.
Esta ley regirá para los 440 mil
funcionarios públicos. La normativa no cobija a los
maestros o profesores porque se determinó que ese grupo de
servidores se regirán por la Ley de Carrera Docente y
Escalafón del Magisterio.Para los servidores
públicos de los gobiernos seccionales se determina que
serán regidos por esta ley, aunque en materia salarial se
respeta su autonomía, cuya actual remuneración
tiene un piso de 360 dólares mensuales con un techo de
hasta cinco mil dólares.El informe fue suscrito
unánimemente por los miembros de la comisión,
destacó la presidenta de ese organismo, Nívea
Vélez, quien resaltó que en la ley se desecha la
figura del despido intempestivo de aquellos servidores que
actualmente laboran en el sector público.En la ley se
elimina la figura de los contratos ocasionales, pues los
asambleístas consideran que toda persona que ingrese al
sector público debe hacerlo por concurso de méritos
y de oposición, y que además el cargo debe estar
vacante.
Las personas que laboran en el sector
público en situación de riesgo, como
radiólogos, enfermeras, etc., tendrán seis horas de
trabajo, pero con una remuneración igual.
Además, se amplía de nueve
meses a un año los meses de lactancia materna para las
madres servidoras públicas.
Tomado del Diario "El Universo", Viernes 11 de junio
del 2010
Colegas y
oposición critican a la oficialista Nívea
Vélez por norma
QUITO. El debate de la Ley de Servicio Público
llevó a constantes consultas entre los asambleístas
de PAIS y de la oposición.
El informe para segundo debate de la Ley de
Servicio Público no se alejó de las críticas
de los asambleístas, quienes ayer advirtieron que la
normativa violaría la Constitución y
garantizará prebendas a los funcionarios públicos
de todos los niveles de gobierno.
El debate arrancó con la
exposición de la presidenta de la comisión de los
Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez (PAIS),
quien resaltó las bondades del proyecto sobre la
estabilidad laboral de los servidores públicos, montos de
jubilaciones, regulación salarial, bonificaciones
geográficas, beneficios de maternidad, evaluación
laboral, entre otras.Pero las críticas se iniciaron con la
intervención del gobiernista Mauro Andino, quien
advirtió que se está legislando de manera ambigua,
general e imprecisa y pidió eliminar beneficios
inconstitucionales contemplados en las disposiciones generales
del proyecto respecto a pagos de horas extras y suplementarias a
favor de los funcionarios y empleados del Consejo Nacional
Electoral.
Seguidamente, la oficialista Betty Amores
lamentó que los 9 asambleístas de la
comisión hayan suprimido el capítulo de los
derechos de los usuarios de los servicios públicos, lo
cual es grave porque la disposición transitoria de la
Constitución establece que se debe aprobar "la normativa
para regular el servicio público y no una ley para los
servidores públicos", dijo.El asambleísta Paco
Moncayo (AL) advirtió que la ley permite el ingreso de
cien mil empleados públicos en cada cambio de gobierno,
pues dijo que según el Ministerio de Finanzas
reveló que desde el 2007 han ingresado 105 mil nuevos
empleados públicos, de los cuales 26 mil recibieron
nombramiento.
Lo más tenebroso, añadió, es que en
la ley se ordena la contratación temporal del 20% del
total de servidores públicos cada inicio de gobierno, con
lo cual ingresarían cada cuatro años 100 mil
empleados al sector público. ¿Hay dinero para
cubrir esos gastos?, preguntó.
El gobiernista César Rodríguez, quien al
inicio de su intervención recibió pifias desde las
barras altas, sugirió la eliminación del texto que
excluye a los gobiernos autónomos, descentralizados, sus
entidades y regímenes especiales de las escalas salariales
que fijará el Ministerio de Relaciones Laborales que
determina que nadie puede ganar más que el Presidente de
la República.
También observó el artículo sobre
el personal docente que menciona que los maestros en todos
niveles y modalidades estarán sujetos a la Ley de Carrera
Docente y Escalafón del Magisterio, lo cual puede generar
conflictos cuando se aplique la normativa.
Más datos: ELABORACIÓN DE
TEXTOS
Próximo debate
Tras el debate de la Ley de Servicio Público y
las sugerencias expuestas por los asambleístas del
oficialismo y de la oposición, la comisión
especializada recogerá las observaciones planteadas en el
pleno y presentará un nuevo texto para la votación
en la próxima sesión que aún no tiene
fecha.
Tomado del Diario "El Universo", Miércoles 16
de junio del 2010
Ley de servicio
público va a debate
La Asamblea Nacional intenta hoy aprobar en
segundo y definitivo debate la Ley de Servicio Público,
para lo cual hasta ayer en la tarde la presidenta de la
Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea
Vélez (ADE), intentaba llegar a consensos en cuatro
puntos.Uno de los temas observados tiene relación con una
transitoria que dispone otorgar nombramientos a aquellos
empleados públicos que estén bajo la modalidad de
contrato por dos años consecutivos. En el tema de los
gobiernos seccionales existe una discrepancia respecto a la
garantía para que los servidores municipales puedan
alcanzar una escala salarial que valore su esfuerzo, todo ello,
sin afectar la autonomía de los gobiernos
descentralizados, afirmó la asambleísta
Vélez.Otro punto crítico también se refiere
a la sugerencia que se dio en el debate de que la ley precise que
quienes pueden acceder a ser funcionarios públicos
serán únicamente los ecuatorianos.
Tomado del Diario "El Universo", Jueves 17 de junio
del 2010
Dos sillas para
ejecutivo en ente que controlará medios
QUITO. La reunión de jefes de bloque de ayer, no
sirvió para que la Comisión de Comunicación
respete el acuerdo interbloques.
Con una moción de Rolando Panchana (PAIS) para
respaldar el texto presentado por Betty Carrillo (PAIS), los seis
oficialistas integrantes de la Comisión Ocasional de
Comunicación aprobaron ayer que el futuro Consejo de
Comunicación cuente con dos representantes del Presidente
de la República, uno de los Consejos de Igualdad, uno de
las facultades o escuelas de comunicación y tres de la
ciudadanía (que serían designados por el Consejo de
Participación Ciudadana)..
A las 17:30, cuando la Secretaría de
la Comisión proclamó los resultados: 6 votos a
favor de PAIS y cinco en contra de MG, SP, CDN, MMIN y PK,
Lourdes Tibán (PK) exclamó: "Quedó roto el
acuerdo (político)" y el resto de la oposición
denunció que el presidente Rafael Correa no tendrá
dos miembros, sino tres de un total de siete, porque los Consejos
de Igualdad son parte del Ejecutivo.
La oposición recordó que el
cuarto punto del acuerdo político firmado en diciembre
pasado establecía que el Consejo de Comunicación
tendrá autonomía e independencia del Gobierno y de
los poderes fácticos y que la Constitución
prohíbe que un organismo regulador esté integrado
por representantes que se constituyan en juez y parte al momento
de tomar decisiones.Antes de votar por la integración del
Consejo, con los mismos 6 votos, PAIS aprobó 19
atribuciones para el Consejo de Comunicación.Entre ellas,
proteger y promover la vigencia efectiva de los derechos a la
comunicación establecidos en la Constitución; los
instrumentos internacionales y la ley; vigilar que las
políticas públicas garanticen y promuevan los
derechos de comunicación; conocer y resolver en sede
administrativa sobre las vulneraciones a los derechos a la
comunicación; el monitoreo técnico de la
programación de radio y televisión con el fin de
determinar el cumplimiento de la clasificación de
contenidos y franjas horarias; y, promover la deliberación
pública y el debate, mediante audiencias públicas,
veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos
consultivos, observatorios u otros mecanismos ciudadanos.Se
agregó una atribución propuesta por Panchana en el
sentido de que el Consejo promueva la transparencia en la
información sobre el tiraje, sintonía y niveles de
audiencia de los medios. Pero no acogió la de
Montúfar para que "los servidores públicos no
vulneren los derechos humanos de los ciudadanos", haciendo
referencia a las cadenas sabatinas del presidente Rafael
Correa.
Tibán recordó que en el art.
68 del proyecto que todavía no se vota (hasta las 18:30 de
ayer), al Consejo se le da otra atribución: la de otorgar
los títulos habilitantes para el uso del espectro
radioeléctrico y pidió que se aclare si debe entrar
en las atribuciones, pero el oficialismo no habló del
tema.La Comisión aprobó anoche hasta el
artículo 55 del proyecto de Ley de Comunicación. Se
dio luz verde a los requisitos para ser parte del Consejo de
Comunicación, la designación, su estructura,
funcionamiento y los requisitos para ser secretario
técnico del ente.
Los miembros del Consejo durarán
cuatro años en sus funciones y no serán de libre
remoción. El Presidente tendrá voto dirimente y
durará dos años en funciones.
La oposición se reintegró a la
discusión a las 18:38 pero los integrantes del oficialismo
salieron del recinto supuestamente por 5 minutos, sin embargo, la
ausencia se extendió por casi hora, para reunirse con el
asambleísta César Rodríguez (PAIS) en la
segunda vicepresidencia de la Asamblea.Al llegar al
artículo 56 sobre los procedimientos administrativos la
sesión se estancó porque no se habían
definido las competencias de los delegados territoriales del
Consejo.
Pormenores: Debate
ProfesionalizaciónSe eliminó que
uno de los requisitos para integrar el Consejo de
Comunicación sea poseer título profesional de
tercer nivel. Además, ser militante de partidos o
movimientos políticos no será un impedimento para
formar parte del Consejo.
PrórrogaBetty Carrillo (PAIS), presidenta
de la Comisión, no descartó que se pueda pedir una
prórroga para la redacción del informe de uno o dos
días. El plazo de entrega del documento vence el
sábado a media noche. La sesión se reinstala hoy a
las 08:00.
VoluntadesA los 54 asambleístas de PAIS
solo les faltan 9 votos para llegar a 63 y aprobar el proyecto
para remitirlo al Ejecutivo y que este ratifique la
integración del Consejo. La oposición denuncia que
varias restricciones a las libertades constan en varios
artículos ya aprobados o por aprobarse.
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 04 de julio
del 2010
La burocracia
creció más de una cuarta parte en tres
años
El gasto aprobado en el Presupuesto del Estado para el
pago de sueldos en el 2010 por $ 5.837 millones, significa el 93%
de la recaudación esperada por el cobro de los impuestos a
la renta y al valor agregado (IVA) y el 77% de lo proyectado para
inversión pública, según cifras del
Observatorio de la Política Fiscal y del Ministerio de
Finanzas.
Con ese gasto en recursos humanos se podrían
construir 45 centrales hidroeléctricas como el proyecto
Baba o financiar tres programas como el denominado Plan
Relámpago, lo que significarían 261 obras viales.No
obstante, Jaime Carrera del Observatorio Fiscal estima que la
cifra total del pago de sueldos bordeará los $ 6.400
millones al final del año, pues deberá
añadirse el pago a empleados de entidades autónomas
como las autoridades portuarias, SRI, CAE, institutos y
universidades; además cubrirse una revisión de los
sueldos de los médicos (en junio pasado les incrementaron
$ 293 en promedio por nuevo contrato colectivo).Eso sin contar
con el anuncio que el presidente Rafael Correa hiciera en
noviembre pasado, en una cadena de televisión, cuando dijo
que en el segundo semestre de este año habría un
aumento salarial para el magisterio, porque no era posible que el
sueldo de un conserje sea $ 478 y el de un maestro que ingresa al
ministerio $ 330. Promesa que ratificó hace tres meses en
El Oro, donde dijo que haría "una histórica reforma
salarial a los docentes", que aún no cumple.
El Observatorio Fiscal resalta que, en términos
del Producto Interno Bruto (PIB) los sueldos pasaron del 7,6% al
12%, entre el 2006 y el 2010; es decir, aumentaron en 4,4 puntos;
mientras que la economía nacional creció un
promedio del 3,2% en los tres años del Gobierno de
Correa.Los $ 6.400 millones que se gastarían en sueldos de
todo el sector público representa el 102% más de lo
pagado por ese rubro en el 2006, que fue de $3.162 millones. Ese
nivel de incremento se explica, según analistas
económicos y asambleístas, en una política
de Gobierno que ahora ha convertido al Estado en un gran
empleador.
Según el ministerio de Finanzas el total de
dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores
del sector público se ubica hoy en 454.034, frente a
356.120 empleados que habían en el 2006.En una
publicación de Senplades, titulada Recuperación del
Estado nacional para alcanzar el buen vivir, se cuestiona la
agenda neoliberal de "un Estado mínimo –tanto en
tamaño como en facultades–", que lejos de achicarse
multiplicó entidades públicas, reduciendo la
rectoría estatal sobre las políticas
públicas. Observa, además, que se asumió la
transformación del Estado como un sinónimo de
privatización, se hizo reformas para vender las empresas
públicas y se buscó la reducción del estado
vía compra de renuncias.
En este diagnóstico Senplades establece que este
Gobierno encontró un complejo panorama institucional que
se ha tratado de resolver con tres reformas:
reorganización de la estructura institucional de la
función ejecutiva, diseño de nuevos modelos de
gestión de las entidades públicas para la
prestación de servicios; y, desconcentración y
descentralización del Estado.
Bajo esta perspectiva y una política de
recuperación de la función planificadora del
Estado, desde el 2007 también se crearon 17 instituciones
adicionales solo en el gabinete presidencial. Se introdujo la
figura de los denominados ministerios coordinadores en siete
áreas: política, de desarrollo social, patrimonio,
política económica, seguridad y de
producción, empleo y competitividad.
Este Diario pidió al Ministerio de Relaciones
Laborales datos sobre el total de instituciones públicas
creadas desde enero del 2007 hasta junio del 2010, la cantidad de
empleados del Estado entre el 2005 y junio del 2010, clasificados
por nombramiento y tipo de contrato, además de una
entrevista con el ministro Richard Espinosa. Pero hasta el cierre
de esta edición los pedidos no fueron
atendidos.
De acuerdo con la información que aparece en la
página web de la presidencia de la República, a
nivel de la función ejecutiva se crearon además los
ministerios: de cultura, justicia y telecomunicaciones. Y las
secretarías: general de la presidencia; la del migrante;
de pueblos, movimientos sociales y participación
ciudadana; del agua; de gestión de riesgos y de
transparencia. Se restableció la Secretaría General
de Comunicación (ya había funcionado en el
2000).
Según el Ministerio de Finanzas se crearon nuevas
instituciones como la Agencia Ecuatoriana de Cooperación
Internacional (adscrita a la Senplades), Plan Ecuador, la Unidad
de Gestión Inmobiliaria; la Secretaría de
Inteligencia y el Consejo para la reactivación de la
Producción y la Competitividad.
Pero uno de los productos de este nuevo
modelo de Estado: el aumento de los empleados en los
últimos tres años, deja ver cifras oficiales
disímiles. El cuadro de recursos humanos por sectores del
Ministerio de Finanzas registra un aumento total de 94.514
empleados públicos entre el 2006 y el 2010.
Mientras el asambleísta Paco
Moncayo, del movimiento Municipalista, exhibe otra cifra que
asegura le fue entregada por el Gobierno. Desde enero del 2007
hasta lo que va del 2010, son 105.000 los nuevos empleados del
sector público, de los cuales 26.000, según
él, habrían recibido nombramiento y 79.000 se
mantendrían por contrato.Para Juan Abel Echeverría,
ex director de la desaparecida Secretaría Nacional
Técnica de Recursos Humanos y Remuneraciones (Senres), el
aumento de empleados públicos sobrepasa los 200 mil
durante este Gobierno. Explica que tradicionalmente la cantidad
de empleados públicos representaba el 6% de la
Población Económicamente Activa (PEA); es decir, la
que está en edad de trabajar.
El Observatorio establece que los 454.304
empleados públicos que hay al momento representan el 10%
de la PEA del país (que es de 4,5 millones de personas),
cuatro puntos más de lo tradicional. Una relación
insostenible para la capacidad de gasto público, cree
Echeverría.A ello se agrega una polémica
práctica del Gobierno: el haber incrementado entre el 2006
y el 2010 al menos en 445% el número de servidores
contratados. Según el Ministerio de Finanzas, en el 2006
habían 16.945 personas contratadas en el sector
público, ahora en el 2010 esa cifra ha subido a
92.332.
"Esa es una falacia que debe desaparecer",
asegura Juan Abel Echeverría, para quien los contratos
masivos de personal han sido el mecanismo oficial para evitar el
mandato constitucional que establece que el ingreso de los
servidores públicos tiene que hacerse mediante un estricto
concurso de merecimientos.
Un ejemplo de evasión de concursos
se encuentra en el Ministerio de Educación, pues
según Nívea Vélez, presidenta de la
Comisión de los derechos de los Trabajadores y Seguridad
Social de la Asamblea Nacional, las vacantes que se han dado por
jubilación se habrían llenado por contratos, por lo
que ha pedido a esa cartera toda la información sobre el
tema, que de comprobarse sería muy grave, según
sostienen la asambleísta.Debido a estas prácticas
Moncayo identifica un error conceptual del actual gobierno:
"pasar en el péndulo del no Estado de los neoliberales, al
hiperestado de los neosocialistas".
Asegura que en un año de crisis como
fue el 2009 el Estado gastó más en sueldos que en
inversión. El pago de remuneraciones sumó $ 5.500
millones, el 15% más que el 2008, mientras las inversiones
bajaron en el 15%, ubicándose en $ 5.700 millones.
Comportamiento que no es compatible con el modelo del gobierno de
Alianza PAIS que busca privilegiar la inversión
pública, afirma Moncayo.
Además, sin inversión
privada, más un 60% de la población encasillada en
el desempleo y subempleo, un crecimiento de la economía
del 0,36% en el 2009 y una proyección de crecimiento para
el 2010 del 6,8%, que genera dudas en este asambleísta y
en analistas económicos, el panorama fiscal es
preocupante.
Moncayo sentencia ahora que si se
continúa haciendo del gasto público en sueldos un
botín político se va a acabar con el Ecuador.
Recomienda cambios para mejorar la calidad del gasto sobre todo
en lo social, pues tiene datos poco alentadores.
Para vivienda se asignaron en el 2010 $ 76,6 millones y
en lo que va del año se han ejecutado solo $ 15,9
millones. En vivienda rural y urbano-marginal se asignaron $ 43,9
millones, luego se redujo a $10 millones y solo se han ejecutado
$ 3 millones.
Además, según el presupuesto del Estado
para el 2010, el Ministerio de Salud proyecta un gasto en
personal de $ 553,6 millones, mientras que en inversiones para
todo el sector de salud (incluye al Consejo Nacional de Salud) se
asignaron $ 529,9 millones; es decir, $ 23,7 millones menos que
para sueldos.
En el Ministerio de Educación el
gasto en personal presupuestado para este año se ubica en
los $ 1.697,3 millones, mientras que las inversiones suman $ 328
millones, cinco veces menos que el pago de sueldos y salarios.A
esto se agregan las intenciones oficiales de pagar a los
contratistas del Estado con bonos del Estado, un indicador de que
existe una iliquidez fiscal.Por eso la expectativa de analistas y
asambleístas es que la nueva Ley de Servicio
Público detenga ese crecimiento y no lo estimule como
parece ser la intención del proyecto original.
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 04 de julio
del 2010
Proyecto de Ley no
refuerza el control
Funcionarios que laboran en el Ministerio de
Educación en Quito, entidad que ha incrementado el
número de contratados.
El proyecto de Ley Orgánica del Servicio
Público (LOSP) mantiene un nivel técnico aceptable,
pero desde el punto de vista político refleja un intento
de hacer adaptaciones que sirvan a los intereses del gobierno de
turno y no le otorga al Ministerio de Relaciones Laborales la
fuerza suficiente para controlar a ese sector.
Estas son las principales observaciones realizadas por
el presidente de los servidores públicos, Miguel
García; y el ex director de la desaparecida Senres, Juan
Abel Echeverría.
Para el primero es cuestionable una transitoria del
proyecto que dispone dar nombramientos a empleados
públicos que estén bajo la modalidad de contrato
por dos años seguidos, por lo que afirma haber solicitado
que eso se aplica si se cumplen los requisitos para el
puesto.
Aunque el art. 228 de la Constitución establece
que debe haber concurso, García explica que en el caso de
contratos ocasionales para asesores, por ejemplo, el tema queda a
discreción de la autoridad nominadora.El proyecto
también establece que es responsabilidad del Ministerio de
Relaciones Laborales ejercer la rectoría del sector
público y definir la política salarial y de
recursos humanos.
Echeverría lamenta la fusión de la antes
Senres con el Min. de Trabajo, pues explica que cuando la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(Loscca) creó a Senres (octubre del 2003) se buscaba el
desarrollo profesional de los servidores públicos, pero
más eficiencia y productividad estatal.
La Loscca, enfatiza, garantiza la estabilidad de los
servidores, protegiéndoles de la arbitrariedad
política, pero al mismo tiempo determina que sus
remuneraciones sean proporcionales a sus funciones, eficiencia y
responsabilidades. Pero el proyecto de LOSP se enfoca más
en el servidor público.
Además, Echeverría resalta
que la Loscca también establecía que las unidades
de recursos humanos de cada institución debían
depender de la antes Senres, pero con la desaparición de
esa entidad, los ministros ordenan los nombramientos de forma
directa, sin concursos.Finalmente, sostiene que sería
preocupante que desaparezcan los logros que tuvo la Loscca y no
se refuerce el control que sí fue un vacío en las
potestades de la antes Senres, pues frente al incumplimiento de
las normas por parte de las instituciones del Estado solo
podía comunicar a la Contraloría para que esta
determine responsabilidades y sanciones.
Tomado del Diario "El Universo", Martes 06 de julio
del 2010
"Spots" contra la
prensa seguirán, decidió Jueza
QUITO. A la audiencia acudieron Wendy Molina, delegada
de la Procuraduría General del Estado; Mauricio Jaramillo,
asesor jurídico de la Secretaría de
Comunicación de la Presidencia, y uno de los solicitantes
de medidas cautelares a la publicidad
La jueza 3ª de lo Laboral de
Pichincha, Gloria Rojas, negó la acción de
protección que plantearon los asambleístas
César Montúfar (de Concentración
Democrática), Fausto Cobo (Sociedad Patriótica) y
Tomás Zevallos (socialista), en un intento por suspender
la publicidad del régimen en las transmisiones del Mundial
de Fútbol.Las resolución se dio la tarde de ayer,
luego de la audiencia pública en donde los
abogados de la Procuraduría del Estado y del Gobierno
solicitaron negar y archivar la acción planteada por
improcedente.En contraparte, los asambleístas
pidieron a la jueza Rojas aceptar la acción y suspender
los spots publicitarios a través de una medida cautelar
urgente.En su fallo, la jueza sostiene que la acción de
los asambleístas no reúne los requisitos
contemplados en la Ley de Control Constitucional; es decir, no
lograron demostrar que los spots publicitarios amenazan de modo
inminente o grave con violar o que violen los derechos
constitucionales mencionados.Al realizar el pedido, los
legisladores se acogieron a las normas constitucionales que
ordenan la igualdad de las personas y la no discriminación
por pensar diferente, disposiciones que según el texto de
la acción fueron violadas por la difusión de la
propaganda gubernamental.Según el texto de la
acción, el Gobierno lleva adelante una campaña de
propaganda política a través de las cadenas de
radio y televisión, en las que difunden spots
publicitarios, cuyos mensajes se repiten en forma reiterada y
simultánea a la transmisión de los partidos del
Mundial de Sudáfrica 2010.
Los contenidos de dichos mensajes, a juicio
de los denunciantes, afectan la honra y la credibilidad de las
personas que se atreven a discrepar con las tesis del
régimen, y predispone a la población en contra de
periodistas, políticos, servidores públicos,
ciudadanos y otros.La audiencia, presidida por Rojas, se
instaló minutos más tarde de la hora prevista
(08:30 de ayer), e inmediatamente Montúfar presentó
dos quejas. La primera, que la jueza no se haya pronunciado con
celeridad y en forma oportuna sobre el pedido de
suspensión de la publicidad, dentro de las transmisiones
de los partidos del Mundial que termina esta semana.
Y la segunda, por haber sido notificado en forma tardía
con la realización de la diligencia.No obstante, la jueza
negó esas afirmaciones al indicar que en su
resolución absolverá todas los pedidos y que la
notificación se cumplió dentro de los plazos
legales (el viernes 2 de julio).
Sin embargo, Montúfar aseguró
que la tardanza fue la razón para que los
asambleístas Lourdes Tibán (PK) y Andrés
Páez (ID), quienes se adhirieron a la acción, no
pudieran participar de la audiencia. Mauricio Jaramillo,
abogado de la Secretaría Jurídica de la
Presidencia, pidió negar los pedidos de los demandantes
por improcedentes y recordó que Montúfar y Cobo en
diciembre del año pasado presentaron una acción
similar, que fue negada por el Juzgado Primero de lo Penal de
Pichincha. Esa acción, al igual que la actual
–sostuvo– fue planteada en contra del secretario de
Comunicación, Fernando Alvarado, a quien responsabilizaron
de actos atentatorios a las garantías constitucionales e
impedimentos a la libre expresión.
Este recurso, a juicio de Jaramillo, se presentó
por los mismos hechos y en un mismo escenario, ya que
solicitó la suspensión de la supuesta publicidad
insultante del Gobierno.
En esa misma línea se pronunció la abogada
de la Procuraduría, Wendy Molina, quien agregó que
en este caso no cabe ningún pedido de medida cautelar,
debido a que no existe derecho ciudadano violado.La red de
monitoreo de amenazas a la libertad de prensa Fundamedios
también denunció que el régimen descalifica
a los medios de comunicación a través de esa
campaña.
ParticipantesCésar
Montúfar
Concentración
Democrática
"La publicidad se convirtió en un instrumento de
descalificación e insulto a los
periodistas".
Mauricio Jaramillo
Abogado de secretaría
Jurídica
"Los accionantes deberían dar el nombre de
quienes se sienten aludidos por la publicidad del
Gobierno".
Tomado del Diario "El Universo", Viernes 06 de agosto
del 2010
Gregory Gines Vinces
Acto colusorio: IESS-Gobierno
En mi artículo del viernes 21 de
mayo del 2010 ("¡Pobre IESS!") daba a conocer sobre la
ilegalidad de la suscripción del convenio de pago de la
deuda, que otro gobierno de la larga noche neoliberal,
tenía con el IESS. La violación expresa del
artículo 74 de la Ley de Seguridad Social vigente, al
permitirle al Gobierno pagar la contribución del 40% de
pensiones para jubilados, a que está obligado
constitucionalmente, con retrasos que irían de 4 a 14
meses, hacía nulo dicho instrumento contractual;
así como, responsables en el ámbito administrativo,
civil y penal a sus suscriptores.La ratificación de dicha
irregularidad a través de la firma del convenio de pago
del pasado viernes 16 de julio del 2010, en donde se establecen
ya los montos y la forma de pago de lo vencido, pero teniendo
como antecedente el instrumento referido, confirma la flagrante
violación de la ley y se podría convertir en un
acto colusorio, al irrogar un perjuicio considerable a los
ingresos del IESS, pero sobre todo a los afiliados activos que
deberán seguir subsidiando al Estado, puesto que sus
aportes actuales son los que financian el pago de las pensiones
en el vigente sistema de reparto intergeneracional.
Para una mayor comprensión,
revisemos lo dispuesto por la ley codificada del Seguro Social
obligatorio de 8 de septiembre de 1988 en su artículo 168:
"Recaudación de aportes del sector público y
bancario.- En el Presupuesto General del Estado, previa su
aprobación por el Congreso Nacional, se hará
constar, obligatoriamente, las partidas suficientes para el pago
de aportes y fondos de reserva de todos los servidores
públicos y trabajadores del Estado, así como la
partida correspondiente al pago del 40% de pensiones…, valores
que serán retenidos y transferidos al IESS por el Banco
Central del Ecuador". "Las cantidades correspondientes se
transferirán y pagarán por mensualidades vencidas,
dentro del ejercicio financiero, bajo la responsabilidad de los
respectivos funcionarios".Este artículo 168 es recogido y
ampliado por el artículo 74 de la Ley 2001-055 de
Seguridad Social que derogó la ley de 1988, considerando
el legislador que era necesario cambiar la mención expresa
de 40% de pensiones por el de contribuciones, puesto que el
Estado no solo debe contribuir al IESS con ese 40%, sino
también con otras, especialmente para el seguro campesino;
aspecto que es confirmado en la decimosexta disposición
general de la misma ley al describir los ingresos del IESS.El
perjuicio económico ascendería a varias decenas de
millones de dólares anuales, considerando que el IESS no
dispondría de dichos recursos, oportunamente, para
realizar inversiones o mejoras en los servicios y prestaciones a
las que está obligado. Además, de otros perjuicios
a los que me he referido en mi articulo señalado.Como si
esto fuera poco, debo mencionar también que en el caso de
los afiliados autónomos, profesionales, voluntarios,
patronos públicos y privados, empresarios en general, que
caigan en mora en sus obligaciones para con el IESS, solo
podrían suscribir convenios de purga de mora hasta por 5
años, con intereses que rebasarían el 13%, mientras
al Gobierno le dan 12 años con uno de gracia y un
interés de apenas el 7%. ¡Qué
ganga!
Tomado del Diario "El Universo", Martes 10 de agosto
del 2010
Burlan mandato
Nº 2
Como un acto de justicia y reconocimiento a
los servidores públicos, la Asamblea de Montecristi
aprobó el Mandato Constituyente Nº 2, por medio del
cual se reconoce una indemnización de siete salarios
mínimos vitales por cada año de servicio en el
sector público, a los empleados o trabajadores que se
retiren por renuncia o por supresión de su partida
presupuestaria.En la práctica esto no se está
cumpliendo pese a que el Mandato expresamente dice que es de
aplicación inmediata, obligatoria, y no requiere siquiera
de una reglamentación. Es importante y urgente que los
miembros de la Asamblea y el mismo Presidente de la
República, dispongan a sus subordinados el cumplimiento de
esta ley superior. Los únicos servidores que sí han
sido atendidos legalmente, son los de la propia Asamblea y los
del Seguro Social. Los servidores de Senagua o Secretaría
Nacional del Agua (antes Cedegé o Comisión de
Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del río Guayas),
estamos siendo marginados de una manera prepotente, sin
fundamentos, y sometidos a un proceso de supresión de
partidas totalmente ilegal.
Jorge E. García
Márquez,
ingeniero, Guayaquil
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 22 De Agosto
Del 2010
Ejecutivo analiza sus
reparos a la Ley de Servicio Público
QUITO. Un 85% de las disposiciones de la Ley de Servicio
Público tienen aceptación del Ejecutivo, para el
resto se analiza un veto. En abril, alcaldes llenaron la Asamblea
para pedir su archivo.
Satisfacción –por la mejora de las
indemnizaciones– y críticas –porque los
extranjeros podrán ser servidores públicos–
recibe el proyecto de Ley Orgánica de Servicio
Público, el último que aprobó la Asamblea
antes de su receso.
De esas normas quedaron fuera la Contraloría,
funciones Legislativa y Judicial, por lo que se aplicará a
las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control
Social, la Procuraduría, la Corte Constitucional,
entidades del régimen autónomo descentralizado y en
aquellas en que las instituciones del Estado tengan más
del 50% de participación en el capital o
patrimonio.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa,
tras su comparecencia en la Comisión de Derechos Laborales
de la Asamblea, el pasado 12 de agosto, señaló que
hay un tema que les preocupa sobre el sistema remunerativo. "Si
bien es cierto se incorpora lo que antes no estaba incorporado a
través de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa, por ejemplo, la Corte Constitucional,
Procuraduría, FF.AA., Policía, también se
está dejando de lado a otras funciones del Estado, como la
Legislativa, Judicial".
Expresó que cuando se habla de
recursos públicos estos deben ser regulados en materia
remunerativa a fin de que no vuelvan los "sueldos dorados". Este
tema podría incluirse en un eventual veto presidencial,
cuyo plazo vence el próximo 9 de septiembre.
Una de las novedades que trae la ley es que
los extranjeros residentes en Ecuador podrán ser
servidores públicos si han permanecido legalmente al menos
cinco años en el país, sin perjuicio de la
aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad
que rijan la materia.Esa iniciativa fue criticada por el
asambleísta Andrés Páez (ID). Lo ve como una
"bofetada vil en contra de los desempleados y subempleados que
superan el 52% de la población económicamente
activa y no tienen posibilidades de trabajar".
Aunque Espinosa afirmó que se
aplicará siempre que haya la misma reciprocidad de otros
países con respecto a un ecuatoriano en el exterior.Para
Felipe Mantilla, ex ministro de Trabajo, esto puede constituirse
en una base política extranjera para el Gobierno, porque
se podrían dar cargos a venezolanos, cubanos o
nicaragüenses que ya se encuentran en el
país.
El texto privilegia al emigrante en su
puesto de trabajo. Según el numeral j) del artículo
23, el servidor puede recibir un trato preferente para reingresar
en las mismas condiciones de empleo a la institución
pública a la que hubiere renunciado para emigrar al
exterior en busca de trabajo, en forma debidamente
comprobada.
Los ex presidentes y ex vicepresidentes
recibirán una pensión vitalicia mensual equivalente
al 75% de la remuneración vigente (el salario presidencial
es de $ 5.450) si fueron elegidos en las urnas,
exceptuándose los mandatarios a quienes se les revoque el
mandato.Para Miguel García, presidente de la
Federación de Servidores Públicos, en
términos generales, la ley es mejor que la anterior porque
se elimina la centralización ministerial, se mejoran las
indemnizaciones y no se dejó pasar la creación del
despido intempestivo.
Las personas que se jubilen recibirán por una
sola vez siete salarios básicos unificados del trabajador
privado ($ 240) por cada año de servicio ($ 1.680) y hasta
un máximo de 210 de esos salarios ($ 50.400). Esto ya fue
introducido en el mandato 2 por la Constituyente.
Espinosa señaló que hay el 85% de acuerdo
con el contenido de la ley aprobada y que cuando el presidente
Rafael Correa regrese de sus vacaciones lo va a asesorar "para
que se pueda realizar, de ser el caso, el respectivo
veto".
Servidores: Sector público
En aumento
El total de dignatarios, autoridades, funcionarios,
servidores y trabajadores del sector público al 2009 era
de 454.034, frente a 356.120 que había en el 2006,
según el Ministerio de Finanzas.Por
contrato
Datos de esa cartera de Estado sostienen que existen
92.364 personas bajo el régimen de contrato de servicios
personales.
Lo que se dispone
Feriado a servidoras
El 8 de marzo de cada año, Día de la
Mujer, será feriado de descanso obligatorio para las
servidoras públicas y cuando los feriados correspondan a
los días martes, miércoles o jueves el descanso se
trasladará al viernes.
ContratadosLa séptima
disposición transitoria indica que como excepción y
por esta ocasión las personas que tengan vigentes
contratos de servicios ocasionales por más de cuatro
años en la misma institución, a través de
renovaciones o firma de nuevos contratos, y quienes hayan estado
contratados mediante servicios de tercerización (previo al
concurso de méritos y oposición en el que se les
otorgará una calificación adicional)
ingresarán directamente a la carrera del servicio
público.RemuneracionesEl Ministerio del ramo
expedirá una resolución que contenga la escala
nacional de remuneraciones mensuales, aunque no se especifica un
plazo en la primera disposición transitoria.
PlazosEn 90 días se inspeccionarán
las instituciones y empresas del Estado para emitir el primer
informe técnico sobre el cumplimiento de la
disposición de inserción laboral para personas con
discapacidad. En un plazo no mayor de 45 días se
expedirá la escala de remuneraciones de los
técnicos docentes, educadores para la salud del Ministerio
de ese ramo, homologada a las remuneraciones del sector
público.
Tomado del Diario "El Universo", Jueves 26 de agosto
del 2010
Richard Espinosa:
"corregimos para evitar interpretaciones"
Richard Espinosa se refirió a Ley de Servicio
Público.
El Gobierno objetará parcialmente la
Ley de Servicio Público aprobada el pasado 11 de agosto
por la Asamblea. El ministro de Relaciones Laborales, Richard
Espinosa, sostuvo que el documento se enviará
máximo la próxima semana a la
Legislatura.
Afirma que en los tres años y medio
del régimen han ingresado entre 25 mil a 30 mil nuevos
empleados, especialmente a los sectores de salud y
educación.¿En dos semanas de haber aprobado la
ley de Servicio Público, se ha realizado un
análisis?
Esta ley tiene muchos puntos positivos pero
quizás el principal es la cobertura y el ámbito; se
le está sugiriendo al Presidente de la República
que se amplíe estrictamente a lo que establece el
artículo 229 y 225 de la Constitución en el sentido
de que existirá un solo organismo rector de las
remuneraciones y de los recursos humanos para todo el sector
público.¿Cuántos servidores tiene el
sector público?
El sector público está
conformado por 470 mil servidores, no ha habido una gran
modificación con gobiernos anteriores. La Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(Loscca) está cubriendo aproximadamente 70 mil servidores
y se ampliará a todos.
¿Qué otros cambios
presenta?
Son cambios que a lo mejor de la lectura
aparentemente están bien, pero que podría
representar algún problema operativo, más que nada,
hay muchos cambios que son más de forma; en general, vemos
bien a la ley, pero estamos corrigiendo algunos temas para que
después no tengamos que estar
interpretándola.
Habrá cuestionamientos a que los
extranjeros trabajen como servidores
públicos.
La persona no solo tiene que tener la
reciprocidad del país de origen, sino que además,
tiene que ganar el respectivo concurso de merecimiento y tener
cinco años de permanencia en el país.
¿Y por qué también
darles a la gente que tiene más de cuatro años de
servicios ocasionales la oportunidad para que puedan formar parte
de la carrera administrativa?
Nos topamos con un país en donde de una manera
precaria vienen laborando personas con contrato ocasional veinte
años, aquí sí tiene que haber una
transitoriedad entre el desorden que existía antes versus
el orden que está imponiendo la nueva ley.
¿Los médicos trabajarían las
ocho horas diarias o las cuatro que ahora hacen?
Yo soy firme y convencido de que si –en el caso de
que siga manteniendo– una persona trabaja, sea
médico o no, menos de ocho horas tiene que tener una
remuneración diferenciada, no puede ganar lo mismo que
alguien que trabaja ocho horas. Si quieren trabajar ocho horas
perfecto, se le paga más.
¿Esa también será
una recomendación al Presidente?Así
es.
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 29 de agosto
del 2010
Presidente
retomó ayer enlace, hablando menos
El presidente Rafael Correa retomó ayer la
conducción del enlace sabatino luego de sus vacaciones en
Bélgica. El jefe del Ejecutivo volvió a su despacho
el pasado lunes.
Desde la parroquia esmeraldeña de Borbón
habló menos de lo habitual. El espacio duró dos
horas y media y hubo más participación de
ministros, como Gloria Vidal, de Educación; Gustavo Jalkh,
del Interior; José Serrano, de Justicia. El gobernador del
Guayas, Roberto Cuero, habló del proyecto Guayaquil
ecológico.
El Jefe de Estado alternó su
discurso haciendo referencia al pedido de revocatoria del
mandato, propuesto por el activista político Carlos
Vera."Qué lástima que por los odios de ciertos
personajes quieran retrasar al país y volver a la
inestabilidad; probablemente con los millones que tienen puedan
reunir las firmas para ir a la consulta popular de revocatoria
del mandato, pero saben que no nos van a vencer", afirmó
al inicio del espacio.El Presidente volvió a insistir en
el veto a los proyectos de leyes de Educación Superior y
de Servicio Público.
En el primero indicó que se mantendrá en
el texto original sobre la validación de títulos
obtenidos en el exterior y la rectoría del sistema que
tendrá la Secretaría Nacional de Educación
Superior.
Sobre la ley para los servidores públicos, ve
inexplicable que se excluya a ciertos organismos, como la
Contraloría.
Correa pidió el apoyo de los asambleístas
de PAIS a los cambios que él hará a esas
leyes.
Ratificó que el Estado
financiaría lo que la Junta de Beneficencia de Guayaquil
pierda al no tener el "monopolio" de la lotería, si se
mantiene eso en el Código Territorial y espera que no
proliferen más loterías a nivel de municipios como
lo permitiría esa ley.
Al final instó a los ciudadanos a prepararse
"para revocarle la peluca a los pelucones… nunca más
volverán a gobernar".
Viajes: Al exterior
HaitíEl jefe de Estado viajará
pasado mañana a Haití en representación de
presidente pro témpore de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur). Visitará el campamento del Cuerpo
de Ingenieros de Ecuador que ayuda en la reconstrucción de
ese país.
Japón y Corea
En la agenda del Presidente también consta un
viaje a estos países asiáticos. El 6 de septiembre
estará en Japón y dos días después en
Corea del Sur. Señaló que ese país
está interesado en participar en la construcción de
la Refinería del Pacífico, que estará
ubicada en Manabí.
Tomado del Diario "El Universo", Domingo 29 de agosto
del 2010
Aprobaciones en la
asamblea antes del receso
Leyes urgentes
Educación Superior
Alcanzó 64 votos, con uno
cuestionado y otro en blancoLa Ley de Educación
Superior se aprobó en la Asamblea con 63 votos a favor
más uno en blanco (suman 64), el pasado 4 de agosto. El
voto 63 fue calificado de "ilegal" por parte de la
oposición porque fue de Eduardo Paredes, quien
actuó como asambleísta en reemplazo de Washington
Cruz (PAIS). Este fue principalizado sin que Secretaría
del Legislativo tenga la carta de excusa de Cruz.
A PAIS se sumaron para aprobar la ley cuatro socialistas
(Silvia Salgado, Eduardo Encalada, Pedro de la Cruz, Marisol
Peñafiel), tres del ADE (Rocío Valarezo,
Ramón Vicente Cedeño y Galo Vaca) y tres que
entraron auspiciados por partidos, pero ahora se definen como
independientes: Scheznarda Fernández (antes PSC), Leandro
Cadena (antes ID) y Guillermina Cruz (alejada de SP).
El voto en blanco fue de la alterna de
Lourdes Tibán (Pachakutik), Marlene Castro; las
abstenciones salieron de Alianza Libertad, antes ADE, PRE, uno
del MPD y Gioconda Saltos (alejada de SP). Y en contra: Madera de
Guerrero, PSC, Prian, ID, SP, PK (4), MPD (4) y PSE (1).Ese
día, SP denunció que para esta ley existió
"compra de conciencias", mientras que Raúl Abad (PAIS),
presidente de la Comisión de Educación, ya
señalaba el destino de la ley: "Si viene el veto desde el
Ejecutivo, estaremos con el Presidente de la
República".
Código Territorial
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