Naturaleza y Carácter de la Acreditación Universitaria

I

Marco General y
Plasmación de la Democracia Burguesa el Contexto Educativo
Universitario

Durante las últimas décadas se ha
configurado en el país el desarrollo de una gran
burguesía intermediaria –una burguesía
compradora y no productora, sumisa ante el capital imperialista,
esto es, una burguesía cuyos intereses están
imbricados, unidos con el capital extranjero y que por tanto,
muestra un desdén por la producción y el desarrollo
de la industria nacional- que, de modo general es la que, a
través del Estado y de sus instituciones domina y dirige
el escenario nacional de acuerdo a sus intereses
económicos y políticos.

Las instituciones educativas, por supuesto, no
están exentas del carácter de clase que le imprime
esta gran burguesía intermediaria. Esto se refleja
perfectamente en la ley General de Educación y más
específicamente en la Ley universitaria 23733.

Consecuente con su política económica de
acuerdo a sus intereses, la burguesía viene implementando
una orientación que "restringe, que trata de cancelar, de
ajustar cuentas con el Capitalismo de Estado, de promover a toda
costa la iniciativa privada, la empresa
privada."[1] Es consecuencia de esto en el campo
educativo universitario el fenómeno de excesiva
proliferación de las Universidades privadas, por un lado;
y el fenómeno que consiste en el ahogamiento y abandono
económico de las Universidades públicas, por
otro.

La ley universitaria, vigente desde la década del
70 aprox.- desde el gobierno AP-PPC posterior al mandato de
Bermúdez- es también la plasmación de esta
política, a la vez que los gobiernos de turno se dan el
lujo, incluso, de incumplir con las disposiciones de esta ley,
cuando así lo requieren los intereses económicos y
políticos de la clase que domina al Estado. Analicemos
esto en algunos de sus aspectos:

Por ejemplo, en el artículo Nº 76 se
menciona el otorgamiento a las Universidades de "la
contribución pública de acuerdo con sus
méritos y necesidades", es decir, según la
opinión, el significado y los requisitos que impone el
gobierno, o más precisamente, la gran burguesía
intermediaria compradora. Esta es una modificación de la
disposición legal que otorgaba el 6% del presupuesto del
Estado a las universidades que, por tanto deja a la deriva este
asunto; ocasionando que en la actualidad el presupuesto otorgado
no alcance ni el 3% del presupuesto nacional.

Del mismo modo en el aspecto académico la ley
establece, en sus artículos 9, 10 y 11, la permanencia del
sistema que hasta hoy se ha venido implementando y que a
demostrado a través de la historia su carácter
decadente y propiciador del caos y la crisis universitaria: el
sistema Departamentalista. A pesar de que se establece en lo
formal "la Facultad", se menciona que esta se establecerá
"de acuerdo las características y necesidades de cada
universidad", y en el artículo 10 se puede leer:
"cada universidad regula las relaciones de sus facultades con
las demás unidades académicas dentro del
espíritu de la presente ley", es decir, los
Departamentos Académicos no están sujetos ni
regulados necesariamente por las Facultades, como sucede en la
actualidad; y sobre todo, los Departamentos Académicos
siguen agrupando a los profesores de materias homogéneas,
esto es, se hecha por la borda la posibilidad de formación
integral de los estudiantes y, como ocurre actualmente, la
posibilidad de investigación interdisciplinaria; dos
consecuencias lógicas del sistema
departamentalista.

La política de la burguesía intermediaria
peruana no puede ser otra que la implementación en todos
los campos de la democracia liberal, gran burguesa; una
democracia de corte reaccionario correspondiente a la etapa de
decadencia del capitalismo, es decir, a la etapa imperialista. Es
así que el gobierno aprista ha promulgado los decretos
legislativos 982, 983, 988 y 989 conocidos como los decretos de
criminalización de la protesta, los cuales tienen como
antecedentes los decretos promulgados por Alberto Fujimori contra
el "terrorismo agravado" y las leyes 27686, 28222 y 28820 del
gobierno de Alejandro Toledo. Del mismo modo el Estado tiene
también sus mecanismos de represión con la
universidad que forman parte de la plasmación concreta de
su democracia reaccionaria en el campo de la educación
superior.