Planteamientos sobre Iglesia y Estado en Costa Rica

Las siguientes líneas se escriben desde una
perspectiva eclesial sustentada en los documentos del Concilio
Vaticano II y del CELAM.

Puedo garantizar que ninguna de mis observaciones sobre
la realidad costarricense carece de base empírica. Por ese
motivo, traigo a cuento lo que decía un viejo profesor:
"La evidencia no se discute, se interpreta". Así pues, se
abre la discusión para quienes deseen interpretar y
ofrecer nueva información relevante.

Por motivos comprensibles, prefiero que estos
planteamientos circulen únicamente entre
eclesiásticos. Cualquier filtración a otros
ámbitos no será mi responsabilidad.

Miguel Picado G., Pbro.

Motivación

1.1. Las relaciones entre la Iglesia Católica y
el Estado en Costa Rica necesitan una cuidadosa y permanente
reflexión. A juzgar por los acontecimientos de las
últimas décadas, en las cuales se han obtenido
resultados desventajosos, y con base en la información
disponible, cabe opinar que es necesario construir una
visión coherente, capaz de ayudar a las autoridades
jerárquicas en la articulación de objetivos y
tácticas. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado no
pueden confiarse al azar ni a la buena disposición de las
sucesivas y cambiantes autoridades públicas. Tampoco
pueden sostenerse sobre la eventual amistad entre obispos y
gobernantes. Es necesario recordar la máxima de que, en
política no hay favor gratis; que quien recibe un favor se
compromete a resarcirlo de alguna manera.

1.2 La palabra "Estado" cubre una realidad compleja. Por
una parte expresa la institucionalidad pública. En nuestro
país, el "Estado" lo forman los tres poderes
clásicos, el TSE, la copiosa legislación y la
igualmente copiosa pléyade de entidades autónomas.
"Gobierno" designa el poder ejecutivo con sus ministerios. El
Estado y el Gobierno son terreno de disputa donde multitud de
actores: Empresas nacionales y transnacionales, y sindicatos;
partidos políticos y organizaciones no gubernamentales; la
Iglesia; las iglesias de origen protestante y otras asociaciones
religiosas; grupos étnicos y culturales; cooperativas y
uniones campesinas; embajadas y organismos internacionales pugnan
por la prevalencia de sus intereses. Cada uno goza de cierta
autonomía pero todos son interdependientes.

1.3 La Iglesia no existe para derribar gobiernos ni para
manipularlos, pero tampoco para bendecirlos en cualquier
circunstancia y menos al precio de su propia
credibilidad. La doctrina católica asigna al Estado
la tarea de promover el bien común, razón por la
cual, ocasionalmente, la Iglesia se encuentra en la
obligación de censurar determinado acto gubernamental o
manifestar en público su distanciamiento. Más
importante aún, procura moldear la sociedad, con la
esperanza de que se organice de acuerdo con su doctrina social.
La jerarquía católica está obligada, pues, a
buscar sucesivos y difíciles entendimientos con el
gobierno y los otros actores sociales.

1.4 Nos guste mucho o nada, en sus relaciones con el
Estado, la Iglesia opera como una fuerza sociopolítica al
lado de otras y en competencia con otras. Desde luego esto no es
lo principal de su misión, es como una adherencia, pero
inevitable. Sin ser un partido político, no puede negar su
calidad de factor político de primera importancia. Esto
debemos tenerlo tener muy claro todos, principalmente las
autoridades eclesiásticas, porque implica:

• Separar las buenas intenciones de los
  políticos (auténticas o fingidas) de los hechos
  reales.

• Conocer los intereses de cada grupo de
  presión y su juego político, asunto decisivo en
  una época como la actual, cuando las pretensiones
  económicas se esconden frecuentemente detrás de
  las políticas.

• Dejar de lado las propias preferencias partidarias
  (si las hubiera) así como los intereses de otro tipo,
  para llevar adelante una política coherente y de
  conjunto.

1.4 Nadie discute la conveniencia de que los derechos
del pueblo de Dios se amparen en leyes nacionales y en
declaraciones internacionales, pero la historia
–también la de Costa Rica- recuerda ocasiones en que
un gobierno irrespetó impunemente las leyes que
protegían a la Iglesia. Por consiguiente, si bien la
protección legal no carece de importancia, es preciso
admitir que vale en tanto y en cuanto la Iglesia logre que se
respete.

1.5 Resulta peligroso para la Iglesia costarricense
suponer que ella se desenvuelve en un Estado católico. De
hecho, ni las leyes ni la práctica de las instituciones
públicas respaldan de modo efectivo las tesis
católicas en asuntos controvertidos como la
planificación demográfica, la legislación
matrimonial, la educación sexual… Los acontecimientos de
los últimos años no permiten equívocos.
Tanto el artículo 75 de la Constitución (que afirma
que la religión del Estado es la católica), como el
74 (donde se menciona el principio cristiano de justicia social
como orientador de los derechos ciudadanos) son objeto de
continuo debate, abierto o solapado.