Principios Constitucionales Tributarios ante la evolución de la función de administración

1.1-FACULTADES DELEGADAS.- AMPLIACIÓN DE LA
UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGIA Y LAS NORMAS QUE LAS
REGLAMENTAN.-

INTRODUCCION

El principal tema que nos convoca , se produce como
consecuencia de la evolución , no solamente de la
función de la administración tributaria, sino
también de su propia estructura y ligada a ello los
grandes cambios que se han generado como consecuencia de los
avances en materia informática, todo esto también
conectado a que la administración tributaria se plantea
avanzar al ritmo que los cambios en el sector privado proponen y
obligan a seguir el ritmo de los avances como forma de lograr
resultados entorno a su tarea principal, es decir obtener los
recursos que se precisan para cumplir con el fin de satisfacer
las necesidades públicas, en consecuencia se encuentra
obligado a la utilización de la tecnología como
medio de concretar dichos avances, generando por tanto la
obligación de adaptar la normas que reglamentan dicho
aspecto. A partir de esta primera reflexión, nos
proponemos generar una serie de análisis en el
ámbito de la administración tributaria y los casos
que se presentan, observados bajo la lupa de los principios
constitucionales y en particular el de la legalidad.

Resulta indudable que debemos adaptar la
administración tributaria a los grandes cambios que
plantean las evoluciones y los desafíos
tecnológicos, en particular cuando hablamos de la
informática como herramienta de concreción de los
actos de administración y su relación con
principios constitucionales que deben ser observados como es el
caso de la obligación tributaria y los actos derivados del
vinculo jurídico que se establece entre las partes, sujeto
activo y sujeto pasivo, derivados del imperio de la Ley como
única fuente de obligación.

A partir de ; precisamente los citados avances se
plantea analizar las consecuencias derivadas de la
utilización de la reglamentación como mecanismo
para establecer obligaciones accesorias que de alguna manera
vulneran las facultades regladas de la administración
tributaria las cuales no son discrecionales sino que constituyen
facultades regladas por Ley, debiendo al efecto tener presente
siempre los principios de reserva de ley y de legalidad con
relación a las facultades de la administración
tributaria.-

Así mismo, sin desconocer las facultades que
posee la administración tributaria en materia de control ,
es preciso establecer limites legales que se hallan presentes y
que en el afán de lograr los objetivos de la
función asignada al ente recaudador, precisamente lograr
resultados en materia de ingresos, no deben constituir motivos
que permitan el exceso en la aplicación de los mecanismos,
tanto formales como de control, que se constituyan en violatorios
de principios y garantías constitucionales que amparan al
los sujetos pasivos de la relación jurídica
tributaria .-

En este sentido, la experiencia de los años
setenta y la primera etapa de los ochenta donde la función
de recaudador de la administración tributaria se somete a
una dura evaluación y requerimiento de mayores
rendimientos, genera que se produzcan los grandes desafíos
de cambiar la estructura y pasar a implementar sistemas de
control basado en la informática como principal
herramienta que ayudaría a dicha tarea. Pasamos de
controles realizados únicamente a la contabilidad y a los
documentos privados, a utilizar herramientas informáticas
conectadas a información exógena que implica un
aspecto invasivo a los límites de control que posee la
administración tributaria y que no debemos olvidar
constituye una actividad reglada y marcada por el principio de
legalidad.

A partir de las precitas consideraciones, pasamos a
verificar algunos casos particulares que de alguna manera
podrán ilustrar la cuestión que nos planteamos, por
ello mas adelante pretendo tomar y exponer un modelo basado en un
tramite efectuado basado en el caso de un pedido de
crédito tributario, derivado de un pago indebido o en
exceso, tramitado para el caso del ejemplo, como consecuencia de
haberse abonado indebidamente en la Aduana en el momento de
importar un bien, generando como consecuencia, el pedido de
devolución en base a lo previsto en el articulo 217 de la
Ley 125/91.-

Artículos vinculados a ser tenidos en cuenta a
efectos del análisis relativo a los principios
constitucionales y principios de legalidad que se ven afectados
como consecuencia de la implementación de la
administración tributaria de su servicio
electrónico.-

1.2- Las Facultades Delegadas : La ley 125/91 ,
establece en su articulo 196 , Actos de la Administración
– Los actos de la administración se reputan
legítimos , salvo prueba en contrario, siempre que cumplan
con los requisitos de regularidad y validez, relativos a
competencia, LEGALIDAD, FORMA LEGAL Y PROCEDIMIENTO
CORRESPONDIENTE.-