RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo principal de este documento En el texto que se presenta a continuación, encontramos un tema en el cual se tomaron en cuenta muchos aspectos para el buen desenvolvimiento del mismo, teniendo como pilar fundamental la investigación para la buena toma de herramientas las mismas que nos sirvieron como soporte para el desarrollo eficaz de este proyecto.
El Gobierno resolvió agregar un conjunto de preguntas sobre temas tan diversos como la propiedad de los banqueros y los medios, la regulación y control de sus contenidos, la sanción al enriquecimiento ilícito de los privados, hasta la prohibición de las corridas de toros. De este modo, el tema sensible de la reforma constitucional para enfrentar la inseguridad quedó enmarcado en una serie de otros temas en los cuales la revolución vuelve a presentarse como un proyecto de transformación social y cultural, como un proceso aún inconcluso de lucha en contra de las estructuras del poder. La demanda presidencial de otorgarle mayores poderes al Ejecutivo para "meter las manos" en la Función Judicial queda nuevamente enmarcada en una agenda más amplia de cambio y lucha contra los llamados poderes fácticos.La concentración del poder pretende adoptar un rostro democrático al hacerlo derivar de la voluntad popular. La convocatoria a la consulta ha venido acompañada de una inflación de la retórica del soberano –lenguaje muy taurino dicho sea de paso- como el depositario último del poder. Se acude a él para que a través del Sí lo transfiera al presidente. Y se lo hace incluyendo en la agenda de la consulta todos aquellos temas con los cuales Correa volverá a jugar el papel de revolucionario. Tendrá para todo este año temas diversos para asustar, chantajear, atemorizar, proclamarse como dueño de nuestro destino colectivo, de nuestra moral y de nuestra seguridad.
Controversia Democracia Subjetividad
ABSTRACT
The main purpose of this document in the text that appears next, find a topic in which they took into account many aspects for the proper development of it, taking as a fundamental research for making good the same tools that we served as support for the effective development of this project. The Government decided to add a set of questions on topics as diverse as the property of the bankers and the media, regulation and control of its contents, the punishment of the illicit enrichment of private to ban bullfighting. Thus, the sensitive issue of constitutional reform to address the insecurity was framed in a number of other issues on which the revolution returns to stand as a project of social and cultural transformation, as yet unfinished process of struggle against power structures. The presidential request to grant more powers to the executive to "get their hands" in the judiciary is again framed in a broader agenda of change and the fight against so-called powers that be. The concentration of power is to adopt a democratic face to do so derived from the popular will. The call to the consultation has been accompanied by inflation rhetoric of the sovereign-language Bullfighting incidentally, as the ultimate repository of power. It comes to him for through the Yes I transferred to the president. And it does include in the agenda of the consultation all those themes that Correa will play the role of revolutionary. For the whole year will have different issues to scare you, blackmail, intimidate, proclaimed as the owner of our collective destiny, our morality and our security.
INTRODUCCIÓN
El presente texto de trabajo de ninguna manera pretende ser una obra completa de la investigación sobre el caso CONSULTA POPULAR, es un aporte investigativo que proporciona la estructura lógica indispensable el sector productivo del país.
A pesar de que buena parte de los ciudadanos que se interesan en la política y en los asuntos de la sociedad sabía que el presidente Correa quería más poder del que tiene, no imaginaba que buscaría acrecentar ese poder con el control de la Justicia y los medios de comunicación. Usar una consulta popular para hacer que el pueblo responda a asuntos que ya se trataron en la Constitución de Montecristi, que él mismo dijo serviría para 300 años, o temas como el de comunicación, que se tramitan en la Asamblea donde el oficialismo tiene mayoría, prueba que se busca un objetivo político: controlar, de manera rápida, la Justicia y a medios que han sacado a la luz los trapos sucios del poder.Como han observado algunos analistas, la consulta es tramposa porque formula preguntas que inducen a que nadie responda negativamente. A asuntos como la caducidad de la prisión preventiva con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana es imposible que no se responda Sí, al igual que a aquella referente a considerar delito la no afiliación de los trabajadores al Seguro Social con la finalidad de evitar la explotación laboral.La pregunta que busca crear un consejo de regulación de los medios, que no ha podido conseguir en la Asamblea por la fuerza de la opinión ciudadana y los organismos internacionales, es de las más tramposas, al igual que conformar el Consejo de la Judicatura con tres representantes del correísmo: uno del Ejecutivo, otro de la Asamblea y otro del Quinto Poder.Desde luego que recurrir al pueblo es la esencia de la democracia, pero abusar de él es atroz, porque se lo usa para beneficio de quienes detentan el poder, incluyendo aquellos que, cuando se denunciaba que había violencia en el país, decían que era solo una percepción.Preguntar respecto al enriquecimiento privado, aunque también sea tarea esencial de los Estados, resulta en esta caso casi surrealista en un Gobierno que no ha sido capaz de combatir la corrupción, en casos como los comecheques, y tampoco ha propiciado la fiscalización en la Asamblea por la obstrucción precisamente del bloque oficial.De todas maneras, el Ecuador irá, indefectiblemente, a las urnas. El Tribunal de Constitucional, cuyos miembros, con el beneplácito de la mayoría de Montecristi, lo transformaron en Corte Constitucional, difícilmente discernirán el contenido de las preguntas, por lo que, estos momentos, los plazos corren. De esta manera, una vez que hayan aprobado las preguntas, enviarán al presidente de la República quien, mediante decreto, pedirá al Consejo Nacional Electoral, en el que también tiene mayoría el Gobierno, que convoque a la consulta. Este organismo procederá y llamará al pueblo a las urnas.
MARCO CONCEPTUAL
Sábado 31 de marzo del 2010
UNA CONSULTA CADA DOS AÑOS Y MEDIO EN ECUADOR
QUITO
El 26 de noviembre pasado se realizaron las dos últimas consultas populares en el país.
En el último cuarto de siglo el país ha debido votar diez veces por el Sí o el No. Diez consultas populares en 25 años. Ese es el récord que ha alcanzado Ecuador durante el presente periodo democrático.
La temática de las consultas ha sido variada, desde propuestas de reforma constitucional, pasando por planteamientos para privatizar las áreas estratégicas, hasta una transformación del modelo político administrativo de las provincias.En ese contexto, la convocatoria que hace el actual Gobierno para que una consulta popularࠤé paso a la Asamblea no es un tema nuevo en el escenario político ecuatoriano.Ya en 1997, tras el derrocamiento del entonces presidente Abdalá Bucaram, "la figura de la Asamblea fue vista como una salida para superar la crisis política y garantizar la gobernabilidad del país", recuerda el jurista y ex candidato presidencial Jacinto Velázquez.En ese año (25 de mayo) el gobierno del interino Fabián Alarcón concretó esta propuesta y el pueblo se pronunció favorable a la convocatoria a una Asamblea Nacional que meses después presentó la Carta Política que hasta hoy nos rige.Incluso, antes en 1994, el presidente Sixto Durán-Ballén tuvo éxito al someter a consulta reformas constitucionales comoࠬa reelección presidencial, la participación de los independientes en política y la vigencia de doble nacionalidad.
Igual suerte tuvieron las consultas de enero 23, febrero 13 y septiembre 17 y 24 del 2000, fechas en las que las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos votaron a favor del régimen de autonomías.
El Sí también triunfó en la consulta de noviembre del 2006, cuando el gobierno de Alfredo Palacio pidió apoyo para convertir en políticas de Estado la ejecución del Plan Decenal de Educación, la universalización de la educación y la educación básica desde el primero al décimo año, entre otras cosas. Ese mismo día los pobladores de Santo Domingo de los Colorados se pronunciaron por la provincialización de esa zona del país. Pero no siempre la respuesta de la población en las consultas ha sido favorable a los intereses de los gobiernos.
Al menos en dos ocasiones, la consulta "se convirtió en una especie de termómetro de la baja popularidad, aceptación y credibilidad del Ejecutivo de turno". Así lo señala el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga.
Él cita que en junio de 1986, por ejemplo, el gobierno de León Febres-Cordero fracasó en la consulta que propuso para permitir la participación electoral de los independientes. En esa época el ex presidenteࠏsvaldo Hurtado impulsó la campaña por el "no" y triunfó.Otro que recibió el rechazoࠥn un plebiscito fue el mismo Durán-Ballén, quien en noviembre de 1995 cuando propuso cambios para la administración de la Seguridad Social, para el manejo de las áreas estratégicas y para eliminar la sindicalización pública, obtuvo un rotundo "no" de respuesta. Los escándalos surgidos en torno a la figura del vicepresidente de entonces, Alberto Dahik, y el desgaste del gobierno fueron determinantes en el proceso.
CORREA INTENTARÁ REESTRUCTURAR LA JUSTICIA DE ECUADOR EN CONSULTA POPULAR
Por Agencia EFE – 01/01/2011
Consulta popular en Ecuador
El titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, fue el único en hablar en el acto, destacando que la consulta se realiza conforme a normas constitucionales y legales.
Quito, 1 ene (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció hoy su intención de reestructurar el sistema de justicia de su país, si así se aprueba en una consulta popular a la que convocará para acometer cambios en la Constitución del país.
El mandatario, que hace algunas semanas anunció su interés de convocar a la consulta sobre varios asuntos, precisó ahora que una de las preguntas a la población se referirá a la reorganización del sistema judicial.
En esa consulta, mencionó Correa, se preguntará al pueblo si quiere "que el Gobierno, con la veeduría de un organismo internacional, reestructure las cortes del país, reestructure el sistema de justicia" nacional.
Y es que, si no hay esa reestructuración, "no vamos a salir adelante", añadió el mandatario durante su habitual informe sabatino, el número 202 desde que inició su mandato en enero de 2007.
Aunque no adelantó la fecha para la consulta, Correa indicó que con el actual sistema de justicia en su país "no vamos a poder vencer a la inseguridad ciudadana".
Agregó que, pese a la modernización a la que está sometida la Policía de su país, el sistema de administración de justicia es el que más requiere de transformaciones profundas.
"Más se demora en capturar a un delincuente que lo libere un juez corrupto", dijo el gobernante, tras declararse dispuesto a "tomar el toro por los cuernos".
Anticipó que este anuncio podría generar "suspicacias" entre sus opositores, pero dijo que lo que se busca es que haya "jueces honestos y eficientes" que apoyen a la lucha contra "este tremendo mal que es la inseguridad ciudadana".
Esas reformas legales y la reestructuración del sistema de justicia forman parte de un plan del Gobierno contra la inseguridad, que incluye la modernización de las fuerzas del orden, la acción ciudadana y cambios en el sector de la rehabilitación social (cárceles).
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ECUADOR SE PREPARA PARA OTRA CONSULTA POPULAR
Consulta popular en Ecuador
El vicepresidente de la República, Lenin Moreno, también se hizo presente para acompañar al presidente Rafael Correa, durante el acto democrático.
El gobierno entregará el lunes a la Corte Constitucional el pliego de preguntas que quiere llevar a consulra
viernes 14 de enero de 2011࠰5:04 PM
Quito.– El gobierno de Ecuador confirmó hoy que este lunes entregará a la Corte Constitucional el pliego de preguntas que quiere llevar a consulta popular, referida básicamente a reestructurar la administración de justicia.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, puntualizó que según señala la Constitución vigente desde 2008, las preguntas deben ser calificadas por la Corte y luego pasar al Consejo Electoral, que deberá organizar el proceso en 67 días a partir de esa calificación, señaló DPA.
De su parte, el Consejo Electoral estimó que requerirá entre 28 y 30 millones de dólares para el proceso.
La reestructuración de las cortes de Justicia es el punto central de la consulta, que podría incluir adicionalmente temas sobre la eliminación de las corridas de toros y la explotación de petróleo en la Reserva de Biosfera Yasuní.
El gobierno realiza esta consulta en víspera de cumplir cuatro años en el poder.
Fernando Vega: Requiem por la constitución de Ecuador y algo más
Sábado, Enero 22, 2011, 0:20
FERNANDO VEGA
Fernando Vega, ex-asambleísta de Alianza Paísయr el Azuay, presidente de la Mesa de Justicia en la Asamblea Cosntituyente de Montecristi
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El proceso que condujo a la revolución ciudadana y a la constituyente del 2008 tuvo como telón de fondo del diagnóstico de una crisis terminal de la democracia ecuatoriana y de las instituciones del Estado, aquejadas por la ausencia del Estado de Derecho, la privatización de lo público y la corrupción. Se hacía imprescindible una re fundamentación de Estado desde la propia Carta Magna y sentar las bases de una nueva institucionalidad que tendrían que construirse paulatinamente en los años subsiguientes, mediante las leyes secundarias y una dirección política decidida y constante en la dirección marcada por el espíritu y la letra de la nueva Constitución. El pueblo aprobó la Constitución a pesar de la feroz campaña de desinformación y mentiras de la oposición al cambio necesario.
Ahora , cuatro años después del inicio del gobierno del Presidente Rafael Correa, asistimos con estupor, a un acontecimiento curioso. Los papeles parecen haberse trastocado, pues quienes impulsaron, hicieron y defendieron el proceso constitucional hoy parecen renegar de él. Cuatro años después, cierto que la Constitución muestra sus falencias, producto del apuro impuesto por el Presidente, otra vez, invocando la necesidad de una mayor prisa para transformar la justicia, se propone una consulta popular que afecta a la institucionalidad del Estado y que se adhiere con sordina a la tesis opositora de que los males de la inseguridad que vive el Ecuador se deben a las doctrinas de avanzada en temas de derechos y garantía consagrados en la Constitución. En nombre de la prisa y del pragmatismo, nos aprestamos a dejar a un lado la Constitución y asumir, al menos en parte, la doctrina represiva defendida por la oposición.
En su anuncio de la temática de la consulta popular expuesta por el presidente arremete con toda frontalidad contra la recién estrenada Constitución y contra la incipiente institucionalidad del Estado post 2008 que ha comenzado a construirse sobre ella. Cuatro de los cinco pilares de esta institucionalidad van a ser puestos a prueba y mal heridos en la consulta propuesta: la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Función Judicial y la Función de Transparencia y Control Social. Si logran sobrevivir, quedarán violados y mancillados y desacreditados, con su propia complicidad, ante los ojos de la ciudadanía, que con su voto, estará cavando tumba la propia, (y la suya propia) de una democracia que apenas acabada de nacer va morir, antes siquiera de haber llegado a la adolescencia. En este contexto, no será de sorprenderse si grupos de la oposición votarán por varias de las tesis represivas y contra institucionales del gobierno que ante la pérdida de los votos de sus antiguos aliados, busca nuevos proveedores de apoyo en la derecha.
Temas de competencia de la Asamblea Nacional se llevarán a consulta, desdibujando aún más una Asamblea a la que se le acusa de haberse convertido en el patio trasero de Carondelet. Hoy el Ejecutivo es el gran legislador y la Asamblea apenas pone el "co" (legislador) para aprobar disciplinadamente todo lo que baja desde arriba y allanarse a los vetos en temas largamente discutidos y consensuados dentro de la Asamblea. Situaciones como las especulaciones presidenciales sobre el uso del mecanismo de la "muerte cruzada", y los intentos de purgas internas de "disidentes" del bloque PAIS, así como las producidas después del 30 de setiembre en torno a temas policiales, marcan los tira y afloja de una Asamblea que no ha logrado pararse sobre sus propios pies para cumplir su vocación de Poder Legislativo, fundamental para la democracia. Ahora lo que se propone no es la muerte "cruzada", sino muerte de la Asamblea, a secas.
La Corte Constitucional, va a recibir el tsunami de las preguntas para la consulta popular. Si resiste, ojalá sea así, las preguntas deberán enmarcarse en la Constitución y entonces algunas de ellas deberán ser rechazadas, como aquella que afecta una garantía fundamental como la de la caducidad de la detención preventiva cuando no hay sentencia en un año. De ser así, no sería extraño que seamos testigos de una campaña del Gobierno para desprestigiar y descalificar a la Corte Constitucional y proponer su recomposición (hay argumentos para hacerlo, pero hasta ahora no ha sido necesario esgrimirlos). De no asumir una posición de dignidad, la mencionada Corte, sometida a la voluntad del Ejecutivo, se convertirá en cómplice y ejecutora de la muerte del Control Constitucional, asestándose a sí misma un tajo suicida, dejando a la deriva de los caprichos de todos los ecuatorianos, la interpretación constitucional.
Durante la Constituyente, de ello soy testigo por haber presidido la mesa de Justicia, y en coherencia con el diagnóstico y el discurso de la revolución ciudadana, los constituyentes y el propio gobierno estuvieron de acuerdo en la tesis de sentar las bases para la "independencia de la Justicia de los poderes facticos y políticos". Se rechazó la tentación "meter manos en la Justicia" y rehacer los viejos caminos que condujeron a las pichi cortes y cortes vitalicias funcionales a los gobiernos de turno y evitar el manoseo político que ha llevado a la Justicia al deshonroso sitial que todavía ocupa en la actualidad. La Constitución creó los mecanismos para la auto reforma y depuración de la Justicia sobre el pilar de un Consejo de Judicatura estructurado bajo el control y la vigilancia de poder de Transparencia y Participación Social.
Al proponer el Presidente la sustitución del Consejo de la Judicatura, establecido por la Constitución, por un comité tripartito, bajo el argumento de que hay que las cosas van lentas, (vale recordar el refrán "vísteme despacio que tengo prisa"), se ataca el corazón mismo de la propuesta constitucional sobre la reforma de la Justicia. En todos los países en los que la Justicia ha logrado superar sus viejos vicios, la existencia de un Consejo de la Judicatura y un Corte Constitucional, al estilo propuesto en la Constitución, han sido fundamentales. La propuesta presidencial hiere de muerte a la Constitución y al régimen de transición, y pone en manos del Ejecutivo, avalado por un presumible "sí" en la consulta, el proceso de reinstauración de la justicia. Por muy imparcial que fuera el proceso, se sabe que "cada perro es fiel a la mano que le da de comer" y aunque el presidente diga que no tiene "intereses", no pocos en su entorno si lo tendrán. Yo no pondría la mano en el fuego por nadie.
Además, de aprobarse la consulta, el Ejecutivo da un manotazo a la Función de Transparencia y Control Social descalificándola y condenándola a la inutilidad. Ya ha habido interferencias como la presencia del Secretario de la Presidencia a favor de una de las candidatas a determinada función y los manoseos denunciados para impedir su descalificación. Los delegados del gobierno ya no asisten a las sesiones, los procesos se paralizan. El propio Ejecutivo desacredita a la Función para luego darle el golpe mediante la consulta. Todo el capítulo quinto del Título IV sobre la participación y Organización del Poder en la Constitución del 2008 hay que tirarlo a la basura. Quien puede lo más puede lo menos: Si la más alta e importante tarea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se sustrae de su competencia, cualquiera otra puede ser también sustraída en el futuro, a capricho del gobernante en funciones. A la basura el estado de Derecho. Una vez mancillada la virgen, todos pueden prostituirla a su antojo.
Cierto que la consulta popular tiene fundamento constitucional, pero este argumento no puede ser usado en contra de la propia Constitución. No es coherente ni honesto acudir a la Constitución cuando conviene para desmontar la propia Constitución en lo que no conviene al Ejecutivo empeñado en imponer sus puntos de vista y sus urgencias. Solo para terminar esta reflexión y a modo de ejemplo de lo perverso que puede ser el recurso a implementarse: En este momento, si el presidente incluyera una pregunta sobre la implementación de la pena de muerte en el Ecuador, la pregunta ganaría ampliamente, pero ¿sería sabio y prudente hacerlo? No será, que la vuelta de la esquina el presidente tenga que rasgarse las vestiduras ante cárceles atestadas y sobrepobladas de detenidos –inocentes y culpables- sin sentencia por largos años, y constatar que la calentura de la violencia y la inseguridad no estaba en las sábanas.
El gobierno y el movimiento PAIS, puestos a escoger entre la institución del Estado y el carisma del Caudillo de la Revolución Ciudadana, le apuestan al indudable carisma que es el mayor de sus activos. Se nos pide confiar y creer con fe casi religiosa en él líder a costa de la vida de las instituciones democráticas. Asamblea y Quinto Poder entran en receso ante la consulta. Los incondicionales acatan sin problema la llamada patriótica a la convocatoria del pueblo. La mayoría se apresta a perpetrar la ruptura de la constitución con la complicidad de todos los poderes. El temor reverencial y disciplinado de los militantes de PAIS, de los funcionarios del régimen, anticipan la sumisión de todos los poderes, en el nuevo orden propuesto, incluida la sumisión de los jueces a la nueva jusrisprudencia, que no será otra que el beneplácito o el disgusto del presidente.
Es sorprendente cómo personajes, que uno consideraba de cierto criterio, olvidan tan pronto principios que hace pocos días defendían con tanto ardor y que ahora con el mismo ardor vituperan para echar leña al fuego el fuego de la hoguera que el presidente quiera atizar. Con qué desparpajo, superficialidad, prisa y obscenidad, el gobierno y el populacho se dispone a arrastrar por la calles e incinerar la Constitución del 2008, redactada en Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí. Quienes participamos en la Asamblea con sueños de largo aliento, no podemos menos que sentir que se quema la última oportunidad de esta generación de construir algo más que una banana republic, manejada como propiedad de los gobernantes de turno, una banana republic del siglo XXI, pero a la postre mucho de banana y poco o nada de republic.
Movimiento indígena se opone a consulta popular en Ecuador
Consulta popular en Ecuador
Un total de nueve millones 188 mil 884 ecuatorianos están convocados a votar, en 36 mil 873 mesas electorales.
QUITO. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) , Marlon Santi, expresó su oposición a la convocatoria a consulta popular que hizo el gobierno para, entre otros temas, proponer cambios en el sistema judicial, y la calificó de "inconstitucional".
por
ANSA
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El dirigente informó que presentará un "alegato" ante la Corte Constitucional en contra de la convocatoria a consulta.ࠠ༯font>
"El movimiento indígena dirá no a cualquier intento de hacer poder absoluto en el Ecuador y garantizaremos la democracia, por todos los medios necesarios", dijo Santi, en línea con los sectores opositores que dicen que la reforma judicial es un intento del presidente, Rafael Correa, por concentrar poder.
Además, dijo que la consulta popular "reformaría siete artículos de la Constitución, dos transitorias y 41 normas jurídicas, todo tendiente a consolidar el afán político totalitario del gobierno de Rafael Correa".
Santi rechazó también otra propuesta para la consulta, la de crear un consejo de regulación de medios de difusión, por entender que ello llevará a una ley "totalmente apegada a los intereses gubernamentales".
Correa presentó la semana pasada a la Corte Constitucional un cuestionario de 10 preguntas sobre la reforma de la justicia, límites al accionar del sector privado y normas para medios de difusión, entre otros temas. El tribunal debe pronunciarse sobre la pertinencia de las preguntas.
OTRA DE LAS PREGUNTAS DE LA CONSULTA: NO AFILIACIÓN AL IESS SERÍA UN DELITO
Lunes, 24 de Enero de 2011 19:50
IESS espera fortalecerse si se dan nuevas aportaciones. Considerar la no afiliación como delito genera dudas en empresarios.
Que una empresa no afilie a un empleado al Seguro Social desde el primer día de trabajo, podría convertirse en delito. Esto si se aprueba la consulta popular propuesta por el Presidente, Rafael Correa Delgado.
La quinta pregunta del plebiscito señala: "Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?".Actualmente la Ley de Seguridad Social en su artículo 77 establece sanción penal para los empleadores que descuentan dinero del sueldo de sus trabajadores para recibir beneficios de la entidad estatal, pero no lo depositan en el IESS.Se conoce que, la pena por no afiliar a un trabajador no existe en las leyes, y por tanto es una novedad que propone el gobierno.
Está contemplada la sanción penal para los empleadores que descuentan a los trabajadores sus aportes, y que no los entregan al IESS. Está penado con tres a cinco años (de cárcel).
Por lo tanto no debe causar sorpresa que ahora se diga que no afiliar al Seguro Social es un delito. Muchos ciudadanos estarían de acuerdo con la pregunta de la consulta, esto es considerado un delito de defraudación al sistema de la Seguridad Social.La falta de afiliación es casi como un fraude al sistema del IESS. Hay una evasión, así como se evade impuestos y esa evasión está tipificada como delito. Y es evasión mucho más grave porque se trata de la protección social de un ser humano."Considero que esa propuestas del Presidente es correcta, porque permite que el empleador cumpla con su obligación, que el trabajador esté protegido por las prestaciones de la seguridad social", dijo un oficial de un bus urbano de Manta.También permitirá, a criterio del experto en seguro social, que el IESS se fortalezca económicamente; sin embargo, añadió que la entidad estatal deberá cumplir de la misma forma mejorando los servicios a los afiliados.
Por su parte el Presidente de la Asociación "18 de Julio", Jacinto Quijije, concuerda con la pregunta. "Si los empleadores se atrasan y no pagan se afecta el nivel de capitalización de las inversiones del Biess (Banco del IESS), y se restan posibilidades de contar con dinero adicional para invertir en proyectos productivos".
El Biess es un instrumento financiero de la seguridad social que tiene como objetivo coadyuvar, desde la perspectiva financiera, a la mejora de las prestaciones del IESS, tales como salud y las pensiones jubilares; por tanto, es necesario que el portafolio de inversiones se diversifique e incremente", añadió.
Reiteró que el portafolio de inversiones de los fondos previsionales se nutre en parte de los excedentes del presupuesto de ingresos del IESS, el cual incorpora, además los aportes de los trabajadores y de sus patronos.
Ramiro González, presidente del directorio del IESS, defendió la tipificación como delito de la no afiliación y agregó que eso ayudará a controlar un poco más que los empleadores cumplan con sus obligaciones laborales con los trabajadores. Remarcó que el derecho a la Seguridad Social está consagrado en la Constitución y es irrenunciable, por tanto se tiene que cumplir con la normativa.
Si entra en vigencia este planteamiento, Ramírez explicó que en vista de que el derecho del afiliado no caduca nunca, el empleador tendrá que pagar a su trabajador el tiempo que no ha estado afiliado, desde que empezó a trabajar con este, con intereses y multas incluidas.Sin embargo, el sector empresarial no se ve tan optimista con la consulta.ࠖarios empresarios han manifestado que, " es una exageración que se pretenda convertir en delito la no afiliación".
Además de que los empleados podrían escoger otro seguro que no sea el social, y que eso podría ser otro delito. Esta posibilidad forma parte del banco de preguntas que el Ejecutivo quiere llevar a consulta popular
En definitivaࠥsta pregunta de la consulta popular promovidas por el Ejecutivo, genera posiciones divididas entre empresarios y trabajadores. El gobierno dice que es con la finalidad de evitar la explotación labora.
Se insiste, Para muchos afiliados al seguro social la medida es positiva. Sin embargo, mencionan que algunas cosas sobre el tema tienen que ser aclaradas por el régimen. "No estoy de acuerdo que no se lo afilie pero también a esta persona se lo va a presionar para que se porte responsable", comentó otro ciudadano.
Para muchos empresarios, la tipificación como delito no es la medida adecuada para reducir el porcentaje de no afiliación en el país. Se mantendrá el desempleo y el subempleo. "Voy a afiliar a unos y dejar a las calles a otros", declaró otro empresario.Rechazó que este tema sea incluido en la consulta y argumentó que esto limita la posibilidad para que patrones y trabajadores puedan acordar otro tipo de aseguramiento࠰rivado.Además, considera queࠤebe aplicarse una sanción menos drástica sino se cumple la disposición. "Me parece que obligar poner calificación de delito es quitarlesࠩnstancias de libertad a las personas", comentó.
Actualmente caer en esta infracción puede ocasionar una multa de 200 dólares. Guardia privado:
"Estoy de acuerdo"
Ramón Olivero Quijije Marín (47), trabaja 5 años trabaja como guardia privado y cada vez que ha salido de u otra empresa ha tenido problemas en sus aportaciones. "Muchos no afilian desde el primer día al empleado y eso nos perjudica", afirmó.Quijije, labora desde hace 7 meses en el Centro Comercial Multiplaza en Portoviejo y de sus actuales patrones no tiene queja. "Esto afiliado y sin ningún problema", afirmó ayer a EL MERCURIO.
"Creo que un guardia, en mi caso, debe ser afiliado desde el primer día de trabajo y esto por la peligrosidad y riesgos de la labor que desempeño". Muchos empresarios están acostumbrados a afiliar a los empleados desde los 3, 6 o más meses."Estoy de acuerdo que se afilie desde el primer día que se labora, aunque en realidad el seguro, como tal, deja aún mucho que desear", acotó.
Pequeña empresaria:
En desacuerdo
"No estoy de acuerdo con la pregunta de la consulta y peor que se lo considere un delito el no afiliar a un empleado", dijo Esperanza Chávez, una pequeña empresaria de un local de venta de repuestos electrónicos.
Lleva apenas 7 meses de iniciado el negocio y por el momento no cuenta con empleado. "Lo atiendo yo y mi hija", manifestó sobre el tema. Lo implementó como una forma de ayudar con la pesada carga del hogar.
"Mi esposo es radiotécnico y yo le plantee la idea de poner un negocio relacionado a su trabajo y ayudar económicamente, lo entendió de buena manera". Con relación al tema fue enfática al decir que por ahora no haya capacidad de afiliar a un empleado."Estamos viviendo momentos difíciles económicamente y eso debe entenderlo el gobierno actual, debería buscar la manera de mejorar la situación del país", finalizó.
No se posesionó Comisión encarcada de designar vocales del Consejo de la Judicatura
Consulta popular en Ecuador
Para proteger las votaciones, se movilizaron 41 mil 500 efectivos de las Fuerzas Armadas y más de 33 mil 600 de la Policía, que resguardarán el orden en los recintos electorales.
Fecha: 25/01/2011
Faltó mayoría por segunda ocasión, pues los cuatro delegados de las funciones del Estado no acudieron a la sesión convocada por el Consejo de Participación Ciudadana.
Los integrantes de la Comisión Ciudadana para elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura faltaron. Los delegados debían ser posesionados.
Andrés Segovia Salcedo, delegado de la Función Legislativa; María Daniela Idrovo, de la Función Ejecutiva; Carla Verónica Espinosa Cueva, delegada de la Función Judicial y Juan Carlos Intriago, de la función de Transparencia, se excusaron de participar del proceso en espera de los resultados de la Consulta Popular.
Mientras que Wagner Mauricio Mantilla, de la Función Electoral, renunció, hecho que dejó suspendido el concurso.
"Yo pensé que las funciones del Estado eran independientes, y se han puesto de acuerdo para complotar, para que no haya quórum", reclamó Luis Pachala, miembro del Consejo de Participación Ciudadana.
La presidenta del Consejo, Juana Miranda, resolvió que se convocará a una nueva reunión para buscar una salida. "Voy a convocar a los señores de las funciones del Estado para un diálogo y salir de este impasse".
Los consejores Andrea Rivera y David Rosero rechazaron esta medida y afirmaron que se están violando las normas constitucionales. "Los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho a participar en la designación de nuestras autoridades, existe una propuesta de consulta popular que todavía es una incertidumbre que deberá resolverla la Corte Constitucional y si es que esta se aprueba deberá responderla el pueblo ecuatoriano", indicó Rivera.
Hablaron de una alternativa para que puedan elegirse a las autoridades de la función Judicial antes de que se lleve a cabo la consulta, y es que en las próximas 24 horas las funciones del Estado que deseen libre y voluntariamente ser parte de la Comisión Ciudadana de Elección presenten sus carpetas.
Mientras que esto se resuelve por el pleno, queda esperar las sanciones que se impondrán a quienes no cumplieron con el mandato legal.
25 de Enero de 2011 00:35
La consulta popular
Consulta popular en Ecuador
Correa acudió a las urnas para a emitir su voto hasta la mesa de votación, sin emitir ningún comentario, en medio del apoyo de sus seguidores
LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS DEL DERECHO constitucional ecuatoriano referidas al pronunciamiento popular sobre asuntos constitucionales y de trascendental importancia en la vida nacional, han sufrido un proceso de transformación histórica, desde la existencia del referéndum y plebiscito instituidos en la Constitución Política de 1946, hasta la promulgación de la Constitución Política de 1978 aprobada mediante referéndum, en la cual se incluye en su texto la existencia jurídica de la consulta popular para resolver los asuntos de interés nacional. En uso de este mandato, prescrito en el artículo 58 de esa Carta Magna, El Ecuador ha concurrido a las siguientes consultas populares: el Ing. León Febres Cordero, en el año de 1986, convocó al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie sobre la posibilidad de participación política de los ciudadanos independientes con capacidad para presentarse en calidad de candidatos a elecciones, además de otros asuntos de tipo presupuestario. Años más tarde, en el mandato del Arq. Sixto Durán Ballén, por segunda vez el pueblo ecuatoriano concurre a las urnas al ser consultado sobre manejo de recursos presupuestarios y sobre la representación de los candidatos independientes. Posteriormente las consultas populares efectuadas el 28 de agosto de l994, para reformas constitucionales, aprobación del Presupuesto General del Estado y reelección de dignatarios; por último, la consulta popular de 26 de Noviembre de l995 sobre descentralización, disolución del Congreso Nacional, independencia de la Función Judicial y la creación del Consejo Nacional de la Judicatura, entre otros aspectos.
Consulta popular de 25 de Mayo de l997
La consulta popular efectuada el domingo 25 de mayo de 1997, guarda singular importancia en la vida política del Estado ecuatoriano ya que, mediante este instrumento constitucional se legitima el interinazgo del Dr. Fabián Alarcón luego de haber sido destituido del cargo de Presidente de la República, abogado Abdalá Bucaram; también se consulta al pueblo sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente para que ejecute las reformas a la Carta Magna; se plantea la elección de dignatarios en elecciones pluripersonales en lista cerrada o de entre listas; la pérdida de existencia legal de los partidos políticos que no alcancen el 5% del respaldo popular en votos válidos; sobre la conformación del Tribunal Supremo Electoral; la revocatoria del mandato a los dignatarios de elección popular; sobre el nombramiento vitalicio de los ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y sobre el plazo de ejecución de los resultados de la consulta popular. Estos mandatos populares fueron incorporados por la Asamblea Constituyente en el texto de la Constitución Política promulgada en 1998 cuya aplicación y sus efectos deben ser materia de un profundo análisis.
La Constitución Política de 1998
La Constitución Política vigente, en el artículo 103, al referirse a otras formas de participación democrática dispone que: "Consulta Popular.- Se establece la consulta popular en los casos previstos en la Constitución. La decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes. El voto en la consulta popular será obligatorio en los términos previstos en la Constitución y en la ley".
Fundamentados en este principio constitucional se despertó en el país una hemorragia incontrolable de consultas populares, que llevaron a las urnas a los ecuatorianos domiciliados en las provincias de la Costa y Región Amazónica para pregustarles si desean tener autonomía en cada una de sus jurisdicciones territoriales, de las cuales hasta la presente fecha no se han implementado mecanismos efectivos para materializar el pronunciamiento popular de esas provincias. Una demostración más del manejo irresponsable y demagógico de quienes las impulsaron, burlándose de la expresión popular, desgastando una institución trascendental para la vida política del Estado.
Quienes pueden solicitar una Consulta Popular
En los artículo 104 al 108 de la Constitución Política de la República concordantes con lo prescrito en los artículos 115 al 132 de la Ley Orgánica de Elecciones, se establecen los sujetos que tienen iniciativa para solicitar la ejecución de una consulta popular. Son los siguientes:
1.- Por iniciativa del Presidente de la República,2.- Por iniciativa de los gobiernos seccionales, y3.- Por iniciativa popular.
El Presidente de la República
El Presidente de la República podrá convocar a consulta popular de conformidad a lo prescrito en el artículo 104 de la Constitución Política, en los siguientes casos:
1.- Cuando, en casos de urgencia, se requiera reformar la Constitución Política, según lo previsto en el artículo 283 del mismo cuerpo constitucional; esto es, previa calificación del Congreso Nacional contando con la mayoría del voto de sus integrantes. También puede convocar el Presidente de la República a consulta popular, cuando el Congreso Nacional no haya conocido, aprobado o negado las reformas en el término de ciento veinte días contados a partir del vencimiento del plazo de un año desde cuando se produjo al primer debate, conforme lo establece el artículo 282 de la Carta Magna.
2.- El Presidente de la República, por cuestiones distintas a las expuestas, puede convocar a consulta popular, cuando considere a su juicio tratarse de asuntos de trascendental importancia para el país.
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