Resumen
La definición de España[1]
Hoy día el nacionalismo vasco, catalán y
gallego[2]no aceptan el concepto primario de
nación española y de pueblo español,
concepto que está en la Constitución y que, muy
probablemente, es compartido con más o menos entusiasmo
por la mayoría de la población del estado
español. Tampoco acepta siquiera el concepto de
"España, nación de naciones", ni aun en la
más ambigua de sus acepciones (en el sentido de una
nación política que alberga a varias naciones
culturales). Al nacionalismo vasco, en concreto, no le van las
distinciones sutiles sobre el sentido primario o
secundario del término naciones del que suele
hablar, entre otros, Requejo, sino que se atiene a la vieja
distinción entre naciones y estados, que asigna a aquellas
la pertenencia intrínseca al orden natural de las cosas
(en último término guiado por la providencia
divina) mientras que los estados son construcciones meramente
artificiales y arbitrarias. De modo que todas las corrientes del
nacionalismo vasco coinciden en la idea de que España no
es una nación (una comunidad natural), sino tan solo un
estado (y una comunidad artificial). Todas ellas coinciden
asimismo, en la idea de que Euskal Herria (o Cataluña y
Galicia) sí lo son, por el contrario, en la medida en que
tienen todos los atributos de las comunidades naturales. No
obstante, esa definición negativa de España (que no
es una nación) está en flagrante
contraposición con la que reconoce y acepta que
España sea una nación, definición que
está presente además en Sabino Arana (De la Granja
2001).[3] Me refiero a la idea que ha venido
sosteniendo el nacionalismo vasco a lo largo del siglo pasado de
que España es la cuarta nación de la
península ibérica (sin Portugal), esto es, la
resultante de la operación de quitar a aquella los
territorios de las nacionalidades vasca, catalana y gallega. Esta
concepción aparece nítidamente en los escritos de
Manuel de Irujo (1945) sobre la comunidad ibérica de
naciones.[4] En mi opinión, ambas
definiciones son francamente insatisfactorias. Se sustentan en
definiciones de época, decimonónicas, cuyas
insuficiencias (una concepción objetivista, la arbitraria
asignación de un carácter natural a las
naciones y de un carácter artificial a los
estados, un exceso de primordialismo) ha enunciado con acierto y
desde diferentes perspectivas la revisión crítica
de los nacionalismos llevada a cabo en las últimas
décadas. La idea de la "cuarta nación" no se ajusta
a la realidad, pues también está presente en gran
medida en las otras tres. Y otro tanto puede decirse de la
negación de la nación española. Requejo
(1999) ha señalado que en España no existe ni una
sola ni 17 naciones y que España no es solo un estado sino
que tiene también un componente nacional. Pero
añado, por mi parte, que es menester tirar algo más
de ese último hilo si se quiere llegar a una
definición cabal de España. Creo que la
definición de España debe abarcar por lo menos tres
aspectos fundamentales:
a) es un ámbito territorial en el que se han
desarrollado lazos comunes de muy diversos tipo (familiares,
lingüísticos, culturales, económico-sociales,
políticos, de costumbres y tradiciones, etc.) que han
operado en el largo tiempo;
b) es una comunidad política, producto de esa
experiencia histórica común de larga
duración y de un fenómeno de integración de
tipo nacional;
c) es un sentido de pertenencia nacional, un sentimiento
afectivo de identificación nacional probablemente
mayoritaria fuera de Cataluña, el País Vasco y
Galicia, pero que también está muy presente aunque
con menor intensidad en el interior de estas otras
naciones[5]De manera que en ese triple sentido,
España y lo español son un elemento consustancial
de la propia definición de las nacionalidades
históricas HYPERLINK "http://www.pensamientocritico.org/"
l "_edn38" o "" .
Se antoja un imposible que pueda cuajar un federalismo
multinacional en el estado español si el nacionalismo
vasco no revisa y corrige su definición de España.
Pero lo mismo podríamos decir, cambiando el sujeto de la
frase, acerca de la definición predominante de
España que tienen la mayoría de los
españoles. También adolece de las mismas
insuficiencias teóricas y de similares desajustes respecto
a la realidad.
En este artículo, vamos a analizar el
nacionalismo español del siglo XX desde la época de
Primo de Rivera.
PALABRAS CLAVES: Nacionalismos,
autodeterminación, pluralismo cultural, independencia,
autodeterminación
Spanish nationalism in XX century
ABSTRACT:
Definition of Spain
Nowadays, the Basque, Catalan, and Galician nationalisms
do not accept the primary concepts of Spanish nation and Spanish
people, concepts that are included in the Spanish Constitution
and that are shared, most likely, and with more or less
enthusiasm, by most of the Spanish State's population. They do
not even accept the concept of "Spain, a nation of nations", even
in the most ambiguous of their meanings (in the sense of a
political nation that holds several cultural nations). In
particular, the Basque nationalism is not into the subtle
distinctions about the primary or secondary meanings of the term
"nations", that are usually employed, among others, by Requejo,
but it sticks to the old distinction between nations and states,
that assigns them the intrinsic belonging to the natural order of
things (ultimately, guided by the Divine Providence), while the
states are purely artificial and arbitrary constructions. So all
tendencies of Basque nationalism agree on the idea that Spain is
not a nation (a natural community), but only a state (an
artificial community). On the other hand, all of them agree on
the idea that Euskal Herria (or Catalonia or Galicia)
are nations, insofar as they have all the attributes of natural
communities.
However, this negative definition of Spain (that is not
a nation) is in clear contrast to the one that recognizes and
admits Spain as a nation, a definition that is also present in
Sabino Arana (De la Granja, 2001). I refer to the idea that has
been argued by the Basque nationalism during the last Century,
that Spain is the fourth nation in the Iberian Peninsula
(excluding Portugal), as the result of removing the territories
of the Basque, Catalan, and Galician nationalisms. This
conception appears clearly in the writings of Manuel de Irujo
(1945) about the Iberian community of nations.
In my opinion, both definitions are frankly
unsatisfactory. They are based on old, nineteenth-century
definitions, whose shortcomings (an objectivist conception, the
arbitrary assignment of a natural character to the nations and an
artificial character to the states, an excess of primordialism)
have been rightly stated, and from different perspectives, by the
critical review of nationalisms carried out in recent decades.
The idea of the "fourth nation" does not comply with reality,
because it is also present to a great extent in the other three.
The same would be applies to the denial of the Spanish
nation.
Requejo (1999) pointed out that Spain is not a single or
17 nations, and that Spain is not only a state but also has a
national component. As far as I am concerned, I would add that it
is necessary to pull a little more that last string, if we want
to achieve a comprehensive definition of Spain. I think the
definition of Spain should include at least three fundamental
aspects:
a) It is a territory where common ties of many different
types have been developed (family, linguistic, cultural,
economic, social, political, about customs and
traditions…), that have operated during a long
time;
b) It is a political community, as a result of that
long-term common historical experience, and as an integrational
phenomenon of national type;
c) It is a sense of national belonging, an affective
feeling of national identification, probably majority outside
Catalonia, the Basque Country, and Galicia, that is also present
(although much less strongly) inside these other nations. So in
that triple sense, Spain and the Spanish are an inherent part of
the historical nationalities" definition itself.
It seems impossible that a multinational federalism can
be acceptable in the Spanish state if the Basque nationalism does
not review and correct its definition of Spain. But the same
could be said, changing the subject of the sentence, about the
prevailing definition of Spain that most of the Spaniards have.
It also suffers from the same theoretical weaknesses and similar
imbalances with regard to reality.
In this article, the nineteenth-century Spanish
nationalism, since the days of Primo de Rivera, is going to be
analyzed.
KEY BOARDS: Nationalisms, autodetermination, cultural
pluralism, independence, right of self
Un breve repaso a
la Historia
Se ha dicho que el pronunciamiento de Primo de Rivera
puede explicarse por la conjunción de tres factores
fundamentales, de diversa frecuencia temporal, pero
íntimamente relacionados: la crisis estructural del Estado
de la Restauración, la crónica presencia de las
interferencias militaristas y la parición de un problema
coyuntural[6]que corría el riesgo de
transformarse en permanente, mientras las responsabilidades por
el desastre de Annual habría actuado como
precipitante[7]El hecho incontrovertible de que
Primo de Rivera llegase al poder como resultado de una crisis
política[8]obliga a evaluar la incidencia
de estos y otros factores en el proceso de desligitimación
y derrumbe del régimen liberal.
Dice Garcia de Cortazar y Lorenzo Espinosa que casi
cuarenta años de historia de cualquier país son
más que suficientes para constituir un periodo digno de
estudio. Si ese tiempo, además, está monopolizado
por un sistema político y una personalidad omnímoda
como la de Franco, requiere también la intervención
del historiador para dar, no solo una versión
aséptica sino sobre todo una explicación
satisfactoria a su duración.
Una de las interpretaciones que estamos obligados a
abordar respecto al franquismo es, por tanto, la de su inusitada
permanencia. Hubiera sido bastante improbable, según estos
autores, este mantenimiento sin un consenso generalizado, durante
la mayor parte de la larga trayectoria, que la oposición
atribuyó siempre a una intensa represión
político-social. La creencia en un abrumador
anti-franquismo no se compadece con la real tolerancia con que
amplias capas de la sociedad española soportaron el rigor
de estos cuarenta años. Cabría más bien
interpretar los factores de sostenimiento del régimen a
través de un amplio apoyo mesocrático, en el que no
faltaron numerosos obreros apolíticos, que en el lenguaje
de la oposición no pasaban de ser estómagos
agradecidos.
La época de Primo de
Rivera
El 13 de septiembre de 1923 el General Primo de Rivera
se subleva contra el Gobierno de Madrid presidido por
García Prieto[9]en nombre del
ejército y para salvar España. El golpe
ponía fin al régimen liberal de parlamentarismo de
la Restauración. Existen una serie de factores que
confluyen creando el clima propicio para el golpe. La
cuestión por las responsabilidades de Annual
enardeció a la opinión pública, divide
a los políticos acerca de las estrategias a seguir
para poner fin al problema de Marruecos y unió al
ejército deseoso de resarcirse de la humillación en
contra de los políticos. La crisis de los años 20
se manifestó en la presión fiscal lo que llevo a
una oleada de huelgas y terrorismo.
Con el golpe de Primo de Rivera llego primero un
Directorio Militar , que mediante un Real Decreto el 15 de
Septiembre se le daba la Presidencia del Directorio, como
único ministro, a Miguel Primo de Rivera. Aunque la
Constitución no fue oficialmente anulada, se suprimieron,
por la declaración del estado de guerra, los
artículos relativos a la libertad de expresión,
reunión y asociación. Se disolvieron el Congreso y
la parte electiva del Senado. A partir de Enero de 1924, se
emprendió la organización administrativa, de
reforma de los gobierno civiles. Por decreto los consejos fueron
sustituidos por nuevas corporaciones donde los vocales asociados
(concejales) y los alcaldes-excepto en municipios de más
de 100.000 habitantes serian elegidos por el Gobierno-
habrían de ser elegidos por los contribuyentes, la
eficacia de las nuevas corporaciones fue enseguida puesto en
entredicho, pero el dictador no flaqueo ante las
dificultades.
El mayor éxito de Primo de Rivera fue la
solución del problema de Marruecos, que facilito la
creación en1925 del Directorio Civil. Desde la
instauración del Directorio Primo de Rivera era partidario
de la evacuación pacífica del Protectorado, pero
esta medida no satisfacía a los Africanistas. Debido a los
avances de Abd el-Krim[10]en territorio
francés, Primo de Rivera logro un acuerdo con los
franceses para realizar una ofensiva conjunta, que culmino con la
derrota del Abd el-Krim en 15 días.
El 13 de Diciembre de 1925 se constituía el
primer gobierno civil , aunque los puestos de Presidente,
Vicepresidente, Gobernación y Guerra, eran ocupados por
militares: Primo de Rivera como Presidente, Martínez como
Vicepresidente y Gobernación y Juan O´Donnel, Duque
de Tetuán, en Guerra. Durante el Directorio Civil la
Constitución siguió suspendida. En 1927 se creaba
la Asamblea Nacional Consultiva, su estructura representativa se
componía de 400 miembros en una única
cámara, elegidos unos por sufragio universal entre las
Corporaciones y otros por designación
directa.
Las máximas de nacionalismo económico,
intervencionismo y el miedo a la competencia alcanzaron durante
la dictadura su máxima expresión. La
designación de Aúnas, Calvo Sotelo y Burin ( Conde
de Guadalhorce) en tres ministerios claves, Trabajo, Hacienda y
Fomento, mostraban la voluntad de llevar a cabo una
modernización económica. La colaboración de
los Socialistas, representaba para Primo de Rivera la
legitimación del régimen por parte de la clase
obrera. La UGT disfrutó de un estado de legalidad,
imposible para la CNT, lo que determinó una actitud de
oposición de los anarquistas y comunistas. Pero la
colaboración no tardaría en abrir una brecha dentro
del socialismo. Reacios a la colaboración habían
sido, entre otros, Fernando de los
Ríos[11]o Indalecio
Prieto[12]Manuel Llaneza[13]y Largo
Caballero[14]habían visto una oportunidad
de crecer y ensanchar la base de la organización
socialista, mientras que otros, como Besteiros, solo estaban
dispuestos a colaborar en determinados puntos. La ruptura
definitiva tuvo lugar cuando se constituyo la Asamblea Nacional
Consultiva, de la que los Socialistas se negaron a formar
parte.
La oposición al Régimen de sectores tales
como: un sector del ejército, en el cual la cabeza visible
era el Cuerpo de Artillería debido a los conflictos con
Primo de Rivera , a consecuencia de una seria de decretos que
acaban con la escuela cerrada y el ascenso por elección,
que tendría como final la disolución del arma de
Artillería; los comunistas y anarquistas; las
organizaciones patronales, que se pasaron a la oposición
debido a la intensificación del intervencionismo y a la
presión fiscal; así como, las desavenencias
entre Alfonso XIII y Primo de Rivera que llevaron a este
último enfermo y agotado, en Diciembre de 1929, a
abandonar el poder.
El elegido por el rey para sustituir a Primo de Rivera
fue Dámaso Berenguer,[15] pero Berenguer
tenia poca practica y no estaba preparado para llevar a cabo el
cambio. La sublevación de Jaca en Diciembre de 1930,
adelanto de los planes conspirativos de la oposición. Las
condenas de los conjurados y el fusilamiento de los capitanes
Galán[16]y García
Hernández[17]solo sirvieron para
republicanizar a la opinión pública. Ante esta
situación el Almirante Juan Bautista
Aznar[18]forma un nuevo gobierno, cuyo programa
era las elecciones, la vuelta a la Constitución y la
revisión de la autonomía de Cataluña. Las
elecciones de abril dieron la victoria en las grandes ciudades a
los candidatos republicanos y de Izquierdas. La monarquía
cayó como la dictadura y se consiguió la
proclamación de la II República sin derramamiento
de sangre.
Dice González Calleja[19]que, con
la perspectiva que proporcionan los tres cuartos de siglo
transcurridos desde su liquidación, se podría
afirmar que la dictadura de Primo de Rivera ha gozado de una
discreta fortuna historiográfica, "emparedada" entre los
ensayos parlamentaristas de la Restauración y la Segunda
República, cuyas circunstancias de nacimiento,
evolución y crisis han centrado gran parte de las
discusiones académicas sobre el siglo XX español.
Sin embargo, continua este autor, bien como factor precipitante
del derrumbamiento del régimen restauracionista, bien como
preludio necesario al efímero ensayo democrático
republicano o como antecedente más o menos directo del
régimen de Franco, la dictadura presidida por el segundo
marqués de Estella debiera ocupar un puesto de mayor
relevancia en el debate científico sobre ese singular
periodo de tres décadas que Carlos Mª Rama
definió como "la crisis española del siglo
XX"[20]. No en vano para Raymond Carr, la
rebelión militar de 1923 representa "el momento crucial de
la historia moderna de España, la gran línea
divisoria"[21].
.- El auge del pretorianismo en la Europa de
entreguerras.
Especialistas de las relaciones cívico-militares
en la España contemporánea como Julio Busquets,
Gabriel Cardona, Manuel Ballbé o Carolyn Boyd han
destacado la creciente actitud pretoriana del
Ejército[22]que se puede rastrear desde los
aledaños del desastre del 98. Los asaltos a
periódicos catalanes en 1905 que condujeron a la Ley de
Jurisdicciones, y sobre todo el papel desempeñado por el
Ejército en la crisis de 1917, marcaron las etapas de una
intromisión creciente en las tareas y atribuciones
encomendadas al poder civil. Esa intromisión corporativa
en la esfera política, según González
Calleja, quedó sancionada con el triunfo episódico
de las Juntas de Defensa y con el control autónomo de los
resortes del orden público en ciudades como
Barcelona.
El ascenso al poder de Primo de Rivera coincidió
con una serie de pronunciamientos militares producidos en Europa
meridional y oriental durante la década de 1917-1926:
Sidonio Pais Gomes da Costa en Portugal (1917 y 1926);
pronunciamientos republicanos del Coronel
Plastiras[23](1923) y el General
Pangalos[24](1926) hasta la toma del poder por
Metaxas[25](1936) en Grecia; el autoritarismo
"constitucional" del General Averescu[26]en
Rumanía con el apoyo del Rey Carol (1920-1922) y el
autoritarismo pluralista de Pilsudski[27]y los
Coroneles en Polonia (1926-1939), a los que habría que
añadir el centralismo autoritario del rey Alejandro en
Yugoslavia y la dictadura protofascista del dirigente serbio
Milan Stojadinovic (1929-1934), o el golpe militar búlgaro
de 1934 y luego la dictadura del rey Boris en 1935.
Características comunes a estos regímenes militares
o semimilitares según este mismo autor, fueron:
– La visión negativa de la política como
factor de desunión nacional.
– La creación de movimientos políticos
organizados de forma muy laxa en torno a principios y valores muy
generales vinculados a un único interés
nacional.
– La toma de decisiones de acuerdo con criterios
técnicos y administrativos, basados en la racionalidad y
la eficacia impuestas desde arriba de forma autoritaria,
y
– Un constante déficit de legitimidad, que
podía reducirse si el régimen era capaz de resolver
los problemas que habían justificado el golpe de
estado.
Fueron, en definitiva, regímenes transicionales,
fuertemente inestables, que a lo largo de su desarrollo tuvieron
que aceptar una creciente participación de elementos
civiles y cuya diferencia de los regímenes fascistas es
muy significativa: en el fascismo, la respuesta a la crisis de la
posguerra se dio desde la misma sociedad civil, a través
de la construcción de un movimiento con una
ideología clara, explicita, integral e innovadora,
mientras que los regímenes militares corporativos forjaron
una mentalidad política basada en el pensamiento
orgánico-estatalista.
.- La crisis de la posguerra y sus repercusiones
económicas y sociales.
La primera guerra mundial transformó muchas
economías, realzando el poder de la industria,
intensificando la emigración a las ciudades, acrecentando
las aspiraciones políticas de las clases medias y el
descontento del proletariado urbano, y fomentando la causa del
nacionalismo económico[28]
Como era de esperar, España entró en
crisis una vez recuperadas las economías del resto de la
Europa de la postguerra a partir de 1921.
La crisis también agudizó el conflicto de
intereses entre los distintos grupos de presión
económicos: el Gobierno Maura-Cambó de agosto de
1921 a marzo de 1922 fue percibido como un defensor de los
sectores industriales catalanes y vascos, favorecidos por el
arancel ultraproteccionista de 1921, mientras que el Gabinete de
Alhucemas-Alba de 1923 fue acusado de hacer el juego a los
cerealistas castellanos. Un terreno de conflicto inevitable fue
la determinación del arancel de 1922 y las
cláusulas establecidas en los tratados de comercio
firmados con Francia e Inglaterra, e iniciados con Bélgica
y Alemania, con el fin de soslayar la normativa aduanera. Inerme
económica y políticamente con la crisis
económica y el declive de la Lliga, la patronal catalana
apoyó a Primo de Rivera con la esperanza de que su
proverbial energía trajera la paz social e intensificara
el proteccionismo. Los industriales y comerciantes del Principado
habían comenzado a retirar su confianza en el sistema
parlamentario porque la política arancelaria de los
gobiernos conservadores plasmada en la Ley de autorizaciones de
1922 les parecía insuficiente, el sistema
hacendístico era reputado como anacrónico e injusto
por gravoso, y el reformismo sociolaboral era considerado una
claudicación intolerable ante la presión
reivindicativa del obrerismo[29]
.- El problema del orden público y la
situación en Barcelona.
Ante el incremento de la agitación laboral y la
deriva pistoleril de los intercambios entre patronos y obreros,
el empresariado catalán solicitó al Gobierno la
suspensión de las garantías constitucionales y la
aplicación de una firme política de orden
público. En los cinco primeros meses de 1923 hubo en
Barcelona 34 muertos y 76 heridos por atentados, que de un
centenar al año se dispararón a 800 de enero a
setiembre de 1923. En estas condiciones, tiene sentido la
afirmación de Cambó de que la Dictadura "la
creó el ambiente de Barcelona" cuya Capitanía
mandaba Primo de Rivera, con quien se alinearon los sectores
catalanes de "orden" frente al Gobernador Civil Francisco
Barber.
La rebeldía latente de algunos empresarios, como
los afiliados a la muy combativa Confederación Patronal
Española, se vio estimulada por una circunstancia
exterior: la llegada al poder de Mussolini en octubre de 1922.
Respetables hombres de negocios como Tomás Benet
patrocinaron ensayos protofascistas como el vinculado a la
aparición de la revista "Camisa Negra" el 16 de diciembre
de 1922 o la candidatura de Ángel Osorio al puesto de
"cirujano de hierro" costista[30]
El catalanismo conservador actuó de puente
necesario entre esas aspiraciones autoritarias y el candidato
más plausible a la Dictadura. La Lliga aparcó sus
aspiraciones autonomistas y apostó por una
involución política que le permitiera perpetuar su
poder de interlocución en Cataluña. Se
habla[31]incluso de un pacto verbal suscrito en
agosto en Font-Romeu entre Primo de Rivera y los autonomistas
Puig i Cadafalch y Junoy sobre la implementación de
diversas modalidades de colaboración política a
cambio de la potenciación de la Mancomunitat y de una
intensificación del proteccionismo arancelario.
.- La cuestión Catalana, ejemplo del
uniformismo del régimen.
La Dictadura, en resumen, fue muy bien recibida entre
las "fuerzas vivas" catalanas[32]movidas por su
fobia anticenetista y antialbista, por su apoyo a la
aplicación de la política de orden público
de Martínez Anido a toda España y por las
simpatías que despertaba el aparentemente sincero
regionalismo del dictador, que por un momento pensó en
suprimir las provincias y organizar 10 o 12 grandes unidades
regionales. Aunque la Lliga no participó directamente en
el pronunciamiento de setiembre, si que lo apoyó desde su
fase conspirativa, y alguno de sus miembros colaboró en
los primeros compases de la Dictadura, como el Presidente de la
Mancomunitat Joseph Puig i Cadafalch, autor de una nota de
aceptación del golpe que fue publicada en los diarios el
19 de setiembre.[33]
La reactivación regionalista prometida por Primo
de Rivera quedó pronto en letra muerta debido a que en el
seno del Directorio se impuso inmediatamente la tendencia
centralista que entendía el hecho diferencial
catalán opuesto radicalmente al proyecto nacionalista
español que se buscaba patrocinar desde el poder. Las
presiones de la Junta de Defensa de Infantería, dirigida
por Nouvilas, lograron la imposición el 18 de setiembre de
un RD[34]"contra el separatismo" que amplió
la tipología de los delitos contra la Patria perseguidos
en los artículos 2º y 4º de la Ley de
Jurisdicciones de 1906.
Desde la proclamación de la Dictadura, todo el
poder político se desplazó del Gobierno civil
regentado por Joaquín Milans del Bosch a la
Capitanía General, donde el General Emilio Barrera actuaba
como "ministro universal" de Primo de Rivera, relegando a los
gobernadores civiles al rango de simples figuras decorativas. El
nuevo Capitan General alentó la clausura de centros
políticos y la persecución y encarcelamiento de la
militancia catalanista, hasta la más moderada, incluidos
algunos sacerdotes. Los delegados gubernativos fiscalizaron y
reprimieron casi todas las manifestaciones de exaltación
de la identidad regional. Medidas como los intentos de
desmembración territorial en 1923, la prohibición
de izar la Senyera, cantar Els Segadors o usar
el catalán en las comunicaciones oficiales vinieron a
acompañar otras decisiones todavía menos
afortunadas como la castellización arbitraría de
los nombres de calles y pueblos, la obligación de publicar
sólo en castellano los anuncios de obras teatrales, 1924,
la limitación del baile de sardanas, 1925, o la
persecución de instituciones aparentemente neutras, como
el Centre Cátala, los Pomells de
Joventut[35]el Ateneu barcelonés, el Ateneu
Enciclopèdic Popular, la Associcò Protectora de
l`Ensenyanca Catalana, las bibliotecas populares, las sociedades
excursionistas, deportivas y musicales, las comisiones
organizadoras de los Jocs Florals o los cursillos escolares de
lengua catalana. El 22 de setiembre se procedió a la
clausura de 28 centros nacionalistas barceloneses entre los que
figuraba el Centre Autonomista de Dependents del Comerc i de
l`Industria (CADCI), cuya junta directiva fue amenazada el 12 de
enero de 1924 con la clausura definitiva si no redactaba en
castellano toda la documentación de sus libros de
contabilidad.
Durante los últimos meses de 1923, la Dictadura
arrestó a decenas de curas acusados de separatismo y
clausuró la Academia Católica de Sabadell. Algunos
religiosos fueron trasladados de residencia y alejados de
Cataluña como el obispo de Barcelona, doctor Joseph
Miralles i Sbert, que fue trasladado temporalmente a la
diócesis de Mallorca.
El acoso cultural generó un amplio movimiento de
solidaridad de los intelectuales castellanos, 117 de los cuales
firmaron en Marzo de 1924, a iniciativa de Ángel Ossorio y
Gallardo[36]y Eduardo Gómez Baquero, un
manifiesto de solidaridad con la lengua catalana redactado por
Pedro Sainz Rodríguez[37]
Sólo en 1924, Primo de rivera decidió
abrir una vía de negociación, pero no con la Lliga,
sino con Unió Monárquica Nacional presidida desde
1918 por Alfonso Sala Argemí, conde de Egara. El
Capitán General Barrera y, posteriormente, el propio Primo
de Rivera, se reunieron con una representación de este
Partido y de la Federació Monárquica Autonomista a
la que exigieron una firme adhesión al Directorio y la
creación de una agrupación política
regionalista. Ante la negativa de estos, el 12 de enero
disolvió todas las diputaciones provinciales, salvo las de
las Provincias Vascas[38]
El Estatuto Municipal de abril de 1924 recortó
aún más las posibilidades de autogobierno, mientras
que el Estatuto Provincial de marzo de 1925 eliminó de
hecho la Mancomunitat de Cataluña. Ello supuso la ruptura
definitiva entre el Directorio y la Lliga, que acusó a
Primo de Rivera de romper las promesas realizadas antes del golpe
de setiembre y la oportunidad histórica de reconciliar una
tendencia política-cultural no definida como
antiespañola con el resto de la Nación
española.
La persecución oficial a la cultura catalana se
tradujo paradójicamente en un renacimiento de la cultura
autóctona gracias a la iniciativa privada y al mecenazgo
particular. Esta acción cultural de resistencia queda
ejemplificada en la propaganda difundida en el extranjero, en el
desarrollo de instituciones como la fundación editorial
Bernat Merge o en el fomento de actividades diversas, como las
conferencias en los Ateneos populares, las sociedades
excursionistas o las asociaciones religiosas. El papel de la
Iglesia fue muy relevante, ya que la prohibición del uso
del catalán afectó a la liturgia, y puso al clero
catalán en primera línea de la defensa de las
libertades regionales y de la autonomía
cultural[39]Todo ello generó una cultura
catalana, donde lo intelectual tuvo un protagonismo
político significativo, al hacer de su actividad un arma
eficaz de afirmación política
nacional.[40]
Para finalizar este epígrafe podemos afirmar que,
como consecuencia de las intransigencias de Primo de Rivera se
reafirmó a Estat Catalá en su convicción de
que la insurrección era la única vía
regeneradora posible para Cataluña. El 7 de octubre de
1923 Francesc Macià[41]a punto de huir a
Perpiñán, exponía como principal objetivo de
su formación política la unión de los
partidos obreros y republicanos catalanes, junto a la alianza con
los separatistas vascos y gallegos con el propósito de
derrocar a la Dictadura mediante un movimiento subversivo. Para
ello impulsó la creación de los primeros
escamots[42], y organizó en
París un Comité Separatista Catalá, que se
identificó con el Comité Revolucionario de
París, y que era en realidad una oficina de
conspiración con visos de cuartel general en
campaña.
La primera oportunidad de resolver el conflicto
nacionalista no solo se pierde sino que arma moralmente a quienes
lo plantean y defienden.
El error Berenguer.[43]
Finalizada la Dictadura de Primo de Rivera entra a
formar Gobierno Berenguer,de cuya opinión damos cuenta
reproduciendo un texto de José Ortega y Gasset, fechado en
1930:
"No, no es una errata. Es probable que en los libros
futuros de historia de España se encuentre un
capítulo con el mismo título que este
artículo. El buen lector, que es el cauteloso y alerta,
habrá advertido que en esa expresión el
señor Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto.
No se dice que el error sea de Berenguer, sino más bien lo
contrario -que Berenguer es del error, que Berenguer es un
error-. Son otros, pues, quienes lo han cometido y cometen; otros
toda una porción de España, aunque, a mi juicio, no
muy grande. Por ello trasciende ese error los límites de
la equivocación individual y quedará inscrito en la
historia de nuestro país. Estos párrafos pretenden
dibujar, con los menos aspavientos posibles, en qué
consiste desliz tan importante, tan histórico. Para esto
necesitamos proceder magnánimamente, acomodando el aparato
ocular a lo esencial y cuantioso, retrayendo la vista de toda
cuestión personal y de detalle. Por eso, yo voy a suponer
aquí que ni el presidente del gobierno ni ninguno de sus
ministros han cometido error alguno en su actuación
concreta y particular. Después de todo, no está
esto muy lejos de la pura verdad. Esos hombres no habrán
hecho ninguna cosa positiva de grueso calibre; pero es justo
reconocer que han ejecutado pocas indiscreciones. Algunos de
ellos han hecho más. El señor Tormo, por ejemplo,
ha conseguido lo que parecía imposible: que a estas fechas
la situación estudiantil no se haya convertido en un
conflicto grave. Es mucho menos fácil de lo que la gente
puede suponer que exista, rebus sic stantibus, y dentro del
régimen actual, otra persona, sea cual fuere, que hubiera
podido lograr tan inverosímil cosa. Las llamadas
«derechas» no se lo agradecen porque la especie
humana es demasiado estúpida para agradecer que alguien le
evite una enfermedad. Es preciso que la enfermedad llegue, que el
ciudadano se retuerza de dolor y de angustia: entonces siente
«generosamente» exquisita gratitud hacia quien le
quita le enfermedad que le ha martirizado. Pero así, en
seco, sin martirio previo, el hombre, sobre todo el feliz hombre
de la «derecha», es profundamente ingrato. Es
probable también que la labor del señor Wais para
retener la ruina de la moneda merezca un especial aplauso. Pero,
sin que yo lo ponga en duda, no estoy tan seguro como de lo
anterior, porque entiendo muy poco de materias económicas,
y eso poquísimo que entiendo me hace disentir de la
opinión general, que concede tanta importancia al problema
de nuestro cambio. Creo que, por desgracia, no es la moneda lo
que constituye el problema verdaderamente grave,
catastrófico y sustancial de la economía
española -nótese bien, de la española-.
Pero, repito, estoy dispuesto a suponer lo contrario y que el Sr.
Wals ha sido el Cid de la peseta. Tanto mejor para España,
y tanto mejor para lo que voy a decir, pues cuantos menos errores
haya cometido este Gobierno, tanto mejor se verá el error
que es. Un Gobierno es, ante todo, la política que viene a
presentar. En nuestro caso se trata de una política
sencillísima. Es un monomio. Se reduce a un tema. Cien
veces lo ha repetido el señor Berenguer. La
política de este Gobierno consiste en cumplir la
resolución adoptada por la Corona de volver a la
normalidad por los medios normales. Aunque la cosa es clara como
«¡buenos días!», conviene que el lector
se fije. El fin de la política es la normalidad. Sus
medios son… los normales. Yo no recuerdo haber oído
hablar nunca de una política más sencilla que
ésta. Esta vez, el Poder público, el
Régimen, se ha hartado de ser sencillo. Bien. Pero
¿a qué hechos, a qué situación de la
vida pública responde el Régimen con una
política tan simple y unicelular? ¡Ah!, eso todos lo
sabemos. La situación histórica a que tal
política responde era también muy sencilla. Era
ésta: España, una nación de sobre veinte
millones de habitantes, que venía ya de antiguo
arrastrando una existencia política bastante poco normal,
ha sufrido durante siete años un régimen de
absoluta anormalidad en el Poder público, el cual ha usado
medios de tal modo anormales, que nadie, así, de pronto,
podrá recordar haber sido usados nunca ni dentro ni fuera
de España, ni en este ni en cualquier otro siglo. Lo cual
anda muy lejos de ser una frase. Desde mi rincón sigo
estupefacto ante el hecho de que todavía ningún
sabedor de historia jurídica se haya ocupado en hacer
notar a los españoles minuciosamente y con pruebas
exuberantes esta estricta verdad: que no es imposible, pero
sí sumamente difícil, hablando en serio y con todo
rigor, encontrar un régimen de Poder público como
el que ha sido de hecho nuestra Dictadura en todo al
ámbito de la historia, incluyendo los pueblos salvajes.
Sólo el que tiene una idea completamente errónea de
lo que son los pueblos salvajes puede ignorar que la
situación de derecho público en que hemos vivido es
más salvaje todavía, y no sólo es anormal
con respecto a España y al siglo XX, sino que posee el
rango de una insólita anormalidad en la historia humana.
Hay quien cree poder controvertir esto sin más que hacer
constar el hecho de que la Dictadura no ha matado; pero eso,
precisamente eso -creer que el derecho se reduce a no asesinar-,
es una idea del derecho inferior a la que han solido tener los
pueblos salvajes.
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