Esta es la más reciente de varias leyes de amplio
alcance aprobadas por el actual Congreso estadounidense. De todos
modos, la reforma financiera, la ley de estímulo de 2009 y
la reestructuración del sistema de salud de este
año -grandes logros legislativos se mire por donde se
mire- no se han traducido en respaldo para la Casa Blanca. Los
índices de aprobación de la gestión de Obama
han caído a sus niveles más bajos en algunas
encuestas en medio de un sombrío panorama económico
y crecientes dudas sobre la efectividad de sus políticas
económicas.
– Cambio de reglas en Wall Street (El País –
18/7/10)
La reforma de "lo posible" deja muchos insatisfechos y
problemas sin resolver
(Por Sandro Pozzi) Lectura recomendada
"No más Lehman Brothers, no más AIG",
cantaba a los cuatro vientos Timothy Geithner en un intento por
dar con los votos que necesitaba para sacar adelante en el Senado
las nuevas reglas que gobernarán Wall Street. Pero era,
sobre todo, un golpe de mesa del responsable del Tesoro de
Estados Unidos ante las críticas por cómo
quedó la versión final de la reforma financiera.
Unos, los conservadores, porque va demasiado lejos. Otros, a la
izquierda, por las omisiones. ¿Pero servirá para
acabar con los excesos que llevaron a la crisis?
El presidente Barack Obama no quería que llegara
el segundo aniversario del terremoto financiero sin reglas que
eviten una quiebra caótica como la de Lehman, que
forzó a las autoridades públicas -Tesoro, Reserva
Federal (Fed) y Fondo de Garantía de Depósitos
(FDIC)- a inyectar 11,5 billones de dólares en el sistema
para evitar que cayera por el precipicio, saliendo al rescate de
colosos como la aseguradora AIG, los conglomerados Bank of
America y
Citigroup o las hipotecarias Fannie Mae y Freddie
Mac.
Tras un año de negociación, la reforma
salió adelante el jueves. Se vende como el mayor cambio en
la estructura de supervisión desde la Gran
Depresión. Geithner la resume en una frase, en la que
afirma que la nueva legislación "restringirá la
asunción de riesgos, limitará el nivel de
apalancamiento de las entidades y forzará requerimientos
de capital y de liquidez mucho más conservadores, para que
las entidades sean mucho menos vulnerables frente a los errores,
muchos más capaces de soportar los choques".
Es decir, en sus palabras, se atacará al
"imprudente". La firma Deloitte lo condensa en la
información remitida a sus clientes en dos objetivos
relativamente simples. El primero, rebajar el riesgo en el
sistema financiero, limitando las actividades de riesgo en las
que se embarcan las firmas individuales y ampliando el abanico de
organizaciones que estarán bajo el control de la red de
supervisión. Segundo, reforzar la protección del
consumidor.
En la práctica, esto se traduce en que los
reguladores tendrán más margen de maniobra para
poner fin a comisiones abusivas en las tarjetas de crédito
hasta desmantelar un banco cuya situación financiera ponga
en riesgo al conjunto de la economía. Y al arrojar luz en
las esquinas más oscuras de mercados como los derivados,
en última instancia afectará al precio de la
gasolina o la leche.
Estos son, en síntesis, los puntos principales de
una reforma en la que la Casa Blanca promete que
"remodelará" la manera en la que se hace negocio en Wall
Street y "redefinirá" el papel de los reguladores, para
que el público confíe en el sistema y se sienten
las bases "para el crecimiento económico y la
creación de empleo". Eso sí, una reforma de 2.323
páginas con las debidas concesiones para que la gran banca
se adapte sin sobresaltos:
– Protección del consumidor: se crea en el seno
de la Reserva Federal una agencia con la autoridad y la
independencia necesarias para asegurar que el consumidor reciba
una información clara y veraz sobre los términos
asociados a productos financieros como hipotecas, tarjetas de
crédito o préstamos a estudiantes. Se trata de
evitar abusos y costes ocultos. Excluye los relacionados con la
automoción.
– Alerta temprana: el Tesoro de Estados Unidos
formará un consejo que identificará los riesgos
potenciales al sistema que pueden amenazar la economía.
Con el secretario del Tesoro presidiendo, estará integrado
por los 10 reguladores del sistema financiero (entre ellos la
Fed, la FDIC y la SEC), un experto independiente en seguros y
cinco representantes de la industria financiera.
– El gran vigilante: la Fed conservará la
autoridad de supervisión sobre la gran banca y
tendrá voz ante las miles de pequeñas firmas
financieras locales (community banks). El Congreso de Estados
Unidos realizará una única auditoría
relativa a los programas de emergencia activados durante la
crisis. El sector financiero ya no podrá elegir a los
presidentes de los bancos regionales que integran la
Fed.
– Liquidación ordenada: se establece un mecanismo
que permitirá a la FDIC desmantelar entidades
problemáticas. Es el fin del principio "demasiado grande
para quebrar", para evitar que el contribuyente pague rescates
como el de AIG. Para no llegar a ese extremo, y limitar el
tamaño de las entidades, se imponen requisitos más
estrictos de capital y un mayor colchón de liquidez. Las
grandes firmas someterán un "plan de su funeral" que
marque una hoja de ruta para el caso en que deba ser
intervenida.
– Productos exóticos: los bancos deberán
escindir en filiales algunos de sus negocios más rentables
y de más riesgo en el mercado de los derivados, como los
que tumbaron a AIG. Para dar transparencia, la mayoría de
estos productos -incluidos los seguros de impago de deuda (CDS)-
se negociarán en cámaras de compensación
centralizadas o en mercados organizados bajo la
supervisión de la CFTC (regulador de futuros).
– La Regla Volcker: la legislación restringe que
los bancos inviertan sus recursos propios en operaciones
especulativas a través de fondos de alto riesgo (hedge
funds) y firmas de capital riesgo (private equity). Esas
inversiones estarán limitadas al 3% de sus fondos propios
(Tier 1). No podrán negociar por cuenta propia con los
depósitos, salvo que lo hagan en nombre de sus
clientes.
– Agencias de calificación: los árbitros
del riesgo se someterán a un mayor control del regulador
del mercado de acciones (SEC), que a su vez ve ampliado su papel
con autoridad sobre los hedge funds y los private equity. Se les
da mandato para elaborar un estudio sobre posibles conflictos de
interés, lo que podría llevar en el futuro a
reforzar la supervisión.
– Accionistas: la legislación da más voz
entre bastidores a los inversores, al facilitar al pequeño
accionista la nominación de representantes en los consejos
de administración de las entidades. También
podrán pronunciarse sobre las remuneraciones a ejecutivos
y empleados de las firmas financieras, aunque, en este caso, el
voto del accionista no será vinculante.
El presidente Barack Obama ya dijo antes de que se
produjera el voto final en el Senado que estas medidas
"pondrán fin a la era de irresponsabilidad que
llevó a perder ocho millones de empleos y billones de
dólares en riqueza". La reforma, uno de los pilares de su
primer mandato, "es buena para las familias, es buena para los
negocios, es buena para el conjunto la
economía".
Básicamente, la mayor transformación
tendrá lugar entre los supervisores. La estructura
reguladora creada en la legislación ayudará a las
agencias a detectar y esquivar potenciales crisis, como la que se
le escapó a la Reserva Federal con el colapso del mercado
hipotecario. Y en el caso de que fracasaran, contarán con
los instrumentos legales para responder cuando
comience.
Harry Reid, líder de los demócratas en la
Cámara, explica que el objetivo último es
"asegurarnos de que los grandes bancos no juegan con nuestro
futuro". O dicho con palabras que llegan mejor al electorado de
Nevada (que debe decidir en noviembre si Reid les seguirá
representando en Washington), la reforma "va a limpiar Wall
Street" y "arreglar el sistema que causó la
recesión". "Se acabó este casino que les
enriqueció", afirma.
¿Compra el público el mensaje? Una
reciente encuesta de Bloomberg reveló que cuatro de cada
cinco estadounidenses mostró poca o nada de confianza en
la reforma. Es más, opinan que está diseñada
más para ayudar a la industria financiera que a la gente
de la calle, la denominada Main Street. Es lo que piensa
también el senador Tom Coburn. Y para ello se remite a una
afirmación del consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd
Blankfein, en la que dijo que "el gran beneficiario de la reforma
es el propio Wall Street".
En este sentido, el líder de la minoría
republicana en el Senado, Mitch McConnell, cree sospechoso "que
los grandes bancos apoyen la legislación y que no guste a
los pequeños ni al público". Es más,
considera que la Casa Blanca y sus aliados demócratas en
el Capitolio están fracasando con esta legislación
a la hora de atajar las causas reales de la crisis financiera, y
lo que consiguen en su lugar es "crear más
burocracia".
Más allá de la retórica
política, Brian Bethune, economista de IHS Global Insight,
cree que la reforma "afronta importantes puntos de
vulnerabilidad" en la estructura financiera actual que actuaron
como detonante de la crisis. El más destacado, opina, son
las medidas para limitar la especulación en los derivados
y que se someta a las agencias de calificación a un mayor
control. Pero sobre todo, valora el mecanismo para liquidar
entidades sistémicas.
Simon Johnson, antiguo economista jefe del Fondo
Monetario Internacional (FMI), cree que el paquete legislativo
diseñado por Barney Frank y Christopher Dodd va a
conseguir un cambio fundamental en la forma de operar de la
banca, equiparable al que hace 120 años se logró
con la Ley Sherman de Antimonopolios, por la que se
constriñó por primera vez el poder que
debían tener las grandes corporaciones en el mundo de los
negocios.
Sin embargo, lo bueno y lo malo de la reforma dependen
de la perspectiva desde la que se examinen los detalles de la
legislación. Hasta el propio Paul Volcker, ex presidente
de la Fed y asesor de Barack Obama, le pone un "suficiente
raspado". El enfado de Volcker tiene lógica, porque se
diluye la iniciativa que lleva su nombre para evitar que los
bancos especulen con el dinero de sus clientes. Están
también los que la califican de inadecuada e irrelevante
por las omisiones.
En la recta final de la negociación cayó
el impuesto a la banca y los grandes hedge funds, con el que la
Casa Blanca esperaba recaudar 19.000 millones de dólares
en 10 años para financiar la liquidación ordenada
de las entidades en apuros. Fue el peaje que pagaron los
demócratas para conseguir el voto de tres republicanos. A
cambio, la FDIC elevará la prima de seguro a la banca y se
liquidará el fondo de rescate bancario (TARP).
Russ Feingold fue el demócrata que más se
opuso a la reforma, porque dice que no es lo suficientemente
progresista. Las nuevas reglas son tan tímidas,
añade, que teme que haga más daño que
beneficio. Su argumento es que no habrá un cambio mayor en
la estructura de Wall Street, salvo por las exigencias de la
Regla Volcker, y eso podría permitir a los más
grandes hacerse con más poder, a pesar de los
límites que se imponen.
Se mire como se mire, lo cierto es que la
legislación no es tan dura como la vendió hace un
año la Administración de Obama a la hora de
levantar ese muro que proteja a Main Street de los excesos en
Wall Street. Los bancos contarán con un amplio margen de
tiempo para adaptar sus modelos y podrán mantener buena
parte de las operaciones con derivados, como seguir contratando
coberturas de divisas y permutas de tipos de cambio.
Y está por ver, además, cómo
reaccionarán Goldman Sachs y Morgan Stanley, a los que se
animó a que se transformaran en holdings para acercarlos
más a la banca comercial y darles acceso a los fondos de
rescate. Ahora podrían plantearse volver al estatus de
banca de inversión para evitar, precisamente, las
restricciones. Los grandes perdedores serán los grandes
supermercados financieros como JP Morgan Chase, Bank of America y
Citigroup.
Como explica Deloitte, el impacto se notará en
toda la industria de los servicios financieros, no solo en la
bancaria. Pero, en concreto, en las firmas que, como las antes
citadas, tengan que separar las operaciones más
arriesgadas. Y apuntan que los nuevos requisitos de liquidez
conllevarán un margen de beneficio menor en el futuro de
las actividades especulativas que ahora son más
rentables.
Pero el área más importante a la que no
hace frente esta reforma es la referida al sistema hipotecario, y
en concreto, las firmas semipúblicas Fannie Mae y Freddie
Mac, que incentivaron a los bancos a ofrecer préstamos a
gente que no se los podía permitir. Es uno de los puntos
que destaca el FMI en su análisis de la economía
estadounidense. Un sistema que considera "costoso, ineficiente y
complejo" y que ha demostrado ser "insostenible".
El senador republicano Judd Gredd, otro de los miembros
más activos durante la negociación, también
insiste en este punto como uno de los aspectos más
"negativos" de la reforma, porque dice que se "está
fracasando a la hora de afrontar un problema que explica gran
parte de lo sucedido en el pasado y que seguiremos teniendo en el
futuro". El Tesoro admite que es necesaria una reforma de Fannie
y Freddie, pero no en este momento.
Más allá de estas omisiones, el Fondo
considera que en términos generales la reforma pactada en
EEUU es un paso "mayor" en la buena dirección, que
corregirá algunas de las "lagunas" que destapó la
crisis en la regulación y en la supervisión. Sin
embargo, también cree que "se pierde la oportunidad" para
reducir el número de agencias actuales. El reto
está ahora, añade, en aplicarla sin que "limite" el
crédito, "para no minar el repunte".
Y eso es lo que temen en el mundo de los negocios. No es
tanto el contenido de la legislación, sino el momento en
el que empiezan aplicarse las nuevas reglas en el sistema
financiero y el impacto que tendrán en una economía
muy débil, donde el crédito a las pequeñas y
medianas empresas y las familias brilla por su ausencia. Y
también por su efecto combinado con otras de las
legislaciones bandera de la Administración de Obama, como
la de la reforma sanitaria o la futura normativa
energética.
La Business Roundtable -asociación que agrupa a
los principales ejecutivos de las mayores corporaciones- teme que
esta triple batería legislativa cree aún más
incertidumbre y desanime a las empresas a contratar. Desde la
Cámara de Comercio, su presidente, Bruce Josten, cree que
el gran problema es que nadie entiende realmente cómo las
nuevas reglas cambiarán el juego. Eso hará "que el
capital se mantenga al margen durante años", dice. "Menos
capital disponible y más caro", indica el republicano
Robert Corker.
Timothy Geithner dejó constancia de que la
Administración de Obama tiene claro que "se necesitan
bancos que asuman riesgos para que los negocios crezcan y sean
prósperos". Pero también dijo que corresponde al
Gobierno asegurar "que esos riesgos no amenacen la salud de la
economía en su conjunto". Y en este sentido insiste en que
la reforma "ayudará a que los bancos sirvan a las
necesidades de sus clientes, no para tomar ventaja de
ellos".
Otra de las dudas concierne al peso de Wall Street como
centro de negocios si los socios del G-20 no imponen reglas
similares. Los analistas de IHS Global Insight no creen que la
reforma vaya a suponer una seria desventaja competitiva para las
grandes firmas estadounidenses en el mercado financiero global,
porque "al final se impuso un hilo de sentido común, algo
que fue difícil de detectar al inicio de la
negociación".
Lo que preocupa a Judd Gregg y a algunos analistas es
que para evitar todas estas restricciones, como en los derivados
o las operaciones con recursos propios, los grandes bancos con
presencia internacional "hagan estas actividades restringidas en
el extranjero". Eso, añade, supone una desventaja
competitiva para las firmas más pequeñas que
concentran su negocio en EEUU y limitará el acceso de los
estadounidenses al crédito.
A pesar del rechazo casi frontal de los republicanos
tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el
paquete final que esta semana será firmado por Barack
Obama incluye enmiendas propuestas por el ala conservadora,
orientadas a proteger las pequeñas entidades. Pero Richard
Shelby, el negociador en la oposición, opina que "esto no
es una reforma real". "Es ineficiente, anticompetitiva y
amplía la burocracia", dice.
Christopher Dodd admite que "no es perfecta". Y explica
que tuvo "que anteponer lo posible a lo deseable". Para el
demócrata, lo esencial es que se crea una arquitectura,
con una nueva generación de reguladores, con instrumentos
"que minimizarán los riesgos". "No se puede legislar la
integridad, pero sí se pueden crear los mecanismos para
protegernos y que nunca más pasemos por lo que hemos
pasado durante los últimos dos años".
Su compañero de filas Byron Dorgan destacó
que se trata de un punto de partida, "no de un punto final". De
hecho, ahora arranca otra fase en la que legisladores y
supervisores deben transformar las miles de páginas en
regulaciones específicas. La labor de lobby de Wall Street
se espera intensa en este proceso, que puede durar entre 12 y 18
meses. Se trata de entender lo que significa la
legislación y de limar asperezas que puedan ser
contraproducentes.
Ese esfuerzo por llevar la reforma del papel a la
realidad, como dicen los analistas, es una labor titánica.
Y ponen como ejemplo de la dificultad la nueva oficina de
protección del consumidor, que, según la
legislación adoptada, debe estar funcionando en un
año. ¿Cómo se define su autonomía
cuando va estar integrada en la Reserva Federal y financiada con
sus recursos? ¿Y a quién deberá designar el
presidente para dirigirla?
Otro ejemplo es el desmantelamiento de la Oficina de
Supervisión del Ahorro (OTS, por sus siglas en
inglés), cuyas responsabilidades serán integradas
en el Controlador de la Moneda (OCC, por sus siglas en
inglés). Solo fundir las dos plantillas es todo un reto.
Pero, sobre todo, será interesante ver cómo se
define su nueva misión sin que eso cree duplicidades con
el trabajo que hará la SEC y con el nuevo consejo de
riesgos sistémicos. "Tenemos ya a grupos de trabajo
planificando", indican desde la OCC.
En total, habrá que llevar a la práctica
243 regulaciones incluidas en la ya bautizada como Ley
Frank-Dodd. Son el triple que las que requería la
Sarbanes-Oxley. Los reguladores deberán realizar a su vez
67 estudios, y los comités del Congreso, redactar casi un
centenar de informes. Y a esto se sumarán las
recomendaciones de la comisión independiente que investiga
las causas que llevaron a Wall Street a crecer sin
control.
A Mike Konczal, miembro del Instituto Roosevelt, no le
extraña que la legislación cree tanto escepticismo,
porque al final, dice, no hay reglas verdaderamente duras. En su
lugar, señala, se encarga a los reguladores hacer
estudios, sobre los que se basarán para decidir
dónde pondrán los límites cuando vean una
amenaza a la estabilidad. Y a la vista de lo sucedido
con
AIG y Lehman Brothers, eso no es muy alentador,
opina.
Es ese margen de maniobra que se da a los reguladores
para ir en diferentes direcciones lo que podría crear
más incertidumbre ahora a los bancos. Austan Goosbee,
consejero de la Casa Blanca, explica que lo que establece la
legislación "son unos principios básicos para
áreas en las que queremos unas reglas más justas".
"Habrá costes para la banca, claro, pero, aquí, de
lo que se trata es de proteger el sistema y al contribuyente",
explicó.
¿Y por
Europa, cómo van las reformas? (los radares y la torre de
control)
"Los ministros de Finanzas de la Unión
Europea (UE) dieron hoy luz verde al nuevo sistema de
supervisión financiera común, que pretende detectar
a tiempo los grandes riesgos para el sistema y evitar
prácticas abusivas del sector financiero que puedan llevar
a una nueva crisis"… Los Veintisiete aprueban la nueva
arquitectura de la supervisión financiera (Cinco
Días – 7/9/10)
Desde principios de 2011 se crearán tres
autoridades europeas de vigilancia que supervisarán las
actividades de los bancos, las aseguradoras y los mercados
bursátiles, además de una junta europea para la
prevención de los grandes riesgos sistémicos que
estará encabezada por el presidente del Banco Central
Europeo, Jean-Claude Trichet.
"Nos ayudará a prevenir efectivamente riesgos
sobre la estabilidad financiera" de la Unión Europea, dijo
el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli
Rehn, tras la aprobación.
El comisario de Servicios y Mercado Interior, Michel
Barnier, se refirió a las nuevas estructuras como "los
radares y la torre de control" europeos que eran necesarios para
evitar futuros colapsos del sector financiero a escala
continental.
Barnier se felicitó asimismo por el hecho de que
los europeos hayan sido capaces de mantener "en paralelo con
Estados Unidos" el calendario de reformas señalado por el
Grupo de los 20 (G-20).
Trichet también se congratuló por la
decisión de los Veintisiete y aseguró que la
entidad que dirige está "preparada" para desempeñar
el papel que se le reserva en la reforma. Además,
añadió: "Necesitamos más que nunca este tipo
de refuerzo de la vigilancia".
Según lo acordado, la supervisión
individual continuará siendo una competencia nacional, de
modo que las cuatro nuevas autoridades europeas trabajarán
conjuntamente con cada país para "salvaguardar la solidez
financiera" a través de la vigilancia de las
compañías financieras que tengan una
dimensión trasnacional.
Barnier dijo en una rueda de prensa que en los
países europeos la mitad de los bancos que operan en un
país proviene de otros estados miembros, como
media.
Además, los gobiernos tendrán la
última palabra si llega el caso de que tengan que emplear
fondos públicos para salvar bancos de la quiebra, pero las
autoridades europeas podrán dirimir disputas entre los
supervisores nacionales, prohibir actividades arriesgadas y tomar
decisiones directas sobre los actores en casos de
emergencia.
La aprobación del nuevo marco de
supervisión financiera ha sido posible después de
que la presidencia de turno belga y representantes del Parlamento
Europeo (PE) llegaran a un acuerdo sobre esta cuestión la
semana pasada, tras salvar los últimos
escollos.
Está previsto que el acuerdo alcanzado hoy sea
ratificado en la sesión plenaria de la Eurocámara
que se celebrará a finales de mes.
Los impuestos a los bancos es la misión
(imposible) de los ministros de finanzas de la Unión
Europea
Los países de la UE han pagado sumas que
ascienden al 16,5% del Producto Interior Bruto del bloque para
apuntalar las entidades financieras durante la crisis crediticia,
según cifras de la UE, haciendo subir como la espuma la
deuda pública de los Estados. Los Gobiernos están
muy interesados en garantizar que los bancos y el resto de
instituciones financieras que han causado la crisis contribuyan
al costo de los futuros rescates.
Dos tipos de impuestos dominarán los debates de
los ministros de Finanzas de los 27.
En el centro del escenario se sitúa un plan para
imponer una tasa anual a bancos y firmas financieras con la que
se podrían recaudar millones de euros destinados a crear
una red de seguridad para las futuras pérdidas
bancarias.
Alemania, Francia y Reino Unido han acordado ya actuar
de forma conjunta para introducir ese tipo de cuota desde enero.
Otros países de la UE probablemente llegarán a un
principio de acuerdo que establecerá que es necesario un
enfoque coordinado de la Unión Europea para evitar que
surja un mosaico de diferentes tasas en toda la UE o de
múltiples tasas para las empresas multinacionales,
según diplomáticos.
Pero será difícil lograr el consenso en
los detalles técnicos del impuesto, tales como la cantidad
a que debe ascender, cómo debe calcularse y el uso que se
le dará.
Algunas naciones, incluida Francia y Reino Unido,
quieren que la suma de dinero vaya a los presupuestos nacionales
para recuperar los fondos de rescate. Otras prefieren que el
dinero se mantenga como reserva para cualquier futura crisis
financiera, mientras que otros temen que la creación de
dicho fondo podría alentar a los bancos a asumir riesgos,
seguros en la certeza de que existe una red por si sus aventuras
fracasan.
"Tenemos que tratar de reducir el riesgo moral para que
no aliente a los organismos financieros a asumir riesgos en el
conocimiento de que los gobiernos pagarán la factura",
dijo la Ministra de Economía española, Elena
Salgado, cuando el asunto se debatió por última vez
en junio.
El tono de los debates marcará la propuesta de
una tasa para toda la UE que redactará la Comisión
Europea a finales de este año (2010). Los ministros
también quieren encontrar una posición común
para la próxima reunión del Grupo de las 20
principales economías del mundo, que tendrá lugar
en Seúl bajo la presidencia francesa el 11 y 12 de
noviembre. Habitualmente, los progresos son más
difíciles de lograr en el G-20.
También estará en el marco de la
discusión otro impuesto sobre las transacciones
financieras, conocido como la "tasa Tobin", llamado así
por la propuesta del economista estadounidense James Tobin en
1978 de una tasa a las operaciones de cambio de divisas. Las
deliberaciones en la Unión Europea incluirán la
ampliación de esta idea a las acciones, bonos y derivados.
Aquí la opinión está fuertemente dividida,
explicaron varios diplomáticos.
Los defensores dicen que reducirá el comercio
especulativo y permitirá obtener ingresos sustanciales. El
Parlamento europeo ha respaldado la idea, pidiendo que los
ingresos se utilicen para engrosar el presupuesto de la UE. El
presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao
Barroso, ha sugerido que los ingresos que se recauden con la tasa
podrían ayudar a financiar proyectos de cambio
climático en los países en desarrollo.
Sin embargo, otros países como Suecia se oponen
totalmente y pocos países están dispuestos a
introducir el impuesto de manera unilateral, por temor a que,
simplemente, se transfieran los negocios a mercados que no
cuenten con este gravamen. "El impuesto necesita un mínimo
de consenso global para ser viable. Lo hacemos todos juntos o no
lo hacemos", dijo un diplomático de la UE.
Verde que te quiero verde (como siempre, el Reino Unido
quiere ir por libre)
"La City en el blanco mientras la Unión
Europea consigue nuevos poderes". Mala traducción de un
titular del gratuito especializado en negocios que una
legión de paquistaníes entrega a los trabajadores
del centro de Londres cada mañana a la salida del metro.
Un titular de la semana pasada a propósito de la
iniciativa, aprobada este martes por los ministros europeos de
finanzas, de creación de un tridente orgánico a
partir del Consejo Europeo de Supervisión de Riesgos
Sistémicos al objeto de poner un poco de orden en el
sindiós que nos tiene en un ay desde hace un par de
años"… Los afanes reguladores del continente
disgustan a los británicos (El Confidencial –
9/9/10)
El órgano de opinión de la City obvia la
estruendosa necesidad de atar en corto a los bancos, funestos
autorreguladores. Prefiere arrimar el ascua a su sardina y
propone una interpretación en clave de contubernio
germano-francés para acabar con una industria
señera del Reino Unido como es la financiera. Un argumento
legítimo que encuentra eco en la eurofobia de buena parte
de la masa lectora.
Lo cierto es que el plan europeo no debería
quitar el sueño a los supuestos afectados. Muchas son las
dudas que presenta, empezando por la infradotación
económica y humana (se habla de una cincuentena de
personas), siguiendo por la descriptible pericia de las
instituciones comunitarias a la hora de poner de acuerdo a
órganos radicados en distintos países (Londres se
ocupará de los bancos, París de los mercados y
Frankfurt de las aseguradoras), y terminando por la timidez con
que, precisamente por no incomodar en demasía a las
autoridades británicas, se ha apoderado a los tres
nascituri. Así, cualquier acción que tenga un
efecto directo en las cuentas de un Estado miembro de la UE
está fuera de su alcance. Es decir, que tendrán que
en caso de crisis como la vivida, podrán prohibir las
ventas en corto, pero no forzar a un rescate bancario, por
ejemplo. Y todo fomentando la cultura del absoluto consenso que
reina en el proceso de decisión europeo y que algunos ven
como causa fundamental de esa enfermedad endémica tan poco
conveniente cuando las circunstancias llaman a la acción:
la europarálisis.
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y bestia
negra de nuestros amigos los bankers, se muestra entusiasmado
ante el nuevo esquema, que verá la luz, Dios y
parlamentarios europeos mediante, el 1 de enero de 2011. En la
humilde opinión del que suscribe, sólo habrá
razón para el entusiasmo si éste resulta en un
primer paso para poner coto a esa gran externalidad que resulta
del riesgo sistémico de las operaciones bancarias. Y
ahí es donde tal vez temen los británicos por la
salud del sector financiero. A fin de cuentas, las exportaciones
financieras representan un 3,5% de su PIB, y el sector da trabajo
a un porcentaje similar de la fuerza laboral. Porque a
raíz de la iniciativa de Bruselas cobran fuerza las voces
que reclaman pasos más valientes en forma de mecanismos
como la tan aireada tasa sobre las transacciones financieras,
algo también discutido en la reunión del martes de
ministros del Ecofin. Discutido sin mucho
éxito.
Las diferencias entre miembros y la conciencia de que un
mecanismo así sólo funcionaría si pudiera
instaurarse de manera global imposibilitan, hoy por hoy,
cualquier acuerdo al respecto. Y, sin embargo, al mirar mercados
altamente especulativos, como el de divisas, donde el volumen
transado representa unas setenta veces el flujo comercial
internacional que en teoría esas transacciones
deberían cubrir, y conociendo el efecto que la volatilidad
en la cotización de las distintas monedas tiene sobre
sectores reales, no parece una idea del todo descabellada la
implantación de un mecanismo de este tipo. No parece el
todo idiota tratar de dotar al volante loco del mercado de una
suerte de servodirección que además sirva para
paliar el enfermizo vacío de las arcas públicas.
Incluso después de tener en consideración
experiencias anteriores, como la sueca durante los años
ochenta, cuyo carácter fallido tal vez tenga que ver con
la competencia fiscal internacional en un entorno de movilidad
cuasiperfecta del capital.
En fin, sea como fuere, pasarán muchas lunas y
muchos bonus hasta ver materializarse iniciativas de este estilo.
Los reyes de la City pueden estar tranquilos.
(15/9/10) Dos años después de
Lehman, ¿las reformas en marcha evitarán que se
repita?
Las regulaciones aprobadas en el verano del 2010 tanto
en EEUU como en Europa, encaminadas a evitar futuras
catástrofes, apuestan por un sistema más
supervisado, seguro y con una mayor protección para el
inversor. "No más Lehman Brothers, no más AIG", se
convirtió en el lema más usado por el secretario
del Tesoro de EEUU, Timothy Geithner, para asegurarse los votos
necesarios que validasen las nuevas normas que regirán
Wall Street.
El Senado de EEUU aprobó la reforma financiera el
pasado mes de julio (2010), una legislación que restringe
la asunción de riesgos, limita el nivel de apalancamiento
de las entidades y exige requerimientos de capital más
conservadores, para que las entidades sean menos vulnerables y
más capaces de soportar futuros problemas.
En definitiva trata de reducir el riesgo en el sistema
financiero, ampliar la red de supervisión y proteger al
consumidor. La nueva ley racionaliza la supervisión
financiera, hasta ahora muy fragmentada, con el objetivo de
anticipar crisis potenciales. Para ello, convierte a la Reserva
Federal en el gran vigilante del sistema y asigna competencias
bien definidas a la Oficina del Interventor de la Moneda y a la
gestora del Fondo Federal de Garantía de los
Depósitos.
La ambiciosa reforma incluye también otras
medidas importantes como la creación de un consejo de
reguladores -dirigido por el Tesoro- para detectar riesgos;
prohíbe a los bancos invertir a beneficio propio con los
depósitos de sus clientes; crea una Agencia de
protección al consumidor para poner fin a comisiones
abusivas, obliga a los hedge funds a registrarse en la SEC,
regula los derivados y pone fin a los rescates financieros al
crear una autoridad para imponer una liquidación ordenada
en caso de emergencia.
Un firme propósito de intenciones que
tardará cerca de dos años en hacerse efectivo ya
que los supervisores tienen el encargo de aprobar unas 533 reglas
y realizar más de medio centenar de estudios que
completarán el desarrollo legislativo de la reforma. Eso
sin contar con las normas relativas a la capitalización
que lleguen de Basilea III o los acuerdos sobre
estandarización de contabilidad internacional que
también han de incluirse.
Europa no ha querido quedarse atrás y acaba de
dar un paso decisivo al aprobar tres nuevos órganos para
supervisar todas las actividades de la banca, aseguradoras y
sociedades de Bolsa que operan en Europa. Una normativa que sigue
la misma filosofía que la de EEUU. "No vimos venir la
crisis. No teníamos los medios de vigilancia suficientes
para detectar los riesgos.
Y cuando la crisis golpeó, no disponíamos
de medios para actuar. Con la nueva arquitectura estamos armados
de cara al futuro", destacó en la segunda semana de
septiembre (2010) Michel Barnier, el comisario europeo de Mercado
Interior. Según el acuerdo alcanzado la supervisión
ordinaria seguirá siendo una competencia nacional y los
gobiernos tendrán la última palabra a la hora de
emplear su dinero en salvar a un banco de la quiebra, pero se
crea un marco de vigilancia común para casos de
emergencia, desacuerdos entre países o incumplimiento de
la legalidad europea.
Las nuevas autoridades tendrán poder para dictar
normas -incluso para prohibir temporalmente actividades que
consideren arriesgadas como las ventas a descubierto- y
podrán intervenir los bancos o sociedades con problemas en
caso de que la autoridad nacional no actúe de acuerdo a
las leyes comunes.
El acuerdo, que será aprobado definitivamente por
el Parlamento Europeo a finales del mes de septiembre, incluye
también la creación de una cuarta autoridad, el
Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, (CERS) para
prevenir situaciones de peligro. Novedades a las que se
sumarán también el desarrollo de una
legislación financiera común para toda Europa y
medidas para proteger a los consumidores. La regulación
que salga de Basilea III será otra pieza fundamental a
encajar en el puzle. Evitar otro colapso de la economía
mundial implica bancos mejor capitalizados.
El problema es que conseguir esos colchones de seguridad
para soportar imprevistos significa también ampliaciones
de capital, daño al accionista y menos crédito para
un sistema que aún no está bien engrasado. El
Comité de Supervisión Bancaria debatirá las
nuevas reglas y detalles como el periodo transitorio para que se
apliquen los criterios adoptados, las exigencias de capital
exactas o los instrumentos que se puedan computar como capital
tienen al sector en vilo por sus efectos futuros en los
resultados. Los esfuerzos regulatorios no sorprenden.
Nadie quiere otro terremoto como el desatado por la
quiebra de Lehman. Un acontecimiento que forzó a EEUU a
inyectar 11,5 billones de dólares en el sistema y la
movilización del 13% del PIB de Europa para garantizar la
supervivencia del sistema financiero. El desastre desatado por
las hipotecas subprime y toda la gama de productos estructurados
vinculados a estos créditos aún no ha
amainado.
El mundo ha logrado salir de la recesión y evitar
una Gran Depresión pero la fragilidad de la
recuperación, cada día más evidente en EEUU,
y el traslado de la crisis a la economía real plagan el
futuro de nubarrones. Aún se desconoce si afrontamos
años de crecimiento bajo o si hay amenaza de
recaída, mientras cada día gana peso el apelativo
de Gran Recesión en referencia al momento
actual.
Todo ello, además, con la banca, epicentro de la
crisis, aún necesitada de cuidados especiales. El sector
continúa purgando las heridas y en ciertos casos, como
demuestran los problemas de la banca irlandesa, aún con
necesidades importantes de capital. La OCDE reconoció a
mediados de septiembre que la recuperación va a un ritmo
más lento de lo esperado por la debilidad del consumo y el
paro. La organización espera que el crecimiento en los
países del G7 caiga al 1,5% en el segundo semestre (2010)
tras haber aumentado el 3,2% en el primer trimestre y el 2,5% en
el segundo. Al menos considera "poco probable" una nueva
recesión. Una posición, por ahora, dominante entre
los expertos. La fotografía del mundo dos años
después de la quiebra de Lehman sigue siendo
preocupante.
El endeudamiento del sector financiero ha pasado a manos
de los gobiernos, lo que reduce el margen de maniobra para
afrontar futuras recaídas en un momento en el que la
fragilidad de la recuperación se hace cada vez más
evidente. EEUU se ha visto forzado a ratificar esta misma semana
otro plan de estímulo para reactivar la economía
por un total de 274.000 millones, un lujo al que pocos
países podrían optar.
En Europa se ha impuesto la tesis de la austeridad. Los
gobiernos necesitan financiarse en los mercados y los inversores,
cada vez más exigentes, ya han avisado que o se reducen
los déficit o dejan de prestar. La capacidad de
financiación de EEUU nunca se ha cuestionado, algo bien
distinto a lo que podría ocurrir en otros países
como demostró la crisis que atravesó Grecia este
año. Un aviso a navegantes que terminó desembocando
en un plan de ayudas de la UE al país. La vía de
los ajustes dolorosos se ha impuesto en Europa para garantizar la
solvencia de las economías, una decisión que
dificulta la senda del crecimiento.
Todo ello en un entorno en el que el papel de los bancos
centrales como prestadores de última instancia sigue
siendo fundamental, lo que retrasa el retiro de las medidas de
estímulo, todavía necesarias para evitar una
sequía del crédito. Si en el inicio de la crisis
los bancos no se prestaban entre sí por miedo a los
activos tóxicos en manos de las entidades hoy en
día la preocupación se centra en las cantidades de
deuda gubernamental que pueblan sus balances. Los cambios
regulatorios, por tanto, llegan en un momento
delicado.
El dinero aún no fluye con normalidad hacia los
particulares y las pequeñas empresas -clave para una
reactivación económica sostenida- el riesgo de
recaída económica persiste y la austeridad
dominante limita tanto el crecimiento como la generación
de empleo, principal obstáculo para la
recuperación. "Reducir el gasto limita el empleo. El
problema ahora es qué hacer para crear empleo", explica
Robert Tornabell, profesor de finanzas de Esade y autor del libro
El día después de la crisis. Los nuevos modelos
regulatorios apuestan por la seguridad pero está por ver
cuál es el precio a pagar.
"No hay garantía de que funcione porque ya
estábamos en un mundo regulado. Frena la innovación
y es costosa en términos de crecimiento. Veremos menos
crédito y más caro", advierte Javier
Díaz-Giménez, profesor de economía del IESE.
Eso sin mencionar la posibilidad de que se sienten las bases para
futuros problemas. "Uno siempre regula la crisis anterior y luego
causa la siguiente", añade este experto. "La
regulación implica una mayor seguridad para inversores y
ciudadanos pero el gran problema normativo es limitar la
creatividad del sistema", añade Lorenzo Dávila,
profesor del IEB. El dilema está servido y el tiempo de
adaptación a la nueva normativa será
clave.
Dulce porvenir
(I) (¿se podrán controlar las armas de
destrucción masiva?)
"Las operaciones de derivados deberán
negociarse en una cámara de contrapartida, según un
proyecto de Reglamento que la CE aprobará el
próximo miércoles. La norma pretende reforzar la
fiabilidad de un mercado en el que cientos de millones de euros
se exponen sin suficiente respaldo de capital"… Bruselas
impone el control de los derivados para reforzar su fiabilidad
(Cinco Días – 13/9/10)
El proyecto de reglamento establece la obligación
de realizar la mayor parte de las operaciones de derivados a
través de una cámara de contrapartida autorizada
para ello por las autoridades nacionales.
La nueva norma obliga, además, a registrar las
operaciones (o sus modificaciones) en un plazo de 24 horas en una
base de datos electrónica cuya supervisión
correrá a cargo de la nueva Autoridad europea de mercados
bursátiles (ESMA, según sus siglas en
inglés).
El reglamento, según la CE,
pretende mejorar la transparencia de un mercado valorado a
finales de 2009 a nivel mundial en más de 21 billones de
dólares (17 billones de euros) y con un riesgo financiero
asociado superior a los 3 billones de dólares (2,5
billones de euros).
La cobertura de ese riesgo financiero es precisamente el
gran objetivo de un reglamento que llega como respuesta al
cataclismo provocado por el colapso de Lehman Brothers hace dos
años.
Los reguladores descubrieron entonces que el riesgo
asociado a numerosos contratos bilaterales de derivados era mucho
mayor de lo estimado y se habían realizado sin contar con
el respaldo de capital necesario.
Todavía hoy, a pesar de la
caída de la actividad en el mercado, se calcula que
alrededor de 1,4 billones de dólares en derivados siguen
sin contar con los colaterales adecuados para compensar su
riesgo, según las cifras manejadas por la CE. Bruselas
pretende mitigar ese peligro a través de las
cámaras de contrapartida, que sólo podrán
aceptar como colateral valores con gran liquidez y con un cierto
nivel de calidad. El reglamento también obliga a las
cámaras a cumplir unos requisitos mínimos de
capital mínimo y a contar con un "fondo para
impagos".
El reglamento prescribe asimismo ciertas normas para
reducir el riesgo financiero y operativo de los derivados que
queden exentos de la obligación de negociarse en una
cámara de contrapartida.
En esos casos, las partes contratantes deberán
prever, de entrada, que los términos del contrato queden
registrados electrónicamente siempre que sea
posible.
Y en segundo lugar, deberán gestionar y auditar
de manera precisa los riesgos asociados a su cartera de
derivados, cuyos contratos deberán computarse diariamente
a valor de mercado.
La exención de pasar por la cámara de
contrapartida está pensada, sobre todo, para derivados de
empresas no financieras, que utilicen ese tipo de operaciones
para su actividad comercial habitual. El proyecto de Reglamento
menciona, por ejemplo, el caso de las compañías de
energía que vendan futuros sobre su
producción.
Aun así, Bruselas confía en que la
mayoría de los derivados se negocien de manera controlada.
Para lograrlo, el reglamento concede a la ESMA y al nuevo
Comité Europeo de Riesgos Sistémicos (presidido por
el Banco Central Europeo) la potestad de localizar tipos de
contratos que se negocian bilateralmente e imponerles la
obligación de pasar por la cámara.
También propondrá cortar en gran medida
las ventas a corto al descubierto -inversiones prohibidas en su
totalidad en España, permitidas en EEUU y que son
operaciones que consisten en vender a plazo acciones que no se
tienen, con la esperanza de poder comprarlos en un momento
más cercano a un precio inferior- y los seguros para
cubrir el impago de la deuda (CDS, por sus siglas en
inglés) en situaciones de emergencia.
"Se ha terminado la época de apostar si la casa
de los demás se incendia o no", aseguró ante el
Parlamento Europeo el presidente de la Comisión Europea,
José Manuel Barroso, en alusión a los inversores
que compran o venden cierto tipo de derivados sin poseer el
activo subyacente. Su amenaza se cumplirá cuando el
comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, presente
su propuesta legislativa para restringir y, en ciertos casos,
prohibir algunos tipos de operaciones a corto o al
descubierto.
Bruselas considera especialmente perniciosas las que
afectan a los llamados credit default swaps (CDS), los
títulos que un comprador utiliza para protegerse de un
riesgo que, si no llega a materializarse, redunda en beneficio
del vendedor.
Barnier quiere imponer mucha más transparencia en
ese mercado, después de que en los últimos se hayan
registrado numerosos movimientos especulativos en relación
a los CDS de la deuda soberana de los países de la zona
euro.
La nueva normativa comunitaria aspira a armonizar los
controles que aplican los reguladores a ese tipo de operaciones,
así como las condiciones en que se pueden prohibir
temporal o definitivamente.
Los CDS suponen el 8,3% de los 21,6
millones de dólares del valor bruto del mercado de
derivados mundial, lo que los convierte en la segunda
categoría más importante de derivados. Los
relacionados con el tipo de interés suponen el 14%,
según los datos manejados por la CE. Y los relativos al
tipo de cambio el 2,1%.
La UE domina estas dos últimas
modalidades, con una cuota del 63% y 54% respectivamente (en
2007) frente al 24% y 15% de Estados Unidos.
Dulce porvenir
(II) (¿alcanzaremos a ver el fin de la reserva
fraccionaria?)
"El Parlamento británico debatirá una
propuesta revolucionaria. Una reforma financiera para restaurar
la reserva 100% en los depósitos a la vista, lo cual
implica eliminar la reserva fraccionaria, principio sobre el que
se asienta el actual sistema bancario, y clave para entender los
ciclos económicos"… Reino Unido debate restaurar la
reserva 100% en los depósitos bancarios (la mayor
revolución en dos siglos) (Libertad Digital –
16/9/10)
El Parlamento británico ha aceptado debatir a
partir del próximo noviembre (2010) una propuesta que
supone una auténtica revolución para el actual
sistema bancario. Steve Baker y Douglas Carswell, diputados
conservadores de la Cámara, presentaron el
miércoles (15/9), con el apoyo de otros miembros de su
partido, una reforma financiera inédita, consistente en
limitar la reserva fraccionaria de la banca. Es decir, el
privilegio legal por el cual una entidad puede prestar los
depósitos a la vista de sus clientes, expandiendo
así el crédito.
Así, por ejemplo, cuando un cliente deposita 100
euros en una cuenta a la vista (cuenta corriente), su dinero, en
realidad, se esfuma ya que, automáticamente, la entidad
está autorizada legalmente por el gobierno para prestar
hasta el 98% de esa cantidad. Esos 98 euros son, a su vez,
depositados en otra cuenta y, nuevamente prestados a otro cliente
con tal de reservar el 2% (coeficiente de caja), y así
sucesivamente en un proceso que puede repetirse hasta 50 veces,
aumentando de forma exponencial la oferta monetaria.
El sistema de reserva fraccionaria es la base sobre el
que se sustenta el funcionamiento de la banca desde hace casi dos
siglos. Consiste en que un banco tiene derecho a prestar el
dinero de sus clientes, al mismo tiempo que tiene la
obligación de devolvérselo de forma inmediata en el
momento que lo reclamen.
Por tanto, sólo es viable si todos los
depositantes no deciden retirar su dinero de forma
simultánea (corrida bancaria). El banco tan sólo
está obligado por ley a conservar en caja el 2% de los
depósitos a la vista para pagar a los clientes que deseen
retirarlo, el resto lo presta una y otra vez. Según la
Escuela Austríaca de Economía, ésta es una
de las principales claves para entender los recurrentes ciclos de
auge y recesión propios de nuestra
época.
La reforma que ha presentado Baker pretende poner fin a
esta práctica, permitiendo al cliente elegir la forma de
su depósito. Los impulsores reconocen
explícitamente que su propuesta está inspirada en
la obra Dinero, Crédito Bancario y Ciclos
Económicos, de Jesús Huerta de Soto,
catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan
Carlos.
Tal y como explica Baker en The Wall Street Journal, la
reforma no consiste en prohibir la reserva fraccionaria sino en
que el consumidor pueda elegir constituir depósitos 100%.
Es decir, que el banco no preste su dinero sin su
consentimiento.
En esencia, se trata de restaurar la Ley de Peel de
1844, sólo que extendiéndola a los depósitos
bancarios. Dicha ley exigía un coeficiente de caja del
100% en oro a los bancos privados, pero tan sólo respecto
a la emisión del papel moneda (patrón oro),
olvidándose de aplicar el mismo requisito a los
depósitos.
Según Baker, la reforma ofrecerá a los
consumidores la posibilidad "de elegir cómo van a utilizar
los bancos sus depósitos. Si usted pide en préstamo
una pintura a un amigo y le promete que la va a devolver cuando
él la pida y a continuación, presta la misma
pintura a otra persona, usted está cometido un fraude.
Estas normas no se aplican, sin embargo, a los banqueros. Los
parlamentarios británicos tienen hoy la oportunidad de
cambiar esto, y espero que así lo hagan".
Desde hace casi dos siglos, los bancos gozan del
privilegio legal de la reserva fraccionaria, "lo cual significa
que pueden prestar lo que ya deben a sus depositantes. Al prestar
e invertir los depósitos a la vista, los bancos crean
dinero mediante la extensión de crédito. Cuando las
inversiones del banco se vuelven agrias, y las inversiones a
menudo se vuelven agrias, el banco no puede devolver los
depósitos y se declara en quiebra. A menos que se las
arregle para convencer a los políticos de que es demasiado
grande para caer (too big to fail), en cuyo caso serán
rescatados con dinero de los contribuyentes", explica el
diputado.
"Esta relación asimétrica entre los
depósitos bancarios y el contrato y los derechos de
propiedad normales, combinada con la intervención del
Estado, como en el caso de la planificación central de las
tasas de interés (en alusión a la banca central), y
diversas garantías adicionales, es la causa de los auges y
crisis financieros", aclara. Baker señala que esta
propuesta está siendo seguida muy de cerca en EEUU y
Europa. No es de extrañar si se tiene en cuenta que
supondría una auténtica revolución para el
sistema bancario.
"Nuestro proyecto de ley permitiría a los
británicos elegir cómo se utiliza su dinero". Es
decir, que la entidad lo custodie sin posibilidad de prestarlo,
garantizando la reserva 100% a cambio de pagar una
comisión, o bien que el cliente permita
explícitamente a la entidad prestar su dinero por un
período de tiempo determinado, o lo que es lo mismo, un
depósito a plazo a cambio de un determinado rendimiento
(tipo de interés).
De este modo, según Baker, "el crédito
seguiría existiendo", sólo que ahora sí
estaría "respaldado por ahorro real". Además, el
depositante "sería plenamente consciente de los beneficios
y los riesgos a la hora de optar entre depositar su dinero en
custodia (depósito a la vista) o invertirlo durante un
período definido (depósito a plazo)".
"Hace dos años la economía mundial
entró en crisis, sin embargo, nada se ha hecho para tratar
de evitar nuevas crisis. Poner fin a la banca de reserva
fraccionaria ha sido propuesto en algunas ocasiones por varios
economistas de las tres grandes escuelas tradicionales –
keynesianos, monetaristas y austríacos-. Uno podría
preguntarse por qué el clamor para poner fin a este
privilegio legal y anti-capitalista de la banca de reserva
fraccionaria no ha planteado con anterioridad ni con más
fuerza".
Baker tiene muy claro cuál es el problema clave
que padece el sistema bancario contemporáneo y propone su
solución de forma meridianamente clara: "Los enemigos de
la libertad muestran la crisis financiera como un fracaso del
capitalismo. Sin embargo, el mercado en realidad no otorga
privilegios legales a la banca tales como la reserva
fraccionaria, los políticos sí. El privilegio legal
de la reserva fraccionaria destruye los mecanismos sanos de
propiedad y derecho contractual propios del capitalismo.
Esperamos poner fin, hoy, a este privilegio".
(A continuación el artículo de referencia,
tomado de The Wall Street Journal – Opinion Europe section –
Sept. 15, 2010)
– Un proyecto de ley para luchar contra el capitalismo
"crony" (con favorecimientos)
(Por Steve Baker) Lectura recomendada
La medida reformatoria dará a los consumidores la
forma de elegir cómo van a utilizar los bancos sus
depósitos.
Si usted pide en préstamo una pintura a un amigo
y le promete que la va a devolver cuando él la pida y a
continuación, presta la misma pintura a otra persona,
usted está cometido un fraude. Estas normas no aplican,
sin embargo, a los banqueros. Los parlamentarios
británicos tienen hoy la oportunidad de cambiar esto, y
espero que así lo hagan.
Hoy en día, los bancos gozan del privilegio legal
de banca de reserva fraccionaria, lo cual significa que pueden
prestar lo que ya deben a sus depositantes. Al prestar e invertir
los depósitos pagaderos a la vista, los bancos crean
dinero mediante la extensión de crédito. Cuando las
inversiones del banco se vuelven agrias, y las inversiones a
menudo se vuelven agrias, el banco no puede devolver los
depósitos y se declara en quiebra. A menos que se las
arregle para convencer a los políticos de que es demasiado
grande para fallar, en cuyo caso serán rescatados con
dinero de los contribuyentes.
Esta relación asimétrica entre los
depósitos bancarios y el contrato y los derechos de
propiedad normales, combinada con la intervención del
Estado, como en el caso de la planificación central de las
tasas de interés, y diversas garantías adicionales,
es lo que causa Auges y Crisis financieros. Hoy voy a apoyar a mi
colega Douglas Carswell, miembro del Parlamento por Clacton, ya
que presenta un proyecto de ley para eliminar el sistema bancario
de Reserva Fraccionaria. Nuestros amigos en los EEUU y Europa
están siguiendo el caso muy de cerca, ya que el
capitalismo "crony" aflige a todo el mundo.
Antes de la reciente crisis financiera, los bancos
solicitaban préstamos (y los siguen solicitando) a tasas
de interés absurdamente bajas de los bancos centrales. Sus
vendedores entonces inundaron de hipotecas (con comisión)
a aquellos que no tenían esperanza de amortizar el capital
con sus ingresos. Esta chatarra fue empaquetada y prestada de
nuevo, esta vez de forma anónima, a desafortunados
inversionistas dispuestos a creer que los precios de la vivienda
sólo podrían aumentar, y que el riesgo del
incumplimiento no estaba incluido en sus carteras. Este es
sólo uno de los muchos errores del capitalismo financiero
contemporáneo.
Nuestro proyecto de ley Reglamentario de
Depósitos y Préstamos permitiría, a los
británicos, elegir cómo se utiliza su dinero.
Tendrían la opción ya sea de depositar su dinero en
custodia, o de guardarlo por un período que el banco lo
podría invertir a renglón seguido. Si la custodia
es su elección, usted podrá tener su dinero de
regreso al solicitarlo. Sus derechos de propiedad estarían
intactos – seguiría siendo el dueño de su
depósito. Usted probablemente no ganaría intereses,
de hecho podría tener que pagar por el privilegio de
acceder directamente a él a través de sucursales y
cajeros automáticos. Sin embargo, si usted quisiera un
rendimiento, podría optar por en cambio depositar su
dinero por un período de tiempo. El banco podría
invertirlo de nuevos, con lo cual usted tendría,
potencialmente, un nuevo ingreso.
Crédito seguirían existiendo, respaldado
por ahorro real. El ahorrado estaría plenamente consciente
de los beneficios y de los riesgos a la hora de elegir entre
depositar en custodia el dinero y ahorrarlo a término
definido.
Hace dos años la economía
mundial entró en crisis, sin embargo, nada se ha hecho
para tratar de evitar nuevas crisis. Poner fin a la banca de
reserva fraccionaria ha sido propuesto en algunas ocasiones por
varios economistas de las tres grandes escuelas tradiciones
– keynesianos, monetaristas y austríacos. Uno
podría preguntar ¿por qué el clamor para
poner fin al privilegio legal, y anti-capitalista, de la banca de
reserva fraccionaria no había sonado antes ni con
más fuerza?
¿Es escandaloso sugerir que a los
banqueros les guste más bien la socialización del
riesgo y el fácil acceso a dinero de los demás, y
que su éxito en este sistema requiera el amparo de los
políticos adecuados? En contraste con los empresarios
heroicos de "La Rebelión de Atlas" de Ayn Rand," el
financiero contemporáneo percibe una remuneración
asombrosa para reportar ganancias no realizadas. Mientras tanto,
no comparte ninguna de las inevitables pérdidas inherentes
a un sistema basado en modelos fatalmente viciados de
comportamiento del mercado. En lugar de prestar sólo a
personas de su confianza, el actual sistema conduce a que los
financieros contemporáneos se limiten a prestar a alguien,
siempre y cuando puedan trasladar posteriormente el riesgo a otra
persona o entidad.
Las pérdidas han sido
socializadas por el poder del Estado. Los bonos se han pagado a
directivos de los bancos rescatados y el staff de apoyo piensa
que es justo porque no fueron ellos quienes hicieron los
negocios. Ejecutivos que, en otra época, habrían
perdido todo como socios con abierta responsabilidad, han salido
ahora como jubilados ricos.
Si hay hoy un conflicto de clases dentro
del capitalismo, no es entre los trabajadores y los
empresarios-propietarios, sino entre contribuyentes, ejecutivos
de banco y accionistas. Los accionistas han entregado desde hace
mucho tiempo el control de sus bienes y el pequeño
inversionista encuentra escasos beneficios. Mientras tanto, los
capitalistas financieros apuestan el dinero de otras personas
sobre la base de modelos y teorías que han resultado ser
una tontería, al mismo tiempo que nos dicen cuánta
riqueza están creando y cuanto merecen compartir. Esa rara
especie, el accionista a largo plazo, no tiene ningún
recurso después de las pérdidas o los
pobrísimos dividendos, y es el contribuyente quien luego
queda obligado a pagar la factura pendiente.
El esquema anterior es incompleto y la mayoría de
los jugadores que participan en este sistema no tienen la
intención de explotar a los demás. Pero es
explotación, cuando un grupo se ve obligado a cubrir las
pérdidas derivadas de malas apuestas realizadas por un
segundo grupo con el dinero que pertenece a un tercero. Este
sistema de relaciones no es saludable. La antigua Regla de Oro,
"haz lo que quisieras que te hicieran," ha sido reemplazada por
"haz a los demás antes que te lo hagan a ti."
Deberíamos preguntarnos si es esta la forma en que
queremos vivir.
Los enemigos de la libertad muestran la crisis
financiera como un fracaso del capitalismo. El mercado en la
realidad no otorga privilegios legales, tales como la banca de
reserva fraccionaria – los políticos si los otorgan.
El privilegio legal de la banca de reserva fraccionaria destruye
los mecanismos sanos de propiedad y derecho contractual del
capitalismo. Esperamos poner fin, hoy, a este
privilegio.
(El Sr. Baker es miembro del Parlamento británico
por el partido conservador por Wycombe)
Parlamento Europeo: "las instituciones financieras ya no
puedan dedicarse a apostar sin regulación ninguna a costa
de los contribuyentes" (sic) (¿lo dirán en
serio?)
"El pleno del Parlamento Europeo ha ratificado
definitivamente la legislación para reforzar el sistema
europeo de supervisión financiera con el objetivo de
prevenir futuras crisis"… La Eurocámara
ratifica la reforma de la supervisión financiera (Cinco
Días – 22/9/10)
La reforma creará a partir del 1 de enero de 2011
un sistema de alerta que detecte riesgos para la economía
y tres nuevas autoridades comunitarias de supervisión
(bancaria, bursátil y de seguros) para mejorar la
coordinación entre supervisores nacionales, que
seguirán siendo los máximos responsables de las
tareas de control.
Las nuevas normas garantizarán que "las
instituciones financieras ya no puedan dedicarse a apostar sin
regulación ninguna a costa de los contribuyentes", ha
afirmado el presidente de la Eurocámara tras la
votación. "Es la primera respuesta seria de la UE para
paliar las causas que condujeron a la crisis económica y
para evitar que, en caso de crisis futuras, sea otra vez el
contribuyente quien corra a cargo de la factura", ha resaltado
por su parte uno de los ponentes de las nuevas normas, el
parlamentario del Partido Popular José Manuel
García-Margallo.
Tras casi un año de negociaciones, la
Eurocámara ha logrado que los Gobiernos refuercen los
poderes de las nuevas autoridades europeas de supervisión,
cuya misión inicial se limitaba a elaborar normas comunes,
supervisar a las agencias de calificación de riegos y
mediar de forma vinculante cuando haya discrepancias entre los
reguladores nacionales de los países en los que opera una
entidad transfronteriza.
Gracias a las presiones del Parlamento, los Veintisiete
han aceptado que las nuevas autoridades tengan además
poderes para prohibir temporalmente operaciones que amenacen la
estabilidad financiera, como las ventas a corto. Asimismo, en
situaciones de emergencia, podrán dirigir directamente a
los bancos decisiones de obligado cumplimiento, aunque
sólo cuando haya una vulneración de la
legislación comunitaria.
En todo caso, las autoridades no podrán adoptar
ninguna decisión que pueda afectar a las responsabilidades
fiscales de los Estados miembros, es decir, que le obligue por
ejemplo a inyectar dinero a un banco con problemas. Esta era la
máxima preocupación de Reino Unido, que obtuvo una
cláusula de salvaguarda reforzada que le permitirá
apelar ante el Ecofin cualquier decisión de las
autoridades que considere que pueda tener impacto presupuestario.
Esta especie de freno de seguridad significa que la última
palabra la tendrán los ministros de Economía de la
UE.
Además de las tres autoridades de
supervisión, la reforma creará un Consejo Europeo
de Riesgos Sistémicos, cuya función será
observar y evaluar las posibles amenazas para la estabilidad
financiera, emitir alertas de riesgo y recomendaciones de
actuación y vigilar su aplicación. Sin embargo, las
medidas correctivas que aconseje para evitar una crisis no
tendrán carácter vinculante y podrán ser
ignoradas por los Estados miembros.
El nuevo órgano estará formado por los
gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete,
así como por representantes de la Comisión y de las
tres nuevas autoridades de supervisión.
Entre los riesgos que examinará el nuevo
órgano destacan la solidez de la situación de los
bancos, la aparición de burbujas o el buen funcionamiento
de las infraestructuras del mercado. Una vez identificado el
riesgo, el Consejo dirigirá una recomendación al
país o grupo de países afectados. Pero esta
recomendación no será de obligado cumplimiento, y a
veces ni siquiera se hará pública. Eso sí,
el país que decida no seguirla deberá justificar el
motivo.
Para mejorar la visibilidad y la credibilidad del
Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, el presidente del
Banco Central Europeo (BCE) presidirá este órgano
durante los primeros cinco años.
2 – Basilea III: La reforma del nunca jamás
(ni intensiva, ni intrusiva, ni rápida)
El vacilón
de Basilea (las respuestas ingenuas sólo empeoraran las
cosas)
"Representantes de las autoridades reguladoras
bancarias y de bancos centrales, reunidos a puerta cerrada esta
semana en la ciudad suiza de Basilea durante dos días,
parecen abiertos a diluir las propuestas presentadas en
diciembre, después de la intensa presión de los
grandes bancos y algunos gobiernos para poder alcanzar un
compromiso global para la fecha límite de
noviembre"… Tras la presión de bancos y gobiernos,
las propuestas reguladoras de Basilea se diluirían (The
Wall Street Journal – 15/7/10)
En medio de un consenso general de que los bancos
necesitan contar con mayores reservas de capital de las que
tenían antes de la crisis financiera global, las
conversaciones de ahora se centran en resolver varios asuntos
clave:
¿Qué cuenta como capital?
¿Qué límite de endeudamiento habría
que permitirles a los bancos? ¿Cuánto dinero en
efectivo deberían tener? ¿Cuán flexibles
deberían ser las reglas para los diferentes sistemas
bancarios nacionales? ¿Cuánto tiempo tendrán
que acatar los bancos los estándares más estrictos
para evitar una contracción de crédito?
Un acuerdo del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea tendrá un impacto más global y,
en algunos casos, más potente sobre las ganancias,
operaciones de préstamos e inversiones bancarias que el
proyecto de ley de reforma financiera que podría aprobar
hoy en el Congreso estadounidense.
Las conversaciones, que concluyen el 15/7, reúnen
en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BPI) a 44 agencias
de 27 países, cada uno con sus propias prioridades. Los
franceses exigen cambios que permitan que sus tres mayores bancos
-Société Générale SA, Crédit
Agricole SA y BNP Paribas SA- sigan conservando filiales de
seguros sin enfrentar sanciones. Y los estadounidenses quieren
que sus grandes bancos estén autorizados a considerar como
capital los derechos de titularización de
hipotecas.
Entre los principales puntos en discusión se
destaca la creación de un límite sobre
cuánto pueden endeudarse los bancos, una "relación
de apalancamiento". Los negociadores de varios países,
incluyendo Alemania -preocupado por las implicaciones para
Deutsche Bank AG- piden flexibilidad sobre la aplicación
de la nueva relación, en lugar de tener que acatar reglas
vinculantes globales. Otros representantes responden que esta
situación minaría el propósito de la
reglamentación.
El progreso en Basilea es esencial para alcanzar un
acuerdo a tiempo para que los líderes del G-20 puedan
celebrarlo cuando se reúnan en noviembre en Corea del Sur.
Con ese fin, entre los participantes se habla de aparcar los
temas más polémicos.
Para reducir la resistencia a las reglas, los
reguladores están optando por que los bancos puedan
excluir partes del capital existente que no se incluirían
bajo las nuevas reglas y eximir a los bancos de tener que
reemplazar ciertos tipos de capital. Además, es probable
que les concedan a los bancos entre cinco y 10 años para
acatar las nuevas reglas sobre capital, según fuentes
cercanas a las negociaciones.
Los delegados reunidos en Basilea discuten varios
estudios que estiman el impacto de las reglas propuestas. Los
análisis muestran que la versión contemplada en
diciembre exigiría que los bancos de todo el mundo
recauden casi US$ 1 billón (millón de millones) en
nuevo capital, según fuentes cercanas al proceso. La
cifra, si bien aún gigantesca, es considerablemente menor
a las estimaciones de varios billones de dólares
publicadas por varios grupos de la industria.
Una de las manzanas de la discordia es la posible
implementación de la llamada "relación estable de
financiamiento neto", que obligaría a los bancos a
conservar más financiamiento a largo plazo para hacerles
menos susceptibles a un congelamiento de los mercados. La
propuesta ha levantado polémica, ante las quejas de varios
analistas de que podría costarles a los bancos billones de
dólares en nuevos fondos. La idea podría ser
archivada, según fuentes familiarizadas con la
situación.
Otro tema en disputa es un requisito para que los bancos
reserven una cantidad superior al capital mínimo exigido
para asegurarse que puedan superar épocas de crisis. Los
reguladores discrepan sobre la sanción a imponerles a los
bancos que no alcancen ese monto de seguridad, y si
deberían limitar los paquetes de remuneración o
pagos de dividendos en los bancos que incumplan este
requisito.
Los cambios en la regulación bancaria anunciados
por el Comité de Basilea no pueden considerarse demasiado
exigentes. Y aún así, pueden resultar bastante
incómodos para bancos como el Deutsche Bank.
Uno suele retrasar las cosas que son más
difíciles de hacer. Pero los bancos han tenido un
montón de tiempo para hacer algo bastante
fácil.
Al verse presionado por la industria bancaria, el cuerpo
que establece las nuevas normas bancarias de regulación ha
anunciado que va a hacer que algunas de sus propuestas sean
más fáciles de cumplir. En particular, el
Comité de Basilea ha dicho que en 2018 los bancos
deberán tener una ratio de apalancamiento mínima
del 3%.
Esto no es para nada oneroso. Significa que un banco
tiene que mantener un dólar de capital por cada 33
dólares en activos. Aún así, los bancos
tienen más de siete años para situar su capital a
ese nivel. Sin ninguna duda, el sistema financiero no puede
permitirse estar tan poco capitalizado.
En realidad, todo depende del lugar de dónde es
el banco en cuestión. Las entidades estadounidenses
parecen más fuertes si se mira la ratio de apalancamiento,
en parte porque han tenido que cumplir con una ratio similar
durante años, al contrario de lo que ocurre con los bancos
europeos.
Las nuevas propuestas de Basilea no especifican
qué tipo de activos se consideran capital para calcular
esta ratio de apalancamiento. Pero una aproximación puede
ser el uso de las ratios de "Tier 1 common capital" para
entidades estadounidenses y de "Tier 1 core capital" para las
europeas. Con este supuesto, Bank of America, Citigroup y
JPMorgan Chase tienen una ratio del 5% y superan el umbral del 3%
que exigiría Basilea. Wells Fargo parece tener más
del 6%.
Sin embargo, el ratio de apalancamiento de Deutsche
Bank, si se ajusta el core Tier 1 y se calculan los activos al
estilo estadounidense, la ratio se queda en el 2,5%.
Alemania ha dicho que sus preocupaciones sobre Basilea
III se refieren a los bancos pequeños. Pero unos ratios de
apalancamiento más estricto, y un calendario más
estricto para llegar ahí, pueden ser una piedra en el
zapato de Deutsche.
Basilea, paredón y después… (una
banca no muy diferente de la actual)
"El Banco Internacional de Pagos (BIS) de Basilea ha
dado un importante paso en la reforma del sistema financiero. El
organismo acordó anoche incrementar la calidad y cantidad
de capital que se exige a los bancos comerciales para mejorar los
estándares de liquidez. El grupo de gobernadores y
directores de supervisión destacó en un comunicado
que están "profundamente comprometidos" con esta mejora
para desalentar el excesivo nivel de apalancamiento y de
riesgo"… El BIS acuerda incrementar la calidad y cantidad
del capital exigido a los bancos (El Confidencial –
27/7/10)
El presidente del Banco Central Europeo (BCE),
Jean-Claude Trichet, dijo que este acuerdo es "un logro para
fortalecer la resistencia del sector bancario de una manera que
refleja las lecciones principales de la crisis". Además,
destacó que los líderes de la supervisión
financiera "han asegurado que las reformas son rigurosas y
promueven la estabilidad a largo plazo del sistema
bancario".
El grupo de gobernadores y directores de
Supervisión acordaron también en la reunión
en la sede del Banco de Pagos Internacionales aumentar "la
consistencia internacional del capital" de los bancos y
desalentar un excesivo apalancamiento y toma de riesgos,
así como reducir el comportamiento procíclico de
los bancos. Los bancos aumentan la concesión de
créditos en años buenos y la reducen en los
malos.
Los supervisores alcanzaron un amplio acuerdo sobre el
diseño general del paquete de reforma de capital y
liquidez. Esta reforma incluye la definición de capital,
el tratamiento de los riesgos de crédito de contrapartida,
el ratio de apalancamiento y el estándar de liquidez
global.
El grupo de gobernadores y directores de
supervisión, que es un órgano del Comité de
Basilea para la Supervisión Bancaria, se reunió el
26/7 en Basilea para revisar la reforma, apenas tres días
después de la publicación de los test de
estrés a la banca europea por parte del Consejo Europeo de
Supervisores Bancarios (CEBS). Sólo siete de las 91
entidades que se sometieron a las pruebas de solvencia
suspendieron el examen (por tener un ratio de solvencia Tier 1
inferior al 6%), un resultado que ha sembrado dudas sobre los
criterios aplicados entre los expertos.
Por su parte, el gobernador del Banco de Holanda y
Director del Comité de Basilea, Nout Wellink,
añadió que "un sector bancario fuerte es una
condición necesaria para lograr un crecimiento
económico sostenible".
Hace un par de semanas, el director general del BIS,
Jaime Caruana, aseguró que la reforma financiera es uno de
los tres retos a los que se enfrenta la economía mundial y
tendrá que moverse hacia requisitos de capital "más
exigentes", tanto en cantidad como en calidad. En el sistema
financiero, explicó Caruana a mediados de julio, "ha
habido un exceso de toma de riesgos y un exceso de
apalancamiento", y la solución para el futuro requiere, a
su juicio, que la banca tenga "un mayor capital y mayor capacidad
de reaccionar ante este tipo de situaciones".
En esta línea, agregó, es necesario, como
otro de los retos para solucionar la crisis, concluir la
elaboración de nuevas reglas globales para el sector
financiero, proceso que ya está en marcha bajo el nombre
de Basilea III y que ya ha registrado "progresos
notables".
Berlín levanta un muro de dudas (los "ortodoxos"
monetarios marean la perdiz)
"El regulador bancario alemán ha rechazado
que su país esté preocupado con la propuesta de
Basilea revelada esta semana para reforzar a los bancos frente a
crisis financieras. Jochen Sanio, jefe de Bafin, el supervisor de
servicios financieros, dijo que Alemania espera alcanzar el
acuerdo este mismo año, pero ha expresado sus reservas
esta semana porque hay elementos importantes de las propuestas
que todavía no están claros"… Berlín
espera llegar a un acuerdo sobre Basilea III antes de noviembre
(Expansión – Financial Times – 28/7/10)
Alemania fue el único país que se
quedó fuera del acuerdo cuando el Comité de Basilea
de Supervisión Bancaria anunció el lunes 26/7 "los
principales elementos del diseño" de las propuestas para
una futura regulación, incluyendo un endurecimiento de los
requisitos de capital a la banca y sus estándares de
apalancamiento.
El Comité, formado por gobernadores de bancos
centrales y reguladores, dijo que "un país" -Alemania-
"todavía tiene dudas y se ha reservado su postura" hasta
final de año. Sanio aseguró al diario Financial
Times: "Uno sólo puede alcanzar un acuerdo definitivo
sobre todo el acuerdo sobre capital. Hasta ahora sólo
hemos vistos pequeñas partes. Estamos esperando a que se
termine el paquete de medidas de Basilea III. Queremos que el
acuerdo esté listo para la cumbre del G20 que se
celebrará en noviembre en Corea".
El Comité de Basilea tiene todavía que
definirse sobre un elemento clave: la cantidad de capital que los
bancos deben conservar en relación a sus activos
ponderados por el riesgo. "Algo que todavía no se ha
calibrado", afirma Sanio. "Sin esto no podemos calcular el
impacto en el sector financiero alemán".
Otras autoridades alemanas se mostraron preocupadas por
el impacto de la normativa en las pequeñas cajas de ahorro
alemanas, que proveen de financiación a muchas pymes.
Estos bancos no pueden emitir acciones y dependen en gran medida
de su capacidad para generar beneficios.
Sanio negó que ninguna parte del sistema
financiero alemán esté particularmente amenazado
por las propuestas. Pero afirmó: "El programa de Basilea
III no es sólo incrementar la cantidad de capital sino
también refinar la calidad de este capital. Y al hacerlo,
eliminaremos parte de lo que ahora es la base de capital de la
banca, lo que al final, acabará dificultando que las
entidades incrementen la cantidad de capital. Esta es la
razón por la que es una importante definir qué
será capital y qué no".
Sucumbiendo al lobby: Basilea III termina cocinando un
menú a gusto de la banca
"Los gobernadores de los Bancos Centrales y
reguladores del Comité de Basilea sucumbieron a un intenso
lobby de parte de los bancos y edulcoraron las propuestas sobre
un nuevo marco reglamentario para el sector de cara a nuevas
crisis, indicaron el martes analistas"… Basilea III cede a
la presión bancaria (El Economista –
28/7/10)
Después de la crisis financiera de 2008, el
Comité de Basilea inició una reforma reglamentaria
cuyo resultado debe ser sometido al G20 de Seúl en
noviembre (2010) y aprobado por los dirigentes de los principales
países desarrollados y emergentes.
Pero las nuevas reglas -denominadas oficiosamente
Basilea III- serán más flexibles en cuanto a la
calidad del capital y el monto de los activos requeridos para
sustentar los préstamos bancarios que lo inicialmente
previsto.
Las nuevas disposiciones, aprobadas por el Comité
de Basilea de Supervisión Bancaria en una reunión
el lunes (26/7) por la noche, también darán
más tiempo a los bancos comerciales para su
aplicación.
La participación de los bancos
Además, los reguladores y los gobernadores de los
bancos centrales aceptaron tomar en cuenta, en cierta medida, la
participación de los bancos en otros establecimientos
financieros, lo que no estaba previsto inicialmente.
"El comunicado de anoche (lunes) mostró una
flexibilización de algunas de las propuestas iniciales de
modo que el Comité aparece tomando un enfoque más
práctico para implementarlas, viendo la necesidad de
permitir a los bancos sostener la reactivación
económica", indicó el analista Eamonn Hughes, de
Goodbody Stockbrokers.
"Parece que las actividades de intenso lobby de los
grandes bancos europeos han funcionado", afirmó de su lado
el experto Joshua Raymond, de London's City Index.
Alivio en los mercados bursátiles
El alivio en los mercados bursátiles era evidente
el martes (27/7), con las acciones de las compañías
de servicios financieros en clara alza. Las ganancias mejor de lo
esperado de los bancos suizo UBS y alemán Deutsche Bank
también ayudaron al sector.
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