El Perú prehispánico (página 3)

La crisis obligó a desarrollarse con
autonomía respecto al mercado mundial e impulsar la
industrialización. Ante la ausencia de créditos
externos, el país debió autofinanciar su
recuperación. En 1939 más del 40% de los ingresos
públicos estaban cubiertos por impuestos directos. Este
esfuerzo permitió construir una serie de carreteras: en
1934 había 19.867 kilómetros y en 1944 la cifra se
elevó a 33.468.

El Estado tuvo que seguir creciendo para atender las
demandas sociales. Aparecen los ministerios de Educación,
Salud y Agricultura. La reforma del Banco de Reserva y la
ampliación de la Banca de Fomento le dieron a los
gobiernos mayor injerencia en la economía. La burocracia
aumenta en un 100% entre 1938 y 1945. Por último, este
crecimiento estatal estuvo acompañado de un peligroso
centralismo. Las decisiones se tomaron cada vez
más en Lima, pues nunca funcionaron los Congresos
Departamentales contemplados en la Constitución de 1933.
Tampoco hubo autonomía municipal.

Luego del tercer militarismo fue elegido por
primera vez Manuel Prado (1939-1945); su victoria se debió
también al tácito apoyo de los movimientos de
izquierda pues veían en Prado al representante de una
burguesía progresista interesada por democratizar el
país. Se equivocaron. Prado reprimió la actividad
sindical e implantó una política liberal para
favorecer las exportaciones. En 1945 triunfó Bustamante y
Rivero apoyado por el Frente Democrático Nacional. Su
breve mandato (1945-1948) fue el primer esfuerzo por ofrecer una
alternativa reformista distinta al Apra, aunque para llegar al
poder requirió del apoyo de Haya de la Torre. Por ello el
sector exportador conspiró con los militares para llevar a
cabo un golpe de estado y restaurar una dictadura modernizadora
con el general Manuel A. Odría (1948-1956). El
régimen se benefició por un auge exportador,
implementó una colosal política de obras
públicas y le otorgó el voto a la mujer.

Los años 50 configuraron el rostro del
Perú contemporáneo. La urbanización
adquirió un fuerte papel y se hizo patente por la
concentración de grandes contingentes de migrantes en las
barriadas de Lima y otras ciudades de la costa. Surge así
un nuevo grupo de propietarios, empresarios, obreros y
subempleados. La cultura andina comienza a invadir las ciudades
transformándolas de manera inexorable. De otro lado el
crecimiento de las comunicaciones (radio y carreteras), la
aceleración del movimiento comercial e industrial de Lima
y el desarrollo de otros sectores de exportación (pesca en
Chimbote), terminaron colocando a la agricultura en un segundo
plano. En la sierra, la crisis del agro debilita a los
terratenientes y empuja a más campesinos a las ciudades
para buscar trabajo y alcanzar la cultura occidental.
También hay un crecimiento explosivo de la
educación popular con la multiplicación de colegios
y universidades. El país entra en efervescencia y surgen
nuevos partidos reformistas: Acción Popular y la
Democracia Cristiana.

5. LOS AÑOS SESENTA Y EL PRIMER
BELAUNDISMO

El descenso de los ingresos por las importaciones tras
el término de la guerra de Corea puso fin al
odriísmo. Reaparecieron el desempleo, las huelgas y la
inflación El dictador tuvo que convocar a elecciones y
retornó al poder Manuel Prado (1956-1962) quien trajo un
período de estabilización política
permitiendo la libre actuación del Apra y la izquierda. Al
frente de la economía puso al liberal Pedro Beltrán
para impulsar las exportaciones y la inversión externa. Se
anunció un programa de "techo y tierra" en favor de los
campesinos que tuvo poco éxito.

Las elecciones de 1962 parecían estar preparadas
para el triunfo del Apra. Haya obtuvo el 33%, pero su escasa
mayoría obligaba al Congreso elegir presidente. Siempre
oportunista, Haya parecía llegar a un acuerdo con su
antiguo rival: Odría. Pero las Fuerzas Armadas, enemigas
históricas del Apra, se negaron a aceptar un escenario con
un presidente aprista. Provocaron un golpe de estado y anunciaron
nuevas elecciones. Estas se realizaron en 1963. Fernando
Belaunde, líder de Acción Popular, resultó
con el 39% e inició su primer mandato
(1963-1968).

Belaunde se presentaba como un político
atrayente. Con la habilidad de un estadista propuso construir una
carretera transamazónica (Marginal de la Selva) para abrir
al desarrollo a esa región del país. Invocó
el recuerdo de los incas y alentó a la población
aspirar nuevamente a la grandeza. Recorrió el territorio y
habló con todos los sectores sociales para generar el
consenso nacional. También reconoció la necesidad
de modificar el Estado para ampliar sus servicios. Por
último, quiso dar incentivos a la industria y realizar la
tan ansiada reforma agraria.

Sus proyectos terminaron fracasando.
Políticamente tuvo un Congreso opositor. El Apra se
había aliado al odriísmo para formar mayoría
parlamentaria. De esta manera bloqueaba cualquier intento de
cambio. Desvirtuó, por ejemplo, un proyecto de reforma
agraria que venía del Ejecutivo. Aprobó otro que
ponía énfasis en la mejora técnica, y no en
la redistribución de la tierra, con la esperanza de
mejorar la producción para favorecer a los hacendados.
Esto irritó a los campesinos quienes comenzaron a invadir
haciendas. En la sierra sur aparecieron movimientos guerrilleros
de inspiración cubana. Al gobierno no le quedó otro
remedio que aplastarlos con la máxima dureza. Hubo 8 mil
muertos y la experiencia fue traumática para los
más de 300 mil campesinos alzados y para los soldados que
tuvieron que reprimirlos.

En las ciudades, especialmente en Lima, la
población migrante desarrollaba luchas paralelas.
Proliferaban las invasiones dando lugar al crecimiento
desmesurado de barriadas y asociaciones vecinales. Sus pobladores
reclamaban viviendas, títulos de propiedad y servicios
básicos. Los obreros, por su parte, buscaban otra
dirección pues veían que los antiguos partidos se
alejaban de fomentar un verdadero cambio. Al gobierno le
faltó fuerza e imaginación para canalizar las
demandas de estos sectores.

Otra frustración se anunciaba: la antigua disputa
con la International Petroleum Company. Tras muchas
negociaciones, en las que los Estados Unidos demostró una
hostilidad continua ante una posible nacionalización, se
llegó a un acuerdo. La IPC renunciaba a los ya agotados
yacimientos de la Brea y Pariñas y el Perú aceptaba
no reclamar los impuestos atrasados. La IPC, además,
lograba el acceso a nuevos yacimientos en la selva y el gobierno
aceptó venderle el crudo a un precio fijo para que la
empresa lo refinara en su planta de Talara. El acuerdo tuvo apoyo
multipartidario pero, antes que se empezara a aplicarse, se
denunció la desaparición de la última
página del contrato donde se habrían consignado las
cifras de una elevada indemnización que el gobierno
pagaría a la IPC. Esta patraña motivó un
gran escándalo y favoreció la caída del
belaundismo.

La economía abonó también la
crisis. En 1967 el gobierno devaluó la moneda,
controló la importación y bajó los impuestos
a la exportación. La balanza de pagos mejoró,
descendió la inflación pero también el
crecimiento. El sueño de un Perú próspero y
unido se hacía polvo para Belaunde. Los militares
alistaban sus tanques contra Palacio de Gobierno, pero esta vez
no para instalar un gobierno provisional. El golpe se dio el 3 de
octubre de 1968. Belaunde fue exiliado y se suprimieron todas las
garantías constitucionales. La dictadura volvía al
Perú.

6. EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS
ARMADAS

El golpe preparó el camino para uno de los
gobiernos militares más ambiciosos de América
Latina. La Junta Militar, presidida por Velasco (1968-1975),
declaró de inmediato su intención de efectuar
cambios de largo alcance en las bases de la sociedad y la
economía. Este nuevo orden, "ni capitalista ni comunista",
intentaba crear un sistema que aboliera las desigualdades y
creara las condiciones necesarias para la armonía, la
justicia y la dignidad. Toda una incoherencia, pues se intentaba
realizar aquello desde el autoritarismo y, muchas veces,
fomentando el odio entre el pueblo y los
"privilegiados".

Una de las claves del proyecto fue la reforma agraria en
1969. Todos los grandes latifundios, sin tener en cuenta su
productividad, fueron expropiados. La medida se sintió
primero en las plantaciones de la costa norte y central, muy
mecanizadas, que se colocaron bajo la administración de
cooperativas de trabajadores. En la sierra la idea era crear
granjas pequeñas o medianas, pero pronto el gobierno
cedió a las demandas campesinas por organizar allí
también cooperativas. Hacia 1975, las ¾ partes de
la tierra productiva del país se encontraba gestionada por
estas asociaciones.

En 1971 se creó el Sistema de Apoyo a la
Movilización Social (SINAMOS) para vincular al
régimen con las organizaciones campesinas y obreras. En
realidad fue un método para manipular a las masas en
beneficio de la dictadura. Una de sus tareas fue afrontar el
problema de las barriadas que se extendían alrededor de
Lima y otras ciudades. Sólo en la capital vivían
750 mil migrantes. La situación era explosiva y se
decidió crear los pueblos jóvenes. Parte
de la "solución" fue repartir títulos de propiedad
a los recién llegados.

Este modelo de organización y movilización
desde arriba pretendía establecer las bases de la
industrialización y el desarrollo económico
reduciendo el conflicto social. Una suerte de estado corporativo.
Este principio se vio en el sector fabril al crearse la
"comunidad industrial". La idea era convertir progresivamente a
los trabajadores en copropietarios con los empresarios. En 1974
había 3.500 comunidades industriales con 200 mil obreros
que controlaban el 13% de las acciones de sus
empresas.

De otro lado se emprendió una serie de medidas
para reducir el papel del capital extranjero que controlaba, en
1968, el 44% de la producción industrial. Esto era
inaceptable para los militares. La primera medida fue la
nacionalización de la IPC creándose
Petroperú. Otras compañías, en su
mayoría de capital norteamericano, también fueron
expropiadas siendo reemplazadas por empresas estatales. En 1974
el régimen aceptó, ante la presión de
Washington, pagar 150 millones de dólares a las empresas
afectadas. Ahora Estados Unidos dejaría de oponerse a la
concesión de créditos al Perú.

A pesar de su populismo, la dictadura velasquista
encontró resistencia interna. Los gremios de trabajadores
sintieron que las reformas no satisfacían sus demandas y
empezaron a presionar. Los grupos despojados, a su vez, no
ocultaron su horror ante las medidas. La respuesta de los
militares fue controlar los medios de comunicación. Poco a
poco se confiscaron los periódicos, la radio y la
televisión. Sin libertad de prensa los adversarios del
régimen fueron intimidados, encarcelados o
exiliados.

La situación económica terminó
derrumbando a Velasco. Cayeron las exportaciones (cobre,
azúcar y harina de pescado) y no se descubrieron nuevos
yacimientos de petróleo. Aumentaron el déficit
presupuestal y la deuda externa. Al asomarse la inflación
el descontento popular se manifestó: en 1975 hubo 779
huelgas, incluyendo el famoso saqueo en el centro de Lima el 5 de
febrero favorecido por una huelga policial.

Un golpe al interior de las Fuerzas Armadas puso en la
presidencia al general Francisco Morales Bermúdez
(1975-1980). Su gobierno buscó corregir el experimento
velasquista. SINAMOS casi desapareció y se negoció
con el Fondo Monetario Internacional un programa de ajuste
económico. Se promulgó el Plan Túpac Amaru
que anunciaba el retorno a la democracia, el fomento a la
inversión externa y la trasferencia de la prensa a sus
legítimos dueños. Todo debía hacerse
progresivamente. En 1978 se convocó a elecciones para
instalar una Asamblea Constituyente. Presididos por Haya de la
Torre, los constituyentes promulgaron en 1979 una nueva
Constitución que debía entrar en vigencia a partir
de 1980. Una de sus novedades fue otorgar el voto a los
analfabetos.

7. LOS AÑOS OCHENTA Y EL REGRESO DE LA
DEMOCRACIA

En las elecciones de 1980 Acción Popular, con
Fernando Belaunde, obtuvo una mayoría del 42%. El Apra,
luego de la muerte de Haya de la Torre, logró el 28%, sin
duda un revés político muy serio. El PPC
alcanzó un magro 11% y todos los grupos de izquierda
sumaron el 16%. Era evidente que Belaunde había recibido
votos de ambos. La escena política tenía algo de
familiar. Belaunde era otra vez presidente pero sin la
obstrucción del Apra en el Parlamento. Su
reelección era también una suerte de
reivindicación: los militares lo habían depuesto en
1968 y ahora le garantizaban su vuelta a la
presidencia.

Belaunde se comportó como un político de
la vieja escuela. Prometía el progreso mediante nuevas
obras públicas: complejos habitacionales y la Carretera
Marginal. También proponía reducir el papel del
estado en la economía, fortalecer la empresa privada y
garantizar la inversión externa, especialmente en el tema
petrolero. Sus ideas en favor del libre mercado le permitieron
refinanciar la deuda y su gobierno parecía bien encaminado
al fomentar la diversificación de las
exportaciones.

Todo sin embargo era un espejismo. En 1981 el
crecimiento del PBI fue de 3,1% pero en 1982 cayó a menos
del 1% y en 1983 se desplomó un 12%. El descalabro se
debió a razones externas y a los efectos devastadores del
Fenómeno del Niño que provocaron inundaciones en la
costa norte y sequías en la sierra sur. El manejo
económico ahora se hizo con criterios de emergencia. Se
tuvo que volver a negociar la deuda externa y el régimen
entró en un escenario de ingobernabilidad.

La situación se agravó, además, por
el surgimiento del terrorismo. Sendero Luminoso, movimiento
maoísta surgido en los años 70, inició su
guerra contra el estado desde la sierra de Ayacucho proponiendo
una utopía igualitaria. Asaltaba pueblos, asesinaba
autoridades y mantenía un absoluto secreto acerca de su
estructura interna. Tras lamentables titubeos, Belaunde
ordenó una ofensiva militar que dejó una peligrosa
huella de represión brutal. Sendero, por el contrario, no
se amilanó y se extendió por otras provincias hasta
Lima.

A pesar que en 1984 hubo un repunte en el crecimiento
económico la inflación se reavivó. En 1985
llegó a un 130%. Belaunde, siempre respetuoso del orden
constitucional, nuevamente demostraba poco éxito en
gestión gubernamental. Con el terrorismo y la crisis
económica a cuestas, y sin haber corregido los vicios
legados por el gobierno militar, el camino estaba allanado al
Apra. Alan García, un líder joven con grandes
habilidades retóricas, se presentaba como el gran salvador
de la nación. En 1985 obtuvo el 46% de los votos y la
izquierda, unida por vez primera, alcanzó el 22%. El Apra
se hizo con el control del Parlamento lo que le permitió a
García tener un amplia base política. En castigo,
Acción Popular casi desapareció del mapa
electoral.

García terminó defraudando todas las
expectativas. En un inicio su populismo lo empujó a elevar
los salarios, recortar algunos impuestos y los tipos de
interés, congelar los precios, ofrecer crédito
agrícola y devaluar la moneda. Al aumentar la demanda su
equipo económico esperaba reactivar la industria. Esto no
sucedió. García no se dio cuenta que se enfrentaba
a una economía mundial demasiado hostil. Para colmo
desafió a los acreedores extranjeros al incumplir con los
pagos de la deuda. El Fondo Monetario Internacional
expulsó al país del mundo financiero. Internamente
el déficit comercial, acentuado por el auge del consumo,
agotó las escasas divisas.

Hacia 1987 el país se iba en picada.
García intentó nacionalizar la banca y
multiplicó su descrédito. Sendero seguía en
auge y la represión del gobierno también. Las
matanzas en la sierra y los apagones en Lima demostraban la
fuerza creciente del terrorismo, ahora alimentado por la
acción de otro movimiento subversivo, el MRTA. La
población estaba agotada: más de 20 mil muertos y
pérdidas materiales difíciles de calcular. Como si
esto fuera poco el PBI se desplomó, la
hiperinflación alcanzaba el 3.000% y los escándalos
de corrupción saltaban a la luz. El país se
encontraba en bancarrota, la más grave del continente. La
pobreza y la frustración colectiva eran elocuentes. Nunca
la población había asistido a tanta
irresponsabilidad desde la gestión
pública.

8. LOS AÑOS NOVENTA: EL COLAPSO DE LA
DEMOCRACIA

En 1990 un nuevo salvador estaba dispuesto a rescatar al
país. El famoso escritor Mario Vargas Llosa
prometía reformas económicas neoliberales para
reducir el Estado y promover la empresa privada. Pero su discurso
fue desvirtuado por el Apra y la izquierda quienes, careciendo de
cualquier posibilidad de triunfo, apoyaron la candidatura de un
desconocido ingeniero agrónomo descendiente de inmigrantes
japoneses, Alberto Fujimori.

Ya en el poder, Fujimori sorprendió a todos al
imponer un plan radical de reestructuración de la
economía: reducción de aranceles, fomento a la
inversión externa y liberalización del mercado
laboral. Anunció también la venta de empresas
públicas para reducir el aparato estatal y generar nuevos
ingresos. Se pudo controlar la hiperinflación y el
país reasumió sus compromisos con la deuda externa.
Pero este primer éxito económico pronto se
ensombreció con el retroceso político. En abril de
1992, Fujimori disolvió el Congreso y anunció una
reforma en el poder judicial. Se trataba de un autogolpe
respaldado por un oscuro plan militar. La frágil
democracia se derrumbaba bajo el pretexto del terrorismo, la
injusticia social, la corrupción y el descrédito de
los partidos políticos. Para el desconcierto de la
opinión internacional, el golpe gozó de amplio
apoyo popular.

Sendero vio que el golpe y el autoritarismo del
régimen aceleraría su revolución.
Sucedió todo lo contrario: Abimael Guzmán, fundador
y líder del movimiento, fue capturado y exhibido
teatralmente. Misteriosamente, Guzmán cooperó luego
con el gobierno exhortando a sus seguidores que se rindieran.
Hubo más arrestos de subversivos y el senderismo
empezó a desintegrarse. Al dejarse el caso en manos del
Ejército se empezó a producir todo un récord
en violaciones en derechos humanos. No importaba: el gobierno
exhibía el éxito de haber "derrotado" al
terrorismo.

Presionado por los organismo internacionales, Fujimori
tuvo que convocar a un Congreso Constituyente y dar una fachada
más "democrática". La constitución de 1993
se diseñó a su medida y se convocaron elecciones.
Controlados el terrorismo, la inflación y el aparato
estatal, Fujimori pudo ganar cómodamente con un 64% su
primera reelección en 1995 ante el embajador Pérez
de Cuéllar.

De esta manera el régimen profundizó su
autoritarismo y la corrupción a su interior. En esta etapa
(1995-2000) las crisis financieras mundiales y la falta de
respuesta del equipo económico hicieron que el país
entrara en una recesión profunda desde 1997. El desempleo
y el colapso de muchas empresas solo fueron matizados por el
éxito en la venta de algunas empresas públicas. Un
hecho positivo fue el arreglo fronterizo con Ecuador y Chile. Sin
embargo el régimen demostraba cada vez más su
voluntad de perpetuarse en el poder al aniquilar el estado de
derecho (control del Poder Judicial, Tribunal Constitucional,
Sistema Electoral y la mayor parte de la prensa). En este
contexto cualquier fiscalización no prosperaba. La
cúpula militar, por su lado, era fiel cómplice del
autoritarismo y la corrupción.

El objetivo era la ilegal segunda reelección de
Fujimori. Se fraguó un proceso electoral donde el
candidato-presidente contó con todos los recursos del
Estado para no dejar el sillón presidencial. Nadie, ni
dentro ni fuera del país, pudo ocultar el atropello
cometido. El 28 de julio de 2000 Fujimori inauguraba un nuevo
mandato que estaba condenado al fracaso. A la falta de
credibilidad se sumó, en menos de 40 días de la
juramentación, el escándalo de corrupción al
difundirse un vídeo donde el principal asesor presidencial
"compraba" a un congresista electo para asegurarle mayoría
parlamentaria al régimen. Luego vendría un
cúmulo de destapes sobre la corrupción organizada
por el nefasto personaje desde el Servicio de Inteligencia
Nacional en la que Fujimori resultaba seriamente comprometido, al
menos políticamente. No pudo más y, aprovechando
una invitación para asistir a una cita internacional de
mandatarios, huyó al Japón para enviar su renuncia
por fax.

Su lamentable deserción obligó al
Parlamento declararlo moralmente incapaz y suspenderlo de
cualquier responsabilidad pública por 10 años. El
vacío político fue cubierto con la elección
del Presidente del Congeso, Valentín Paniagua, como jefe
de estado. En noviembre de 2000 Paniagua asumió un
gobierno de transición cuyos objetivos fundamentales
fueron convocar elecciones libres y corregir los vicios dejados
por el fujimorismo. Tras dos rondas electorales, el economista
Alejandro Toledo resultó elegido para el periodo
2001-2006.

Autor:

Eduard Quispe