- Antecedentes
- El plan dignidad y el
militarismo en Bolivia (1997-2002) - Implementación
militar del plan dignidad - Justificación
- Marco jurídico
para la creación de la fuerza de tarea conjunta
(FTC) - Plan
cero - Creación y
funciones de la FTC - Personal
- Personal
extranjero - Doctrina militar contra
las organizaciones campesinas - Apoyo
logístico - Acción
cívica - Inteligencia
- Conclusiones
- Bibliografía
- Notas
INTRODUCCIÓN
El presente artículo pretende hacer una
reflexión en torno a la
participación militar en la problemática de
erradicación de cultivos de coca en el Trópico de
Cochabamba-Bolivia, la cual responde a las condicionantes y
presión
de intereses norteamericanos, cuyo concepto de
intervención es el de generar una "guerra de baja
intensidad" que se traduce en una participación militar
directa en la problemática de la "producción de coca y desarrollo de
la región". El resultado de esta política se traduce
en la estigmatización y tipificación de los
productores de coca como narcotraficantes, narcoguerrilleros y
narcoterroristas, contra quienes se arremeten acciones
inhumanas y violentas –asesinatos, torturas,
secuestros– que violan todos los derechos humanos
y garantías constitucionales de hombres, mujeres y
niños
campesinos del Chapare. Estos hechos quedan en la impunidad.
Es importante también resaltar la
extensión de esta práctica autoritaria del
"neo-militarismo" en la democracia
formal de Bolivia, que es cada vez más extensa en contra
de las protestas y movimientos sociales, y cuyo fin es imponer
por la fuerza
políticas públicas condicionantes
del gobierno
norteamericano, transnacionales, de intereses privados y de
grupos de
corrupción. En todos estos casos la
impunidad también reina entre los que ordenan y los que
ejercen la violencia,
llevándonos a un serio riesgo de
institucionalizar una cultura
política de militarización en contra de organizaciones
sociales de sociedad civil,
lo cual daría como resultado la configuración de un
nuevo sistema
político de gobierno, que es el de la democracia
formal militarizada en Bolivia.
La penalización de cultivos de coca y su consumo tiene
origen en diversas resoluciones de organismos multilaterales que
fueron influenciadas en gran medida por intereses de Estados Unidos,
que condicionaba su apoyo financiero -certificación (1)-
al cumplimiento de una política de estado que
consistía en la erradicación y sustitución
de los cultivos de coca de Bolivia, lo cual en términos
operativos implicaba tomar una opción militar para
enfrentar una guerra contra los campesinos productores de coca en
dicho país.
En gran medida los dictámenes norteamericanos
sobre erradicación de coca fueron tomados como vanguardia en
el período de dictaduras militares (1971-1982) que
emprendieron una lucha contra los campesinos productores de coca
a través de tareas de fiscalización de la
producción e interdicción (2) (Poveda et al.,
1991).
Los resultados de las dictaduras trajeron consigo uno de
los episodios más sangrientos de la historia, caracterizado por
la represión brutal contra las organizaciones sociales a
través de grupos paramilitares y militares, como el de la
nefasta Operación Cóndor (Mesa et al., 2001), los
"novios de la muerte"
dirigidos por Klaus Altman Barbie, las "águilas negras", y
otros, los cuales también llegaron a formar parte de
mafias y carteles de narcotráfico en Bolivia (Morato Morales,
1987) que financiaron incluso el golpe militar de 1980
(Echazú Albarado, 1988), llegaron a ser protegidos por el
propio poder
ejecutivo (Mesa et al., 2001: 729) e incorporando a altas
esferas militares (3) que pasaban desde el mismo presidente,
ministros y muchos de la jerarquía castrense (Aguilo,
1991).
Con el retorno de la democracia en 1982, el país
se encontraba prácticamente en bancarrota y en proceso de
hiperinflación, al mismo tiempo que
continuaban operando mafias del narcotráfico con
participación en altas esferas de poder
político, militar y policial. Nuevamente la presión
norteamericana pudo más que la soberanía nacional y el diálogo,
aplicándose políticas que tendían cada vez
más hacia la militarización en la guerra contra la
coca.
La "opción militar" se inicia en agosto de 1984,
mediante la participación de quinientos efectivos del
ejército nacional, para destruir laboratorios de
producción de cocaína y
arrestar narcotraficantes (Painter, 1994: 91-113). Para julio de
1986 se da una presencia militar norteamericana directa en
operativos mediante la acción
Blast Frunce con 160 marines norteamericanos, equipados con seis
helicópteros, que condujeron campañas contra
operaciones de
narcotraficantes durante tres meses (Ibidem).
Un siguiente paso fue la aprobación del documento
Santa Fe II entre países productores de coca y Estados
Unidos, en el que se define una estrategia para
América
Latina en la década del noventa ante los tres peligros
fundamentales identificados, la subversión comunista, el
terrorismo y
el narcotráfico, por la cual el gobierno estadounidense
propone la implementación de un programa que
estimule la sustitución de coca (13 de agosto de 1988).
Este programa sería el Anexo II (9 de mayo de 1990) que
definía el apoyo económico de Estados Unidos de
33,23 millones de dólares a las Fuerzas Armadas de
Bolivia, para la gestión
1990, destinado a operaciones antidrogas (4).
La implementación de la militarización se
daría en abril de 1991, cuando el ejército
norteamericano envió 56 instructores militares para
iniciar un curso de entrenamiento de
diez semanas para 500 miembros del Batallón Manchego en
Montero. En octubre de ese mismo año, otros 50 consejeros
norteamericanos arribaron al país para entrenar durante
doce semanas al Batallón Jordán de Riberalta, con
cerca de 400 miembros. El entrenamiento consistía en
acción de "conflictos de
baja intensidad" y "contra el tráfico de drogas". En
otras palabras, era dirigido a una guerra de baja intensidad a
ser aplicada en contra de las organizaciones de productores de
coca del Trópico de Cochabamba.
La opción militar asumida por Estados Unidos y
los gobiernos democráticos generó casos de
continuidad de prácticas de las dictaduras y su
relación con el narcotráfico, como el
descubrimiento de la fábrica de cocaína más
grande encontrada en Huanchaca (5 de septiembre de 1986), cuya
investigación quedó interrumpida en
el parlamento pese al asesinato de un diputado, Edmundo Salazar,
que investigaba el caso. Posteriormente se denunciaría que
Huancacha financiaba los operativos de los Contras en Nicaragua
que luchaban contra el gobierno sandinista (Rodas Morales, 1996).
Años más tarde se presenciarían otros
escándalos políticos que demostraban la directa
conexión de algunos políticos de élite de
partidos gobernantes involucrados con el narcotráfico,
como es el caso del "narcoavión" que involucraba a
dirigentes del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), luego surgirían los
"narcovideos" (1988) que comprometían a dirigentes de
Acción Democrática Nacionalista (ADN), y
finalmente se dio la crisis de los
"narcovínculos" que vinculaban al ex presidente Jaime Paz
Zamora y altos dirigentes del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) (Del Granado, 1994[a]; [b]).
En síntesis,
la doble moral
norteamericana en el tratamiento del tema de drogas, así
como el retorno del militarismo en el tema de erradicación
de cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico, era
sujeta a críticas y rechazo, ya que se veían los
hechos de impunidad de la mafia militar y la participación
de algunas altas esferas de la clase
política con el narcotráfico. Por tanto, los
mecanismos de represión militar contra los productores de
coca constituían también un peligro para la propia
democracia y los movimientos y organizaciones sociales que
denunciaban actos de corrupción, negociados y prebendas, ya que
la militarización contra la coca también
podía extenderse a otros espacios sociales. Sin embargo,
el fundamentalismo norteamericano de imponer la fuerza militar
frente al debate
democrático fue el que se impuso (WOLA, 1992).
EL PLAN DIGNIDAD Y EL
MILITARISMO EN BOLIVIA (1997-2002)
La presencia y el accionar militar en gobiernos
democráticos tienen su máxima expresión en
el gobierno democrático del ex dictador Hugo Bánzer
Suárez (1997-2002), que llegan al poder en alianza de una
mega-coalición de ocho partidos
políticos, cuyo gobierno se caracteriza por la
carencia de un programa de gobierno, recesión
económica, corrupción y violación extrema de
los derechos humanos
mediante el uso ampliado de la militarización contra las
protestas, movimientos sociales y los productores de coca en el
Chapare.
En cuanto a su política de erradicación de
cultivos de coca, se implementó la estrategia boliviana de
lucha contra el narcotráfico conocida como Plan Dignidad
(Ministerio Nacional de Defensa, 1999[a]; [b]) (5). Este plan
consta de cuatro pilares: prevención, desarrollo
alternativo, interdicción y erradicación de
plantaciones ilegales de coca excedentarias –38.000 has
(Id, 1999[b]: 10). Para su implementación se
conformó el Concejo Nacional de Lucha Contra el
Tráfico Ilícito de Drogaras (CONALID) que bajo
dirección de la Presidencia de la
República incluía a los ministerios de
Gobierno (policía), Finanzas,
Defensa Nacional (fuerzas armadas), Agricultura
(ganadería
y desarrollo rural) y Salud. En síntesis,
se tenía comprometido a todo el aparato estatal en la
ejecución de este plan, cuya tarea central de
erradicación recaería en el Ministerio de
Agricultura.
Para este fin se fijó un presupuesto de
900 millones de dólares (6) destinados a la
creación de las Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) (Id,
1999[b]) que estaría integrada por el ejército, la
fuerza aérea, la armada, los cuerpos de élite de la
policía Unidad Móvil para el Patrullaje Rural
"Leopardos" (UMOPRA) y policía ecológica, y
reforzada además con una fuerza militar de mercenarios
denominada Fuerza Expedicionaria. Toda esta fuerza militar
contaba con la participación directa de asesores y
agregados militares responsables de la planificación, entrenamiento, supervisión y fiscalización de la
"guerra contra la coca". En términos operativos, el Plan
Dignidad consideraba en términos de propuesta: la
cconstrucción de un cuartel para la FTC (para 2.160
hombres) y ampliación de centro responsable de la
erradicación de coca DIRECO (7) con un costo de
1.620.000 dólares (Id, 1999[b]: 17); equipamiento de
DIRECO, UNAGRODI y UNICARDI, y acceso a sistema de
información digital y satelital, con un presupuesto de
1.980.000 dólares (Id, 1999[b]: 17-18); difusión de
información acerca de los beneficios de la
erradicación con 800 mil dólares; transporte,
combustible, alimentación,
equipamiento militar a la FTC, con 89,54 millones de
dólares (Id, 1999[b]: 21- 23); compensación
comunitaria a ser implementada de 1999 a 2001, con un presupuesto
de 26,70 millones de dólares (Id, 1999[b]: 22).
IMPLEMENTACIÓN MILITAR
DEL PLAN DIGNIDAD
Los datos presentados
a continuación corresponden al accionar militar en el
cumplimiento de las metas del Plan Dignidad, cuyas fuentes de
información se basan en un análisis de documentación oficial (8), revisión
hemerográfica, entrevistados que pidieron no ser
identificados, y observación en el área de
acción. Intentando mantener la lógica
de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), a continuación se
presentará un análisis de su justificación,
doctrina y modus operandi en las tareas de erradicación de
cultivos de coca (9).
Para las FTC, su accionar se basa en los siguientes
criterios de justificación.
1988 | El combate al |
1988 | Colombianización: Evitar que |
1989 | Coca no es cocaína y |
1994 | Certificación, espada de |
1994 | Erradicación |
1996 | Emboscada a UMOPAR |
Consigna de "coca o muerte", y
amenaza de que el Chapare será una nueva versión de
Chiapas.
1997 Comités de Autodefensa – Formación
político sindical – Movimiento andino
Advierten también entre sus antecedentes que es
un error considerar que coca no es cocaína, y quienes no
están de acuerdo son personas que defienden el
narcotráfico y a los narcotraficantes –como por
ejemplo activistas defensores de los derechos humanos (10),
dirigentes, políticos– y por tanto son
también enemigos que tienen intereses personales que
pueden estar vinculados en casos de narcotráfico, como fue
el caso de los involucrados en narcovínculos. Sin embargo,
no mencionan ni hacen referencia a la participación de las
dictaduras militares en temas de narcotráfico. Por el
contrario, identifican prácticamente a todas las
organizaciones civiles como enemigos contra quienes se tiene que
dar una lucha a "cualquier costo".
MARCO JURÍDICO PARA LA
CREACIÓN DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA
(FTC)
"Los efectivos de las FF.AA. integrantes de la FTC,
durante el cumplimiento de las operaciones asignadas, se
encontraban amparados bajo los instrumentos Jurídicos
Legales, como la Constitución Política del Estado en
su Art. 208 concordante con la Ley
Orgánica de las FF.AA., en su Art. 8, Art. 15 y Art. 57
inc. g, h, j, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias
Peligrosas (1008) en el Título VI Art. 133, 134 Y 135; el
Anexo 3 (actualmente sección ‘C’)".
No obstante, la Constitución Política del
Estado primero garantiza el respeto a los
derechos humanos, y no reconoce ninguna fuerza armada irregular
(500 soldados mercenarios de la Fuerza de Expedicionarios bajo
mando de oficiales de la Narcotic Agency Section [NAS] de los
Estados Unidos). Como tampoco en la Ley 1008, se menciona la
erradicación forzosa; sólo la erradicación
compensada y paralela a la sustitución de la economía de la coca
por productos que
den similar o mayor rendimiento que el cultivo de
coca.
"En fecha 2 de abril de 1998, el Ejército pone en
ejecución el PLAN ‘CERO’; se organiza la
Fuerza de Tarea Conjunta al mando del Cmte. de la Séptima
División, para encarar las operaciones de
erradicación de los cultivos de hoja de coca; con un
Estado Mayor".
El marco de operación de la FTC es el Plan Cero
definido por el gobierno y la embajada norteamericana, siendo el
rol de la FTC el de erradicar los cultivos de hoja de coca en el
Trópico de Cochabamba, sin ningún tipo de
diferenciación. Para ello cuenta con un Comandante y
Estado Mayor específico.
CREACIÓN Y
FUNCIONES DE
LA FTC
"Las directivas del COMANDO EN JEFE N° 32/98 del
201200-NOV-98 Dispone: Crear una FTC en el CHAPARE, con un Estado
Mayor Coordinador en los campos de interés,
conformado por OO.SUP. y SUB del Ejército, Fuerza
Aérea y Fuerza Naval, integrada además por miembros
de la Policía Nacional, con vinculación directa al
COMANDO EN JEFE, COMANDOS DE
FUERZA y EL DPTO. III EMC., DEL EJERCITO, a través del
CENTRO DE OPERACIONES TÁCTICAS DEL EJERCITO (COTE)". El
20 de
noviembre de 1998 se crea la FTC, conformada por oficiales
superiores, suboficiales, soldados y policías del
ejército, fuerza aérea, fuerza naval y
policía nacional, siendo las funciones específicas
el crear y adaptar operaciones tácticas para
erradicación y demandar requerimientos de apoyo
logístico, todas sujetas a un comando de mando.
Como incentivo a la tropa de las FTC se dio una
calificación de servicio en
frontera y a
la asignación de un bono extra pagado por la NAS
norteamericana, de 840 Bs. para instructores (140 USD), 600 Bs.
(100 USD) para soldados, y 600 Bs. (100 USD) para
policías.
El monto de incentivo que implica este plus alcanza
anualmente a 3.271.520 dólares aproximadamente.
Sobre la cantidad de efectivos total participantes en la
FTC, ésta alcanzó a un número variable
compuesto desde 2.600 hombres hasta 1.729 (11). No contamos con
acceso del número exacto de efectivos en 2001 y 2002, pero
en general podemos decir que entre personal nacional
y norteamericano involucrado en las operaciones y apoyo
logístico (consejeros, administradores, servicios
alimentación) el número superó los 3 mil
hombres en acción.
El Plan Renacer, ejecutado por la FTC en su misión de
erradicación de cultivos de coca, contó
también con personal de apoyo civil y militar del
ejército de Estados Unidos, cuyo alcance fue el siguiente:
"En forma trimestral en las gestiones 1999 y 2000 se
recibió el apoyo de equipos del 7mo. Grupo de
FF.EE. de los EE.UU. de Norteamérica. El número de
personal extranjero que apoyó a la FTC fue variable de 7 a
10 personas y de un modo general de las siguientes
especialidades: paramédicos, explosivos, armeros, franco
tiradores y comunicaciones".
Se debe destacar que la capacitación de miembros de la FTC en temas
de explosivos y especialización de unidades especiales de
francotiradores es permanente, y resulta revelador que una de las
principales tareas del personal militar norteamericano que tiene
su base en el Trópico de Cochabamba es ser responsable de
estos rubros.
DOCTRINA MILITAR CONTRA LAS
ORGANIZACIONES CAMPESINAS
Para la lógica militar de la FTC la
organización sindical campesina de productores del
Chapare es mala y delictiva, siendo un fin complementario al de
la erradicación el acabar con el sindicalismo.
De ello se desprende la actitud
inhumana de represión que se tiene contra todo dirigente
campesino de
los productores de coca, ya que se les ve como a los culpables
del narcotráfico y la situación de violencia en
contra del país.
"Al organizarse la FTC el 2 de abril de 1998,
empezó la erradicación con una serie de incidentes
derivados de la oposición de los campesinos aleccionados
por sus dirigentes cocaleros, quienes velando por sus intereses y
alentados por el narcotráfico, buscaron el enfrentamiento
con las fuerzas militares y policiales, con el consiguiente
resultado de muertos y heridos…".
Acusan a los dirigentes de los productores de coca como
responsable directos de las muertes de los campesinos, ya que
ellos serían quienes los engañan y obligan a
cometer delitos.
La dotación de infraestructura y apoyo
logístico se encuentra a cargo de la NAS norteamericana y
del gobierno, de acuerdo a convenios bilaterales que tuvieron una
asignación aproximada por año de 7.011.494
dólares distribuidos entre vehículos, combustible,
horas de vuelo de helicópteros, uniformes, tiendas de
campaña, equipo personal, atención médica y medicamentos,
botas y misceláneas (Ministerio Nacional de Defensa,
1999[b]: 30).
Otro de los puntos donde vale la pena detenerse es las
tareas de "acción cívica" que cumplen las FF.AA. en
el Trópico, y recientemente también las unidades de
la Policía Nacional. El concepto de acción
cívica repite los principios de
"balas y arroz" del Vietnam o "rifles y frijoles" de las
dictaduras militares que existieron en Latinoamérica, mediante el cual las fuerzas
de operación primero bombardean o disparan a la población civil, y luego la socorren con
alimentos.
Algunas características de las tareas de acción
cívica aplicadas en el Trópico de Cochabamba se
enumeran a continuación.
Recolección de información "… que
los equipos de trabajos antes de iniciar las operaciones de
acción cívica buscarán informaciones
referidas a: organizaciones sindicales de la región,
grupos de activistas, personalidades importantes en la zona,
tráfico de armas y
explosivos, actitud de los pobladores de la región,
presencia de agitadores de dudosa actividad".
La recolección de información que se
realiza durante las tareas de acción cívica es
pieza clave de acceso a datos que luego serán utilizados
en contra de la propia organización, dirigentes y personas
influyentes de la población.
Obras comunitarias Entre las obras comunitarias
están los trabajos de ripiado y limpieza de caminos
vecinales, parques, plazas y escuelas. Respecto de los trabajos
de salud, se realizan campañas de vacunación,
atención odontológica y médica, así
como distribución de ropas y vituallas en
algunas poblaciones inundadas. Se da prioridad también al
trabajo en las
escuelas, ya que como afirma la experiencia de acción
cívica "a los niños se les conquista con una
pastilla", y mediante ello son objeto de fácil de acceso a
información.
En cuanto a la concepción de servicios de
inteligencia
que implementó la FTC en el Trópico de Cochabamba,
convierten a la región en un centro de guerra combinado
una guerra de baja intensidad con una guerra psicológica.
El objetivo de
esta tarea es la identificación y seguimiento de
dirigentes y personas que apoyan a las organizaciones de
productores de coca, así como a su desplazamiento, acoso e
incluso eliminación (12).
Poco o nada se tiene escrito sobre el alcance de las
redes de
inteligencia montadas por la FTC en el Trópico de
Cochabamba, pero es evidente que existen dos grandes centros de
operación, uno dirigido directamente por fuentes de la
NAS, DEA y CIA norteamericanas, y el otro por instancias de la
FTC. En ambos casos el modus operandi consiste en: infiltrar a
sus agentes en organizaciones de productores de coca; incorporar
a informantes en algunas localidades priorizadas por las
agencias, pudiendo ser estos dirigentes menores, comerciantes,
profesores u otros; hacer seguimiento a los medios de
comunicación local, departamental y nacional; enviar
periodistas contratados por las agencias a entrevistar dirigentes
y visitar las zonas; enviar a estudiantes o investigadores de la
universidad o
centros de investigación a zonas de prioridad de las
agencias; recopilar información mediante envío de
su personal a reuniones de organizaciones de campesinos;
incorporación de pobladores que tienen procesos con
la ley (narcotráfico u otros) mediante dotación de
libertad a
cambio de
información; torturar a pobladores y dirigentes detenidos
y secuestrados; recopilar información mediante
técnicos que trabajan en agencias de desarrollo
alternativo (esto es ampliamente denunciado por las
organizaciones campesinas).
El uso de la información es por demás
útil en cuanto a prevención y acciones que realizan
las FTC en su tarea de erradicación, acción
cívica, prevenir bloqueos de caminos y hacer un
seguimiento de las actividades sindicales.
Desarrollo Alternativo Las FTC cuestionan a los programas de
desarrollo alternativo, considerando que "El fracaso del
desarrollo alternativo ha sido la corrupción, el gobierno
debe eliminar este mal sancionando a los responsables, asimismo
debe buscar ayuda Internacional para invertir en el desarrollo
alternativo y reactivar la economía del CHAPARE creando
industrias con
fines de exportación, liberados de impuestos, buscar
mercados,
fomentar la ganadería, la agricultura y toda inversión en esta zona, asimismo debe
construir caminos, escuelas, hospitales etc. La 9na Div. debe
coadyuvar en el desarrollo de la región, capacitando a los
soldados del trópico sobre el desarrollo alternativo,
realizando operaciones psicológicas para cambiar la
mentalidad de los chaparemos".
A claras luces, la FTC demuestra la posición
militar de ampliar sus funciones hacia actividades de desarrollo,
resultando incoherente y contradictorio pretender dar
formación a los soldados que reprimen en el Chapare para
que ellos sean los agentes de cambio.
Tras un recorrido por las últimas dos
décadas de la participación militar en el tema de
erradicación de cultivos de coca, considero que quedan
muchos más vacíos que respuestas sobre el real
alcance de esta participación. Sin embargo, considero que,
al margen de tener una claridad del contexto político y
social internacional y nacional que hace al tema, es importante
realizar un análisis del accionar concreto desde
la propia visión militar, siguiendo su lógica,
doctrina ideológica y operaciones.
Asimismo, me atrevo a concluir que la democracia
boliviana, caracterizada como gobierno unitario representativo,
no es más que una democracia cargada por prácticas
personalistas, verticales y muchas veces autoritarias, la cual
somete para sus fines –aplicación de sus planes y
propuestas– al poder
legislativo mediante pactos políticos que reducen el
debate parlamentario al cuoteo y accionar de levantar la mano y
aplicar un rodillo del oficialismo, y al poder judicial
mediante el cuoteo de magistrados que actúan en función a
dictámenes de sus partidos y del oficialismo. Resulta
también evidente que, frente a las voces contestatarias de
sectores y organizaciones sociales, se institucionalizó la
aplicación de la violencia de las fuerzas armadas, vale
decir, su uso para acallar a o acabar con los enemigos internos
de los gobiernos.
El accionar de las fuerzas armadas en los conflictos
sociales significa en realidad la militarización contra
los movimientos sociales, vale decir el retorno de las
prácticas militares de los años de dictadura
–asesinatos, violaciones, torturas, persecuciones,
desapariciones, control y
vigilancia, intimidación– que toman nuevamente
cuerpo en plena democracia. Y lo más grave es que
éstas son encubiertas, justificadas e incluso aplaudidas
por muchos niveles y poderes del estado, resultando así
una permisibilidad del accionar del militarismo contra los
propios principios de la democracia, lo cual implica en la
práctica el surgimiento de espacios de cogobierno
democrático-militar, o dicho de otra manera, el
surgimiento de un cogobierno entre las autoridades
democráticas y el militarismo que hoy por hoy controlan el
aparato estatal en beneficio de una élite política,
militar y de intereses financieros transnacionales que hacen al
neo-corporativismo.
Por otro lado, resulta también muy preocupante la
actitud de complacencia o indiferencia de organismos
multilaterales respecto de esta práctica
democrática-militarizada. La cual tiende en muchos casos a
legitimizar hechos de violencia militar contra la
población civil (OEA en el caso
de Amayapanpa y Capasirca, Guerra del Agua, Febrero
Negro de 2003) y que en definitiva va en contra de todo principio
internacional de defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, cabe manifestar que pese al intento de
imposición de un nuevo tipo de militarismo la sociedad civil
viene también generando nuevas perspectivas contestatarias
que disputan espacios de poder local (municipal), regional
(departamentos) y nacional (parlamento). Tal es el caso del
éxito
del partido de los productores de coca del Trópico de
Cochabamba, Movimiento al Socialismo (MAS),
que logró aglutinar a otras organizaciones campesinas y
sectores urbanos del país para ocupar un segundo lugar en
las elecciones nacionales de 2002 (Molina, 2002).
En esta dinámica de accionar tradicional de la
política (democrática-militar) y las aspiraciones
de los movimientos sociales (cocaleros, campesinos sin tierra,
pueblos indígenas, desocupados, prestatarios, etc.) se
tiende a una salida que implique una redefinición de
prácticas de hechura política a través de
diálogos y concertaciones que reencaucen los instrumentos
democráticos, o en caso extremo se tiende a una
eliminación de las conquistas democráticas y de la
democracia en sí a favor de un resurgimiento encubierto y
directo del militarismo en Bolivia a través de un nuevo
sistema de
gobierno cual es el militarista-democrático.
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nacional, dirección nacional de la policía
forestal y preservación del medio
ambiente (Cochabamba: Poligráf). Vadillo, Alcides
1991Militarización de la lucha contra el
narcotráfico", en Tupambaé (Santa Cruz) Nº
115, 22 de septiembre, 20-21. - WOLA-Washington Office on Latin
America 1992 A fundamental y flawed strategy: The U.S. "war on
drugs" in Bolivia (Washington: WOLA) 18 de
septiembre.
1. Ley Pública de los Estados Unidos 99 570, del
27 de septiembre de 1986.
2. Decreto Supremo Nº 11.245 Ley de Sustancias
Peligrosas del 20 de diciembre de 1973.
3. Una amplia lista de jefes militares involucrados en
narcotráfico es presentada en LAB-iepala (1982;
1985).
4. Resaltar que en 1989 la asistencia económica
de Estados Unidos para el ejército fue de 5,8 millones,
vale decir que para 1990 se incrementó este presupuesto
seis veces más (Painter, 1994).
5. Decreto Supremo Nº 24.963 del 20 de febrero de
1998.
6. Se contemplan además otros 160 millones de
dólares, destinados a la implementación de
programas de desarrollo alternativo. Estos montos fueron
cubiertos en gran parte por Estados Unidos con aportes de
contraparte del gobierno boliviano.
7. Dirección de Reconversión de la Coca
(DIRECO), que cuenta con un brazo agronómico, Unidad
Agrícola de DIRECO (UNAGRODI) y un brazo
cartográfico, Unidad de Cartografía de DIRECO UNICARDI) dependiente
del Ministerio de Agricultura.
8. Una de estas fuentes es la revista de la
Fuerza de Tarea Conjunta Trabajamos por la dignidad de Bolivia y
por la salud del mundo (2002), único documento de
difusión pública restringida que da a conocer las
participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el Plan
Dignidad.
9. Las citas entrecomilladas corresponden a copia exacta
de documentos oficiales.
10. Entre los mayores defensores de derechos humanos en
el Trópico de Cochabamba se encuentran la Iglesia
Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea
Permanente de los Derechos Humanos quienes hacen continuas
denuncias sobre los asesinatos, torturas, secuestros y
detenciones ilegales (Llorente S., 1999).
11. Los efectivos para las FTC por gestión
fueron: 2.600 hombres en 1998, 1.990 hombres en 1999, 1.729
hombres en 2000, siendo aún desconocido el número
para 2001, 2002 y 2003.
12. Fue el caso del dirigente ejecutivo de la
Federación de Colonizadores de Chimoré Casimiro
Huanca, que en diciembre del año 2000 fue asesinado a
sangre
fría por militares dentro de la sede de la
Federación, y otros dirigentes heridos y flagelados,
incluyendo al Alcalde, sin que a la fecha se haya podido iniciar
ningún proceso ordinario.
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Fernando Salazar Ortuño
(*)
(*) Sociólogo, investigador del Instituto de
Estudios Sociales y Económicos (IESE), Universidad Mayor
de San Simón (UMSS) Cochabamba-Bolivia.