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El Plan Dignidad y el militarismo en Bolivia


INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende hacer una reflexión en torno a la participación militar en la problemática de erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba-Bolivia, la cual responde a las condicionantes y presión de intereses norteamericanos, cuyo concepto de intervención es el de generar una "guerra de baja intensidad" que se traduce en una participación militar directa en la problemática de la "producción de coca y desarrollo de la región". El resultado de esta política se traduce en la estigmatización y tipificación de los productores de coca como narcotraficantes, narcoguerrilleros y narcoterroristas, contra quienes se arremeten acciones inhumanas y violentas –asesinatos, torturas, secuestros– que violan todos los derechos humanos y garantías constitucionales de hombres, mujeres y niños campesinos del Chapare. Estos hechos quedan en la impunidad.

Es importante también resaltar la extensión de esta práctica autoritaria del "neo-militarismo" en la democracia formal de Bolivia, que es cada vez más extensa en contra de las protestas y movimientos sociales, y cuyo fin es imponer por la fuerza políticas públicas condicionantes del gobierno norteamericano, transnacionales, de intereses privados y de grupos de corrupción. En todos estos casos la impunidad también reina entre los que ordenan y los que ejercen la violencia, llevándonos a un serio riesgo de institucionalizar una cultura política de militarización en contra de organizaciones sociales de sociedad civil, lo cual daría como resultado la configuración de un nuevo sistema político de gobierno, que es el de la democracia formal militarizada en Bolivia.

ANTECEDENTES

La penalización de cultivos de coca y su consumo tiene origen en diversas resoluciones de organismos multilaterales que fueron influenciadas en gran medida por intereses de Estados Unidos, que condicionaba su apoyo financiero -certificación (1)- al cumplimiento de una política de estado que consistía en la erradicación y sustitución de los cultivos de coca de Bolivia, lo cual en términos operativos implicaba tomar una opción militar para enfrentar una guerra contra los campesinos productores de coca en dicho país.

En gran medida los dictámenes norteamericanos sobre erradicación de coca fueron tomados como vanguardia en el período de dictaduras militares (1971-1982) que emprendieron una lucha contra los campesinos productores de coca a través de tareas de fiscalización de la producción e interdicción (2) (Poveda et al., 1991).

Los resultados de las dictaduras trajeron consigo uno de los episodios más sangrientos de la historia, caracterizado por la represión brutal contra las organizaciones sociales a través de grupos paramilitares y militares, como el de la nefasta Operación Cóndor (Mesa et al., 2001), los "novios de la muerte" dirigidos por Klaus Altman Barbie, las "águilas negras", y otros, los cuales también llegaron a formar parte de mafias y carteles de narcotráfico en Bolivia (Morato Morales, 1987) que financiaron incluso el golpe militar de 1980 (Echazú Albarado, 1988), llegaron a ser protegidos por el propio poder ejecutivo (Mesa et al., 2001: 729) e incorporando a altas esferas militares (3) que pasaban desde el mismo presidente, ministros y muchos de la jerarquía castrense (Aguilo, 1991).

Con el retorno de la democracia en 1982, el país se encontraba prácticamente en bancarrota y en proceso de hiperinflación, al mismo tiempo que continuaban operando mafias del narcotráfico con participación en altas esferas de poder político, militar y policial. Nuevamente la presión norteamericana pudo más que la soberanía nacional y el diálogo, aplicándose políticas que tendían cada vez más hacia la militarización en la guerra contra la coca.

La "opción militar" se inicia en agosto de 1984, mediante la participación de quinientos efectivos del ejército nacional, para destruir laboratorios de producción de cocaína y arrestar narcotraficantes (Painter, 1994: 91-113). Para julio de 1986 se da una presencia militar norteamericana directa en operativos mediante la acción Blast Frunce con 160 marines norteamericanos, equipados con seis helicópteros, que condujeron campañas contra operaciones de narcotraficantes durante tres meses (Ibidem).

Un siguiente paso fue la aprobación del documento Santa Fe II entre países productores de coca y Estados Unidos, en el que se define una estrategia para América Latina en la década del noventa ante los tres peligros fundamentales identificados, la subversión comunista, el terrorismo y el narcotráfico, por la cual el gobierno estadounidense propone la implementación de un programa que estimule la sustitución de coca (13 de agosto de 1988). Este programa sería el Anexo II (9 de mayo de 1990) que definía el apoyo económico de Estados Unidos de 33,23 millones de dólares a las Fuerzas Armadas de Bolivia, para la gestión 1990, destinado a operaciones antidrogas (4).

La implementación de la militarización se daría en abril de 1991, cuando el ejército norteamericano envió 56 instructores militares para iniciar un curso de entrenamiento de diez semanas para 500 miembros del Batallón Manchego en Montero. En octubre de ese mismo año, otros 50 consejeros norteamericanos arribaron al país para entrenar durante doce semanas al Batallón Jordán de Riberalta, con cerca de 400 miembros. El entrenamiento consistía en acción de "conflictos de baja intensidad" y "contra el tráfico de drogas". En otras palabras, era dirigido a una guerra de baja intensidad a ser aplicada en contra de las organizaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba.

La opción militar asumida por Estados Unidos y los gobiernos democráticos generó casos de continuidad de prácticas de las dictaduras y su relación con el narcotráfico, como el descubrimiento de la fábrica de cocaína más grande encontrada en Huanchaca (5 de septiembre de 1986), cuya investigación quedó interrumpida en el parlamento pese al asesinato de un diputado, Edmundo Salazar, que investigaba el caso. Posteriormente se denunciaría que Huancacha financiaba los operativos de los Contras en Nicaragua que luchaban contra el gobierno sandinista (Rodas Morales, 1996). Años más tarde se presenciarían otros escándalos políticos que demostraban la directa conexión de algunos políticos de élite de partidos gobernantes involucrados con el narcotráfico, como es el caso del "narcoavión" que involucraba a dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), luego surgirían los "narcovideos" (1988) que comprometían a dirigentes de Acción Democrática Nacionalista (ADN), y finalmente se dio la crisis de los "narcovínculos" que vinculaban al ex presidente Jaime Paz Zamora y altos dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (Del Granado, 1994[a]; [b]).

En síntesis, la doble moral norteamericana en el tratamiento del tema de drogas, así como el retorno del militarismo en el tema de erradicación de cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico, era sujeta a críticas y rechazo, ya que se veían los hechos de impunidad de la mafia militar y la participación de algunas altas esferas de la clase política con el narcotráfico. Por tanto, los mecanismos de represión militar contra los productores de coca constituían también un peligro para la propia democracia y los movimientos y organizaciones sociales que denunciaban actos de corrupción, negociados y prebendas, ya que la militarización contra la coca también podía extenderse a otros espacios sociales. Sin embargo, el fundamentalismo norteamericano de imponer la fuerza militar frente al debate democrático fue el que se impuso (WOLA, 1992).

EL PLAN DIGNIDAD Y EL MILITARISMO EN BOLIVIA (1997-2002)

La presencia y el accionar militar en gobiernos democráticos tienen su máxima expresión en el gobierno democrático del ex dictador Hugo Bánzer Suárez (1997-2002), que llegan al poder en alianza de una mega-coalición de ocho partidos políticos, cuyo gobierno se caracteriza por la carencia de un programa de gobierno, recesión económica, corrupción y violación extrema de los derechos humanos mediante el uso ampliado de la militarización contra las protestas, movimientos sociales y los productores de coca en el Chapare.

En cuanto a su política de erradicación de cultivos de coca, se implementó la estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico conocida como Plan Dignidad (Ministerio Nacional de Defensa, 1999[a]; [b]) (5). Este plan consta de cuatro pilares: prevención, desarrollo alternativo, interdicción y erradicación de plantaciones ilegales de coca excedentarias –38.000 has (Id, 1999[b]: 10). Para su implementación se conformó el Concejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogaras (CONALID) que bajo dirección de la Presidencia de la República incluía a los ministerios de Gobierno (policía), Finanzas, Defensa Nacional (fuerzas armadas), Agricultura (ganadería y desarrollo rural) y Salud. En síntesis, se tenía comprometido a todo el aparato estatal en la ejecución de este plan, cuya tarea central de erradicación recaería en el Ministerio de Agricultura.

Para este fin se fijó un presupuesto de 900 millones de dólares (6) destinados a la creación de las Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) (Id, 1999[b]) que estaría integrada por el ejército, la fuerza aérea, la armada, los cuerpos de élite de la policía Unidad Móvil para el Patrullaje Rural "Leopardos" (UMOPRA) y policía ecológica, y reforzada además con una fuerza militar de mercenarios denominada Fuerza Expedicionaria. Toda esta fuerza militar contaba con la participación directa de asesores y agregados militares responsables de la planificación, entrenamiento, supervisión y fiscalización de la "guerra contra la coca". En términos operativos, el Plan Dignidad consideraba en términos de propuesta: la cconstrucción de un cuartel para la FTC (para 2.160 hombres) y ampliación de centro responsable de la erradicación de coca DIRECO (7) con un costo de 1.620.000 dólares (Id, 1999[b]: 17); equipamiento de DIRECO, UNAGRODI y UNICARDI, y acceso a sistema de información digital y satelital, con un presupuesto de 1.980.000 dólares (Id, 1999[b]: 17-18); difusión de información acerca de los beneficios de la erradicación con 800 mil dólares; transporte, combustible, alimentación, equipamiento militar a la FTC, con 89,54 millones de dólares (Id, 1999[b]: 21- 23); compensación comunitaria a ser implementada de 1999 a 2001, con un presupuesto de 26,70 millones de dólares (Id, 1999[b]: 22).

IMPLEMENTACIÓN MILITAR DEL PLAN DIGNIDAD

Los datos presentados a continuación corresponden al accionar militar en el cumplimiento de las metas del Plan Dignidad, cuyas fuentes de información se basan en un análisis de documentación oficial (8), revisión hemerográfica, entrevistados que pidieron no ser identificados, y observación en el área de acción. Intentando mantener la lógica de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), a continuación se presentará un análisis de su justificación, doctrina y modus operandi en las tareas de erradicación de cultivos de coca (9).

JUSTIFICACIÓN

Para las FTC, su accionar se basa en los siguientes criterios de justificación.

1988

El combate al narcotráfico

1988

Colombianización: Evitar que el narcotráfico incorpore a campesinos productores de coca, lo cual nos convertiría en una Colombia

1989

Coca no es cocaína y narcovínculos

1994

Certificación, espada de Damocles

1994

Erradicación forzosa

1996

Emboscada a UMOPAR

Consigna de "coca o muerte", y amenaza de que el Chapare será una nueva versión de Chiapas.
1997 Comités de Autodefensa - Formación político sindical - Movimiento andino

Advierten también entre sus antecedentes que es un error considerar que coca no es cocaína, y quienes no están de acuerdo son personas que defienden el narcotráfico y a los narcotraficantes –como por ejemplo activistas defensores de los derechos humanos (10), dirigentes, políticos– y por tanto son también enemigos que tienen intereses personales que pueden estar vinculados en casos de narcotráfico, como fue el caso de los involucrados en narcovínculos. Sin embargo, no mencionan ni hacen referencia a la participación de las dictaduras militares en temas de narcotráfico. Por el contrario, identifican prácticamente a todas las organizaciones civiles como enemigos contra quienes se tiene que dar una lucha a "cualquier costo".

MARCO JURÍDICO PARA LA CREACIÓN DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA (FTC)

"Los efectivos de las FF.AA. integrantes de la FTC, durante el cumplimiento de las operaciones asignadas, se encontraban amparados bajo los instrumentos Jurídicos Legales, como la Constitución Política del Estado en su Art. 208 concordante con la Ley Orgánica de las FF.AA., en su Art. 8, Art. 15 y Art. 57 inc. g, h, j, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Peligrosas (1008) en el Título VI Art. 133, 134 Y 135; el Anexo 3 (actualmente sección ‘C’)".

No obstante, la Constitución Política del Estado primero garantiza el respeto a los derechos humanos, y no reconoce ninguna fuerza armada irregular (500 soldados mercenarios de la Fuerza de Expedicionarios bajo mando de oficiales de la Narcotic Agency Section [NAS] de los Estados Unidos). Como tampoco en la Ley 1008, se menciona la erradicación forzosa; sólo la erradicación compensada y paralela a la sustitución de la economía de la coca por productos que den similar o mayor rendimiento que el cultivo de coca.

PLAN CERO

"En fecha 2 de abril de 1998, el Ejército pone en ejecución el PLAN ‘CERO’; se organiza la Fuerza de Tarea Conjunta al mando del Cmte. de la Séptima División, para encarar las operaciones de erradicación de los cultivos de hoja de coca; con un Estado Mayor".

El marco de operación de la FTC es el Plan Cero definido por el gobierno y la embajada norteamericana, siendo el rol de la FTC el de erradicar los cultivos de hoja de coca en el Trópico de Cochabamba, sin ningún tipo de diferenciación. Para ello cuenta con un Comandante y Estado Mayor específico.

CREACIÓN Y FUNCIONES DE LA FTC

"Las directivas del COMANDO EN JEFE N° 32/98 del 201200-NOV-98 Dispone: Crear una FTC en el CHAPARE, con un Estado Mayor Coordinador en los campos de interés, conformado por OO.SUP. y SUB del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, integrada además por miembros de la Policía Nacional, con vinculación directa al COMANDO EN JEFE, COMANDOS DE FUERZA y EL DPTO. III EMC., DEL EJERCITO, a través del CENTRO DE OPERACIONES TÁCTICAS DEL EJERCITO (COTE)". El 20 de noviembre de 1998 se crea la FTC, conformada por oficiales superiores, suboficiales, soldados y policías del ejército, fuerza aérea, fuerza naval y policía nacional, siendo las funciones específicas el crear y adaptar operaciones tácticas para erradicación y demandar requerimientos de apoyo logístico, todas sujetas a un comando de mando.

Como incentivo a la tropa de las FTC se dio una calificación de servicio en frontera y a la asignación de un bono extra pagado por la NAS norteamericana, de 840 Bs. para instructores (140 USD), 600 Bs. (100 USD) para soldados, y 600 Bs. (100 USD) para policías.

El monto de incentivo que implica este plus alcanza anualmente a 3.271.520 dólares aproximadamente.

PERSONAL

Sobre la cantidad de efectivos total participantes en la FTC, ésta alcanzó a un número variable compuesto desde 2.600 hombres hasta 1.729 (11). No contamos con acceso del número exacto de efectivos en 2001 y 2002, pero en general podemos decir que entre personal nacional y norteamericano involucrado en las operaciones y apoyo logístico (consejeros, administradores, servicios alimentación) el número superó los 3 mil hombres en acción.

PERSONAL EXTRANJERO

El Plan Renacer, ejecutado por la FTC en su misión de erradicación de cultivos de coca, contó también con personal de apoyo civil y militar del ejército de Estados Unidos, cuyo alcance fue el siguiente: "En forma trimestral en las gestiones 1999 y 2000 se recibió el apoyo de equipos del 7mo. Grupo de FF.EE. de los EE.UU. de Norteamérica. El número de personal extranjero que apoyó a la FTC fue variable de 7 a 10 personas y de un modo general de las siguientes especialidades: paramédicos, explosivos, armeros, franco tiradores y comunicaciones".

Se debe destacar que la capacitación de miembros de la FTC en temas de explosivos y especialización de unidades especiales de francotiradores es permanente, y resulta revelador que una de las principales tareas del personal militar norteamericano que tiene su base en el Trópico de Cochabamba es ser responsable de estos rubros.

DOCTRINA MILITAR CONTRA LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Para la lógica militar de la FTC la organización sindical campesina de productores del Chapare es mala y delictiva, siendo un fin complementario al de la erradicación el acabar con el sindicalismo. De ello se desprende la actitud inhumana de represión que se tiene contra todo dirigente campesino de los productores de coca, ya que se les ve como a los culpables del narcotráfico y la situación de violencia en contra del país.

"Al organizarse la FTC el 2 de abril de 1998, empezó la erradicación con una serie de incidentes derivados de la oposición de los campesinos aleccionados por sus dirigentes cocaleros, quienes velando por sus intereses y alentados por el narcotráfico, buscaron el enfrentamiento con las fuerzas militares y policiales, con el consiguiente resultado de muertos y heridos…".

Acusan a los dirigentes de los productores de coca como responsable directos de las muertes de los campesinos, ya que ellos serían quienes los engañan y obligan a cometer delitos.

APOYO LOGÍSTICO

La dotación de infraestructura y apoyo logístico se encuentra a cargo de la NAS norteamericana y del gobierno, de acuerdo a convenios bilaterales que tuvieron una asignación aproximada por año de 7.011.494 dólares distribuidos entre vehículos, combustible, horas de vuelo de helicópteros, uniformes, tiendas de campaña, equipo personal, atención médica y medicamentos, botas y misceláneas (Ministerio Nacional de Defensa, 1999[b]: 30).

ACCIÓN CÍVICA

Otro de los puntos donde vale la pena detenerse es las tareas de "acción cívica" que cumplen las FF.AA. en el Trópico, y recientemente también las unidades de la Policía Nacional. El concepto de acción cívica repite los principios de "balas y arroz" del Vietnam o "rifles y frijoles" de las dictaduras militares que existieron en Latinoamérica, mediante el cual las fuerzas de operación primero bombardean o disparan a la población civil, y luego la socorren con alimentos. Algunas características de las tareas de acción cívica aplicadas en el Trópico de Cochabamba se enumeran a continuación.

Recolección de información "… que los equipos de trabajos antes de iniciar las operaciones de acción cívica buscarán informaciones referidas a: organizaciones sindicales de la región, grupos de activistas, personalidades importantes en la zona, tráfico de armas y explosivos, actitud de los pobladores de la región, presencia de agitadores de dudosa actividad".

La recolección de información que se realiza durante las tareas de acción cívica es pieza clave de acceso a datos que luego serán utilizados en contra de la propia organización, dirigentes y personas influyentes de la población.

Obras comunitarias Entre las obras comunitarias están los trabajos de ripiado y limpieza de caminos vecinales, parques, plazas y escuelas. Respecto de los trabajos de salud, se realizan campañas de vacunación, atención odontológica y médica, así como distribución de ropas y vituallas en algunas poblaciones inundadas. Se da prioridad también al trabajo en las escuelas, ya que como afirma la experiencia de acción cívica "a los niños se les conquista con una pastilla", y mediante ello son objeto de fácil de acceso a información.

INTELIGENCIA

En cuanto a la concepción de servicios de inteligencia que implementó la FTC en el Trópico de Cochabamba, convierten a la región en un centro de guerra combinado una guerra de baja intensidad con una guerra psicológica. El objetivo de esta tarea es la identificación y seguimiento de dirigentes y personas que apoyan a las organizaciones de productores de coca, así como a su desplazamiento, acoso e incluso eliminación (12).

Poco o nada se tiene escrito sobre el alcance de las redes de inteligencia montadas por la FTC en el Trópico de Cochabamba, pero es evidente que existen dos grandes centros de operación, uno dirigido directamente por fuentes de la NAS, DEA y CIA norteamericanas, y el otro por instancias de la FTC. En ambos casos el modus operandi consiste en: infiltrar a sus agentes en organizaciones de productores de coca; incorporar a informantes en algunas localidades priorizadas por las agencias, pudiendo ser estos dirigentes menores, comerciantes, profesores u otros; hacer seguimiento a los medios de comunicación local, departamental y nacional; enviar periodistas contratados por las agencias a entrevistar dirigentes y visitar las zonas; enviar a estudiantes o investigadores de la universidad o centros de investigación a zonas de prioridad de las agencias; recopilar información mediante envío de su personal a reuniones de organizaciones de campesinos; incorporación de pobladores que tienen procesos con la ley (narcotráfico u otros) mediante dotación de libertad a cambio de información; torturar a pobladores y dirigentes detenidos y secuestrados; recopilar información mediante técnicos que trabajan en agencias de desarrollo alternativo (esto es ampliamente denunciado por las organizaciones campesinas).

El uso de la información es por demás útil en cuanto a prevención y acciones que realizan las FTC en su tarea de erradicación, acción cívica, prevenir bloqueos de caminos y hacer un seguimiento de las actividades sindicales.

Desarrollo Alternativo Las FTC cuestionan a los programas de desarrollo alternativo, considerando que "El fracaso del desarrollo alternativo ha sido la corrupción, el gobierno debe eliminar este mal sancionando a los responsables, asimismo debe buscar ayuda Internacional para invertir en el desarrollo alternativo y reactivar la economía del CHAPARE creando industrias con fines de exportación, liberados de impuestos, buscar mercados, fomentar la ganadería, la agricultura y toda inversión en esta zona, asimismo debe construir caminos, escuelas, hospitales etc. La 9na Div. debe coadyuvar en el desarrollo de la región, capacitando a los soldados del trópico sobre el desarrollo alternativo, realizando operaciones psicológicas para cambiar la mentalidad de los chaparemos".

A claras luces, la FTC demuestra la posición militar de ampliar sus funciones hacia actividades de desarrollo, resultando incoherente y contradictorio pretender dar formación a los soldados que reprimen en el Chapare para que ellos sean los agentes de cambio.

CONCLUSIONES

Tras un recorrido por las últimas dos décadas de la participación militar en el tema de erradicación de cultivos de coca, considero que quedan muchos más vacíos que respuestas sobre el real alcance de esta participación. Sin embargo, considero que, al margen de tener una claridad del contexto político y social internacional y nacional que hace al tema, es importante realizar un análisis del accionar concreto desde la propia visión militar, siguiendo su lógica, doctrina ideológica y operaciones.

Asimismo, me atrevo a concluir que la democracia boliviana, caracterizada como gobierno unitario representativo, no es más que una democracia cargada por prácticas personalistas, verticales y muchas veces autoritarias, la cual somete para sus fines –aplicación de sus planes y propuestas– al poder legislativo mediante pactos políticos que reducen el debate parlamentario al cuoteo y accionar de levantar la mano y aplicar un rodillo del oficialismo, y al poder judicial mediante el cuoteo de magistrados que actúan en función a dictámenes de sus partidos y del oficialismo. Resulta también evidente que, frente a las voces contestatarias de sectores y organizaciones sociales, se institucionalizó la aplicación de la violencia de las fuerzas armadas, vale decir, su uso para acallar a o acabar con los enemigos internos de los gobiernos.

El accionar de las fuerzas armadas en los conflictos sociales significa en realidad la militarización contra los movimientos sociales, vale decir el retorno de las prácticas militares de los años de dictadura –asesinatos, violaciones, torturas, persecuciones, desapariciones, control y vigilancia, intimidación– que toman nuevamente cuerpo en plena democracia. Y lo más grave es que éstas son encubiertas, justificadas e incluso aplaudidas por muchos niveles y poderes del estado, resultando así una permisibilidad del accionar del militarismo contra los propios principios de la democracia, lo cual implica en la práctica el surgimiento de espacios de cogobierno democrático-militar, o dicho de otra manera, el surgimiento de un cogobierno entre las autoridades democráticas y el militarismo que hoy por hoy controlan el aparato estatal en beneficio de una élite política, militar y de intereses financieros transnacionales que hacen al neo-corporativismo.

Por otro lado, resulta también muy preocupante la actitud de complacencia o indiferencia de organismos multilaterales respecto de esta práctica democrática-militarizada. La cual tiende en muchos casos a legitimizar hechos de violencia militar contra la población civil (OEA en el caso de Amayapanpa y Capasirca, Guerra del Agua, Febrero Negro de 2003) y que en definitiva va en contra de todo principio internacional de defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, cabe manifestar que pese al intento de imposición de un nuevo tipo de militarismo la sociedad civil viene también generando nuevas perspectivas contestatarias que disputan espacios de poder local (municipal), regional (departamentos) y nacional (parlamento). Tal es el caso del éxito del partido de los productores de coca del Trópico de Cochabamba, Movimiento al Socialismo (MAS), que logró aglutinar a otras organizaciones campesinas y sectores urbanos del país para ocupar un segundo lugar en las elecciones nacionales de 2002 (Molina, 2002).

En esta dinámica de accionar tradicional de la política (democrática-militar) y las aspiraciones de los movimientos sociales (cocaleros, campesinos sin tierra, pueblos indígenas, desocupados, prestatarios, etc.) se tiende a una salida que implique una redefinición de prácticas de hechura política a través de diálogos y concertaciones que reencaucen los instrumentos democráticos, o en caso extremo se tiende a una eliminación de las conquistas democráticas y de la democracia en sí a favor de un resurgimiento encubierto y directo del militarismo en Bolivia a través de un nuevo sistema de gobierno cual es el militarista-democrático.

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NOTAS

1. Ley Pública de los Estados Unidos 99 570, del 27 de septiembre de 1986.

2. Decreto Supremo Nº 11.245 Ley de Sustancias Peligrosas del 20 de diciembre de 1973.

3. Una amplia lista de jefes militares involucrados en narcotráfico es presentada en LAB-iepala (1982; 1985).

4. Resaltar que en 1989 la asistencia económica de Estados Unidos para el ejército fue de 5,8 millones, vale decir que para 1990 se incrementó este presupuesto seis veces más (Painter, 1994).

5. Decreto Supremo Nº 24.963 del 20 de febrero de 1998.

6. Se contemplan además otros 160 millones de dólares, destinados a la implementación de programas de desarrollo alternativo. Estos montos fueron cubiertos en gran parte por Estados Unidos con aportes de contraparte del gobierno boliviano.

7. Dirección de Reconversión de la Coca (DIRECO), que cuenta con un brazo agronómico, Unidad Agrícola de DIRECO (UNAGRODI) y un brazo cartográfico, Unidad de Cartografía de DIRECO UNICARDI) dependiente del Ministerio de Agricultura.

8. Una de estas fuentes es la revista de la Fuerza de Tarea Conjunta Trabajamos por la dignidad de Bolivia y por la salud del mundo (2002), único documento de difusión pública restringida que da a conocer las participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el Plan Dignidad.

9. Las citas entrecomilladas corresponden a copia exacta de documentos oficiales.

10. Entre los mayores defensores de derechos humanos en el Trópico de Cochabamba se encuentran la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos quienes hacen continuas denuncias sobre los asesinatos, torturas, secuestros y detenciones ilegales (Llorente S., 1999).

11. Los efectivos para las FTC por gestión fueron: 2.600 hombres en 1998, 1.990 hombres en 1999, 1.729 hombres en 2000, siendo aún desconocido el número para 2001, 2002 y 2003.

12. Fue el caso del dirigente ejecutivo de la Federación de Colonizadores de Chimoré Casimiro Huanca, que en diciembre del año 2000 fue asesinado a sangre fría por militares dentro de la sede de la Federación, y otros dirigentes heridos y flagelados, incluyendo al Alcalde, sin que a la fecha se haya podido iniciar ningún proceso ordinario.

Este texto se encuentra bajo licencia Creative Commons

Fernando Salazar Ortuño (*)

(*) Sociólogo, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE), Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Cochabamba-Bolivia.


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