- La relación
indígenas-estado - Desarrollo del movimiento
indígena - Las grandes
cuestiones - A manera de
conclusiones - Notas
- Bibliografía
- Fuentes
Contemporáneamente con las debacles de las
economías de América
Latina, visibilizadas en la llamada crisis de la
deuda en 1982, son observables un conjunto de demandas y acciones
públicas que defienden derechos étnicos al
mismo tiempo que
promueven la igualdad y la
eliminación de toda forma de racismo. Muchas
de estas movilizaciones y manifestaciones son observables ya
hacia finales de la década del setenta, en la que, al
igual que en la del sesenta, predominaron los movimientos
campesinos en lucha por la Reforma
Agraria.
La década perdida, según la CEPAL, con la
que se potentiza la inducción de la región en una
globalización no deseada, y por lo tanto
forzada, constituye también el momento de quiebra de
modelos de
transnacionalización y/o acumulaciones nacionales de
capital, lo
cual pone en situaciones de debilidad, en muchos casos
estructural, a los actores inherentes a tales procesos: las
incipientes burguesías nacionales, pero sobre todo a la
clase
trabajadora. Se produce una crisis de representación
política.
Es en este espacio que emergen nuevos actores sociales y
políticos, como es el caso de los indígenas que
lograron resistir con éxito a
la destrucción de su ethos cultural que trató de
imponerles la dominación colonial, la cual se
prolongará en el nuevo régimen de las
repúblicas independientes. Estos nuevos actores, que las
democracias existentes no fueron capaces de incorporar,
manteniendo por el contrario prácticas e ideologías
racistas y segregacionistas, exigen a la vez que demandas
específicas, desde su condición de
marginalizados-oprimidos, nuevas formas de reconocimiento y de
representación.
La audiencia y espacio de opinión logrados por
los movimientos étnicos se han visto favorecidos por la
acción
de organismos y la opinión
pública internacionales, que han provisto tanto apoyo
financiero como presencia en foros internacionales en los que se
han legitimado, presionando desde esos espacios a los poderes de
sus países en pos de la solución de sus
demandas.
Estas demandas, con algunas variaciones, se condensan en
dos proyectos: el
desarrollo y
las reformas políticas.
Así, se cuestionan las ventajas que sobre ellos han tenido
los no indígenas, su marginalización, y desde estas
demandas de políticas sociales se jerarquizan demandas de
políticas sociales, se jerarquizan demandas hacia los
derechos políticos y civiles que suponen sustanciales
transformaciones en los sistemas
político-institucionales para la realización de
sociedades
multiculturales y sobre todo plurinacionales.
En este sentido, como lo señala Hernán
Ibarra (2002), "Se puede entender que las demandas étnicas
tienen un componente de ‘reformismo radical’; la de
impulsar reformas dentro de la institucionalidad para
cuestionarla".
En palabras de Marcelo Córdoba, dirigente
indígena, presidente del Consejo de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
(CODENPE), organismo del estado
ecuatoriano: "el movimiento
indígena ecuatoriano es un elemento importante en cuanto a
la construcción de la ciudadanía porque desde el levantamiento de
1990 los dos grandes temas reivindicados por los indígenas
son los derechos y el desarrollo" (1).
En resumen, los movimientos étnicos, y
particularmente el ecuatoriano, aparecen en una coyuntura
histórica particular signada por la crisis
económica y política. Confluyen demandas por
acciones de desarrollo, principalmente hacia el desarrollo rural,
tenencia y acceso a la tierra,
oportunidades en el mercado, con
propuestas políticas de reorganización y
democratización del Estado, en el marco de los programas de
ajuste estructural implementados en la región, cuyos
resultados, según datos y
expresiones de la CEPAL, son magros y decepcionantes.
Para el caso de los indígenas ecuatorianos, una
población estimada entre el 11 y el 13% de
la población nacional, de doce millones de habitantes
según el último censo de 2001 (lamentablemente, por
razones inexplicables, no se cuenta con datos precisos), el 75%
de ésta se halla en situación de pobreza. En el
Ecuador la pobreza tiene
rostro indígena, la crisis y los sucesivos programas de
ajuste estructural han significado tanto el deterioro de su
tradicional pobreza como el transparentamiento de que es la
sociedad la
que los empobrece. Como señala Andrés Guerrero
(2001[b]): "Las políticas neoliberales transgreden los
principios de
la legitimidad del sistema
político ciudadano; el Estado mata
en forma arbitraria y sin justicia al
‘dejar morir’ a los indígenas".
Como es sabido, la dominación y
explotación colonial se afincaron básicamente en la
extracción de renta, en especies o dinero, y en
el uso de la fuerza de
trabajo para
la producción hacendaria. Esta
institucionalidad de antiguo régimen prosiguió
durante más de ciento treinta años en la fundada
república del Ecuador. En 1857 se elimina el tributo
indígena como una obligación fiscal, al
mismo tiempo que se desvirtúa el concepto legal
del ‘protector’, asumido por el Estado. Sin embargo,
la noción de raza prevaleciente establecerá la
diferencia tanto entre los distintos grupos
étnicos nativos como con el conjunto de los blancos y
mestizos. De hecho, si bien la eliminación del tributo y
del protectorado implicaría una igualdad de ciudadanos, la
distinción de raza se opondrá a cualquier forma
igualitaria, negando por lo tanto la condición de
ciudadanos a los indígenas, y fortaleciendo a la vez la
jerarquía de dominación.
Hacia 1920, con la aparición de un discurso
indigenista, se reivindica al indio como el sustento de la
nacionalidad
ecuatoriana, impulsándose políticas que
privilegiaban la educación. Con la
expedición de la ley de comunas en
1937 se origina una actitud
protectora desde el Estado a la
organización comunal, incorporándose a
éstas al ordenamiento jurídico administrativo del
Estado. Para estos pensadores y las políticas
desarrolladas, el problema indígena es ante todo un
problema de falta de integración a la sociedad nacional. Con la
constitución de 1979, al reconocerse el
voto a los analfabetos, cuya población mayoritaria era
indígena, se abre un amplio espacio para la
participación electoral de los indígenas, proceso que
será importante en la constitución posterior del
partido Pachacutik y de sus éxitos electorales, sobre todo
a nivel local. Otro hecho trascendental en la misma época
será el reconocimiento, en el Plan Nacional de
Alfabetización, de la lengua
quichua. Este reconocimiento inicial será posteriormente
afirmado con la creación, hacia 1994, de la Dirección Nacional de Educación
Bilingüe, y el reconocimiento en la constitución de
1998 de las lenguas nativas.
DESARROLLO DEL MOVIMIENTO
INDÍGENA
El surgimiento de las organizaciones
étnicas, entre las que se destaca la Confederación
de Pueblos de la Nacionalidad
Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), en la década del ochenta,
propondrá una nueva definición del indio. Una
autodefinición que, además de los elementos
culturales, la lengua, los rituales, incluirá la
participación organizada, el sentido de pertenencia a una
comunidad,
así como los derechos sociales, particularmente respecto
al agro, de los que son sujetos. Las iglesias -particularmente la
católica- apoyaron este proceso organizativo.
Las luchas indígenas, así como los
procesos de modernización del agro, propiciaron la reforma
agraria de 1964 y la posterior de 1973. Tales reformas, sin
embargo, más allá de eliminar las relaciones
precarias, particularmente el huasipungaje (2), si bien
implicaron un importante avance para la organización del campesinado
indígena, no supusieron una redistribución de la
tierra. Se
trata entonces de reformas agrarias frustradas e inconclusas,
asunto sobre el que volverán los levantamientos
indígenas de la década del noventa. El
levantamiento indígena de junio de 1990 es el momento
fundacional del movimiento étnico ecuatoriano. Las
acciones de bloqueos de carreteras, manifestaciones en ciudades,
tomas de iglesias y otros actos impactaron en el conjunto de la
sociedad. Los indígenas emitieron una propuesta contenida
en dieciséis puntos, entre los que están la
declaración del Ecuador como Estado plurinacional, la
solución de los conflictos de
tierras, las condonaciones de deudas con la Banca de Fomento
y la dirección del proceso de educación
bilingüe. También se hicieron extensivas demandas
específicas sobre maltrato y discriminación en las oficinas
públicas. Este levantamiento coincide con el gobierno de la
Izquierda Democrática, un partido de centroizquierda cuya
opción y propuesta política se vieron sobrepasadas
por el carácter de las demandas. Una
cuestión observable en este proceso es la
transformación de los campesinos genéricos, que es
como el Estado había identificado a los indígenas
tradicionalmente, en indios con identidades
específicas.
El levantamiento indígena de 1990 tiene como
trasfondo un conflicto
étnico al mismo tiempo que un conflicto agrario. Es un
momento en el cual se produce un avance cualitativo de los
indígenas hacia la búsqueda de sus derechos. Las
demandas y pliegos petitorios implicarán por un lado un
reconocimiento al Estado como interlocutor, al mismo tiempo que
se afirman los indígenas como colectividad. El poner sobre
la mesa la temática étnica pone en cuestión
al Estado nación
en medio de una crisis de la ideología oficial del mestizaje. En 1994 se
produce un nuevo levantamiento con énfasis en la
cuestión agraria, pues se trataba de la defensa de los
derechos a las tierras comunales, que concluye con un acuerdo
patentado en el código
agrario, el cual, si bien establece el respeto a las
tierras de comunidad, elimina totalmente cualquier posibilidad de
reforma agraria.
Hechos más recientes, como el levantamiento -para
algunos, alzamiento- de los indígenas el 21 de enero de
2000 que culminaría con la destitución del
presidente Mahuad, volverían a mostrar la fuerza y
cohesión del movimiento indígena, así como
su convocatoria a otros sectores sociales, particularmente los
pobres urbanos. La demanda
central, en contra del modelo de
dolarización a imponerse, no tendrá
éxito, como tampoco el intento de lograr una apertura al
sistema de
poder
existente. Un nuevo alzamiento o levantamiento, en febrero de
2001, concluirá con el establecimiento de una serie de
mesas de negociación que no han tenido mayor
éxito ni resonancia. En todo caso, el pronunciamiento de
los indígenas para negociar políticas de orden
general bajo el lema "nada sólo para los indios" no
logrará el aporte y participación efectiva de otros
sectores, como los obreros por ejemplo, de manera que este "nada
sólo para los indios", más que un grito convocante,
sonará a un eco auto-escuchado, en tanto se produce en la
ausencia de propuestas de la otra parte de la
sociedad.
Como resultado de una larga negociación en la
Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la nueva
constitución en junio de 1998, se introdujeron algunas
reformas correspondientes a las demandas del movimiento
indígena alrededor de la temática de las
nacionalidades, aunque de un modo muy parcial. En el Art. 1 se
reconoce que el Estado es pluricultural y pluriétnico,
aunque en el Art. 83 se enuncia muy ambiguamente el concepto de
nacionalidad: "los pueblos indígenas que se autodefinen
como nacionalidades ancestrales y los pueblos negros o
afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano,
único e indivisible".
Los ejes concentradores de la movilización y
propuestas indígenas, el desarrollo y la reforma
política del estado, han tenido diversos momentos, como
valor de
cambio en las
negociaciones con el Estado, de paso el único
interlocutor, así como de controversia, incluso de
divergencias notables al interior de las organizaciones y del
movimiento indígena.
Como se mencionó, la versión más
generalizada del Estado en su relación con los
indígenas es la de concebirlos como campesinos. El mismo
discurso indígena, de vuelta a la pachamama y
revalorización de las culturas ancestrales, abre espacios
de negociación, cooptados y asumidos por el Estado. En
1995 se crea, con apoyo del Banco Mundial,
el Proyecto de
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador
(PRODEPINE), diseñado para apoyar financieramente a
pequeños proyectos productivos y al fortalecimiento de
organizaciones de base entre los indígenas y negros del
país. El proyecto, que se halla en ejecución en su
segunda fase, obliga a la conformación de las llamadas
organizaciones de segundo grado, muchas de éstas distintas
a las que conforman las bases de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La Unidad
Ejecutora es un espacio independiente de las organizaciones y
actúa con parámetros técnicos según
los acuerdos con el Banco
Mundial.
Este interesante programa, que
parte de diagnósticos participativos, enfrenta sin embargo
dos problemas
fundamentales. El primero, una fuerte oposición de la
intelectualidad indígena y de los más importantes
dirigentes, por considerar que las acciones y los montos de los
recursos,
así como el organismo financiador, no se corresponden con
el discurso y el debate
político de la organización. Textualmente, en el
Boletín ICCI-RIMAY (2001) del Instituto Científico
de Culturas Indígenas, que aglutina una parte de la
intelectualidad y de la dirigencia indígena, se dice lo
siguiente: "La enorme cantidad de recursos que posee esta
institución la convierten en una amenaza permanente para
el movimiento indígena ecuatoriano. La visión
modernizante y apegada a los parámetros neoliberales de la
cual son portadores los tecno-burócratas de esta
institución se convierten en un riesgo cotidiano
para el proyecto político de las organizaciones
indígenas y en una fuente de conflictos permanentes. Pero,
no se trata del choque entre dos visiones distintas de la
realidad, sino de la confrontación entre dos proyectos
históricos distintos".
Otro problema que confronta la propuesta agrarista de
desarrollo indígena tiene que ver con el proceso de
descomunalización de las comunidades andinas, donde es
observable un vaciamiento de la comuna tradicional como espacio
de hábitat
y reproducción social, ampliándose los
espacios de reproducción hacia ámbitos locales,
incluyendo áreas urbanas. Un mayor relacionamiento de la
comunidad indígena con la sociedad capitalista, con la que
se asienta y retroalimenta la noción de propiedad e
individualidad, así como la pérdida de fertilidad
de los suelos y el
crecimiento demográfico que imposibilitan asegurar, en
términos de Claude Meillassoux, "la restitución de
la energía humana", son las causas principales de este
proceso de descomunalización, aunque al mismo tiempo la
conciencia sobre
la pérdida del valor simbólico de la ancestral
comunidad motiva la repuesta política indígena
alrededor de demandas más amplias. La
descomunalización, junto con la desarticulación de
la familia
indígena y las fugas migratorias, son una expresión
y efecto locales de los procesos de exclusión y
desarticulación globales.
En lo que respecta a la reforma política, en 1994
la CONAIE presentó una propuesta de reforma constitucional
para que se legisle respecto de que el Ecuador es un "estado
plurinacional, pluricultural y plurilingüe, que reconoce,
protege, respeta y desarrolla su diversidad cultural".
La misma propuesta incluía otros asuntos, como el
hecho de declarar a la educación oficial como "laica,
intercultural, bilingüe", proponiéndose
también que en las jurisdicciones territoriales de los
pueblos indígenas de entre sus miembros, se elegirá
un representante ante el Congreso Nacional y gobiernos
seccionales, a través de un proceso eleccionario interno y
exclusivo para los pueblos indígenas; el Estado
debería garantizar una representación
indígena, ante el Congreso y los gobiernos locales,
equivalente a un 30% del total de la representación. Este
planteamiento tiene implícita la profunda reforma
política concebida dentro del esquema de una democracia
participativa. La autonomía étnica, el hecho de que
las comunidades indígenas son autónomas y sus
autoridades ejercen funciones de
administración y tienen jurisdicción
tanto normativa como procesal, era otra de las reformas
propuestas por la CONAIE que supone la
institucionalización de la legalidad del
derecho étnico consuetudinario. La cuestión de los
territorios étnicos es altamente controversial, tanto para
los intelectuales
y dirigentes indígenas como para los sectores de poder.
Para estos, la sola mención del territorio étnico
es asimilada como la creación de estados
paralelos.
La territorialidad que bien puede ser operativa en los
territorios étnicos de la amazonía y la costa,
donde existen grandes extensiones de dominio
territorial de los grupos étnicos, confronta problemas en
la región andino-serrana, en donde el dominio territorial
está atravesado y es compartido con otros grupos
sociales así como estructurado en múltiples
formas de propiedad y gestión
de los recursos. Esta problemática es reconocida por la
intelectualidad y dirigencia indígena en el siguiente
texto: "Las
nacionalidades de la amazonía más que una
pertenencia a la tierra bajo dimensiones económicas,
vislumbran a su entorno como un territorio que debe estar bajo su
control. Su
noción básica será justamente la
noción de territorio, un concepto cultural fundamental
para definir una nación". Párrafos antes, en el mismo
documento, se señala que para los indígenas
serranos "la lucha por la tierra elemento central de su
cosmovisión, era sobre todo una reivindicación de
tipo económico".
Este reconocimiento de dos historicidades les lleva a
afirmar: "ahora bien, el encuentro de estos dos procesos
históricos, implica una serie de rupturas y
transformaciones; de estas rupturas pueden desprenderse dos de
las categorías políticas más importantes que
se han generado en el Ecuador contemporáneo, aquella de la
pluriculturalidad y la interculturalidad" (ICCI-RIMAY,
2002).
Como se observa a partir de lo expuesto, si bien se
reconoce la presencia de dos concepciones societales sobre la
tierra y los territorios, no se define lo que se
entendería por territorialidades en la región
serrana, y por ende acerca de la existencia de nacionalidades en
esta área geográfica. La cuestión parece
estar en que la definición y la temática de la
plurinacionalidad conllevan a una confusión sobre el uso
del concepto de nacionalidad. Como señala Ibarra, "las
organizaciones indígenas han venido utilizando la
denominación de nacionalidad indígena para
referirse al conjunto de los pueblos indígenas agrupados
en la CONAIE" (Ibarra, 2002).
La definición usada por la CONAIE se corresponde
más con la versión occidental de la
constitución de los estados nación, que alude a una
sociedad unida por vínculos de lengua, cultura y
territorio. En esta concepción, la nacionalidad constituye
el fundamento del Estado nación. Sin embargo, como se ha
mencionado, la geografía y la
ocupación territorial de las comunidades y etnias
indígenas son variadas y diversas, siendo la
territorialidad más visible en la amazonía y
difícilmente definida en la región serrana, que es
la que concentra la mayor parte de la población
indígena del país.
La complejidad de estas definiciones de
territorialidades es reconocida en el Boletín del
ICCI-RIMAY (2002: 4), en los siguientes términos: "Para
poder organizar a la CONAIE desde la noción de
nacionalidad y pueblo, es necesario un proceso de
reconstrucción de esas nacionalidades y
pueblos".
Tanto en Ecuador como en otros países de América
Latina, la discusión de la autonomía étnica
conlleva el reconocimiento de esa autonomía con un
estatuto específico y su institucionalización en
las constituciones políticas de los estados.
Además, como lo señala Ibarra (2002): "El principio
básico que se halla en juego es el de
la autodeterminación, entendido como la capacidad de los
grupos étnicos por decidir sobre sus asuntos".
Una de las cuestiones interesantes de las organizaciones
étnicas en el Ecuador es el hecho de haber conformado una
amplia red
organizativa a nivel local que alcanza grados de centralización tanto regional como nacional
y que tiene en la CONAIE a su portavoz unificador, aunque esto
tiene el riesgo de monopolizar la representación. Otro
aspecto de interés
que no es sólo particular a las organizaciones
étnicas ecuatorianas, sino que se presenta en otros
países como México y
Bolivia, por
ejemplo, es la formación de una intelectualidad
indígena y de nuevas formas de liderazgo
capaces de articular un discurso, de potencializar la
subjetividad identitaria, así como de liderar
organizaciones, muchas de las cuales en el sentido técnico
se pueden considerar como modernas. Es evidente que el movimiento
indígena ha jugado un importante rol en la
oposición al ajuste estructural, en la articulación
a otros actores demandantes y opuestos al neoliberalismo: una situación en la que
empatan las demandas étnicas con el cuestionamiento a la
estructura
social y un interés propositivo en redefiniciones del
carácter del sistema y del funcionamiento mismo de la
democracia.
Los temas pendientes y de mayor y álgido debate,
como es el caso de las autonomías y/o constitución
de un Estado plurinacional, se enmarcan y tienen relación
con el grado de profundidad y amplitud de las reformas
políticas, particularmente de las reformas
constitucionales, en las que se reconozca plenamente la
diferencia a partir de un Estatuto de los Pueblos
Indígenas en tanto sujetos de derechos colectivos. Como se
ha visto en el plano declarativo, la constitución
ecuatoriana de 1998 reconoce la multiculturalidad.
Dada la condición de campesinos de la gran parte
de la población indígena, la cuestión
agraria del desarrollo rural seguirá siendo el enlace
entre las demandas locales y las propuestas nacionales,
así como también materia, como
lo ha sido, de acuerdos y manejo político. En todo caso,
la cuestión de acceso a la tierra es un asunto pendiente.
Algo a tomar en cuenta es el hecho de que una cultura nacional ya
no puede ser vista ni como la sumatoria de diversidades ni como
hechos que se explican en una cultura nacional. Como bien
señala José Sánchez Parga (1998), "El
imperativo tanto como la tarea es hoy no ya pensar las culturas
particulares regionales desde la cultura nacional sino a la
inversa ésta desde aquellas".
Todo esto porque preocupa la necesidad de dotar a la
plurinacionalidad de un contenido conceptual que sobrepase su
valor instrumental-coyuntural. A saber, la reivindicación
de las nacionalidades, entendida en la ecuación
cultura-territorios, cobra fuerza en las luchas anticoloniales y
de liberación nacional. Es en ese contexto que se explican
y adquieren valor, y es por ello que el planteamiento provoca
equívocos, tendencias y suspicacias.
En la actual coyuntura histórica, y más
allá, en el ánimo y conciencia de los
sujetos-actores, ¿están presentes luchas
anticoloniales y/o de liberación nacional? De ser
así, no hay mucho que discernir, aunque sí que
debatir, sobre cómo acumular fuerzas y ganar la batalla,
en el campo que la correlación de fuerzas establezca y que
define, también, los actores y los
contrincantes.
De no ser así, cobra valor lo conceptual, que
definimos por nación-nacionalidad, y cuál es el
ámbito en el que este ejerce sus derechos y en
última instancia su soberanía. Bien puede explicitarse que no
se trata de soberanías sino de autonomías, pero
esto también debe ser definido y explicado.
¿Serán esas culturas regionales, en
constante proceso de cambio interno y de encuentro con otras, la
base de tales naciones o autonomías? Quizás, en el
entendido de que crean, fortalecen y reproducen identidades. Es
evidente que lo identitario es la base para avanzar en propuestas
de desarrollo, si no me identifico, cómo y por qué
participo, aporto, someto mi individualidad al bien
colectivo.
En un país como el nuestro, en el que las
culturas y las identidades se mezclan, se tensionan, conviven, el
problema de la territorialidad es algo complejo. Habrá que
definirlo, establecer los límites,
si se habla de territorios físicos, así como el
tipo de institucionalidad que los soporta. En este entorno se
puede caer en peligrosos esquematismos de autoritarismo cultural
–cultocratismos- que conllevan a situaciones
fascistas.
Parece entonces que la entrada desde la categoría
interculturalidad puede aportar en mucho a definir sobre el
concepto de plurinacionalidad, urgiendo su estudio y
debate.
Dado que el tema y la aplicación de la
categoría suponen un espacio universo
analítico, será necesario definir teórica y
operacionalmente tal espacio. Varios hechos y/o escenarios deben
ser considerados.
Más allá de si la
globalización es o no algo reciente y de aplicabilidad
a la mundialización de la economía de mercado,
el hecho cierto es que nos encontramos ante una impresionante
circulación, de inusitada rapidez y volatilidad, de la
información y las imágenes,
y de acumulación de saberes tecnológicos, que
influyen en las percepciones, conocimientos y valores; que
se interponen a las decisiones de los estados naciones,
restándoles capacidad de definir el destino de sus
economías. Esto es ya un dato, como también lo es
el que las reivindicaciones democráticas tienden
más a resolverse en lo local que en lo nacional. Tienen la
gran ventaja de volver más plástica, visible y
operativa a la democracia. Tienen o podrían tener la
desventaja de concitar toda la atención y energía en lo
particular-local, abstrayendo las interrelaciones y
hegemonizaciones del capitalismo
mundializado. Tal peligro de abstracción conlleva una
perversión suicida para las culturas y las
economías. Hay algo de ello en lo small is
beautiful.
Otro escenario tiene que ver con la construcción
de la democracia en el actual estado ecuatoriano, y en la
constitución de ciudadanos –en plural– en la
que tal democracia debe fundarse para desbloquear la actual
situación, definida por Julio Echeverría (1997). El
pasaje de comunero a ciudadano sin perder pertenencia
étnica es un tema crucial, como lo es, en la perspectiva
de las nacionalidades, el establecer la relación entre los
derechos individuales, que caracterizan a los ciudadanos, con los
derechos colectivos. Hay tela para cortar en algunos trabajos
como el de Jorge León (1994).
Otro escenario se relaciona con los procesos de descentralización. Bien entendidos, se
trataría de potenciar acumulaciones locales -de capitales,
capital social, capital humano–
significativas, capaces de tener un efecto de locomotora sobre
las otras formas de economía, en pos de permitir su
desarrollo y por ende el desarrollo local. Aquí, las
potencialidades de las culturas local-regional tienen mucho que
decir, y es posible que en última instancia sean las
identidades las que definan, como en el caso catalán en
España,
la construcción de esos ámbitos para una
descentralización real y efectiva. Hay que recordar, sin
embargo, que lo catalán fue posible en tanto estuvo
acompañado de un importante poder económico en
manos catalanas –capitalista, por cierto. Es en este
escenario en el que se plantean las autonomías o las
circunscripciones étnicas. Estas últimas,
más que hacer énfasis en la geografía
física de
los límites territoriales, proponen ámbitos de
reproducción cultural, económica –de mercados–
que sobrepasan las divisiones político-administrativas de
los estados. En esta perspectiva lo local bien podría ser
lo regional. Hay mucho trabajo por hacer en esta
línea.
Por último, está el escenario propuesto
por las tecnoburocracias, no necesariamente peyorativo, de los
organismos multilaterales como la OIT y el Banco Mundial.
Imprimiendo una reforma desde arriba, ofrecen ventajas en tanto
abren espacios y concitan al debate. Sin embargo, entre otros
problemas, llevan implícitos relativismos conceptuales que
pueden diluir asuntos de fondo, como los requerimientos hacia un
nuevo orden económico mundial.
Las posibilidades del movimiento indígena,
así como de los proyectos alternativos, se complejizan
ante una sociedad en la que el capital simbólico se ha
erosionado, perdiendo valor identitario como nación, con
lo que se abre un interrogante sobre a quién se
interpreta. Como señala Teodoro Bustamante (2001): "Hoy en
día sospecho que seguimos buscando mitos que nos
expliquen la realidad sino que simplemente se acomoden a nuestras
necesidades subjetivas".
Preciso es advertir que, ese discurso sobre el otro, en
el sentido de Levy Strauss, opta, desde los analistas, a tomar
distancias hacia un costado, con el consiguiente riesgo, como
señala Andrés Guerrero (2001[a]), de que: "En los
análisis se esfumará la historia que nos constituye:
el hecho de que, como individuos, somos productos de
destinos relacionales (N. Elías) en una sociedad a la vez
colonial y republicana, de indios y ciudadanos".
1. Tomado de la entrevista
realizada en noviembre de 2001 por Nieves Zúñiga
García (2002).
2. N. de la E.: el huasipungaje es un tipo de hacienda
de forma semi-feudales, en donde el campesino
(huasipungero) trabajaba para el hacendado a cambio del usufructo
de un pequeño terreno (huasipungo).
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los símbolos", en Iconos (Quito:
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torno al
Quilotoa: mujer,
cultura y comunidad (Quito: CAAP). - Sánchez Parga, José 1996
Población y pobreza indígenas (Quito:
CAAP).
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Francisco Rhon Dávila
(*)
(*) Director Ejecutivo del Centro Andino de
Acción Popular (CAAP) Quito, Ecuador.