- Antecedentes
- Definición
de Conceptos - Objetivos,
Estrategias, Desarrollo y Resultados - Contraloría
Ciudadana y Género - Contraloría
Ciudadana a Tres Años - Comentarios
Finales
ABSTRACT
El objetivo del
documento es presentar un informe de la
Dirección Ejecutiva de la
Contraloría Ciudadana de la Ciudad de México que
sirva de marco referencial para reconocer las redes sociales y políticas
y sus relaciones e implicaciones jurídicas así como
sus probables alcances a partir de la revisión y
conceptualización de sus orígenes y fundamentos
basados en los documentos y
resultados existentes de la propia dirección para que
brinde elementos que incentiven el debate interno
y fortalezca el debate de cara a su próximo
establecimiento en la red. Para comenzar, este
documento se divide en dos partes: en la primera se expone la
definición de los conceptos de contraloría
ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, ciudadanía responsable, Derechos Económicos
Sociales Culturales y Ambientales (DESCA); de igual forma se
mencionan brevemente sus orígenes y el marco
jurídico que sustenta al Programa. En la
segunda parte, a partir de la revisión de los resultados
del Programa se hará un esfuerzo por conceptualizarlo,
mismo que nos dará un acercamiento al análisis
político del mismo; finalmente se plantean posibles
perspectivas del Programa, considerando los alcances del mismo,
se toman en cuenta dos ámbitos: el gobierno y la
sociedad
civil. El documento finaliza con comentarios generales a modo
de conclusiones. del Programa, considerando los alcances del
mismo, se toman en cuenta dos ámbitos: el gobierno y la
sociedad
civil. El documento finaliza con comentarios generales a modo de
conclusiones.
Palabras clave:
· méxico
· movimientos
sociales
· participación
social/ciudadana
· redes
ciudadanas
· sociedad
civil
A finales del 2003 y principios del
2004, a raíz de una denuncia ciudadana, contralores y
contraloras ciudadanas realizaron un operativo
anticorrupción en la Delegación Benito
Juárez (1), referente a la extracción y
venta clandestina
de gasolina de vehículos públicos por funcionarios
de la Dirección General de Servicios
Urbanos (2). En coordinación con la Dirección
General de Auditoría y con el apoyo de la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, se logró la detención de 4
servidores
públicos implicados y el proceso
judicial contra otros veinte. Este tipo de actividades de combate
y previsión de la corrupción
son solo unas de las actividades que realizan los y las
contraloras ciudadanas en la Ciudad de México para
garantizar su ejercicio al derecho a la información, transparencia y
rendición de cuentas en la Administración
Pública.
Contraloría Ciudadana es la palabra que
conceptualiza el ejercicio de vigilancia de la transparencia y la
rendición de cuentas en el gasto presupuestal del Gobierno
del Distrito Federal por los y las contraloras ciudadanas. Los y
las contraloras ciudadanas, como las define el Jefe de Gobierno,
son "…ciudadanos (as) independientes y de inobjetable
honestidad (que)
serán miembros, con derecho a voz y voto, de los consejos
de administración y de los comités de
evaluación y adquisiciones, de las
dependencias y empresas
paraestatales…" (3) mismos que participan
actualmente en la vigilancia de la transparencia y
rendición de cuentas en las finanzas de
la
Administración Pública local, con el fin de
participar activa, corresponsable y honoríficamente (es
decir, sin recibir remuneración alguna) en el combate a la
corrupción, generar ahorros e incidir en la
orientación y toma de
decisiones del ejercicio presupuestal. Evidentemente, estas
acciones a las
que se encaminan la acción
de los y las contraloras, pueden enmarcarse en los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de
los y las ciudadanas de la Ciudad de México, con el fin de
garantizar participativa y corresponsablemente un entorno
económico, social, cultural y ambiental adecuado y
seguro en
donde vivir, educar a sus hijos e hijas y desarrollarse familiar
y personalmente como ciudadanas y ciudadanos.
El objetivo del documento es presentar un informe
de la Dirección Ejecutiva de la Contraloría
Ciudadana de la Ciudad de México que sirva de marco
referencial para reconocer las redes sociales y políticas
y sus relaciones e implicaciones jurídicas así como
sus probables alcances a partir de la revisión y
conceptualización de sus orígenes y fundamentos
basados en los documentos y resultados existentes de la propia
dirección para que brinde elementos que incentiven el
debate interno y fortalezca el debate de cara a su próximo
establecimiento en la red.
En la actualidad, el proyecto que
desarrollo
hace una revisión y evaluación de las redes
sociales, económicas, políticas y virtuales que
están implícitas en el programa, actividades,
organizaciones, instituciones,
grupos
así como actores estratégicos con el fin de crear
un entorno propicio para su "replica" en la red. Por una parte,
un primer contexto me ayuda a delinear la estructura,
los límites de
acceso y participación reales mientras que, un segundo,
reviso y evalúo la dinámica de la red para una probable
configuración de acuerdo con las posibilidades que ofrece
el entorno virtual.
Para comenzar, este documento se divide en dos
partes: en la primera se expone la definición de los
conceptos de contraloría ciudadana, transparencia,
rendición de cuentas, ciudadanía responsable,
Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales
(DESCA); de igual forma se mencionan brevemente sus
orígenes y el marco jurídico que sustenta al
Programa. En la segunda parte, a partir de la revisión de
los resultados del Programa se hará un esfuerzo por
conceptualizarlo, mismo que nos dará un acercamiento al
análisis político del mismo;
finalmente se plantean posibles perspectivas del Programa,
considerando los alcances del mismo, se toman en cuenta dos
ámbitos: el gobierno y la sociedad civil. El documento
finaliza con comentarios generales a modo de conclusiones del
Programa, considerando los alcances del mismo, se toman en cuenta
dos ámbitos: el gobierno y la sociedad civil. El documento
finaliza con comentarios generales a modo de
conclusiones.
A finales de la década de los noventas
distintas organizaciones civiles y sociales presentaron, mediante
la realización de foros, conferencias y documentos de
debate, una iniciativa de Presupuesto
Participativo que tenía como objeto incidir en las
políticas públicas para participar en la
orientación de la definición del presupuesto
público federal. Distintas organizaciones de amplia
experiencia, entre las que se encuentran DECA, Equipo Pueblo,
RMALC, Movimiento
Ciudadano por la Democracia,
Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia,
etcétera, fueron las principales promotoras de este
proceso. Como tal, la iniciativa no fructificó, sin
embargo sentó importantes antecedentes para que
posteriormente se desarrollara contraloría ciudadana. La
diferencia entre ambos conceptos es que contraloría
ciudadana, en un principio, se enfoca básicamente en la
vigilancia ciudadana de la transparencia y rendición de
cuentas del ejercicio del presupuesto público, mientras
que presupuesto participativo buscó desde sus inicios
incidir directamente no en la vigilancia sino en la
configuración y orientación del presupuesto
público. Actualmente el Programa de Contraloría
Ciudadana incorpora los objetivos
originales de la iniciativa de Presupuesto Participativo de
incidir en la configuración y orientación del
gasto
público con el objeto de promover el cumplimiento
adecuado y fortalecimiento de los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para las y los
ciudadanos de la Ciudad de México.
El contexto y coyuntura política fueron
favorables: la llegada al Gobierno del Distrito Federal de
Andrés Manuel López Obrador en el 2000 con el
Partido de la Revolución
Democrática (un partido de izquierda) y consecuentemente
la de Berta Elena Luján Uranga a la Contraloría
General del Distrito Federal.
Andrés Manuel López Obrador proviene
de una larga trayectoria político – partidista.
Disidente durante la década de los 80 del Partido
Revolucionario Institucional, fue fundador de un partido
político de izquierda (lo que actualmente es el Partido de
la Revolución Democrática). Llega al Gobierno de la
Ciudad con una propuesta de gobierno que promueve priorizar el
ejercicio del gasto para favorecer a sectores sociales
desprotegidos como adultos mayores, mujeres embarazadas,
desayunos escolares, etcétera; un elemento transversal en
su Programa de Gobierno es la participación ciudadana, se observa como un
elemento prioritario buscando fortalecer las organizaciones
vecinales.
Berta Elena Luján Uranga, proviene de una
larga trayectoria de organizaciones sociales, civiles y la lucha
sindical democrática. Por muchos años, dirigente
nacional del Frente Auténtico del trabajo y
fundadora/directora de la Red Mexicana de Acción frente al
Libre
Comercio. Desligada políticamente a los intereses del
PRD, por lo que las expectativas en torno a su nueva
labor de vigilancia administrativa son
esperanzadoras.
El Programa de Contraloría Ciudadana se
implementó en el 2001 en la Contraloría general
como un Programa pequeño, operado en un inicio por una
coordinación a cargo de Martha Pérez Bejarano,
actual Directora General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal y una importante activista social, con una larga
trayectoria en organizaciones civiles.
En el 2002, de ser solamente una
Coordinación, el Programa de Contraloría Ciudadana
se convierte en Dirección Ejecutiva, lo que le otorga
más presupuesto, facultades y capacidad de incidencia
administrativa y política. El Director del Programa es
Andrés Peñaloza Méndez, analista
económico con una larga trayectoria en las organizaciones
sociales; las 11 mujeres y 5 hombres parte del equipo de la
Dirección son personas que en la mayoría de los
casos, su historia proviene
también de la sociedad civil.
Concepto de Contraloría
Ciudadana
Contraloría Ciudadana es la palabra
que conceptualiza el ejercicio de vigilancia de la transparencia
y la rendición de cuentas en el gasto presupuestal del
Gobierno del Distrito Federal por los y las contraloras
ciudadanas. Como se había comentado, los y las contraloras
ciudadanas son ciudadanos (as) que buscan ejercer su derecho
ciudadano a participar honorífica y activamente en la
vigilancia de la transparencia y rendición de cuentas en
las finanzas de la Administración Pública local con el
fin de combatir la corrupción, participar en la
orientación del ejercicio presupuestal y promover el gasto
social. Al ejercer sus derechos como contralores y contraloras
ciudadanas fortalecen y promueven la defensa de los derechos
DESCA.
¿Quiénes son las y los
contralores ciudadanos?
Son contralores y contraloras ciudadanas 177
ciudadanas y 123 ciudadanos de la Ciudad de México
debidamente acreditados por el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal; ninguno recibe remuneración o apoyo alguno por
parte del Gobierno del Distrito Federal y en promedio participan
entre 5 y 10 horas semanales al Programa de Contraloría
Ciudadana.
El Programa se ha caracterizado por su
espíritu de inclusión y promoción de la diversidad. En cuanto a
edades, de las 177 mujeres y 123 hombres contralores ciudadanos,
el 33% tiene de 18 a 33 de edad, el 44% tiene de 31 a 51
años y el restante 23% más de 50 años.
Referente al grado de estudios, por ejemplo, el 29% son
estudiantes, 44% son profesionistas, 11% cuenta con
maestrías, 5% con doctorados y el 11% restante
concluyó por lo menos sus estudios de educación media. Otro
dato interesante es que solamente el 11% pertenecen a alguna
Institución Académica, el 15 % a alguna Organización Civil o Social y el resto son
ciudadanos y ciudadanas independientes de las más
distintas ocupaciones. Cabe señalar que a pesar de no
haber un registro del
dato, los y las contraloras ciudadanas han manifestado su
preferencia por distintos partidos
políticos.
Definición de
transparencia
De acuerdo con algunos autores, la transparencia
es un mecanismo que forma parte de un sistema de rendición
de cuentas. El concepto de
transparencia "es una característica que abre la
información de las organizaciones políticas y
burocráticas al escrutinio público, mediante
sistemas de
clasificación y difusión que reducen los costos de acceso
a la información del gobierno. Sin embargo, la
transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un
destinatario específico, sino la práctica de
colocar la información en la vitrina (4)
pública para que aquellos interesados puedan revisarla,
analizarla y, en su caso, usarla como un mecanismo para
sancionar" (Ugalde, Luis Carlos,2002: 16-17) La
transparencia, en el marco de un sistema de rendición de
cuentas, facilita la vigilancia de las acciones de
gobierno.
Actualmente pareciera haber un monopolio
mediático del uso del término "transparencia" por
la
organización Transparencia Internacional, cuyo
capítulo en nuestro país es Transparencia Mexicana
puesto que esta organización cuenta con el respaldo del
gobierno federal; aunado a que al Programa de Contraloría
Ciudadana aún no ha podido posicionarse y visualizarse
adecuadamente en el ámbito federal, estatal y local, es
precisamente uno de los principales retos (5). Una clara
diferencia de Transparencia Internacional con el Programa de
Contraloría Ciudadana, además de la amplia
diferencia presupuestal, consiste precisamente en la manera en
que opera el Programa, es decir, el cargo de contralor ciudadano
es honorífico y por lo tanto no recibe retribuciones ni
del gobierno del sector empresarial, lo único que lo mueve
es su voluntad y empeño de combatir la corrupción,
construyendo una nueva relación entre el gobierno y la
ciudadanía. A través del programa de
Contraloría Ciudadana no se participa en la venta de
entidades del sector
público ni se avalan procesos del
gobierno o las empresas participantes en licitaciones, se
contribuye a fortalecer la capacidad del ciudadano para
intervenir en los asuntos públicos y de interés
general de la población. El contralor ciudadano participa
por lo tanto con una alta dosis de ética y
profesionalismo, verificando que, además de lo legal, las
acciones de los funcionarios cumplan con el principio de
honestidad y sean totalmente transparentes a juicio del o la
ciudadana.
Definición de rendición de
cuentas
El concepto o término de rendición
de cuentas es la traducción al castellano el
término anglosajón accountability, que en su
acepción original significa ser sujeto a la
obligación de reportar, explicar o justificar algo; ser
responsable ante alguien de algo. (Ugalde, Luis Carlos,2002:
16-17) Esta traducción es considerada imprecisa por
algunos autores pues se dice que tiene un significado limitado en
nuestra lengua. El
significado de la palabra rendición en el Diccionario de
la Lengua Española tiene varias acepciones pero ninguna
hace referencia a los pesos y contrapesos administrativos o
políticos. No obstante, en el ámbito de la
política, la rendición de cuentas significa la
obligación de todos los servidores públicos de dar
cuentas, explicar y justificar sus actos al ciudadano, que es el
último depositario de la soberanía en una democracia. (Ugalde, Luis
Carlos,2002: 16-17) Más aún, la rendición de
cuentas, implica que los representantes respondan frente a los
representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades,
que actúen en respuesta a las críticas o
requerimientos que les son señalados, que acepten su
responsabilidad en caso de errores, incompetencia
o engaño y que se tenga capacidad para imponer sanciones
negativas a los funcionarios y representantes que violen ciertas
normas de
conducta. En
éste último ámbito, ya se está
hablando del derecho ciudadano de recibir información y la
obligación de los funcionarios de proveerla, aunque
también implica contar con los mecanismos para supervisar
los actos de gobierno. Sin obligatoriedad, la rendición de
cuentas carecería de sentido, esto quiere decir que se
estaría disponible a ser requerido a informar y sufrir un
castigo en caso de mala conducta, aunque también es
válido recibir un premio por el buen desempeño en un cargo público. En
resumen, podemos hablar de cinco características que
permiten distinguir la rendición de cuentas de conceptos
similares:
- Delegación de autoridad y
responsabilidad de un sujeto denominado mandante o principal a
otro llamado mandatario o agente. - Representación. El agente o mandatario
representa al principal, por lo que actúa en su nombre y
debe rendirle cuentas de todo lo que decide y hace en su
nombre. - Responsabilidad mutua. La responsabilidad del
agente consiste en la obligación de ofrecer
información detallada de sus actos al principal,
mientras éste último debe contar con la capacidad
y derecho para monitorear las acciones del agente, detectar
posible incumplimiento y sancionarlo. - Sanciones. Cuando se demuestra que el agente
incumplió sus responsabilidades, el principal cuenta con
mecanismos para imponer castigos y
sanciones. - Contrato, que puede ser de carácter informal (a través de
acuerdos verbales o sociales) o formal (leyes y reglas
escritas complementadas con leyes secundarias y reglamentos).
Cada tipo de contrato tiene
sus sanciones, en el primer caso estaríamos hablando de
rechazo comunitario, pérdida de confianza, destierro
social, etcétera. En el segundo se agruparían el
desafuero, penas administrativas y/o penales,
etcétera.
La rendición de cuentas es un instrumento
de vigilancia para controlar el abuso poder y
garantizar que los gobernantes cumplan adecuadamente el mandato
hecho por la ciudadanía. En términos generales,
dicha herramienta sirve para analizar las acciones de gobierno.
Es decir, los y las contraloras ciudadanas, como sucede con la
transparencia, ejercen la rendición de cuentas, no es para
ellos una herramienta más, es el principio de su
acción. Es cada vez mayor la demanda de
información precisa y comprobable de la
administración pública, tanto de sus recursos como de
la toma de decisiones y de los resultados de la gestión
gubernamental. Por tanto, la rendición de cuentas se
constituye como una obligación para los representantes de
los ciudadanos y un derecho para éstos últimos. A
partir de 1997 inició el cambio
democrático de las formas de
gobierno en la ciudad, el reto ahora es profundizarlo a
través de la participación basada en la diversidad,
la tolerancia y el
pluralismo que emergen desde la base misma de la sociedad porque
todos los que la habitamos la Ciudad de México tenemos
derecho a ella, y que ya se ejerce desde el Programa de
Contraloría Ciudadana. Frente a un aparato administrativo
centralizado, burocratizado, ineficaz y proclive a la
corrupción, se ha estado
practicando la transparencia, la rendición de cuentas, la
eficacia y el
control de las
autoridades por parte de los ciudadanos, condiciones
básicas para democratizar el gobierno de la ciudad. Aunque
se tenía la visión de ejercer la rendición
de cuentas, con la participación ciudadana, desde el
gabinete de Gobierno y seguridad, no se
contempló que desde la perspectiva de la
administración y las finanzas se podía dar un
impulso considerable a los temas de transparencia y
rendición de cuentas, sin descartar la relación
intrínseca que hay entre ambos gabinetes, con un proceso
de transformación legal y cultural de los más
diversos actores de la ciudad. Si bien la materia de
trabajo del contralor ciudadano parecería reducirse al
análisis del ejercicio del presupuesto, cabe
señalar que éste se extiende a la toma de
decisiones en los órganos de gobierno, de manera directa e
indirecta en los otros órganos colegiados y se enmarca en
el amplio contexto de la lucha contra la corrupción, cuyas
manifestaciones son vastas. Sin embargo, el contralor ciudadano
no sólo está en condiciones de acceder a la
información gubernamental, sino cuenta con todos los
mecanismos de sanción de la Contraloría General el
Distrito Federal para echarlos a andar. Lo cual constituye un
mecanismo de control preventivo que disuade a potenciales
infractores de la ley y responde a
las características que definen la rendición de
cuentas. Existen dos características esenciales en la
relación gobernante-gobernado: intereses divergentes y
asimetría en la información (el primero tiene
siempre más información que el segundo). Sin
embargo, en el Distrito Federal, con el Programa de
Contraloría Ciudadana como elemento específico de
un sistema de rendición de cuentas, se está
contribuyendo a reducir esa asimetría y a obligar a los
servidores públicos a responder ante una posible toma de
decisiones corrupta o que no favorezca a la
sociedad.
Ciudadanía
responsable
Cuando se habla de generar ciudadanía
responsable se piensa en promover una actitud
ciudadana corresponsable y participativa en los espacios
ciudadanos del Gobierno del Distrito Federal, generando
así cambios en la relación
Gobierno-Ciudadanía. La ciudadanía responsable se
enmarca en la promoción y defensa de los derechos DESCA,
mediante la exigibilidad del cumplimiento de sus derechos, mismos
que los convierten en sujetos políticos. La
ciudadanía responsable no necesariamente tiene que ser las
organizaciones civiles y/o sociales, de la misma manera pueden
ser personas particulares, amas de casa, estudiantes,
profesionistas, médicas, abogados, taxistas,
investigadoras, entre otras.
En este contexto, la Documento de Trabajo de
Contraloría Ciudadana (DECC) es la encargada de generar
los objetivos y estrategias del
Programa de Contraloría Ciudadana (PCC) para cumplir
adecuadamente sus propósitos.
Objetivos, Estrategias,
Desarrollo y Resultados
De acuerdo al Documento de Trabajo de
Contraloría Ciudadana, el propósito de
Contraloría Ciudadana es contribuir a que se ejerza el
derecho ciudadano de participar en la definición, instrumentación, vigilancia,
evaluación, control y exigibilidad en el manejo de las
finanzas
públicas para beneficio de las mayorías de la
población. Para garantizar este propósito, el
Plan de
Trabajo presentan los siguientes objetivos:
Objetivo Número 1.
Provocar la formación y
consolidación de una red de
contraloría ciudadana que se inserte en el corto plazo en
los cuerpos colegiados correspondientes a los Órganos de
Gobierno, Comités y Subcomités de Adquisiciones y
de Obra, para después extenderse al resto del Gobierno del
Distrito Federal. Es importante señalar que en la
actualidad los (as) contralores (as) ciudadanos (as) participan
en 120 Órganos Colegiados: Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios; Obras; Gobierno, Técnicos
y los Comités de Control y Evaluación (COCOES)
(6). Actualmente en el Programa se encuentran en activo
450 personas colaborando en el Programa. De ellas, 200 se
encuentran sesionando en los Órganos Colegiados del
Gobierno del Distrito Federal, el resto participa en grupos de
apoyo y asesoría; así como, en los grupos
especiales de contrataciones transparentes, control social de
obra y operativos anticorrupción. Cabe señalar, que
en un inicio, el Programa contó solamente con 68
contralores(as) ciudadanos(as).
Objetivo Número 2.
Impulsar la formación y
consolidación de una red de instituciones y personalidades
de elevada credibilidad social –como el Consejo para la
transparencia- que funjan como asesores de las(os)
contraloras(es) ciudadanas(os). Parte de esta red de asesores se
fortalece con la elaboración de convenios con
Instituciones y/u Organizaciones; en la actualidad se han pactado
seis convenios, ninguno implica costo para el
Erario Público:
- Colegio de Contadores Públicos de
México A.C. En el que en términos del convenio,
esta respetable Institución ha otorgado un total de 24
becas para que contralores(as) ciudadanos(as) asistan a los
cursos que éste brinda. - DECA Equipo, A.C. Existe una estrecha
colaboración con la organización, directivos de
DECA Equipo Pueblo, participan ordinariamente en el Programa
como contralores(as) ciudadanos(as). Es importante comentar que
se contó con la asesoría y apoyo de la
organización, especialista en estas prácticas
legislativas, durante el cabildeo realizado en la Asamblea para
las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Ley de Obras y
Participación Ciudadana para la incorporación de
la figura de contralores(as) ciudadanos(as). - Comunicación Comunitaria A.C. Se
editó un vídeo de Contraloría Ciudadana,
donde se recupera la experiencia de tres jóvenes que
participaron en la licitación de vales de despensa de
fin de año del 2002, lo que coadyuvó a darle
mayor transparencia y confiabilidad a la licitación
anual más importante que tiene el GDF por su monto
(1,300 millones de pesos), el cual cubre una obligación
contractual del GDF con sus trabajadores. - Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara
A.C. Se tiene contemplado la realización de talleres,
seminarios y cursos sobre sistematización de
experiencias para contralores(as)
ciudadanos(as). - Fundación Roberto Oliveros Rivas –
Centro de Estudios Filosóficos Porfirio Miranda. Se
contempla la realización de talleres sobre ética
ciudadana. La importancia de ello radica en fortalecer la
conciencia
ciudadana y la responsabilidad ética de los
contralores(as) ciudadanos(as). Esto permitirá que
éstos ubiquen la importancia "ética" de su labor
en la vigilancia ciudadana del gasto
público. - Federalismo y Descentralización S.C. Se tiene
contemplado la realización (previo acuerdo de las
partes) de talleres, seminarios y mesas redondas sobre
descentralización administrativa, mismo para
contralores(as) ciudadanos(as).
Objetivo Número 3.
Impulsar cambios en la normatividad y la
práctica de gestión pública que favorezcan
la transparencia y la simplificación administrativa y
eficiencia a
ella asociada. Se presentó e integró a la propuesta
de Reforma al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del
Distrito Federal, lo relativo a los contralores ciudadanos,
integrándose texto en los
artículos referidos a la integración, funciones y
derecho a voz y voto. De esta manera se fortalece más el
marco jurídico de la actuación de los contralores
ciudadanos. Se fortaleció la relación con la
secretaría técnica de la Comisión de
Participación Ciudadana rumbo a la adición en la
Ley de Participación Ciudadana de la figura de
contraloría ciudadana.
En el aspecto de la participación
ciudadana, la reforma a la Ley relativa está en proceso y
se impulsa la adición de un capítulo que despliega
el concepto, los sujetos, los derechos y obligaciones
de los integrantes de la Red de Contraloría Ciudadana en
el título referido a los instrumentos de
participación ciudadana. Además, se impulsa que el
control ciudadano se instaure dentro de los órganos de
representación vecinal con el fin de garantizar que las
tareas que los vecinos encargan a sus representantes se cumplan y
se cumplan bien; el objetivo es fortalecer en la
ciudadanía la cultura de la
rendición de cuentas y la transparencia.
En conjunto con Consejería Jurídica,
se participó en la realización del Reglamento de
Verificación Administrativa, resultando en la
incorporación de la figura de contralores(as)
ciudadanos(as) en el mismo. Es importante destacar que el
contralor ciudadano Gustavo Velásquez de la Fuente fue
electo Presidente del Consejo de Información
Pública del Distrito Federal.
En lo correspondiente al primer objetivo, la
selección e incorporación de
contralores(as) ciudadanos(as) se realiza de forma directa por la
Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana, con
base en dos criterios:
a) Que su trayectoria de vida de cuenta de
probidad y compromiso social,
b) Que el conjunto de contralores(as)
ciudadanos(as), mantenga una estructura
social y de intereses que refleje la diversidad de las
mujeres y hombres habitantes del Distrito
Federal.
Conforme evolucione el programa la
selección será una responsabilidad compartida con
las personas incorporadas. Se trata así, de provocar que
los contralores(as) ciudadanos(as) sistematicen su propia
participación al diseñar los mecanismos de
selección, autorregulación y la
reglamentación correspondiente al conjunto de valores
éticos que representan. Y, a la vez, impulsar nuevas
formas de operación de las distintas instancias del
Gobierno del D. F. a partir de sus propuestas e iniciativas para
mejorar la gestión pública.
De poco servirían los contralores(as)
ciudadanos(as) si tuviesen que trabajar aislados, por ello, una
tarea es vincular el Programa de Contraloría Ciudadana al
resto de los programas de
participación ciudadana del Gobierno del D.F., (como los
que se desprenden desde la Coordinación de Enlace y
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Secretarías y
Delegaciones Políticas) y en una perspectiva más
amplia, invitar de forma directa a las instituciones de elevada
credibilidad social a participar como sus asesoras y en especial
a los medios de
comunicación, que tienen que cumplir un papel central
en cualquier intento de transparencia.
En este sentido, es prioridad para el Programa,
llevar a cabo una estrategia de
formación, la cual es de fundamental importancia para
incrementar el perfil participativo del y la contralora
ciudadana; es decir, considerando que un gran porcentaje de los y
las participantes son personas que desconocen la normatividad
aplicable a la Administración Pública local, es
necesario brindarles las herramientas
adecuadas que permitan llevar a acabo de manera eficaz y
eficiente el ejercicio de sus derechos. Es más, como se ha
mencionado, las y los contralores participan con derecho a voto,
lo que los hace corresponsables de las decisiones tomadas y
ejecutadas desde el Comité o Subcomité en donde
participen, por lo que es muy importante que cuenten con las
herramientas normativas adecuadas. En esta actividad de
formación y capacitación de contralores(as)
ciudadanos(as), la Dirección Ejecutiva de
Contraloría Ciudadana ha desarrollado un sistema de
capacitación que comprende dos periodos semestrales de
cursos sobre Administración Pública, Adquisiciones
y Obra pública. La asistencia anual aproximada de
contralores y contraloras se estima en 958. En este sentido
también se han realizado conferencias sobre temas
especializados, todos ellos petición de contralores(as)
ciudadanos(as).
- Segundo y tercer ciclo de conferencias sobre
"Información y análisis para la vigilancia y
transparencia de las finanzas públicas del Distrito
Federal", con la participación de destacados Servidores
Públicos y una asistencia de 100 y 360 contralores(as)
ciudadanos(as) respectivamente. - En las instalaciones de la Dirección
Ejecutiva de Contraloría Ciudadana y la Universidad
de la Ciudad de México, se realizaron tres mesas
redondas sobre "Ley de Transparencia y Acceso a la
Información ", contando con la participación de
contralores(as) ciudadanos(as) involucrados en el estudio de
este tema y con la asistencia promedio por sesión de 30
de ellos. - De la misma forma se realizó un ciclo de
3 mesas redondas sobre "Los impactos de las políticas de
la Organización Mundial de Comercio en la
economía
del Distrito Federal", impartido por los propios
contralores(as) ciudadanos(as) y contando con la asistencia
promedio por sesión de 30 de ellos. Cabe destacar que la
segunda de estas mesas se realizó en el Centro de
Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, contando
con la participación de miembros de la Red Mexicana de
Acción Frente al Libre Comercio y
el Lic. Andrés Peñaloza Méndez, Director
Ejecutivo de Contraloría Ciudadana.
La activa y constante participación de los
contralores(as) ciudadanos(as) en los Órganos Colegiados
del Gobierno del Distrito Federal ha generado cambios en la
práctica de la gestión pública y en la
normatividad, fortaleciendo de este modo, el ejercicio de libre
acceso a la información pública, la transparencia y
la rendición de cuentas; siendo estos elementos centrales
del proceso democrático y participativo que impulsa el
Gobierno del Distrito Federal.
En este contexto, el Programa de
Contraloría Ciudadana ha cumplido, con la misión de
garantizar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la
definición, instrumentación, vigilancia,
evaluación, y control en el manejo de las finanzas
públicas para beneficio de la mayoría de la
población de la capital. A
continuación, se observan algunos datos duros que
permiten ubicar puntualmente los avances en el cumplimiento de
sus objetivos.
Hasta diciembre del 2003, los contralores(as)
ciudadanos(as) estuvieron pendientes de las 1,058 sesiones
programadas de los comités y subcomités de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;
obras públicas; consejos de administración,
directivos y de financiamiento
y comités de control y evaluación. El
análisis de casos y de los programas anuales de obras,
adquisiciones y operativos; la revisión de los manuales de
integración y funcionamiento de los órganos
colegiados; la preparación y documentación de opiniones y propuestas
para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en el uso de los
recursos públicos, en un marco de transparencia y
rendición de cuentas, es una labor cotidiana que realizan
los contralores (as) en toda la administración
pública local.
Contrataciones
transparentes
Uno de los ejes de acción más
importantes de las y los contralores (as) ciudadanos (as) es la
participación en las compras
públicas, mismas que pueden ser contrataciones,
adquisiciones o arrendamientos. La vigilancia ciudadana en estos
procesos ha sido de vital importancia en el posicionamiento
del mismo frente a la Administración Pública local
y ante los proveedores al
otorgar mayos confianza de imparcialidad de los eventos de
contrataciones públicas, así mismo, observan el
apego normativo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios y estrictamente vigilan la
transparencia de estos eventos. Es decir, lo que las y los
contraloras ciudadanas vigilan y aprueban o no en los
Comités y Subcomités de Adquisiciones, se
complementa con su participación en estos procesos debido
a que en los Órganos Colegiados solamente se aprueban las
adjudicaciones directas (lo que no se somete a concurso
público y se le da el contrato a una empresa); las
contrataciones públicas solamente se informan y no se
presentan detalles. Hasta la fecha, contralores(as)
ciudadanos(as) han participado en 160 licitaciones, cubriendo un
monto aproximado de $10, 410, 000, 000. Tan solo en 2003,
contralores(as) ciudadanos(as) asistieron a 117 procesos,
cubriendo un monto de $5, 310, 134, 570 de en 15 Áreas de
Gobierno. Cabe señalar que en el 2001, solamente
Oficialía Mayor convocó a contralores(as)
ciudadanos(as) a dos licitaciones, y en 2002, 4 Áreas
convocaron, asistiendo éstos a 37 procesos de compra
pública.
Es decir, ciudadanas y ciudadanos responsables, de
forma voluntaria, han vigilado personalmente la transparencia en
el ejercicio del 6.8% del presupuesto público de la Ciudad
de México, tan solo en el 2003 y en el área de
contrataciones transparentes. Contralores y contraloras
ciudadanas, para asegurar el ejercicio de la vigilancia de la
transparencia, han promovido cambios normativos en los procesos
de convocatoria y selección en las convocatorias de las
compras públicas, participando en los Comités
Revisores de base, mismos que elaboran las bases antes de
convocar públicamente a proveedores; en el caso del Fondo
Mixto de Promoción Turística, un contralor
ciudadano modificó las bases de las convocatorias para el
resto de las contrataciones públicas que el FMPT realice.
La participación de las y los contralores ciudadanos
incluso ha promovido la disminución de recursos de
inconformidad en estos eventos; es decir, que cada vez menos
empresas presentan "quejas" por irregularidades en los procesos
de contrataciones públicas.
Actualmente, son 17 las Áreas de Gobierno
que han convocado a contralores(as) ciudadanos(as) 7
Dependencias: Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de Salud, Secretaría de
Obras y Servicios, Secretaría de Medio
Ambiente, Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Cultura y Oficialía Mayor; 5 Entidades: Fideicomiso
para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, el Fondo para el Desarrollo Social
del Distrito Federal, el Fondo Mixto de Promoción
Turística, la Red de Transportes para Pasajeros, el
Sistema de Transporte
Colectivo METRO y la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial; y finalmente, 4 Delegaciones,
Coyoacán, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y
Tlalpan.
Algunas de las contrataciones públicas
relevantes en que han participado contralores(as) ciudadanos(as)
son:
- Participación en la licitación
para la Adquisición de insumos alimenticios, convocada
por la Dirección General de Previsión y
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno,
cuyo monto presupuestado fue de $35, 000, 000.00 de pesos.
Finalmente se declaró desierta para dar paso a un
proceso de Adjudicación Directa. - Participación de contralores(as)
ciudadanos(as) en la adquisición de varilla de acero para
la 2a etapa del distribuidor vial de San Antonio,
convocada por FIMEVIC, con un monto máximo de
$150,883,818.00 pesos. Generando un ahorro de
3,240,000.00 pesos. - Tres contralores(as) ciudadanos(as)
participaron en el concurso abierto para la compra de
250,000m³ de cemento
premezclado para aprovisionar las principales obras viales,
convocado por FIMEVIC, cubriendo un monto de $249,000,000.00
pesos. - Participación en las compras
consolidadas convocadas por Oficialía Mayor, incluyendo
vales de despensa, alimentos, y
aseguramiento de bienes; se
realizaron a finales de diciembre del 2003 cubriendo un monto
de $4, 659, 585, 624.00 de pesos. - Ya en este año, participaron en el
Proyecto integral del Hospital Modular de Especialidades de
Iztapalapa, cuyo monto asciende a más de $400, 000
000.00; y la - Adquisición de medicamentos nacionales e
internacionales y gases
medicinales por parte de la Secretaría de Salud, en
donde aún no se presentan los fallos.
Almacenes, laboratorios, talleres y
clínicas
Otra línea de trabajo iniciada en 2003, que
rinde buenos frutos en este ejercicio, son las visitas a Almacenes,
laboratorios, talleres y clínicas que realizan
contralores(as) ciudadanos(as) para verificar físicamente
algunos casos revisados en los Órganos de
Gobierno.
En el STC Metro contralores(as) ciudadanos(as) han
visitado: Se realizó una visita a la Planta de Ensamble de
carros de ferrocarril de la empresa
"Bombardier SA de CV" en Ciudad Sagún, Hidalgo; como
seguimiento a la compra de 405 vagones de rodadura neumática efectuada en 2002, y dónde
participó el contralor ciudadano Dr. Horacio Labastida
Muñoz junto con otros siete destacados ciudadanos. El
monto de esta compra asciende a $546, 750, 000.00 de
dólares. Se verificaron los trabajos de reparación
y mantenimiento
de la Línea 5, cuyo presupuesto asciende a $113, 456,
000.00 de pesos. Visita a las cuatro clínicas propias del
STC METRO, ubicadas en las estaciones de Cuauhtémoc,
Zaragoza, Ticomán y Tasqueña; el monto del servicio anual
de estas cuatro clínicas asciende a un total de $70, 575,
728.10 de pesos. Visita a laboratorios de pruebas
materiales de
los Talleres de Zaragoza, a los 2 laboratorios de pruebas de
certificación de calidad, ubicados
en la estación de Pantitlán, al Almacén
Central No. 1 de Ticomán.
En el sector Salud, durante el mes de noviembre
del 2003, contralores(as) ciudadanos(as) visitaron el
Almacén General de la Secretaría de Salud, mismo
que abastece a 35 Hospitales de la Dependencia. La visita se
realizó con el apoyo de la Contraloría Interna y la
asistencia de 8 contralores(as) ciudadanos(as). Por
invitación de Contraloría Interna, durante marzo
este año, un grupo de 10
contralores(as) ciudadanos(as) visitaron los Almacenes del
Hospital General de XOCO para realizar una verificación de
los medicamentos.
Control social de obra
Otra de las líneas más importantes
de trabajo es el "control social de obra" que consiste en la
verificación y revisión de la obra pública
(en base a los catálogos de conceptos), para observar
físicamente si se lleva o no acabo adecuadamente los
procesos
administrativos que observan en los comités y
subcomités de obra pública. De igual forma,
previenen posibles actos de corrupción entre empresas,
autoridades y ciudadanos. Hasta la fecha se han realizado 220
visitas de obra, 157 de ellas durante el 2003 y 63 en este
año, cubriendo un monto aproximado de más de 10
millones de pesos. Contralores(as) ciudadanos(as)s y personal de la
Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana
realizaron control social de obra en 13 de las 16
Delegaciones.
Se inicio un programa de visitas a la línea
5 del METRO dónde se realizan trabajos de
reparación y mantenimiento con un monto de 113, 000, 000
de pesos.
En coordinación con la Dirección
General de Contralorías Internas, durante el mes de
febrero y marzo, 15 contralores(as) ciudadanos(as) y personal de
la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana
realizaron visitas de verificación a 13 contratos de
obra, cubriendo más de 50 frentes de obra, para apoyar el
operativo de revisión de CLC’s desarrollado por la
Dirección General.
Operativos
anticorrupción
En abril del 2003, contralores(as) ciudadanos(as),
en coordinación con la Dirección General de
Contralorías Internas de la Contraloría General,
participaron en los operativos anticorrupción
instrumentados en las Administraciones Tributarias de la
Secretaría de Finanzas en los módulos: Central,
Mina, San Jerónimo, Centro Histórico y Acoxpa; se
realizaron observaciones reflejadas en el llenado de
cuatrocientos catorce formatos.
En 2004, a raíz de una denuncia ciudadana,
contralores(as) ciudadanos(as) realizaron un operativo
anticorrupción en la Delegación Benito
Juárez, referente a la extracción y venta
clandestina de gasolina de vehículos públicos por
funcionarios de la Dirección General de Servicios Urbanos.
En coordinación con la Dirección General de
Auditoría y con el apoyo de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, se logró la
detención de 4 servidores públicos implicados y el
proceso judicial contra otros veinte. Estos operativos
anticorrupción
Visualización del
Programa
La Dirección Ejecutiva de
Contraloría Ciudadana cuenta, institucionalmente, con
recursos operativos (no implican que sean suficientes) para
visualizar el trabajo de
los y las contraloras ciudadanas; para el cumplimiento de ello,
el 5 de diciembre del 2003, se realizó el primer seminario
"Balance y perspectivas de la Contraloría Ciudadana",
contando con la asistencia de 250 contralores(as) ciudadanos(as)
y aspirantes; así como la participación de
destacadas y destacados expositores. Este evento cumplió
con el objetivo de que los propios contralores(as) ciudadanos(as)
difundieran al resto de sus compañeros (as) los
resultados, observaciones y recomendaciones que realizaron en el
transcurso del año. De igual forma, en el cuarto
trimestre, se realizó la campaña de difusión
"Manos a la obra y ojos a las cuentas"; en este contexto se han
realizado: 2 conferencias de prensa con
medios de
comunicación nacional, 8 programas de radio, 9
inserciones en el
periódico "El M" que circula diaria y gratuitamente en
el Sistema de Transporte Colectivo METRO y 2 banners en la
página de internet del GDF y del
periódico "La Jornada".
También se cuenta con un portal de
Contraloría Ciudadana en la página de internet del
Distrito Federal y la Contraloría General, en la que se
han difundido las acciones, resultados y actividades del Programa
de Contraloría Ciudadana.
Cambios normativos
Normativamente, en ninguna Ley local o nacional
existe alguna definición de Contraloría Ciudadana o
de contralores(as) ciudadanos(as), solamente se contempla su
participación en los Órganos Colegiados de la
Administración de la Ciudad de México. La figura de
contralor(a) ciudadano(a),, surge en el Acuerdo del Jefe de
Gobierno, donde se establecen los siguientes consideraciones. En
todos los consejos de administración, en los
comités y subcomités de obras y adquisiciones del
gobierno, participarán con derecho a voz y voto,
ciudadanos independientes de inobjetable honestidad para
garantizar el buen uso de los recursos
públicos.
- Estos integrantes de la sociedad civil
actuarán como contralores(as) ciudadanos(as) durante dos
años y su participación será
honorífica, por lo que no recibirán
retribución alguna. - Los contralores(as) ciudadanos(as)
tendrán como objetivos: vigilar la aplicación del
presupuesto, emitir recomendaciones y denunciar actor de
corrupción.
Sin embargo, existe un amplio marco
jurídico que abriga la figura del contralor(a)
ciudadano(a) en la participación ciudadana, a saber:
Constitución Política de los
Estados Unidos
Mexicanos, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; Ley
Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, Ley de Participación Ciudadana, Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
del Distrito Federal, Ley de Obras Públicas del Distrito
Federal; Programa de Gobierno 2001-2006 del Gobierno del Distrito
Federal; Acuerdo del Jefe de Gobierno para la Vigilancia
Ciudadana dentro de los Órganos Colegiados del Distrito
Federal.
La Contraloría General del Gobierno del
Distrito Federal, mediante la Dirección Ejecutiva de
Contraloría Ciudadana, es la encargada de garantizar e
instrumentar el ejercicio de la contraloría ciudadana. Es
esta Dirección la encargada de realizar la planeación
para crear el Programa de Contraloría Ciudadana, en la
cuál se describen los objetivos, estrategias y se
delimitan las facultades y responsabilidades; en base a ello, la
DECC, mediante el PCC, sistematiza el ejercicio del contralor(a)
ciudadano(a), brindando apoyo, asesoría normativa y enlace
con otras instancias de la Administración Pública
Local.
Es Precisamente la DECC la encargada de generar
los cambios normativos que permitan enmarcar adecuadamente y
fortalecer el desarrollo institucional del Programa de
Contraloría Ciudadana. En este contexto se presentó
e integró a la propuesta de Reforma al Reglamento de la
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, lo relativo a
los contralores ciudadanos, integrándose texto en los
artículos referidos a la integración, funciones y
derecho a voz y voto. De esta manera se fortalece más el
marco jurídico de la actuación de los contralores
ciudadanos. Se fortaleció la relación con la
secretaría técnica de la Comisión de
Participación Ciudadana rumbo a la adición en la
Ley de Participación Ciudadana de la figura de
contraloría ciudadana.
En el aspecto de la participación
ciudadana, la reforma a la Ley relativa está en proceso y
se impulsa la adición de un capítulo que despliega
el concepto, los sujetos, los derechos y obligaciones de los
integrantes de la Red de Contraloría Ciudadana en el
título referido a los instrumentos de participación
ciudadana. Además, se impulsa que el control ciudadano se
instaure dentro de los órganos de representación
vecinal con el fin de garantizar que las tareas que los vecinos
encargan a sus representantes se cumplan y se cumplan bien; el
objetivo es fortalecer en la ciudadanía la cultura de la
rendición de cuentas y la transparencia.
En conjunto con Consejería Jurídica,
se participó en la realización del Reglamento de
Verificación Administrativa, resultando en la
incorporación de la figura de contralores(as)
ciudadanos(as) en el mismo. Es importante destacar que el
contralor ciudadano Gustavo Velázquez de la Fuente fue
electo Presidente del Consejo de Información
Pública del Distrito Federal.
CONTRALORÍA
CIUDADANA Y GÉNERO
Existen varias maneras de poder abordar los
esfuerzos y retos por incorporar el enfoque de género
dentro del Programa de Contraloría Ciudadana. Proponemos
dos líneas de trabajo:
La primera consiste en observar el ámbito
administrativo – operativo del Programa, es decir, hacer
una revisión de la composición por género de
la DECC en términos de funciones, responsabilidades y
presupuesto.
La segunda se deriva de una revisión de la
composición de los contralores y contraloras ciudadanas
por género en base a los siguientes indicadores:
funciones y ocupaciones por área de importancia,
incorporación de líneas de investigación y análisis sobre temas
de género, y formación a contraloras y contralores
ciudadanos sobre el concepto de democracia de
género.
Será igualmente personal de la
Dirección y contraloras y contralores ciudadanos los
encargados de avanzar en el desarrollo de estas dos líneas
de trabajo.
CONTRALORÍA
CIUDADANA A TRES AÑOS
El programa tiene apenas 3 años de
existencia, cuenta con un presupuesto anual de 2 millones de
pesos, sin embargo cabe cuestionarnos si ¿ha logrado
realmente disminuir la corrupción, transparentar el
ejercicio presupuestal o incidir en la orientación del
ejercicio presupuestal para favorecer el gasto
social?
Las y los contralores ciudadanos han logrado
transparentar el ejercicio presupuestal en un espacio determinado
del Gobierno del Distrito Federal, no en toda la
Administración Pública, evitando con su presencia
que se presenten situaciones propicias para cometer actos
ilícitos. Veamos como ejemplo su participación en
las licitaciones., En el 2003 vigilaron las compras
públicas en el 6.8% del total del presupuesto del Distrito
Federal (7), con una clara tendencia al aumento, en donde
se presenta además, una notable disminución de los
recursos de inconformidad en las licitaciones en las que
participaron. Un recurso de inconformidad es un mecanismo legal
que una empresa –
obviamente la que no ha ganado el concurso – utiliza en caso de
que el fallo de un concurso público sospeche de
corrupción, dude de la imparcialidad del veredicto o
considere inapropiada técnicamente la decisión. De
las 117 compras públicas a las que asistieron los y las
contraloras ciudadanas solo se presentaron dos recursos de
inconformidad (el 1.8%), de acuerdo a la Dirección de
Normatividad y Responsabilidades de la Contraloría
General, que es la instancia encargada de registrar, conducir y
fallar en los recursos de inconformidad. Es decir, en este
último año, el de más presencia ciudadana,
se registro la disminución histórica más
fuerte de estos mecanismos. Si bien estos datos dan una
primera idea de la mayor transparencia generada en las
prácticas administrativas, queda la pregunta si,
¿es suficiente el 6.8% de presupuesto transparente?
Evidentemente no, puesto que se requeriría una
transparencia total administrativa. Sin embargo, el hecho real de
que ciudadanas y ciudadanos de los más diversos sectores
sociales (8) participen voluntaria y comprometidamente en
este ejercicio, implica que este pequeño sector ciudadano
es por su propia cuenta participativo, esto es lo que puede
llamarse ciudadanía responsable. Cuando se habla de
generar ciudadanía responsable se piensa en promover una
actitud ciudadana corresponsable y participativa en los espacios
ciudadanos del Gobierno del Distrito Federal, generando
así cambios en la relación
Gobierno-Ciudadanía. La ciudadanía responsable se
enmarca en la promoción y defensa de los derechos DESCA,
mediante la exigibilidad del cumplimiento de sus derechos, mismos
que los convierten en sujetos políticos. La
ciudadanía responsable no necesariamente tiene que ser las
organizaciones civiles y/o sociales, de la misma manera pueden
ser personas particulares, amas de casa, estudiantes,
profesionistas, médicas, abogados, taxistas,
investigadoras, etcétera.
En materia de combate a la corrupción, ha
habido avances importantes en donde algunos contralores y
contraloras han tenido papeles importantes. Veamos brevemente un
ejemplo muy ilustrativo de ¿qué puede hacer un o
una contralora ciudadana frente a un caso de corrupción?
En el mes de abril del 2002, Francisco Escamilla Echegaray,
contralor ciudadano en el Subcomité de Obras de la
Delegación Álvaro Obregón (9) (la
Delegación en donde vive), encontró un caso de
corrupción de una obra presentada y aprobada (pese a su
voto en contra) en el Subcomité. Lo denunció en
tiempo y
forma, provocando como consecuencia de las investigaciones
una auditoría al proceso, que implicaba un monto total de
7.2 millones de pesos. Finalmente el resultado fue el paro de la
obra, sanciones administrativas a los funcionarios implicados, la
renuncia de un funcionario de medio nivel, y fuertes sanciones
económicas a las empresas. Casos como este aún hay
pocos, pero es un indicador para las y los contralores ciudadanos
pueden tener la certeza de que su ejercicio al derecho ciudadano
a la transparencia y rendición de cuentas es real y
efectivo.
Y finalmente, referente a la generación de
ahorros y re-orientación del gasto público, uno de
los primeros y más importantes logros que las y los
contralores ciudadanos han logrado, es hacer su Programa "auto
sostenible", es decir con el ahorro obtenido de su
intervención en un caso que a continuación
comentaremos, recuperaron (literalmente) el costo administrativo
total de tres años del Programa. Durante el primer
trimestre del 2004, el Gobierno de la Ciudad de México
convocó a un concurso público para el diseño,
construcción y equipamiento del "Hospital
Modular de Especialidades de Iztapalapa (10)", en el
cuál participaron activamente dos experimentados
contralores ciudadanos. En las propuesta económica final
de la empresa (440 millones de pesos) los contralores
recomendaron, para promover ahorros, que todo el equipo e
instrumentos médicos los adquiriera el propio Gobierno y
no las empresas, como se tenía contemplado originalmente.
El Gobierno aceptó la propuesta, y del costo final del
Hospital se logró un ahorro de más de 6 millones de
pesos. Este ahorro representa tres veces el presupuesto anual
destinado a cubrir el total de la plantilla de honorarios de la
Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana (2
millones de pesos por año). Sin embargo, cabe precisar
(sumado a 32 millones más obtenido por negociaciones de la
empresa con el Gobierno) que el ahorro obtenido se destinó
a los programas sociales que favorecen a los sectores más
desprotegidos de la Ciudad, como el programa "Primero los
Pobres", en donde se le brinda ayuda asistencial a personas de la
tercera edad, mujeres embarazadas, desayunos escolares,
etcétera.
Este sin duda es un buen indicador de que el
Programa va por el camino correcto, en términos de
promover el ahorro, además es coherente en el Programa
mismo que ningún contralor o contralora ciudadana cobra
por el tiempo que le destina al cumplimiento de sus derechos
(11) y hasta está restituyendo el gasto
administrativo generado para su apoyo, orientación y
respaldo. Además de tener la certeza de que su ejercicio
de participación ciudadana promueve el fortalecimiento de
los DESCA de sus conciudadanos en el resto de la Ciudad de
México.
Los tres ejemplos, citados nos permitieron
observar los esfuerzos y algunos resultados que los y las
ciudadanas han logrado para disminuir la corrupción,
transparentar el ejercicio presupuestal e incidir en la
orientación del ejercicio presupuestal para favorecer el
gasto social.
No cabe duda de que "contraloría ciudadana"
sea un programa muy interesante de participación ciudadana
– desconocemos otro esfuerzo parecido en el panorama
internacional. Tampoco puede negarse de que existen avances y
logros importantes; sin embargo los retos son aún mayores.
Lo más interesante/desafiante es que el esfuerzo por hacer
perdurable el Programa a las transiciones políticas no es
del Gobierno, más bien, lo tienen los y las propias
ciudadanas. Como en todo sistema y/o mecanismo
democrático, la responsabilidad de las decisiones es de
los participantes, en este caso las y los contralores ciudadanos.
El reto de fortalecer un mecanismo democrático que
promueva la generación de ciudadanía responsable y
participativa para el ejercicio de sus derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales recae en la
propia ciudadanía, en que los y las propias contraloras
ciudadanas, tengan la capacidad y la visión prospectiva de
ubicarse como una importante alternativa democrática que
fortalezca, precisamente, un sistema
político democrático que incluya,
corresponsabilice y respete al diverso espectro social llamado
ciudadanía. Habrá que observar con detenimiento el
desarrollo de este Programa, la coyuntura política le
pondrá pruebas muy duras pero cuentan con los elementos
adecuados jurídicos que les den posibilidades para
resolverlas. No hay que olvidar que, quienes son y deben ser
responsables últimos de la durabilidad y cumplimiento del
Programa de Contraloría Ciudadana son, a fin de cuentas,
los beneficiarios últimos del mismo, los y las ciudadanas
que habitan la ciudad de México.
Comentarios al documento a manera de
conclusión/ invitación al debate:
El objetivo del documento ha sido hacer un
recuento de las actividades del programa y acercarse a partir de
este recuento a una conceptualización del mismo sobre la
base de los documentos existentes en la DECC, acercamiento que
aporta al análisis político del Programa de
Contraloría Ciudadana como tal. Esperamos que el documento
brinde elementos que incentiven el debate interno con el objetivo
de fortalecer conceptual- y por ende políticamente el
programa, aspecto particularmente importante en la coyuntura
política actual del país de cara a los nuevos retos
de su inclusión virtual.
Los principios de construcción del programa
parecen ser más amplios de lo que indican los documentos
existentes. Tanto categorías como transparencia,
rendición de cuenta, ejercicio del derecho a la
participación ciudadana (que sí aparecen
explícitamente) como categorías de Equidad de
Género, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales y eventualmente otros (qué no aparecen
explícitamente) parecen fundamentar la actuación y
las intervenciones de las y los contralores ciudadanos.
Ejemplo:para las primeras categorías y desde una
perspectiva estrictamente presupuestal, el criterio decisivo para
la intervención de los contralores ciudadanos sería
el "ahorro presupuestario generado para las arcas
públicas" a raíz de su gestión. Sin embargo,
el programa parece contemplar (implícitamente) un cambio
político mayor: como es la reorientación de los
recursos ahorrados para obra social o la intervención de
los contralores ciudadanos sobre la base de criterios sociales o
ambientales. Dicho de otra manera: parece válido la
intervención de los contralores ciudadanos a favor de los
sectores menos favorecidos o en contra de una obra u empresa por
razones ambientales aunque esto no genere ahorro en el
gasto.
- Uno de los grandes valores radica en la
implementación "radical" de lo que predican las teorías democráticas (o sea
entregarle poder de decisión al soberano
democrático), tanto en la administración
pública como en el programa mismo. Este aspecto vale la
pena ser visualizado con más claridad tanto hacia afuera
como hacia adentro (capacitaciones con los contralores),
así mismo se recomienda como desarrollar más a
fondo y apropiarse de manera participativa con todo el equipo
de la DECC de un concepto clave del Programa: ciudadanía
responsable.
El tema de los indicadores, en el sentido de
medir impacto político del programa, parece ser uno de
los temas cruciales al debate. Se propone un ejercicio
sistemático de identificación, discusión
colectiva y sistematización de indicadores sobre la base
de la experiencia acumulada. Resaltar aspectos cuantitativos
como los montos totales de los proyectos que
se discuten en los distintos gremios sí sirve de
indicador en términos de disponibilidad del GDF de abrir
la gestión pública a la vigilancia ciudadana. lo
que no proporciona son datos sobre el impacto político
de la presencia de los contralores en estos gremios.
¿Qué indicadores habría que plantear para
medir el cambio en términos de dinámica de
decisión, de procedimientos
internos, de acceso a la información de la
población en general, etcétera?
- Por último: un ejercicio colectivo
más sistemático de conceptualización del
programa que busque describirlo desde el análisis del
problema, desprendiendo de este análisis los objetivos
del programa y precisando en función
de sus objetivos la estrategia de intervención
podría darle a este documento mayor coherencia
aún. Sin lugar a duda contribuiría a la
apropiación de esta discusión política
conceptual, en un primer momento por el equipo, y en un segundo
por las y los mismos contralores ciudadanos para que coadyuve
en una visión más real acorde con los preceptos
para una réplica vitual.
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Este artículo es obra original
de Ruggero Flavio Garofalo Nieto y su
publicación inicial procede del II Congreso Online del
Observatorio para la CiberSociedad: http://www.cibersociedad.net/congres2004/index_es.html"
Ruggero Flavio Garofalo
Nieto