- Protestas sociales
y democracia - Organizaciones
campesinas: articulador de las demandas
sociales - Organizaciones
sindicales: un espacio en declive - Organizaciones de
mujeres: avances y retrocesos para la
igualdad - Organizaciones
juveniles en crecimiento - Comentarios
finales - Bibliografía
- Notas
- Fuentes
INTRODUCCIÓN
En el Paraguay, el
gobierno de
unidad nacional –Partido Colorado (PC), Partido Liberal
Radical Auténtico (PLRA) y Partido Encuentro Nacional
(PEN)– surgido en marzo de 1999 tras el asesinato del
vicepresidente de la República, Luis María
Argaña, y la renuncia del presidente, Raúl Cubas
Grau, electo en mayo de 1998, rápidamente cayó en
descrédito por la inoperancia en su gestión. En menos de un año el PLRA
se alejó supuestamente para no avalar la incapacidad y la
falta de estrategia
política
del gobierno, en tanto que el PEN continúa con el gobierno
hasta el presente.
Los partidos
políticos han perdido su calidad de
mediador entre el Estado y la
sociedad
civil, se han distanciado de las necesidades de la gente, se
desvincularon de los liderazgos sociales y de las diversas
organizaciones
de la sociedad civil
(Morínigo, 2002). Solamente siete de cada cien personas
manifiestan una actitud de
confianza hacia los partidos políticos en Paraguay, aunque
un 43% admite que no puede haber democracia sin partidos
políticos (Latinobarómetro, 2002). La población, sobre todo la más
afectada por la pobreza,
asocia corrupción, impunidad e
inseguridad
con democracia. De acuerdo a datos publicados
por Latinobarómetro, mientras en los demás
países de América
Latina la satisfacción con la democracia oscila del 56
al 65%, en Paraguay sólo llega al 7%. La percepción
es que la democracia es muy permisiva, todo lo permite, y el
poder se
esfuma: nadie lo ejerce. Esta percepción, que va cobrando
fuerza en la
gente, reclama la vuelta de los gobiernos fuertes. El 38% de la
población apoya la vuelta de un gobierno autoritario y un
63% manifiesta que no le importaría que un gobierno no
democrático llegara al poder (Latinobarómetro,
2002). La democracia es elección, voto y nada más.
Si en lo político se logró apertura, en lo social y
en lo económico las cosas han empeorado. Los gobiernos
electos no demostraron capacidad y mucho menos voluntad para dar
respuestas a las necesidades de los sectores más
carenciados. Quedó fuera de sus agendas el mejoramiento de
la calidad de
vida, y la riqueza se concentra en un pequeño grupo
empotrado en el poder y amparado en la impunidad, con un Poder Judicial
débil y obsecuente.
Dentro de este panorama, las autoridades
nacionales, así como los políticos en general, se
encuentran ante una pérdida total de autoridad
moral y de
credibilidad. Las acusaciones de corrupción incluyen al propio presidente de
la República, con el agravante de una gradual vuelta a
prácticas de terrorismo de
estado que
recuerdan la peor época de la dictadura de
Alfredo Stroessner (1954-1989).
En lo económico, el Paraguay viene
soportando un estancamiento desde 1981, año en que culmina
el flujo de capitales proveniente de la construcción de la hidroeléctrica de
Itaipú. Durante la década del setenta tuvo un
crecimiento promedio del 9%, que bajó bruscamente en 1981
llegando a menos de 2%. Desde entonces, la economía paraguaya no
se ha recuperado. En 2001 el Producto Interno
Bruto (PIB)
llegó a 2,7% con respecto al año 2000, pero con el
crecimiento poblacional del 2,6% dicho crecimiento
económico quedó congelado. A este problema se
debe sumar la devaluación del guaraní frente al
dólar en un porcentaje cercano al 50%, lo cual incide
negativamente sobre la canasta familiar. En 2002, el crecimiento
estimado es de menos de 2,2%. La deuda
pública alcanzó 2.201 millones de
dólares, casi cuatro veces más que la reserva
monetaria internacional, que está en aproximadamente 600
millones de dólares.
En lo social, alarma el crecimiento de la pobreza. De una
población total de 5.830.583 habitantes, con una PEA de
2.612.370, la pobreza afecta a 1,9 millones de personas
–33,59% de la población total– con situaciones
extremas en las zonas rurales y en los cinturones de las
ciudades. En las zonas rurales la pobreza afecta al 42%, en tanto
que en las urbanas afecta al 26,7% (La Nación,
2002[b]: 30). El agravamiento de la crisis
económica y la falta de alternativas políticas
generan descontento y un crecimiento gradual de la protesta que
podría radicalizarse si las autoridades no encuentran un
mecanismo que permita reducir el impacto de la crisis
económica y política en la población
pobre.
Cuadro 1.
Paraguay: evolución de la pobreza
1995-1999
(% de la población en
situación de pobreza)
* "Pobres extremos" son aquellos que tienen ingresos
inferiores al costo de una
canasta básica de consumo de
alimentos.
** "Pobres no extremos" son quienes tienen ingresos mayores al
costo de una canasta básica de alimentos, pero inferiores
al de una canasta básica de consumo total (de alimentos y
no alimentos).
Fuente: Barrios, 2002.
El Cuadro 1 muestra el
incremento de la pobreza a nivel nacional entre 1995 y 1999. En
este período la población ha sufrido un deterioro
de 3,4 puntos porcentuales en su condición
socioeconómica. Si tres años atrás la
pobreza afectaba duramente a los sectores de más bajos
ingresos, una reciente publicación admite que al menos 130
mil personas pasarán en el año 2002 a engrosar las
filas de la pobreza a consecuencia del pésimo resultado de
la actividad económica nacional (Última Hora, 2002:
9).
Con respecto a la distribución del ingreso, el 10% más
rico de la población del país acapara el 43,8% del
ingreso, lo que equivale a que cada persona de este
estrato tiene un ingreso mensual de G. 1.713.000 (280 u$s), en
tanto que el otro 10% más pobre de la población
sólo tiene un ingreso mensual de G. 39.000 (6,19 u$s)
(Barrios, 2002: 113). Actualmente Paraguay es considerado uno de
los países de mayor inequidad en el mundo. El 19,5% de la
población vive con menos de 1 dólar por día
(1.136.963 personas) y el 49,3% con menos de 2 dólares
diarios (2.874.477 personas) (La Nación,
2002[a]: 12).
En cuanto a acceso a la educación, la
población que no sabe leer y escribir es casi seis veces
mayor entre el 20% más pobre de la población. Por
otra parte, la probabilidad de
que un pobre llegue a cursar estudios universitarios es casi
nula, reduciéndose a sólo el 0,3%. La educación
superior es un privilegio del 20% más rico de la
población (Barrios, 2002: 115). El 8,4% de la
población de 15 años y más es analfabeta. Es
decir, no tienen el segundo grado aprobado (Informativo Campesino,
2002[b]: 28).
El acceso de la población campesina a
la tierra es
otro de los problemas
generadores de conflictos. La Encuesta
Integrada de Hogares 1997/98 citada por Barrios señala que
el 29,7% de la población rural del Paraguay no posee
tierras, mientras que el 10% de la población con
más tierras posee el 66,4% del total de las tierras
rurales. Esta polarización en la tenencia de la tierra es una
constante que se mantiene desde fines del siglo XIX. Los diversos
censos agropecuarios han mostrado que en vez de existir una
desconcentración en la distribución de la tierra se
ha observado una mayor concentración. Si en 1956 las
explotaciones agropecuarias mayores a 1.000 hectáreas
totalizaban 14 millones de hectáreas, en 1991 esa cantidad
trepó a más de 18 millones de hectáreas.
Mientras esto ocurre con las propiedades grandes, las
pequeñas se pulverizan cada vez más, acelerando el
proceso
migratorio de los campesinos a la ciudad o a los países
vecinos, especialmente la Argentina.
PROTESTAS SOCIALES Y
DEMOCRACIA
En la década del ochenta, la lucha por la
democratización del país era el tema aglutinador
tanto de los movimientos sociales como de los movimientos y
partidos políticos de oposición. El objetivo
estratégico era conquistar la libertad y la
igualdad y
destruir la dictadura y la desigualdad. Ambas partes peleaban
juntas y fueron reprimidas juntas. Con la transición a la
democracia en 1989 se producen logros importantes, pero
también problemas. Hasta 1992, año en que se
completa la estructura
jurídica de la República con la promulgación
de la nueva Constitución Nacional, tanto los
movimientos sociales como los movimientos políticos
aún permanecían juntos. De la Convención
Nacional Constituyente celebrada en 1992 participaron dirigentes
sindicales y campesinos. El candidato que ganara la intendencia
de Asunción en las primeras elecciones democráticas
del país en 1991 surgió del seno del movimiento
social. Sin embargo, esta alianza comenzó a sufrir
fracturas cuando era necesario dar un segundo paso, la
consolidación de la democracia y la calidad de la
democracia. En esta fase del proceso aparecen los primeros
fracasos, al producirse mutaciones al interior del movimiento
social y del movimiento político. El estancamiento del
proceso de consolidación democrática y
también del crecimiento económico y la conquista de
derechos sociales
efectivos comienza a afectar al movimiento social ante la falta
de propuestas, de cursos de acción
en los cuales éste pueda ser útil a la democracia y
viceversa, y ambos sean útiles a un movimiento más
amplio, ciudadano. La falta de respuestas a las demandas del
sector social por parte de la clase
política fue otro de los motivos de conflictos. Esta cae
en una profunda corrupción, y su interés se
centra en ganar lugares dentro del aparato clientelista del
Estado sin importar la representación que ejerce y a
cuál de los partidos pertenezca (Rodríguez,
2000).
Dentro de este contexto sociopolítico y
económico y del encuentro-desencuentro de los actores
sociales y políticos que se produce en el proceso
democrático paraguayo, los conflictos sociales van en
aumento. Si las movilizaciones de repudio a la política
económica del gobierno fueron hasta unos años
atrás patrimonio
casi exclusivo de las organizaciones campesinas de
pequeños productores y sin tierras, obreras y en menor
medida de los llamados ‘sin techo’ o ‘sin
viviendas’, a partir del año 2001 vienen
sumándose otros sectores que incluso se mostraban reacios
a este tipo de acciones. A
las periódicas y ya tradicionales protestas campesinas y
obreras se han sumado los medianos y grandes productores
agropecuarios nucleados en la Coordinadora Agrícola del
Paraguay (CAP), que con el denominado "tractorazo"1 presionan al
gobierno a negociar sus reclamos sobre todos aquellos factores
productivos que afectan sus intereses, como la suba del gasoil,
la falta de créditos, el impuesto a la
exportación, el IVA
agropecuario, entre otros.
El proceso de deterioro en el que se ha sumido la
agricultura en
general en los últimos años, en contraste con la
prosperidad a la que estaba acostumbrada este segmento de
productores en épocas pasadas, les obliga a salir a las
calles a expresar sus quejas. Este nuevo actor social que aparece
en el escenario paraguayo, protagonizado por un grupo
tradicionalmente soporte de los grupos de poder y
reacio a las movilizaciones de protestas, habla a las claras de
que la crisis de la economía comienza a impactar
fuertemente a sectores medios que
hasta hace pocos años gozaban de una posición
económica relativamente holgada.
La emergencia del sector juvenil en los tres
últimos años fue otro hecho resaltante,
especialmente el estudiantil secundario, que a través de
modalidades organizativas específicas respondió a
los problemas que le afectan. Las organizaciones juveniles
más importantes son el Movimiento por la Obtención
del Boleto Estudiantil (MOBE), actualmente Movimiento por el
Bienestar Estudiantil, el Parlamento Joven, Juventud Que
se Mueve (JQM), y el Movimiento por la Objeción de
Conciencia y
Contra el Servicio
Militar Obligatorio (MOC).
Otros sectores que se suman a estas protestas son
las mujeres, los niños de la
calle y los indígenas. Si tuviéramos que
calificar el impacto de la crisis al interior de los sectores
sociales, estos serían los más fuertemente
afectados. Si bien se han observado avances en la
legislación para proteger sus derechos, en la
práctica dichos avances no tuvieron correspondencia con la
realidad, mucho más en los casos de los menores y los
indígenas.
Lo mismo se puede afirmar de los gremios del
sector industrial y comercial. Estos, que tradicionalmente se han
opuesto a las marchas y a los bloqueos de carreteras, desde un
tiempo
atrás también recurren a la movilización
como parte de su estrategia de presión, y
permanentemente, con comunicados y declaraciones a la opinión
pública, advierten al gobierno que, si no cambia su
política en favor del sector productivo y sigue aplicando
tarifazos para cargar su ineficiencia sobre los hombros de la
ciudadanía, debe prepararse para una
seguidilla de movilizaciones populares.
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS: ARTICULADOR DE LAS DEMANDAS
SOCIALES
Dentro de este panorama de protestas, el sector
que está a la vanguardia es
el campesinado. Las principales organizaciones campesinas
nacionales, como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas (MCNOC), que aglutina a más de veinticinco
organizaciones zonales, regionales y nacionales, y la
Comisión Nacional de Lucha por la Reforma
Agraria, cuyos referentes más importantes son la
Federación Nacional Campesina (FNC) y la
Organización Nacional Campesina (ONAC), desde 1994
juntos y desde 1998 por separado vienen realizando su marcha
anual a la ciudad de Asunción para presentar sus reclamos
al gobierno. Desde 1999 hasta septiembre de 2002 la
profundización de la crisis económica ha hecho que
se incrementaran notablemente las movilizaciones campesinas,
llegando a un total de 210. El año 2001 fue el de mayor
protesta desde la apertura política, llegando a 73
casos.
Los conflictos por la tenencia de la tierra
constituyen también otro de los focos de protestas. En los
cuatro últimos años, 1999-2002, se produjeron 83
casos de ocupaciones de tierra, de los cuales 70 sufrieron
desalojos. Se mantuvo un promedio de 42 conflictos de tierra por
año, con un total de 2 mil detenciones. Cabe
señalar igualmente que desde la apertura política
en febrero de 1989 80 dirigentes campesinos y campesinos sin
tierra fueron asesinados, quedando la mayoría de ellos
impunes. Sólo en un caso el poder judicial dictó
sentencia condenatoria de 9 años de prisión al que
matara al dirigente campesino Esteban Balbuena, de la Coordinación Regional de Agricultores de
Itapúa (CRAI), hecho que se había producido a
inicios de la década del noventa.
Cuadro 2. Conflictos de tierra y movilizaciones –
Fuente: Informativo Campesino, varios números (No
disponible).
En lo que va de 2002, las tensiones entre el
movimiento campesino y el Estado se centraron básicamente
sobre el proceso de privatización iniciado en el 2000 y sobre
la ley de
transición económica denominada el impuestazo. De
las 49 movilizaciones realizadas por organizaciones campesinas
nacionales y por la Coordinadora Agrícola del Paraguay
(CAP) y otras organizaciones sociales, 18 fueron contra las
privatizaciones de los entes estatales y 11 contra
el proyecto de ley
de transición económica, denominado ‘el
impuestazo’. Otros motivos de protestas fueron el
terrorismo de Estado y el fin de la impunidad.
En este orden, las dos protestas más
importantes fueron las protagonizadas por el Congreso
Democrático del Pueblo (CDP) contra la ley de
privatización y contra otros proyectos de
leyes en
proceso de estudio en el Parlamento en mayo y junio de 2002, y
por la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), que junto
con otras 60 organizaciones sociales arremetieron contra el
proyecto de ley de transición económica. En ambos
casos, el Poder
Ejecutivo tuvo que ceder a la presión de las
organizaciones. En el primero de ellos las movilizaciones
comenzaron el 21 de mayo con bloqueos de las más
importantes carreteras del país en varios Departamentos:
Caaguazú en tres localidades; Misiones en dos; San Pedro
en tres; Cordillera en dos; Alto Paraná;
Concepción; Caazapá; Itapúa y Canindeyu. Las
protestas duraron 16 días, tiempo en el cual los
manifestantes lograron que el gobierno cediera en cinco de los
seis puntos reclamados: la derogación de la Ley 1.615 que
habilita la privatización de las empresas del
Estado; contra el proyecto de reforma de la banca
pública; contra el proyecto de Ley Antiterrorista; contra
el proyecto de Ley de Concesión de Rutas; contra el IVA
agropecuario; y contra la corrupción y la
impunidad.
El único punto sobre el cual no se
logró acuerdo alguno fue contra la corrupción y la
impunidad. El asesinato en la ciudad de Coronel Oviedo del
manifestante campesino Calixto Cabral, oriundo del distrito de
Nueva Germania (San Pedro), presumiblemente por policías
que bloqueaban el paso a los manifestantes, aceleró la
negociación en el Senado para la
suspensión de los efectos de la Ley 1.615 de
privatizaciones.
El hecho resaltante de esta larga jornada de
protesta fue el reencuentro de las organizaciones campesinas, la
FNC, ONAC y la MCNOC, que se habían separado en bloques
diferentes en 1998.
El logro obtenido por el Congreso
Democrático del Pueblo acaparó la atención de la prensa y de la
ciudadanía en general. Detener la privatización de
las empresas públicas fue un acontecimiento
histórico. En esta encrucijada, el campesinado fue el
sector que mayor protagonismo ha tenido. Belarmino Balbuena,
coordinador general de la MCNOC, uno de los dirigentes campesinos
de mayor visibilidad durante la movilización,
señaló que la "privatización como punto
fuerte del modelo
neoliberal, globalizador se está empezando a desarrollar
en nuestro país, dentro de un marco de otros varios
programas
económicos y financieros como el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), la ley
supra nacional que se impone a los países y que va a estar
por sobre las leyes nacionales, es decir, ellos ya tienen
estructurado una serie de medidas que están encaminando,
de fases que están quemando dentro de las cuales
está también la privatización y que sigue
bajo la subordinación de los centros de poder, las
órdenes vienen del norte. Entonces creemos que el tema
acá no es solo la venta de una empresa como
la de comunicación (ANTELCO), ese es sólo
un punto de los reclamos, estamos en contra del modelo que nos
quieren imponer" (Informativo Campesino, 2002[a]: 6). Esta
visión clara de los dirigentes que estuvieron al frente de
la movilización de lo que constituye la
privatización de las empresas públicas como uno de
los núcleos centrales del modelo económico
neoliberal fue un factor clave de aglutinamiento de todas las
organizaciones sociales.
Otros factores que contribuyeron a acelerar el
proceso de negociación fueron la debilidad del gobierno y
el discurso
ambiguo de los principales referentes del Partido Colorado con
respecto a la privatización, teniendo en cuenta que poseen
un alto porcentaje de electorado cautivo en estas empresas
estatales y privatizarlas implicaría la fuga de dicho
electorado.
ORGANIZACIONES
SINDICALES: UN ESPACIO EN DECLIVE
Si bien los principales dirigentes sindicales
formaron parte del CDP y acompañaron las movilizaciones de
las organizaciones campesinas, desde hace unos 5 años el
movimiento sindical se viene caracterizando por los conflictos
internos y el resquebrajamiento de las centrales obreras.
Actualmente existen seis centrales con una baja cuota de
sindicalización: la Central Nacional de Trabajadores
(CNT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT),
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Sindical de
Trabajadores del Estado Paraguayo (CESITEP), la Central General
de Trabajadores (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores
Auténtica (CUT-A) (Pilz et al, 2002).
Es importante señalar que el movimiento
sindical fue el que con mayor fuerza sintió el impacto del
estancamiento económico vinculado al agotamiento del
modelo de desarrollo de
la dictadura que no fue sustituido, lo cual generó una
desigualdad creciente, acompañada por la corrupción
de la clase política, que también logró
corromper a parte importante de la dirigencia social
(Rodríguez, 2000). La condena de los tres principales
dirigentes de la CUT, la CPT y la CESITEP imputados por el
vaciamiento del Banco Nacional de
Trabajadores (BNT) fue uno de los hechos culminantes que muestra
la vulnerabilidad del movimiento sindical ante los hechos de
corrupción.
Sin embargo, a pesar de la debilidad demostrada,
no dejaron de generar conflictos. Las huelgas y las
manifestaciones siguieron y siguen siendo las principales
estrategias de
presión de los obreros. Entre 2000 y 2002 realizaron 169
huelgas y 262 movilizaciones de protesta, siendo el Estado el
blanco de las mismas. De las 49 huelgas y 86 manifestaciones de
protesta en este año (Cuadro 3), 42 en el primer caso y la
totalidad en el segundo fueron contra el Estado. Los motivos: el
reajuste salarial, el atraso en el cobro de los salarios, la
política privatista del Estado y los
despidos.
Cuadro 3
Huelgas y manifestaciones
AÑO | HUELGAS | MANIFESTACIONES |
2000-2001 | 120 | 176 |
2002 | 49 | 86 |
TOTALES | 169 | 262 |
Fuente: Informativo Laboral, 2000;
2001; 2002.
Los/as protagonistas principales fueron los/as
funcionarios/as del Estado y los/as docentes,
quienes expresaron su rechazo al bajo nivel salarial y a la
política privatista del Estado y exigieron la
aprobación de la Ley del Estatuto Docente, que finalmente,
tras 11 años de lucha, fue sancionada por el Poder
Ejecutivo en agosto de 2001 (Informativo Laboral, 2001: 49-51),
"oportunidad en la que los maestros llevaron adelante una
huelga que
duró 10 días para presionar a los legisladores y
lograr la aprobación y sanción del proyecto" (Pilz
et al, 2002).
ORGANIZACIONES DE
MUJERES: AVANCES Y RETROCESOS PARA LA
IGUALDAD
En el Paraguay las organizaciones de mujeres han
logrado importantes avances y visibilidad en los últimos
10 años para alcanzar la igualdad y la superación
de la discriminación. Pero a pesar de los logros
observados, fundamentalmente en el reconocimiento de los derechos
civiles y políticos, existe un grave deterioro en las
condiciones de vida de las mujeres paraguayas. Los indicadores
que muestran esta realidad son el alto índice de
mortalidad materna y la feminización de la pobreza,
especialmente en las áreas rurales, donde las mujeres son
las responsables de administrar la pobreza. También existe
un alto grado de impunidad en los casos de abuso sexual
hacia ellas, y no cuentan con espacios de participación y
de servicios de
salud.
A pesar de esta situación existen logros
importantes donde las mujeres organizadas tuvieron un gran
protagonismo, así como también el Estado, a
través de la Secretaría de la Mujer de la
Presidencia de la República, implementando
políticas públicas para alcanzar la igualdad. Otro
de los logros importantes es la promulgación de la Ley
1.600 contra la violencia
doméstica, cuyo anteproyecto fue
propuesto por las organizaciones de mujeres en 1998, que
además de elaborar la propuesta trabajaron
persistentemente promoviendo su aprobación. Esto no
significa que la violencia que sufren las mujeres en sus casas ha
disminuido, sino que se ha logrado dar visibilidad al problema,
lo que ha contribuido a que se establezcan mecanismos para
enfrentarlo.
También tuvieron un papel determinante en
el reconocimiento de las mujeres como sujetos de la Reforma
Agraria en el Estatuto Agrario. La Coordinadora Nacional de
Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) elaboró un
documento en el cual propuso la incorporación de la
mujer jefa de
familia como
beneficiaria de la reforma agraria, y que el título de
propiedad sea
expedido a nombre de la mujer si es jefa de familia, o a nombre
del varón y la mujer si fueran concubinos. Esta propuesta
fue incluida en el Nuevo Estatuto Agrario promulgado en enero de
2002 (Pilz et al, 2002).
El movimiento de mujeres ha usado como principales
estrategias la elaboración de proyectos, el cabildeo y la
negociación con los poderes públicos. Las
movilizaciones y conflictos no han sido centrales es este
período, con excepción de algunos casos como el de
la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), que
ocupó el Parlamento para presionar por la
aprobación de la Ley de Reforma del Código
Civil, y la CONAMURI que realizó dos movilizaciones de
protestas.
En efecto, la primera marcha conjunta de mujeres
campesinas e indígenas de la Coordinadora de Mujeres
Campesinas e Indígenas (CONAMURI) marchó desde la
ciudad de Caacupé, capital del
Departamento de la Cordillera, hasta el Palacio de Justicia,
situado a 60 km, los días 12, 13 y 14 de noviembre de
2001. Esta caminata por la Dignidad, el
Pan, la Justicia y la Igualdad tuvo por objeto sensibilizar a la
ciudadanía ante la extrema pobreza en el campo y denunciar
públicamente el abandono del gobierno con respecto a la
salud y la educación de miles de
mujeres, niños y
niñas pobres del país. La Coordinadora logró
que el Ministerio de Salud
Pública le reconociera como entidad colaboradora de
hospitales y centros de salud del interior de la
República. También el Ministerio de Agricultura se
comprometió a conseguir fondos para la ejecución de
programas productivos (Informativo Campesino, 2001:
12).
Otra movilización realizada por la CONAMURI
fue en repudio a la receta del FMI y contra el
ALCA, por considerarlos perjudiciales para la vida
económica y democrática del país. Alrededor
de setecientas mujeres participaron de la manifestación
(Diario Noticias,
2001: 7). La participación de las mujeres rurales en las
movilizaciones de protesta y en los conflictos de tierra ha
venido aumentando, aunque todavía sin mucha
visibilidad.
ORGANIZACIONES
JUVENILES EN CRECIMIENTO
El protagonismo de los jóvenes no es un
hecho nuevo en Paraguay. Los movimientos estudiantiles
universitarios independientes en las décadas del setenta y
ochenta se han constituido en los principales grupos
contestatarios contra la dictadura. Sin embargo, con la apertura
política en 1989 perdieron protagonismo. En contrapartida
aparecieron otros grupos juveniles que comenzaron a cuestionar
una serie de problemas referidos a la práctica
democrática. Uno de esos grupos, quizás el de mayor
visibilidad y representatividad, es el Movimiento de
Objeción de Conciencia contra el Servicio Militar
Obligatorio (MOC), que ha logrado el derecho a declararse objetor
del Servicio Militar Obligatorio y que los jóvenes
objetores cumplan actividades de servicio para la sociedad. Hasta
septiembre de 2001 la cantidad de objetores sumó
más de 53 mil entre soldados y evasores (Castillo y
Couchonal, 2001). El otro grupo que ha logrado a través de
movilizaciones y negociaciones conseguir el boleto estudiantil
-medio pasaje- es el Movimiento por la Obtención del
Boleto Estudiantil (MOBE). Estos jóvenes realizan dos o
tres movilizaciones por año ante el incumplimiento de los
derechos logrados. Han surgido otros grupos de jóvenes,
como el Parlamento Joven, que ya tiene tres años de
actividades capacitando a jóvenes de todo el país
sobre diversos temas y generando propuestas para la reforma de la
Ley Electoral, del Servicio Militar Obligatorio y de la
educación. Juventud que se Mueve (JQM) es otro grupo
juvenil impulsado por un grupo católico. Su objetivo es
construir un Paraguay distinto a través de la
acción directa (López, 2000).
Varios otros grupos de carácter vecinal se están
consolidando, entre ellos las contralorías ciudadanas y la
Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay
(ASUCOP), cuyo principal objetivo es resistir contra el
incremento de los precios de los
productos de
la canasta familiar. Otra organización bastante activa que desarrolla
diversas manifestaciones de protesta es el Grupo Estafado en
Acción, integrado por personas estafadas por bancos y
financieras.
Como se ha podido observar, los conflictos
sociales vienen incrementándose en la misma medida en que
la crisis económica y política también
golpea con fuerza a una gran mayoría de la
población. En este sentido se da una relación
directamente proporcional entre deterioro de la economía y
conflictos sociales. También es notorio que cada vez
más sectores se suman a las protestas, y las escasas
respuestas del Estado a las demandas sociales no han podido
distender la enorme tensión que se va generando entre la
sociedad y el Estado. Si bien el logro obtenido por el Congreso
Democrático del Pueblo es inédito -nunca antes las
organizaciones sociales, y principalmente las organizaciones
campesinas, obtuvieron un triunfo tan resonante como el haber
logrado parar el proceso de privatización- ello no
garantiza que el Estado no vuelva a intentar de nuevo la
privatización para resolver sus necesidades de ingreso.
Este logro se suma a otros, como el del abril de 1996, cuando
rechazaron el intento de golpe de estado
del General Lino César Oviedo, y posteriormente en la
caída del presidente Raúl Cubas en marzo de 1999 y
la condonación de las deudas a los productores
algodoneros.
Una mirada retrospectiva de la historia paraguaya muestra
que en casi todos los casos el campesinado ha participado de las
grandes rupturas y de las grandes continuidades, en algunos casos
como grupos amorfos manipulados por otros intereses y en otros
como organización gremial defendiendo su interés de
clase. La legitimación del gobierno del Dr. Francia,
1813-1840, fue con el apoyo de este sector. El golpe de estado
que quebró la institucionalidad en 1936, posterior a la
guerra contra
Bolivia, tuvo
amplia participación de los combatientes campesinos. El
Partido Colorado que mantuvo en el poder a Stroessner durante 35
años tenía como base de sustentación
mayoritaria al campesinado. La gran represión de 1975-1976
fue contra la organización campesina Ligas Agrarias junto
con el movimiento estudiantil universitario. La ruptura del
gobierno de Cubas Grau, en 1999, tuvo participación de los
campesinos organizados, y finalmente la ruptura del proceso de
privatización fue obra principalmente del sector
organizado de los/as campesinos/as.
Estas grandes conquistas y también fracasos
no han significado un avance hacia el logro de mejores
condiciones de vida. Al contrario, otros sectores sociales han
aprovechado dichas conquistas. Las organizaciones sociales en
general y las campesinas en particular son conscientes y saben
bien lo que no quieren, tienen capacidad para resistir a
propuestas que afectan sus intereses como sector pero a la hora
de proponer y buscar las alternativas que se contrapongan a las
propuestas de sus enemigos no logran consensuar propuestas
aplicables fuera del sistema que los
oprime y contra el cual luchan.
Si bien esta debilidad no es responsabilidad sólo de las organizaciones
sociales, sino del conjunto de la sociedad, los partidos
políticos, los intelectuales,
etc., lo concreto es
que el país sigue respondiendo a recetas que son impuestas
desde fuera, por los países desarrollados y por los
organismos financieros internacionales como el FMI, el BM, el
BID. El Paraguay, al igual que los demás países
pobres, no tiene capacidad y mucho menos independencia
para plantear propuestas socioeconómicas fuera de esas
recetas. "La democracia vive hoy la crisis de los estados
nacionales que consiste en que muchas cosas –y cada vez
más cosas– se gestionan fuera de las naciones, en un
espacio adonde no hay democracia" (Rodríguez, 2002:
22).
Uno de los principales problemas que se observan
es que los conflictos sociales del país no son asumidos
por la totalidad de los sectores afectados. Si los partidos
políticos tradicionales de la oposición no son
referentes ni muestran interés por acompañar estos
procesos de
lucha, lo mismo se puede decir de los intelectuales, cuyos
aportes no han ido más allá de los análisis e interpretaciones de los hechos
sociales. Si al interior del país se puede observar esta
incapacidad o debilidad de articulación para enfrentar
unitariamente este desafío, mucho más aisladas
están estas luchas con respecto a los mismos procesos que
se están dando en otros países de la región.
Este es uno de los desafíos importantes que debe ser
revisado.
Otro de los problemas que se siente en el Paraguay
es la poca difusión de los temas centrales que hacen a
la
globalización. Cuestiones como el ALCA, que
tendrá consecuencias impredecibles sobre la
economía del país, son desconocidos por la
mayoría de la población.
El hecho de que la crisis económica y
social esté afectando no sólo a los más
pobres sino también a la clase media en general abre
posibilidades de generar un proceso de reflexión sobre el
país que queremos.
El desafío más importante de ahora
en más es pelear por la verdadera reforma del Estado. Si
bien las organizaciones sociales y el Congreso Democrático
del Pueblo tienen cada cual elaboradas sus propuestas
alternativas, éstas no han sido aún consensuadas
con los demás sectores sociales del país, con lo
cual pierden fuerza. Existe sí un amplio consenso en que
sin un ataque frontal a la corrupción no es posible llevar
adelante ninguna reforma del Estado.
- Barrios, Oscar S. 2002 "Pobreza y Desigualdad
del Ingreso en el Paraguay" en Población y Desarrollo
(Asunción: FNUAP/FCE-UNA) Año XII, Nº 20,
julio. - Castillo, Orlando y Ana Couchonal 2001 "Derecho
a la objeción de conciencia al Servicio Militar
Obligatorio (SMO)", en Derechos
Humanos en Paraguay 2001 (Asunción:
CODEHUPI). - Diario Noticias 2001, 18 de
octubre. - Informativo Campesino 2002[a] (Asunción:
CDE) N° 164, mayo. - Informativo Campesino 2002[b] (Asunción:
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- López, Oscar 2000 "Participación
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CLACSO) Nº 8, septiembre. - Rodríguez, José Carlos 2002
"Democracia formal ¿autodeterminación o crisis?",
en Revista
Acción (Asunción: CEPAG) Nº 229,
noviembre. - Rodríguez, José Carlos 2000
"Democracia y movimiento social: La reconciliación
necesaria", en Informativo Campesino (Asunción: CDE)
Nº 145, octubre: 47. - Última Hora 2002, 5 de
agosto.
1. "Tractorazo" es una denominación dada a
la movilización de los medianos y grandes productores
agropecuarios por utilizar sus tractores y camiones en los
bloqueos de las carreteras.
- ABC 2002, 2 de junio.
- ABC 2001, 17 de septiembre.
- Informativo Campesino 2002 (Asunción:
CDE) N° 165, junio, "Nuestra
opinión". - La Nación 2002, 6 de
junio. - Última Hora 2001, 30 de
abril.
Este texto se
encuentra bajo licencia Creative
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Quintín
Riquelme**
** Coordinador del Área Sociogremial y
responsable de la revista Informativo Campesino del Centro de
Documentación y Estudios
(CDE).